COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 35ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el viernes 7 de noviembre de 2008, a las 10.00 horas.
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
Examen de los informes (continuación)
a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Informe inicial de Kenya (continuación)
La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un único documento que se publicará poco después del período de sesiones.GE.08-44964 (EXT)Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES (continuación)
a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOSARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
INFORME INICIAL DE KENYA (continuación) (E/C.12/KEN/1; E/C.12/KEN/Q/1 y Add.1)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Kenya toman asiento a la mesa del Comité.
El PRESIDENTE invita a la delegación de Kenya a reanudar el intercambio de opiniones con el Comité, en particular sobre los artículos 6 a 9 del Pacto.
La Sra. KARUA (Kenya) dice que las estadísticas facilitadas el día anterior son de la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, una organización no gubernamental (ONG) distinta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya.
La Sra. ONUKO (Kenya) aborda varias preguntas sobre cuestiones laborales. El Gobierno reconoce que la mayor parte de las nuevas oportunidades de empleo corresponden al sector no estructurado y trata de garantizar que se ofrezcan empleos decentes. El Ministerio de Trabajo ha adoptado diversas medidas para regularizar el sector no estructurado; entre otras cosas, anima a los trabajadores, en particular los del servicio doméstico y del sector no estructurado, a incorporarse a planes de seguridad social y salud u organizar dichos planes mediante instituciones de microfinanciación, y además a garantizar sus remesas mediante esas instituciones. Aunque la legislación en materia de empleo puede ser difícil de aplicar en el sector no estructurado, el Ministerio procura permitir a los empleadores ajustarse progresivamente a los requisitos legales relativos a la remuneración y las condiciones de trabajo. También alienta a los grupos cooperativos a difundir conocimientos sobre la legislación laboral e impartir formación en el sector no estructurado, a fin de promover ulteriormente el cumplimiento de la ley.
Con respecto a las disparidades de los ingresos entre hombres y mujeres, su país ha ratificado siete de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios fundamentales del derecho al trabajo. Esos convenios están organizados en torno a los cuatro temas de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la eliminación de la discriminación y el derecho a la igualdad, la eliminación del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso. Además, en 2001 Kenya ratificó el Convenio núm. 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, que se incorporó a la legislación en diciembre de 2008. Kenya es consciente de las disparidades de género y está abordando las cuestiones planteadas por los tratados que ha ratificado. El citado Convenio se está aplicando y los hombres y las mujeres reciben igual remuneración por el mismo trabajo. En su país se anima a las mujeres a trabajar; se está promoviendo la igualdad de oportunidades de empleo y se han derogado las leyes que impiden la participación efectiva de la mujer en el mercado laboral.
Un grupo de trabajo del Gobierno ha examinado y actualizado de manera coordinada y efectiva las disposiciones laborales, con la asistencia de un consultor de la OIT. La legislación laboral anterior se sustituyó en 2007 por cinco nuevas leyes, a saber, la Ley de empleo, la Ley de relaciones laborales, la Ley de prestaciones por accidentes de trabajo, la Ley de higiene y seguridad en el trabajo y la Ley de instituciones laborales.
En la nueva legislación laboral se redefine la cuestión de la precariedad de la mano de obra y ahora se incluyen cláusulas sobre el trabajo forzoso, la protección de los niños, la discriminación basada en el VIH/SIDA y la discapacidad, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, las peores formas de trabajo infantil y las cuestiones relativas a la indemnización por despido, la protección de la maternidad y los pagos por paternidad.
En la Ley de instituciones laborales, que aborda la administración de las relaciones laborales, se establecen fortalecen las diversas instituciones surgidas del nuevo derecho laboral. Entre otras cosas, se estipula el mandato permanente de los jueces de los tribunales laborales y la transferencia de la oficina del Registro de Sindicatos al Ministerio de Trabajo. En la Ley de relaciones laborales se establecen plazos específicos para la resolución de las controversias comerciales, a fin de aumentar la transparencia y la eficacia. También se facilita el acceso directo de las personas al tribunal laboral y se agiliza ulteriormente el registro de los sindicatos y de las organizaciones y federaciones de empleadores. La Ley de prestaciones por accidentes de trabajo aumenta las indemnizaciones y amplía la cobertura del seguro de accidentes y de enfermedades relacionadas con el trabajo a todas las categorías de trabajadores y garantiza la indemnización en el caso de que el empleador sea insolvente. La Ley de higiene y seguridad en el trabajo alienta a los empresarios a establecer objetivos de seguridad accesibles y promover la educación y formación, con objeto de fomentar una cultura de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Su país ha realizado progresos satisfactorios con respecto a las medidas coercitivas. Está en proceso de creación la Junta Nacional del Trabajo y se mantiene el diálogo con los interlocutores sociales. La nueva legislación laboral esta en vigor, aplicada por inspectores de trabajo, y se ha ratificado el Convenio núm. 144 de la OIT sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo).
