Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

48º período de sesiones

Acta resumida de la séptima sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 3 de mayo de 2012, a las 10.00 horas.

Presidente:Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto del Perú (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto del Perú (E/C.12/PER/2-4); documento básico (HRI/CORE/PER/2010); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/PER/Q/2-4); respuestas del Gobierno de l Perú a la lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/PER/Q/2 - 4/Add.1 – en español y en inglés únicamente ) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Perú toma asiento a la mesa del Comité.

Artículos 6 a 9 del Pacto (continuación)

2.El Sr. Jiménez Mayor (Perú) dice que la normativa del Perú relativa a la consulta previa prevé la posibilidad de que las poblaciones indígenas o sus representantes recurran las decisiones administrativas tomadas al concluir la consulta. Explica que, en los últimos años, el Gobierno ha puesto los buenos resultados económicos al servicio de sus objetivos de reducción de la pobreza, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y de lucha contra la exclusión social y la desigualdad. Así, por ejemplo, la malnutrición crónica de los menores de 5 años, una de las máximas prioridades en la acción del Gobierno, ha disminuido del 22,9% en 2005 al 17,9% en 2010 a escala nacional, pero ha descendido aún más en las zonas rurales (-8,9%). El Perú también ha reducido en dos tercios la mortalidad infantil en esta franja de edad, con lo que cumple con el Objetivo 4 de Desarrollo del Milenio con ocho años de anticipación, puesto que, desde 2006, esta tasa ha bajado un 60% con respecto al decenio anterior. El porcentaje de personas afiliadas a un seguro de salud ha pasado del 50% en 2008 al 65,2% en 2011.

3.El Sr. Villena Petrosino (Perú) dice que en el período 2006-2010 el empleo mantuvo un comportamiento creciente, registrando una tasa de 2,5% de incremento anual. De similar manera, el empleo formal urbano, en empresas de diez y más trabajadores, creció un 5,5% en el mismo período. En 2010, la tasa de desempleo, medida trimestralmente en la Encuesta Nacional de Hogares, se situó en el 4,1%, menor en 1 punto porcentual a la registrada en el año 2004; en el caso de las mujeres, disminuyó de 5,9% en el año 2004 al 4,7% en el año 2009. En las zonas rurales, el desempleo es prácticamente inexistente; no obstante, si bien el subempleo en términos de ingresos se ha contraído 11 puntos en los últimos años, este afecta todavía al 70% de los trabajadores. En el período 2006-2010, los ingresos de la población ocupada aumentaron en términos reales un 3,2% por año, si bien las zonas rurales siguen acusando un retraso. A fin de que los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos humanos, gocen de protección absoluta, en 2010 se constituyó la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, en el período 2012-2016, el Gobierno aplicará una política de empleo que debería generar unos 2 millones de empleos, con el correspondiente alivio de la pobreza, y pondrá en marcha un programa de creación de 500.000 empleos temporales dirigido principalmente a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

4.Las estadísticas, la Encuesta Nacional de Hogares y los datos del registro electrónico de trabajadores aportan información salarial por sector (formal o informal), rama de actividad, profesión, sexo, etc. que indica que el promedio salarial de las profesiones mayormente desempeñadas por mujeres sigue siendo, en términos generales, menor que el de los trabajos desarrollados mayoritariamente por hombres. Por eso, el Gobierno ha decidido iniciar el proceso de validación de una metodología de evaluación no sexista de los empleos que permita revertir la segregación ocupacional y la atribución de trabajos menos remunerados a trabajadoras peruanas por el solo hecho de ser mujeres.

5.Al Gobierno le preocupan tanto la generación de empleos como la mejora de su calidad. Por ello, ha retomado el diálogo tripartito con los agentes sociales para debatir un plan nacional de trabajo decente. Las discusiones abordan igualmente la propuesta de ley general del trabajo, que contempla una reformulación de las modalidades temporales de contratación. A fin de luchar contra la precariedad en el empleo, el Gobierno actual ha aprobado la Ley y el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. La Inspección del Trabajo ha incrementado de forma sustancial el número de inspecciones.

