COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA 4 1 ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el martes 12 de noviembre de 2008 a las 10 horas
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES
(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Filipinas (continuación)
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* No se levantó acta resumida del resto de la sesión.
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La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES
(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Filipinas (continuación) (E/C.12/PHL/4; E/C.12/PHL/Q/4 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.37)
1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Filipinas toman asiento en la mesa del Comité.
2.El Sr. GLORIA JR (Filipinas), respondiendo a las preguntas realizadas por los miembros del Comité en la sesión anterior en relación con los artículos 10 a 12 del Pacto, explica que existen tres formas de trabajo por contrato en Filipinas: contratación laboral, o contratación independiente, practicada por las compañías con todos los medios necesarios para hacerlo, empleo por proyecto, bajo una forma de contrato que expira automáticamente en la fecha estipulada de finalización del proyecto, y la mera oferta de mano de obra sin consideración por las normas laborales, que es ilegal. Las inspecciones laborales corren a cargo de dieciséis oficinas regionales, que emplean a 208 inspectores laborales. En 2007, 24.375 establecimientos fueron inspeccionados; en 2008, 18.698 han sido inspeccionados hasta el mes de septiembre. En total, se han registrado 700.000 establecimientos. Además de las inspecciones rutinarias, se llevan a cabo inspecciones específicas cuando se recibe una denuncia, y se les concede prioridad. Si una inspección revela una vulneración de las normas laborales, se toman medidas inmediatamente. Detalla el procedimiento.
3. Reconociendo que, en tanto que instalaciones con el propósito específico de atraer inversión extranjera, las zonas industriales francas (ZIF) reciben un trato especial en muchos sentidos, explica que éstas han creado sus propias oficinas administrativas que se encargan de todo lo relacionado con las ZIF, incluido el cumplimiento de la legislación laboral. En caso de vulneración, la oficina administrativa informa al departamento regional de trabajo, que a su vez ordena una inspección. A las oficinas administrativas de las ZIF no les interesa ocultar las vulneraciones ya que los trabajadores o los competidores pueden denunciar las vulneraciones. El trato especial que reciben las ZIF no las exime del cumplimiento de la legislación ni va en detrimento de la seguridad social, la seguridad y la salud en el trabajo y los derechos sindicales de los trabajadores.
4. La exención bajo la ley sobre maltrato infantil que permite emplear a niños con el consentimiento paterno tiene como finalidad dar un cierto margen de maniobra a padres y tutores para permitir que los niños puedan desempeñar algunos tipos de trabajo. Sin embargo, si los padres o los tutores permiten u obligan a sus hijos a desempeñar un trabajo que perjudique su salud física o mental, sea ilegal o contradiga las políticas públicas, la moral, la tradición o el orden público, la exención no sería aplicable y serían perseguidos por ello.
5. La Sra. CAPONES (Filipinas) dice que, dada la naturaleza de los sectores en los que los trabajadores filipinos trabajan en el extranjero, la crisis financiera global tendrá un efecto limitado en los trabajadores en el extranjero y en sus remesas. La población anciana de los países occidentales seguirá necesitando cuidados de salud, el auge en los países ricos en petróleo ha dado lugar a una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector de la construcción y muchos filipinos en los Estados Unidos de América trabajan en sectores menos sensibles a la recesión. Asimismo, el objetivo para 2008 de un crecimiento del 10% de las remesas procedentes de los trabajadores en el extranjero se ha superado con creces. No obstante, enumera algunos grupos de trabajadores en el extranjero que podrían verse afectados por la crisis financiera; pensando en ellos el gobierno ha puesto en marcha un programa de acción para brindarles apoyo para regresar a Filipinas y encontrar un nuevo empleo.
6. Las últimas estadísticas sobre la pobreza, basadas en datos de 2006, muestran que el 14,6% de la población, o 12,2 millones de personas, viven por debajo del umbral de la subsistencia, mientras que el 32,9%, o 27,6 millones, viven por debajo del umbral de la pobreza. Las cifras son superiores a las de 2003 pero inferiores a las de 2000. El Gobierno ha tomado distintas medidas para reducir la pobreza, centrándose en la salud, la educación, la vivienda, la mitigación del hambre y la creación de empleo. El hambre se combate tanto aumentando el suministro y la disponibilidad de alimentos como intentando incrementar los ingresos de los hogares. Otras intervenciones tienen como objetivo fortalecer la demanda de alimentos orientados a la nutrición, gestionar el crecimiento de la población y mitigar el impacto de un alza de los precios. Todo esto se hace con pleno respeto de las disposiciones del Pacto.
