Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
43º período de sesiones
Acta resumida de la 31ª sesiónCelebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 3 de noviembre de 2009, a las 10.00 horas
Presidencia:Sr. Marchán Romero
Sumario
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Informes periódicos segundo, tercero, cuarto y quinto presentados en un solo documento por la República Democrática del Congo
La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Informes periódicos segundo, tercero, cuarto y quinto presentados en un solo documento por la República Democrática del Congo (E/C.12/COD/5; E/C.12/COD/Q/5 y Add.1).
1. Por invitación de la Presidencia, los miembros de la delegación de la República Democrática del Congo toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Presidencia rinde homenaje al esfuerzo desplegado por la República Democrática del Congo para presentar su informe consolidado, habida cuenta de las dificultades sobrevenidas desde que presentó su informe inicial en 1988, y le felicita por el cumplimiento de sus compromisos. El Comité y la comunidad internacional están a la espera de entablar un diálogo con la delegación congoleña, que la Presidencia confía que será dinámico y constructivo.
3.El Sr. Upio Kakura Wapol (República Democrática del Congo) presenta sus informes periódicos segundo, tercero, cuarto y quinto consolidados (E/C.12/COD/5), y reafirma su voluntad de entablar un diálogo constructivo con todos los órganos creados en virtud de tratados. El documento presentado tiene en cuenta las observaciones finales que formuló el Comité respecto del informe inicial, de 1988, y proporciona información sobre los programas y las políticas adoptados y los progresos más significativos en el cumplimiento de los derechos enunciados en el Pacto.
4.No obstante, numerosos factores han impedido el pleno cumplimiento de las obligaciones que incumben a su país de conformidad en el Pacto. Los principios enunciados en el artículo 1 del Pacto fueron vulnerados en los 30 años de dictadura, seguidos de 10 años de ocupación y saqueo de los recursos y las riquezas naturales de su país, que han socavado los fundamentos de los derechos económicos, sociales y culturales y han privado al pueblo de sus medios de subsistencia.
5.El título II de la nueva Constitución, promulgada en 2006, está dedicado a los derechos humanos y a las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y del Estado, y el capítulo II trata de los derechos económicos, sociales, culturales y de otra clase. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados por la Constitución, se adoptó un programa prioritario en cinco sectores fundamentales, a saber, la infraestructura, la vivienda, el empleo, la salud y la educación, y el agua y la electricidad. Los grandes proyectos infraestructurales en ejecución crearán miles de empleos en 2010. Las mejoras en el sector inmobiliario y en la construcción de viviendas sociales son señas distintivas de la nueva política de vivienda que se está aplicando. El suministro de agua y electricidad ha mejorado, en particular en las zonas rurales.
6.En lo tocante al empleo, en 2006 el 2,4% de la fuerza laboral potencial estaba contratada en el sector formal. En 2008 y 2009 se registraron aumentos del salario mínimo (SMIG) y, a la vista de las dificultades resultantes de la crisis económica y financiera mundial, el Comité interministerial encargado de vigilar el SMIG garantizó la aplicación de la última subida, tal y como se había acordado. En 2010 el Gobierno iba a concentrar su actividad en tres objetivos principales: la armonización de las escalas salariales mediante el aumento de los sueldos en determinadas categorías de empleos, la jubilación de empleados del sector público, y la contratación de varios centenares de magistrados e inspectores de hacienda para mejorar la gobernanza y combatir la impunidad, así como de un elevado número de peritos agrónomos para aplicar el proyecto de mecanización de las explotaciones agrícolas con miras a alcanzar la autosuficiencia alimentaria; además, se establecerán centenares de nuevas unidades en los servicios dedicados a la mejora de la infraestructura viaria. Por otra parte, se va a revisar el Decreto-ley orgánico de 1961 sobre la seguridad social.
