COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
40º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1 2 ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el martes 6 de mayo de 2008, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
Examen de los informes
a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Segundo informe periódico de Bolivia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES
a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
SEGUNDO INFORME PERIÓDICO DE BOLIVIA (continuación) (E/C.12/BOL/2; E/C.12/BOL/Q/2; respuestas por escrito presentadas por el Gobierno de Bolivia (documento distribuido en la sala de la reunión solo en español))
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Bolivia vuelve n a tomar asiento a la mesa del Comité .
El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular sus preguntas a la delegación de Bolivia.
Art ículos 6 a 9 del Pacto
La Sra. BRAS GOMES observa que, debido a la pérdida de trabajo en el sector del empleo estructurado, muchos trabajadores, sobre todo mujeres, se han visto obligados a aceptar ocupaciones de emergencia o de corta duración, con frecuencia en el sector no estructurado. Además, un tercio de la población trabajadora está subempleada. Pregunta qué está haciendo el Gobierno para garantizar una mejor reglamentación del sector no estructurado y para proporcionar las prestaciones de la seguridad social a la población trabajadora pobre. Se pregunta si el salario mínimo actual de 440 bolivianos es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado y cuál es el umbral de la pobreza. Pregunta asimismo por qué en 2004 solamente aumentaron los salarios en los sectores de la salud y la educación.
Insta al Estado parte a que adopte medidas selectivas para prestar asistencia a las mujeres, que tienen tasas de cesantía y desempleo más elevadas y ganan un 20% menos que los hombres. Pregunta si se aplica la Ley núm. 2450 que regula el trabajo en el hogar. Alienta al Estado parte a adoptar medidas para mejorar las condiciones de trabajo en las minas.
El Comité tiene información de que incluso en el sector público, a pesar de la ley, se suele despedir a las mujeres que quedan embarazadas; el Estado parte debe garantizar que se protejan los derechos de los trabajadores, en particular de las mujeres, y que se beneficien de la protección plena de la seguridad social. A ese respecto, solicita más información sobre el proyecto de decreto para incorporar a grupos como los gremiales, los microempresarios y los conductores a su régimen de seguridad social de corto plazo. También desea recibir más información sobre la situación actual y los resultados de la reforma de las pensiones, incluida la mejora de sus prestaciones. Expresa su preocupación porque las pensiones de las mujeres en particular son más bajas que las de la población en conjunto, debido a que con frecuencia contribuyen durante períodos más cortos a causa de los embarazos y las obligaciones familiares o por trabajar en el sector no estructurado.
El Sr. ZHAN Daode pregunta si el salario mínimo nacional es suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Desea recibir información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para abordar la malnutrición.
La Sra. WILSON destaca la importancia de adoptar medidas para eliminar el trabajo forzoso, incluso frente a la oposición de intereses económicos poderosos. También es esencial que el Estado parte garantice a las mujeres igual remuneración por el mismo trabajo. Pregunta si las mujeres que no reciben igual remuneración por el mismo trabajo pueden recurrir a los tribunales o al Defensor del Pueblo y si se verían victimizadas en el lugar de trabajo en el caso de que presenten una denuncia.
El Sr. ABDEL-MONEIM dice que los cuadros sobre el empleo rural y urbano que figuran en el informe (E/C.12/BOL/2, párr. 33) son algo confusos. No entiende la distinción entre desocupados y aspirantes, si bien las cifras correspondientes a los aspirantes y los cesantes equivalen en conjunto a la de desocupados. El número de desocupados tanto en el medio rural como en el urbano aumentó entre 1999 y 2002, y sin embargo parece haber menos desocupados en las zonas rurales que en las urbanas. Se pregunta si la delegación puede aclarar esas cifras.