7. Aclarando aparentes incoherencias en las estadísticas de pobreza del país, explica que, mientras que la definición de pobreza del Banco Mundial se usa para estadísticas que son objeto de comparación a escala internacional, con fines domésticos Filipinas utiliza su propia definición, basada en el ingreso mínimo y el gasto necesario para la subsistencia. La cifra del 36% citada en la declaración inicial de la delegación procede del Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A causa del aumento de los precios y del incremento insuficiente en los ingresos generales, la pobreza se está agravando pese al crecimiento económico. Factores externos, como el aumento de los precios del petróleo, también han jugado un papel, al igual que las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal ampliando y aumentando el impuesto sobre el valor añadido. La creación de familias ha crecido más que los ingresos de los particulares, reduciendo el ingreso medio de las familias entre 2003 y 2006.
8. Para 2015, Filipinas podría alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la pobreza extrema y el hambre, la mortalidad infantil, el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades y el acceso a agua potable y a instalaciones de saneamiento. Es preciso un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos restantes. El bajo porcentaje del presupuesto del Estado que se destina a vivienda se puede explicar porque la construcción de viviendas está fundamentalmente en manos del sector privado, a pesar de que algunas empresas son propiedad del Gobierno. El Gobierno se limita a brindar un entorno propicio para la inversión privada en programas de vivienda social y económica.
9. El Sr. GARCÍA (Filipinas) dice que, dentro de las medidas para mejorar las condiciones penitenciarias, se ha propuesto aumentar el presupuesto destinado a la compra de alimentos de 50 a 90 pesos por persona y día. La Oficina de Administración Penitenciaria y Ejecución de las Penas ha puesto en marcha varios programas para redistribuir a los internos que podrían aliviar asimismo su situación alimentaria y se busca el apoyo de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) para mejorar el funcionamiento de las cárceles, por medio entre otros del programa “Adopta una Cárcel”, que está demostrando gozar de una buena acogida.
10. En virtud del Decreto Ejecutivo Nº 708 del 26 de febrero de 2008, las competencias en materia de desalojo vuelven a recaer en las administraciones locales. Se han elaborado unas directrices que deben seguir las administraciones locales en la creación de juntas de vivienda locales y con el fin de garantizar que los desalojos se llevan a cabo de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y sin incurrir en vulneraciones de otros derechos humanos. Se anunció que la situación podría empeorar inicialmente después del desalojo, pero no hay que olvidar que se debe respetar la política de autonomía de la administración local, que las juntas de vivienda locales representan a todas las partes afectadas y que las directrices se ajustan totalmente a la Observación general Nº 7 del Comité sobre desalojos forzosos.
11.El Sr. CATURA (Filipinas) añade que las juntas de vivienda local, cuya creación se ha propuesto extenderla a todas las regiones, garantizarán la asignación regular de fondos a favor de las personas sin hogar y las personas desfavorecidas.
12. A la vista de los distintos problemas de coordinación interinstitucional en materia de vivienda y de desalojos forzosos, sobre los cuales pesan algunas denuncias de presuntas vulneraciones que están siendo investigadas, llama la atención sobre el establecimiento de una colaboración de trabajo entre la Comisión Presidencial sobre la Población Urbana Pobre y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, por la cual ésta última participará en las investigaciones de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante los desalojos y los derribos y, es de esperar, emitirá informes de seguimiento que contribuirán a reducir el número de desalojos ilegales. El memorando de acuerdo que establece la colaboración estipula claramente las obligaciones de Filipinas en virtud del Pacto, en especial el artículo 11. Además, el Comité Interinstitucional de la Región Metropolitana de Manila ha propuesto unos programas más efectivos y eficaces para los ocupantes informales de la región metropolitana de Manila, garantizando el pleno respeto de sus derechos humanos durante las actividades relativas al desplazamiento.
13. La Comisión Presidencial sobre la Población Urbana Pobre ha redoblado sus esfuerzos en términos de preparación social para las familias afectadas por futuros proyectos de vivienda y sobre la tierra de manera que ellos u otros interesados puedan participar en los mismos de un modo constructivo. Estos esfuerzos, junto con un análisis socioeconómico adecuado, son cruciales para el éxito de los proyectos de reasentamiento. Se ha aumentado el presupuesto para actividades de preparación social y se ha otorgado ya una cantidad inicial considerable.
14. La cuestión de los desalojos tiene como telón de fondo la necesidad de desarrollo y el fenómeno de los ocupantes informales “profesionales”. Esta expresión alude a los ocupantes informales que se niegan a abandonar tierras destinadas a grandes proyectos, como ha sucedido con el complejo industrial de Mindanao, a pesar de haber recibido dinero del Gobierno para reasentarse en otra zona y habérseles proporcionado un lugar donde realojarse, hasta recibir también dinero de las compañías entrantes. Confía en que el Comité tenga en consideración estos factores a la hora de realizar sus recomendaciones.
