Naciones Unidas

E/C.12/2013/SR.37

Consejo Económico y Social

Distr. general

13 de abril de 2017

Español

Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

51 er período de sesiones

Acta resumida de la 37 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 8 de noviembre de 2013, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Kedzia

Sumario

Examen de los informes:

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Segundo informe periódico de Bosnia y Herzegovina

Se declara abierta la sesión a las 10.05 h.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Segundo informe periódico de Bosnia y Herzegovina (E/C.12/BIH/2 , E/C.12/BIH/Q/2  y  Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Bosnia y Herzegovina toma asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. Duderija (Bosnia y Herzegovina) presenta el segundo informe periódico del Estado parte y describe las medidas que ha adoptado su país desde la presentación del informe inicial para aplicar el Pacto. Se ha establecido una institución de mediación única para todo el país, la de Defensor de los Derechos Humanos. El Organismo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y los Centros de las Entidades para la Igualdad de Género, se esfuerzan por fomentar la igualdad, particularmente en el ámbito del empleo, y la participación de las mujeres en la vida política y pública del país. El Estado parte tiene previsto resolver próximamente el problema de los derechos específicos que reconoce la Constitución a los tres “pueblos constituyentes” (bosnios, serbios y croatas) y no al resto de grupos, en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraba discriminatoria dicha diferencia de trato (asunto Sejdic y Finci c. Bosnia y Herzegovina). La Ley de Prohibición de la Discriminación aprobada en 2009 protege a los ciudadanos de la discriminación de la que pueden ser víctimas en numerosos ámbitos y obliga a los poderes públicos a combatir la discriminación y a crear las condiciones propicias para la igualdad de trato.

3.En lo que respecta a los romaníes, la minoría más vulnerable del país, Bosnia y Herzegovina participa desde 2008 en el Decenio de la Inclusión Romaní a fin de mejorar la situación de este grupo, y lleva a cabo un plan de acción de empleo, vivienda y salud orientado a ellos. Uno de los problemas que han surgido a la hora de poner fin a todas las formas de intolerancia tiene que ver con la actitud para con los refugiados y las personas desplazadas. Si bien la cuestión de los derechos de estos colectivos, especialmente los derechos de propiedad, lleva varios años resolviéndose con éxito, para garantizar que los resultados obtenidos sean duraderos, en la actualidad hay que conseguir que estas personas dispongan de los elementos básicos que les permitan llevar una vida normal, como empleo, educación, atención de la salud primaria, infraestructuras viarias y electricidad. El Estado parte espera alcanzar soluciones satisfactorias a partir de 2014, con la ayuda de la comunidad internacional y de los donantes.

4.La Sra. Shin (Relatora para Bosnia y Herzegovina), tras advertir que la estructura del informe presentado no se ajusta plenamente a las directrices del Comité, invita al Estado parte a redactar su próximo informe periódico conforme a dichas directrices. Felicita al Estado parte por sus avances en la aplicación del Pacto y manifiesta su sorpresa por que el informe no mencione la ratificación del Protocolo Facultativo. Con respecto a las dificultades de aplicación, la Sra. Shin menciona la compleja estructura administrativa del país, que frena la puesta en práctica de las políticas sobre derechos económicos, sociales y culturales, e invita al Estado parte a revisar a fondo su organización administrativa. Constata que no queda clara la posición que ocupa el Pacto en la legislación de Bosnia y Herzegovina y pregunta si los jueces reciben alguna formación sobre este instrumento. Constata igualmente con preocupación que el Defensor de los Derechos Humanos no dispone de recursos suficientes para cumplir adecuadamente su mandato. Por último, aunque el Estado parte ha dedicado numerosos esfuerzos para tal fin, el principio de no discriminación no ha tenido una aplicación suficiente: todavía perdura la discriminación de los refugiados y las personas desplazadas, en particular; la Sra. Shin pregunta qué tiene previsto hacer el Estado parte para subsanar este problema.

Artículos 1 a 5 del Pacto

5.La Sra. Bras Gomes señala que se ha ampliado el mandato del Defensor de los Derechos Humanos pero que sus recursos son insuficientes. Pregunta a qué cifra ascenderán los recursos asignados a esta institución en 2014. Invita a Bosnia y Herzegovina a aprobar un plan de acción nacional sobre los derechos humanos. Pregunta por qué el Consejo de Ministros no ha aprobado la propuesta de modificación de su reglamento planteada por el Organismo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; propuesta que, sin embargo, respaldaba y que presentó dicho organismo en 2012 tras la decisión de 2011 del Consejo de Ministros por la que las instituciones con competencia para proponer leyes y reglamentos en materia de igualdad de género debían solicitar la opinión del Organismo antes de presentar sus propuestas.