Su Ministerio realiza inspecciones en las zonas francas industriales (ZFI) desde 2003, tras varias huelgas ilegales, que dieron lugar a la aclaración de las responsabilidades respectivas del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Trabajo. A partir de 2007, las ZFI se han clasificado de la misma manera que cualquier otro lugar de trabajo con arreglo a la Ley de higiene y seguridad en el trabajo. Las inspecciones son ahora más selectivas y específicas. En 2007/08 se realizaron más de 8.000 inspecciones en las ZFI y hay previstas otras 13.200 para 2008/09. Los sindicatos están reconocidos por las administraciones de las ZFI, y la oradora indica que facilitará estadísticas actualizadas sobre los conflictos sindicales solucionados desde 2003.
Su Gobierno no ha considerado necesario ratificar el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, a la vista de la carta de relaciones laborales existente, que consiste en un memorando de entendimiento entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, con arreglo al Convenio núm. 144 de la OIT. La carta, en la que se fijan las funciones y responsabilidades de todas las partes, ha hecho posibles unas relaciones laborales pacíficas. En virtud de la carta, los sindicatos se constituyen en función de la industria más que de la ocupación. Las cuestiones que se abordan en la carta están en conformidad con el Convenio núm. 87 de la OIT y han entrado a formar parte de la legislación interna. En virtud de la carta, los empleadores y los empleados gozan de libertad sindical y elaboren sus propias normas y constituciones; la función del Ministerio es puramente fiscalizadora.
Con respecto a los derechos de los sindicatos, todos deben estar afiliados a la organización sindical central y asociarse libremente en ella. El Sindicato de Funcionarios Públicos de Kenya se canceló del registro, pero posteriormente se reintegró en 2003. En virtud de la legislación vigente, una parte agraviada puede recurrir la decisión del Registro de Sindicatos en un plazo de 30 días. Todos los asuntos relativos a cuestiones laborales se tramitan en el tribunal laboral.
Aunque en virtud de la antigua Ley de conflictos de trabajo todas las huelgas eran ilegales, el artículo 76 de la nueva Ley de relaciones laborales protege las huelgas y los cierres patronales. La huelga se debe notificar al Ministro con siete días de antelación, período en el que cualquier parte agraviada puede recurrir al tribunal laboral. El artículo 78 de la nueva Ley prohíbe las huelgas que no se ajusten a los requisitos jurídicos. Además, la nueva Ley transfiere el proceso de desconvocatoria de una huelga al tribunal laboral. Por otra parte, se exige a los empleadores de las ZFI la redacción de una declaración normativa sobre la manera de afrontar el hostigamiento sexual. El Ministerio prevé que podrá confirmar algunas de las normas que está elaborando a ese respecto.
Su país no está en condiciones de proporcionar servicios sociales o pensiones no contributivas de ancianidad a cargo del Estado, pero tiene intención de establecer un fondo consolidado de protección para los ancianos y las personas vulnerables como parte de su estrategia de erradicación de la pobreza. Se ha creado un fondo no contributivo de protección para los huérfanos y los niños vulnerables. El Fondo Nacional de Seguridad Social es un fondo de previsión para los trabajadores del sector estructurado, en el también se trata de incluir a los sectores no estructurado y del servicio doméstico. Recientemente se ha decidido que todos los trabajadores reciban su pensión a los 55 años de edad, salvo en circunstancias especiales, puesto que es necesario asegurarlos en la ancianidad. El Gobierno no puede denegar los derechos de pensión, aunque los funcionarios públicos despedidos sumariamente la puedan perder.
El Sr. GITAU (Kenya), en respuesta a una pregunta sobre la manera de incorporar a las personas desplazadas en el interior del país al mercado laboral, dice que se han adoptado varias medidas, entre ellas la reubicación. La mayoría de dichas personas que están en los campamentos trabajan en la agricultura, y es mucho lo que se ha hecho mediante un programa nacional de reasentamiento para permitirles reanudar la actividad económica en explotaciones. Las personas desplazadas en el interior del país que buscan empleo en el sector público reciben el mismo trato que los demás ciudadanos kenianos y no sufren discriminación, estando debidamente informadas de los puestos vacantes.
En respuesta a una pregunta sobre el desempleo, dice que el Gobierno recopila datos por medio de la Enumeración anual de asalariados y trabajadores independientes, que realiza la Oficina Nacional de Estadística de Kenya al final del ejercicio económico en cooperación con las oficinas laborales provinciales y de distrito. Los datos se recopilan utilizando una serie de subcategorías para los sectores estructurado, no estructurado, público y privado: por ejemplo, agricultura y silvicultura y edificación y construcción. El Gobierno encuentra dificultades para recopilar datos exhaustivos sobre el empleo, dado que la mayoría de la población de Kenya está empleada en actividades agrícolas en pequeña escala en el medio rural y que esos trabajadores a menudo no están incluidos en los mecanismos de seguimiento establecidos por ley; por ejemplo, la mayoría no pagan impuestos y no están registrados en la seguridad social o el Fondo Nacional de Seguridad Hospitalaria (NHIF). Sin embargo, en el Plan a plazo medio se han adoptado disposiciones para organizar un sistema integrado de datos que permita mejorar la recopilación, elaboración y análisis de la información.
Sobre la petición de cifras relativas al empleo, dice que entre 2003 y 2007 se crearon 2.376.700 nuevos empleos: 486.900 en 2003, 474.300 en 2004, 469.000 en 2005, 471.800 en 2006 y 474.700 en 2007.