La Sra. BARAHONA RIERA solicita más información sobre la justicia comunitaria y expresa su preocupación por el hecho de que la justicia tradicional o comunitaria no siempre está en conformidad con las normas internacionales sobre los derechos humanos. Pregunta de qué manera piensa garantizar el Estado parte que la justicia tradicional se ajuste a la legislación interna y las normas sobre los derechos humanos, especialmente en los asuntos relativos a la familia, la mujer y la violencia doméstica.
Pide más información acerca del plan de reforma agraria y tenencia de tierras y desea saber en particular si se aplicará a las tierras que previamente no se consideraban territorio indígena tradicional y se garantizará el derecho de la mujer a poseer tierras. Con respecto al asunto de la incorporación de las cuestiones de género, subraya que la Estrategia Nacional de Derechos Humanos debe asegurar que se asignen suficientes recursos financieros y humanos para promover programas y legislación que garanticen los derechos de la mujer; igualmente, el Plan nacional de desarrollo debería contener garantías relativas a sectores como la vivienda y la salud, tal como se estipula en la Constitución.
El Sr. TIRADO MEJ Í A pide información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para prestar asistencia a los numerosos ciudadanos bolivianos que trabajan fuera del país y para garantizar la protección de sus derechos humanos en los países de acogida.
La Sra. BRAS GOMES pregunta si el Estado parte ha tomado medidas para promover el derecho a organizarse en sindicatos y entablar negociaciones colectivas, sobre todo con respecto al servicio público.
El Sr. MARTYNOV solicita más información sobre el sistema de formación profesional en el Estado parte, en particular sobre cualquier ampliación del sistema desde el informe anterior y sobre el número de personas que han recibido formación, así como el tipo de conocimientos adquiridos. Pregunta si ha entrado en vigor la Ley núm. 2450 que regula el trabajo en el hogar, y si se ha aprobado su reglamentación. Pregunta quién se encarga de la aplicación de la ley: cuántos inspectores de trabajo hay y qué atribuciones legales tienen.
El PRESIDENTE recuerda las obligaciones del Estado parte en el marco del Convenio núm. 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva y del artículo 8 del Pacto. Pide información sobre los progresos realizados en la promoción del derecho de negociación colectiva, incluso en la administración pública.
El Sr. CHÁ VEZ (Bolivia) dice que su Gobierno se ha comprometido a eliminar los abusos laborales, como el trabajo en condiciones de servidumbre o de “criadito”, sobre todo en zonas como el Chaco boliviano. Dice que las autoridades de la capital o de las grandes ciudades no siempre son conscientes de que sigue existiendo el trabajo forzoso. Además, los esfuerzos para realizar reformas suelen encontrar la oposición, incluso violenta, de los intereses creados. No obstante, su Gobierno se ha comprometido a eliminar las prácticas abusivas, sobre todo mediante la reforma agraria y la redistribución de la tierra, a fin de garantizar que los pueblos indígenas en particular recuperen la propiedad de sus tierras tradicionales. En el pasado, el Estado expropió las tierras indígenas para explotar sus recursos naturales, por ejemplo el petróleo, y en muchos casos las traspasó al sector privado. Su Gobierno está intentando fomentar la sensibilización sobre la necesidad de garantizar que los pueblos indígenas desempeñen la función que les corresponde en la gestión de sus tierras tradicionales y se beneficien de sus recursos.
Sobre la cuestión del sistema comunitario o tradicional de justicia, dice que la nueva Constitución reconoce ese sistema de justicia como una jurisdicción paralela. Sin embargo, subraya que el Tribunal Constitucional es el árbitro último en cualquier caso de conflicto entre el sistema de justicia oficial y el comunitario. La única diferencia entre los dos sistemas radica en el enfoque utilizado, y en algunos casos en el tipo de sanciones impuestas. El sistema de justicia comunitario tal vez sea más flexible en las sentencias y ofrezca más alternativas a la reclusión, en función de la gravedad del delito. Alerta contra la tendencia a suponer que el sistema judicial de estilo europeo es inherentemente superior al tradicional o indígena.
