Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44º período de sesiones

Acta resumida de la segunda parte (pública)* de la segunda sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 3 de mayo de 2010, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados por organizaciones no gubernamentales

Se declara abierta la sesión a las 16.00 horas.

Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados por organizaciones no gubernamentales (tema 3 del programa)

1.El Sr. Barett (International Harm Reduction Association) hace referencia a las medidas de fiscalización de estupefacientes aplicadas en cuatro de los Estados partes cuyos informes examina el Comité en su 44º período de sesiones, a saber, el Afganistán, Colombia, Kazajstán y Mauricio, y las cuestiones de derechos humanos y salud que se derivan de dichas medidas.

2.Se considera, frecuente y erróneamente, que la fiscalización de estupefacientes un problema nacional, pero este concierne a la labor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En efecto, las medidas tomadas a ese respecto repercuten en el ejercicio de los derechos humanos. Dichas medidas han dado lugar a un verdadero mercado paralelo de dimensión macroeconómica que ha favorecido la corrupción de los responsables de la aplicación de las leyes y de otros funcionarios públicos. Los medios que debían destinarse a la salud pública (VIH/SIDA, reducción de los riesgos) se emplean en la represión (en especial en Kazajstán y Mauricio). Las medidas de fiscalización de estupefacientes también han provocado un desplazamiento geográfico, llamado "efecto de desplazamiento", en particular en Colombia, en donde ya hay 4 millones de personas desplazadas. En este contexto, sería interesante que la delegación de Colombia proporcione información al Comité acerca de la proporción que representan las personas desplazadas como consecuencia de la fumigación de los cultivos de coca. Además, las medidas adoptadas han provocado que se estigmatice y margine de la sociedad a los consumidores de estupefacientes, exponiéndolos aún más a violaciones de sus derechos fundamentales.

3.El orador alude a continuación, a los programas de "desarrollo alternativo" que se han puesto en marcha en el Afganistán y en Colombia, cuyo objetivo es sustituir el cultivo de plantas empleadas para obtener drogas ilícitas (adormidera, coca) por el cultivo de productos lícitos. La regresión constatada con las medidas adoptadas en esos dos países pone de manifiesto la necesidad imperiosa de velar por que haya una buena secuencia de las intervenciones en pro del desarrollo y de tener en cuenta los medios disponibles, en particular, la existencia de las infraestructuras que las poblaciones necesitan para acceder a los mercados y vender los productos procedentes de cultivos lícitos.

4.El Sr. Ferkal (Tamazgha) señala las contradicciones en la forma de proceder del Estado argelino, que, por una parte, ha declarado el amazigh idioma nacional mediante una modificación de la Constitución y, por otra parte, continúa su política de exclusión de dicho idioma en el conjunto del sistema administrativo y judicial del país. Pese a que el Gobierno ha anunciado medidas en favor de diferentes formas de expresión en idioma amazigh (teatro, canción, cine, literatura, prensa), no parece haber evolución alguna y no hay ninguna información disponible sobre los montos consignados a las asociaciones encargadas de defender estas iniciativas.

5.Asimismo, la alfabetización de las personas de idioma amazigh se lleva a cabo en árabe, lo que pone en evidencia una política de arabización de los amazigh: tan solo un 2,5% de los alumnos escolarizados en Argelia recibe educación en amazigh, y en Argel, en donde el amazigh es el idioma de más del 50% de la población, no se imparte educación en este idioma más que a 63 alumnos. Por ello, conviene suspender la ley de arabización en el país, en espera de su derogación, y modificar cuanto antes la Constitución de Argelia para que el amazigh figure en ella como idioma oficial.

6.El Sr. Tirado Meija pide que se confirme que en Cabilia los documentos en amazigh no se reconocen como documentos oficiales. Además, desea saber si la inclusión en la Constitución del amazigh como idioma nacional ha tenido algún efecto perceptible.

7.El Sr. Ferkal (Tamazgha) dice que aunque la incorporación del amazigh como idioma nacional constituye un verdadero avance, las cifras presentadas indican claramente que los esfuerzos del Estado argelino en favor de ese idioma son insuficientes. En lo que respecta a los documentos oficiales, la realidad es que, actualmente, el árabe sigue siendo el único idioma oficial del país y la ley de arabización favorece un verdadero imperialismo lingüístico del árabe.

