Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45º período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la 33ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 3 de noviembre de 2010 a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer y cuarto informes periódicos del Uruguay (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer y cuarto informes periódicos del Uruguay (continuación) (E/C.12/URY/3-4; E/C.12/URY/Q/3-4 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Uruguay toma asiento como participante en el debate de la Mesa.

Artículos 10 a 12 (continuación)

2.El Sr. González (Uruguay), dice que la delegación de su país continuará respondiendo a varias preguntas que se le formularon el día anterior en relación con la vivienda, el medio ambiente y la salud.

3.El Sr. Miranda (Uruguay), que se refiere a las preguntas sobre la posibilidad de que los adultos solteros y las parejas de hecho adopten un niño, dice que ambas posibilidades están previstas por la ley.

4.El Sr. Scagliola (Uruguay), en respuesta a las preguntas sobre las personas que viven en la calle, dice que la situación más grave por el número de adultos sin techo se presenta en Montevideo, donde se calcula que unas 1.500 personas no tienen casa. La red de refugios coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social se ocupa de unas 800 personas y la asistencia ofrecida a las personas sin hogar se está diversificando. Se han habilitado refugios nocturnos y diurnos, así como refugios transitorios para las mujeres, solas o con hijos, que de pronto se han quedado sin hogar, como asimismo para drogadictos y personas con enfermedades mentales. En colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, se inauguró recientemente un centro diurno para ofrecer actividades recreativas, culturales, educativas y en Internet. El problema de los adultos sin techo llegó a su punto máximo en 2002 y desde entonces ha venido disminuyendo.

5.En el caso de los niños, desde octubre de 2010, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay organiza programas a tiempo parcial que llegan a un total de 786 niños en situación de calle, entre los que hay aproximadamente el doble de varones que de niñas; 50 de estos niños, casi todos varones, son atendidos en hogares. En 2007, había 1.887 niños en situación de calle en el área metropolitana de Montevideo. Desde entonces, se han creado una serie de servicios para que la sociedad civil participe en la solución del problema. Por ejemplo, las líneas telefónicas de emergencia permiten a los ciudadanos avisar a las autoridades sobre casos de niños que viven en la calle.

6.El Sr. Roballo (Uruguay) dice que el Gobierno aprobó recientemente un plan quinquenal de vivienda para 2010-2014, el quinto de este tipo, que incorpora las contribuciones y aportaciones de las partes interesadas. El 15 de abril de 2010 el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente convocó una reunión de alto nivel de la Comisión Asesora de Vivienda, en la que participaron los actores institucionales, universitarios, grupos privados y públicos, representantes de cooperativas, cámaras de comercio, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones profesionales, representantes de los gobiernos locales y regionales, expertos técnicos y representantes de los organismos públicos. El propósito de la reunión era colaborar en los cinco objetivos estratégicos del plan, a saber, elaborar y aplicar medidas y programas con objeto de revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial; adaptar la oferta de viviendas a las necesidades reales de la población mediante la rehabilitación de las viviendas existentes y la construcción de nuevas viviendas; obtener y administrar fondos públicos destinados a proyectos nacionales de vivienda y cooperar con el sector privado a este fin; crear mecanismos de gestión en los organismos del Estado para diseñar políticas de vivienda nacionales, regionales y locales; y coordinar la labor del Estado con el sector privado y las organizaciones sociales que se ocupan de este sector. Se han creado cuatro comisiones que prestan especial atención a la inclusión social; la oferta y la demanda; el financiamiento; y las políticas de alquileres, con el fin de llevar estos objetivos a la práctica. Los esfuerzos se orientan a la reducción radical de la pobreza, a la mejora de las condiciones de vivienda, en particular de las personas marginadas de la sociedad, y a la sostenibilidad de las soluciones adoptadas.