En cuanto a si los tribunales tradicionales protegen los derechos de la mujer, admite que hay una larga tradición de machismo, pero la clave para superar ese problema está en aumentar la sensibilización no solo entre la población indígena, sino también en la población general. Su Gobierno está de acuerdo en que hay que proteger los derechos de la mujer, pero no considera que encarcelar al marido por violencia doméstica, privando de esta manera a la familia de su principal sostén, sea necesariamente la solución ideal, y reitera que a largo plazo la educación y la sensibilización son las mejores soluciones.
El salario mínimo, que no cambió durante algunos años, ha aumentado recientemente a 577 bolivianos. Esa cantidad no es todavía totalmente satisfactoria, pero el Gobierno está tratando de aumentarla a fin de que siga creciendo al ritmo del desarrollo económico. También está aumentando las prestaciones sociales, como la subvención por hijos a cargo y los complementos de los ingresos para las familias y los ancianos. Las tasas de mortalidad materna se han reducido de manera considerable, incluso en las zonas rurales, gracias a la disponibilidad de un seguro médico universal para madres e hijos. También se ha prestado asistencia a los agentes de atención sanitaria tradicional. En general, la situación social en Bolivia ha mejorado notablemente durante el mandato de su Gobierno.
La mayor parte de los bolivianos que trabajan en el extranjero se encuentran en la Argentina, el Brasil, Italia, España y los Estados Unidos. Muchos son trabajadores ilegales o indocumentados y el Gobierno trata de regularizar su situación, en parte mediante un sistema de consulados móviles, a fin de prestarles servicios consulares. El Gobierno también ha concedido a los bolivianos que trabajan en el extranjero el derecho a votar en las elecciones de Bolivia.
El Sr. KOLOSOV pide más información sobre la idea de los consulados móviles, que es muy interesante. Se pregunta cuál sería su condición jurídica con respecto a la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares. ¿Ha concertado el Gobierno de Bolivia acuerdos consulares especiales con los países que acogen un número elevado de trabajadores bolivianos?
El Sr. TIRADO MEJÍA observa que otros países de América Latina también establecieron tribunales especiales para las poblaciones indígenas, pero se registraron varios problemas, porque algunas sanciones tradicionales de esas comunidades, como el uso del látigo y del cepo, son crueles e inhumanas y violan la legislación internacional sobre los derechos humanos. Su comentario no constituye una crítica del enfoque del Estado parte con respecto a la administración de justicia de las comunidades indígenas; simplemente desea formular una advertencia.
La Sra. BARAHONA RIERA pregunta de qué manera ayudarán a conseguir la cobertura universal las reformas de la seguridad social y la atención de la salud actualmente en curso.
La Sra. BRAS GOMES pregunta si ha comprendido correctamente que los sistemas de seguridad social y atención de la salud tienen ahora un fuerte componente público. Se pregunta cómo se financian. ¿Es consciente el Estado parte de que las personas cuyo nacimiento no se ha registrado tienen problemas de acceso a las prestaciones de la seguridad social a las que tienen derecho? ¿Se ha reflexionado sobre la manera de solucionar el problema?
El Sr. CHÁVEZ (Bolivia) dice que, aunque el Tribunal Constitucional ha reconocido la jurisdicción de las autoridades indígenas, no permitirá la imposición de sanciones crueles o inhumanas. No se puede permitir la violación de los derechos humanos en nombre de la cultura.
Las reformas de la seguridad social y el seguro médico actualmente en curso tienen por objeto corregir los problemas creados por la privatización irresponsable de los sistemas que llevó a cabo el Gobierno anterior. La legislación de reforma de las pensiones que se está examinando reduce la edad de jubilación y establece una contribución del Estado a los fondos de pensiones. Se está consultando a representantes sindicales y otras partes interesadas sobre las reformas de las pensiones propuestas. El Gobierno actual tiene el firme compromiso de llevar adelante la reforma de la seguridad social, pero dicha reforma es delicada y requiere tiempo. Es necesario proceder con cautela, porque hay una importante cantidad de dinero en juego.