8.La Sra. Rodríguez (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo) indica que, en Colombia, distintos parámetros (la desnutrición y la inseguridad alimentaria; el índice de población joven fuera del sistema educativo; la precarización de la situación laboral, especialmente de las mujeres; las desigualdades institucionalizadas en el sistema de salud; la persistencia de prácticas discriminatorias contra distintos grupos de la población) son muestras del alto grado de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población. La cifra sin precedentes de desplazados internos es el reflejo de una grave crisis humanitaria, y la adopción de medidas regresivas ha acentuado la concentración de las riquezas y ha propiciado la reducción del gasto en salud, educación y agua potable.

9.La salud pública muestra un alto deterioro evidenciado en el debilitamiento de la red hospitalaria, el retroceso en enfermedades tales como la tuberculosis, y la incidencia de la mortalidad materna y el bajo peso al nacer. La ausencia de una política pública de empleo y una en materia de alimentación refleja el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Gobierno de Colombia sigue aplazando de manera injustificada la instauración de la educación gratuita, siendo los únicos avances en este aspecto los derivados de políticas regionales. A la baja seguridad jurídica de la tenencia se suma un déficit cuantitativo de viviendas, la carencia de servicios básicos y la precariedad de los materiales de construcción. A pesar de la prohibición de los desalojos forzosos en el derecho internacional, esta práctica sigue siendo reiterada en Colombia.

10.Con la combinación de mecanismos legales e ilegales se ha concentrado la propiedad de la tierra en detrimento de las comunidades indígenas y de origen africano, y de las familias campesinas. Al no cumplir con la consulta previa con estas poblaciones, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la nueva política agraria, pero su perfil se mantiene latente en las intenciones del Gobierno nacional. En años recientes se han aprobado diversas normas que ponen en peligro el derecho al acceso a la propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas, exigiéndoles, por ejemplo, la sedentarización.

11.Además, es muy preocupante la persistencia de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra, práctica que continúa presentando altos niveles de impunidad. Al mismo tiempo, continúa un proceso creciente de feminización de la pobreza. Por último, algunas personas son víctimas de constantes actos de violencia en razón de su orientación sexual.

12.La Sra. Rodríguez (Comisión Colombiana de Juristas) dice que en virtud de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado colombiano tiene la obligación de abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas, deber que ha sido incumplido a juzgar por ciertos ejemplos. La Ley Nº 789 de 2002 afectó varias de las garantías reconocidas a los trabajadores por el Código Sustantivo del Trabajo, pues ha reducido sus ingresos modificando sus horarios de trabajo. Asimismo, las reformas constitucionales de 2001 y 2007 al régimen de transferencias de los recursos del presupuesto nacional a los presupuestos de los departamentos o regiones violaron los derechos a la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable, ya que disminuyeron considerablemente la financiación de estos servicios. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos ha supuesto un aumento de los estándares de protección de la propiedad intelectual, lo que, entre otras cosas, ha dificultado el acceso a los medicamentos, pues el precio de estos se incrementó en alrededor de un 40%.

13.La Comisión Colombiana de Juristas pide al Estado colombiano que dé cumplimiento a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Observación general Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa a la índole de las obligaciones estatales; que cumpla con los mandatos constitucionales que le ordenan dar prioridad al gasto público social y adoptar medidas afirmativas en beneficio de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, insta al Estado colombiano a que modifique la legislación laboral a través de un proceso que consulte con los diferentes interesados, en especial los trabajadores y las organizaciones sindicales; a que revise el actual régimen de transferencias de los recursos del presupuesto y a que retorne a la fórmula prevista en la Constitución de 1991, de manera que se garantice el crecimiento sostenido de los recursos que se trasladan a las regiones y se respete la descentralización administrativa; a que solicite al Comité el envío de una misión que le brinde asesoría en la implementación de estas recomendaciones, así como de las observaciones finales que resulten del examen del quinto informe periódico de Colombia.

14.El Sr. Rosado (Comisión Colombiana de Juristas) dice que a pesar de la ratificación hecha por el Estado colombiano de los principales tratados internacionales sobre los derechos laborales y de algunas disposiciones de la Constitución de 1991, Colombia vive la más dramática situación laboral del continente americano y, según cifras oficiales, la tasa de desempleo en 2009 fue del 12%.