7.También se están efectuando reformas en el sector de la salud. Se han construido o equipado centenares de centros de salud y hospitales, así como facultades de medicina, que se benefician de productos farmacéuticos subvencionados. Están en ejecución otros proyectos de rehabilitación del sector de la salud, como la construcción del Hospital del Cincuentenario en Kinshasa. Una nueva disposición que regula las actividades de los profesionales de la medicina, promulgada en septiembre de 2009, ha surtido un efecto positivo en la remuneración del personal médico. Además, el 15% por lo menos del presupuesto nacional se dedicará a la salud, sobre todo en las zonas rurales. Se mejorará el acceso a la información sobre el VIH/SIDA, especialmente para los grupos vulnerables, se reforzarán las asociaciones nacionales e internacionales y las estrategias sectoriales contra el VIH/SIDA y la pobreza, y se mejorará el equipamiento de los centros sanitarios y los hospitales públicos para la lucha contra el VIH/SIDA.
8.En 2010, las asignaciones presupuestarias para todos los niveles de enseñanza se aumentarán en un 178%. Se ha aplicado un programa para elevar el nivel de la enseñanza en las universidades y, desde 2007, se han construido o rehabilitado centenares de escuelas y centros de enseñanza superior en todo el país, en cooperación con los asociados para el desarrollo. Las campañas organizadas desde 2003 para promover la matriculación escolar de las niñas permitieron alcanzar la paridad de género en la matriculación en 2007, y el Gobierno ha distribuido el necesarios material escolar a unos 416.000 niños para alentarles a permanecer en la escuela. El Parlamento está estudiando un proyecto de ley sobre educación nacional.
9.Además de las iniciativas del Gobierno en materia de salud y educación, se ha pedido a empresas mineras, forestales, petroleras y de otro tipo que inviertan en la salud y la educación de las comunidades locales y en la protección del medio ambiente. A este respecto, el Gobierno atribuye especial importancia a los derechos culturales, económicos y de propiedad de los pueblos indígenas, que están garantizados por la ley.
10.Los efectos de la crisis económica mundial han reducido el ritmo de ejecución de algunas actividades económicas en la República Democrática del Congo; en particular, han disminuido los ingresos de exportación, las inversiones extranjeras directas y la asistencia oficial al desarrollo. No obstante, su país está decidido a hacer cumplir los derechos enunciados en el Pacto y, también, las recomendaciones que formule el Comité. Para ello necesitará un considerable apoyo financiero y asistencia técnica de la comunidad internacional.
11.El Plan Nacional de Acción para promover y proteger los derechos humanos tiene una sección dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales, que es el marco ideal para poner en práctica todas las estrategias y políticas nacionales destinadas a promover y proteger esos derechos. El presupuesto estatal de 2010 prevé grandes proyectos de inversión que necesitarán una movilización efectiva de los recursos externos si se quiere que tengan éxito. Al propio tiempo, cuando se alcance el punto de culminación de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, su país podrá obtener con más facilidad recursos financieros adicionales. La comunidad internacional y los donantes deben reconocer los esfuerzos que está desplegando la República Democrática del Congo para cumplir el Pacto, y ayudarla a ello.
12.Su delegación se reserva el derecho a presentar respuestas por escrito a algunas preguntas, una vez concluido el diálogo.
13.La Presidencia invita a los miembros del Comité a hacer preguntas en relación con los artículos 1 a 5 del Pacto.
14.El Sr. Atangana dice que el sistema judicial de la República Democrática del Congo ha sido objeto de algunas críticas, entre otras cosas por su lentitud y porque no dispone del personal suficiente, y observa que sin un sistema de justicia no es posible proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Por consiguiente, pregunta qué medidas se están adoptando para mejorar el sistema en respuesta a esas críticas, y qué resultados se han obtenido al respecto. También desearía saber si los tribunales han tomado alguna decisión en los casos relacionados directamente con las víctimas de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
15.El orador pregunta si desde que se aprobó la Ley contra la corrupción, en marzo de 2005, los tribunales han dictado alguna resolución sobre casos de corrupción. De las respuestas del Gobierno a la lista de cuestiones (E/C.12/COD/Q/5/Add.1) se desprende que un cierto número de jueces han sido objeto de sanciones disciplinarias, incluida la destitución por causa de corrupción. En consecuencia, pide información sobre la capacitación avanzada impartida a los jueces y pregunta si funciona ya la Ecole supérieure de la magistrature mencionada en las respuestas.
