COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
40º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 10ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el lunes 5 de mayo de 2008, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
Examen de los informes
a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Segundo informe periódico de Benin
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES
a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
SEGUNDO INFORME PERIÓDICO DE BENIN (E/C.12/BEN/2; E/C.12/BEN/Q/2 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.85)
Por invitación del Presidente, la delegación de Benin toma asiento a la mesa del Comité .
El PRESIDENTE da la bienvenida a la delegación de Benin. Lamenta que un malentendido haya impedido a la delegación asistir a la sesión programada para esa mañana, por lo que el Comité solamente tendrá una sesión de tres horas, tal vez con una hora más en la mañana siguiente, para examinar el segundo informe periódico del Estado parte.
El Sr . AKIBOU (Benin) dice que su Gobierno concede una gran importancia al diálogo con el Comité, por lo que lamenta sinceramente no haber podido asistir a una sesión.
El Sr . AKPOMEY (Benin) presenta el segundo informe periódico de Benin (E/C.12/BEN/2) y ofrece una breve descripción general de la situación geográfica y demográfica de su país. Señala a la atención las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar las disposiciones del Pacto durante el período objeto de examen, en particular el derecho a la autodeterminación mediante la introducción de un proceso de descentralización, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicación y la huelga y el derecho a la educación, como se describe con detalle en el informe periódico. Aunque se han logrado progresos significativos en la aplicación de esos derechos, el Gobierno es consciente de que todavía es mucho lo que queda por hacer.
El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular preguntas a la delegación de Benin.
El Sr . KERDOUN (Relator para el país) dice que los niveles de analfabetismo en Benin siguen siendo elevados, por lo que se debe dar prioridad a la educación. Expresa su preocupación porque, a pesar de la adopción de medidas para el avance de la mujer, esta sigue siendo víctima de violencia. Señala que algunas prácticas tradicionales africanas pueden acentuar la pobreza. Es importante mejorar el acceso al agua potable como parte de la campaña contra la pobreza y la malnutrición.
Se congratula de la introducción del mínimo social común en 1997 y la adopción de un Programa nacional de desarrollo comunitario en 1998. Elogia también la aprobación de legislación sobre la mutilación genital femenina y la salud sexual en 2003, así como del Código de la Persona y de la Familia en 2004: esas leyes se deben traducir y hay que darles publicidad entre la población general.
Las respuestas del Estado parte a ciertas preguntas no son satisfactorias, lo que dificulta al Comité la labor de evaluación de los progresos realizados en el período objeto de examen. Pide que se aclare si ha habidoalguna decisión de los tribunales del Estado parte que se remita a disposiciones del Pacto. Pregunta si hay un plazo para la modernización del sistema judicial y la introducción de un sistema estadístico fiable.
Pregunta si Benin ha ratificado o tiene intención de ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por último, pide información acerca de los países de origen y el número de refugiados en Benin.
El Sr . TIRADO MEJÍA pregunta si hay alguna ley específica sobre las personas con discapacidad. Desea saber cómo se aplica el Código de la Persona y de la Familia. Tiene interés en saber qué sanciones imponen los tribunales por las violaciones del Código, por ejemplo el matrimonio precoz. Señala con preocupación que todavía hay una distinción en la legislación interna entre los hijos legítimos y los naturales e indica que se debería examinar la posibilidad de utilizar una terminología alternativa, como “niños nacidos fuera del matrimonio”.
Expresa su preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas para abordar el problema del VIH/SIDA en el Estado parte no se corresponden con la enorme escala del fenómeno. Pide información adicional sobre las medidas que se están adoptando y pregunta qué se entiende por “personas directamente sensibilizadas” en los ministerios, como se menciona en el informe (E/C.12/BEN/2, párr. 277).
La Sra . BARAHONA RIERA acoge con satisfacción las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, pero pide que se aclare la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio. Pregunta si se modificará el Código Penal para incluir la violencia familiar y la trata de personas, en particular de mujeres y niños. Pregunta también qué está haciendo el Estado parte para eliminar las actitudes tradicionales que contribuyen en gran medida a la elevada representación de la mujer en empleos mal pagados de los sectores de la agricultura y no estructurado.
