Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45º período de sesiones

Acta resumida de la 32ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 2 de noviembre de 2010, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17del Pacto ( continuación )

Tercer y cuarto informes periódicos del Uruguay

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos16 y 17 del Pacto (continuación)

Terce r y cuarto informes periódicos del Uruguay (E/C.12/URY/3-4);documento básico (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1); lista de cuestiones quedeben abordarse (E/C.12/URY/Q/3-4); respuestas por escrito del Gobierno del Uruguay a la lista de cuestiones (E/C.12/URY/Q/3-4/Add.1) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Uruguay vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.

Artículos 6 a 9 del Pacto (continuación)

2.El Sr. Kedzia pregunta si se ha aprobado el proyecto de ley sobre la negociación colectiva en el sector privado que se menciona en el párrafo 85 del informe que se examina, y el proyecto de ley cuyo objetivo es prevenir y sancionar el acoso sexual en el lugar de trabajo.

3.Del párrafo 70 del informe se deduce que las denuncias por acoso sexual recibidas por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social no se transmiten sistemáticamente a la justicia y a veces se resuelven en la misma empresa, y el orador se pregunta si esta forma de proceder ofrece protección suficiente a las víctimas.

4.Por otra parte, el orador desearía conocer los resultados de la primera investigación oficial, específica y exhaustiva, sobre el trabajo infantil llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, y recuerda que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su preocupación por la edad mínima de admisión al empleo en el país, que es de 15 años.

5.Por último, apoyado por el Sr. Riedel, el Sr. Kedzia desearía saber si el Gobierno del Uruguay reconoce las carencias de la reglamentación laboral señaladas por las organizaciones de la sociedad civil que denuncian la ausencia de normas relativas a la licencia por hijo menor enfermo y las dolencias causadas por tareas repetitivas cumplidas frecuentemente por mujeres, o la insuficiencia de la legislación que garantiza la conservación del puesto de trabajo, en particular para la trabajadora embarazada luego del reintegro.

6.El Sr. Roballo(Uruguay) reconoce que si bien su país se puede felicitar por haber registrado las tasas de desocupación más bajas de su historia (6,2%), el sector no estructurado sigue ocupando a un gran número de trabajadores que, por lo tanto, no se benefician de prestaciones sociales ni de previsión. Con el fin de corregir esta situación se ha constituido una mesa interinstitucional con representantes de los ministerios a los que atañe el problema, como el Ministerio de Industria y Minería, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Finanzas, lo que culminó con la adopción de un conjunto de medidas administrativas, legislativas y fiscales. Los participantes, en particular, trataron de buscar formas de impedir que determinadas empresas establecidas legalmente se abstengan de declarar a una parte de su personal, y de luchar contra la economía sumergida y la precariedad, y también examinaron la cuestión del fraude fiscal y las medidas que se han de imponer a las empresas que lo practican.

7.Los datos más recientes de que dispone el Instituto Nacional de Estadística indican, en efecto, que la tasa de desempleo de las mujeres es muy superior a la de los hombres. Sin embargo, el desempleo de las mujeres menores de 25 años, el grupo de población que tiene las mayores dificultades para encontrar trabajo y que muchas veces opta por el trabajo informal para sobrevivir, se ha reducido, pasando del 28,8% en julio de 2010 al 24,2% en agosto de 2010.

8.Se aprobó una ley destinada a humanizar el sistema penitenciario, lo que permite a los reclusos efectuar trabajos de interés general o incluso estudiar. Desde entonces el número de presos que trabajan o estudian se ha triplicado: un recluso de cada tres trabaja y en el 80% de los casos obtiene una remuneración. Se prevé crear nuevas unidades de producción en los establecimientos penitenciarios a fin de que las personas privadas de libertad puedan aportar cotizaciones sociales en este marco y contribuir a su pensión de jubilación. Se ha celebrado un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública que prevé que deberían cubrir al 70% de la población carcelaria a partir del 1º de enero de 2011. El 30% restante será atendido por equipos móviles dotados de servicios de laboratorio, de los que actualmente hay tres.