16.El Sr. Dasgupta querría saber por qué, según se informa, a las comunidades de pigmeos se les aplica trámites administrativos discriminatorios, como un trato distinto en el acceso a los documentos de identidad, y por ende a la educación y la atención de la salud, lo que infringe el artículo 12 de la Constitución nacional. Pide a la delegación que dé más detalles sobre las instrucciones administrativas para eliminar las prácticas discriminatorias contra las comunidades de pigmeos.
17.Las disposiciones discriminatorias contenidas en los artículos 444 y 448 del Código de la Familia vulneran evidentemente el principio de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pide más información sobre la medida en que el texto enmendado de la Ley sobre la igualdad de hombres y mujeres, que se ha presentado en 2009, pone fin a la discriminación reflejada en esos dos artículos, y pide también información actualizada sobre la situación en que se encuentra la acción del Gobierno a este respecto.
18.El Sr. Kerdoun dice que la sociedad congoleña debe estabilizarse antes de que puedan alcanzarse los derechos económicos, sociales y culturales. La República Democrática del Congo es un inmenso país, con riquezas naturales extraordinarias. Sin embargo, 30 años de perturbaciones sociales causadas por las agresiones externas y por la dictadura han surtido un efecto dramático en el país, incluida su economía. A pesar de algunas señales de recuperación, como la aprobación de una nueva Constitución, el aumento de las inversiones y el control macroeconómico, así como el retorno gradual a la paz, la economía no es todo lo dinámica que debería; en consecuencia, el orador desea saber por qué el desarrollo económico es lento y cómo espera resolver el Gobierno los problemas planteados. Estas explicaciones permitirían al Comité entender mejor los esfuerzos que se están realizando para construir un país en el que prevalezcan el estado de derecho y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto la educación reviste un interés especial.
19.El Sr. Pillay observa que la Comisión del Servicio Judicial no funciona porque no se le ha asignado ningún presupuesto y a los magistrados no se les pagan los sueldos, y pregunta qué medidas se están adoptando para garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura judicial e impedir las injerencias políticas en la labor de los jueces, y si se ha creado una Corte Constitucional. Recordando que el propio Estado parte ha reconocido la existencia de una cultura de impunidad de resultas de la injerencia política, la insuficiencia de financiación y el cohecho y la corrupción reinantes en el sistema judicial, y observando con preocupación que las víctimas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales tienen pocos medios de acceder a la justicia, pregunta qué hace el Estado parte para garantizar la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y la sanción de los responsables.
20.El Sr. Sadi ha tomado nota de las observaciones generales que figuran en las respuestas escritas, según las cuales los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la legislación nacional, el poder judicial se ha reformado para garantizar el respeto de todos los derechos humanos y se está combatiendo la corrupción, y pide detalles concretos sobre la construcción por el Estado parte de la infraestructura necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos. Aunque el conflicto ha entorpecido claramente el desarrollo económico del Estado parte, ello no puede servir de excusa para la persistencia de una legislación discriminatoria contra las mujeres, las prácticas de corrupción o la desforestación de Katanga con fines mineros. Pide más detalles sobre el estado en que se encuentra la futura institución nacional de derechos humanos y la enseñanza de esos derechos, y pregunta cómo y en qué medida, exactamente, se imparte esta educación, y cuáles son los cursos en que se imparte.
21.El Sr. Texier menciona los informes según los cuales en el Estado parte la justicia se ha convertido en un instrumento de opresión, y no de protección, y comenta que es necesario reformar fundamentalmente el sistema judicial para abordar el problema de la impunidad y rectificar la actual situación, caracterizada por la construcción insuficiente de tribunales, el bajo presupuesto asignado a las autoridades provinciales y la escasez de magistrados. Hay que tomar medidas urgentes para remediar la dicotomía existente en el Estado parte entre sus abundantes recursos naturales y la pobreza generalizada en que está sumida la población, que es consecuencia de la corrupción, la deficiente gobernanza del Estado y la explotación de la riqueza del país por las empresas multinacionales, cuyo único objetivo consiste en hacer beneficios a expensas de la población. Pregunta si el Estado parte está dispuesto a tomar medidas inmediatas para derogar las leyes discriminatorias de la mujer; esta medida no requiere financiación y puede aplicarse con gran rapidez.