6.El Sr. Atangana solicita a la delegación información sobre asuntos en los que se haya invocado el Pacto ante los tribunales.

7.La Sra. Cong pide que se precise el contenido y la frecuencia de los cursos de formación impartidos en el marco de la reforma del sector de la justicia. También pregunta cuántos jueces han seguido esos cursos y si han participado en ellos agentes de policía. En lo que respecta a los refugiados y las personas desplazadas, pregunta por las medidas que tiene previsto adoptar el Estado parte para acelerar los trabajos de reconstrucción de viviendas y permitir así que las 2.700 familias que siguen viviendo en centros colectivos puedan recuperar sus casas, y los plazos al respecto.

8.La Sra. Cong comparte el análisis que figura en el informe del Estado parte, según el cual las dificultades para reinstalarse que suelen afrontar las personas desplazadas están relacionadas frecuentemente con la discriminación (E/C.12/BIH/2, párr. 20). La discriminación de las personas desplazadas constituye una discriminación racial, en la medida en que se cometen delitos motivados por el odio en las zonas de reasentamiento. Teniendo en cuenta que se está estudiando en el Parlamento la posibilidad de modificar el Código Penal para ampliar la definición del delito motivado por el odio, la Sra. Cong pregunta qué avances se han hecho en este sentido. En lo que respecta a la cuestión de la igualdad de género, pregunta si el Gobierno coopera con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y los niños y cuántas organizaciones de este tipo hay en Bosnia y Herzegovina. Con respecto al hecho de que determinadas autoridades no cumplen con la obligación legal de establecer estadísticas desglosadas por género (E/C.12/BIH/2, párr. 23), solicita que se precisen las medidas previstas para reforzar la supervisión en este ámbito.

9.El Sr. Sadi solicita más información acerca de la forma en que se aplican las recomendaciones del Comité. Considera que el Acuerdo de Paz de Dayton no concede importancia suficiente a los derechos económicos, sociales y culturales.

10.El Sr. Tirado Mejia considera que el establecimiento de una comisión independiente de derechos humanos conforme a los Principios de París reforzaría la observancia de los derechos humanos en el Estado parte y pregunta qué proyectos tiene al respecto. Asimismo, solicita información precisa sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración del informe.

11.El Sr. Abdel-Moneim pregunta cuál es la función específica de la Unidad de Transición Económica de la Oficina del Alto Representante y si dicha Unidad tiene en consideración el Pacto. Asimismo, desea saber, dado que Bosnia y Herzegovina no puede hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de su población si no recibe la asistencia internacional necesaria para su reconstrucción, en qué medida se cumplen los compromisos de la comunidad internacional en materia de asistencia, y si el Estado parte emplea la ayuda que recibe adoptando un enfoque basado en los derechos.

Artículos 6 a 9 del Pacto

12.La Sra. Ravenberg pregunta si los habitantes de todos los cantones del país pueden beneficiarse en condiciones de igualdad del sistema de protección social que se menciona en las respuestas escritas del Estado parte.

13.La Sra. Bras Gomes advierte con preocupación que el 80% de las personas desplazadas y repatriadas vive por debajo del umbral de la pobreza, principalmente porque carece de un acceso adecuado al empleo, a medios de subsistencia y a la protección social. Pregunta por las medidas suplementarias que tiene previsto adoptar el Estado parte para mejorar la situación de este grupo de población. La discriminación de las mujeres embarazadas en el ámbito laboral constituye una forma de discriminación directa y la Sra. Bras Gomes pregunta de qué modo resuelve ese problema el Estado parte. Invita al Estado parte, que admite en sus respuestas escritas que su sistema de protección social es ineficaz y que tiene muy poca incidencia en la reducción de la pobreza, a que revise sus prioridades ante esta situación y pregunta qué medidas se adoptarán para resolverla. Pregunta también qué tiene previsto hacer el Estado parte para reforzar los centros de protección social, cuya carga de trabajo va en constante aumento, pero que siguen sin disponer de recursos ni efectivos suficientes.

