Naciones Unidas

E/C.12/2011/SR.2

Consejo Económico y Social

Distr. general

29 de diciembre de 2011

Español

Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

46º período de sesiones

Acta resumida de la segunda parte (pública)* de la segunda sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 2 de mayo de 2011, a las 15.00 horas

Presidente :Sr. Pillay

Sumario

Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados porlas organizaciones no gubernamentales

Se declara abierta la segunda parte (pública) de la sesión a las 16.05 horas .

Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados porlas organizaciones no gubernamentales (tema 3 del programa)

Turquía

1.La Sra. Özpinar (FIAN International) recuerda que, hasta 2023, el Gobierno turco prevé construir 1.738 embalses y centrales hidroeléctricas, que se sumarían a las 2.000 instalaciones de este tipo que ya existen en Turquía. Sin embargo, a pesar de la envergadura de este plan, que afecta a todos los cursos fluviales del país y amenaza los recursos hídricos y el modo de vida de aproximadamente dos millones de personas, no se ha realizado ningún estudio de impacto ambiental o social.

2.La organización no gubernamental (ONG) de la Sra. Özpinar considera que es necesario poner fin a las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas, y que el Gobierno turco debe retirar el proyecto de ley sobre la naturaleza y la conservación de la biodiversidad y adoptar una nueva política de conservación de los recursos hídricos y del medio ambiente que garantice la plena participación de la sociedad civil y de la población local en la toma de decisiones. También debe anular las modificaciones introducidas en la Ley de fuentes de energía renovable, pues favorecen la deforestación y eximen a las empresas privadas de la obligación de realizar estudio alguno sobre el impacto ambiental de sus proyectos. Deben tomarse medidas para fomentar los modos de vida tradicionales y evitar el empobrecimiento de las poblaciones rurales y la migración de estas hacia los núcleos urbanos. El pueblo de Anatolia tiene el deber moral de proteger sus tierras y de luchar hasta el final para preservar la cultura y los derechos de las poblaciones locales.

3.El Sr. Ayboga (FIAN International) deplora las prácticas dañinas del Gobierno de Turquía, particularmente en relación con el proyecto de construcción de ocho embalses en la provincia de Dersim (Tunceli), para el que no se ha consultado ni a las autoridades locales ni a las organizaciones de la sociedad civil y no se ha realizado ningún estudio de impacto, a pesar de que conlleva la inundación de 86 aldeas y afectará por lo tanto a la mayor parte de los habitantes de la provincia.

4.Están en peligro los dos valles principales del río Munzur, que albergan numerosos santuarios alevíes y la mayor población de hablantes del dialecto zaza (incluido en la lista de lenguas amenazadas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Están amenazados la economía, la agricultura, la ganadería y el turismo verde, especialmente en el Parque Nacional del Munzur, donde se han identificado 55 especies endémicas. A pesar de la intensa movilización de los habitantes de la zona, el Gobierno se niega a favorecer el desarrollo del turismo y a renunciar a la construcción de embalses. Los habitantes de la provincia de Dersim, que viven en un estado de excepción prácticamente ininterrumpido desde hace un centenar de años, y a los que se ha privado de la libertad de expresión, reivindican el derecho a hacerse oír y a participar en la toma de decisiones.

5.La Sra. Drillis c h (FIAN International) declara que Turquía debe modificar urgentemente su legislación sobre la expropiación y el traslado de manera que las poblaciones afectadas por la construcción de un embalse tengan garantizado su derecho a un nivel de vida adecuado. El Gobierno de Turquía también debe establecer planes de acción jurídicamente vinculantes, acompañados de medidas realistas para la restitución de los medios de vida que habrán de ponerse en práctica con el consentimiento previo e informado de las poblaciones afectadas. Además, debe prestar una atención particular a la protección de los grupos vulnerables.

6.Mientras tanto, todos los proyectos de construcción de embalses, en particular el de Ilisu, deben suspenderse, y las medidas de expropiación y traslado aplicadas hasta el momento deben ser objeto de revisión, de manera que las poblaciones afectadas puedan recuperar sus medios de vida y reducir sus deudas.