22.La Sra. Bras Gomes señala que el objetivo del Comité no es que los Estados partes garanticen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, sino que consideren estos derechos como una responsabilidad fundamental y tomen medidas en consecuencia, y dice que lo que necesita el Estado parte es la voluntad política y un cambio de las mentalidades, para lo cual no son menester recursos. Pregunta si se han tomado medidas concretas de conformidad con la Constitución nacional para poner fin a la discriminación contra las mujeres, y concretamente para derogar las leyes discriminatorias. Observando que no se ha dado respuesta a la pregunta 15 de la lista respecto del Programa nacional para el adelanto de la mujer, pregunta si el Estado parte ha pedido el asesoramiento del sistema de las Naciones Unidas para conseguir avances en este terreno. Pregunta qué medidas se están adoptando para combatir la discriminación contra los pigmeos, y observa que los niños pigmeos a los que la desforestación ha obligado a desplazarse están sufriendo una doble discriminación, porque no se les permite matricularse en las escuelas locales. Pide más datos sobre los informes según los cuales los defensores de los derechos humanos en el Estado parte tropiezan con dificultades porque denuncian frecuentemente las actividades ilegales de las compañías mineras.
23.La Sra. Bonoan-Dandan pide más detalles sobre la respuesta del Estado parte a la pregunta 7 de la lista, respecto de la reducción de la desforestación y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de los bosques. Quiere conocer detalles acerca de los mecanismos establecidos para garantizar la observancia del Código Forestal y de los planes concretos de reforestación y cooperación con las organizaciones no gubernamentales (ONG). Pide aclaraciones sobre la posición del Estado parte respecto de la explotación de las tierras forestales, teniendo en cuenta la declaración conjunta de Greenpeace, Global Witness y la Rainforest Foundation en el sentido de que el Gobierno había decidido dar marcha atrás al proceso de reforma y promover las actividades de tala industrial. Observando que en las respuestas escritas se hace referencia a medidas progresivas para proteger a los pigmeos de la discriminación, incluidos los programas selectivos con esta finalidad, pide más información concreta, en particular sobre las noticias según las cuales la creencia de que el sexo con mujeres bambouti puede curar los dolores dorsales se ha utilizado como justificación para violar a estas mujeres. Recordando la obligación fundamental del Estado parte de proteger a su población, y teniendo en cuenta lo indicado por dicho Estado de que las medidas de protección de los grupos particularmente vulnerables están limitadas por motivos financieros y estructurales, pregunta qué proporción de los ingresos que obtiene el Estado de la explotación forestal redunda en beneficio directo de las comunidades afectadas.
24.El Sr. Kedzia observa que es posible lograr progresos a pesar de los desafíos estructurales a que hace frente el Estado parte, y se suma a los miembros del Comité que han pedido información actualizada sobre la reforma planeada del sistema judicial. Pregunta qué medidas ha tomado el Gobierno para impedir las repetidas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, en el sector empresarial entre otros, garantizar el acceso de los que afirmen haber sufrido una violación de sus derechos a los recursos jurídicos o administrativos apropiados y evaluar la eficacia de esos recursos, y proporcionar asistencia legal a los grupos desfavorecidos. Pregunta cuándo se creará una Comisión Nacional de Derechos Humanos, observa la lentitud con la que avanza este asunto, y pregunta también cómo contribuirá la Comisión al respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Quiere saber qué porcentaje del producto interno bruto se dedica a las reformas relacionadas con la implantación del estado de derecho y qué medidas se han arbitrado para obtener asistencia de los asociados a fin de acelerar estas reformas, entre otras cosas mediante el desarrollo o el establecimiento de instituciones y procedimientos para proteger los derechos económicos, sociales y culturales.
