COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

40º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 11ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el martes 6 de mayo de 2008, a las 10.00 horas

Pre sident e:Sr. PILLAY (Vicepresidente)

Más tarde:Sr. TEXIER (Presidente)

SUMARIO

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los

artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Segundo informe periódico de Benin (continuación)

Segundo informe periódico de Bolivia

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES

a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)

SEGUNDO INFORME PERIÓDICO DE BENIN (E/C.12/BEN/2; documento básico (HRI/CORE/1/Add.85); observaciones finales del Comité sobre el informe inicial de Benin (E/C.12/1/Add.78); lista de cuestiones que se deben abordar (E/C.12/BEN/Q/2); respuestas presentadas por escrito por el Gobierno de Benin a la lista de cuestiones (E/C.12/BEN/Q/2/Add.1)) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Benin vuelve a tomar asiento a la mesa del Comité .

2.El PRESIDENTE invita a la delegación de Benin a responder a las cuestiones planteadas en la sesión anterior.

3.La Sra. Fagnisse (Benin) dice, en relación con la mutilación genital femenina, que se han llevado a cabo varias actividades de sensibilización en el marco de la ley de 3 de marzo de 2003, tanto por parte del Estado como de la sociedad civil. El Gobierno también ha puesto en marcha un programa de reconversión para las personas que se dedican a esas prácticas. Ha hincado asimismo la fase represiva de la política establecida en ese ámbito. Se ha propuesto un programa de formación para los funcionarios de la policía judicial y los magistrados. Benin coordina con los países fronterizos (Nigeria, Níger, Togo y Burkina Faso) sus actividades destinadas a reprimir y erradicar la práctica de la mutilación genital femenina.

4.Por lo que respecta a la violencia en el hogar, hay disposiciones especiales que reprimen la violencia contra los niños. No hay en este momento una legislación específica sobre los adultos, pero la violencia familiar se castiga con arreglo al apartado de violencia y agresión y se está estudiando la adopción de leyes específicas en esa materia.

5.En virtud del Código de la Persona y de la Familia, los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los otros hijos siempre que el padre los reconozca como tales. La mortalidad maternoinfantil ha descendido de manera considerable gracias a las numerosas medidas adoptadas por el Estado para garantizar los cuidados esenciales a las mujeres embarazadas y los niños. El Ministerio de Salud lleva a cabo un programa de seguimiento de los embarazos y de los niños de cero a cinco años. Esos niños reciben cuidados gratuitos. El parto mediante cesárea corre íntegramente a cargo del Estado. También ha contribuido de manera importante a la reducción de la mortalidad maternoinfantil un programa de vacunación.

6.El Código de la Persona y de la Familia establece la edad del matrimonio para los hombres y las mujeres en 18 años. Un menor de 18 años no puede contraer matrimonio sin el consentimiento de la persona que ejerce la autoridad parental sobre él.

7.En Benin se aplica una política de sensibilización sobre los conceptos vinculados a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales relativos a ellos. Esa política consiste en sensibilizar a ciertos grupos específicos, como los magistrados, los maestros y los alumnos, los policías, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los representantes elegidos localmente, los profesionales de la salud y los periodistas. Se emiten con regularidad programas radiofónicos sobre los derechos humanos. En la enseñanza secundaria ya se ha incorporado el concepto de los derechos humanos a materias como la historia, la geografía y la filosofía. Hay en preparación una política análoga para la enseñanza primaria. Con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se ha traducido la Convención sobre los Derechos del Niño a cuatro idiomas locales. Está previsto hacerlo también a otros idiomas y con otros instrumentos. Para fortalecer la promoción de los derechos humanos, el Gobierno de Benin ha preparado y difundido paquetes pedagógicos de divulgación.

8.Sobre la gratuidad de la enseñanza, la Sra.  Fagnisse puntualiza que se refiere fundamentalmente a las escuelas públicas de preescolar y primaria. En cuanto a posibles diferencias de nivel entre las etnias, indica que en Benin no hay problemas étnicos y no existen disparidades.