15. El Sr. LEPATAN (Filipinas) dice que los subsidios comerciales sobre productos agrícolas en los países desarrollados tienen un impacto mayor en los pequeños granjeros que la liberalización comercial. Además, a causa del trato preferente que los países desarrollados dispensan a los países menos adelantados, las exportaciones de los países en desarrollo no pueden competir por estar sujetas a impuestos. Esta situación ha afectado seriamente la exportación de plátanos y de atún enlatado de su país con destino a Europa. Con todo, los países en desarrollo reconocen la necesidad de los países menos adelantados de alcanzar el desarrollo y expresan su solidaridad para con ellos.
16. La Sra. MENDOZA (Filipinas) dice que, en 2008, la tasa de desempleo es del 8% y que la tasa de subempleo es del 21%. Entre 2000 y 2005, la esperanza de vida de los hombres al nacer aumentó en 1,5 años hasta alcanzar los 67,8 años y la esperanza de vida de las mujeres aumentó en 0,9 años hasta alcanzar los 72,5 años. La malnutrición entre los escolares disminuyó en seis puntos porcentuales hasta situarse en el 24,6% en 2005.
17. La incidencia del hambre ha aumentado hasta el 18,4% en el tercer trimestre de 2008, afectando a 3,3 millones de familias. El Gobierno lanzó un programa acelerado de mitigación del hambre en 2006 que pretendía resolver los aspectos del hambre relacionados con la oferta y la demanda y que incluía intervenciones para reforzar la demanda de alimentos orientados a la nutrición y gestionar el crecimiento de la población. Además, tomó medidas para mitigar el impacto del alza de los precios de los alimentos en los hogares pobres y entre los sectores vulnerables. Estas medidas incluían ampliar la distribución de arroz subvencionado, importar arroz para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda y evitar que quienes comerciaban con arroz acapararan existencias.
18. En el área metropolitana de Manila, el 14,3% de hogares no tiene acceso a agua potable. En respuesta a esta situación, el Gobierno se ha fijado como objetivo llevar agua potable a todo el país para 2010 y con ese fin ha diseñado diversas estrategias, entre ellas actuar de manera prioritaria en 200 poblaciones del área metropolitana de Manila que carecen de agua y en otros 200 municipios de fuera de ese área que también carecen de agua tanto a través de la inversión pública como por parte del sector privado, garantizar que todas las ciudades y municipios que cuentan con servicios de agua disponen de las instalaciones correspondientes para aguas residuales y alcantarillado, promover la inversión pública y del sector privado en el abastecimiento de agua y llevar a cabo estudios sobre recursos hídricos de superficie y vulnerabilidad.
19. La Sra. VERSOZA (Filipinas) dice que la legislación especial contra la violación se promulgó en respuesta a la presión de los grupos de mujeres. En virtud de la Ley contra la violación de 1997, la violación no se consideraba como un crimen contra la castidad sino contra la persona, con el fin de alentar las denuncias; además, la nueva ley amplía las definiciones de violación. Se está trabajando para corregir la cláusula que disculpa la violación en el seno del matrimonio, que se incluyó a modo de concesión. Es preciso fijarse unas prioridades para resolver las cuestiones relacionadas con la mujer en el programa legislativo, que incluye la Carta Magna sobre la Mujer o una ley sobre salud reproductiva.
20. En cuanto a las medidas adoptadas para combatir la trata de personas, el Consejo Interinstitucional contra la Trata dispone de un plan estratégico que cubre la prevención, protección y enjuiciamiento, recuperación, retorno y repatriación. Asimismo, algunas ONG han presentado iniciativas preventivas para combatir la cuestión de la demanda de la trata, como fomentar la concienciación entre los estudiantes universitarios de que las mujeres prostitutas son víctimas de la violencia y que, por lo tanto, no es deseable contratar sus servicios. El Gobierno enarbola la bandera de la lucha contra la trata en las reuniones internacionales, haciendo especial hincapié en la cuestión de la demanda de la trata. Otras medidas preventivas adoptadas, como la campaña “Men Opposed to Violence against Women Everywhere” (hombres contra la violencia contra las mujeres en cualquier lugar) o los espectáculos itinerantes para explicar las políticas en contra de la trata a distintos grupos, han propiciado el nacimiento de una conciencia en contra de la trata.