La Sra . BONOAN-DANDAN pide una explicación sobre el marco de las instituciones nacionales de derechos humanos en Benin. Pregunta por qué se clasifica a la Comisión de Derechos Humanos de Benin como una organización no gubernamental. Observando que el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (ICC) solamente le ha concedido el estatuto de Comisión C, dice que Benin no cumple su obligación de preparar informes anuales sobre sus instituciones nacionales de derechos humanos. Se pregunta qué órgano u órganos, si los hay, se encargan de investigar los casos de violación de los derechos humanos y de obtener una reparación.
Desea recibir más información sobre la aplicación del documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y el Programa de acción del Gobierno para el período 2001-2006 (PAG II) por el Estado parte. Se pregunta hasta qué punto se incorporan las preocupaciones relativas a los derechos humanos y las obligaciones en virtud de los tratados internacionales a las estrategias de lucha contra la pobreza. Exhorta al Estado parte a que facilite cifras, no solo porcentajes, del número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o en extrema pobreza. También agradecería recibir más información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para promover la aplicación de los objetivos de desarrollo del Milenio. Pregunta qué se está haciendo para limitar el crecimiento de la población, que contribuye a los niveles de pobreza. Por último, muestra su preocupación por el hecho de que las mujeres representan el 90% de las personas empleadas en el sector no estructurado y se pregunta qué medidas se adoptan para proteger los derechos de las mujeres que quedan embarazadas o que enferman y no pueden trabajar y de las que son el único sostén de sus familias.
El Sr . ABDEL-MONEIM, recordando la elevada deuda externa del Estado parte, se pregunta si las condiciones y las reformas estructurales que solicitan los donantes internacionales, por ejemplo el Club de París, contribuyen a que el Estado parte cumpla sus obligaciones en el marco del Pacto. Con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, se pregunta si la asistencia y la cooperación internacionales en el ámbito económico y técnico han ayudado al Estado parte a cumplir sus obligaciones.
El Sr . SADI dice que, aunque el Estado parte ratificó el Pacto en 1992, no se publicó en el Diario Oficial hasta 2006. Se pregunta cuál fue la situación del Pacto en el Estado parte entre 1992 y 2006; ¿puede explicar ese retraso la falta de jurisprudencia relativa a la aplicación del Pacto? Pregunta si el taller organizado en cooperación con Dinamarca sobre el fortalecimiento de la capacidad en el ámbito judicial (E/C.12/BEN/Q/2/Add.1, párr. 11) aumentó la sensibilización sobre la aplicabilidad del Pacto entre los funcionarios y los jueces. Pregunta de qué manera coordinan sus esfuerzos órganos como la Comisión de Derechos Humanos de Benin, el Consejo Nacional Consultivo de Derechos Humanos y el Comité Nacional de Seguimiento de la Aplicación de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, si son órganos independientes y si hay alguna superposición entre sus ámbitos de competencia.
Toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para introducir legislación por la que se prohíben prácticas consuetudinarias como la poligamia y la mutilación genital femenina. Sin embargo, es difícil erradicar las prácticas tradicionales basándose solamente en la legislación, y se pregunta hasta qué punto ha sido eficaz dicha legislación. Pregunta por qué se registra solo una cuarta parte de los nacimientos y se pregunta si la existencia continuada de la poligamia puede ser un factor que contribuye a ello.
La Sra . BRAS GOMES expresa su preocupación ante lo prolongado del proceso legislativo y los grandes retrasos en la aplicación de las medidas relativas a los derechos humanos. Por ejemplo, aunque se ha preparado un documento de política nacional de protección y de integración de las personas con discapacidad, no hay ningún plan de acción para su aplicación; el Plan nacional de acción sobre la familia que se elaboró en 2006 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros; de manera análoga, no se ha aprobado todavía la legislación por la que se establece un régimen especial de seguridad social para los empleados autónomos, los agricultores y los trabajadores del sector no estructurado. Pregunta por qué lleva tanto tiempo aplicar medidas tan valiosas.