9.En cuanto a la cuestión de los refugiados, la mayor parte de las personas refugiadas en Benin proceden de Togo. También hay algunos refugiados que proceden del Chad, Liberia, Nigeria y el Congo. En 2007 había en el país unos 20.000 refugiados. El número de refugiados disminuyó de manera s apreciable tras la aplicación de un programa de repatriación voluntaria realizado en cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las autoridades de Togo, con el objetivo de llegar a unos 5.000.

10.En los ministerios, las instituciones y ciertas estructuras privadas se han puesto en marcha programas y se han creado comités para luchar con eficacia contra el VIH/SIDA. El 5 de abril de 2006 se aprobó una ley sobre la prevención y sobre la acogida y la inserción de las personas afectadas por el VIH/SIDA. Esas distintas medidas permitieron reducir la tasa de prevalencia de la enfermedad, que era del 4,1%, al 2% en 2006.

11.A partir del año 2000 el Estado parte ha aprobado algunas disposiciones para reducir el trabajo no estructurado. Al final de 2007 se organizó un foro nacional sobre el empleo de jóvenes y otro sobre el empleo de mujeres. Se creó un comité de seguimiento y hay un plan de aplicación en curso. La pobreza, que persiste, es más pronunciada en el medio rural que en el urbano. La malnutrición está en retroceso, incluso entre los niños menores de cinco años. El Estado parte estudia medidas con objeto de mejorar el acceso de las familias del medio rural al crédito, diversificar la producción agrícola, crear infraestructuras y mejorar la capacidad de gestión y absorción de los recursos públicos.

12.Por lo que respecta al Convenio núm. 119 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Benin tiene previsto ratificarlo en fecha muy próxima.

13.En cuanto a la alimentación en los centros penitenciarios, la Sra. Fagnisse señala que está a cargo de empresas de servicios que están sujetas a un control riguroso por parte de las autoridades penitenciarias. Los servicios competentes del Estado y las ONG realizan igualmente visitas por sorpresa. Un proveedor que ofrezca comidas de mala calidad puede ver cancelado su contrato.

14.En materia de vivienda social, Benin aplica una política sobre la propiedad inmobiliaria tendente a mejorar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada. La Asamblea Nacional está examinando un proyecto sobre ese asunto.

15. El Sr. Texier ocupa la Presidencia .

16.La Sra. Barahona Rierapide información detallada sobre la privatización de ciertos servicios públicos, como el abastecimiento de agua y electricidad, desde la perspectiva del acceso efectivo de la población a esos servicios y los posibles problemas que plantean las privatizaciones.

17.El Sr. SADI desea saber cuáles han sido las incidencias de las privatizaciones y si hay conexión entre la perpetuación de la pobreza en el país y las privatizaciones. Pregunta también cuáles fueron los resultados de las campañas realizadas para poner fin a la poligamia y si hay criterios o indicadores que permitan valorar las políticas aplicadas en ese ámbito y las relativas a la mutilación genital femenina.

18.El Sr. atangana observa que se ha especificado que la enseñanza pública de preescolar y primaria es gratuita. Desea saber cuál es la situación en el sector privado y si el Estado ayuda a ese sector en busca de un equilibrio y con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para todos.

19.La Sra. wilson desea tener información detallada relativa al control de la calidad y los precios de los productos alimenticios. Señala que, según el informe objeto de examen, el precio de los productos alimenticios no está al alcance de un gran número de familias. Pide asimismo detalles sobre las medidas adoptadas para reducir la malnutrición, cuyo nivel sigue siendo relativamente elevado en Benin.

20.El Sr. kerdoun pregunta si la ayuda internacional, de la que todavía depende Benin, procede de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y si esas instituciones han obligado a Benin a adoptar medidas de ajuste estructural. Pregunta igualmente si hay también ayuda bilateral, y en caso afirmativo cuáles son los principales países donantes y en qué medida está condicionada la ayuda de esos países.

21.El Sr. pillay observa que, según el informe objeto de examen, se asignan muy pocas viviendas públicas y los más pobres no tienen acceso a ellas. Hay constancia de una política nacional en materia de vivienda, pero no se sabe si se aplica. Además, es importante el hecho de que el 29,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, pero esas personas viven con menos de un dólar al día, y el 73,7% de la población vive con menos de dos dólares al día.