7.La política pública de vivienda del Uruguay contempla la construcción de 4.200 unidades habitacionales para realojar a los habitantes de zonas inundadas o contaminadas, y la habilitación de 20.300 viviendas sociales y privadas de las zonas urbanas y periféricas. Está prevista la construcción de 3.200 viviendas como parte de proyectos de desarrollo urbano destinados a fomentar un crecimiento urbano planificado y a proporcionar 5.800 viviendas de alquiler. Además, se construirán 6.400 nuevas viviendas como parte de un proyecto para la promoción del medio rural sostenible, y el sector privado contribuirá a financiar otras 6.200 viviendas sociales. El objetivo global consiste en lograr 147.000 viviendas de interés social, para lo cual se han presupuestado 930 millones de dólares de los Estados Unidos. Esta asignación es superior a los 550 millones de dólares consignados en el plan anterior y demuestra que el Gobierno da prioridad a la cuestión de la vivienda.

8.El Sr. Miranda (Uruguay), en respuesta a una pregunta formulada el día anterior sobre los objetivos de la Ley de ordenamiento territorial y los criterios para decidir qué suelos deben excluirse del proceso de urbanización, dice que la Ley Nº 18308, de ordenamiento territorial y la política pública de vivienda tienen por objeto lograr un desarrollo ambientalmente sustentable mediante la reglamentación del proceso de ordenamiento territorial y la creación de los instrumentos necesarios para hacerlo. El objetivo final consiste en mejorar la calidad de vida de la población, promover la inclusión social y sacar el máximo partido de los recursos naturales y culturales del país de forma democrática y ambientalmente sustentable. La ley tiene por finalidad fomentar la participación de las partes interesadas y los ciudadanos en la elaboración, aplicación, evaluación y examen de los instrumentos de ordenamiento territorial.

9.La exclusión de suelos del proceso urbanizador depende de las decisiones políticas adoptadas por las autoridades en consulta con los ciudadanos. Los ejemplos más representativos son los suelos que se pretende incluir en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o los de gran belleza natural y aquellos donde hay valiosos recursos hídricos. También se han excluido las zonas que, en caso de desarrollarse, podrían suponer riesgos graves para la población y los suelos que se adaptan especialmente a las actividades rurales. La ley en cuestión es relativamente reciente y se aplica de forma gradual, pero dará lugar a profundos cambios y requiere de la mayor participación posible de la población en la adopción de decisiones. La delegación del Uruguay no puede indicar hasta dónde se ha avanzado en la aplicación de la política de ordenamiento territorial, ya que el proceso está en curso.

10.La Sra. Dupuy (Uruguay) dice que el Gobierno está firmemente decidido a proteger el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El artículo 47 de la Constitución, que establece la necesidad de la protección ambiental y de su reglamentación, se reforzó con una reforma de la Constitución introducida por plebiscito en 1996. El acceso al agua y al saneamiento se consideran derechos humanos fundamentales y la responsabilidad de proporcionar estos servicios incumbe al Estado. Ya no se permiten las concesiones privadas y se han observado mejoras tanto desde el punto de vista del costo para los consumidores como de la calidad del servicio. La legislación se ha adaptado para tener en cuenta esta disposición.

11.El artículo 47 de la Constitución se pone en práctica con la Ley general de protección del ambiente de 2000, que también comprende la educación en materia ambiental y la participación de las organizaciones no gubernamentales en cuestiones ambientales. El Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio que está integrado por representantes de Gobierno, usuarios y sociedad civil, teniendo cada uno de ellos igual representación, analiza y planifica la política nacional en estos sectores. Los Consejos Regionales de Recursos Hídricos se ocupan de la gestión integrada de los recursos hídricos, muchos de los cuales atraviesan fronteras internacionales, lo que requiere la cooperación con los países vecinos. Está perfectamente claro que los usuarios y la sociedad civil deben participar en la gestión de los recursos hídricos, territoriales y ambientales. Se da prioridad a los usos de los recursos hídricos para consumo doméstico, mientras que los de orden industrial deberán tener prioridad en el nivel regional o local.