En respuesta a una pregunta sobre los beneficios del turismo para Kenya, dice que los beneficios fundamentales son los ingresos y la creación de empleo, sobre los que facilita datos resumidos para el período de 2002 a 2006. Los datos ponen de manifiesto que el número de llegadas de turistas aumentó de manera constante, pasando de un millón en 2002 a 1,57 millones en 2006, que los ingresos procedentes del turismo se elevaron de 24.000 millones de chelines kenianos en 2002 a 56.000 millones de chelines en 2006 y que el número de empleos creados cada año en la industria de turismo pasó de 151.400 en 2002 a 179.600 en 2006. Las cifras de 2007 son todavía provisionales.
Además, presenta datos de 2004 sobre el porcentaje de mano de obra femenina en las distintas bandas de ingresos mensuales, que va del 16% de mujeres entre todos los trabajadores que ganan menos de 2.000 chelines kenianos, la banda salarial más baja, al 35,2% entre los que ganan 30.000 chelines kenianos o más, que es la banda salarial más alta.
La Sra. NJAU KIMANI (Kenya), en respuesta a una pregunta sobre si la política del Gobierno consiste en orientar el programa de estudios de la enseñanza hacia las necesidades del mercado, dice que el sistema educativo está estructurado para ser de utilidad, de manera que los estudiantes reciban las competencias y las calificaciones profesionales que necesitan en el mercado laboral, cubriendo al mismo tiempo otras necesidades de desarrollo y sociales. El sistema se concentraba antes demasiado en la preparación de los estudiantes para el trabajo de oficina, y las reformas del sector de la educación se han formulado para garantizar un equilibrio entre las necesidades del mercado laboral y otras necesidades de desarrollo y sociales. Todavía no se ha alcanzado el equilibrio perfecto, pero es esencial que Kenya mantenga su nivel educativo, ya que no solo imparte formación a los kenianos, sino que se ha convertido en un centro de formación elegido por muchas personas de la región del África central y oriental.
La Sra. KARUA (Kenya) dice que el Estado parte tiene intención de introducir una modificación en el proyecto de ley de finanzas que se está examinando ahora, para suprimir la exención de las ZFI de la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. El objetivo último del Estado parte es conseguir la seguridad social para todos, pero por el momento no es posible. Se están examinando las políticas para garantizar que la mayor parte de los beneficios derivados de la industria del turismo reviertan en los nacionales kenianos y no las agencias de viajes extranjeras, como ocurre ahora.
La Sra. BR A S GOMES explica que su información sobre los ingresos mensuales medios procedía de dos fuentes: en primer lugar, en un informe de Human Rights Watch (Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos) de 2003, titulado " Double Standards: Women’s Property Rights Violations in Kenya", se afirmaba que los ingresos medios de las mujeres eran menos de la mitad de los que percibían los hombres; en segundo lugar, y en fecha más reciente, en un informe sobre el país del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado en 2007 se señalaba que los ingresos mensuales medios de las mujeres eran dos tercios de los que percibían los hombres.
Solicita más información sobre las prestaciones del Fondo Nacional de Seguridad Hospitalaria. Toma nota de las observaciones del Estado parte de que tiene previsto aumentar la cobertura del Fondo al sector no estructurado y recuerda su propuesta, planteada en la sesión anterior, de que se estudie la posibilidad de retirar la sanción a las personas que no efectúan sus pagos a tiempo, ya que tiene repercusiones especiales en quienes carecen de ingresos fijos, y su eliminación haría más accesible el Fondo al sector no estructurado.
Pregunta si se está trabajando para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima) y el Convenio núm. 103 de la OIT sobre la protección de la maternidad (revisado), y si el Estado parte tiene previsto ratificar esos instrumentos en un futuro próximo.
Observando que el Estado parte ha decidido basar los incrementos del salario mínimo en la productividad, pregunta por qué no ha habido ningún aumento desde 2005. Dado que el salario mínimo no es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado, es importante subirlo todos los años, por pequeño que sea el aumento.
El Sr. MULESHE (Kenya) dice que el NHIF, que se creó mediante una Ley de 1966, en la actualidad solamente abarca la población trabajadora. El Fondo cubre las comidas y el alojamiento durante el tratamiento hospitalario, pero no la atención médica como tal. Con el fin de corregir la situación, en la que el ciudadano normal tiene desventaja por verse obligado a sufragar el 53% de los gastos, se elaboró una propuesta de Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad, que cubriría todos los gastos, y se presentó un proyecto de ley al Parlamento. Sin embargo, el proyecto de ley no se aprobó debido a varios problemas, como la oposición del sector privado y el bajo nivel de reembolso a los suministradores de servicios. El Gobierno actual está examinando el proyecto de ley y proyecta presentarlo de nuevo al Parlamento. Los empleadores y los trabajadores contribuirán al nuevo fondo en una proporción de dos a uno y el Gobierno se hará cargo de las contribuciones de las personas desempleadas.
La Sra. ONUKO (Kenya), en respuesta a una pregunta acerca de la ratificación de los Convenios núms. 102 y 103, dice que hay planes para remitir el asunto a la Junta Nacional del Trabajo, que determinará si hay financiación suficiente para ratificarlos.