6.En el ámbito de la lucha contra el trabajo forzoso, en el año 2006, se aprobó el Plan nacional de lucha contra el trabajo forzoso, que en el último año, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha centrado sus actividades en la Amazonía. En este sentido, se están elaborando dos acciones: la revisión del Plan nacional con el objeto de introducir metas e indicadores que permitan traducirlo en programas presupuestales y la formulación de un protocolo de intervención multisectorial que tenga un enfoque punitivo y un enfoque de restitución de derechos que garantice trabajo decente para las víctimas. Asimismo, se aprobará e implementará una estrategia nacional para la prevención y erradicación de la mano de obra infantil, para lo que se darán las siguientes medidas: incrementar el ingreso promedio de las familias, reducir la tolerancia a la mano de obra infantil, incrementar la asistencia, reducir el atraso escolar en la educación primaria y secundaria e incrementar los entornos seguros para el trabajo adolescente.

7.La aplicación de las normas en materia de salario mínimo es víctima de dos obstáculos: el volumen del empleo no registrado y la escasa capacidad fiscalizadora de la Inspección del Trabajo. Para poner remedio a la situación, el Gobierno ha facilitado la declaración del empleador de sus trabajadores mediante el sistema de registro electrónico y el intercambio de información con el órgano de recaudación tributaria. Por otro lado, la Inspección del Trabajo se ha visto reforzada al cuadriplicarse sus efectivos en cinco años y especificarse su mandato. Se ha presentado un proyecto de ley que busca dotar de autonomía y mayor capacidad financiera a la Inspección del Trabajo. Además, el impago del salario mínimo constituye infracción muy grave. En el período 2006-2011, el salario mínimo real, indizado a la inflación y la productividad, creció en 15%.

8.La legislación vigente prevé un régimen especial para los trabajadores del sector agrario. Todos los trabajadores del sector, incluidos los trabajadores temporales, tienen el mismo derecho a constituir sindicatos y a negociar colectivamente. Las acciones de la Inspección del Trabajo en materia de violaciones al derecho de libertad sindical han ido en aumento desde el año 2007. En ese año, se expidieron solo 105 órdenes de inspección por violaciones a la libertad sindical y se impusieron multas por 121.000 dólares. En el año 2010, las órdenes de inspección llegaron a 289, imponiéndose multas por 289.000 dólares. Por último, el Tribunal Constitucional ha estimado la constitucionalidad de la ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario.

9.En el año 2010, el 58% del total de los trabajadores asalariados privados contaba con seguro de salud, proporción mayor a la registrada en 2006, que solo era de 33%. En ese mismo año, cerca del 43% del total de asalariados del país estaba afiliado a un sistema de pensiones, tasa mayor al 35% registrado en el año 2006. Se ha conformado una comisión multisectorial encargada de proponer una normativa que regule la incorporación de trabajadores independientes en el sistema de seguridad social. Asimismo, se ha aprobado el programa "Pensión 65", que proyecta alcanzar en el año 2012 a 170.000 personas en situación de extrema pobreza que de esta forma tendrán acceso a una prestación económica y a la seguridad social en salud a través del Seguro Integral de Salud. De otro lado, el Sistema Nacional de Pensiones, cuya característica es ser un sistema de reparto basado en la solidaridad, tiene grandes problemas de financiamiento, por lo que el Estado peruano ha tomado la decisión de garantizar el pago de sus pensiones; en el año 2011, aportó 640 millones de dólares.

10.El Sr. Burneo Labrín (Perú) declara que la legislación peruana prohíbe toda forma de discriminación, incluida la discriminación por motivo de identidad sexual. La homosexualidad consentida entre adultos no constituye delito penal. En cambio, el Código Penal castiga con penas de prisión o de trabajo de servicio a la comunidad todo acto de discriminación. La prohibición de la discriminación está recogida en numerosos textos: el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la legislación laboral, la Ley general de educación. Nueve de los 25 gobiernos regionales han adoptado disposiciones en esta materia. La legislación peruana no reconoce el matrimonio homosexual.

11.La Sra. Suárez (Perú) afirma que, junto con la regulación en materia de consultas previas, existe una serie de decretos y resoluciones ministeriales que obligan a las empresas a consultar a los ciudadanos antes de poner en marcha un proyecto de extracción minera, de explotación de hidrocarburos o de producción eléctrica, así como a realizar estudios técnicos y de impacto medioambiental, que deben ser aprobados por la autoridad competente del Ministerio del Ambiente. A partir de estos elementos, el Ministerio del Ambiente expide las autorizaciones necesarias. Las empresas deben igualmente adoptar compromisos medioambientales bajo el control del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, el Perú debe velar por que estos estudios tomen en consideración los efectos inmediatos de los proyectos en la salud de la población y por que las empresas adopten compromisos sociales.