12.De conformidad con la legislación aprobada en 1994, modificada recientemente en 2005, las solicitudes de permisos de construcción o de obras se examinan minuciosamente y cuando se considera que tendrán efectos importantes se exigen estudios ambientales de impacto. Si el estudio de impacto demuestra que es así, antes de aprobar el proyecto es preciso someterlo a consultas y audiencias públicas. Se necesita una nueva autorización ambiental para la fase operativa de un proyecto y la autorización de grandes proyectos debe renovarse cada tres años. La Ley de acceso ciudadano a la información ofrece garantías adicionales.

13.El Uruguay ha ratificado todos los instrumentos internacionales en relación con el medio ambiente, salvo el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (del Convenio sobre la Diversidad Biológica), que ha firmado, pero todavía no ha ratificado, y que está siendo examinado por el Parlamento. El Uruguay, que es un país con un sector agrícola y pesquero considerable, ha examinado con especial atención los instrumentos que podrían influir en la aplicación de la ciencia y la tecnología en ese ámbito. En 2008 se levantó la moratoria sobre la utilización de organismos vegetales modificados genéticamente; se elaboró una legislación, preparada con consultas públicas, para velar por la reglamentación de su uso. En el proceso de autorización de nuevos organismos y sus usos participan órganos interinstitucionales, la sociedad civil y la comunidad científica.

14.El Uruguay interviene en las cuestiones ambientales internacionales, a las que se dedica de lleno y de manera comprometida, y actualmente preside las negociaciones sobre la elaboración de un tratado internacional en relación con el mercurio. Al ser el primer país en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático lleva a cabo proyectos experimentales sobre el cambio climático, ya en las primeras etapas tomó conciencia de sus efectos, en particular en las zonas de costa, donde se concentra la mayor parte de la población, y resolvió adoptar medidas paliativas y de adaptación. El país sigue fomentando la repoblación forestal y las fuentes de energía renovable y no genera emisiones netas de gases de efecto invernadero. Con miras a seguir aumentando la eficiencia energética, se está examinando la posibilidad de utilizar el metano producido en el sector agropecuario como biocombustible. Se ha elaborado un sistema y plan nacional de respuesta al cambio climático.

15.El Sr. Scagliola (Uruguay) menciona el sistema de áreas protegidas del país que, junto con la legislación sobre planificación territorial e impacto ambiental, constituyen su forma de equilibrar el desarrollo económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Dice que la legislación correspondiente se remonta a 2008, cuando el Uruguay era el único país de América Latina donde no había áreas especialmente protegidas. Las 17 áreas creadas desde entonces aumentarán pronto a 21, y abarcan una superficie de 300.000 ha en total. Se aprobó un plan de mediano plazo para gestionar las áreas protegidas y se creó un servicio de parques nacionales. En colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto por un valor de 2,5 millones de dólares de los Estados Unidos ha empezado a consolidar el proceso.

16.La creación de áreas especialmente protegidas es un elemento central de la preservación de la rica biodiversidad del país y supone la consulta y participación públicas durante todo el proceso. Por cada área protegida se establece un comité permanente de supervisión. Serán necesarias nuevas mejoras, teniendo en cuenta que la creación del sistema es muy reciente. El orador añade que la legislación sobre la planificación no solo exige estudios de impacto ambiental de los proyectos propuestos, sino también estudios estratégicos de impacto ambiental que tomen en consideración todas las actividades de una zona determinada.

17.En lo que respecta a la cuestión de la salud, dice que el sistema de salud ha sido reformado para reducir las diferencias entre la asistencia pública y la privada y garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, sea cual fuere la situación económica de la persona. El sistema de salud de tres niveles, que incluye la cobertura privada, mutualista y pública, estaba antes totalmente fragmentado y el financiamiento del sector público era muy deficitario. La calidad de la atención era con frecuencia directamente proporcional a los medios económicos. El objeto es tratar de llegar a un sistema universal, único, a la vez que se intenta mejorar la atención, la gestión y el financiamiento.