15.Para evadir el cumplimiento de los derechos laborales, se ha adoptado una ley que autoriza la creación de cooperativas de trabajo asociado, que son bolsas de empleo que suministran fuerza laboral a empresas privadas y al Estado y cuyos trabajadores carecen de derechos y de la protección de las autoridades. Desde el año 2000, el número de estas cooperativas se multiplicó por tres y el número de sus trabajadores se quintuplicó, llegando a 540.000.

16.Las mujeres sufren más que los hombres la crisis del empleo, pues sus salarios se han mantenido por debajo de los de los hombres. Las madres comunitarias aún no son reconocidas como trabajadoras. Cinco de cada diez desempleados son jóvenes y la situación es más grave en el caso de las mujeres jóvenes, con una tasa de desempleo del 28%.

17.La persecución del sindicalismo y la violencia contra este persiste, al igual que la impunidad ante tales actos. El derecho a la negociación colectiva dejó de existir: entre 2008 y 2009 se negoció un 30% menos de convenciones colectivas. La tasa de sindicación en Colombia es la más baja de Latinoamérica.

18.La Sra. Suárez Franco (FIAN Internacional) dice que su organización apoya la elaboración de informes de monitoreo sobre la situación del derecho a la alimentación en varios países. En Colombia, un 41% de los hogares está en situación de inseguridad alimentaria, cifra que alcanza el 58,3% en las zonas rurales. El 45% de las mujeres en edad de gestación y el 33% de los niños menores de 5 años son anémicos. Esta situación nutricional tiene causas estructurales, entre las que destaca la distribución desigual del acceso a los recursos productivos. El Estado no ha adoptado medidas efectivas para superar la carencia de acceso a recursos por los más marginados. Por el contrario, la política de exportación agrícola ha favorecido a los más fuertes política y económicamente.

19.Los campesinos se encuentran indefensos ante los terratenientes, las empresas transnacionales y el crimen organizado. Algunos se ven forzados a asociarse con grandes empresarios, con todos los riesgos que esto genera en la producción o adquisición de alimentos y en las relaciones comerciales o laborales. La restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado es muy lenta y va acompañada, en ocasiones, de condiciones que, de ninguna manera, les garantizan el control de sus recursos. Al mismo tiempo, mediante medidas presentadas como de salud pública, el Estado ha prohibido la comercialización de algunos alimentos básicos en la dieta de los colombianos, como la leche y el pollo; como resultado de ello, esos productos ahora son menos accesibles económicamente y a algunas personas les resulta imposible comprarlos.

20.El Sr. Obregón (Coordinación Regional del Pacífico Colombiano) dice que los megaproyectos que afectan al territorio del Pacífico siguen avanzando, modificando a su paso los usos de la tierra, las costumbres y la vida de las comunidades. Las políticas del Estado priorizan las obras de infraestructura, poniendo en peligro los derechos económicos, sociales y culturales de la población. De especial preocupación son los proyectos de explotación de recursos energéticos, mineros, forestales y de biocombustibles. El 18% de los desplazamientos forzados se registraron en la región del Pacífico, siendo los colombianos de procedencia africana los más afectados. A esto se suma el problema de los monocultivos de la palma aceitera, actividad que si bien se plantea como un intento por fomentar el desarrollo y que ha sido promovida por el Estado, en muchas instancias ha sido emprendida sin consultar a las comunidades afectadas, mediante la usurpación ilegal de territorios colectivos.

21.Además, la construcción del canal Naranjo en 1973 produjo un aumento dramático del nivel del agua, dañando casas e infraestructura. Desde febrero de 2009 la comunidad no cuenta con agua potable. Ante tales condiciones, la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano pide al Comité que haga un seguimiento de la situación de las poblaciones de origen africano e indígenas en Colombia y que apoye las iniciativas de la población civil para realizar consultas previas que cumplan con las normas internacionales en el tema.

22.La Sra. Ojeda Jayariyu (comunidad indígena Wayuú de Wepiapaa) explica que ella y los miembros de la comunidad a la que pertenece se vieron obligados a abandonar Alto San Jorge, en la Sierra Nevada de Santa Marta, después de que en noviembre de 2005 unos paramilitares hicieran desaparecer a su tío, Oleotero Jayariyu. Fueron 36 las familias desplazadas, que actualmente están instaladas en el municipio de Dibulla, en el norte de Colombia. No tienen garantizados los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y a una vida digna. Los niños y niñas, las mujeres embarazadas y los lactantes se encuentran en condiciones muy precarias, que llegan al extremo de la desnutrición. La comunidad Wayuú de Wepiapaa valora el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y de Acción contra el Hambre, pero deplora que las entidades estatales no asuman sus responsabilidades. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no dará más desayunos infantiles. Los almuerzos escolares solo se dan de lunes a viernes y se suspenden en vacaciones.