En respuesta a una pregunta sobre el salario mínimo, dice que el órgano creado para examinar la mejor manera de medir la productividad y para preparar un mecanismo de aumento del salario mínimo tiene que presentar su informe antes del final del año. Se están realizando campañas de sensibilización para animar a la población a aumentar su nivel de productividad. Es de esperar que el mecanismo se aplique pronto y que el salario mínimo registre un aumento suficiente para compensar la falta de incremento desde 2005.
La Sra. KARUA (Kenya) reconoce que la política salarial presente es imperfecta. El Estado parte se está esforzando por garantizar que salario mínimo sea suficiente a fin de permitir a la población vivir con dignidad. Con respecto al NHIF, dice que, dado que la atención de pacientes externos es accesible y asequible, el Fondo solamente cubre el tratamiento hospitalario y especializado. Es de esperar que, mediante el examen del proyecto de ley sobre el nuevo fondo del seguro de enfermedad en el Parlamento, se pueda conseguir un servicio de salud que sea aplicable a todos los tipos de tratamientos y a todos los ciudadanos, y no solo a los que tienen un empleo.
El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones y preguntas relativas a los artículos 10 a 12 del Pacto.
El Sr. ATANGANA, en relación con la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño en enero de 2007 porque no siempre se registran los nacimientos, especialmente en las zonas rurales, debido a factores como la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio o hacia los padres no kenianos, y a pesar de la legislación que exige el registro, pregunta si ha mejorado la situación. Observa que el Estado parte no ha proporcionado estadísticas relativas a la violencia doméstica, como se le pidió a la pregunta 22 de la lista de cuestiones, y pide que lo hagan en la presente sesión, o bien en el segundo informe periódico. Solicita más información relativa a la pregunta 28 de la lista de cuestiones, sobre la explotación sexual y la trata de niños, puesto que la respuesta por escrito consistió en una lista de leyes, sin ninguna explicación de sus disposiciones. Recordando que el Comité de los Derechos del Niño señaló en 2005 que la edad de responsabilidad penal era la de ocho años, desea saber si se ha aumentado dicha edad.
El Sr. PILLAY, observando el elevado número de niños que sufren de malnutrición y la importante proporción de niños, mujeres y personas con discapacidad entre quienes viven en la pobreza, pregunta si el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza está dirigido específicamente a esos grupos desfavorecidos. Señala que al parecer hay una vinculación directa entre la vida en la pobreza y la carencia de tierras, especialmente en el caso de las mujeres y las personas con discapacidad, debido a prejuicios asociados con esos grupos, por lo que pregunta si el Gobierno ha adoptado algún enfoque de derechos humanos para combatir la pobreza y si se han incorporado los derechos económicos, sociales y culturales al Documento de estrategia de lucha contra la pobreza.
Tras expresar su decepción porque el Estado parte se ha limitado en su informe a señalar que la demanda de viviendas supera con mucho la oferta, pide que en el segundo informe periódico se facilite más información sobre las viviendas que hay, el déficit de viviendas y el número de viviendas sociales que se están construyendo. Observando el enorme déficit de oferta de viviendas, dado que el 70% de la población urbana vive en asentamientos precarios o en barrios marginales, y recordando la definición de barrio marginal que dio el Relator Especial sobre la vivienda adecuada, comenta que, por lo que respecta al nivel de vida de los habitantes de los barrios marginales, la situación es desoladora. No deja de ser irónico que Kibera, el mayor barrio marginal de Nairobi, carezca de acceso al agua a pesar de estar al lado de un campo de golf que cuenta con riego. Con respecto a los desalojos forzosos, señala que el Estado parte no explicó en su respuesta por escrito a la pregunta 1 de la lista de cuestiones los informes que indican que las autoridades incumplen deliberadamente los mandamientos judiciales obtenidos por los residentes contra los desalojos forzosos. Observando que en el informe se comenta que los desalojos forzosos han sido mínimos, o incluso que ya no los hay, pero que él tiene datos de 2007 relativos al desplazamiento de miles de familias a las que no se ofreció un alojamiento alternativo o una compensación, por lo que quedaron sin hogar, pide que en el segundo informe periódico figure información sobre el alcance del fenómeno de las personas sin hogar, con inclusión de datos desglosados. Pregunta, mostrando su perplejidad, por qué el Gobierno no ha publicado todavía directrices sobre los desalojos forzosos, a pesar de que se comprometió a hacerlo ante el Comité de Derechos Humanos en 2005, dado que se trata de un proceso sencillo: es posible basar las directrices en el contenido de la Observación general núm. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicarlas en un aviso general y que se encargue luego de aplicarlas el Ministerio de Tierras. Dichas directrices permitirían reducir considerablemente el problema de los desalojos forzosos que se llevan a cabo sin las debidas garantías procesales y sin consulta y/o aviso previos. Si bien es cierto que en algunos barrios marginales se han introducido mejoras, las viviendas construidas están destinadas a grupos de ingresos medianos, y no a los habitantes de dichos barrios: pregunta si se construirán viviendas sociales para ese grupo marginado y desfavorecido. Al constatar que el Relator Especial sobre la vivienda adecuada informó de que la falta de respeto y protección por parte de diversos gobiernos del derecho a la vivienda adecuada, especialmente para los sectores más pobres de la sociedad, se vio acentuada por factores como la corrupción, la mala administración de los recursos y el aumento de las tasas de pobreza, expresa la esperanza de que el nuevo Gobierno acepte el enorme reto de ocuparse del problema de la vivienda en Kenya.