21. La Ley sobre la violencia contra las mujeres y sus hijos de 2004 estipula una serie de penas para los infractores. Es difícil poner freno a las violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres por cuanto para conseguirlo hay que cambiar las creencias y las prácticas culturales establecidas sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las que se basa la violencia contra las mujeres. Es preciso un esfuerzo concertado para propiciar el cambio necesario. Con respecto al divorcio, sigue pendiente una ley pero no parece ser una prioridad para el Congreso.
22. En relación con la salud sexual reproductiva, la tasa de mortalidad materna se ha reducido de 209 decesos maternos por cada 100.000 nacidos vivos en 1993 a 162 en 2006. La atención sanitaria a mujeres embarazadas y los servicios de planificación familiar han permitido resolver las preocupaciones en materia de salud materna. Además, el Ministerio de Salud ha llevado a cabo distintas iniciativas para fomentar la salud materna y de los recién nacidos y la planificación familiar basadas en la paternidad responsable, el respeto a la vida, el espaciamiento en los nacimientos y las decisiones tomadas con conocimiento de causa. Otras reformas políticas clave, entre ellas un cambio en el enfoque de los cuidados obstétricos de urgencia y la promoción de los nacimientos en instalaciones adecuadas, también han reducido la mortalidad materna.
23. Aunque se han logrado progresos, Filipinas tendrá dificultades para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Ministerio de Salud ha esbozado unas directrices políticas para 2008 para reducir rápidamente la mortalidad materna y neonatal con la puesta en marcha a escala local de una estrategia integral de nutrición y salud materna, neonatal e infantil que se propone aumentar la tasa de uso de anticonceptivos y el número de visitas antenatales, parteras cualificadas, partos en instalaciones adecuadas y de niños totalmente inmunizados.
24. Distintos agentes presionan al Congreso para que apruebe una ley de salud reproductiva y la cuestión ha suscitado un animado debate. La política del Gobierno tiene como objetivo reducir la tasa de crecimiento de la población en un 1,9% y las administraciones locales tienen la responsabilidad de proporcionar servicios e información en el campo de la salud reproductiva. Varias mujeres, con el respaldo de una ONG, han denunciado a un antiguo alcalde de Manila que prohibió los anticonceptivos. Este caso pondrá a prueba a los tribunales, que deberán dictaminar si el derecho a la salud de las mujeres se vio menoscabado por esa prohibición.
25. El Sr. LEPATAN (Filipinas) dice que la opinión del Consejo de Derechos Humanos de que el problema de la violencia contra las mujeres era un fenómeno global y grave no se subrayó lo suficiente durante el último Examen Periódico Universal (EPU), que recogía la existencia de un problema tan grave como ése en un país cristiano desarrollado. El EPU es un ejercicio valioso por cuanto permite a los países compartir sus problemas y aprender de la experiencia de otros.
26. La Sra. DECENA VALDEZ (Filipinas) afirma que su Gobierno ha puesto en marcha una serie de programas contra la trata, además de adoptar medidas preventivas. La Iniciativa contra la trata de personas se compone de distintas iniciativas a escala nacional que incluyen espectáculos itinerantes, sesiones de formación para los proveedores de servicios sociales, conferencias de prensa y reuniones de coordinación con la administración local. Además, se ha redactado un modelo de ordenanza local que está a la espera de ser aprobado; se espera que la administración local apruebe diferentes ordenanzas basadas en ese modelo para crear así un marco jurídico local fuerte contra la trata. Asimismo, está pendiente de publicación un manual sobre aplicación de la ley y enjuiciamiento que consta de una guía práctica sobre los pasos que conviene seguir en la vigilancia, detención y enjuiciamiento de quienes se dedican a la trata.
27. Además, el Consejo Interinstitucional contra la Trata abrirá oficinas regionales. El Consejo ofrece formación a los proveedores de servicios sociales que trabajan en la protección de mujeres y niños víctimas de la trata y ha redactado unas pautas sobre la protección de niños víctimas de la trata así como un manual sobre recuperación y reinserción.
28. Ha entrado en funcionamiento el Equipo de Trabajo contra la trata de personas del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino. El Equipo de Trabajo lo componen policías y otros funcionarios encargados del cumplimiento de la ley en el aeropuerto e investiga los casos de trata en el aeropuerto, intercepta a pasajeros indocumentados, ayuda a las víctimas de la trata y denuncia a quienes se dedican a la trata.