14.El Sr. Martynov advierte con preocupación que la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada. Solicita información sobre los efectos de los tres grandes programas de empleo que ha puesto en práctica el Estado. Además, desea que se faciliten estadísticas, desglosadas por edad y sexo, sobre la tasa de desempleo de los grupos de población vulnerables, a saber, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, para el período 2010-2012. Teniendo en cuenta el creciente número de vulneraciones de los derechos de los trabajadores y su gravedad, solicita también datos estadísticos sobre la evolución de los efectivos y los recursos asignados a la Inspección de Trabajo. Recuerda que anteriormente a las personas que trabajan en el sector informal se las sacaba de las listas de la Agencia de Empleo y se les prohibía volver a inscribirse durante 12 meses, y le sorprende constatar que el Estado parte se haya limitado a reducir a 6 meses dicho plazo de espera, cuando el Comité había recomendado derogar por completo dicha medida. Puesto que el Estado parte había indicado en el informe periódico su voluntad de aplicar plenamente esa recomendación, el Sr. Martynov pregunta qué pasos se han dado a día de hoy en ese sentido.

15.El orador pregunta a cuánto asciende exactamente el salario mínimo y si se aplica en el sector público y en el privado. Además, desea saber si dicha cantidad es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado y si existe algún sistema de revalorización del salario mínimo en función del coste de la vida. Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el Estado a las actividades sindicales, también pregunta si el Gobierno pretende mejorar la legislación sobre la materia. Por último, desea saber qué porcentaje de la población percibe pensiones y si el importe mínimo de la pensión permite asegurar un nivel de vida adecuado.

16.La Sra. Shin pregunta si el Estado va a aplicar el principio de Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, para reducir el desempleo femenino, más elevado que el masculino, y reabsorber las diferencias de remuneración existentes entre mujeres y hombres. Asimismo, pregunta si el Estado parte, en sus medidas para establecer un sistema de protección social en favor de las víctimas de la guerra, está dispuesto a reconocer la condición de víctimas de guerra a las víctimas de agresiones sexuales perpetradas en tiempos de guerra.

17.El Sr. Sadi pregunta por los efectos de la política de privatización adoptada por el Estado parte en materia de derecho al trabajo, el derecho de toda persona a constituir un sindicato junto a otras personas y el derecho de huelga (en particular, hasta qué punto ha contribuido dicha política a la elevada tasa de desempleo del Estado parte) y por los proyectos del Estado parte sobre la adopción de medidas de austeridad.

18.El Presidente recuerda, en calidad de experto, que el Comité ha dirigido a todos los Estados partes una carta sobre la incidencia de las medidas de austeridad en los derechos económicos, sociales y culturales, y pregunta en qué medida ha permitido dicha carta orientar la definición de las medidas que deberán adoptarse en respuesta a la crisis.

Se suspende la sesión a las 11.10 horas y se reanuda a las 11.30 horas.

19.El Sr. Prica (Bosnia y Herzegovina) explica, con respecto a la complejidad de la estructura estatal establecida en aplicación del Acuerdo de Dayton, que este ha permitido no obstante restablecer la paz en el país. Hoy en día continúan las negociaciones en la sociedad y las instancias políticas para alcanzar un consenso en torno a una posible simplificación de la complejidad de esta estructura estatal.

20.La Sra. Duderija (Bosnia y Herzegovina) afirma que todos los instrumentos internacionales ratificados por Bosnia y Herzegovina, incluido el Pacto, se transponen en la legislación nacional y que, en la mayoría de los casos, son directamente aplicables por los tribunales y las autoridades públicas. Hasta la fecha, las disposiciones de dichos instrumentos se han invocado en numerosos asuntos. Además, todos los proyectos de ley se examinan a la luz de las disposiciones de los instrumentos internacionales. Con respecto a la aprobación de un plan de acción para los derechos humanos, el Estado dispone de un plan de acción operativo que tiene en cuenta el conjunto de las recomendaciones formuladas por todos los órganos de tratados de las Naciones Unidas y aceptadas por el Consejo de Ministros. También ha establecido un plan de acción para aplicar la Ley de Prohibición de la Discriminación, que también tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por los órganos de tratados. La Sra. Duderija precisa que aplicar las recomendaciones del Comité ha supuesto la mejora de la situación de los grupos de población vulnerables, en especial las víctimas de guerra, las minorías y las mujeres. Además, Bosnia y Herzegovina, con el apoyo de la Comisión Europea, se dispone a ejecutar la sentencia del asunto Sejdic y Finci c. Bosnia y Herzegovina . Continúan las negociaciones para encontrar, antes de las próximas elecciones, una solución adaptada para que las minorías no queden excluidas del sistema electoral. En lo que respecta a los recursos económicos asignados al Defensor del Pueblo, la Sra. Duderija explica que el Estado ha congelado los presupuestos, pero ella espera que las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y el Defensor del Pueblo darán lugar a que dicha institución reciba los fondos necesarios para cumplir su misión.