El Gobierno es consciente de los problemas que acarrea la falta de documentos de identidad y está realizando campañas masivas para garantizar que todos los bolivianos los tengan. Se han logrado importantes progresos en la reducción del número de personas "invisibles".
La Sra. NAVARRO (Bolivia) dice que los consulados móviles no son instituciones nuevas que requieran la negociación de acuerdos bilaterales. Son una ampliación de los consulados existentes. La idea es poner los servicios consulares a disposición de los bolivianos en el extranjero en los lugares donde realmente viven y trabajan.
Con respecto a las preguntas relativas a las formas contemporáneas de esclavitud, dice que el Gobierno se esfuerza por llevar a cabo las recomendaciones del Comité sobre la reforma agraria y la propiedad de la tierra (E/C.12/1/Add.60, párr. 40), pero sus intentos de aplicar los planes y programas chocan con la fuerte resistencia de los principales terratenientes, que recurren incluso a emboscadas y ataques violentos. El Gobierno necesita la ayuda y la orientación del Comité para hacer frente a una resistencia de este tipo.
Artículos 10 a 12 del Pacto
El Sr. TIRADO MEJÍA dice que, aunque Bolivia ha logrado progresos en la reducción de la mortalidad materna, las tasas siguen siendo alarmantemente elevadas. El número de muertes por aborto es especialmente preocupante. Se pregunta qué está haciendo el Estado parte para hacer frente a ese problema. Entiende que hay factores sociales, sobre todo la influencia de la Iglesia Católica, que hacen difícil abordar el problema del aborto, pero no justifican la inacción. En particular, desea saber qué medidas se han adoptado para aplicar el artículo 266 del Código Penal, que legaliza el aborto en algunos casos, y cuál es la política del Gobierno sobre el tratamiento de las mujeres que han abortado.
Dice que se siente impresionado por una declaración en las respuestas por escrito del Gobierno (E/C.12/BOL/Q/2/Add.1) en la que se asocia el SIDA con la homosexualidad. El SIDA no es solamente un problema de homosexuales, y los esfuerzos para abordarlo no serán eficaces si se concentran de manera casi exclusiva en la comunidad homosexual.
Por último, muestra su preocupación por las condiciones en los centros penitenciarios bolivianos. Entiende que los países pobres sean reticentes a dedicar sus escasos recursos a los reclusos, pero los Estados partes tienen la obligación de mantener un nivel mínimo de los derechos humanos en las prisiones.
El Sr. KOLOSOV pregunta qué medidas se han adoptado desde el informe inicial del Estado parte (E/1990/5/Add.44) para mejorar la protección de los niños, de conformidad con el artículo 10 del Pacto, y combatir problemas como el trabajo infantil y el maltrato de los niños. ¿Ha mejorado en Bolivia la situación de los niños durante el período objeto de examen?
El Sr. PILLAY dice que en el segundo informe periódico del Estado parte no se aborda la cuestión de la vivienda, a pesar de la gran inquietud del Comité por el déficit de viviendas, los desalojos forzosos de campesinos y poblaciones indígenas y la falta de medidas efectivas para proporcionar unidades de vivienda de interés social a los grupos de bajos ingresos, vulnerables y marginados (E/C.12/1/Add.60, párr. 21). ¿Puede facilitar la delegación alguna información sobre la situación actual de la vivienda en Bolivia?
En el informe se indica que en algunos grupos de la población están empeorando la pobreza y el hambre, así como las desigualdades económicas y sociales. Se pregunta qué medidas se están adoptando para invertir esa tendencia tan preocupante.