22.El Sr. AKIBOU (Benin) dice que la ayuda internacional que recibe Benin de sus asociados es tanto bilateral como multilateral. Benin forma parte de los países menos adelantados y su presupuesto, que depende de una base imponible muy reducida, se agota con rapidez una vez pagados los salarios de los funcionarios públicos. La ayuda de las instituciones multilaterales está sujeta a la adopción de un programa de ajuste estructural. Ciertas medidas se han podido llevar a cabo, aunque han sido dolorosas. No obstante, ahora se constata que se cometieron errores en algunas esferas. Por ejemplo, dichas instituciones pidieron a Benin que suprimiera el sistema de extensionistas rurales, que ayudaban a los campesinos, porque dicho sistema constituía una forma de subvención a la agricultura. El FMI, al observar que la producción se vio afectada por la medida, considera ahora que se deberían contratar de nuevo extensionistas rurales.

23.Por lo que respecta a la ayuda bilateral, determinados países, como el Japón, Alemania, los Estados Unidos y China, se muestran particularmente generosos. Sin embargo, no se trata de una ayuda filantrópica. La ayuda está condicionada en parte, en otras palabras, esos países aportan dinero para que a cambio el país beneficiario les compre a ellos. Sin embargo, Benin recibe también ayuda presupuestaria y se benefició recientemente de una condonación de su deuda en el marco de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME).

24.La Sra. AKPOVO (Benin) dice que la privatización plantea problemas serios a Benin. El Estado desea llevar a cabo reformas estructurales, pero sin recurrir a la misma forma de privatización que se utilizó en el pasado y en la que el Estado no intervino. En la actualidad, el sector privado está asociado con el Estado, que conserva una función a fin de proteger a los trabajadores. La privatización es una buena opción en los sectores del algodón, las comunicaciones y la energía.

25.Por otra parte, el abastecimiento de agua potable es prioritario para el Estado, que se esfuerza en reparar y mejorar las instalaciones de tratamiento del agua tanto en las zonas rurales como urbanas.

26.La Sra. ZINKPE (Benin) dice que se siguen realizando campañas para luchar contra la poligamia y la mutilación genital femenina, pero que no se dispone de indicaciones precisas sobre sus resultados. En cuanto al precio de los productos alimenticios, dice que el Estado aplica una política de armonización de precios por medio de la dirección encargada del comercio, que envía inspectores a los mercados para controlarlos.

27.La Sra. AKPOVO (Benin) indica, sobre la cuestión de si el Estado parte ayuda a la enseñanza privada, que los representantes de los directores de centros privados están actualmente en negociaciones con el Gobierno para la concesión de subvenciones a las escuelas privadas, comprendidas las de secundaria.

28.El Sr. AKPOMEY (Benin) puntualiza, con respecto a la mutilación genital femenina, que se está realizando un estudio a fin de determinar los resultados de la política aplicada para erradicar ese fenómeno. En este momento hay varias ONG especializadas en la lucha contra la mutilación genital femenina, que participan en esa evaluación.

29.Con respecto a la política en materia de vivienda, el Sr. Akpomey especifica que en Benin hay una ley sobre la propiedad rural. También está en proceso de aprobación una ley análoga sobre la propiedad urbana. La política en ese sector no se aplica como se debería por falta de medios, que impide poner viviendas sociales a disposición de los sectores más vulnerables de la población.

30.El Sr.  AMOUSSOU (Benin) indica que cuando se aplique la política recientemente aprobada en materia de vivienda todos, tanto en el medio rural como en el urbano, podrán conseguir una vivienda social. Con respecto a la gratuidad de la enseñanza, el consejero para la enseñanza privada nombrado recientemente ha comenzado un estudio para evaluar las necesidades y los sectores fundamentales en los que el Gobierno ofrecerá subvenciones al sector privado. En materia de control de los precios, la Dirección de la Competencia y los Precios, durante sus visitas periódicas de control, llama al orden a los comerciantes poco sensibles, que tienen la obligación de aplicar el precio establecido por el Gobierno para los productos de primera necesidad. En cuanto a la calidad de los productos alimenticios, la policía sanitaria se ocupa de controlar esos productos y de retirar de la circulación los que no reúnen las condiciones apropiadas.

