Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45º período de sesiones

Acta resumida de la 35ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 4 de noviembre de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la República Dominicana (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la República Dominicana (continuación) (E/C.12/DOM/3, E/C.12/DOM/Q/3 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de la República Dominicana toma asiento como participante en el debate de la Mesa.

Artículos 1 a 5 (continuación)

2.El Sr. Puig (República Dominicana) afirma que la República Dominicana no viola los derechos humanos y dice que los trabajadores extranjeros, independientemente de su nacionalidad, ingresan en el país de manera voluntaria y pueden salir de él en cualquier momento. Se garantiza la libertad de circulación; no se obliga a nadie a vivir en un lugar específico. Los empleadores y los trabajadores conciertan los salarios de conformidad con la legislación pertinente y sin distinción por motivos de raza o nacionalidad. Se garantiza asimismo la libertad de asociación. Todos los trabajadores gozan de los mismos derechos laborales y pueden denunciar su vulneración ante el Ministerio de Trabajo. El Servicio de Asistencia Judicial del Ministerio ofrece asistencia jurídica gratuita a los trabajadores, incluidos los que no residen legalmente en la República Dominicana. Los trabajadores extranjeros y dominicanos gozan de igualdad de acceso a los tribunales. En un pleito reciente presentado por 500 trabajadores temporeros —en su mayoría de origen haitiano— para defender sus derechos laborales, incluido el derecho a un contrato escrito, el tribunal falló a favor de los demandantes. Todos los trabajadores son libres de acudir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de otra índole para solicitar asistencia, sin miedo a ser sancionados, y pueden trasladarse dentro del país y cambiar de actividad económica sin impedimento. Aunque su situación económica es diferente, no hay segregación entre los trabajadores extranjeros y dominicanos.

3.El sector azucarero emplea a la mayoría de los trabajadores extranjeros que residen en el país, pero a un número reducido de temporeros extranjeros. Debido a los avances tecnológicos, y al crecimiento de sectores como el turismo y las zonas francas de exportación, el sector azucarero se ha reducido al 10% de su tamaño anterior y hoy emplea a unos 10.000 trabajadores. Mediante iniciativas estatales y privadas se ha logrado mejorar considerablemente la situación de los bateyes (las comunidades afincadas en torno a un ingenio de azúcar), muchos de los cuales ya no son campamentos, sino pequeñas comunidades urbanas con una amplia oferta de servicios.

4.Por ley, solo los nacionales dominicanos y los titulares de un permiso de residencia tienen derecho a la seguridad social. No obstante, se ha creado un sistema especial para los trabajadores temporeros, muchos de los cuales no son residentes legales. Se están tomando medidas para regularizar su situación y reforzar la base jurídica que les permita acceder a las prestaciones de la seguridad social. Hay ONG que trabajan activamente para mejorar las condiciones de vida en las zonas que actualmente producen azúcar y en las que han dejado de hacerlo, y la financiación de esas actividades procede de programas de cooperación multilaterales y bilaterales.

5.El Gobierno está adoptando medidas a largo plazo para reducir la pobreza. En 2006 se estableció por ley un sistema público de inversiones y el requisito de que todas las políticas de inversión y planificación se basen en consultas públicas. En la actualidad se están celebrando amplias consultas con todos los sectores de la sociedad acerca de una estrategia nacional de desarrollo para los próximos 20 años, que debería aprobar el Parlamento en un futuro próximo. Esa estrategia prevé un aumento de la producción y la productividad sin descuidar la salvaguardia de los derechos económicos, sociales y culturales. El Gobierno espera que esa estrategia contribuya a la prosperidad general y a trasladar a la realidad las disposiciones legislativas referentes a esos derechos. Se ha recibido una cantidad significativa de ayuda al desarrollo procedente de organizaciones bilaterales y de la Unión Europea, cuyos detalles se pueden facilitar por escrito.