El Sr. RIEDEL observa que en la reserva presentada por Kenya en 1976 con respecto al artículo 10 se utilizó una redacción que indicaba que sería temporal y pide que se aclare por qué el Estado parte ha mantenido esa reserva, solicitando que se retire. En cuanto a los artículos 11 y 12, dice que, si bien el Estado parte facilita información detallada sobre los programas encaminados al suministro de agua potable, es poco lo que se ha dicho acerca del efecto práctico de dichos programas. En el barrio marginal de Kibera, en Nairobi, al parecer más del 70% de los hogares dependen de quioscos de agua, que la proporcionan a precios elevados, y apenas un 4% tiene una fuente fiable de agua corriente potable. ¿Se aborda este problema en alguno de los programas del Gobierno? La falta de atención sanitaria materna contribuye a la elevada tasa de mortalidad materna. La prevalencia del VIH/SIDA es casi el doble en las mujeres que en los hombres y es particularmente grave en determinadas provincias. A menudo se carece de tratamiento antirretrovírico. Si bien el Comité es consciente de las limitaciones económicas que afronta Kenya, los países vecinos se encuentran con problemas análogos, pero actúan en contra del VIH/SIDA con más eficacia. Se informa de una tasa muy elevada de retraso del crecimiento y malnutrición entre los niños, y la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años va en aumento. ¿Qué está haciendo el Gobierno para combatir el VIH/SIDA y para mejorar el estado nutricional de los niños? El Gobierno debería incluir ejemplos más concretos en sus informes futuros, entre otras cosas dando datos desglosados por años y listas de logros específicos, en lugar de limitarse a enumerar los programas aprobados para hacer frente a los problemas del país.
La Sra. WILSON observa que, según el informe inicial, la Ley sobre la infancia prohíbe el trabajo infantil y el Gobierno ha adoptado medidas para combatirlo. ¿Qué repercusiones han tenido esas medidas? ¿Ha sido alguien objeto de un enjuiciamiento penal por emplear a niños? ¿Qué sanciones se impusieron? A pesar de la existencia de leyes que prohíben la discriminación basada en el VIH/SIDA, hay informaciones que indican que se estigmatiza, se segrega y se niega el tratamiento, incluso en los hospitales, a las mujeres y los huérfanos que han contraído la enfermedad. La delegación debe comentar esa situación, que evidentemente preocupa al Comité.
La Sra. BONOAN-DANDAN dice que el Comité ha recibido información según la cual el 26% de los niños kenianos trabajan, y en las zonas de la costa hasta el 30% de las muchachas de más de 12 años se dedican a la industria del sexo, en general con jornada completa. ¿Tiene el Gobierno algún programa para combatir ese fenómeno? Muchos niños sufre de malnutrición aguda, especialmente en la Provincia Nordoriental, y la malnutrición crónica y el retraso del crecimiento son prevalentes en todo el país, incluido Nairobi. Según algunos informes, hay hasta 380.000 personas desplazadas que viven en condiciones desastrosas en el país. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha señalado que, debido a que la población indígena suele vivir en zonas remotas que carecen de servicios médicos, en general no disponen de atención primaria de salud. La mortalidad infantil es elevada y la atención materna inexistente. El Instituto de Investigaciones Médicas de Kenya ha propuesto legislación para abordar esos problemas. ¿Se está examinando su propuesta? A pesar de la encomiable labor que se lleva a cabo en el marco de la política de salud reproductiva y desarrollo de los adolescentes, que se concentra en la educación de la salud sexual y reproductiva, el Comité ha recibido informes que indican que los jóvenes tienen dificultades para obtener anticonceptivos e información sobre el sexo seguro. Aunque la mutilación genital femenina está prohibida desde 2001, su práctica sigue estando generalizada, sobre todo en determinadas zonas rurales y entre algunos grupos étnicos. Agradecería que se le diera información sobre las medidas que se están adoptando para que los anticonceptivos estén más fácilmente disponibles y para combatir la práctica de la mutilación genital.
La Sra. BARAHONA RIERA pregunta si el Gobierno ha adoptado alguna medida específica para eliminar la discriminación de género con respecto al derecho de propiedad y el derecho a la tierra, especialmente para las viudas, y legislación sobre la herencia y el divorcio, y qué medidas disuasorias ha tomado con respecto a la práctica de la poligamia. Aunque Kenya tiene una Ley de delitos sexuales, en ella no figuran disposiciones específicas contra la violencia doméstica y la violación dentro del matrimonio. ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno en apoyo de la salud reproductiva, y en particular para el suministro de anticonceptivos? El Gobierno debería modificar su legislación sobre el aborto, de manera que sea legal en casos de incesto, por ejemplo. Según la información que se ha facilitado al Comité, la tasa de mortalidad de mujeres que sufren abortos es extraordinariamente elevada, comprendida entre un 30 y un 40%. ¿Qué está haciendo el Gobierno para reducir esa tasa? Si bien se ha tipificado la transmisión del VIH/SIDA, pide a la delegación que describa los efectos prácticos de esa disposición jurídica y de qué manera se ajusta a las medidas de prevención de dicha enfermedad. Observando que las tasas de mortalidad materna e infantil están aumentando y que las enfermedades de la infancia y trastornos como la neumonía se están cobrando más víctimas entre los niños, pregunta si tiene relación con esas tendencias la disminución del presupuesto destinado a vacunas. Aunque el Gobierno actual ha aumentado el presupuesto para la atención sanitaria, sería conveniente que se diera una descripción detallada del método utilizado para determinar la manera de asignar ese presupuesto.