23.La demanda fundamental de la comunidad de Wepiapaa es la reubicación y la concesión de un territorio en el que puedan realizar sus actividades económicas y productivas para vivir de manera autosuficiente. Asimismo, la oradora solicita que se garantice el derecho a la educación a los niños y niñas y que no se vean obligados a darles una educación occidental, como sucede actualmente. Las autoridades no quieren reconocer la escuelita que han organizado como centro etnoeducativo. La comunidad está vigilada por los grupos paramilitares, como reconoció la Defensoría del Pueblo en 2009. La comunidad Wayuú solicita, pues, al Comité que recomiende al Gobierno de Colombia que mejore las condiciones de vida de la comunidad, en particular, mediante la concesión de una reparación total y colectiva a las 36 familias afectadas, un territorio en el que puedan reubicarse y la garantía de sus derechos a la alimentación, la salud, la educación y demás derechos.

24.La Sra. Ortegón (Colectivo de Abogados − Federación Internacional de Derechos Humanos) observa que el nivel de garantía de los derechos económicos sociales y culturales en Colombia dista de alcanzar los parámetros del goce efectivo, y que las cifras, incluidas las oficiales, son muy cercanas a las de 2002. Ello muestra que varias de las recomendaciones del Comité han sido incumplidas, entre ellas, la realización de una reforma agraria integral, la garantía de los derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado, la reducción del desempleo y de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la reducción de inequidades en el sistema de salud y la garantía de una educación básica gratuita a nivel básico primario.

25.El Gobierno de Colombia ha adoptado medidas claramente regresivas que infringen el artículo 2 del Pacto. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitan al Estado colombiano el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las observaciones finales del Comité sobre el cuarto informe periódico (E/C.12/1/Add.74) y la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto. También han sometido al Comité cierto número de recomendaciones por escrito que solicitan se transmitan al Gobierno de Colombia.

26.El Sr. Alonso Vélez (Corporación Grupo Semillas) dice que Colombia es un importante centro de diversidad biológica y cuenta con una gran variedad de maíces criollos y de muchos otros cultivos que conservan y cultivan desde hace siglos los pueblos indígenas y los campesinos. Están demostrados los riesgos que genera la introducción en el territorio colombiano de semillas modificadas genéticamente, especialmente por la contaminación irreversible de las semillas criollas, los efectos adversos para la salud de los animales y, por ende, muy probablemente para la salud humana, así como por los efectos en el medio ambiente y la cadena alimentaria por vía del suelo y el agua. Existen pruebas científicas sobre la aparición de resistencia de las plagas de insectos en los cultivos transgénicos y de susceptibilidad de las malezas en los cultivos a ciertos herbicidas, lo que da lugar a la necesidad de aplicar productos más tóxicos.

27.Las decisiones del Gobierno de Colombia en materia de organismos modificados genéticamente se sustentan en estudios incompletos e insuficientes del Instituto Colombiano Agropecuario y de las empresas solicitantes, que no tuvieron en cuenta el concepto técnico emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de que se tomaron de forma unilateral, sin tener en consideración las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en materia de información y participación del público en el proceso de adopción de decisiones y la incorporación de consideraciones socioeconómicas.

28.Las políticas y prácticas gubernamentales en materia de organismos modificados genéticamente violan derechos de los pueblos indígenas, entre otros, el derecho a la libre determinación, a participar en las acciones para proteger su derecho a la propiedad, la cultura y un medio ambiente sano (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo), a la alimentación y a la salud.