6.El Sr. Rosario Márqu e z (República Dominicana) dice que, pese a la ausencia de un ambiente de corrupción institucionalizada en la República Dominicana, en los últimos diez años se han tomado medidas, con la participación de la sociedad civil, para reducir la corrupción y aumentar la transparencia. De conformidad con la legislación sobre el libre acceso a la información pública, cuya aplicación es objeto de supervisión por un mecanismo específico que cuenta con la participación de la sociedad civil, cualquier ciudadano dominicano o extranjero puede acceder, a través de Internet, a la información relacionada con la ejecución de los presupuestos y las políticas administrativas. Además, se ha promulgado una ley sobre la compra y contratación de bienes y servicios por el Estado en la que se establecen procesos equitativos para la licitación pública y disposiciones para aumentar la transparencia. La Constitución aprobada en enero de 2010 también contiene disposiciones sobre la transparencia en la compra y contratación públicas de bienes y servicios.

7.Se han iniciado numerosas causas judiciales contra funcionarios públicos por conducta indebida y corrupción, algunas de las cuales han dado lugar a penas de cárcel de entre cinco y diez años. Se está intentando detectar los casos de complicidad con el narcotráfico, especialmente entre los altos funcionarios, y para procesar a los culpables. Ya se ha impuesto una pena de privación de libertad en un caso de gran resonancia. La imposición de condenas de entre cinco y diez años de prisión a varios directivos de entidades bancarias por faltas administrativas ha contribuido a limpiar el sector financiero. No hay una política de impunidad: la corrupción se combate con medidas preventivas y por la vía judicial.

8.Para facilitar su acceso al empleo público, las personas con discapacidad pueden seguir cursos de capacitación en cuatro centros tecnológicos especialmente equipados y gestionados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento 230 personas han participado en estas actividades. A través del Consejo Nacional para la Prevención, Rehabilitación, Educación e Integración Social de las Personas con Minusvalías (CONAPREM) se formulan y aplican políticas sobre la igualdad de oportunidades, y se exige que los edificios públicos sean accesibles para las personas con discapacidad.

9.El Sr. Sadi pide una lista de casos con información detallada sobre las personas procesadas por corrupción, los cargos formulados contra ellas y el resultado del proceso. Pide el mismo tipo de información sobre los delitos de trata de personas. Con respecto a los trabajadores extranjeros, migrantes y sin papeles, pregunta si están cubiertos por el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana (DR-CAFTA).

10.La Sra. Barahona Riera pide información sobre el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y a los programas relacionados con los derechos de la mujer y la perspectiva de género. Pregunta por la legislación del Estado parte en materia de acoso sexual y por la situación en la práctica, y solicita información detallada sobre casos concretos.

11.El Sr. Puig (República Dominicana) dice que la crisis bancaria de 2003, que costó a la República Dominicana el 25% de su producto interno bruto (PIB), fue desencadenada por la conducta fraudulenta de los directivos de cuatro importantes bancos dominicanos, todos ellos condenados y actualmente en prisión. Hay otros casos de corrupción ante los tribunales. Con respecto a la trata, la delegación presentará por escrito información detallada sobre los procesos iniciados y las condenas impuestas. En 2005 se crearon en la Procuraduría General dependencias encargadas específicamente de perseguir esos delitos.

12.A instancias de los sindicatos de los Estados Unidos, el DR-CAFTA contiene disposiciones para proteger los derechos de los trabajadores y evitar el dumping social en los Estados signatarios donde la mano de obra es más barata. Entre otras medidas, el DR-CAFTA prevé que las condiciones laborales en todos los países sean verificadas sistemáticamente cada seis meses por una misión de la Oficina Internacional del Trabajo. Se someten a examen las condiciones laborales de todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, y la República Dominicana intenta que, tras cada inspección, se produzcan avances. Pueden facilitarse por escrito los indicadores sobre las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros correspondientes a los últimos años.

13.El Ministerio de la Mujer, con arreglo a su mandato transversal, coopera con los demás ministerios y ha firmado acuerdos específicos con varios de ellos. Todos los ministerios disponen de oficinas dedicadas a integrar una perspectiva de género en sus actividades. Debido a la reciente crisis económica, el proyecto de presupuesto para 2011, que actualmente está examinando el Parlamento, solo aumenta de manera considerable las partidas correspondientes al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Las partidas destinadas tanto al Ministerio de la Mujer como a la mayoría de los demás ministerios son las mismas que en 2010. Son varios los ministerios que actúan en favor de la mujer.