29. El Proyecto “No estamos en venta (las víctimas de la trata de seres humanos hablan)” se dirige a los funcionarios gubernamentales, principalmente a los de inmigración que trabajan en procedimientos para trabajadores migratorios. El proyecto consta de tres fases: protección y reinserción de las víctimas, enjuiciamiento a escala local de los implicados en vulneraciones de la Ley contra la Trata de Personas de 2003, con independencia de su cargo, y enjuiciamiento de los extranjeros que se encargan del reclutamiento. En este proyecto, las víctimas de la trata de personas trabajan con funcionarios de inmigración y otros funcionarios gubernamentales para proteger y reintegrar a las víctimas, ayudar a las víctimas a presentar denuncias contra los que se dedican a la trata y dar preferencia en la concesión de un puesto de trabajo en el extranjero a antiguas víctimas de la trata. El Ministerio de Justicia también ofrece en ocasiones protección a las víctimas de la trata a través de su programa de protección de testigos. El proyecto también colabora con el enjuiciamiento a escala local de personas implicadas en la trata. Hasta la fecha, dos funcionarios de inmigración han sido acusados a raíz de las acciones emprendidas en el marco de este proyecto. En cuanto al enjuiciamiento de los extranjeros que se encargan del reclutamiento, se han presentado sendas denuncias contra dos personas de nacionalidad singapurense en Malasia que habían convertido en víctimas de la trata a centenares de mujeres filipinas. Es la primera vez que el Gobierno de Filipinas ha emprendido una acción legal como ésta contra individuos de nacionalidad extranjera en otro Estado.
30. De los 550 casos de trata que han sido enviados a los tribunales para ser juzgados, el 36% están a la espera de juicio y el 35% han sido trasladados a la oficina del Fiscal a la espera de solución. Once casos se han saldado con condenas, incluidos tres en los que estaban implicados menores. Los principales países de destino de la trata son estados del Oriente Medio y Malasia.
31. La Sra. LUCENTALES (Filipinas) dice que Filipinas ha aprobado diversas leyes para ayudar a las personas con discapacidad, entre ellas la Ley sobre accesibilidad, que obliga a la instalación de estructuras físicas que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, y la Carta Magna para las Personas Discapacitadas, cuyo objetivo es ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. No se contrata a las personas con discapacidad en razón de su discapacidad sino de sus méritos; para garantizar la igualdad de oportunidades, se les da acceso a la enseñanza y a formación vocacional. El Gobierno apoya las iniciativas del sector privado que crean oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Los sordomudos, los ciegos y los minusválidos ortopédicos se han beneficiado de oportunidades laborales específicas en el sector servicios y otras personas con discapacidad trabajan en el sector de las tecnologías de la información. La Comisión de Administración Pública de Filipinas ha propuesto que se cubra el 5% de la necesidad de mano de obra en el servicio público con personas con discapacidad y se han alentado los progresos en ese sentido. El Consejo Nacional para los Asuntos relacionados con los Discapacitados informa directamente a la Oficina del Presidente. No sólo proporciona servicios de rehabilitación, sino que también trabaja para reforzar las estructuras e instituciones con vistas a fomentar la participación en la sociedad de las personas con discapacidad.
32. El Gobierno considera que los ancianos son un capital humano importante y deben participar en la construcción de la nación. La Ley de las personas de la tercera edad ofrece vías para la participación de los ancianos y maneras de satisfacer sus necesidades, incluidos descuentos para alimentos, medicamentos, ocio, gastos vacacionales y transporte público. Cada administración local cuenta con una Oficina de Asuntos de la Tercera Edad y una junta nacional de supervisión vela porque los ancianos disfruten de todos los beneficios a los que tienen derecho por ley. En la actualidad, el Congreso está debatiendo una ley que garantizará prestaciones por jubilación a los ancianos.
33. El Gobierno cuenta con una política de gestión del riesgo de desastres destinada a alejar a las comunidades de las zonas de riesgo. Las estrictas regulaciones sobre asentamientos humanos incluyen procedimientos de certificación de espacios habitables seguros y existen asimismo mecanismos para mitigar las catástrofes en las cuencas fluviales y asegurar las cosechas. Continuamente se celebran sesiones de capacitación sobre preparación ante los desastres con comunidades y familias y el Código de Administración Local autoriza la asignación del 5% de los ingresos internos locales a ayudas de urgencia para combatir los desastres naturales.