12.La Sra. Huaita Alegre (Perú) dice que, según una encuesta de hogares de 2005, las personas con discapacidad que ejercen una actividad profesional representaban el 33% del total de población con discapacidad. Un censo de 2007 muestra que en cerca del 11% de los hogares peruanos vive una persona con discapacidad. Sin embargo, a fin de poder diseñar políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, el Gobierno necesita disponer de encuestas específicas y a tal efecto se votó una ley en 2012. Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha un programa de formación y ocupación que ha beneficiado a más de 3.300 personas con discapacidad y ha permitido a cerca de 250 de ellas acceder a un empleo en el sector privado. Por último, la Ley de presupuesto del sector público autoriza a los gobiernos locales a destinar el 0,5% de su presupuesto a obras de acondicionamiento para mejorar la accesibilidad de las estructuras urbanas. El Gobierno inscribió en dicha Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 un programa presupuestario en favor de las personas con discapacidad orientado a lograr resultados en materia de integración escolar y educación, intervención temprana, salud, rehabilitación e inserción laboral. La Ley general de la persona con discapacidad fija una cuota de contratación obligatoria del 3% del personal aplicable a todas las entidades públicas y prevé multas en caso de incumplimiento. Esta disposición no se aplica lo suficiente, pero el Estado busca vías para remediar la situación y varias iniciativas recientes van por ese camino.

13.El Sr. Chávez Basagoitia (Perú), en relación con la expedición de los documentos nacionales de identidad, indica que los servicios competentes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil actúan desde hace años con determinación, lo que ha permitido llegar a una tasa de cobertura nacional del 98%, mientras que el 2% restante está formado fundamentalmente por personas que viven en zonas rurales de difícil acceso. El proceso sigue su curso y debería completarse con bastante celeridad.

14.Dos factores explican la disminución del número de personas que tienen como idioma materno una lengua indígena: el éxodo rural que tuvo lugar a mitad del siglo XX y el mestizaje de la población en la medida en que el aprendizaje de la lengua mayoritaria, el castellano, resulta necesario para integrarse. En este sentido, a veces se rechazan los programas bilingües porque los destinatarios, que ya dominan la lengua indígena, desean ante todo aprender el castellano, que les ofrece más oportunidades.

15.No obstante, el Estado se esfuerza por preservar las lenguas nacionales. La Ley Nº 20735 aprobada en 2011 tiene por objeto precisar el alcance de los derechos lingüísticos consagrados en el artículo 48 de la Constitución; las iniciativas previstas por dicha Ley implican elaborar un mapa etnolingüístico, crear un registro nacional de lenguas originarias, formar a maestros, redactar manuales y diccionarios y concebir una política de lenguas originarias. Por lo que respecta a la protección de las lenguas de las poblaciones indígenas, debe recordarse el importante papel que desempeña el Perú en el plano internacional: es 1 de los 20 países signatarios, entre los 183 miembros de la OIT, del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Nº 169); además, el Perú ha participado decididamente en la elaboración y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.

16.En cuanto a las disposiciones legislativas y de orden práctico que existen para velar por el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas, el Sr. Jiménez Mayor (Perú) cita el ejemplo del sistema de justicia comunal en las zonas rurales, que cuenta con más de 5.000 jueces de paz, frente a los 1.600 jueces de la justicia profesional, que suelen proceder de la población local y resuelven directamente los litigios. En lo que a los avances en el estado civil se refiere, el Sr. Jiménez Mayor añade que el documento nacional de identidad se suele expedir ahora en el momento del nacimiento, a diferencia de lo que sucedía hace diez años. El registro es importante para dar acceso a la cobertura social del Estado a las personas que más la necesitan. En otro orden de cosas, se presta especial atención a unas 3.000 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas como víctimas de la violencia de la década de los ochenta y los noventa que aún no son titulares del documento nacional de identidad para que así puedan acceder a los programas de reparación.

17.El Sr. Tirado Mejía , en calidad de Experto independiente, muestra su desacuerdo con la política aplicada por el Estado parte en relación con las personas homosexuales, al no estar prohibida la discriminación por motivo de identidad sexual y no reconocerse los derechos patrimoniales a las parejas homosexuales. Sugiere al Estado parte que estudie los medios para hacer evolucionar la legislación a fin de reconocer a estas parejas los derechos patrimoniales, así como otros derechos económicos, sociales y culturales. Hace hincapié además en la utilidad de las campañas de sensibilización, en concreto en las sociedades sudamericanas en las que las conductas discriminatorias homófobas siguen siendo frecuentes.