El Sr. ATANGANA señala que el Estado parte no ha proporcionado las estadísticas que solicitó el Comité sobre la violencia contra la mujer (E/C.12/1/Add.60, párr. 37). Desea recibir información más detallada acerca de las disposiciones de la Ley contra la violencia en la familia o doméstica (Ley núm.1674) mencionada en el informe del Estado parte (E/C.12/BOL/2, párr. 68). También desea recibir información relativa a las repercusiones de la Ley núm. 3325, de 18 de enero de 2006, mencionada en las respuestas por escrito del Gobierno (E/C.12/BOL/Q/2/Add.1, párr. 112). Se pregunta qué medidas hay previstas para abordar el problema de los nacimientos no registrados.
La Sra. BRAS GOMES pregunta qué servicios hay a disposición de las personas con problemas de salud mental. Se pregunta qué se está haciendo para afrontar las deficiencias en la atención sanitaria de las mujeres en las zonas rurales, en particular con respecto a la formación del personal de atención de la salud sobre sensibilidad cultural y la difusión de información para que las mujeres rurales sean conscientes de la disponibilidad de los servicios. Asimismo, desea saber qué medidas se están adoptando para contrarrestar las ideas y las prácticas culturales perjudiciales con respecto al cuidado y la salud de los niños.
El plan de atención básica de salud de Bolivia para los niños menores de cinco años y sus madres es digno de elogio, pero no proporciona cobertura a todos los niños y sus madres, y algunos sectores de la población, en particular los grupos indígenas, pueden tener dificultades particulares para acceder a ellos.
La Sra. WILSON pregunta por qué el Estado parte no promulga legislación tipificando el castigo corporal. Pregunta también qué medidas se están tomando para impedir los malos tratos físicos y psicológicos de los niños y para frenar el fenómeno de los criaditos (trabajo doméstico de niños indígenas).
Felicita al Estado parte por su Programa de Desnutrición Cero, pero se pregunta si aborda de manera eficaz la malnutrición crónica. También pide información sobre las repercusiones de la iniciativa de promover las inversiones en la agricultura en pequeña escala. Se pregunta por qué la cuestión de la seguridad alimentaria no se consideró suficientemente importante para incorporarla al Plan general de desarrollo económico y social. También desea saber qué progresos se han realizado en el proyecto de ley marco sobre seguridad alimentaria y nutricional (E/C.12/BOL/2, párr. 98).
El Sr. SADI pide información sobre la prevalencia del aborto entre las jóvenes y pregunta qué se está haciendo para garantizar la observancia de la legislación en materia de trabajo infantil. Se pregunta qué repercusiones tiene en Bolivia la presente crisis alimentaria mundial y qué medidas está adoptando el Gobierno para afrontarla. También desea saber qué prioridad asigna el Gobierno a la cuestión de la deforestación en la cuenca amazónica.
El Sr. ZHAN Daode pide información sobre las medidas para combatir la pobreza, que parece ser la raíz de muchos de los problemas sobre derechos humanos del Estado parte.
El Sr. ABDEL-MONEIM dice que elPrograma escolar del Ministerio de Salud y Deportes de 2005 y el Programa de desayuno escolar (ibid., párrs. 107-108) fueron iniciativas particularmente sorprendentes. Se pregunta si el Gobierno ha considerado la posibilidad de introducir las subvenciones para alimentos en su política económica y social, y en caso negativo por qué no. Señala que la sección del informe titulada “Protección contra el hambre” (ibid., párrs. 79-108) en realidad trata de la malnutrición, que no es lo mismo que el hambre. Observa que el título del estudio del Banco Mundial mencionado en el informe (ibid., párr. 99) -Los límites al crecimiento en Bolivia: cómo los programas de nutrición pueden contribuir a la reducción de la pobreza- no es lógico, porque sin duda es la reducción de la pobreza lo que influye en la nutrición.
La Sra. BARAHONA RIERA solicita más información sobre el alcance de la reciente ley sobre salud sexual y reproductiva y los obstáculos para su aplicación, como la presión de los grupos religiosos. Con respecto a la reforma del Código Penal, pregunta si el Gobierno tiene intención de modificar el artículo sobre el aborto. Acoge con satisfacción la aprobación del plan nacional de salud, en particular la revalorización de la medicina tradicional, pero se pregunta qué protección distinta del plan está a disposición de los grupos vulnerables. Pregunta si el plan cubre el cuidado dental.