29.Para concluir, el Sr. Alonso Vélez solicita al Comité que considere hacer las siguientes recomendaciones al Estado colombiano. En primer lugar, reconocer las pruebas científicas relativas a la amenaza de contaminación de las semillas criollas y los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, y establecer una moratoria total sobre las nuevas siembras de semillas modificadas genéticamente hasta que existan pruebas científicas de su completa seguridad e inocuidad. En segundo lugar, entregar al público información completa y veraz sobre los cultivos modificados genéticamente que se pretende liberar; y, en particular, realizar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas, como lo exigen las normas internacionales y nacionales vigentes. En tercer lugar, realizar estudios científicos, socioeconómicos y culturales para evaluar plenamente los riesgos e impactos generados por la liberación de semillas modificadas genéticamente que puedan afectar los derechos de todos los colombianos y especialmente de los pueblos indígenas y de origen africano; evaluar los resultados de estos estudios y tomar decisiones a la luz del principio de precaución, como lo exigen el derecho internacional y las leyes colombianas; permitir el acceso de todos los ciudadanos a los resultados de tales estudios y difundirlos. En cuarto lugar, revocar todas las autorizaciones expedidas para la introducción y liberación comercial de cultivos y alimentos modificados genéticamente en todo el territorio nacional, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos a la participación de todos los colombianos, y especialmente de los pueblos indígenas, en la toma de decisiones sobre la introducción de organismos modificados genéticamente. En quinto lugar, que las entidades del Estado y la normatividad vigente reconozcan el derecho que tienen los pueblos indígenas a declarar sus territorios libres de transgénicos y apoyar estas iniciativas ciudadanas mediante el seguimiento y la aplicación de esta decisión.

30.El Sr. Kerdoun desea saber cuál es el número exacto de desplazados en Colombia, pues las cifras de las que dispone difieren según la fuente. Más allá de la violencia, ¿cuáles son las razones esenciales de los desplazamientos?

31.El Sr. Schrijver , en referencia a la información de que las normas internacionales de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, pregunta a las ONG qué sucede cuando invocan directamente disposiciones del derecho internacional relativas a estas normas ante un tribunal colombiano.

32.La Sra. Bonoan-Dandan toma nota de que la mayoría de las observaciones finales del Comité sobre el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/1/Add.74) no tuvieron efecto alguno.

33.El Sr. Riedel desea saber cuál es el punto de vista de las ONG acerca del empleo de la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres y los niños como estrategia de guerra. Asimismo, se pregunta qué medidas han adoptado las autoridades para proteger los edificios escolares de la ocupación por grupos armados y para resolver la interrupción de las clases a que dan lugar dichas ocupaciones.

34.El Sr. Sadi pregunta a las ONG qué medidas prioritarias desearían que el Comité recomendase al Gobierno de Colombia. En cuanto a los desplazados como resultado de un conflicto armado, quisiera saber qué esperan exactamente las ONG del Gobierno colombiano, que está en guerra contra los grupos ilegales.

35.La Sra. Ortegón (Colectivo de Abogados − Federación Internacional de Derechos Humanos), en respuesta a la pregunta sobre el número de desplazados, reconoce que existen discrepancias importantes entre las cifras oficiales y las cifras de las ONG, aunque ambas son muy elevadas. Este año, el Gobierno de Colombia informó de unos 110.000 desplazados y las ONG, del doble; la diferencia se debe a que, como el propio Gobierno ha admitido, las cifras no toman en cuenta algunas categorías de personas.

36.Con respecto a la debilidad del sistema de protección de los desplazados, la Corte Constitucional manifestó que la situación de esas personas es inconstitucional; asimismo, dejó constancia de que el Gobierno había incumplido sus obligaciones al respecto y ordenó que se tomasen medidas concretas. Tras este fallo, pronunciado en 2004, la Corte ha hecho un seguimiento de la situación y ha adoptado otras decisiones relativas a casos de desplazamiento de poblaciones, en particular las poblaciones de origen africano y los pueblos indígenas, y especialmente las mujeres, en las que confluyen los factores del desplazamiento y la violencia sexual. Las políticas públicas no lograron crear un sistema capaz de prevenir estos desplazamientos; además, se trata de políticas de ayuda de emergencia a corto plazo que no garantizan a la larga —y, por ende, violan— el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. de las poblaciones, que la Corte Constitucional declaró víctimas de discriminación.

37.Las autoridades también han adoptado una política de retorno que, en opinión de las ONG, depende de la restitución de sus tierras y de sus bienes a las poblaciones desplazadas. Esta necesidad remite a la causa de los desplazamientos, que evidentemente son imputables, ante todo, al conflicto armado, pero también a un conflicto social y al expolio de tierras para llevar a cabo ambiciosos proyectos industriales, turísticos o mineros, del que son víctimas unos 4 millones de personas.