21.El Sr. Klickovic (Bosnia y Herzegovina) precisa que se están elaborando proyectos especiales para fomentar el empleo de los repatriados. Este grupo de población se enfrenta a numerosas dificultades, especialmente en materia de vivienda, lo que no facilita su inserción en el mercado laboral, en particular en el sector agrícola. En lo relativo a la protección de la maternidad, el Sr. Klickovic indica que las mujeres tienen derecho a disfrutar de los subsidios y la baja de maternidad. En la República Srpska, las autoridades han establecido un fondo central de protección de la infancia que abona prestaciones a las mujeres embarazadas, mientras que en la Federación de Bosnia y Herzegovina, son los cantones los encargados de abonar esas prestaciones. La legislación prohíbe expresamente despedir a las empleadas que se encuentren de baja por maternidad o que trabajen con reducción de jornada para poder ocuparse de sus hijos; no obstante, no puede invocarse el derecho de baja de maternidad para prolongar un contrato de trabajo.

22.En lo que respecta a la tasa de desempleo para el período 2010-2012, el Sr. Klickovic dice que la delegación no dispone de datos desglosados por año y grupo de población, pero que a finales del año 2012, la tasa de desempleo global era del 28%, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Para luchar contra el desempleo, el Estado dedica un presupuesto específico para el empleo de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Se ha dotado de leyes, plenamente conformes a las disposiciones de los instrumentos correspondientes de las Naciones Unidas, sobre la inserción profesional y el empleo de las personas con discapacidad; asimismo, se han creado instituciones para ayudar a las personas con discapacidad que lo deseen a encontrar un empleo o ejercer una actividad de manera independiente, y el Estado se esfuerza por conceder ayuda financiera a las demás.

23.El Sr. Klickovic afirma que la Inspección de Trabajo de la Federación de Bosnia y Herzegovina, responsable de controlar la aplicación de las leyes sobre empleo, dispone de pocos efectivos (8 inspectores). No obstante, en 2012, efectuó como mínimo 1.117 inspecciones y emitió 120 decisiones. Por su parte, la Inspección de Trabajo de la República Srpska dispone de unos 35 inspectores, cifra que sigue siendo insuficiente. Sin embargo, en 2012 llevó a cabo 6.746 inspecciones y ordenó 25 prohibiciones de actividad. En el conjunto del país, se ordenan prohibiciones de actividad en casos de vulneraciones graves y repetidas de derechos, especialmente de los derechos de los jóvenes y las mujeres. En lo que respecta a las sanciones impuestas a las personas que trabajan en el sector informal (es decir, el plazo de espera de seis meses que se impone a las que desean volver a inscribirse en la Agencia de Empleo), el Sr. Klickovic explica que ejercer una actividad en la economía no estructurada perjudica no solo al trabajador, sino también al interés general. Sin embargo, se ha previsto consultar a tres organismos socioeconómicos para definir medidas más adaptadas a la lucha contra este fenómeno.

24.En la Federación de Bosnia y Herzegovina, el salario mínimo es de 343 marcos convertibles y debería aumentarse hasta 378 marcos convertibles. En la República Srpska es inferior (270 marcos convertibles). Estas cifras distan mucho de poder garantizar un nivel de vida adecuado para una familia de cuatro personas (la unidad de referencia). En la República Srpska se ha sugerido que el salario mínimo equivalga al 50% del salario medio. En cuanto a las restricciones impuestas por el Estado y los empleadores a las actividades sindicales, el Sr. Klickovic precisa que actualmente no se registra ningún conflicto laboral que induzca a pensar que las autoridades públicas o las empresas estén obstaculizando las actividades de los sindicatos. La Constitución y la legislación prohíben, además, cualquier injerencia en las actividades de estos últimos. Además, en virtud de la Ley sobre el Derecho de Huelga, el aviso de huelga es obligatorio únicamente en los sectores de interés público.