14.Puede facilitarse por escrito una lista de los funcionarios destituidos por acoso sexual. El Ministerio de Administración Pública asume con seriedad la cuestión del acoso sexual en el sector público y procura reforzar el marco legislativo e institucional para prevenirlo. Las denuncias de acoso sexual en el sector privado se transmiten al Ministerio de Trabajo. Conviene tener presente que el acoso sexual ocurre a menudo de manera encubierta. La formación impartida a los inspectores de trabajo por el Ministerio de la Mujer incluye cómo detectar el acoso sexual encubierto.

Artículos 6 a 9

15.El Sr. Kedzia expresa preocupación por el elevado índice de desempleo, que parece desproporcionado en el caso de las mujeres, y por consiguiente desea saber qué políticas laborales se han formulado para hacer frente a ese problema. Pide aclaraciones sobre las normas jurídicas que se aplican a los trabajadores del sector no estructurado. ¿Hay una estrategia global para reducir el trabajo en ese sector? ¿Qué se está haciendo para hacer frente a la situación provocada por la afluencia constante de trabajadores migrantes sin papeles? Pese a que el empleo de niños menores de 14 años está prohibido por ley, el 14,5% de los niños de entre 5 y 14 años trabajan en el sector servicios, la agricultura y la industria. Aunque son dignas de elogio las medidas encaminadas a reducir el número de niños de entre 10 y 17 años de edad que trabajan ilegalmente y ayudarlos a regresar a la escuela, muchos niños trabajan en el sector privado, que parece en gran medida fuera del alcance de la reglamentación. El orador pregunta si las medidas adoptadas para luchar contra el trabajo infantil en ese sector han tenido éxito. También quiere saber qué resultado han tenido los programas para prevenir la explotación sexual comercial de menores. Asimismo, pregunta qué medidas se están adoptando respecto de la adopción de gran número de niños pobres haitianos por familias dominicanas.

16.Se ha informado al Comité de que el salario mínimo es insuficiente para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. Los trabajadores de ciertos sectores, como el azucarero, se encuentran en una situación financiera particularmente precaria, y el orador pregunta qué se está haciendo para solucionar este problema. Muchos trabajadores del sector azucarero son haitianos sin papeles que son particularmente vulnerables a la discriminación múltiple. El orador pide a la delegación que explique las medidas adoptadas para mejorar los servicios de educación, salud y saneamiento destinados a los habitantes de los bateyes. Si bien considera que el nombramiento de inspectores laborales es digno de encomio, el orador pregunta cuáles han sido los resultados de su labor de inspección, cuántos casos de infracción de la normativa laboral se han detectado, cuántos de esos casos han sido objeto de diligencias posteriores y qué vías de recurso se han ofrecido a las víctimas. El Comité ha recibido noticias de que el número de inspectores laborales sigue siendo insuficiente, al igual que el número de inspecciones realizadas. El orador pregunta si esto es así todavía y, en caso afirmativo, qué medidas se han tomado para corregir la situación.

17.Aunque hay un marco jurídico de derechos y libertades sindicales, los grupos vulnerables, como los trabajadores haitianos, suelen ser víctimas de una discriminación de hecho en lo que se refiere al acceso a los sindicatos. Los trabajadores migrantes sin papeles tienen miedo de afiliarse a un sindicato. En el sector privado se infringen de manera habitual los derechos sindicales, y hay en circulación listas negras de sindicalistas. Al parecer estas infracciones son más frecuentes en las zonas francas, donde solo un 15% de los trabajadores están sindicados. El orador pregunta qué medidas se están adoptando al respecto.