7.La Sra. Eberlein (FIAN International) denuncia la situación de los Yuruks de Sarikeçili, un pueblo de pastores nómadas que desde hace años se ha visto obligado a sedentarizarse en la región de Karaman. Privado de acceso a la educación, al empleo y a las fuentes de ingresos, este pueblo está sometido a importantes presiones psicológicas. A estas graves dificultades se añaden los problemas ligados a la construcción de unos 60 embalses en la cuenca del Göksu, que priva de agua a esta población y condena a sus rebaños.

8.La Sra. Özgökçe (Programme on Women Economic, Social and Cultural Rights − PWESCR) lamenta que, a pesar de la elevada tasa de crecimiento, el grueso de la riqueza de Turquía siga concentrada en su parte occidental y que, en todo el país, ese crecimiento beneficie en escasa medida a las mujeres.

9.Turquía deber elaborar urgentemente una ley de igualdad de género, e integrar en su Constitución y en el proyecto de ley contra la discriminación una definición de la discriminación sexista que incluya la basada en la orientación y la identidad sexuales. Al mismo tiempo, debería impartirse formación a los funcionarios sobre las cuestiones relativas a la igualdad de género. El Gobierno debería tomar medidas para promover los derechos de las mujeres con discapacidad, especialmente en los ámbitos de la educación, la salud, el empleo, la política y la adopción, y debería dar plena aplicación a la circular del Primer Ministro sobre el empleo y la mujer. Por último, deberían dedicarse fondos a la enseñanza preescolar y a los servicios de guardería para niños menores de 5 años. También debería establecerse un presupuesto suficiente y un mecanismo de control completo, que dispusiera de indicadores de resultados, de objetivos y de plazos, para la ejecución del Plan de acción nacional contra la violencia de género, y deberían medirse con precisión los avances logrados en la ejecución de ese plan de acción y del dedicado a la igualdad de género.

10.La Sra. Yalcindag (PWESCR) señala que la distribución desigual de la riqueza y de los recursos entre las regiones occidental y oriental de Turquía agrava la discriminación que sufren las mujeres kurdas, las cuales carecen de acceso a la enseñanza en su idioma materno y constituyen únicamente el 6% del mercado laboral (la media nacional para las mujeres es del 25%). En el este y el sudeste del país, donde los kurdos son mayoría, una de cada dos kurdas es víctima de la violencia (la media nacional es del 39%), las tasas de mortalidad infantil y materna son superiores a la media nacional, y la tasa de fecundidad prácticamente duplica la tasa nacional.

11.Turquía debe elaborar una nueva Constitución democrática y civil, que sería el primer paso hacia una solución pacífica de la cuestión kurda, y llevar ante la justicia a los autores de delitos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el contexto de un conflicto armado que dura desde hace 30 años.

12.Las autoridades deben promover programas de formación de traductores y de especialistas en las cuestiones relativas a la igualdad de género para los servicios sociales, los tribunales y los centros de salud de las regiones oriental y sudoriental de Turquía. Los textos jurídicos sobre los derechos de la mujer deben publicarse en más idiomas que el turco. También en estas regiones deben crearse centros de rehabilitación para mujeres que sufren trastornos psicológicos a causa del conflicto y de la violencia imperantes, y estos centros deben prestar asistencia en turco, en kurdo y en árabe. Es importante que se recaben datos sobre los numerosos casos de mujeres cuya lengua materna no es el turco que sufren discriminación para acceder a la educación y a los servicios de salud, y el derecho a la enseñanza en el idioma materno debe inscribirse en la Constitución. Además, deben adoptarse medidas eficaces para poner fin a los asesinatos de mujeres a manos de familiares varones, así como a los "delitos por cuestiones de honor".

13.El Sr. Sadi pregunta si para lograr la igualdad de trato y promover los derechos de la mujer en Turquía no sería más útil intentar eliminar las barreras culturales y cambiar las mentalidades, en lugar de aprobar leyes específicas al respecto.

14.El Sr. Tirado Mejía no está seguro de haber entendido bien las reivindicaciones de las ONG turcas. ¿Lo que desean es que se interrumpa la construcción de embalses en Turquía, o que se apruebe una ley para reglamentar las obras de ordenación fluvial que, en particular, contemple la consulta previa con las poblaciones afectadas?

15.El Sr. Ribeiro Leao pide confirmación de que no se consultó a las poblaciones afectadas antes del inicio de las obras de construcción, ni se las indemnizó por los eventuales perjuicios.