El Sr. RZEPLINSKI señala que el Gobierno no ha informado al Comité del número de mujeres asesinadas o heridas en actos de violencia doméstica. El Comité desea saber cuántas mujeres había entre las 1.500 personas que murieron durante la violencia posterior a las elecciones y si el Gobierno tiene algún programa de asistencia para las mujeres que fueron violadas durante esos acontecimientos; qué efecto ha tenido la violencia postelectoral en los programas del Gobierno, por ejemplo los relativos a la reforma agraria y el desarrollo rural; y cuántas personas aproximadamente quedaron desplazadas. Según las respuestas a la lista de cuestiones, la mutilación genital femenina ha sido condenada en particular por las mujeres pertenecientes al Parlamento, por lo que pregunta si hay algunos funcionarios y parlamentarios que ofrecen resistencia a las medidas para poner fin a esa práctica y al matrimonio precoz forzoso. ¿Se ha adoptado alguna medida para aumentar la sensibilización, por ejemplo entre las madres y las muchachas, sobre la necesidad de evitar dichas prácticas?
Aunque en el informe y en las respuestas se mencionan las leyes que prohíben el trabajo infantil, contienen poca información sobre disposiciones o prácticas específicas para combatir la explotación de los niños. El orador pide a la delegación que informe al Comité del número de traficantes de niños juzgados y condenados. En las respuestas a la lista de cuestiones se menciona la mejora de los barrios marginales y la prevención de la creación de otros nuevos en tierras privadas y en espacios abiertos. ¿Qué entraña esa mejora y cuál es la situación de tales espacios abiertos? El Comité ha recibido informes según los cuales dicha mejora consiste en la construcción de viviendas para familias de ingresos medianos, que no benefician a los habitantes actuales de los barrios marginales. ¿Ha aprobado el Gobierno el proyecto de Política nacional sobre la tierra mencionado en las respuestas a la lista de cuestiones? En caso afirmativo, ¿ha establecido una institución para llevar a la práctica esa política? Pregunta además si las organizaciones de mujeres han desempeñado una función en la formulación de dicha política. El Gobierno no ha facilitado datos estadísticos sobre el número de profesionales médicos formados que hay en las zonas rurales y urbanas. Por último, ¿de qué manera se han financiado los centros de atención integral a los pacientes del VIH/SIDA? ¿Hay proyectos para la creación de más centros?
El Sr. MARTYNOV dice que al parecer la situación de las personas discapacitadas es muy grave. Son muy pocas las que tienen empleo remunerado o su propio negocio. ¿Cómo sobreviven dichas personas? ¿Tiene el Gobierno algún programa en marcha para ayudarlas a ganarse la vida?
El Sr. MULESHE (Kenya) dice que los problemas de la malnutrición aguda y crónica son particularmente complejos, especialmente debido a la grave pobreza que sufre el país, sobre todo en la Provincia Nordoriental. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno han formulado varias políticas, como la estrategia para la supervivencia y el desarrollo del niño, a fin de ocuparse no solo de la nutrición, sino también del tratamiento de enfermedades como la diarrea y el paludismo. El Ministerio de Salud Pública y Saneamiento está trabajando para garantizar que haya personal formado en las zonas rurales y marginadas y el Gobierno ha adoptado medidas para transferir médicos y personal de enfermería de las zonas urbanas a las rurales.
Las elevadas tasas de mortalidad materna desde el decenio de 1990 se están abordando mediante un programa de maternidad sin riesgos, que abarca todos los aspectos de la atención obstétrica. En una encuesta realizada en 2003 se puso de manifiesto que, aunque más del 90% de las madres reciben atención prenatal, casi la mitad la presta personal no calificado. Las prácticas tradicionales de parto están generalizadas, debido en parte a que los servicios de salud no son fácilmente accesibles en las zonas remotas. El Gobierno está fomentando el abandono de tales prácticas mediante la promoción de la obstetricia en las comunidades y el envío de personal formado sobre el terreno. Durante el embarazo se suministran el tratamiento antipalúdico y los suplementos vitamínicos que se consideran apropiados.