25.El sistema de pensiones (pensiones de jubilación y de invalidez, subsidios por defunción y subsidios familiares) es competencia de las dos Entidades. El importe de las pensiones se calcula en función de la edad y del período de tiempo cotizado; en caso de que sea modesto, las comunidades locales otorgan unas prestaciones suplementarias a los beneficiarios. El Sr. Klickovic confirma que la legislación define y consagra el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y que la política de privatización adoptada por el Estado ha provocado el aumento de la tasa de desempleo. La escasez de actividades sindicales registradas en las empresas privatizadas se explica por una falta de iniciativa de los propios empleados. En cuanto al derecho de huelga, sigue aplicándose en las empresas privatizadas.

26.La Sra. Milinovic (Bosnia y Herzegovina) afirma que, en virtud de la Ley de la Igualdad de Género, el legislador debe consultar a la autoridad responsable de la igualdad de género durante la elaboración de los textos legales. También puede recurrir a la comisión parlamentaria encargada de la cuestión, que aportará, en el plazo más breve posible, las modificaciones oportunas al texto examinado. Además, desde hace diez años, el Estado coopera de manera eficaz y cada vez más con multitud de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la igualdad de género, y se han adoptado medidas para luchar contra la violencia sexista, fomentar la emancipación económica femenina y garantizar especialmente la inserción social de todas las mujeres.

27.La Sra. Taraba (Bosnia y Herzegovina) indica que el Defensor de los Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados, se encarga de velar por la aplicación de la Ley de Prohibición de la Discriminación de 1999. En 2012, el departamento encargado de gestionar las denuncias presentadas al Defensor de los Derechos Humanos registró, entre otras, 81 denuncias por acoso psicológico en el lugar de trabajo, 26 por discriminación de minorías nacionales, 14 relacionadas con cuestiones de filiación política y 13 por discriminación de género. Según el Consejo Superior de la Magistratura, entre 2011 y 2013 se registraron 75 causas de discriminación laboral y 11 causas relacionadas con las condiciones de trabajo.

28.En virtud de la Ley de Prohibición de la Discriminación, todo organismo público, sea cual sea su ámbito de competencia, ha de crear su propia base de datos sobre los casos de discriminación registrados y comunicar los datos recopilados al Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados, que los transmite al Consejo de Ministros. En la actualidad, se está procediendo a adecuar el corpus legislativo a las disposiciones de la Ley de Prohibición de la Discriminación y de la Ley de la Igualdad de Género, para conseguir una aplicación uniforme de sus disposiciones en todo el territorio nacional. La discriminación de las personas desplazadas entra en el marco de la discriminación racial y está prohibida en el Código Penal, que se ha modificado recientemente para incluir los delitos motivados por el odio. El Código de Trabajo, la Ley de Atención Sanitaria y la Ley de Seguridad Social contemplan garantías en materia de prestaciones de maternidad, incluso para las mujeres que ejercen una actividad independiente. En Bosnia y Herzegovina, estas cuestiones son competencia de los cantones y está previsto uniformizar las prestaciones de maternidad para armonizarlas con la Ley Federal de Protección de las Familias. El distrito de Brčko y la República Srpska han promulgado sus propias leyes en la materia.

29.La Sra. Smajevic (Bosnia y Herzegovina) dice que continúan las medidas para facilitar el regreso y el reasentamiento, en sus comunidades de origen, de personas repatriadas y desplazadas. Incluso antes de aplicar la estrategia revisada para el regreso de personas desplazadas, que contemplaba la reconstrucción de viviendas y el cierre de los centros colectivos en aplicación del anexo VII del Acuerdo de Dayton, la mayoría de esas personas había recuperado los bienes que poseía antes de la guerra. Sin embargo, según el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados, unas 160.000 personas siguen todavía a la espera de ser realojadas y todavía no han recibido las prestaciones sociales contempladas en el Acuerdo de Dayton, cuya puesta en práctica se cifra en unos 1.200 millones de marcos convertibles.