La oradora acoge con satisfacción el establecimiento de mutuas de seguridad social, pero se pregunta por qué disminuyó el número de miembros de la Mutua de Cotonou entre 2006 y 2007. Pregunta si el Estado parte tiene intención de ratificar el Convenio núm. 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la norma mínima de la seguridad social y otros convenios de la OIT sobre seguridad social. Por último, observa que se han adoptado medidas con objeto de hacer obligatoria para todos la enseñanza primaria, pero expresa su preocupación porque no es gratuita.
El Sr . PILLAY dice que las respuestas por escrito a la lista de cuestiones del Comité (E/C.12/BEN/Q/2/Add.1) son bastante vagas y poco informativas. Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 17, sobre la eficacia de las estrategias de reducción de la pobreza, habla de programas, iniciativas y buenas intenciones, pero no proporciona ninguna información real sobre los resultados obtenidos. Lo mismo se puede decir de las respuestas a las preguntas 18, sobre viviendas sociales, y 19, sobre las personas sin hogar. También expresa su preocupación porque, según el informe, las viviendas sociales se asignan casi exclusivamente a funcionarios públicos o ejecutivos de empresas privadas (E/C.12/BEN/2, párr. 230). Subraya que en las viviendas públicas se debería dar prioridad a las personas desfavorecidas y sin hogar. El Estado parte debe proporcionar datos más completos sobre esas cuestiones en su próximo informe.
El Sr . MARCH Á N ROMEROpregunta, con respecto al artículo 15 del Pacto, por qué el Estado parte no ha ratificado todavía el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, habida cuenta de los numerosos grupos étnicos y tribales de Benin. Señala que en el país se utilizan normalmente 18 idiomas, aunque el idioma de trabajo es el francés, y se pregunta si hay alguna otro idioma que tenga carácter oficial. Pregunta si en los procedimientos judiciales se presta asistencia a las personas que no hablan francés. Por último, solicita más información sobre la aplicación del Programa de apoyo a las iniciativas culturales descentralizadas de la Unión Europea y sobre sus resultados.
La Sra . WILSONse pregunta en qué medida son efectivas, frente a las actitudes tradicionales, las iniciativas de Benin sobre la igualdad de género, por ejemplo el Código de la Persona y de la Familia y la Política nacional de promoción de la mujer. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia familiar, y expresa preocupación porque, aunque la violencia familiar es un delito penal, la policía y la el poder judicial son con frecuencia reticentes a actuar, y las propias mujeres suelen dudar a la hora de presentar una denuncia. Este es un ejemplo de tradición o costumbre que dificulta la aplicación de la legislación y se pregunta qué se está haciendo para cambiar la mentalidad y aumentar la sensibilización sobre los derechos de la mujer.
Insta al Estado parte a que suprima la práctica del vidome gon y ratifique el Convenio núm. 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. También expresa preocupación por la malnutrición crónica de Benin, que se ve agravada por el rápido crecimiento de la población, y se pregunta qué medidas está adoptando el Gobierno para garantizar un suministro suficiente de alimentos.
Por último, toma nota de las respuestas del Gobierno a las preguntas 18 y 19 de la lista de cuestiones del Comité (E/C.12/BEN/Q/2/Add.1), pero insta al Estado parte a que facilite más información a la población sobre sus derechos y sobre la legislación pertinente, en particular con respecto al acceso a la vivienda pública.
El Sr . ATANGANA dice que el hecho de que el Ministerio de Justicia pueda trasladar a los jueces y de que al parecer un fiscal pueda pedir la retirada de un juez de un caso puede tener efectos negativos en la independencia del poder judicial. Toma nota de la respuesta del Gobierno a la pregunta del Comité sobre la condición jurídica del Pacto en el derecho interno, que remite al artículo 147 de la Constitución y a la aplicación de acuerdos o tratados por la otra parte (E/C.12/BEN/Q/2/Add.1, párr. 8), pero subraya que es esencial que el Estado parte cumpla sus obligaciones y aplique el Pacto.