9.En el Uruguay el empleador puede poner fin al contrato de trabajo siempre que abone una indemnización, salvo en el caso de falta grave. Sin embargo, una ley protege a los trabajadores contra el despido improcedente y prohíbe en particular el despido de delegados sindicales por sus actividades; prevé, asimismo, la posibilidad de reintegrar a un delegado sindical que hubiera sido despedido por este motivo, previa decisión de un tribunal de la jurisdicción laboral. También está prohibido despedir a una mujer embarazada o inmediatamente después del parto, a un empleado víctima de un accidente laboral o con licencia de enfermedad.

10.En aplicación del Convenio Nº 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo se ocupa actualmente de elaborar normas destinadas a proteger la seguridad del empleo del personal de medicina del trabajo que, según la Inspección General del Trabajo suele ser víctima de despidos, en particular en determinadas ramas de la industria y el comercio.

11.El salario mínimo no llega a cubrir la canasta básica alimentaria, pero se triplicó en los últimos tres años, ajustándose a una nueva unidad de medida denominada "base de prestaciones y contribuciones". En lo sucesivo se fija por rama de actividad en los consejos de salarios creados en virtud de la Ley Nº 10449 de 1943 y sus modificaciones. La nueva Ley sobre la negociación colectiva está actualmente en vigor. La instauración de estos consejos ha dado ya sus frutos, pues ha permitido la conclusión de numerosos acuerdos salariales.

12.Las comisiones tripartitas tienen por fin mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, establecer nuevas normas y examinar el papel del Estado y los organismos públicos en los distintos sectores de actividad. Existen ya en el sector de la construcción y la industria química y próximamente se constituirán otras en sectores como el textil o financiero. Los empleados que forman parte de las comisiones tripartitas reciben una remuneración por el tiempo que dedican a esta actividad.

13.Cuando llegan al Uruguay los migrantes deben presentarse ante la Dirección Nacional de Migración que depende del Ministerio del Interior y realizar los trámites necesarios para obtener un permiso de trabajo. Una vez obtenido el permiso, gozarán de la misma cobertura social y del mismo sistema de previsión que los trabajadores uruguayos por nacimiento, de las mismas condiciones de trabajo que éstos y podrán pretender al mismo nivel de remuneración por igual trabajo.

14.El Gobierno del Uruguay ha establecido un Plan de Igualdad de Oportunidades cuyo objetivo es velar por la igualdad entre hombres y mujeres, en particular en materia de salarios.

15.La Ley de prevención y sanción del acoso sexual en el lugar de trabajo prevé que la víctima pueda denunciar a su agresor ante la Inspección General del Trabajo, que se encarga de iniciar un procedimiento administrativo para determinar los hechos y adoptar las medidas necesarias, en especial, para la protección de la víctima, lo que no excluye que se inicie un procedimiento judicial, ya que la ley sanciona el acoso sexual y prevé la imposición de una multa.

16.Está muy avanzado el proyecto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y la OIT llevan acabo conjuntamente con miras a establecer estadísticas sobre el trabajo infantil y a adoptar medidas eficaces para erradicarlo. En el marco del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, se está ultimando un plan quinquenal destinado a abordar todos los aspectos del problema.

17.Se aprobó una nueva legislación sobre el trabajo doméstico que tiene por fin que los empleados del sector, fundamentalmente mujeres, gocen de las mismas condiciones de trabajo que los demás asalariados y estén representados en los consejos de salarios.

18.El Ministerio de Trabajo estudia actualmente la cuestión de la protección de las mujeres embarazadas, y los servicios de la Inspección General del Trabajo controlan rigurosamente las exigencias abusivas que imponen algunos empleadores, so pena de sanciones. Aunque hay un arsenal de leyes y reglamentos que sancionan semejantes prácticas, éstas no siempre se denuncian a los servicios competentes.