Pregunta si en el proyecto de Código Penal propuesto están definidos como delitos la violencia doméstica y la trata de personas, y en caso afirmativo qué sanciones se aplican. Desea saber qué medidas hay en vigor para proteger a las mujeres y los niños de la prostitución y la explotación sexual comercial.
Por último, dice que tiene interés en conocer la política general del Estado parte en materia de medio ambiente.
El Sr. MARTYNOV se pregunta por qué las estadísticas que figuran en el informe comprenden solo el período hasta 2003. Si hay datos más recientes, acogería con satisfacción en particular las cifras sobre la mortalidad y la malnutrición infantiles. La declaración reconociendo la necesidad de una ley marco para la aplicación de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional es loable: ¿ha comenzado ya el Gobierno a trabajar en esa ley? En caso afirmativo, ¿cuál es su situación?
Señala que, aunque el número de médicos del sistema de salud pública ha aumentado de manera significativa en los últimos años, sigue habiendo disparidades entre las zonas urbanas y rurales, y pregunta si se hace algún esfuerzo para corregir esa situación.
Se suspende la sesión a las 17.15 horas y se reanuda a las 17.25 horas .
El Sr. CHÁVEZ (Bolivia) dice que en las respuestas por escrito del Gobierno se describe la aprobación en 2006 de un programa de viviendas de bajo costo a fin de proporcionar alojamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad. Se asignó un volumen sustancial de recursos financieros y el Gobierno estableció como objetivo la construcción de 10.000 viviendas en ese año.
Se han adoptado una serie de medidas sobre la atención de la salud en los centros penitenciarios, en particular campañas para combatir la tuberculosis y el VIH/SIDA y de vacunación contra la fiebre amarilla. Una delegación médica cubana presta asistencia en oftalmología y cirugía y se han distribuido equipos dentales en diversas prisiones. Se han organizado talleres para las reclusas que viven en la prisión con sus hijos. Al final de 2008 entrará en funcionamiento un centro modelo de rehabilitación para jóvenes delincuentes, por iniciativa de la sociedad civil.
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición creado en 2003 se reestructuró en 2006 para aplicar la nueva política de seguridad alimentaria y nutricional y coordinar el trabajo de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. Los esfuerzos para erradicar la malnutrición han dado algunos resultados positivos con respecto a la alimentación y el cuidado de los niños menores de cinco años, como se describe con detalle en las respuestas por escrito. Aunque la mortalidad infantil registró una reducción del 41% en 10 años, el Gobierno es consciente de que la situación sigue siendo preocupante.
Reconoce que en el Estado parte hay niveles elevados de aborto y que la edad media de las muchachas que tratan de abortar es muy baja en ciertas zonas. La educación en el entorno familiar es muy importante a ese respecto. El debate nacional sobre el aborto es complejo y la cuestión de las disposiciones relativas al aborto en el proyecto de nuevo Código Penal es muy delicada; hay algunas influencias conservadoras, como la Iglesia Católica, que conviene tener en cuenta. En el marco del Código Penal vigente el aborto está permitido en determinadas circunstancias, pero ha habido casos en los que el fallo judicial no se produjo hasta después del nacimiento del niño. Antes de completar el proyecto del nuevo Código Penal para el final del año, se mantendrán consultas con todas las partes interesadas.
Bolivia es en realidad un país muy pobre. La sociedad civil y todas las demás partes interesadas pueden ayudar a solucionar el problema. El Gobierno es consciente de que debe recuperar el tiempo perdido antes de abordar el problema y ahora está tomando medidas. La cancelación de la deuda externa en 2000 no fue suficiente y no benefició al pueblo boliviano. La pobreza no es un problema fácil de resolver, y el Gobierno actual lleva apenas dos años en el poder. En las respuestas por escrito se describen algunas iniciativas en esa esfera.