18.La Sra. Bras Gomes expresa preocupación por la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es mayor cuanta más cualificación requiere el empleo. Desea saber cómo va a proceder el Gobierno para cerrar esa brecha salarial, especialmente en vista del número cada vez mayor de mujeres que obtienen los títulos universitarios y las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones especializadas. La oradora pregunta qué medidas se están adoptando para que los trabajadores empleados permanentemente en el sector no estructurado reciban las prestaciones de la seguridad social. También pregunta si los trabajadores domésticos están cubiertos por el régimen contributivo de la seguridad social. Un estudio reciente del Ministerio de la Mujer muestra que el trabajo doméstico ha aumentado y que el 95% de quienes lo efectúan son mujeres que no tienen seguro médico. La oradora pregunta qué prestaciones por maternidad se ofrecen a esas mujeres. Se ha informado al Comité de que en las zonas francas se obliga a las trabajadoras a someterse a una prueba de embarazo. La oradora pregunta si es efectivo que existe esa práctica y, en caso afirmativo, cuáles son las medidas adoptadas para ponerle fin. En relación con el régimen subsidiado de la seguridad social, la oradora pregunta si se están adoptando medidas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para poner en práctica la Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social. La oradora quiere saber si se están tomando disposiciones para establecer una pensión universal de vejez y de qué manera se puede incluir a los trabajadores del sector no estructurado en ese sistema de pensiones.

19.La Sra. Bonoan-Dandan expresa sorpresa ante la afirmación de la delegación de que no hay casos de violación de los derechos de los trabajadores extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta que el Comité ha recibido información en el sentido contrario de fuentes no gubernamentales. En cuanto a la aseveración incluida en el párrafo 53 del informe del Estado parte de que los 55.000 puestos de trabajo perdidos en la industria textil se compensaron con la creación de más de 59.000 nuevos puestos de trabajo en otros sectores, la oradora pregunta si los trabajadores desempleados de la industria textil han recibido capacitación para esos nuevos puestos de trabajo y cuántas de las 55.000 personas que se quedaron sin trabajo han vuelto a encontrar empleo.

20.La oradora pregunta cuál es el salario mínimo, cuál es el costo mínimo de subsistencia y cuál el costo de un nivel de vida digno. ¿Cómo ha influido el DR-CAFTA en la capacidad del Estado para cumplir las obligaciones previstas en los artículos 6 a 9 del Pacto? Se ha informado al Comité de que las zonas francas han resultado perjudicadas por las disposiciones en materia de contingentes y que se han destruido más de 70.000 puestos de trabajo. Se han producido despidos improcedentes, no se han pagado horas extras y se han vulnerado los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. La oradora pregunta si esto es consecuencia del DR-CAFTA.

21.El Sr. Sadi pregunta qué criterio siguió el Comité Nacional de Salarios tripartito para fijar el salario mínimo. Le preocupa que varias categorías de trabajadores del sector privado perciban una remuneración inferior al salario mínimo, y desea saber qué se está haciendo para rectificar esa situación. Le preocupa especialmente la situación relativa al trabajo infantil y, en particular, la adopción de niños haitianos por dominicanos que los hacen trabajar en sus casas. ¿No roza esto la esclavitud?

22.El Sr. Puig (República Dominicana) dice que el 56% de la mano de obra de la República Dominicana está empleada en el sector no estructurado, que también abarca los trabajadores autónomos e independientes. Dado que esos trabajadores no reciben un salario fijo, es difícil garantizar su acceso a la seguridad social. Además, resulta difícil al Estado asegurarse de que pagan sus impuestos. Cada año acceden al mercado laboral en la República Dominicana 100.000 jóvenes y, pese al crecimiento económico, la creación de empleo no es suficiente para integrarlos en la fuerza laboral. Solo para mantener la tasa de desempleo en su nivel actual tendría que aumentar el PIB en un 4% cada año. Además, la constante llegada de trabajadores haitianos sin papeles presiona los salarios a la baja. Al tiempo que se formulan políticas activas de empleo, se está elaborando una estrategia nacional de desarrollo que se aplicará durante los próximos 20 años sobre la base de las evaluaciones hechas por un observatorio laboral que ya ha empezado a analizar las tendencias del empleo.