31.El Sr.  AKPOMEY (Benin), subrayando que la pobreza en Benin es una realidad a pesar de la voluntad férrea del Gobierno de erradicarla y de cumplir todas sus obligaciones en el marco del Pacto, indica que para realizar un examen objetivo de la evolución de la situación y de los progresos realizados habría que disponer de estadísticas recientes, de las que Benin carece en la actualidad. Se compromete de manera oficial y personal a dar cuenta a sus autoridades de las observaciones formuladas y las soluciones propuestas por los miembros del Comité y señala que ha comprendido que el interés del Comité no se centra tanto en la ley como en el uso que se hace de ella.

32.El PRESIDENTE da las gracias a la delegación de Benin y anuncia que se ha concluido el examen del segundo informe periódico del Estado parte.

33. La delegación de Benin se retira .

Se suspende la sesión a las 12.55 horas y se reanuda a las 13.05 horas .

SEGUNDO INFORME PERIÓDICO DE BOLIVIA (E/C.12/BOL/2; documento básico (HRI/CORE/1/Add.54/Rev.2); observaciones finales del Comité sobre el informe inicial de Bolivia (E/C.12/1/Add.60); lista de cuestiones que se deben abordar (E/C.12/BOL/Q/2); respuestas presentadas por escrito por el Gobierno de Bolivia a la lista de cuestiones (E/C.12/BOL/Q/2/Add.1))

34. Por invitación del Presidente, la delegación de Bolivia toma asiento a la mesa del Comité .

35.El PRESIDENTE da la bienvenida a la delegación de Bolivia y la invita a presentar el segundo informe periódico del Estado parte.

36.El Sr. CHÁVEZ (Bolivia), al presentar el segundo informe periódico del Estado parte, pone de relieve la perspectiva de la transición histórica que se ha registrado en Bolivia desde la llegada al poder, en enero de 2006, del Presidente Evo Morales Ayma, y manifiesta el interés primordial que el Estado parte tiene en el cabal cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, como estándares mínimos que pueden ser superados en función del interés mayor de los pueblos y las poblaciones. El cambio de régimen en Bolivia ha generado una reorientación de las políticas gubernamentales destinadas a construir un nuevo Estado plurinacional y en proceso de descolonización, basado en el concepto de “vivir bien”. Ese concepto, común a todas políticas públicas, procura una satisfacción compartida de las necesidades esenciales y la cohabitación con el prójimo en condiciones de igualdad y en el respeto de la diversidad cultural, sin desequilibrio de poderes, en armonía con la naturaleza, que va más allá de la idea occidental de bienestar o de la aspiración a vivir mejor, esencialmente materiales.

37.Tras mencionar la nueva Constitución Política del Estado, la delegación de Bolivia repite una serie de elementos comunicados en los párrafos 4, 7, 11, 13 y 23 de las respuestas presentadas por escrito por el Gobierno de Bolivia a la lista de cuestiones, que completa con nuevos hechos registrados recientemente: proyecto de construcción de 300.155 viviendas de ahora a 2011 − en combinación con la creación de unos 70.000 empleos −, aumento del 10% del salario mínimo mediante el Decreto núm. 29473, de 5 de marzo de 2008, y presentación el 1º mayo de 2008 del proyecto de nuevo Código del Trabajo, en particular.

Artículos 1º a 5 del Pacto

38.La Sra.  BARAHONA RIERA (Relatora para Bolivia), recordando las transformaciones que vive actualmente el Estado parte, dice que se necesitan una serie de aclaraciones, en particular sobre las novedades introducidas en la Constitución en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, convendría saber, del conjunto de leyes, programas y políticas citados en el informe objeto de examen, cuáles pertenecen al pasado y aparecen simplemente con un nombre diferente y cuáles son nuevos.

39.Por otra parte, la Sra. Barahona Riera pide información detallada sobre la competencia y los logros del Defensor del Pueblo recientemente nombrado. También sería útil saber si los funcionarios bolivianos se han visto afectados por el proceso constitucional. Por último, con respecto al artículo 3 del Pacto, la Sra. Barahona Riera pregunta si se han introducido modificaciones legislativas en la Constitución y dice que desea recibir información sobre las fuentes de financiación y los objetivos de los nuevos programas y proyectos en materia de igualdad entre hombres y mujeres que se han puesto en marcha, así como sobre los resultados obtenidos hasta el momento.