30.Las Entidades han asignado fondos para indemnizar a los repatriados, y las autoridades se concentran ahora en cerrar los centros colectivos y ofrecer viviendas a las personas en situación de precariedad. Con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, próximamente deberían cerrarse el 80% de los centros colectivos (121 centros) y construirse cerca de 2.000 viviendas, por un coste total de 87 millones de euros, que se repartirá entre Bosnia y Herzegovina y sus socios internacionales. Los préstamos concedidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Fondo Saudita para el Desarrollo Económico deberían permitir acelerar los proyectos en curso. En abril de 2012 se celebró una conferencia de donantes en Sarajevo para examinar soluciones de alojamiento duraderas para los refugiados y las personas desplazadas que se encuentran actualmente en los países vecinos, a quienes se ha invitado a que inicien los trámites oportunos para su regreso voluntario a Bosnia y Herzegovina. La conferencia ha desembocado en la elaboración de un plan regional para la construcción de viviendas sociales, que debería permitir la repatriación y el alojamiento de 5.400 familias (unas 14.000 personas) establecidas en Croacia y Serbia, entre las que se cuentan 2.400 familias de refugiados (unas 5.000 personas).

Artículos 10 a 12 del Pacto

31.El Sr. Pillay se sorprende de que, transcurridos casi 18 años desde el fin de la guerra, todavía haya más de 8.600 personas desplazadas en el país viviendo en centros de acogida temporales, y espera que den fruto los esfuerzos del Estado parte para realojar a esas personas en condiciones adecuadas. Pregunta qué medidas se han adoptado para mejorar las condiciones de vida de las cerca de 100.000 personas desplazadas que viven, en su mayoría, por debajo del umbral de la pobreza. Además, pregunta si se han propuesto soluciones de realojamiento e indemnizaciones para los romaníes cuyas viviendas precarias, de las que no tenían título de propiedad, fueron destruidas durante la guerra, y si el plan de acción de fomento de la vivienda para los romaníes les ha permitido mejorar sus condiciones de vida.

32.El Sr. Schrijver pregunta si el tercer plan de acción contra la trata de personas ha dado buenos resultados, cuáles son los principales países de origen de las víctimas de la trata, y en qué medida está este fenómeno vinculado a la delincuencia transnacional. Además, también desea saber si el Estado parte ha solicitado la ayuda de la comunidad internacional para resolver los problemas de pobreza y acceso a agua potable que sufre una gran parte de la población.

33.El Sr. Atangana pregunta si se han evaluado los resultados de la estrategia del período 2009-2011 de lucha contra la violencia doméstica.

34.El Sr. Martynov pregunta si el Estado parte dispone de datos estadísticos sobre la cifra de niños que viven en la calle.

35.La Sra. Bras Gomes pregunta si han dado fruto las estrategias adoptadas para reducir el porcentaje de embarazos en adolescentes y si se ha establecido algún mecanismo para ofrecer una protección sanitaria mínima para las personas más desfavorecidas y vulnerables. Le gustaría saber si se ha puesto en práctica el acuerdo entre las Entidades sobre los derechos de seguro médico para los refugiados que se desplazan de una Entidad a la otra.

36.El Sr. Sadi desea saber si el Estado parte se preocupa de la suerte de los niños nacidos de violaciones cometidas durante la guerra y qué medidas de readaptación y apoyo psicosocial se han ofrecido a las víctimas de embarazos forzados.

37.La Sra. Shin (Relatora para Bosnia y Herzegovina) pregunta si el Estado parte tiene previsto prohibir expresamente los matrimonios entre menores de 18 años para reducir la proporción de matrimonios precoces y luchar contra la trata de niños.

Artículos 13 a 15 del Pacto

38.El Sr. Kerdoun se muestra preocupado por la práctica de las “dos escuelas bajo el mismo techo” que se ha mencionado en las anteriores observaciones finales (E/C.12/BIH/CO/1) y pregunta si está previsto impartir una única educación igual para todos los alumnos, con independencia del grupo étnico al que pertenezcan. Además, querría saber qué se ha hecho para aumentar la tasa de escolarización y limitar el abandono escolar de los niños romaníes. Por último, pregunta por los resultados de las políticas aplicadas en el marco del Decenio de la Inclusión Romaní (2005-2015).

39.El Sr. Schrijver pregunta si se considera que la cultura puede facilitar el proceso de consolidación de la paz.

40.El Sr. Marchán Romero recuerda que, durante su misión en Bosnia y Herzegovina en mayo de 2013, la Relatora Especial sobre los derechos culturales constató el empobrecimiento del panorama cultural del país, particularmente por el cierre de varios centros culturales y del museo nacional, y pregunta si el Estado parte tiene previsto remediar esta situación.

41.El Sr. Abashidze pregunta de qué modo aplica el Estado parte los derechos establecidos en el artículo 15, dada la falta de datos estadísticos sobre los diversos grupos étnicos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.