18.El Sr. Sadi desearía información más detallada sobre los resultados concretos de las loables medidas adoptadas por el Estado parte con el fin de luchar contra el trabajo forzoso, y en concreto sobre su tratamiento del problema del trabajo forzoso en la Amazonía. En el tema del seguro de salud, desearía más información sobre la situación de las personas que, según la documentación facilitada por el Estado parte, no son beneficiarias de cobertura. El Sr. Sadi desearía saber igualmente si la existencia de una forma escrita de un idioma es un criterio para reconocer las lenguas indígenas. Por último, quisiera escuchar más ejemplos de casos en los que se haya sancionado a entidades públicas por no respetar las normas en materia de contratación de personas con discapacidad.

19.La Sra. Barahona Riera se interesa por la situación de las poblaciones indígenas del Perú y por el hecho de que, si bien participan en cuestiones sociales y políticas, aún no lo hagan al nivel que se registra en otros países de la región. Considera que el Perú aún puede hacer más por sacar a estas poblaciones de la marginación, desde el punto de vista de la eficacia de los derechos, del acceso a la justicia, de los derechos de salud sexual y reproductiva, del acceso a créditos bancarios para participar verdaderamente en la economía del país, del uso de su lengua y en otros ámbitos. La Sra. Barahona Riera desearía asimismo que se precisaran las estadísticas, si las hubiere, sobre el régimen de pensión de vejez en favor de los ancianos en situación de pobreza y extrema pobreza.

20.El Sr. Jiménez Mayor (Perú) señala, en respuesta al Sr. Tirado Mejía, que la legislación antidiscriminación vigente en el Perú tiene en efecto carácter general, pero que no se excluye una evolución en la materia, lo que supondría entablar un debate en el Estado peruano. Sin embargo, conviene destacar que el Perú lucha activamente contra la discriminación. A modo de ejemplo, tras los incidentes registrados en algunos pueblos, se aplicaron las disposiciones antidiscriminación del reciente Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Sr. Jiménez Mayor precisa a la Sra. Barahona Riera que la integración y la mejora de las perspectivas de las poblaciones indígenas son algunos de los temas a los que mayor atención prestan las autoridades. En el plano político, la existencia de una representación indígena directa en el Congreso de la República es un paso trascendental, pero se debe seguir avanzando, por ejemplo a través de un sistema de cuotas. El reducido tamaño del Congreso es uno de los problemas, ya que cuenta con 130 escaños para 30 millones de habitantes. Sería necesario reformar la Constitución para modificar la representación parlamentaria.

21.En relación con el efecto de las medidas con vistas a poner fin al trabajo forzoso, el Sr. Balbín Torres (Perú) afirma que los resultados del Plan nacional de lucha contra el trabajo forzoso puesto en marcha en 2006 han sido insuficientes. En cambio, la labor de sensibilización de los actores del Estado sí que ha dado sus frutos. Las autoridades son conscientes de que el trabajo forzoso viene acompañado a menudo de otros delitos, especialmente en el contexto de la tala ilegal, y buscan soluciones concretas para sacar de esta situación a los trabajadores sometidos a estas prácticas. A fin de aumentar el número de personas beneficiarias de cobertura social, la labor de los poderes públicos se centra en regularizar las situaciones laborales, los controles y varios medios, fundamentalmente informáticos, para facilitar la declaración de trabajadores. También se están estudiando mecanismos con vistas a mejorar la cobertura de los trabajadores independientes, que representan un tercio de la población activa.

22.La Sra. Suárez Salazar (Perú) aporta más datos sobre el caso de las personas que no disponen de ningún seguro de enfermedad. La aplicación de la Ley de seguros, que reconocía el derecho de toda persona residente en el Perú de disponer de cobertura médica, permitió en 2005 llegar a una tasa de cobertura del 48%. Se ha emprendido un proceso progresivo con vistas a coordinar los diferentes tipos de proveedores y reforzar el acceso a la asistencia sanitaria. El Estado ha dirigido su acción con carácter prioritario a los más desfavorecidos. El sistema público cubre en la actualidad a cerca del 37% de la población y al 80% de la población en situación de pobreza. Las personas más difíciles de atender son aquellas que no tienen la cultura del seguro; para este grupo, muy numeroso (un tercio de la población), el seguro es ahora obligatorio y se han creado incentivos, puesto que el Estado cubre cerca del 25% del coste del seguro.