El orador afirma que los casos de discriminación contra madres con VIH debe ser esporádicos, ya que el Gobierno tiene la política de que todas las madres deben recibir atención obstétrica, incluidas pruebas del VIH y orientación. Las madres con VIH pueden dar a luz en los hospitales. Aunque en algunos agentes de salud persisten actitudes y temores desafortunados, se está impartiendo formación para solucionar el problema. Las mujeres seropositivas pueden obtener medicamentos antirretrovíricos gratuitos en instituciones públicas sin ninguna discriminación. Hay clínicas para jóvenes que proporcionan información y orientación a los adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva, y todos pueden conseguir anticonceptivos gratuitos, financiados con cargo al presupuesto del Estado. El aborto es legal solamente si corre riesgo la salud de la madre, y no está prevista la introducción de cambios. La atención posterior al aborto está incluida en la estrategia de maternidad sin riesgos. El Gobierno está tratando de garantizar que haya personal formado disponible a nivel local, pero al mismo tiempo aconseja el traslado de las mujeres a instalaciones mejor equipadas si surgen complicaciones. Con respecto a la distribución del personal médico, según una encuesta realizada en 2003 el 63% trabaja en las zonas rurales. En el segundo informe periódico de Kenya se podrán facilitar datos más específicos. La introducción de una atención integral a los pacientes de VIH/SIDA, financiada conjuntamente por el Gobierno y los asociados en el desarrollo y que comprende diversos elementos, incluidas la nutrición y la orientación, ha tenido un gran éxito. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Kenya, la tasa de infección por el VIH se elevó por desgracia del 5,1% al 7,1% en el año anterior y se requieren medidas de prevención más enérgicas, concentradas en particular en las cuestiones relativas al comportamiento sexual. La política general en materia de salud tiende a concentrarse en la prevención más que en la curación.
La Sra. KARUA (Kenya), refiriéndose al proyecto de mejora de los barrios marginales de Kenya, dice que el Gobierno no ha alcanzado su objetivo de construir 150.000 nuevas viviendas al año, debido en gran medida a la falta de recursos, pero sigue trabajando para solucionar el problema. En algunos asentamientos precarios se han prolongado las tuberías de agua para instalar fuentes públicas, aunque en los barrios marginales no es posible proporcionar abastecimiento de agua individual y se han construido letrinas públicas como medida provisional. Los desalojos de las zonas en las que estaba previsto construir instalaciones de abastecimiento de agua o de petróleo se han interrumpido mientras se busca alojamiento alternativo para quienes verdaderamente no tienen ningún otro lugar dónde ir, de acuerdo con las directrices todavía no publicadas. Son raras las ocasiones en las que no se respetan los fallos de los tribunales y hay sanciones, incluida la condena a prisión, para los casos de desacato al tribunal.
Los datos sobre las personas sin hogar indican que la mayoría están en las zonas urbanas. Como parte del proyecto de viviendas de Kibera, se han construido alojamientos para personas pobres que viven en asentamientos precarios, pero todavía no se han ocupado. Se mantienen las dificultades para conseguir que dicha alojamiento sea accesible a la población pobre y para aumentar la tasa de suministro de viviendas asequibles. El establecimiento de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ha liberado a muchos niños del trabajo para ayudar a sus familias y la matrícula escolar ha aumentado en un millón. En el segundo informe periódico de Kenya se darán estadísticas más exactas sobre el trabajo infantil. La oradora aclara que en la industria del sexo trabajan 30.000 niños, no el 30% de los niños. Se están realizando esfuerzos para mejorar la aplicación de la Ley sobre la infancia, en virtud de la cual es ilegal dedicar a un niño al sexo o al trabajo, y para sancionar a los hoteles y villas que admitan a niños con fines de sexo comercial.
Rechaza la alegación de que la discriminación es el motivo de que algunos nacimientos no se registren. El registro de todos los nacimientos es un requisito jurídico, aunque algunos padres no lo hacen hasta que sus hijos comienzan la escuela, momento en el que se realiza un registro tardío.
Ahora no se dispone de datos desglosados sobre el número de homicidios debidos a la violencia doméstica, pero se podrán facilitar en el futuro. En la próxima Ley de protección de la familia se abordará el problema de la violencia doméstica y los asuntos conexos. La agresión y la violación dentro del matrimonio ya están tipificadas como delitos y se ha procesado a un pequeño número de autores, contribuyendo a aumentar la sensibilización en el sentido de que la fuerza y la violencia en el matrimonio son inaceptables.
La trata y explotación de niños con fines sexuales es un delito en virtud de la Ley sobre la infancia; además, se va a promulgar una ley general sobre la trata de personas. En la Ley de delitos sexuales está comprendida la pornografía. La mayoría de los delitos en ese ámbito se producen en la industria del turismo, sobre todo en establecimientos no sujetos a reglamentación, y se está organizando un programa para registrar todos los alojamientos turísticos a fin de poder realizar una vigilancia más eficaz. La edad de consentimiento era de 18 años, y no de ocho, incluso antes de la promulgación de la Ley sobre la infancia.
Aunque los niveles de pobreza descendieron del 56% en el momento de la preparación del informe inicial al 46% en 2007, es casi seguro que han vuelto a subir como consecuencia de la violencia posterior a las elecciones en 2008. Es de esperar que las estrategias de recuperación del Gobierno y un crecimiento económico satisfactorio permitan reducir la pobreza y producir beneficios en todas las esferas.
Los 42 grupos tribales de Kenya son indígenas para el país. Los problemas que sufren algunos grupos se pueden atribuir a la marginación geográfica más que a discriminación racial, y se han adoptado medidas afirmativas mediante la asignación de más fondos a las zonas con los índices de pobreza más elevados para utilizarlos en asuntos con prioridad local.