38.La Sra. Rodríguez (Comisión Colombiana de Juristas) explica que la Corte Constitucional de Colombia es un ejemplo no solo para los sistemas judiciales de América Latina, sino también para otros sistemas, en razón de su doctrina fundada en la armonización sistemática de las normas internacionales de derechos humanos, los derechos constitucionales y el derecho aplicable. Esta doctrina resulta muy útil cuando el derecho interno vulnera los derechos humanos o cuando no es claro y hay que remitirse a las normas internacionales en la materia y a las recomendaciones del Comité.

39.En cuanto a las listas de prioridades que han de presentarse al Gobierno, las ONG consideran que las políticas deben concentrarse en las personas vulnerables y no en un pequeño grupo de pudientes, que deben poner fin a la ayuda que crea dependencia y dotar a las personas de medios para tomar las riendas de su destino.

40.El Sr. Rosado (Comisión Colombiana de Juristas) agrega que la redistribución de las riquezas también debe figurar entre las prioridades, pues si bien Colombia ha registrado un crecimiento importante durante los últimos años, el empleo en el sector formal no ha aumentado. Los gastos militares de Colombia, los más elevados de América Latina, son otra cuestión preocupante.

41.El Sr. Rosado dice que otro tema prioritario es la agravación de las desigualdades en los últimos años. Las políticas llevadas a la práctica no han contribuido a la redistribución de las riquezas. Los cinco años de continuo crecimiento económico hasta 2008 no se tradujeron en una reducción de la pobreza ni en un aumento del empleo formal. Los otros temas que preocupan a la Comisión Colombiana de Juristas son principalmente: las políticas centradas en la asistencia, que no ayudan a la población a salir de la pobreza y que se limitan a la asignación de pequeñas cantidades para sobrevivir; los elevados gastos militares en proporción al producto interno bruto, que sitúan a Colombia en el segundo o tercer lugar mundial a ese respecto y en el primero de la región; y la falta de políticas que promuevan el empleo formal y de políticas progresistas en el sector de la salud.

42.El Sr. Yip Tong (Collectif Urgence Toxida) dice que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mauricio se encuentra actualmente en el segundo lugar del mundo en el consumo de opiáceos. Ello se traduce en un nivel alarmante de infecciones por VIH/SIDA, cuatro veces más alto que el de un país como Francia. El Collectif Urgence Toxida representa a ONG de lucha contra el VIH/SIDA y de prevención de la toxicomanía. Actualmente está llevando a cabo un programa de prevención de los riesgos y de administración de tratamientos a base de metadona. El Gobierno de Mauricio es consciente del carácter urgente de la situación y ha aprobado un marco legal que regula los programas de intercambio de jeringas y de tratamiento a base de metadona.

43.Los estupefacientes tienen consecuencias en toda la economía. Para reducir la demanda, es indispensable abordar el problema desde la perspectiva social mediante la mejora del acceso a la educación y a las actividades recreativas. Al aumento del consumo se une un incremento espectacular de la delincuencia, lo que puede repercutir en el turismo. El Sr. Yip Tong lamenta la postura favorable al restablecimiento de la pena de muerte para los traficantes sostenida por el Primer Ministro saliente en el contexto de las próximas elecciones legislativas. Esa medida no resolvería el problema de la delincuencia vinculada al tráfico de drogas. Habría menos estupefacientes y estos se encarecerían, por lo que el tráfico resultaría aún más lucrativo. También enviaría un mensaje erróneo al resto de África, en donde se consideran ejemplares los programas de asistencia a los toxicómanos de Mauricio.

44.La Sra. Terlikbayeva (Global Health Research Center of Central Asia) dice que en Kazajstán hay cerca de 174.000 toxicómanos. Aún prevalece el planteamiento clásico de los antiguos países de la URSS, que tiende a considerar a los toxicómanos como delincuentes, y a proporcionarles un acceso limitado a tratamientos de substitución. Global Health Research Center of Central Asia preconiza el empleo de tales tratamientos, que son más humanos y eficaces. Gran número de toxicómanos no logra abandonar el consumo en razón de sus condiciones de vida o de su estado de salud, debilitado por enfermedades o problemas psíquicos. Es de suma importancia que los médicos tengan acceso a este sector de la población. En ocasiones, el estado de salud de algunos de estos pacientes está tan deteriorado que, cuando los médicos intervienen, ya es demasiado tarde para salvarlos. La muerte por sobredosis es una de las principales causas de mortalidad de los toxicómanos, en especial entre los jóvenes. Los programas de ayuda a los toxicómanos en Kazajstán aún son muy limitados. La obligación de inscribir a los toxicómanos los disuade de declarar que lo son por miedo a las autoridades e impide a los médicos trabajar serenamente. Esta situación dificulta la administración de un medicamento para el tratamiento de las sobredosis como la naloxona, muy seguro y fácil de utilizar, y que permite salvar vidas. Global Health Research Center of Central Asia recomienda que se elimine la obligación de inscribir a los toxicómanos y que se los informe de la existencia del tratamiento con naloxona para prevenir la muerte por sobredosis.