23.La Sra. Huaita Alegr e (Perú) cita como ejemplos de sanciones impuestas por incumplimiento de las normas relativas a la contratación de personas con discapacidad los casos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Pueblo Libre (provincia de Lima). Las multas tuvieron un importe comprendido entre las 8 y las 12 unidades impositivas tributarias o UIT (1 UIT equivale a 1.190 dólares de los Estados Unidos).

Artículos 10 a 12 del Pacto

24.El Sr. Tirado Mejía solicita información sobre las políticas del Estado parte en materia de tratamiento a toxicómanos. Desearía asimismo conocer la posición del Estado parte respecto a la posible despenalización o legalización del consumo de estupefacientes.

25.El Sr. Ribeiro Leão pregunta si el programa de desarrollo urbano mencionado en el párrafo 160 del informe periódico afecta a todas las municipalidades o solamente a algunas y si deja margen para la participación ciudadana. También desearía saber si existe un programa nacional de lucha contra la pobreza que tenga en cuenta de manera transversal el derecho a una vivienda digna.

26.El Sr. Riedel dice que el Sr. Paul Hunt, exmiembro del Comité y ex Relator Especial sobre el derecho a la salud, comunicó al Comité que la población de varios lugares no tenía acceso ni a agua potable ni a un sistema de saneamiento adecuado y que las fuentes estaban contaminadas por el dragado río arriba por parte de empresas auríferas privadas. Si bien el Gobierno del Perú no es directamente responsable de esta contaminación, debe garantizar el derecho a la salud y al agua y proteger a la población. Por eso, el Sr. Riedel pregunta qué medidas se han tomado para acabar con esta contaminación a la vez que se vela por que se indemnice a las víctimas de estas actividades. Desearía saber cómo se implica a las personas afectadas, especialmente a los grupos indígenas, en los procesos de toma de decisiones sobre las estaciones depuradoras y el uso del agua.

27.Respecto a los pacientes víctimas de la violencia política, el Sr. Riedel da lectura al párrafo 245 del informe periódico y expresa su satisfacción porque los equipos de salud mental hayan asistido al 64% de las personas afectadas por la violencia política, es decir, a 70.745 personas. Pide a la delegación que aporte cifras sobre el número de personas asistidas desde 2008 y explique los efectos de las medidas aprobadas ese mismo año.

28.En referencia a los informes de varias organizaciones no gubernamentales, el Sr. Riedel pregunta qué medidas se han tomado para que las víctimas de la violencia política y de la tortura reciban asistencia con carácter prioritario de los servicios de salud, aunque no estén inscritas en el Registro Único de Víctimas. Pide a la delegación que enumere las medidas previstas para reducir las divergencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales en materia de acceso a los servicios de salud, sobre todo los especializados, y que tome nota de que el Comité desearía que en el próximo informe periódico del Estado parte hubiera datos anuales desglosados sobre estos puntos.

29.El Sr. Schrijver pide a la delegación que presente cifras sobre la trata de mujeres y niñas, la mano de obra infantil y los niños de la calle y que explique en qué aspectos es eficaz la acción del Gobierno en estos campos o, en caso contrario, que describa las medidas que el Gobierno prevé adoptar para mejorar la situación.

30.El Sr. Atangana desearía saber si las víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente las mujeres indígenas, pueden acudir fácilmente a los tribunales y si estos ya han juzgado causas de este tipo, en cuyo caso desearía tener más información sobre la jurisprudencia peruana en la materia. Pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, de acuerdo con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 35) de 2007.

31.El Sr. Kedzia pregunta qué medidas ha tomado el Gobierno tras las preocupaciones manifestadas y las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos en el caso Karen Noelia Llantoy Huamán c. el Perú y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el caso L. C . c. el Perú. Desearía saber si estos dos casos, que versaban sobre la negativa a realizar un aborto terapéutico, reflejan un problema a mayor escala y, de ser así, si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas para poner remedio a la situación.

32.La Sra. Barahona Riera desearía saber si la violencia intrafamiliar y la trata de personas constituyen una infracción penal. Pregunta qué penas se imponen a los autores de estos actos, qué medidas de protección a las víctimas y de prevención existen y cuál es la jurisprudencia en la materia. Pide a la delegación que indique si existen programas y políticas destinados específicamente a los ancianos.