16.La Sra. Shin considera que es posible eliminar las barreras culturales estableciendo un marco legislativo, y pregunta a los representantes de las ONG si según ellos sería preferible adoptar una ley específica sobre la igualdad de género o una ley de lucha contra la discriminación de alcance general con disposiciones que protejan de manera más específica los derechos de las mujeres.

17.También pide a los representantes de las ONG que expliquen brevemente cuál es la situación actual en lo que respecta al registro de los nacimientos, e indiquen en particular si la inscripción en el registro civil es obligatoria, y si la obligación de inscribir a los niños tras su nacimiento es igualmente aplicable a las niñas.

18.La Sra. Özpinar (FIAN International) explica que en Turquía las leyes se suceden a un ritmo vertiginoso, lo cual ha engendrado en la población un sentimiento de recelo hacia el aparato legislativo. Por ello, resultaría particularmente importante debatir con la delegación de Turquía la necesidad de crear un marco legislativo que protegiese de manera duradera un cierto número de derechos.

19.La mayoría de las empresas privadas inician sus proyectos de construcción de embalses sin haber evaluado antes sus consecuencias sociales y ambientales, y esta situación afecta a todos los cursos fluviales del país. Además, el problema no se limita a la construcción de una única central hidráulica: en ocasiones, el número de instalaciones que se están construyendo en un mismo tramo fluvial ronda la veintena. Por último, en ningún momento del proceso se consulta con las poblaciones afectadas porque estos proyectos se han convertido en un elemento prioritario de la política gubernamental.

20.El Sr. Ayboga (FIAN International) precisa que no se trata de oponerse sistemáticamente a la construcción de embalses en Turquía, sino de hacer que se aplique el marco para la adopción de decisiones establecido en 2000 por la Comisión Mundial sobre Represas, en el cual se agrupan las mejores prácticas en esta esfera.

21.La Sra. Özgökçe (PWESCR) dice que en el pasado los matrimonios religiosos eran más numerosos que los celebrados por la vía civil, pero que esta tendencia se ha invertido desde que los cónyuges deben presentar un acta de matrimonio civil para acceder a las prestaciones sociales, lo que demuestra que una ley puede efectivamente influir en las tradiciones culturales.

22.En Turquía, donde el propio Primer Ministro declaró que no creía en la igualdad entre el hombre y la mujer, y que la homosexualidad era una enfermedad, la lucha contra la discriminación parece requerir, en un primer momento, la implantación de un marco legislativo que incluya una definición de discriminación, el cual permita a continuación modificar en consecuencia las disposiciones del Código Penal y del Código Civil, para, por último, llegar a la promulgación de una ley antidiscriminación.

23.El registro de los nacimientos ya es una realidad consolidada en los núcleos urbanos, donde todos los niños nacidos en el hospital, independientemente de su sexo, son inscritos en el registro civil. Sin embargo, este no es siempre el caso en las zonas rurales.

República de Moldova

24.La Sra. Sorocan (Agrupación de ONG nacionales) dice que la pobreza afecta de manera particular a las personas de edad de la República de Moldova, que constituyen el 14% de la población. Aunque las pensiones han subido casi un 20% desde 2008, su importe medio es de solamente el 60% del nivel mínimo de subsistencia. A esta situación se añade el hecho de que muchas personas que han emigrado al extranjero para buscar trabajo (cerca del 25% de la mano de obra) y las que trabajan en el sector no regulado corren el riesgo de no recibir pensión alguna cuando se jubilen.

25.Además, las personas de edad son víctimas de la violencia, incluso dentro de su familia (sobre todo en las zonas rurales), así como de diversas formas de discriminación, principalmente para acceder a los servicios de salud.

26.En este contexto, el Comité podría recomendar al Estado parte que suba las pensiones con el fin de que los jubilados disfruten de un nivel de vida adecuado, que haga lo necesario para que quienes trabajan en la economía no regulada y los trabajadores migrantes puedan cobrar una pensión de jubilación, y para que las personas de edad disfruten del más alto nivel posible de salud y puedan acceder a la atención médica, en particular a un médico de familia, incluso en las zonas rurales remotas, en las mismas condiciones que el resto de la población.