40.El Sr. TIRADO MEJÍ A observa que el Gobierno de Bolivia, en el párrafo 10 de sus respuestas por escrito a la lista de cuestiones que se debían abordar, indica que el nuevo texto de la Constitución se someterá al pueblo boliviano para su aprobación mediante referéndum. Ahora bien, el Sr. Tirado Mejía desea saber por qué no se celebró ese referéndum el 4 de mayo de 2007, como estaba previsto. Si la Constitución y los textos legislativos que Bolivia tiene intención de aprobar incorporan las disposiciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que cabría felicitarse, sería deseable disponer de información complementaria acerca de los mecanismos concretos que se piensan establecer para garantizar la aplicación de dichas disposiciones, en particular los mecanismos de financiación.

41.En cuanto al derecho a la salud, y más en concreto con respecto al problema de la coca, el Sr. Tirado Mejía observa que el Gobierno de Bolivia, teniendo en cuenta la utilización ancestral de esa planta, tiene previsto legalizar su cultivo. Desea saber cuáles serán los efectos de una decisión de este tipo tanto en el plano de la salud de la población boliviana como en el plano jurídico. En realidad, varios instrumentos de las Naciones Unidas prohíben explícitamente la legalización del cultivo de la coca.

42.El Sr. PILLAY dice que el Comité, en las observaciones finales que formuló en relación con el informe inicial de Bolivia, le encomendó que velara por que los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto fueran directamente aplicables en su orden jurídico interno. Ahora bien, en el informe objeto de examen, Bolivia se limita a indicar que algunos de esos derechos, por ejemplo el derecho al trabajo, están garantizados por la Constitución, por lo que no responde exactamente a la pregunta de si se pueden invocar tales derechos ante los tribunales. El proyecto de nueva Constitución consagra esos derechos y amplía su alcance, pero convendría que la delegación de Bolivia especificara si serán competencia de un órgano jurisdiccional o judicial, por ejemplo un tribunal. Para que los derechos contemplados en el Pacto estén protegidos por la justicia, deben poder ser objeto de un recurso efectivo y se debe asegurar la independencia de la magistratura. Al parecer el clientelismo y la corrupción política se han reducido, pero no se han eliminado, y el poder judicial, que es desde hace tiempo el eslabón débil de los tres poderes del Estado, sería siempre susceptible de ser instrumentalizado por el poder ejecutivo. El Sr. Pillay desea saber a este respecto si la situación ha mejorado y subraya que Bolivia, además de la nueva Constitución, deberá dotarse de una justicia independiente y no corrupta. Para disponer de un recurso efectivo es necesario garantizar además el acceso a los tribunales y a los órganos jurisdiccionales. Cabe preguntarse cómo podrán dirigirse los ciudadanos, en particular las personas que viven en las zonas rurales y las personas desfavorecidas y marginadas, a los tribunales para hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales una vez aprobado el proyecto de Constitución.

43.El Sr. ATANGANA menciona el problema de la lentitud de los procesos judiciales en Bolivia, y en particular el hecho de que las personas permanecen mucho tiempo en espera de ser juzgadas. Los recursos asignados al funcionamiento de los servicios judiciales son insuficientes. Bolivia indica en su segundo informe periódico que la Constitución garantizará la mayor parte de los derechos consagrados en el Pacto. Convendría aclarar a ese respecto qué medidas tiene previsto adoptar el Estado para que todos los derechos contenidos en el Pacto estén protegidos por la ley.

44.La Sra.  BRAS GOMES dice que el informe objeto de examen contiene una lista de instrumentos legislativos, pero en realidad no permite al Comité evaluar la aplicación práctica de los derechos garantizados por el Pacto. Así, por ejemplo, con la excepción de las referencias a la Constitución y las normas que rigen las comunidades indígenas y campesinas, la información facilitada sobre la cuestión de la discriminación con respecto a las poblaciones indígenas es muy limitada. Bolivia es un país dotado de recursos naturales muy importantes, pero al parecer persiste el problema de la desigualdad del reparto de dichos recursos, e incluso se ha agravado. Ahora bien, las poblaciones indígenas, que son mayoritarias, son las más afectadas por ese fenómeno. A este respecto, la Sra. Bras Gomes desea saber qué medidas concretas tiene previsto adoptar Bolivia para mejorar el acceso de las poblaciones indígenas rurales a la educación básica, a una vivienda adecuada y a los servicios de salud, así como a una justicia imparcial. Además, considerando el hecho positivo de que las instituciones financieras internacionales anularon una parte de la deuda externa de Bolivia en 2006, se pregunta si no es indispensable aumentar los recursos asignados a los programas sociales destinados a los más desfavorecidos y promover el acceso de los indígenas a la tierra.