33.Asimismo, la Sra. Barahona Riera quisiera saber en qué consisten los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva existentes, si son gratuitos y si engloban todas las formas de anticonceptivos. Se interesa por los programas educativos sobre la salud sexual y reproductiva, especialmente los que tienen como destinatarios a las adolescentes, entre quienes se constatan numerosos embarazos precoces. Pregunta qué medidas se han adoptado para garantizar un acceso real a los servicios de salud en casos de aborto legal.

34.La Sra. Barahona Riera señala una contradicción en el hecho de que al prohibirse penalmente las relaciones sexuales con menores se prohíban igualmente las relaciones sexuales entre adolescentes de entre 14 y 18 años. Pregunta qué medidas se han planteado para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular entre las menores de 20 años, que registran un 68,2% de embarazos no deseados. Este dato pone en evidencia el fracaso de los programas de planificación familiar y la Sra. Barahona Riera desearía saber la causa de este fracaso.

35.El Sr. Martynov observa que los últimos datos estadísticos de los que dispone el Comité en relación con las partidas destinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a luchar contra la pobreza se remontan a 2003 y que los datos sobre el gasto social se remontan a 2006, y pide a la delegación que le haga llegar por escrito las estadísticas actualizadas, desglosadas por año y según la parte del PIB destinada.

36.El Sr. Dasgupta (Relator para el Perú) señala a la atención de la delegación que el acuerdo de libre comercio concluido entre los Estados Unidos de América y el Perú impide comercializar automáticamente los medicamentos genéricos desde el momento en que la molécula patentada pasa a ser de dominio público porque la comercialización debe ser aprobada por el titular de la patente. El acuerdo prevé igualmente un plazo de cinco años entre el vencimiento de la patente y la introducción en el mercado de un genérico. De esta forma, se dificulta enormemente el acceso de la población a medicamentos básicos a precios asequibles. Las políticas y la legislación del país deben garantizar el acceso de todos a medicamentos asequibles. Pregunta qué estudios se han hecho sobre la cuestión de la accesibilidad y qué medidas se prevén para mejorarla.

37.Por otro lado, el Sr. Dasgupta se muestra sorprendido porque los efectos de la minería sobre la salud no estén incluidos automáticamente en el estudio de impacto medioambiental y social de dichas actividades. Desearía igualmente saber si se realizan estudios de impacto antes de autorizar actividades de extracción en otros sectores distintos a los hidrocarburos, especialmente la extracción de minerales.

Se suspende la sesión a las 11.50 horas y se reanuda a las 12.05 horas.

38.El Sr. Jiménez Mayor (Perú) dice que el Gobierno del Perú ha adoptado recientemente un plan nacional intersectorial para luchar contra los estupefacientes basado en la prohibición del tráfico y la prevención del consumo. El tráfico de drogas y los componentes necesarios para la elaboración constituye un delito. A diferencia de la venta, el consumo no está prohibido.

39.El Código Penal castiga las actividades extractivas ilegales. La policía nacional patrulla en las zonas afectadas por estas actividades clandestinas y se ha procesado a varias personas por la vía penal.

40.En relación con la violencia política terrorista que asoló al Perú en la década de los ochenta y los noventa, el Sr. Jiménez Mayor explica que la violencia que persiste en determinadas zonas es obra de los narcotraficantes. En 2012, se destinarán 140 millones de nuevos soles a la indemnización colectiva e individual de las víctimas. El Gobierno considera que esta cuestión es la más importante, puesto que las víctimas del narcoterrorismo viven en muchas ocasiones en la pobreza. En abril de 2012, el Presidente de la República participó en Lucanamarca en un homenaje que se rindió a las víctimas del terrorismo, en particular a las 69 víctimas de Sendero Luminoso en 1983. El Sr. Jiménez Mayor precisa que el Registro Único de Víctimas recoge a más de 120.000 personas, de las cuales un tercio son víctimas directas y dos tercios, familiares de estas. El programa de indemnización comprende varios puntos, uno de ellos dedicado a la salud. Resulta especialmente importante que las víctimas de la violencia política tengan acceso a los programas sociales, como ya sucede en el caso del programa Pensión 65, del que se pueden beneficiar las personas mayores de 65 años que vivan en situación de pobreza extrema y no reciban ninguna otra prestación.