Un proyecto de ley de despenalización del aborto chocó con una fuerte oposición de los grupos religiosos, por lo que los esfuerzos se están concentrando en aumentar la sensibilización, ya que no es probable que desaparezcan los abortos ilegales y peligrosos. La mutilación genital femenina es un delito con arreglo a la Ley sobre la infancia, pero han sido escasas las condenas, puesto que el Gobierno considera que es preferible concentrarse en la sensibilización de la población. En muchas zonas se ha reducido drásticamente la práctica, y los miembros del Parlamento que están promoviendo campañas sobre la cuestión proceden de zonas en las que sigue siendo muy prevalente. Su pequeño número no se debería tomar como una manifestación de falta de interés entre los miembros del Parlamento en general.
Las luchas que siguieron a las elecciones de 2008 dieron lugar a un aumento de los delitos sexuales violentos contra mujeres, niños y hombres. Muchos no se investigaron debidamente en su momento, por lo que se produjo una protesta pública. Está previsto el establecimiento de un tribunal especial y ya se ha creado un servicio de asistencia de la policía para la violencia sexual posterior a las elecciones. Se pueden dar datos desglosados sobre el número de mujeres asesinadas durante la violencia.
El número de personas desplazadas en el interior del país tras la violencia posterior a las elecciones se estima que fue de 350.000, pero pudo llegar a las 500.000, porque algunas se refugiaron con amigos o familiares y no en campamentos. Los campamentos se han desmantelado y la mayoría de la población ha regresado a su hogar, pero el país se está esforzando por proporcionarles ayuda financiera adicional. Prosigue la labor de reasentamiento de los que quedan.
Hace unos cinco años, el Gobierno introdujo una política para promover el empleo de las personas discapacitadas. El problema no se ha solucionado todavía, pero se sigue trabajando en ello. En virtud de la Ley sobre las personas con discapacidad, la discriminación contra una persona por ese motivo es un delito.
En conclusión, la oradora señala que la proporción del presupuesto nacional de Kenya que se destina a la salud es del 25% al 30%, solamente por detrás de la parte destinada a la educación. Expresa su agradecimiento por el diálogo constructivo con el Comité.
El PRESIDENTE, hablando en su condición de miembro del Comité, pregunta si hay en marcha alguna iniciativa para retirar la reserva del Kenya al párrafo 2 del artículo 10 del Pacto, ya que al parecer no hay ningún obstáculo importante que lo impida. Solicita más información sobre la manera en que se está educando a la población acerca de los efectos negativos de la mutilación genital femenina.
La Sra. BARAHONA RIERA pide que se den más detalles sobre el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, especialmente en el marco de la reforma agraria. También pregunta qué medidas específicas se están adoptando para abordar la cuestión de la poligamia y sus efectos en la herencia.
El Sr. ATANGANA aclara que se refería a que la edad de la responsabilidad penal era de ocho años, no la edad de consentimiento. El Comité de los Derechos del Niño ha expresado preocupación anteriormente en ese sentido.
La Sra. KARUA (Kenya) dice que, con arreglo a la nueva Constitución, las mujeres y los hombres tienen iguales derechos con respecto al acceso a la tierra y su propiedad. La Ley de sucesiones permite a las mujeres heredar, pero la falta de sensibilización en ese sentido les impide a muchas de ellas reclamar sus derechos.
Con respecto a la mutilación genital femenina, el Gobierno, en asociación con una de las mayores organizaciones de mujeres y diversas ONG, está educando a la población y alentando a las muchachas a someterse a ritos alternativos de iniciación. Durante las vacaciones escolares se organizan cursos en régimen de internado, que gozan de gran popularidad, para enseñarlas a conocer su cuerpo y a comportarse de manera responsable.
Todo matrimonio contraído con arreglo a la Ley de matrimonio debe ser monógamo, pero también están reconocidos los matrimonios consuetudinarios. Aunque la poligamia va disminuyendo, no es raro que un hombre casado tenga una o varias concubinas, que con frecuencia no se dan a conocer hasta que el hombre muere, creando así problemas de herencia.
En cuanto a la edad de responsabilidad penal, corresponde a cada tribunal determinar mediante entrevistas si los niños tienen conciencia de la ilicitud de sus actos, especialmente cuando son menores de 12 años. En cualquier caso, en las prisiones o los centros de detención preventiva no se debe mezclar a los menores con los delincuentes adultos.
La Sra. WILSON dice que las ONG kenianas han facilitado información sobre supuestas violaciones de los derechos de las mujeres seropositivas, citando ejemplos concretos.
La Sra. BONOAN-DANDAN expresa su sorpresa por el hecho de que se eduque a las niñas sobre la mutilación genital femenina, cuando los autores son adultos.
La Sra. BARAHONA RIERA manifiesta su descontento por la respuesta dada a su pregunta. La cuestión no parece estar en la necesidad de modificar la legislación, sino más bien en garantizar que se haga cumplir la que está vigente. No obstante, el hecho de que todavía estén pendientes de aprobación varios proyectos de ley indica que hay problemas legislativos graves.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas .
-----