19.La Inspección General del Trabajo organiza cursos de formación para todos los que ayudan a las mujeres a resolver los problemas que puedan tener en el trabajo (inspectores, abogados, etc.). A este respecto, se celebró un acuerdo previo con la Facultad de Psicología a fin de organizar un curso de formación sobre la detección de los problemas y la asistencia a las mujeres víctimas de acoso moral (mobbing) o de acoso sexual en el lugar de trabajo.

20.En las negociaciones que se llevan a cabo en los consejos de salarios y en las disposiciones de los convenios colectivos se presta especial atención a la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres. La Inspección General del Trabajo, en su calidad de organismo fiscalizador, aplica sanciones en los casos de disparidad de remuneración por el mismo trabajo.

21.Por último, se decidió al más alto nivel político aplicar el Convenio Nº 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo, y el Uruguay realiza actualmente un estudio con miras a aplicar este instrumento en su debida forma, teniendo en cuenta las situaciones concretas de los distintos sectores de actividad y estableciendo las vinculaciones con los seguros de enfermedad. La lista de enfermedades profesionales se ha hecho extensiva a las enfermedades psicosomáticas y a las enfermedades osteomusculares. Sin embargo, este trabajo debe continuar y deben establecerse protocolos para la atención de este tipo de enfermedades.

22.El Sr. Scagliola(Uruguay) explica que el Uruguay está decidido a lograr que el empleo vaya acompañado de derechos laborales. Por ejemplo, gracias a las políticas establecidas entre 2005 y 2010, se han creado 160.000 empleos en un país que cuenta con 3 millones de habitantes, se ha reducido el trabajo informal que no representa en la actualidad más que el 30% de la actividad y, tomando como base 100 en 2004, el salario real ha pasado a 134 en 2010.

23.No obstante, sigue habiendo motivos de preocupación, en particular en materia de seguridad social. La proporción de personas inscritas en la seguridad social en el tramo de los 18 a los 29 años es sensiblemente inferior a la media de la población e incluso inferior en diez puntos en el caso de los afrodescendientes. Sin embargo se han logrado considerables avances. En dos sectores de actividad especialmente expuestos: el trabajo doméstico y el trabajo rural, entre 2004 y 2009, el número de empleados que cotizan a la seguridad social pasó respectivamente de 38.000 a 53.000 y de 168.000 a 193.000; también se han creado consejos de salarios en estos sectores.

24.El régimen de seguridad social fue reformado en 1996, y en 2005 y 2010 se introdujeron nuevas reformas en cooperación con las empresas para hacerlo más equitativo. El primer administrador de fondos de pensiones es una empresa del Estado que administra más del 40% de los fondos privados. El Estado, en su afán por lograr que las reformas perduren, trata de colocar los fondos de ahorro previsional en inversiones productivas.

25.El aumento de las cotizaciones, la creación de empleos en el sector formal y el crecimiento económico han aportado capitales a las cajas de seguridad social que en 2009, por primera vez en su historia, no tuvieron que recurrir al presupuesto del Estado para reequilibrar sus cuentas. La seguridad social se financia actualmente con las cotizaciones de los empleadores y los asalariados y mediante contribuciones específicas, a saber una parte del impuesto al valor agregado y un impuesto de asistencia a la seguridad social, que grava las jubilaciones y pensiones más altas para aumentar las pensiones más modestas. Si la financiación del régimen está actualmente garantizada, a largo plazo dependerá de la productividad del país, habida cuenta del envejecimiento de la población.

26.Se ha iniciado el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social entre los agentes públicos y privados y la sociedad civil, lo que ha dado lugar a un acuerdo entre los distintos interlocutores sobre una serie de medidas, entre ellas la flexibilización de las condiciones para acceder al subsidio de desempleo. En esta esfera, la labor del Gobierno es doble: de protección antes de que se produzca el drama del desempleo, y programas sociales conforme al Plan de Igualdad cuyo objetivo es facilitar la reinserción profesional de los desempleados de larga duración proponiéndoles, transcurrido un año de desempleo, formación profesional, en particular a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, financiado con las contribuciones de los asalariados y los empleadores.