41.En diciembre de 2011, el Perú se dotó de una ley sobre el feminicidio en línea con la legislación más avanzada en la materia en América Latina. A la primera persona condenada se le impuso una pena de 25 años. La pena mínima es de 25 años de prisión, puesto que el feminicidio se considera un homicidio con circunstancias agravantes. Hay señalada la misma pena, de acuerdo con las circunstancias agravantes, para la trata de mujeres o de menores.

42.El Programa de desarrollo urbano opera en las principales ciudades del país. La elaboración de los planes y los presupuestos debe permitir la participación a escala local.

43.El Sr. Chávez Basagoitia (Perú) afirma que su país se implica en la lucha contra el narcotráfico, tanto en el plano nacional como en el internacional. Dentro del país, el Gobierno del Perú encara todos los aspectos del problema, esforzándose especialmente en atajar el cultivo y la transformación de la hoja de coca, la comercialización y el consumo del producto acabado y por último el blanqueo de dinero procedente de las drogas.

44.Con el fin de frenar la oferta, el Gobierno se esfuerza por erradicar el cultivo de la hoja de coca a la vez que vela especialmente por que esta actividad no se desplace de una región a otra. Al no ser partidario de legalizar la droga, considera que la única forma de luchar contra este flagelo es dar a los productores los medios para adaptarse a otros cultivos igualmente lucrativos, como ha sucedido en la región de San Martín.

45.Para reducir la demanda, el Gobierno ha lanzado campañas de sensibilización y ha establecido un programa de tratamiento y reinserción de toxicómanos. Asimismo, ha aprobado una política de despenalización del consumo en virtud de la cual no se les pide cuentas a los poseedores de pequeñas cantidades de droga destinadas claramente a su propio consumo, a diferencia de lo que sucede con los traficantes.

46.Consciente de que la erradicación del narcotráfico exige una coordinación en todo el mundo, el Gobierno del Perú ha convocado una conferencia internacional sobre este tema, que se reunirá en Lima los días 25 y 26 de junio de 2012, y propone intensificar la puesta en común de información sobre la materia y ofrecer a los agricultores alternativas para evitar que vuelvan a producir hojas de coca. A iniciativa propia, y tras la Cumbre de Cartagena (Colombia) celebrada en abril de 2012, los Jefes de Estado de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirán de nuevo al inicio de la conferencia de Lima para coordinar las acciones en este campo en todo el continente americano.

47.El Sr. Jiménez Mayor (Perú) declara que el Perú ha aprobado recientemente una ley estricta para luchar contra el blanqueo de dinero, ya provenga del narcotráfico o de la delincuencia organizada. Señala que, en el marco del caso de las mujeres y niños secuestrados en la región de Lima, se han incautado cerca de 100 millones de dólares, lo que da muestra del alcance de la actividad de las personas implicadas en la delincuencia organizada.

48.La Sra. Huaita Alegre (Perú) dice que la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años. Este límite puede reducirse a los 16 años si la justicia así lo decide cuando un menor entre 16 y 18 años exprese la voluntad de contraer matrimonio y obtenga el consentimiento de sus padres. No obstante, se deberá reformar la ley en breve para permitir que los menores que contraigan matrimonio en estas condiciones y deseen revocar su decisión puedan disolver su matrimonio alcanzada la mayoría de edad.

49.El Perú ha aprobado numerosas leyes y reglamentos que condenan la trata de seres humanos. Además, el Gobierno ha creado el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, así como una oficina especializada en el seno de la Dirección de la Familia, Participación y Seguridad Ciudadana. El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente defendió que se incluyera la lucha contra la trata de seres humanos en el Programa 2006-2008 para la promoción y la protección de los derechos humanos. Varios ministerios, como el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, han aprobado reglamentos para combatir el fenómeno en sus respectivos ámbitos de competencia a fin de evitar que se organice, por ejemplo, adoptando la apariencia de actividades turísticas. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte prevé asimismo que los menores que viajen en transportes terrestres deban presentar un documento nacional de identidad.

50.El Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011-2016, formado por medidas e indicadores, que se basa en la prevención, la represión de los delitos y la ayuda a las víctimas (asistencia y protección). Entre 2004 y 2011, 1.831 personas, de las cuales el 92,8% son mujeres, fueron víctimas de la trata.