25.La Sra. Baharona Riera pregunta qué autoridad posee el Ministerio de Derechos Humanos para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos a través de la legislación interna, y qué recursos se destinan a este fin. Pide más información sobre el estado de las enmiendas del Código de la Familia y la Ley sobre la igualdad de hombres y mujeres, y sobre lo que se está haciendo para aprobar lo antes posible estos instrumentos a fin de crear un marco jurídico adecuado que no sea discriminatorio para la mujer. Pregunta qué hace el Estado parte para garantizar que las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales del país respeten sus obligaciones de invertir en la salud, la educación, el medio ambiente y las comunidades locales, y desearía saber exactamente qué avances se han logrado en la revisión de los contratos para la explotación de terrenos forestales.
26.El Sr. Riedel observa que el Comité podría ser de extrema utilidad para los Estados partes si se le proporcionasen datos concretos sobre los resultados logrados, en los que basar sus observaciones finales; pide información actualizada sobre la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de la cual se ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que se examinará después del 15 de septiembre de 2009. Pregunta cómo se garantizará la autonomía administrativa, financiera y técnica de la Comisión, qué preparativos se han efectuado para que puedan iniciarse las actividades inmediatamente después de la aprobación del proyecto de ley y cuáles han sido los resultados concretos de la participación del Estado parte en el Taller de instituciones nacionales de derechos humanos del África Occidental y Central, celebrado en Lomé en enero de 2009.
Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 11.55 horas.
27.El Sr. Upio Kakura Wapol (República Democrática del Congo) dice que lo que más preocupa a su país es el contraste entre sus abundantes recursos naturales y la extremada pobreza en que vive su pueblo. Esta situación es imputable a los 30 años de dictadura, que sumieron al país en un ciclo deudor. Aunque las empresas multinacionales han participado en la explotación de recursos naturales en la República Democrática del Congo, el Gobierno se ha comprometido a garantizar el control nacional de esos recursos a fin de planear un futuro más seguro para el pueblo congoleño. Esta voluntad política se ha plasmado en un nuevo orden político y constitucional, basado en la aplicación de los instrumentos internacionales en los que el Estado es parte, la adopción de una nueva legislación nacional y la creación de mecanismos para la promoción y la protección de los derechos humanos.
28.Está en ejecución un programa de reconstrucción nacional que cuenta con un importante presupuesto, y se están celebrando varias negociaciones a nivel bilateral y multilateral para obtener apoyo externo, que se concluirán en 2010. Es de esperar que, gracias a los acuerdos resultantes de esas conversaciones, el pueblo congoleño pueda beneficiarse de sus riquezas naturales. Aunque estas medidas para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo congoleño son positivas, transcurrirá algún tiempo antes de que den sus frutos. A veces observadores externos afirman que el Estado incumple sus propias leyes, pero esto no es cierto. El Gobierno tiene la responsabilidad fundamental de promover y proteger todos los derechos humanos, pero sólo podrá hacerlo en la medida en que sus recursos financieros lo permitan. Desde las primeras elecciones libres de 2001 y 2006 se están desplegando esfuerzos para edificar la democracia y el estado de derecho, y permitir la reconstrucción nacional después de 30 años de dictadura.
29.En lo referente a las cuestiones judiciales, el orador afirma que la justicia forma parte integrante del proceso de establecimiento de la democracia y el estado de derecho. El sistema judicial se está articulando con el apoyo internacional. La Constitución garantiza la separación de los poderes, y por lo tanto el poder judicial es independiente. El sistema jurídico está basado en los sistemas belga y francés, adaptados a la situación específica de la República Democrática del Congo. La Comisión de Servicios Judiciales se encarga de vigilar el funcionamiento del poder judicial e impartir a los jueces la formación adecuada, que atribuya la debida importancia a los derechos humanos. Hay varios obstáculos que impiden el funcionamiento óptimo del sistema judicial, entre ellos la falta de recursos financieros y el tamaño del territorio nacional, que hace que algunas personas hayan de recorrer hasta 300 km para personarse en el tribunal más cercano. También hay escasez de jueces, de resultas de la política de tolerancia cero con la corrupción y la impunidad, que ha provocado la destitución de un número considerable de magistrados. Se ha iniciado un programa de construcción de tribunales en 147 provincias y territorios; algunas de esas construcciones ya se han acabado. Asimismo se prevé la construcción de nuevas cárceles y la organización de actividades de formación para los jueces. Está en curso una campaña de sensibilización para informar al público acerca de sus derechos de acceso al poder judicial. Otro obstáculo para el funcionamiento eficiente del sistema judicial es el tiempo que hace falta para organizar las vistas en los tribunales, sobre todo cuando los demandantes han de recorrer largas distancias para asistir a ellas. El Gobierno está tomando medidas para resolver este problema.