27.La Sra. Mardari (Agrupación de ONG nacionales), tras describir el grado en que los seropositivos y quienes viven con el VIH/SIDA se ven privados de su derecho al respeto de la vida privada y de su derecho a la confidencialidad de la información médica, enumera una serie de recomendaciones que el Comité podría formular a la República de Moldova en el marco del examen de su segundo informe periódico (E/C.12/MDA/2). En particular, podría invitar al Estado parte a cerciorarse de que solo los centros de salud responsables del seguimiento de estos pacientes tengan acceso a sus datos personales, que los médicos y el personal sanitario estén vinculados por cláusulas de confidencialidad y que el paciente tenga un derecho de control respecto de sus datos confidenciales.

28.Asimismo, habida cuenta del nivel de homofobia en la República de Moldova, convendría alentar al Estado parte a adoptar un marco antidiscriminatorio general, que en particular prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual.

29.La Sra. Lefter (Agrupación de ONG nacionales) dice que, ante la escasa representación de mujeres en la vida pública, su organización recomienda modificar el Código Electoral de la República de Moldova para que las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias contengan como mínimo un 30% de mujeres, y para que esta cifra sea del 40% en el caso de las elecciones locales. En la República de Moldova, las mujeres sufren de forma particular los efectos del desempleo, pues no hay ningún mecanismo que las proteja realmente. Por lo tanto, sería necesario crear un dispositivo que permita aplicar las leyes vigentes, como la Ley de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer y la Ley de prevención lucha contra la discriminación. También resultaría útil que los informes económicos y sociales del país ofrecieran datos estadísticos desglosados por sexo. En cuanto a la violencia en el entorno familiar contra las mujeres, los niños y las personas de edad, convendría que las autoridades públicas locales elaborasen estrategias, asignaran financiación y cumplieran sus obligaciones dimanantes, en particular, de la Ley Nº 45 de prevención y represión de la violencia en el entorno familiar, con el fin de luchar activamente contra este fenómeno.

30.El Sr. Rusanovschi (Agrupación de ONG nacionales) dice que en la República de Moldova los romaníes son el grupo étnico más vulnerable y menos representado en la vida política. Sin embargo, son víctimas de todo tipo de discriminación: en las escuelas, en el mercado laboral, en el acceso a los servicios de salud y en el acceso a la vivienda. Ante esta situación, el Gobierno debería aprobar un nuevo plan de acción en favor de la comunidad romaní para el período de 2011 a 2015, debidamente financiado y dotado de un mecanismo para controlar su puesta en práctica. En lo que respecta a las personas con discapacidad, aunque se han realizado avances, sigue habiendo problemas en materia de acceso al empleo, a la formación profesional y a los centros de readaptación para niños. Por ello, las autoridades deberían adoptar medidas al respecto, en particular para poner fin a la discriminación que sufren estas personas. Ante la envergadura del problema de la emigración, es necesario adoptar medidas para evitar que el gran número de niños que los padres emigrantes dejan en el país abandonen la escuela y acaben siendo víctimas de la trata de personas, entre otras lacras.

31.La Sra. Lamackova (Center for Reproductive Rights) dice que la República de Moldova no respeta sus obligaciones dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que se refiere a los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva. La oradora denuncia la falta de una educación sexual obligatoria en las escuelas, la imposibilidad de acceder a los métodos contraceptivos a un precio asequible y el requisito del consentimiento de los padres para que los menores puedan recibir atención médica. Las mujeres tropiezan con numerosas dificultades cuando desean abortar después del primer trimestre de embarazo. La oradora menciona el caso de una joven (la "Señora Z.") que fue condenada a 20 años de prisión por haber abortado en su casa, cuando su embarazo estaba ya avanzado, a pesar de que, debido a la irregularidad de su ciclo menstrual y a la falta de información sobre la salud sexual y reproductiva, no sabía que estaba embarazada. Fue denunciada a la policía por un médico del hospital en el que acababa de ingresar de urgencia, fue condenada por homicidio, a pesar de que en su expediente médico se indica que se trataba de un aborto y de que el derecho penal no prevé sanción alguna para una embarazada que aborta. En la cárcel, la Sra. Z. no recibió la atención médica que requería su estado y fue víctima de malos tratos a manos del personal penitenciario.