51.Para evitar la explotación sexual de los menores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha organizado por todo el país talleres y seminarios de formación destinados a los profesionales del turismo y a los agentes de policía. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha elaborado una hoja de ruta intersectorial de asistencia integral y protección de menores víctimas de abusos sexuales que prevé la organización de talleres y reuniones-debates por toda la geografía nacional. En el marco de la prevención, la División responsable de la investigación del delito de trata de personas realizó en 2011 diversas operaciones en la capital que permitieron socorrer a 193 mujeres que denunciaban ser víctimas de la explotación sexual.

52.Los niños de la calle están expuestos a numerosos riesgos, especialmente a las drogas, la explotación sexual y comercial, la violencia, los malos tratos y el abandono escolar. El programa previsto para ellos, centrado en el desarrollo de los conocimientos y las competencias, la integración en las redes comunitarias de apoyo social y el refuerzo de la estructura familiar, ya ha asistido a más de 50.000 niños. A quienes se encuentran en una situación de abandono físico, moral o material se les orienta a estructuras especialmente adaptadas, los centros residenciales de asistencia, mientras que a otros se les traslada a centros educativos administrados por el Ministerio del Interior donde pueden trabajar con determinadas condiciones en labores adaptadas a su edad. Se han creado tres comedores con capacidad diaria para unos cincuenta niños, así como un sistema de becas para que los niños puedan acceder a la enseñanza técnica superior.

53.En el marco del Programa integral nacional para el bienestar familiar, se han creado 36 centros de desarrollo integral de la familia, 38 hogares y unos 40 centros de acogida.

54.Con el 19,2% de niños de entre 6 y 13 años que trabajan, las cifras relativas a la mano de obra infantil son alarmantes. Por eso, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo ha elaborado el Plan nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil, que constituye una de las prioridades del Plan Nacional de Acción por la infancia y la adolescencia.

55.La delegación del Perú se compromete a remitir por escrito al Comité más información sobre la violencia contra las mujeres, pero ya está en condiciones de señalar que el Código Penal castiga determinadas conductas como el acoso o la violencia sexual e intrafamiliar.

Artículos 13 a 15 del Pacto

56.El Sr. Kerdoun observa con satisfacción que ha disminuido la tasa de analfabetismo entre los niños indígenas y afroperuanos; desearía saber qué estrategia tiene previsto seguir el Estado parte para eliminar totalmente el analfabetismo en estos dos grupos. También querría conocer la cifra global de analfabetismo en el Perú, desglosada por franja de edad y sexo. Observando que en 2007 las partidas destinadas al sector educativo representaban el 3% del PIB y el 18,6% del presupuesto del Estado, el Sr. Kerdoun pide datos comparativos con los porcentajes correspondientes en los sectores de la agricultura y la defensa en ese mismo año. Asimismo, desearía saber cómo tiene previsto el Estado parte eliminar las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, así como las existentes entre los centros públicos y los privados en materia de calidad de la educación, y si tiene previsto adoptar medidas para garantizar una mejor formación a los profesores encargados de dar una educación bilingüe e intercultural a los niños indígenas.

57.Tras señalar la falta de asistencia de los alumnos en la enseñanza primaria y secundaria, con elevadas tasas de abandono escolar y absentismo, especialmente entre las niñas, el Sr. Kerdoun se interesa por las medidas que el Gobierno del Perú tiene previsto poner en práctica para favorecer la retención escolar y mejorar el nivel escolar de los alumnos de 15 años ya que, según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, casi la mitad no domina la lectura y, por ende, no puede seguir estudiando una vez completado el ciclo secundario.

58.El Sr. Abashidze solicita más información sobre los esfuerzos del Estado parte para promover los derechos de los grupos étnicos que no se identifican a sí mismos como poblaciones indígenas.

59.El Sr. Marchán Romero observa que ningún documento del Estado parte indica la composición étnica de la población y recuerda que no hay ninguna sociedad homogénea, por lo que es indispensable disponer de datos demográficos desglosados por grupo étnico a fin de poner remedio a las posibles discriminaciones. Hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el caso entre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Perupetro, Barret Resources Corporation (Perú) y Repsol. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional desestima la solicitud de suspensión de las actividades petroleras de estas empresas sobre la base de que el Estado parte no tenía conocimiento de la existencia del grupo indígena afectado, los waorani, algunos de cuyos derechos podrían violar estas actividades. El Sr. Marchán Romero recuerda al respecto que el Estado parte tiene el deber de censar a todos los grupos étnicos presentes en su territorio y subraya que no puede usarse este tipo de argumento para declarar la inadmisibilidad de una solicitud.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.