23.La mayoría de las compañías textiles realiza su actividad en las zonas francas. El número de trabajadores empleados en esas zonas alcanzó los 200.000 en 2003, y en los cinco años siguientes se redujo en más de 70.000 debido a los cambios acaecidos en los mercados textiles mundiales. Del total de 124.000 trabajadores actualmente empleados en las zonas francas, el porcentaje de los que trabajan en el sector textil se ha reducido, mientras que el de los empleados en otros sectores, como la electrónica y el calzado, ha crecido.

24.El Gobierno ha iniciado planes de empleo para zonas que perdieron un gran número de puestos de trabajo en el sector textil, como la provincia de Santiago. En el marco del programa "Santiago Trabaja", financiado por el Gobierno, los desempleados hacen trabajos para la comunidad al tiempo que reciben formación profesional durante cuatro meses para mejorar sus perspectivas de encontrar empleo. La tasa de desempleo es mucho mayor entre los menores de 29 años que entre los varones adultos. Por consiguiente, el Ministerio de Trabajo estableció un programa para las personas de entre 16 y 29 años que han dejado los estudios y no tienen trabajo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Interamericano de Desarrollo han considerado un ejemplo de mejores prácticas. Los cursos del programa han sido preparados por el INFOTEP y los imparten instituciones privadas con el apoyo de la empresa privada. El 60% de los participantes encuentran trabajo en los seis meses siguientes a la finalización del curso.

25.El número de niños y adolescentes que trabajan se ha reducido considerablemente desde 2000, cuando una encuesta nacional determinó que había 456.000 niños trabajando. En noviembre de 2010 se publicará un nuevo estudio sobre este fenómeno. Una de las maneras de reducir el trabajo infantil es aumentar la escolarización. En la actualidad el 94% de los niños están escolarizados, y el Ministerio de Educación se ha fijado la meta de lograr la escolarización de todos los niños para 2019. A modo de incentivo, las familias reciben un subsidio por cada niño que asiste al 85% de las clases como mínimo, y 2,4 millones de niños desayunan en la escuela cada día. El Ministerio de Trabajo ha emprendido acciones contra las empresas que hacen trabajar a niños. Las grandes compañías son menos propensas a esta práctica, pues afecta su imagen en el exterior y perjudica a las exportaciones. En el sector azucarero, por ejemplo, las inspecciones laborales ya no encuentran indicios de trabajo infantil. Sin embargo, resulta más difícil hacer aplicar la legislación laboral en las pequeñas empresas.

26.A menudo la pobreza empuja a los niños a trabajar. Además, el trabajo infantil goza de una amplia aceptación, una actitud que se aplica igualmente a los niños en hogares de acogida. Los padres de las zonas rurales pobres suelen enviar a sus hijos a vivir a las ciudades con parientes en mejor situación económica, pero muchos de esos niños son obligados a trabajar y sufren malos tratos. No obstante, son muy pocos los niños haitianos adoptados por dominicanos a los que luego se pone a trabajar. El Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia están intentando aumentar la conciencia sobre el problema del trabajo infantil. El Estado parte está tomando asimismo medidas para luchar contra la explotación sexual de niños.

27.La situación en los bateyes ha mejorado. Una empresa azucarera ha invertido 25 millones de dólares en tres años para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores e incluso ha construido ciudades enteras para alojar a los habitantes de los bateyes.

28.La República Dominicana tiene 14 categorías de salario mínimo, en función de la industria y el sector laboral, en lugar de un único salario mínimo general. Cada una de esas categorías se subdivide en otras tres categorías atendiendo al tamaño de la empresa. Es un sistema complejo, y los salarios mínimos son bajos debido a la gran abundancia de mano de obra. Los salarios mínimos para cada categoría se fijan cada dos años y se indexan con la inflación. Por lo tanto, en términos reales, los salarios no han variado en los últimos 15 años. Hasta el momento, los empleadores se han negado a estudiar la posibilidad de subir los salarios en función del aumento de la productividad.

29.A pesar de que la reglamentación dispone la igualdad de salario a igualdad de trabajo, muchos empleadores pagan a las mujeres y a los empleados discapacitados menos que a sus trabajadores varones sin discapacidad. Sin embargo, los trabajadores extranjeros sí disfrutan de la igualdad de salario. Los inspectores laborales emprenden acciones contra los empleadores que recurren a las pruebas de embarazo para discriminar a las mujeres.