27.La edad de la jubilación se fija a los 60 años, tanto para las mujeres como para los hombres. Ante el hecho observado en el marco del Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social, a saber, que es imposible que algunas personas acrediten 35 años de trabajo a los 60 años, se decidió flexibilizar las condiciones de jubilación y reducir el número de años cotizados de 35 a 30, y a las mujeres se les computará un año trabajado por cada hijo (hasta un máximo de cinco hijos).

28.El Uruguay trata de aumentar la cuantía de las pensiones más bajas. En este contexto, cabe señalar que la tasa de pobreza ha disminuido, pasando de una cifra superior al 30% a una cifra del 20%. Es mucho más alta entre los jóvenes que entre los mayores de 65 años, para los que se registra una media del 7,4% gracias a la labor de las poderosas organizaciones sociales que representan a los jubilados.

29.Sin embargo, las pensiones más bajas no permiten todavía a los jubilados llevar una vida digna, y es preciso continuar su revalorización. La cuantía del subsidio de vejez de las personas mayores de 65 años y menores de 70, en situación de indigencia o de extrema pobreza, que no cobren jubilación hasta los 70 años, es la misma que la de la pensión mínima. Ahora bien, el número de subsidios de este tipo que se pueden conceder es limitado debido a restricciones presupuestarias que el Gobierno trata de atenuar.

30.El Presidente, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro del Comité, desea saber si en el Uruguay hay una ley sobre la administración pública y, en caso afirmativo, si hay una escala de sueldos de la administración pública. Pregunta también si la remuneración de los agentes de las fuerzas del orden y los empleados de los órganos de control del Estado, como los interventores de cuentas o los miembros del Tribunal de Cuentas, se incluye en esta escala.

31.La Sra. Bras Gomes señala que las leyes no siempre llegan al conocimiento de los posibles beneficiarios, por lo que desearía saber si existe una campaña de información sobre la seguridad social.

32.La Sra. Barahona Riera pregunta qué incidencia han tenido los incrementos de salarios obtenidos gracias a las negociaciones colectivas en la progresión del empleo.

33.El Sr. Roballo (Uruguay) explica que hay una ley que prevé negociaciones colectivas en el sector público, así como una propuesta del Gobierno encaminada a fijar el salario mínimo en la administración pública en una vez y media el salario mínimo nacional.

34.El Banco de Previsión Social y otros organismos llevan a cabo campañas de gran alcance para informar a los ciudadanos sobre sus derechos, en particular sobre la integración del trabajo en el sector formal. También está previsto realizar campañas en los medios de comunicación. Los servicios encargados de la reglamentación en los servicios de inspección también prevén organizar campañas de información. Cabe señalar que se han celebrado acuerdos con los establecimientos de enseñanza para que los alumnos, desde la escuela primaria gracias a un material didáctico adaptado, reciban instrucción sobre los derechos y obligaciones en materia de previsión.

35.Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, los acuerdos salariales celebrados después de la crisis no han tenido repercusiones negativas en la economía.

36.El Sr. Scagliola(Uruguay) proporciona algunas cifras: entre 2004 y 2009, la tasa de actividad pasó del 58,5% al 63,2%; la tasa de empleo del 50% al 58,5%; la tasa de desempleo del 13,1% al 7,32%, y en 2010 bajó hasta el 6,2%.

Artículos 10 a 12 del Pacto

37.El Sr. Atangana, con referencia a la cuestión 21 de la lista de cuestiones y la respuesta del Estado parte, pregunta si se ha aprobado el proyecto de ley sobre la edad mínima para contraer matrimonio y qué modificaciones se han introducido. Con referencia al párrafo 28 del informe que se examina, pide explicaciones sobre la disminución de las penas en los asuntos de violencia doméstica, teniendo en cuenta que el fenómeno se ha agravado.