30.Se está aplicando un programa de desarrollo en cinco partes, que requiere considerable recursos financieros. En el primer trimestre de 2010 se aplicará un programa de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa sobre los PPMA, con miras a mitigar la carga de la deuda (10.000 millones de dólares) que se acumuló durante la dictadura. El alivio de esta deuda permitirá destinar recursos a la satisfacción de las necesidades de la población.
31.En lo referente a la situación de la mujer, el orador dice que se están efectuando reformas legislativas, entre otras cosas del artículo 14 de la Constitución que trata de la representación igual de los géneros y del Código de la Familia, para abordar el problema de la obligación legal de las mujeres de obedecer a sus maridos y obtener la autorización de éstos para cualquier acto jurídico, como aceptar un empleo. Las enmiendas pertinentes del Código se han sometido a la aprobación del Parlamento, pero ha habido retrasos en la tramitación. Pide a las ONG que ejerzan presión sobre el Parlamento para que se adopten en breve esas enmiendas. El Parlamento está considerando también un proyecto de ley sobre el establecimiento de una nueva institución nacional de derechos humanos, pero no es probable que este proyecto sea aprobado en la actual sesión parlamentaria, debido a dificultades presupuestarias.
32.En lo relativo a la lucha contra la corrupción, su delegación tiene la intención de proporcionar ejemplos de las decisiones pertinentes de los tribunales al Comité.
33.En cuanto a la silvicultura, entre las medidas adoptadas para reducir la desforestación se cuenta la revisión de todos los contratos existentes, de los cuales sólo se confirman los que estén en conformidad con las disposiciones del Código Forestal. Esto ha permitido reducir la tala de zonas boscosas con fines de explotación, que ha sido uno de los factores causantes de la desforestación. Además, se ha iniciado un programa nacional de reforestación, con la asistencia del Banco Mundial y otras organizaciones donantes.
34.En lo relativo a la protección de las poblaciones indígenas, con inclusión de los pigmeos y otras comunidades forestales, dice que en los contratos de las empresas multinacionales licenciadas por el Gobierno para dedicarse a actividades de minería y perforación figuran cláusulas especiales que obligan a esas empresas a proporcionar servicios de salud, vivienda, agua potable y electricidad a las poblaciones locales. Se ha establecido un mecanismo de vigilancia para verificar que se atiendan las necesidades de estas poblaciones y que las empresas no violen sus derechos. En cuanto a los pigmeos bambouti, la situación está mejorando y estas poblaciones empiezan a tener acceso a la educación y la formación, así como al empleo en profesiones tales como la enseñanza o las fuerzas de policía. La discriminación contra los pigmeos se combate con todo el peso de la ley, entre otras cosas enjuiciando a los oficiales de las fuerzas de seguridad que vulneran los derechos de las poblaciones indígenas.
35.Asegura al Comité que hay poquísimos casos de defensores de derechos humanos que sufran hostigamiento o represalias, o cuyos derechos sean vulnerados, cuando denuncian violaciones de los derechos económicos o sociales. Sin embargo, se pregunta si todos los defensores de los derechos humanos actúan honestamente y de conformidad con su estatuto reconocido. Cuando las ONG denuncian presuntos delitos, el sistema judicial toma en serio estas denuncias y se ponen en marcha las actuaciones judiciales. El Gobierno tiene el deber de garantizar los derechos procesales en todos los casos.