30.La República Dominicana ha firmado el Convenio de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (Nº 87) y el Convenio de la OIT relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (Nº 98). El Gobierno procura hacer cumplir las leyes sobre el derecho a la sindicación. La capacitación que reciben los 203 inspectores laborales del Ministerio de Trabajo ha mejorado, pero hacen falta más inspectores para investigar las denuncias de infracciones del derecho sindical. La presencia de los sindicatos en las zonas francas ha aumentado, en parte debido a la presión de los grupos de consumidores extranjeros que boicotean a aquellas empresas que obstaculizan las actividades de los sindicatos.

31.El Gobierno procura decididamente expandir el sistema de seguridad social, pero subsisten numerosos desafíos. Solo el 66% de los trabajadores que pueden optar al régimen contributivo han sido inscritos por sus empresas, y algunas de ellas declaran que sus empleados ganan menos de lo que en realidad cobran, lo cual constituye una amenaza para la viabilidad financiera del sistema. A pesar de que sus recursos son limitados, el Estado paga prestaciones a 1,5 millones de personas en el marco del régimen subsidiado, y se está estudiando la implantación de un régimen contributivo subsidiado.

32.Unas 250.000 personas, de las cuales aproximadamente 220.000 son mujeres, trabajan en el servicio doméstico, y el Gobierno está trabajando con sus representantes para incluir a esos trabajadores en la cobertura de la seguridad social.

33.La Sra. Barahona Riera dice que es preferible establecer un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de una familia y tenga en cuenta la inflación para luego fijar sobre esa base los salarios de los distintos sectores. Con el sistema actual la República Dominicana nunca logrará erradicar la pobreza, y tampoco podrá aumentar la productividad sin subir los salarios.

34.El Sr. Tirado Mejía dice que parece muy difícil administrar el sistema del Gobierno para fijar el salario mínimo. Normalmente el salario mínimo sirve para que los trabajadores tengan un nivel de vida digno, pero en la República Dominicana los salarios están sometidos a una constante presión a la baja. El Estado no debe delegar en las fuerzas de mercado y la opinión pública extranjera la protección de sus trabajadores. ¿Hay algún mecanismo estatal que vele por que la política social sea equitativa?

Artículos 10 a 12

35.El Sr. Kedzia dice que, según la delegación, la atención médica pública es universal en la República Dominicana, pero el Comité ha recibido información de diversas fuentes según la cual solo el 40% de la población recibe esa cobertura. Sería útil que la delegación arrojase luz sobre esa discrepancia.

36.Se ha informado al Comité de que la nueva Constitución introduce la prohibición completa del aborto, incluso en casos de violación o cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó encarecidamente al Estado parte que estudiase la posibilidad de establecer esas dos excepciones. ¿Se ha previsto alguna medida para atender esta cuestión? En opinión del orador, la restrictiva legislación del país, que hace que un gran número de abortos no se practiquen en centros hospitalarios, está relacionada con la tasa de mortalidad materna que, con 159 muertes por 100.000 nacidos vivos, se sitúa entre las más elevadas de América Latina y el Caribe.

37.Con respecto a la violencia doméstica, las estadísticas muestran que entre 150 y 200 mujeres mueren asesinadas cada año por sus parejas o ex parejas. El orador pregunta por los resultados de los distintos programas elaborados para hacer frente a esta cuestión.

38.El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha informado de una grave escasez de viviendas en la República Dominicana. El orador pregunta si el Gobierno cuenta con una política nacional de vivienda y, en caso afirmativo, desea saber cómo se aplica. También pide a la delegación que se pronuncie sobre las noticias relativas a los desalojos forzosos.

39.La Sra. Barahona Riera dice que le gustaría saber qué porcentaje del presupuesto se destina a la atención de la salud y a la educación, pues, según la información de que dispone el Comité, dicho porcentaje es muy pequeño en comparación con otros países de América Latina. ¿Se han asignado fondos en el presupuesto actual a los programas de salud sexual y reproductiva en la educación y en otros sectores?