En la respuesta a la pregunta 3 de la lista de cuestiones, se menciona el documento de política nacional de protección y de integración de las personas con discapacidad, pero no se hace referencia a la legislación correspondiente (ibid., párr. 16). En respuesta a la pregunta 16 de la lista de cuestiones, el Gobierno indica que en 2004 se retiró del trabajo remunerado a 1.000 niños y pregunta qué ocurrió con ellos (ibid., párr. 61). Por último, insta al Estado parte a que proporcione enseñanza primaria gratuita.
El Sr . RIEDEL, en relación con la pregunta 20 de la lista cuestiones (E/C.12/BEN/Q/2), pide información más detallada sobre los esfuerzos para mejorar el estado de los centros penitenciarios, en particular las medidas para reducir el hacinamiento y mejorar la alimentación de los reclusos. Con respecto a la pregunta 21, sobre el agua potable y el saneamiento, solicita de nuevo información más detallada de progresos concretos, incluidos los datos desglosados sobre los costos de medidas como la instalación de tuberías de conducción de agua y la protección de los recursos hídricos contra la contaminación, así como información acerca de las partes interesadas que intervienen.
El Sr . MARTYNOVpregunta si el Estado parte tiene intención de aumentar el número, las actividades y la eficacia de los centros de formación profesional públicos, que pueden desempeñar una función importante en la reducción de los niveles de desempleo. Expresa su preocupación porque la mayor parte de la población trabajadora está empleada en el sector no estructurado y son relativamente pocos los que disfrutan de alguna prestación de la seguridad social, a pesar de la existencia de mutuas. Pide información sobre algún otro instrumento o mecanismo que tenga previsto introducir el Gobierno para reducir el desempleo y aumentar la cobertura de la seguridad social.
El Sr . KOLOSOV pregunta si hay diferencias acentuadas en el nivel de vida de los distintos grupos étnicos de la sociedad de Benin. Ante el hecho de que solamente se registran el 25% de los nacimientos, se pregunta también cómo pueden calcular las autoridades de manera fidedigna el crecimiento de la población e indicadores como el PIB por habitante.
Se suspende la sesión a las 16.55 horas y se reanuda a las 17.05 horas.
El PRESIDENTE invita a la delegación de Benin a responder a las preguntas de los miembros del Comité.
El Sr . AKPOMEY (Benin) señala que la información que figura en el segundo informe periódico de su Gobierno abarca el período comprendido entre 2000 y 2004 y desde entonces se han registrado muchos cambios. Dice que el Pacto se publicó en el Diario Oficial de Benin y que tiene precedencia sobre la legislación interna.
La Sra . ZINKPE (Benin), en respuesta a las preguntas relativas a la independencia del poder judicial, dice que el nombramiento de los jueces no depende del Ministro de Justicia, sino del Consejo Supremo de la Judicatura. El Ministro presenta las candidaturas al Consejo, pero este no tiene la obligación de aceptarlas. Las decisiones del Consejo se basan en un examen a fondo de las calificaciones de los candidatos.
El hacinamiento en las prisiones mejoró algo gracias al traslado de unos 300 internos a un centro penitenciario de construcción reciente en 2007. Sin embargo, para abordar realmente el problema se necesitan alternativas a la reclusión.
Hay intérpretes que pueden ayudar a las partes en los procesos civiles o penales si son analfabetas o no tienen dominio del francés.
El Sr . AKPOMEY (Benin) dice que en Benin se respeta el principio de la inamovilidad de los jueces. Si se considera que una decisión del Consejo Supremo de la Judicatura viola dicho principio, el Tribunal Constitucional la puede invalidar, ejerciendo de esta manera un importante control sobre el poder del Gobierno con respecto al nombramiento de los jueces.
En cuanto al hacinamiento en las prisiones, dice que se van a construir otros centros penitenciarios financiados con cargo a la Cuenta del Reto del Milenio.
El Sr . TODJIHOUNDE (Benin) confirma que la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1990, funcionó inicialmente como ONG y no era muy eficaz, pero dice que la situación ha cambiado ahora. Se ha creado un fondo del Gobierno para respaldar la labor de todos los organismos de derechos humanos en Benin y un 10% de dicho fondo se asigna a la Comisión de Derechos Humanos.