34. El Sr. QUILAMAN (Filipinas) dice que la Ley de derechos de los pueblos indígenas aborda derechos individuales y colectivos. En el terreno de los derechos colectivos, la ley distingue cuatro grupos, o “fardos”, de derechos: a los dominios ancestrales, a un gobierno autónomo y a hacerse cargo de sus propios asuntos, a la justicia social y a los derechos humanos y a la integridad cultural. El derecho a los dominios ancestrales proporciona a los pueblos indígenas la seguridad de la tenencia y protege la integridad de los dominios ancestrales como base material de su integridad cultural. Los dominios ancestrales son una propiedad comunal y privada que pertenece a todas las generaciones y por lo tanto no se pueden vender, ni destruir. El derecho a estos dominios incluye el derecho a desarrollar sus recursos naturales y a regular la entrada de inmigrantes. El derecho a un gobierno autónomo y a hacerse cargo de sus propios asuntos garantiza el respeto y el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y contempla mecanismos de fomento de la capacidad y la participación en los procesos de toma de decisiones. Incluye el derecho a contar con un sistema de justicia, un sistema para la resolución de conflictos y los procesos de consolidación de la paz y el derecho a participar en la toma de decisiones, a fijar las prioridades en materia de desarrollo, a crear Barangays (aldeas) tribales, a formar organizaciones colectivas y a acceder a medios para el desarrollo. El derecho a la justicia social garantiza la no discriminación, consagra el disfrute de los derechos humanos básicos y dispone que la ley se ocupará de cualquier forma de coerción sobre los pueblos indígenas. El derecho a la integridad cultural garantiza la protección de los artefactos culturales de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sobre la propiedad intelectual de sus comunidades, las tradiciones y prácticas y los recursos biológicos y genéticos. Asimismo, protege su sistema educativo, reconoce la diversidad cultural, garantiza el acceso a las ceremonias y sitios culturales y el acceso a los recursos biológicos y genéticos y consagra el derecho a recibir fondos gubernamentales para trabajos arqueológicos e históricos.
35. La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas ha aplicado progresivamente las disposiciones de la Ley de derechos de los pueblos indígenas y en octubre de 2008 había emitido 84 certificados de títulos de dominio ancestral que cubrían más de 2 millones de hectáreas y 184 certificados de títulos de tierra ancestral que cubrían 6.420 hectáreas. En la actualidad, la Comisión está tramitando casos relacionados con otras 3 millones de hectáreas y se espera que a finales de 2008 haya resuelto casos que cubren un total de 5 millones de hectáreas, un 67% de las áreas de dominios ancestrales del país. La extensión total de terreno del país es de unos 30 millones de hectáreas. Se han redactado planes de desarrollo sostenible y protección para unos 70 dominios ancestrales; estos planes los han redactado las propias comunidades indígenas.
36. Con respecto al derecho a un gobierno autónomo y a hacerse cargo de sus propios asuntos, la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas ha creado 66 órganos consultivos en todo el país. Estos órganos los forman líderes tradicionales, representantes de los ancianos, de comunidades reasentadas y de organizaciones de pueblos indígenas y consejos privados. La Comisión consulta regularmente a estos órganos y así lo hizo hace escasos días para debatir con ellos a propósito de la aplicación de los derechos económicos, sociales y económicos y de la presentación del informe periódico del Gobierno. En 2006, la Comisión y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llevaron a cabo una evaluación sobre el terreno de la situación de los niños, jóvenes y mujeres indígenas y concluyeron que una de las razones de la falta de servicios entre los pueblos indígenas era el fracaso de éstos para estar representados en los órganos ejecutivos locales. De resultas de ello, y como proyecto piloto, la Comisión ha estipulado la representación obligatoria de los pueblos indígenas en docenas de gobiernos locales.
37. La Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas ha emitido 154 certificados de condición previa que dan fe del consentimiento libre y previamente informado de los pueblos indígenas para llevar a cabo determinadas actividades en sus tierras o dominios y también ha emitido 678 certificados de no solapamiento, es decir que las tierras en cuestión no se solapan con dominios ancestrales. Ha concedido más de 25.000 becas de ayuda a la educación entre 2001 y 2008 y ha ayudado a documentar casos de participación de niños indígenas en conflictos armados y a ofrecer asistencia para la desmovilización y la reinserción en el seno de sus comunidades. La Comisión ha brindado servicios de salud a unos 66.000 miembros de las comunidades indígenas y ha apoyado más de 900 proyectos de desarrollo cultural y social relacionados con el sustento y las posibilidades empresariales, la artesanía y los servicios básicos. Ha prestado asistencia a 169 escuelas comunitarias indígenas y ha colaborado en la elaboración del programa de UNICEF para el sur de Filipinas para el período de 2010 a 2014. Un programa de mujeres de los pueblos indígenas y paz en desarrollo ha subrayado el papel de las mujeres indígenas en la resolución de conflictos y ha reforzado los servicios de registro civil de los pueblos indígenas. La Comisión ha creado 12 oficinas de atención regionales, ha proporcionado servicios legales a más de 1.600 personas y ha resuelto casi 300 casos legales.