38.El Sr. Pillay felicita al Estado parte por haber reducido la tasa de pobreza del 30% al 20,9% y la de la extrema pobreza del 5% al 1,5%, y con respecto a las cifras de 2007-2008 citadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, según las cuales los grupos vulnerables del país (en particular las mujeres afrodescendientes y las que viven en las zonas rurales) siguen siendo excesivamente afectados por la pobreza, desearía saber si desde entonces ha habido mejoras y, de no ser así, por qué motivo.

39.El orador recuerda que el Estado parte no ha respondido a las cuestiones 27 y 28, pide más información sobre las medidas adoptadas para resolver el problema de la vivienda, y pregunta al respecto si se ha informado a la población del plan Juntos, aprobado en mayo de 2010. Desde que se modificó el Código Penal a este respecto, las personas que, debido a la escasez de viviendas, ocupan terrenos públicos o privados abandonados, son objeto de acciones judiciales. Sería interesante conocer las medidas adoptadas para facilitarles viviendas sociales construidas o subvencionadas por el Estado.

40.El Sr. Kerdoun, con referencia a la Ley general de protección del ambiente que refuerza la Ley de evaluación del impacto ambiental, pregunta si la población tiene acceso a los estudios de impacto de los proyectos de inversión económica, y si estos estudios los lleva a cabo el empresario o el Estado. Desearía también tener más detalles sobre el funcionamiento del sistema de información en relación con el medio ambiente y la forma en que el Gobierno asocia a la población en la protección del medio ambiente.

41.Convendría saber si la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible aprobada en 2008 tiene por objeto racionalizar los asentamientos, distribuir las actividades a nivel del territorio y asegurar una utilización racional de los recursos naturales, pero también si se trata de una ley de orientación que establece un marco de referencia para la política de ordenamiento del territorio. La delegación podría, asimismo, indicar si el Uruguay participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y si ha firmado y ratificado la mayoría de las convenciones internacionales sobre el medio ambiente, en particular las que se aprobaron en 1992 en Río. A este respecto, la delegación podría precisar si el Uruguay trata ante todo de salvaguardar sus intereses nacionales en relación con sus recursos naturales o si ya ha firmado contratos con otros países que disponen de la tecnología necesaria para explotar la diversidad biológica del país.

42.El Sr. Tirado Mejía, con referencia a los documentos en los que se señala la situación de urgencia humanitaria en las cárceles del Estado parte, pregunta por las medidas adoptadas para resolver la situación. Pregunta además qué medidas se han adoptado contra el blanqueo de dinero en relación con el tráfico de drogas, y desde el punto de vista de la salud, qué trato reciben los toxicómanos y si disponen de asistencia médica.

43.Por lo que respecta a la salud reproductiva, el orador pregunta si es cierto que no se ha previsto medida alguna para su enseñanza y, en caso contrario, de qué modo se imparte esa enseñanza. También desearía saber si es verdad que resulta difícil obtener anticonceptivos en el país y si la ley sobre el aborto vetada por el Presidente se volverá a presentar al Congreso o si se elaborará un nuevo proyecto de ley. Por último, pregunta qué medidas se toman con respecto a las mujeres víctimas de violación.

44.El Sr. Riedel desearía más información sobre el abastecimiento de medicamentos esenciales en todo el territorio. Al parecer, se ha registrado un fuerte aumento del número de niños víctimas de sobredosis de Ritalina (medicamento contra la hiperactividad) ¿podría la delegación facilitar información al respecto e indicar las medidas específicas previstas? En relación con el párrafo 312 del informe del Estado parte que enumera las etapas necesarias para mejorar la situación de la asistencia de la salud mental, el orador pregunta qué resultados se han obtenido, cuáles son las mejores prácticas en la materia y en qué fase se encuentra la actualización de la Ley de 1934 sobre salud mental. También pregunta qué medidas se han adoptado para mejorar la situación de las personas discapacitadas y si disponen de toda la ayuda necesaria. Por último, ruega al Estado parte que comente las comunicaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales que informan de las condiciones de vida deplorables en los centros psiquiátricos Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi.