18.Hasta el momento se han adoptado medidas para fomentar la atención primaria de salud, establecer programas transversales en una serie de sectores, centralizar la política a la vez que se descentraliza la asistencia, establecer objetivos anuales que los tres sectores deben alcanzar y, sobre esta base, conceder o retirar financiamiento. La atención privada de salud recibía por paciente el triple de la inversión que la pública, pero en los últimos dos años la diferencia casi ha desaparecido. El financiamiento procede de las aportaciones de los trabajadores y los patronos, y el sistema funciona sobre la base del principio de que cada uno debe contribuir según sus medios y recibir según sus necesidades.

19.Se han conseguido varios resultados satisfactorios. Se ha logrado la cobertura universal, y los pacientes tienen mayor libertad para elegir al prestatario de servicios de salud, en el sector público o en el privado. Por medio del nuevo Fondo Nacional de Salud (FONASA), los menores de 18 años y algunos grupos de bajos ingresos, como los jubilados, pueden obtener que el Estado pague el gasto adicional de un tratamiento privado, con lo que se mitiga la carga económica y aumentan las opciones y el acceso a la atención de salud. Se ha implantado la gratuidad de tratamiento para la población diabética; gratuidad de exámenes para mujeres embarazadas, para la población hipertensa y para jubilados, y la gratuidad de exámenes preventivos para mujeres, como mamografía y Papanicolaou. Junto a la atención gratuita para los niños pequeños, estas medidas han contribuido a mejorar la salud maternoinfantil.

20.Las diversas reformas introducidas hasta la fecha han permitido reducir la pobreza y la desigualdad, y son los grupos de ingresos más bajos los que obtienen los mayores efectos. Se espera que, al aumentar la inversión en el sector público, se logre la misma calidad de la asistencia en general. El Fondo Nacional de Salud se hará extensivo a otros grupos, para empezar los cónyuges de los empleados en el sector formal y los mayores, especialmente si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población del país. También son esferas prioritarias el fortalecimiento de la atención de salud mental y de la salud en las zonas rurales. El Gobierno continuará esforzándose por lograr que toda la población goce del derecho a la salud de manera equitativa, en consulta con la población y los trabajadores de la salud.

21.El Sr. Miranda (Uruguay), que responde a preguntas anteriores sobre la salud reproductiva, dice que toda la población tiene acceso a los preservativos y otros anticonceptivos. La política del Gobierno consiste en promover las prácticas sexuales sin riesgo para evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual. En lo que respecta a las preocupaciones expresadas sobre el aborto, expresa que si bien está penalizado y se castiga con pena de privación de libertad, tanto para la mujer como para la persona que realiza el aborto, hay circunstancias atenuantes y, por lo tanto, en la práctica los abortos no son objeto de sanciones penales. Estas circunstancias comprenden los embarazos que son consecuencia de una violación, los que ponen en peligro la salud de la madre y los embarazos que se producen cuando la mujer está en una situación económica inestable. Salvo en el caso de complicaciones de salud graves, las circunstancias atenuantes solo se pueden invocar cuando el aborto es practicado por un médico en los primeros tres meses de embarazo. La despenalización del aborto está en examen en el Parlamento. En lo tocante a la salud mental, dice que, aunque se hacen esfuerzos por reducir la institucionalización, la situación de esos pacientes es alarmante. El Estado reconoce que deben introducirse mejoras y acogerá con agrado las recomendaciones del Comité y la orientación de expertos internacionales al respecto.

22.El Sr. Scagliola (Uruguay) dice que en febrero de 2010 se aprobó la Ley sobre la protección integral de personas con discapacidad. En esta nueva ley figura una amplia serie de disposiciones sobre el empleo, la atención de salud, la integración social, el transporte y otros derechos. Dicha ley se aprobó con objeto de armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

23.El Sr. Miranda (Uruguay) dice que el tráfico y la producción de drogas son delitos tipificados en el Código Penal. Se está intentando acabar con la toxicomanía, mediante medidas preventivas y campañas de sensibilización, en particular en determinados sectores de la sociedad. La toxicomanía se extiende a varias clases sociales y es especialmente frecuente entre los jóvenes. La Junta Nacional de Drogas se dedica a luchar contra la producción y el tráfico de drogas y los delitos conexos, como el lavado de dinero. Se adoptan medidas para vigilar más estrechamente la delincuencia y, en particular, para poner coto al lavado de dinero a través del sistema bancario al exigir información sobre el origen de toda suma superior a los 10.000 dólares de los Estados Unidos.