32.La República de Moldova no respeta tampoco el principio de no discriminación por motivos de sexo, y no establece condiciones de detención adaptadas a las necesidades particulares de las mujeres. El personal penitenciario no recibe formación para la vigilancia de las reclusas, ni en particular sobre el respeto de su intimidad. La condena de la Sra. Z. es el resultado de comportamientos discriminatorios, en particular contra las mujeres embarazadas, y de la estigmatización del aborto en el país. También se explica, en parte, por la falta de información y de formación de los responsables de hacer cumplir las leyes y del personal sanitario en lo que respecta a la legislación sobre el aborto, los derechos de la mujer y, en particular, los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. La obligación impuesta a los profesionales de la salud de denunciar ante las autoridades a las mujeres que han abortado ilegalmente constituye una infracción de la normativa internacional de derechos humanos.

33.El Sr. Tirado Mejía pregunta si el fenómeno de la trata de mujeres, que había sido calificado de muy preocupante por el Comité en sus observaciones finales acerca del informe inicial de la República de Moldova (E/1990/5/Add.52), se ha estabilizado, atenuado o, por el contrario, agravado.

Alemania

34.El Sr. Stamm (Alianza para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Alemania – WSK-Allianz), hablando en nombre de una veintena de organizaciones, dice que, por lo que respecta al artículo 9 del Pacto, la reforma del sistema de seguridad social ha acarreado un deterioro de las condiciones de vida de las personas de renta baja, pues quienes dependen de la ayuda social ya no gozan de los mismos derechos que su conciudadanos, lo cual vulnera el principio de no discriminación. Por lo tanto, se pide al Gobierno que adopte las medidas oportunas para reforzar la protección jurídica de estas personas. En referencia al artículo 11 del Pacto, el Tribunal Constitucional Federal resolvió en febrero de 2011 que el Gobierno debía garantizar una ayuda mínima de subsistencia que asegurara la dignidad de la persona, puesto que el subsidio de desempleo vigente no era suficiente para cubrir las necesidades básicas.

35.El Sr. Frey (Forum Pflege aktuelle y Aattac Munich) recuerda que, en 2001, el Comité había rogado encarecidamente a Alemania que adoptara medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida deplorables de las personas de edad en los hogares de ancianos. El Servicio Médico de las Asociaciones Nacionales de Seguros Médicos, en 2004 y 2007, y el Instituto Nacional Alemán de Derechos Humanos, en 2006, realizaron inspecciones en los hogares de ancianos del país, y concluyeron que el 41% de los residentes no recibían ni comida ni bebida en cantidad suficiente y que numerosas personas no recibían unos cuidados adaptados. El Sr. Frey pide al Comité que llame al orden a la República Federal de Alemania por su pasividad, y que le exija la adopción de medidas inmediatas para poner fin a esta situación, entre otras cosas asignando a estos establecimientos más personal cualificado y llevando a cabo inspecciones más estrictas. En cuanto a la pobreza y la malnutrición de los niños, numerosas organizaciones confirman que la mitad de los niños de la enseñanza primaria y secundaria no desayunan, y a veces tampoco almuerzan, que el país carece de estructuras de acogida para los niños, en particular escuelas a jornada completa, que los niños de familias desfavorecidas se ven ahora privados de vida social y que la brecha entre pobres y ricos se está ensanchando. Por consiguiente se solicita al Comité que formule recomendaciones a Alemania para corregir la situación.

36.El Sr. Nestler (Society for the Protection of Civil Rights and Human Dignity – GBM) explica que la mayoría de los miembros de la organización que representa son alemanes del este, lo cual pone de manifiesto que las condiciones de vida en la Alemania de hoy no son iguales para todos, especialmente en lo que respecta al derecho a cobrar una pensión. El orador también hace alusión al deterioro del sistema de seguridad social y del sistema de salud, así como a la pasividad de los tribunales alemanes. Habida cuenta de la información facilitada en el párrafo 7 del informe examinado (E/C.12/DEU/5) acerca del examen sistemático de los proyectos de instrumentos legislativos y reglamentarios antes de su promulgación, GBM encuentra sorprendente el número de leyes y reglamentos que no respetan las disposiciones del Pacto. Asimismo, GBM espera sinceramente que Alemania ratifique lo antes posible el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