45.La Sra. Barahona Riera considera que el proyecto de ley sobre el matrimonio es poco claro y desearía aclaraciones sobre la edad mínima real para contraer matrimonio y pregunta cuándo se aprobará el proyecto de ley. También desearía saber si se sanciona la violencia en el hogar, si se ha tipificado como delito y si se han definido circunstancias agravantes. Por lo que respecta a la adopción, la delegación podría facilitar más detalles sobre la reglamentación en este ámbito e indicar si los padres solteros y las parejas que viven en unión libre pueden adoptar y en qué casos la adopción no está autorizada. Por lo que respecta a los niños de la calle, convendría disponer de estadísticas, en particular sobre su edad, y conocer las medidas adoptadas contra el empobrecimiento de los niños y los adolescentes, que es un factor que agrava del fenómeno.

46.Por lo que respecta a la reforma del sistema de salud, la oradora pregunta qué entiende el Estado parte por "cobertura universal", si se prevé dividir el sistema en dos partes: pública y privada, administradas respectivamente por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), si habrá contribuciones solidarias y qué servicios serán gratuitos para todos. Pregunta también qué servicios básicos se ofrecerán a la población en virtud de la Ley de protección de la salud reproductiva y si algunos de ellos serán gratuitos. Por lo que respecta a los embarazos precoces y el aborto, suma su voz a la del Sr. Tirado Mejía y pregunta si se puede practicar un aborto en condiciones de seguridad y qué medidas se prevén para ayudar a las mujeres que se ven obligadas a abortar para proteger su vida.

47.El Sr. Dasgupta felicita al Estado parte por los avances realizados en los cinco últimos años en el sector de la salud, en particular el incremento del presupuesto asignado a los servicios de salud pública (de 3,5 puntos por persona y por mes), la adopción de las cotizaciones proporcionales a los ingresos y el establecimiento de una lista de productos farmacéuticos común a los sistemas de salud pública y privada que reagrupa los medicamentos por género y no por marca, lo que ha contribuido considerablemente a reducir en un 40% el costo de los medicamentos. Sin embargo lamenta que siga habiendo deficiencias, en particular el hecho de que el 70% de los médicos ejerza en la capital y de que la tasa de mortalidad infantil varíe considerablemente de una región a otra, y pregunta qué medidas se han previsto para resolver esta situación (telemedicina, clínicas móviles u otras), así como las medidas de prevención adoptadas por las autoridades.

48.La Sra. Bonoan-Dandan, con referencia al párrafo 231 del informe del Estado parte, pregunta cuál es el problema que se plantea con el concepto de "desalojo forzoso". Desea asimismo que la delegación indique los tipos de suelos excluidos del proceso de urbanización (párrafo 167 del informe), los criterios aplicados para definirlos y, en caso de ocupación, en qué medida se consulta a los ocupantes y se los asocia a la adopción de decisiones. También pregunta sobre el nivel de consulta y de participación del público en la planificación de las medidas públicas y privadas que se mencionan en el párrafo 170 del informe. Por último, desea que la delegación informe más concretamente si los posibles planes del país en materia de reconstrucción tras un desastre tomarían en consideración el derecho a la alimentación, al saneamiento, al agua, y a la vivienda y, sobre todo, a la vida, en particular la de los grupos de población más vulnerables.

49.El Sr. Texier desearía saber cuál es la posición del Uruguay respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a las plantas de celulosa sobre el río Uruguay ( la Argentina c. el Uruguay).

Se suspende la sesión a las 17.05 horas; se reanuda a las 17.30 horas.

50.El Sr. González (Uruguay) indica que para el Uruguay el fallo de la Corte Internacional de Justicia y la autorización concedida de continuar la explotación de las plantas es satisfactoria. El 30 de agosto de 2010, las dos naciones ribereñas se pusieron de acuerdo para crear un comité científico encargado de elaborar un plan de vigilancia del río. Después de varios años de desacuerdos, se impone la cooperación y los dos países se esfuerzan por proteger su bien común concertadamente.