24.Como parte de la reforma del sector de la salud, se ha establecido una lista de medicamentos que solo pueden suministrar los servicios de salud públicos y privados. Esta lista comprende los medicamentos financiados directamente por el sistema de salud general, los medicamentos financiados por medio de un fondo especial de recursos y los equivalentes biomédicos (genéricos) que producen dos laboratorios nacionales, uno relacionado con la Universidad de la República y el otro con el Hospital Militar. El metilfenidato, más conocido como Ritalina, únicamente puede prescribirlo un psiquiatra y se ha utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión y síndrome de fatiga crónica. Hubo un aumento de la demanda de Ritalina y se está vigilando la cadena de suministro.

25.La Sra. Dupuy (Uruguay), que se refiere a la cuestión del acceso a los medicamentos antirretrovíricos, dice que el Uruguay garantiza a las personas que viven con el VIH/SIDA el acceso universal a esos medicamentos, pero siendo un país en desarrollo, no lo hace con fármacos originales sino con medicamentos genéricos menos costosos e igual de eficaces. Alerta sobre el problema de alcanzar los objetivos de salud pública con pocos recursos en lo que se refiere al derecho de propiedad intelectual. A ese respecto señala que, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria financia los medicamentos antirretrovíricos originales en los países beneficiarios, podría presentarse un problema una vez terminadas las asignaciones del Fondo en esos países. El Uruguay pidió ayuda al Fondo Mundial, pero aún no ha recibido financiamiento. Lo ha pedido no para medicamentos sino para la prevención del VIH/SIDA en los grupos vulnerables, como los reclusos, los homosexuales y los drogadictos. Aunque la epidemia de VIH/SIDA en el Uruguay es concentrada, alcanza un alto nivel en determinados grupos como los trabajadores del sexo, que todavía no cuentan con cobertura del sistema de salud. Se están haciendo esfuerzos por superar la violencia sexual en las cárceles con el fin de frenar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

26.El Sr. Sadi pregunta por los avances realizados en la aplicación de la política de vivienda del país. Si bien celebra la mención del saneamiento en la Constitución, desearía saber qué medidas prácticas se han adoptado para velar por que las unidades de vivienda de las zonas rurales estén equipadas con instalaciones sanitarias.

27.El Sr. Kerdoun pregunta si la legislación sobre el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible se basa en incentivos o en una planificación perentoria.

28.El Sr. Miranda (Uruguay) dice que la ley promueve la planificación, pero no se basa en ella. La Constitución dispone que los gobiernos locales son responsables de la planificación territorial. La nueva ley tiene por objeto velar por la coordinación entre todos los actores, desde todos los niveles de gobierno, en las decisiones relativas a la implantación de industrias y la supervisión de su desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial son perentorios, pues son normas con fuerza jurídica obligatoria. Sencillamente, una industria no puede establecerse en un lugar si no cuenta con autorización.

29.El Sr. Scagliola (Uruguay), en respuesta a preguntas sobre el saneamiento, dice que la red general de alcantarillado solo llega al 50% de la población del interior. Debe ampliarse la cobertura de fosas sépticas en las zonas distantes y los poblados con menos de 5.000 habitantes. La red general de alcantarillado debe extenderse para que llegue a más comunidades rurales y distantes con una población de más de 5.000 habitantes.

30.El Sr. Roballo (Uruguay) dice que el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares ha recibido dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo préstamo fue concedido en 2008 y la inversión abarcará un período de 15 años. En el período de 2005 a 2009, la iniciativa benefició a casi 7.000 hogares de 39 asentamientos. Se realojó a unas 800 familias y unas 900 casas fueron equipadas con baño y retrete. En total, más de 32.600 personas se beneficiaron directamente del programa durante ese período.