37.La Sra. Wenk-Ansohn (Centre for the Treatment of Torture Victims − Bzfo) señala a la atención del Comité las leyes que vulneran diversos derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la no discriminación, como es el caso de la ley que se refiere a las prestaciones para los solicitantes de asilo. Así, los solicitantes de asilo no pueden desplazarse fuera de un radio de 30 km, lo cual restringe su derecho a la asistencia letrada, a la educación, al trabajo o a los cuidados de la salud, por ejemplo, y les impide asistir a actividades culturales, o incluso visitar a sus seres queridos. Las prestaciones que cobran son inferiores en un 40% a las prestaciones sociales mínimas y los niños no reciben más que el 60% de esa cantidad. En muchos estados, los refugiados deben vivir durante largos períodos en las dependencias creadas para ellos, que suelen presentar un exceso de ocupación y unas condiciones de higiene deficientes. Los solicitantes de asilo y los refugiados solo tienen acceso a los servicios médicos en caso de urgencia o de enfermedad dolorosa. Además, tienen restringido el acceso al mercado laboral y a la formación profesional.

38.La Sra. Veith (Intersexuelle Menschen e.V.) pide que las personas intersexuales no tengan que someterse a ninguna intervención quirúrgica ni a ningún protocolo de medicación relacionado con su condición, salvo cuando su vida esté en peligro; que no sean sometidos a operaciones de tipo cosmético sin su consentimiento escrito; que los médicos estén obligados a entregarles una copia de todos sus expedientes médicos; y que se les permita acceder sin discriminación a una atención médica adaptada a sus necesidades específicas. La Sra. Veith pide también que se ponga fin a la castración, a los tratamientos de normalización y a las mutilaciones genitales a que son sometidos los intersexuales.

39.La Sra. Shicklang (Aktion Transsexualitat und Menschenrecht e.V.) denuncia la promoción de estereotipos sexistas en Alemania —al amparo de las leyes y prácticas vigentes en el país—, por ser contraria a las disposiciones del Pacto y, en particular, a sus artículos 2 y 12, y pide al Comité que intervenga para poner fin a dicho fenómeno. La ONG pide además la derogación de las disposiciones legislativas del Estado parte que imponen la realización de exámenes psiquiátricos a los transexuales que desean cambiar de sexo en sus documentos de identidad.

40.El Sr. Hausmann (Foro Alemán de Derechos Humanos y FIAN Alemania), hablando en primer lugar en nombre del Foro Alemán de Derechos Humanos acerca de las obligaciones extraterritoriales de Alemania en el marco de la cooperación para el desarrollo, pide que se preste una atención más constante a las repercusiones negativas que las políticas alemanas puedan entrañar para los derechos económicos, sociales y culturales y que, para evitar este riesgo, se realicen evaluaciones de los efectos de los proyectos en los derechos humanos. El orador pide que se establezca un mecanismo independiente de denuncia al que puedan acceder todas las personas que se estimen perjudicadas por un proyecto que reciba apoyo de Alemania en concepto de cooperación para el desarrollo. Por último, pide que se adopten medidas más enérgicas para aumentar la coherencia de las políticas de derechos humanos, en particular evaluando sin demora las repercusiones del comercio y la inversión para estos derechos.

41.Hablando luego en nombre de FIAN Alemania, el Sr. Hausmann ruega encarecidamente al Gobierno de Alemania que realice una evaluación cualitativa completa de sus actividades de cooperación para el desarrollo llevadas a cabo en el sector de las tierras en Camboya, y que establezca un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos que cuente con la participación activa de los grupos interesados.