38. La Comisión también cuenta con un abanico de programas de protección de la integridad cultural de los grupos indígenas. En cuanto a la resolución de conflictos, la Comisión fomenta los procesos basados en la comunidad para evitar que recurran a sus propios procesos cuasi-judiciales.
39. El Sr. ABRENILLA (Filipinas) dice que, aunque es difícil evaluar el impacto en la reducción de la pobreza del Programa General de Reforma Agraria (CARP), los estudios de evaluación del impacto del CARP han demostrado que ha tenido un impacto positivo en los beneficiarios granjeros. Según parece, gracias al CARP aumentaron los ingresos y se redujo la pobreza entre ese grupo entre 1990 y 2000. Los ingresos reales han aumentado en más de un 12% y la tasa de pobreza ha caído del 47,6% al 45,2%. Los miembros de los hogares donde hay beneficiarios de la reforma agraria también tienen un mejor acceso a agua potable y un nivel mayor de educación que los miembros del resto de hogares.
40. El Sr. SA’DI, observando que se ha aprobado una ley sobre el divorcio, pregunta si se ve el divorcio como un derecho, como sucede con el matrimonio. Se dice preocupado porque los padres y los tutores tienen demasiado margen de maniobra para decidir qué tipo de trabajo pueden desempeñar los niños, dado que los que son víctimas de la pobreza serán menos exigentes en lo que respecta a las condiciones laborales de los niños que en otras circunstancias. En lo tocante a la vivienda, observando que ha visto fotografías de viviendas en las que se estaban llevando a cabo desalojos forzosos y que estaban por debajo de los estándares y no eran adecuadas para que vivieran en ellas personas, propone que se ofrezca una vivienda alternativa antes de llevar a cabo los desalojos. Observando un comentario de la delegación a propósito de que la construcción de viviendas corresponde a la empresa privada, afirma que la construcción de vivienda social debe contarse entre las preocupaciones del Gobierno.
41. El Sr. KERDOUN solicita más información sobre los resultados hasta la fecha del Plan de Desarrollo a Largo Plazo de la Educación Superior 2001-2010 elaborado por la Comisión de Enseñanza Superior y pregunta al Estado parte si cree que se alcanzarán los cuatro objetivos del Plan que figuran en el párrafo 879 del informe periódico en los próximos dos años. Observando que el informe periódico solamente contiene datos sobre las instituciones públicas de enseñanza superior, a pesar de que la gran mayoría son privadas, pide más información sobre las instituciones privadas, incluidas sus cuotas. Pregunta cómo piensa resolver el Gobierno el problema de la pobre calidad de la enseñanza en la escuela primaria, secundaria y en la enseñanza superior, señalando la conveniencia de incentivos como la formación, la carrera o los planes de promoción. Observando que las respuestas escritas del Estado parte a las preguntas 42 y 43 de la lista de cuestiones, en las que la Comisión ha solicitado información sobre las medidas para proporcionar educación primaria y secundaria a los grupos más vulnerables y desfavorecidos, se han limitado a la educación de los niños musulmanes en el sistema de madrazas en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán en virtud del acuerdo firmado con el Frente Islámico Moro de Liberación Nacional, pide más información sobre otros grupos, como los niños indígenas, y se pregunta si la política está por delante de la educación de esos grupos.
42. El Sr. DASGUPTA dice que, aunque hay que felicitar al Estado parte por ser de los primeros países asiáticos que ofrecen acceso universal a la educación primaria, persisten algunos factores negativos. Aunque la educación es obligatoria y gratuita, la tasa de abandono sigue siendo no obstante elevada y aproximadamente un tercio de todos los niños no completan la educación primaria. Pide más información sobre las medidas concretas que se están tomando para que la educación sea verdaderamente obligatoria y, dado que las dos explicaciones para la elevada tasa de abandono que figuran en el informe periódico son la pobre alimentación y la falta de capacidad financiera, pregunta si existe un programa de subsidios para el comedor escolar. Se pregunta si hay relación entre la tasa de abandono y el trabajo infantil y si el empleo está perjudicando a la educación primaria, especialmente entre los chicos, dado que en un estudio mencionado en el informe el motivo citado con más frecuencia por los chicos para no asistir a la escuela son las preocupaciones relacionadas con el empleo. Observando que la admisión en el informe periódico de que la calidad de la educación básica en Filipinas se ha ido deteriorando resulta sorprendente a la vista de los buenos índices de crecimiento del Estado parte, pregunta qué medidas se están tomando para rectificar e invertir ese problema y para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más pobres, disfrutan de los beneficios del crecimiento económico.