El Comité Nacional de Seguimiento de la Aplicación de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y el Consejo Nacional Consultivo de Derechos Humanos son órganos independientes con funciones distintas. El segundo es un órgano consultivo formado por representantes de ONG y organismos públicos, que formula recomendaciones al Gobierno en relación con la promoción y protección de los derechos humanos. El Comité Nacional es una institución puramente gubernamental que se encarga de preparar los informes de Benin para los distintos órganos creados en virtud de tratados. Ambos órganos tienen sus secretarías en el seno de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que se encarga de coordinar todas las actividades relativas a los derechos humanos en Benin. Así pues, no hay superposición o conflicto entre las funciones de los distintos órganos de derechos humanos.
El Sr . HACHEME (Benin) dice que Benin no ha ratificado todavía la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero su Constitución prohíbe la discriminación contra los discapacitados y el Gobierno ha formulado una política de protección de sus derechos. A finales de 2008 se celebrará un foro nacional de personas con discapacidad del que surgirán recomendaciones para una actuación ulterior a ese respecto.
La Sra . FAGNISSE (Benin) dice que la protección de los derechos de las personas con discapacidad es responsabilidad del Ministerio de Asuntos de la Familia, Bienestar Social y Solidaridad. La asistencia que se presta a esas personas incluye el acceso a financiación para permitirles cubrir sus necesidades de subsistencia y emprender actividades generadoras de ingresos.
La Sra . AKPOVO (Benin) dice que desde el comienzo del año académico 2006/07 todos los niños tienen acceso a la enseñanza pública gratuita en los niveles de preescolar y primaria. Se está examinando la posibilidad de ofrecer enseñanza secundaria y universitaria gratuita. La introducción de la enseñanza gratuita dio lugar a la saturación de las escuelas en algunas zonas, por lo que hay en curso un proyecto para construir otras nuevas. También se van a construir comedores escolares, para garantizar que los alumnos reciban una comida al mediodía.
El Sr . AKPOMEY (Benin) dice que no hay conflicto entre el derecho consuetudinario y las disposiciones del Código de la Persona y de la Familia. Ya no se aplica el derecho consuetudinario a ningún asunto comprendido en el Código. La poligamia, por ejemplo, es ilegal en el marco del Código, por lo que no se reconoce la validez legal de los matrimonios polígamos.
El problema de los nacimientos no registrados se debe en parte a la elevada tasa de analfabetismo de Benin. Hay en curso una iniciativa para expedir certificados de nacimiento en las aldeas, basándose en las declaraciones de los padres o de los directores de las escuelas. Desde 2007 se han expedido varios cientos de miles de certificados.
Dice que la mutilación genital femenina está prohibida en Benin por ley. Se están llevando a cabo actividades de formación y sensibilización entre quienes la practican y se están realizando esfuerzos para facilitarles la búsqueda de nuevos medios de subsistencia.
El Sr . TODJIHOUNDE (Benin) dice que se siguen realizando prácticas como la mutilación genital femenina, a pesar de la adopción de medidas legislativas y del aumento de la sensibilización. Algunas familias llevan a sus hijas a los países vecinos para que les sea practicada la circuncisión.
También se mantiene la práctica del vidome gon, aunque se ha reducido mucho. Sin embargo, los esfuerzos para poner fin a esa práctica se ven frustrados por el hecho de que cuando los niños vuelven a Benin con frecuencia no hay nadie que cuide de ellos. Ni el Gobierno ni sus familias tienen recursos suficientes para hacerlo. En consecuencia, suelen acabar siendo de nuevo objeto de trata en el extranjero.
La Sra . ZINKPE (Benin) dice que el Gobierno trata de vigilar la situación de los niños que regresan a Benin, a fin de impedir que sus familias vuelvan a venderlos. Con respecto a la cuestión de los certificados de nacimiento, el Gobierno está realizando una campaña de información para sensibilizar a las familias sobre la importancia de registrar el nacimiento de sus hijos.
En los centros penitenciarios se sirve ahora una sola comida caliente al día. El Gobierno es consciente de que esto no es adecuado y esta adoptando medidas para garantizar que todos los reclusos reciban dos comidas calientes al día.