45.La Sra.  WILSONdice que ha tomado nota del hecho de que la mayor parte de los derechos garantizados por el Pacto se han incorporado a la nueva Constitución de Bolivia. No obstante, desea saber si solamente se han incorporado como objetivos que hay que alcanzar −en cuyo caso se necesitarán nuevas disposiciones legislativas complementarias− o si figuran de manera detallada. En cuanto al derecho a no sufrir discriminación, consagrado en la nueva Constitución, la Sra. Wilson desea saber por una parte si esto es aplicabledirectamente, y por otra si se trata de un derecho pleno, es decir, un derecho que se puede invocar directamente sin que esté asociado a otro.

46.La Sra. Wilson se pregunta cuál será el alcance exacto del derecho de los indígenas a la autodeterminación que protegerá la nueva Constitución, en particular si se trata de un derecho individual o colectivo, y quién lo podrá invocar.Desea también que la delegación de Bolivia indique si la reforma agraria está vinculada a la protección que recibirán los pueblos indígenas en virtud de la Constitución, cuáles son los objetivos que se contemplan en esa reforma y si están previstos el reconocimiento de las formas tradicionales de régimen de tenencia de tierras y la restitución de las tierras a las comunidades indígenas. Por último, desea saber si la nueva Constitución contiene alguna disposición particular relativa a la igualdad de sexos y si existe una ley general que aborde esa cuestión. Según ciertas fuentes, en Bolivia persisten desigualdades considerables entre hombres y mujeres. Resulta sorprendente leer, en el párrafo 72 del informe objeto de examen, que la Ley general del trabajo considera a las mujeres en la misma situación que los menores de edad. Sería deseable a este respecto que la delegación de Bolivia indicase al Comité si esa disposición figura también en el nuevo Código del Trabajo.

47.El Sr. SADIcelebra saber que con el nuevo orden político que reina en Bolivia se anuncia un futuro prometedor. No obstante, según una clasificación establecida por la Comisión Europea, Bolivia es el país más pobre de América del Sur. El hecho de que 7% de los propietarios de tierras posean el 85% de ellas explica por qué está tan extendida la pobreza. El Sr.Sadisubraya el hecho de que el 60% de los bolivianos viven en la pobreza, frente a más del 88% a comienzos del decenio de 2000, ydesea que la delegación de Bolivia confirme que la situación ha mejorado en ese ámbito.

48.La magistratura desempeña una función muy importante en la aplicación de los derechos contenidos en el Pacto, en particular los derechos que se pueden invocar ante los tribunales; es de esperar que, en virtud de la nueva Constitución de Bolivia, se pueda recurrir en relación con los derechos garantizados por el Pacto y que se tramiten las alegaciones de corrupción. Con respecto al Defensor del Pueblo, el Sr. Sadi se muestra preocupado por la cuestión de saber si Bolivia está dotada de una institución nacional de derechos humanos que esté en conformidad con los Principios de París y se pregunta si dicho defensor desempeñará la función de esa institución; también desea que la delegación de Bolivia exponga ejemplos de la labor que lleva a cabo. Por último, pide información complementaria acerca de las campañas de educación sobre los derechos humanos que se hayan podido organizar para los alumnos de la enseñanza primaria y secundaria.

49.El Sr. KOLOSOV dice que el Comité, durante el examen del informe inicial del Estado parte en 2001, acogió con agrado la futura adopción de un Nuevo Código de Procedimiento Penal, en el que se preveía que además del español se pudieran utilizar los tres idiomas indígenas principales en el marco de los procedimientos penales y administrativos. Desea saber a ese respecto cómo se aplica en la práctica esta disposición; se pregunta, por ejemplo, si la policía y los funcionarios dominan los cuatro idiomas.