Artículos 13 a 15

31.El Sr. Dasgupta desea saber cuánto se ha avanzado en el objetivo declarado del Estado parte de erradicar el analfabetismo que, en 2009, se estimaba en el 7,7% de la población rural. ¿Qué se ha hecho para reducir la alta tasa de abandono en el ciclo superior de secundaria de los afrodescendientes?

32.El Sr. Tirado Mejía también pregunta sobre lo que se hace para resolver el problema del abandono de los estudios. Observa que terminan la enseñanza secundaria más muchachas que muchachos y solo uno de cada tres alumnos.

33.El Sr. Schrijver expresa que desearía saber cuáles son las causas profundas de la tasa de abandono y qué problemas estructurales la explican. Aparte de algunas manifiestas deficiencias del transporte público a las escuelas, el trabajo infantil también podría ser una de las causas. Aunque menos estudiantes abandonan los estudios universitarios, el número de estudiantes que ingresa en la enseñanza superior es reflejo del estado deficiente de la escolaridad en la enseñanza secundaria.

34.El Sr. Sadi dice que quisiera saber en qué medida se han tomado en consideración las Observaciones generales Nos. 11 y 13 del Comité en la formulación de la política y la legislación en materia educativa. Pregunta si la tasa de abandono de las muchachas en la enseñanza secundaria podría atribuirse en parte a la falta de instalaciones sanitarias en algunas escuelas, especialmente en las zonas rurales.

35.El Sr. Miranda (Uruguay) está de acuerdo en que el mayor problema de la educación es la tasa de abandono. En muchos casos, la responsabilidad es del propio sistema educativo y no de los alumnos que abandonan los estudios, pero las deficiencias del transporte público, que es gratuito, tienen poca incidencia. El desarrollo económico ha creado empleos, pero al mismo tiempo ha tenido el efecto perverso de atraer a muchos jóvenes y de alejarlos de los estudios para ir a trabajar. También es verdad que la deserción escolar es mayor entre los varones. El Estado parte no quiere que sus jóvenes trabajen mientras no tengan estudios. Otro de los problemas que el Gobierno se propone abordar es el de los programas de estudio anticuados.

36.El Sr. Scagliola (Uruguay) dice que la cuestión del abandono de los estudios está vinculada a la pobreza. Los primeros que abandonan la escuela son los alumnos de los sectores más pobres de la sociedad. La enseñanza es fundamental para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y la falta de igualdad en los ingresos también está vinculada a la falta de competencias de los trabajadores. Por este motivo, una de las prioridades del Gobierno para los próximos cinco años, en su esfuerzo por cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es impartir educación para todos. La falta de inversiones en la educación en épocas anteriores ha dado como resultado que, en la era tecnológica, las escuelas sigan utilizando pizarrones y tizas. Desde 2005, sin embargo, se ha aumentado la inversión y han subido los sueldos de los docentes de enseñanza secundaria. Otro problema es que muchos docentes tienen que trabajar en varias escuelas. En virtud de un acuerdo concluido por los cuatro partidos políticos representados en el Parlamento, finalmente los docentes trabajarán en un solo establecimiento, se introducirá la tecnología en la enseñanza secundaria y las familias cuyos hijos cursen estudios secundarios recibirán subsidios. El objetivo a que aspira el plan de enseñanza comunitario de acuerdo al cual trabajan los docentes en los centros educativos y con las familias desfavorecidas es que los alumnos de la enseñanza primaria no tengan que repetir de grado. Se ha puesto en práctica un programa de alfabetización para adultos que han cursado primaria, pero que luego se convirtieron en analfabetos funcionales.

37.El Presidente agradece a la delegación del Uruguay sus respuestas a las preguntas del Comité e insta al Estado parte a continuar sus esfuerzos por poner en práctica las recomendaciones del Comité.

38.El Sr. González (Uruguay) dice que en 2011 el Gobierno uruguayo aplicará un sistema de indicadores para medir los avances en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

39. La delegación del Uruguay se retira.

El debate abarcado por el acta termina a las 12.45 horas.