En cuanto a las diferencias en el nivel de vida de los distintos grupos étnicos, en Benin no hay ninguna minoría. Todos los sectores de la población reciben el mismo trato.
El Sr . PILLAY pregunta qué hace exactamente el Estado parte para obligar a cumplir la ley que prohíbe la mutilación genital femenina y si esa ley prohíbe también la mutilación que se realiza como procedimiento quirúrgico en un entorno médico. Parece que el Estado parte no está haciendo lo suficiente para proteger a las víctimas de mutilación y de otras formas de violencia y abuso.
La Sra . BRAS GOMES dice que no se ha respondido a sus preguntas relativas a la seguridad social. Se pregunta si entendió correctamente que la enseñanza preescolar y primaria son obligatorias y gratuitas en Benin.
La Sra . BARAHONA RIERA dice que también ella sigue a la espera de una respuesta a sus preguntas relativas al sector no estructurado y la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. Pregunta por qué no se ha clasificado explícitamente la violencia familiar como delito penal y pide aclaración sobre la ley de trata de adultos, en particular mujeres. También pide información sobre la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio. ¿Tienen los mismos derechos que los niños nacidos de parejas casadas? Por último, desea saber qué medidas se están adoptando para reducir la mortalidad maternoinfantil.
El Sr . ZHAN Daode dice que el segundo informe periódico del Estado parte pone de manifiesto que el Gobierno ha tenido una actitud seria y responsable con respecto a sus obligaciones en el marco del Pacto. Desea saber qué sanciones se imponen a los empleadores que no notifican los accidentes y las enfermedades laborales y por qué Benin no es todavía parte en el Convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad (revisado) de 1952 (núm. 103).
La Sra . BONOAN ‑DANDAN dice que no está totalmente satisfecha con las explicaciones de Estado parte respecto de la Comisión de Derechos Humanos de Benin. La delegación ha declarado que la Comisión ya no funciona como una ONG, pero en la Constitución se la sigue identificando como tal, y esto es incompatible con los Principios de París.
Aunque el segundo informe periódico del Estado parte es digno de elogio por su franqueza, en él no se responde plenamente a las observaciones y recomendaciones finales formuladas por el Comité sobre su informe inicial. El Comité agradecería al Gobierno que lo hiciera en su tercer informe periódico.
La Sra . WILSON pregunta si el Gobierno tiene algún programa orientado a aumentar la sensibilización de la población sobre las prácticas perjudiciales que violan el Pacto. Las respuestas de la delegación parecen indicar que dicha sensibilización se deja principalmente en manos de la sociedad civil.
Elogia al Estado parte por su franqueza acerca de la situación alimentaria en Benin, pero pregunta qué medidas se aplican para controlar los precios de los alimentos y qué estrategias propone el Gobierno para combatir la malnutrición crónica.
El Sr . PILLAY dice que no se ha respondido a su pregunta y pide a la delegación que la aborde en la siguiente sesión.
El Sr . KOLOSOV indica que el Estado parte debería negociar acuerdos con los países vecinos sobre medidas conjuntas para combatir la mutilación genital femenina. Señala que es importante ocuparse no solo de la cantidad de alimentos que se sirven en los centros penitenciarios, sino también de su calidad, y pregunta si hay algún órgano que realice una vigilancia independiente de las condiciones en los centros penitenciarios de Benin. También pide aclaración sobre las observaciones de la delegación relativas a las diferencias en el nivel de vida de los distintos grupos étnicos.
El Sr . TIRADO MEJÍA dice que no está satisfecho con las respuestas que ha dado la delegación a sus preguntas relativas a los matrimonios polígamos. Desea saber qué sanciones se imponen a las personas que contraen un matrimonio de ese tipo. También agradecería recibir información concreta sobre las medidas que aplica el Gobierno para hacer frente a la situación del SIDA en Benin.
El Sr . KERDOUN dice que no se ha respondido a su pregunta sobre los refugiados en Benin. ¿De dónde proceden los refugiados y cuántos hay?
Se levanta la sesión a las 18.05 horas .
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