45.El Sr. Dawoodzei (Bureau for Reconstruction and Development) dice que la misión de la ONG que representa es reforzar las capacidades de la sociedad civil en materia de promoción de los derechos humanos y actualmente apoya la creación de redes de defensa de los derechos humanos impulsadas por la sociedad civil en seis provincias del Afganistán. Como consecuencia de la debilidad e ineficacia del Gobierno, en los últimos años se han perdido varias oportunidades de promover los derechos económicos y sociales vinculados, en particular, a la participación de la comunidad internacional en el proceso de reconstrucción. Pobreza, desempleo y subdesarrollo: son múltiples las dificultades del país. Aun cuando las obligaciones de los Estados partes en el Pacto son progresivas y van en función de los recursos disponibles, el Estado no debe escudarse en el pretexto de la insuficiencia de recursos para justificar la negligencia y la falta de acción.

46.El actual marco jurídico para hacer efectivos los derechos económicos y sociales se basa principalmente en el Pacto y en la Constitución afgana, complementados por los Objetivos del Milenio y la estrategia nacional de desarrollo. El marco crea ciertas obligaciones para el Gobierno afgano, que debe proteger los derechos de los ciudadanos, promover la seguridad social y un nivel de vida suficiente, permitir a los repatriados y a los desplazados reintegrarse en la sociedad, proteger la vida familiar y garantizar servicios de educación y de salud. El Gobierno del Afganistán atribuye a la creciente inseguridad el hecho de que los ciudadanos se vean privados de sus derechos económicos y sociales, pero la dificultad de las condiciones de vida también es una causa importante de inseguridad en todo el país. No puede vencerse la insurrección armada con medios exclusivamente militares; para mejorar la situación de seguridad, el Gobierno del Afganistán y la comunidad internacional también deben preocuparse del desarrollo socioeconómico y de la mejora de las condiciones de vida de los afganos.

47.Aun cuando el Gobierno del Afganistán ha tomado medidas para lograr el Objetivo del Milenio sobre la eliminación de la pobreza y ha presentado un informe al respecto, no ha cumplido los compromisos que adquirió con las poblaciones locales cuando aprobó la estrategia nacional para el desarrollo, en 2007. Si bien hay múltiples factores que impiden al Estado cumplir con las obligaciones previstas en el Pacto, la falta de una sociedad civil dinámica, capaz de pedirle cuentas al Estado y de instarlo a cumplir con sus obligaciones convencionales, también constituye un factor importante. Además de la carencia de medios y recursos, la sociedad civil afgana no cuenta con apoyo suficiente por parte de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional. Otro obstáculo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe aprobar toda actividad relacionada con los derechos humanos, lo que impide a los defensores de estos derechos realizar su trabajo libremente.

48.El Sr. Sadi solicita más información sobre las causas de los problemas relacionados con los estupefacientes que existen en la actualidad en Mauricio y Kazajstán.

49.El Sr. Yip Tong (Collectif Urgence Toxida) dice que, según un estudio realizado por su asociación, el fenómeno se debe, en primer lugar, a que el tráfico de estupefacientes permite ganar con facilidad cantidades importantes de dinero. La segunda razón es de carácter social. Si bien los sectores más pobres de la población fueron los primeros afectados, actualmente el problema afecta a todas las clases sociales. Por último, isla Mauricio es lugar de tránsito para el tráfico de estupefacientes provenientes de países productores, como el Afganistán y el Pakistán, destinados a África y Europa.

50.La Sra. Terlikbayeva (Global Health Research Center of Central Asia) dice que el fenómeno ha cobrado magnitud porque el tráfico de estupefacientes hacia Rusia y Europa pasa por Kazajstán. La crisis económica, el desempleo y la crisis de los años noventa que siguió a la desintegración de la URSS también favorecieron el aumento del consumo de estupefacientes.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.