42.El Sr. Paasch (MISEREOR), refiriéndose a las obligaciones extraterritoriales de Alemania en el marco de la política comercial y agrícola de la Unión Europea (UE), insta al Gobierno de Alemania a pedir a la UE que someta todo acuerdo bilateral de libre comercio reciente o en curso de negociación a una evaluación ex ante de sus efectos sobre los derechos humanos, siguiendo los principios rectores propuestos por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, y que someta la política agrícola común (PAC) a una evaluación similar antes de aprobar la reforma para el período de 2013 a 2020. En el marco de esta reforma, Alemania también debería proponer que se ponga fin a la exportación de productos a precios anormalmente bajos hacia los países en desarrollo y, como mínimo, que se acabe con las subvenciones directas a la exportación, independientemente de los resultados de la Ronda de Doha. Asimismo, Alemania debería proponer la creación de un mecanismo de denuncia a nivel de la UE al que puedan acudir las personas o grupos que consideren que la PAC o la política comercial de la UE han vulnerado su derecho a la alimentación. Por último, Alemania debería velar por que los acuerdos de libre comercio y las condiciones de los préstamos del Fondo Monetario Internacional no restrinjan el margen de maniobra de que disponen los países en desarrollo en lo que respecta a la protección del acceso a sus mercados, a sus ingresos y al derecho de su población a una alimentación adecuada. Alemania debería proponer una modificación de las cláusulas relativas a los derechos humanos incluidas en los acuerdos comerciales, de manera que se puedan modificar aquellas disposiciones de los acuerdos que hayan resultado perjudiciales para los derechos económicos, sociales o culturales.

43.La Sra. Drillisch (GegenStrömung) aborda la cuestión de las obligaciones extraterritoriales de Alemania en el contexto de la promoción de las exportaciones, y recomienda al Gobierno del país que adopte rápidamente un marco jurídico para los planes de promoción de las exportaciones donde figure sin ambigüedades la obligación extraterritorial de respetar los derechos humanos y se establezcan procedimientos de evaluación, de reducción y de prevención de los riesgos que corren estos derechos, así como mecanismos permanentes de seguimiento y de denuncia. También recomienda que el Gobierno de Alemania, en cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del Pacto, haga inscribir en los enfoques comunes disposiciones que imponga a los organismos de crédito para la exportación la adopción de un procedimiento conforme a la normativa internacional de derechos humanos que los obligue a actuar con la diligencia debida en esta esfera.

44.La Sra. Lüst (Aktion-GEN-Klage) denuncia la creciente utilización de organismos modificados genéticamente en la producción alimentaria y agrícola, haciendo caso omiso de los estudios científicos y de la experiencia de los agricultores, lo cual constituye una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de estos últimos y de los consumidores de numerosos países del mundo, y pone en peligro su seguridad alimentaria. La ONG pide al Comité que manifieste su preocupación al Gobierno de Alemania y que en sus recomendaciones lo aliente a poner fin inmediatamente a estas violaciones.

Federación de Rusia

45.La Sra. Nechushkina (L'auravetl'an Information and Education Network of Indigenous Peoples − LIENIP) dice que en la Federación de Rusia hay 250.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas, y que estos constituyen uno de los grupos más marginados de la sociedad rusa. El Ministerio de Desarrollo Regional, que es el principal organismo competente para los asuntos relacionados con estos pueblos, ha adoptado una serie de medidas financieras a su favor. Sin embargo, la oradora estima que, para favorecer la integración económica de estos grupos, las ayudas no deberían concederse atendiendo únicamente al criterio étnico, sino al del modo de vida, que debería ser auténticamente tradicional. Es necesario reforzar los derechos de estos pueblos con respecto a sus tierras y a sus recursos naturales. El proceso ya se ha puesto en marcha, pero avanza lentamente y sus frutos varían de una región a otra.

46.El Sr. Payot (FIDH – Anti-Discrimination Center "Memorial") señala a la atención del Comité la situación de dos grupos vulnerables: los migrantes y las personas sin hogar. Pide que las autoridades rusas modifiquen la legislación y las prácticas vigentes de manera que quede garantizado el respeto de los derechos sociales y económicos, especialmente los de los migrantes y las minorías étnicas, y que sometan a las entidades privadas a un control estricto, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes. En cuanto a las personas sin hogar, el orador pide que las autoridades rusas modernicen el sistema de registro del lugar de alojamiento y pongan fin a las discriminaciones que sufren a este respecto los rusos sin hogar.

47.La Sra. Barahona Riera solicita aclaraciones sobre los problemas relacionados con el registro del lugar de alojamiento y sobre la modernización que se reclama. También desea saber cuál es el porcentaje de migrantes en la Federación de Rusia, cuál es su procedencia y cuál es la situación en lo que respecta a la trata de personas y a sus redes. También pide información sobre la legislación vigente o los proyectos de ley que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Por último, solicita información adicional sobre la legislación de la República de Moldova relativa al aborto.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.