40.Tal como lo entiende la oradora, el artículo sobre el derecho a la vida de la nueva Constitución está redactado de tal manera que se introducirán cambios en la legislación nacional para prohibir los abortos incluso cuando la salud de la madre esté en peligro y en casos de violación o incesto. En su opinión, por lo tanto, el país ha retrocedido en el ámbito de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

41.La Ley Nº 24-97 ha significado un avance en la lucha contra la violencia doméstica. La oradora pregunta cuántos casos de violencia doméstica hubo y qué penas se impusieron. También desea saber si los abusos sexuales son un delito punible y, en caso afirmativo, si el castigo es una pena de prisión o simplemente una multa. El procedimiento de reconciliación existente en la República Dominicana es fuente de preocupación porque hace que muchos casos no lleguen a los tribunales. La oradora también pregunta si el sistema de salud subsidiado da cobertura a todos los pobres. ¿Hay servicios gratuitos destinados a reducir la mortalidad materna y promover la salud sexual y reproductiva? En caso afirmativo, ¿son accesibles a todas las personas, incluidas las que carecen de documentación?

42.El Sr. Pillay dice que todos los datos del informe corresponden a 2002 o 2004. Durante el examen del segundo informe periódico del Estado parte, en 1997, el Comité ya deploró la falta de datos recientes y desglosados. El orador insta a la delegación a cerciorarse de que las estadísticas incluidas en su próximo informe periódico estén actualizadas.

43.La delegación señaló que aproximadamente el 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza aunque, nuevamente, se trata de una cifra de 2004. Alrededor del 16% de la población vive en la extrema pobreza. El orador pregunta si el Gobierno ha utilizado en su plan de reducción de la pobreza un enfoque de derechos humanos que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales, y si ese plan está dirigido a grupos vulnerables como los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas con VIH/SIDA y las personas de origen asiático que viven en los bateyes. Solo el 8% del PIB de la República Dominicana se dedica a inversiones en la esfera social, mientras que en otros países de América Latina el promedio es del 16%. También cabría agradecer que se facilitara información sobre las medidas de redistribución de la riqueza adoptadas. Según datos de 2002, el 20% más rico de la población absorbe el 50% de los ingresos del país, mientras que el 40% más pobre recibe solo el 14%. El orador reitera la recomendación formulada por el Comité en 1997 en el párrafo 28 de sus observaciones finales tras haber examinado el segundo informe periódico del Estado parte (E/C.12/1/Add.16), en que le instaba a tomar medidas para "abordar el problema de la distribución desigual de la riqueza entre la población a fin de luchar contra la pobreza".

44.Se ha estimado que la República Dominicana sufre un déficit agudo de unas 800.000 viviendas, y esta cifra aumenta en 6.000 viviendas cada año. Según los datos de 2002, el 17,5% de la población urbana vive en tugurios. El orador pide a la delegación que facilite las cifras más recientes. La delegación dijo que algunas empresas privadas estaban mejorando las condiciones de vida en los bateyes. Sin embargo, por lo que entiende el orador, en 13 de los 27 asentamientos en cuestión todavía no hay suministro eléctrico ni agua corriente. El orador pregunta qué va a hacer la República Dominicana para mejorar esa situación.

45.En el párrafo 210 del informe el Estado parte reconoce que muchas personas carecen de títulos sobre los terrenos que ocupan. Desde 1997 ha habido un gran número de desalojos forzosos, y se estima que 50.000 familias están en peligro. Los desalojos forzosos se hacen sin las debidas garantías procesales, sin consultar a las comunidades afectadas y sin alojamientos alternativos. Se destruyen las viviendas y, lo que es peor, la policía y el ejército actúan con ayuda de individuos armados y enmascarados. En el párrafo 42 de sus observaciones finales de 1997 el Comité recomendaba que "se adopten medidas de inmediato para proteger a la población de los desalojos forzosos por propietarios particulares y que, a este respecto, se tenga debidamente en cuenta su Observación general Nº 7". El orador pregunta si el Estado parte tiene previsto promulgar alguna ley para que todo desalojo forzoso se haga de conformidad con la Observación general Nº 7, y si estudiaría la posibilidad de introducir una política nacional de vivienda y de crear un banco hipotecario para hacer frente al problema del registro de las propiedades inmobiliarias, lo cual a su vez contribuiría a solucionar la cuestión de los desalojos forzosos. Y lo que es más importante ¿va a dedicar fondos suficientes a la construcción de viviendas públicas para las personas y grupos desfavorecidos?