51.La violencia en el hogar está tipificada en la Ley Nº 16707 de 1995 ("Ley de seguridad ciudadana") como delito que se sanciona con una pena de 6 a 24 meses de prisión. Cuando entraña lesiones graves, o incluso la muerte de la víctima, entonces se trata de homicidio. La Ley aprobada en 2002 prevé medidas de protección para las víctimas. Si bien el número de casos de violencia en el hogar de que conocen los tribunales parece haber disminuido en los últimos tiempos (98 casos en 2009 frente a 108 en 2008), no se observa todavía tendencia alguna verdaderamente marcada. En Montevideo, donde vive más de la mitad de la población del país, se han creado juzgados encargados de asuntos de violencia doméstica, y gracias a la nueva Ley presupuestaria, se asignarán más recursos y se organizarán equipos pluridisciplinarios (médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales) para prestar asistencia en todo el país a los jueces que intervienen en este tipo de casos.

52.El Sr. Scagliola(Uruguay) precisa que las cuestiones relacionadas con la violencia conyugal forman parte de las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). En el período 2010-2015 se establecerán servicios de consulta y de protección a las víctimas en los 19 departamentos del país, a los que se añadirán equipos itinerantes. Estos planes, sin embargo, son difíciles de poner en práctica a causa de la excesiva concentración de la población en la capital y las grandes ciudades, situación agravada por el resurgimiento de comportamientos machistas, como reacción al cambio de percepción respecto del papel de la mujer.

53.El Sr. Miranda (Uruguay) dice que la edad para contraer matrimonio, que es actualmente de 12 años para las niñas y de 14 para los varones, debería pasar a ser de 18 años (para mujeres y varones), o de 16 años con el consentimiento de los padres si el proyecto de ley que presentó en el Congreso en febrero de 2010 se aprueba en la próxima legislatura.

54.Por lo que respecta a la situación en materia de vivienda, el término "desalojos" corresponde técnicamente al procedimiento jurídico de restitución forzosa de una vivienda en alquiler, en tanto que las "expulsiones forzosas" se refieren a la ocupación ilegal de un terreno o de una vivienda. En el país hay actualmente 676 zonas de asentamientos irregulares donde vive el 6% de la población total del Uruguay. Estas zonas, que aparecieron tras la migración de la población hacia las ciudades, fueron luego ocupadas por la población que migró desde los centros urbanos a la periferia en el momento de la crisis económica de los años 2001 y 2002. Sus habitantes están marginados, carecen de instalaciones de saneamiento y viven en situación de gran inseguridad, y el problema es particularmente grave en la capital y los departamentos limítrofes situados al oeste y al nordeste. Durante el último quinquenio, un plan financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo permitió encontrar soluciones para un 20% de los asentamientos irregulares, pero al convertirse en un problema estructural, las autoridades decidieron ocuparse de sus causas mediante una labor de prevención (Ley de ordenamiento territorial, comisión especial para la población) y han establecido un tejido social que garantiza cierta cohesión. Con arreglo a la ley, todo inversor debe presentar al Estado un plan de acción que incluya, además del estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto social en términos de empleos creados y del destino de los trabajadores desplazados por el proyecto.

55.Las autoridades no han podido evaluar todavía de forma objetiva la eficacia del plan Juntos aprobado de urgencia para paliar la falta de viviendas. Ello se debe a la propia concepción del plan, que se desarrolla por etapas experimentales, en zonas bien determinadas, y que no pretende en absoluto resolver la totalidad del problema.

56.El Sr. Scagliola(Uruguay) recuerda que durante el período 2005-2010, el Gobierno trabajó en condiciones de urgencia ante la situación social del país, y dedicó 100 millones de dólares en dos años a una serie de problemas múltiples (saneamiento, educación, identidad). Las autoridades consideran que con un aumento del 100% del presupuesto de la nación podrán razonablemente construir 150.000 nuevas viviendas en los próximos años.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.