50.El Sr.  ZHAN  Daode, al igual que otros miembros del Comité, observa que el segundo informe periódico del Estado parte solamente contiene algunos párrafos sobre las distintas disposiciones legislativas promulgadas para solucionar el problema de la discriminación contra los indígenas, por lo que desea que la delegación boliviana exponga con más detalle los progresos que se han realizado en ese ámbito. Además, las estadísticas más recientes facilitadas en el informe examinado datan de 2003, por lo que no reflejan fielmente la situación actual. El Sr. Zhan desea saber a este respecto por qué no se utilizaron estadísticas más recientes.

51.El Sr. CHÁ VEZ (Bolivia), recordando la hipótesis de un rechazo del proyecto de Constitución que impediría la incorporación al derecho interno de las disposiciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, subraya que un número no desdeñable de esos derechos ya están protegidos por la Constitución actual y por las leyes de la República. Además, hay que tener presente que Bolivia ha indicado que, coincidiendo con la elaboración del proyecto de Constitución, el Ministerio de Justicia concluyó la difusión de un plan de acción sobre los derechos humanos que precede a dicho proyecto; ahora bien, ese plan se aprobaría aun cuando no ocurriera lo mismo con la Constitución. De esta manera se garantiza igualmente la incorporación gradual a la legislación interna de los derechos que en este momento están a punto de ser reconocidos. En cuanto a la fecha del referéndum sobre el proyecto de Constitución, el Sr. Chávez explica que, aunque su celebración el 4 de mayo de 2007 se aprobó mediante una ley de la República, la Corte Nacional Electoral estimó que el plazo previsto era demasiado corto para poder garantizar la difusión del texto sometido a voto, de ahí el aplazamiento de la consulta.

52.En cuanto a la cuestión de la legalidad del proceso de elaboración del proyecto de Constitución, el Sr. Chávez afirma que en todo ese proceso se ha respetado la legalidad en todos sus puntos. Así, se aplicó el principio de la mayoría de dos tercios para la aprobación del proyecto de texto, que fue objeto de un amplio debate nacional; se tuvieron en cuenta las inquietudes expresadas por ciertos sectores, conservadores en su mayor parte. Será el pueblo quien se pronuncie sobre la legitimidad de dicho proceso.

53.La Oficina del Defensor del Pueblo es un órgano constitucional que se ajusta plenamente a los Principios de París, de manera que disfruta de una independencia total. En particular, prepara programas de sensibilización sobre el tema de los derechos humanos y elabora informes sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. En cuanto a la igualdad entre los sexos, hay que constatar que hasta hace poco se consideraba a la mujer como un ciudadano de segunda clase. Por ese motivo, el Gobierno estableció un plan de acción para mejorar la situación de la mujer y aumentar su participación en la sociedad. Las mujeres están debidamente representadas en el Gobierno, así como en el sistema judicial, en el que más del 50% de los magistrados son de sexo femenino. Hay que señalar a este respecto que la experiencia demuestra que las mujeres son menos susceptibles de corrupción que los hombres.

54.Por lo que respecta a la financiación de los programas relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, los recursos proceden fundamentalmente de la tributación de las empresas extranjeras, pero también del impuesto sobre los hidrocarburos. Los recursos recaudados de esta manera se distribuyen fundamentalmente entre los municipios y los departamentos.