43. La Sra. BARAHONA RIERA insta a que se dé respuesta a una petición de información sobre la regulación o el proyecto de ley sobre el reparto de bienes entre parejas separadas, dado que el divorcio está prohibido, cuyo propósito es corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, y sobre la situación de los niños de padres separados.
44. El Sr. CATURA (Filipinas), en respuesta a una pregunta anterior sobre las asignaciones presupuestarias, dice que, en virtud de la Ley del presupuesto general anual, el Ministerio de Educación recibe la mayor partida de todas, y las últimas cifras muestran que el 76% de su presupuesto se destina a servicios de personal y el 12% a otros gastos. Regularmente se organizan cursos de formación para los profesores para garantizar la calidad y para permitir a los profesores acceder a salarios más elevados con el fin de poner freno así a un fenómeno que se da en la actualidad: la marcha del país de profesores altamente cualificados para trabajar en el extranjero como niñeras o trabajadores del servicio doméstico a cambio de un salario mayor. El 80% de todos los profesores de la escuela elemental y secundaria han recibido recientemente formación en el programa de enseñanza básico; 25.000 han recibido formación en inglés, ciencias y matemáticas y 8.775 en otras materias, principalmente con vistas a consolidar el uso del inglés como lengua de instrucción en los niveles primario y secundario. En junio de 2005 se puso en marcha un programa de educación preescolar para niños de 5 a 6 años para incluir el nivel preescolar en el sistema educativo, y se ha ampliado para que abarque a los niños en las guarderías. La tasa de abandono en la educación elemental ha caído del 2,02% en 2005 al 1,7% en 2007, y un factor crucial en esta reducción ha sido el programa Alimentos por Escuela, gracias al cual las familias reciben alimentos para que sus hijos puedan asistir a la escuela. En el nivel terciario, el Sistema de Educación Escalonado ofrece enseñanzas técnicas y vocacionales. De resultas de los programas para mejorar la educación, el 100% de las escuelas cuentan hoy con ordenadores y el 26% tienen acceso a Internet. De los aproximadamente 62.000 estudiantes universitarios, se han concedido becas o préstamos a 8.000 estudiantes pobres o necesitados para que puedan completar programas de grado de cuatro o cinco años. Se sigue trabajando para que todos los profesores universitarios tengan un título a nivel de maestría o superior y hayan aprobado un examen. El sistema educativo en las escuelas islámicas es un elemento fundamental de las obligaciones del Gobierno en virtud del acuerdo de paz suscrito con el Frente Islámico Moro de Liberación Nacional en 1996 y ha evolucionado hasta convertirse en el programa de escuelas islámicas de educación básica, mucho más amplio. Se ha creado un comité de coordinación y desarrollo de las escuelas islámicas para gestionar eficazmente la ayuda financiera al sistema de escuelas islámicas.
45. La Sra. VERSOZA (Filipinas) dice que, en ausencia de una ley sobre el divorcio, existen normas sobre la separación legal y la anulación, incluida la separación judicial de bienes. Sigue pendiente una ley sobre la infidelidad matrimonial y el concubinato y algunos grupos consideran que esa ley es un paso hacia la adopción de una ley sobre el divorcio.
46.El Sr. GLORIA JR. (Filipinas), en respuesta a las preguntas sobre vivienda, dice que el Gobierno ha puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar las condiciones de vivienda de los precaristas y que la opinión más generalizada es que los pobres urbanos son socios y beneficiarios de los programas de vivienda, es decir que están obligados a participar activamente en el proceso de solución de los problemas de vivienda. La postura del Gobierno es que no se pueden llevar a cabo desalojos o derribos sin una preparación suficiente en términos de vivienda social.
47.La Sra. BASILIO (Filipinas) agradece al Comité su sincero interés por la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte y por el diálogo intenso, fructífero y abierto durante el proceso de examen. La delegación ha intentado responder de manera exhaustiva a las preguntas del Comité. Queda mucho por hacer, sobre todo en lo referente a algunas lagunas en la legislación nacional y a la aplicación eficaz de la legislación vigente. El Estado parte está decidido a trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil y con el Comité, cuyas observaciones finales serán la base de consultas a escala nacional, para que todos los filipinos disfruten de sus derechos en la máxima medida posible. Confía en que el diálogo y la cooperación con el Comité prosigan y en seguir avanzando a tiempo para el próximo informe periódico, que se presentará con puntualidad y eficacia.
48. El PRESIDENTE da las gracias al Estado parte y lo felicita por el enorme interés manifestado a propósito de los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como lo demuestra lo numeroso de la delegación y que la sociedad civil haya estado bien representada.
El debate abarcado por el acta concluye a las 12.20 horas.
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