36.El Ministerio de Derechos Humanos se ocupa de la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos y realiza actividades de difusión de información, capacitación, enseñanza y concienciación respecto de temas de derechos humanos, en asociación con otros ministerios. A pesar de sus limitados recursos, este Ministerio desempeña un papel importante en el seguimiento de las reformas jurídicas, especialmente con respecto a los derechos de la mujer y del niño. Asimismo, es un mediador neutral e independiente que facilita el diálogo entre todos los agentes de los derechos humanos y resuelve problemas sensibles.
37.El orador confirma que la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos será un órgano independiente y consultivo encargado de apoyar y complementar las actividades del Gobierno para la promoción y la protección de los derechos humanos.
38.Añade que su delegación dará respuestas más completas por escrito a la lista de cuestiones del documento E/C.12/COD/Q/5, en el momento oportuno.
39.El proceso de revisión de los contratos, particularmente en el sector minero, es importante para verificar si los explotadores cumplen sus obligaciones de respetar los derechos de los trabajadores, proporcionar recursos y servicios a las comunidades locales y contribuir al erario público.
40.Se están aplicando medidas específicas de protección de los grupos más vulnerables, pero la escasez de recursos presupuestarios hace difícil asignar cantidades sustanciales a un sector en particular. Sin embargo, gracias al sostenido crecimiento económico, en el futuro debería disponerse de más recursos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Es de esperar, pues, que los indicadores del próximo informe sean más positivos.
41.El Sr. Mutomb Mujing (República Democrática del Congo), respondiendo a las preocupaciones expuestas por el Sr. Kerdoun respecto del estado de la economía nacional, dice que su país se encuentra en una encrucijada. Los 40 años de inestabilidad política y conflictos han dado lugar a la actual situación en la que, paradójicamente, coinciden la necesaria prevención de los conflictos con la realización del programa de reconstrucción nacional. Este difícil problema sólo podrá resolverse con una buena gobernanza que consolida la paz y reduzca la vulnerabilidad, refuerce el crecimiento económico y el fomento de la capacidad, atienda a las necesidades sociales básicas y coordine la ayuda externa.
42.En lo tocante a las empresas multinacionales, observa que en el este del país ha surgido un problema porque algunas multinacionales —sin haber sido invitadas a ello— han aprovechado la inestabilidad de la zona para explotar con poco costo los recursos nacionales, con la asistencia de grupos armados. En cambio, las empresas contratadas por el Gobierno podrían aportar útiles contribuciones al Estado.
43.La Presidencia expresa su decepción por el hecho de que algunas de las preguntas del Comité hayan quedado sin respuesta, pero espera recibir las respuestas escritas más completas y la información adicional prometidas por el Estado parte.
44.La Sra. Bras Gomes pregunta cuándo se derogarán las disposiciones discriminatorias del Código de la Familia respecto de la mujer.
45.El Sr. Sadi pregunta si la República Democrática del Congo considerará la posibilidad de pedir asistencia técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
46.La Sra. Bonoan-Dandan lamenta que algunas de sus preguntas hayan quedado sin responder, especialmente las relativas a la desforestación y a la protección de las comunidades locales. Insta a la delegación congoleña a que responda verbalmente a las preguntas en el actual período de sesiones, y no espera a responder por escrito más tarde, porque esto dificultaría la preparación de las observaciones finales del Comité.
47.El Sr. Kedzia pide aclaraciones sobre la relación existente entre la declaración de la delegación de la República Democrática del Congo según la cual se espera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoye y complemente las actividades del Gobierno, y la necesidad de que la Comisión sea independiente y actúe de conformidad con los Principios de París.
48.La Sra. Barahona Riera dice que la igualdad de género es fundamental para el desarrollo nacional y que el proyecto de legislación sobre el Código de la Familia, la paridad, y la igualdad entre hombres y mujeres que está considerando el Parlamento debe figurar en primer lugar en la lista de prioridades del Gobierno. Es el Gobierno el que debe ejercer presión sobre el Parlamento para que se aprueben estos proyectos de ley y no, como ha sugerido la delegación, las ONG.
49.La oradora pide más información sobre los mecanismos existentes para garantizar que las empresas multinacionales contribuyan al desarrollo nacional e inviertan en la atención de necesidades sociales, de conformidad con las cláusulas de los nuevos contratos revisados.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.