55.La situación económica de Bolivia ha registrado una mejora notable, sobre todo gracias a un aumento considerable de las exportaciones, pero la pobreza sigue siendo preocupante. Esta situación está esencialmente vinculada a la desigualdad en materia de acceso a la tierra. La reforma agraria realizada en 1952 no dio los resultados previstos, por lo que los problemas relativos a la tenencia de la tierra siguen siendo importantes, y con frecuencia se da el caso de que los grandes propietarios de tierras solamente explotan una parte ínfima de ellas. En 2006, Bolivia aprobó una nueva Ley de reforma agraria y creó un instituto cuya función primordial es verificar los títulos de propiedad y proceder a una nueva evaluación de la superficie. El objetivo es también garantizar que las tierras se utilicen de manera racional y se vuelvan a distribuir de forma más equitativa. En lugar de imponer por la fuerza una nueva ley agraria, Bolivia decidió consultar a todas las partes interesadas. En el Altiplano, región muy poblada formada por pequeñas parcelas de tierra, el Estado efectuó una concentración de las parcelas de uso comunitario, que explotaban algunas familias. En cuanto a los valles y los terrenos de altitud media, ricos y fértiles, son pocos los problemas sobre tenencia de la tierra que se pueden señalar. La situación es mucho más compleja en las tierras de escasa altitud, que cubren casi el 70% del territorio y una buena parte de la cuenca amazónica. Esas tierras suelen pertenecer a terratenientes ricos y el Estado choca con numerosos obstáculos para su redistribución. En todo caso, el Sr. Chávez señala que el Gobierno actual consiguió en apenas dos años más progresos que los gobiernos anteriores y espera que el proceso de redistribución se concluya en 2011. Sin embargo, el costo de la reevaluación y de la redistribución de las tierras es enorme. En el marco de las operaciones de redistribución, el Estado parte también tiene intención de prestar una gran atención al pueblo guaraní, que está disperso en un tercio del país y con el que Bolivia tiene una deuda histórica.

56.Bolivia ha firmado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas, que reconoce el derecho a la autodeterminación, y por consiguiente tiene previsto promover la autonomía departamental e indígena. Mientras tanto, todas las decisiones relativas a la explotación económica de las tierras y los recursos indígenas se adoptan de acuerdo con los pueblos indígenas. En la Ley de medio ambiente de 1992 ya se preveía la celebración de consultas, pero en realidad no siempre se han llevado a cabo.

57.El Sr. Chávez reconoce que la práctica de la servidumbre ha existido siempre y que afecta sobre todo al pueblo guaraní. El Gobierno de Bolivia ha puesto en marcha un plan interministerial de ayuda al pueblo guaraní y creado una comisión oficial para estudiar la situación de esas comunidades, pero algunas de ellas ni siquiera han querido recibir a los miembros de la Comisión. En todo caso, Bolivia no escatimará ningún esfuerzo para poner fin a la servidumbre.

58.En cuanto al acceso de los pueblos indígenas a la justicia, el Sr. Chávez señala a la atención que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural, en el que hay por lo menos 36 pueblos indígenas de idiomas diferentes. Si bien en las instituciones judiciales se utiliza el español, los indígenas que no lo hablan y que desean tener acceso a los tribunales pueden recibir la ayuda de un traductor. Por desgracia hay algunos casos aislados en los que no ha sido posible la asistencia del traductor. En general, los pueblos indígenas no recurren a las instituciones judiciales nacionales, sino que prefieren utilizar los mecanismos tradicionales de solución de diferencias. Ese tipo de justicia, conocida como comunitaria, utilizada sobre todo por los quechuas, los guaraníes y los aymaras, suele tener la ventaja de llevar a soluciones rápidas y prácticas. Hay que señalar además que las jurisdicciones tradicionales indígenas no aplican la pena de muerte.

59.Con respecto al nombramiento de los magistrados, Bolivia puso fin al sistema en virtud del cual todos los partidos políticos estaban representados en el sistema judicial. En lo sucesivo, los nombramientos se harán de manera transparente y pública. Para concluir, el Sr. Chávez dice que Bolivia no dispone de otras estadísticas oficiales distintas de las que se remontan a 2003.

60.La Sra.  URENA (Bolivia) dice que el cultivo de la hoja de coca ha sido siempre legal en Bolivia, así como en otros muchos países de la región, y que esa planta se utiliza desde hace más de 3.000 años por sus propiedades medicinales, sin que esto haya planteado jamás el más mínimo problema de salud pública. La hoja de coca, considerada como "sagrada" por numerosos pueblos indígenas, es un bien y una riqueza cultural. El Gobierno de Bolivia ha aprobado una nueva estrategia para revalorizar el cultivo de la planta y luchar contra su utilización con fines distintos de los medicinales. Los programas de erradicación del cultivo de la coca en el pasado a menudo se llevaron a cabo en detrimento de los pueblos indígenas y dieron lugar a numerosas violaciones de sus derechos fundamentales. En general, Bolivia lamenta que las instituciones internacionales no reconozcan debidamente la importancia de las prácticas y los sistemas de vida tradicionales de los pueblos indígenas.

Se levanta la sesión a las 13 .00 h oras .

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