46.El Sr. Atangana observa que la delegación no respondió a la pregunta 29 de la lista de cuestiones, en la que se pedía al Estado parte que facilitara datos desglosados sobre las víctimas de la trata de personas. ¿Sería posible disponer de esa información?

47.Con respecto a la violencia doméstica, el orador dice que en el párrafo 284 de las observaciones finales aprobadas en 2004 (A/59/38), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó con preocupación que la aprobación del actual proyecto de Código Penal implicaría un retroceso en los avances alcanzados en materia de derechos humanos de la mujer, como la eliminación de la definición de la violencia de la mujer contenida en la Ley Nº 24-97, la reducción de penas por violencia doméstica o la eliminación del incesto como tipo penal. Sería útil que la delegación facilitara información actualizada sobre la respuesta del Estado parte a esa observación.

48.El Sr. Abashidze dice que, según varias fuentes, la situación de la protección física de la mujer en la República Dominicana constituye un motivo de preocupación. Las estadísticas de 2008 indican que dos tercios de los homicidios de mujeres fueron el resultado de incidentes de violencia doméstica. En su segundo informe periódico el Estado parte reconoció el problema y manifestó su intención de crear tribunales especiales para proteger a las mujeres y los niños. ¿Se han creado esos tribunales? En caso afirmativo, ¿puede la delegación citar ejemplos de cómo protegen a las mujeres?

49.El Sr. Dasgupta dice que el informe no ofrece una imagen clara del nivel de acceso de la población a los servicios de salud. Según las cifras del PNUD, en 2002 solo había 1,9 médicos por cada 1.000 habitantes, y el gasto público en servicios de salud se limitaba al 2,2% del PIB, una cifra considerablemente inferior a la media regional del 3%. ¿Han mejorado desde entonces esas cifras? El orador también pregunta qué porcentaje de la población depende enteramente de los servicios de salud del sector público y qué porcentaje tiene acceso al sector privado. Según la información recibida, el sector público ofrece servicios gratuitos pero el acceso no está garantizado, presumiblemente porque el número de médicos y hospitales es insuficiente. El orador pide a la delegación que aporte información sobre el número de médicos y camas de hospital disponibles en el sector público y sobre el porcentaje de pacientes rechazados o incapaces de acceder a esos servicios por falta de instalaciones adecuadas. ¿Cómo prevé el Estado parte mejorar esa situación?

50.La Sra. Bras Gomes observa que la República Dominicana tiene un procedimiento de examen de solicitudes de asilo, pero que al parecer lleva inactivo algún tiempo. A raíz de ello, los solicitantes de asilo se quedan en el limbo durante años. La oradora insta al Estado parte a reconsiderar su política de denegar las solicitudes de prórroga del estatuto temporal de refugiado. La oradora señala que el seguro médico familiar subsidiado no cubre el tratamiento antirretroviral, excepto en casos de transmisión de madre a hijo, y pide al Gobierno que se replantee la posibilidad de incluir ese tratamiento en el seguro médico subsidiado.

51.El Sr. Schrijver dice que el Comité agradecería que se le entregaran estadísticas actualizadas, pues así podría evaluar los avances hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la pobreza. En los párrafos 165 y 171 del informe del Estado parte se hace un incisivo análisis de por qué la República Dominicana ha avanzado tan poco en la reducción de la pobreza. ¿Ha provocado este análisis un cambio de política y la adopción de medidas para hacer frente al problema?

52.El Sr. Sadi señala que en casos de trabajo infantil, tiranía patriarcal o violencia contra la mujer, por ejemplo, no basta con hacer alusión a un conflicto entre la cultura y la ley, sino que el Estado debe lanzar campañas o tomar otro tipo de medidas para cambiar las actitudes culturales.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.