El Gobierno se compromete a combatir la deforestación y el contrabando de madera. Bolivia tiene la mayor superficie de bosques certificados de la región. La cuestión de la deforestación está estrechamente relacionada con el derecho al agua y el Gobierno ha establecido un Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Cuando el agua se contamina, es necesaria la coordinación con la industria. El Gobierno muestra su inquietud por los proyectos de desarrollo transfronterizos que pueden afectar al ecosistema boliviano, en particular la propuesta de presa del río Madera, entre el Brasil y Bolivia. El Gobierno confía en la filosofía tradicional indígena de protección del medio ambiente.
El sector de la salud mental ha estado descuidado durante mucho tiempo, pero ahora se están aplicando iniciativas para mejorar los servicios. Hay un importante hospital psiquiátrico en Sucre y algunos pequeños centros en capitales de departamento.
La salud es un sector prioritario para el Gobierno, y sus planes para establecer un servicio universal de salud están a la espera de su examen en el Congreso. Dado que la Cámara del Senado que examina las leyes no está bajo el control del partido gobernante, con frecuencia se bloquean las iniciativas sociales. Los recursos para la aplicación vendrían de un impuesto sobre los hidrocarburos y la cooperación internacional.
Con respecto a la protección de los niños frente a los malos tratos, dice que las cifras que se citan le parecen muy altas y habrá que investigarlas. Si bien hay constancia de castigos corporales, no son legales y se deben sancionar.
El Defensor del Pueblo ha organizado campañas contra el trabajo infantil y adoptado una serie de medidas en favor de los niños, incluida una subvención para alentar a los niños a completar la enseñanza primaria, como se describe en las respuestas por escrito (párr. 52).
Por lo que respecta a la crisis alimentaria, dice que, si bien el mantenimiento de las subvenciones para las familias de bajos ingresos no es una buena idea a largo plazo, es necesaria como medida de transición.
Es cierto que algunas estadísticas del informe datan de 2003, pero se complementan con cifras más recientes en las respuestas por escrito.
Hay iniciativas municipales para reducir y controlar la prostitución, que no es punible por ley. Se ha abolido el anterior sistema de control de la policía, discriminatorio y abusivo, y el interés se ha concentrado en los controles sanitarios.
La Sra. URENA (Bolivia) señala a la atención del Comité el informe del Relator Especial sobre el derecho a los alimentos relativo a su visita de 2006 a Bolivia, que contiene recomendaciones interesantes acerca de esa cuestión y reconoce los esfuerzos del Gobierno en ese ámbito (A/HRC/4/30/Add.2). Bolivia copatrocina en la actualidad una resolución en el Consejo de Derechos Humanos proponiendo un período extraordinario de sesiones del Consejo sobre la crisis alimentaria. El Gobierno comenzó a trabajar para combatir la malnutrición cuando estalló la crisis alimentaria mundial. Ningún país tiene la solución; la propia Bolivia adoptó una posición clara contra el uso de los biocombustibles, considerando que el derecho a la alimentación debía ser prioritario.
La Sra. NAVARRO (Bolivia) dice que en 1952, tras la primera revolución, Bolivia necesitó ayuda alimentaria de urgencia, y ahora, más de 60 años después, sigue dependiendo de la misma ayuda procedente del mismo país. La situación de la seguridad alimentaria en Bolivia es consecuencia de las políticas económicas a nivel internacional. Los países que reciben casi todas las subvenciones están en el mundo desarrollado y esas políticas de liberalización solamente fomentan la exportación.
Por último, a fin de aclarar la posición de Bolivia sobre el medio ambiente, la oradora lee parte de una declaración pronunciada por el Presidente Morales en el 70º períodos de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, titulada “Los 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida”.
Se levanta la sesión a las 18 .05 horas.
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