Naciones Unidas

E/C.12/2009/SR.9

Consejo Económico y Social

Distr. general

10 de diciembre de 2009

Español

Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

42° período de sesiones

Acta resumida de la novena sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 8 de mayo de 2009, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto de Chipre

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto(tema 8 del programa) (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto de Chipre [E/C.12/CYP/5; documento básico (HRI/CORE/CYP/2007); observaciones finales del Comité sobre el tercer informe periódico de Chipre (E/C.12/1/Add.28); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/CYP/Q/5); respuestas escritas del Gobierno chipriota a la lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/CYP/Q/5/Add.1)]

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación chipriota toman asiento a la mesa del Comité.

2.El Presidente da la bienvenida a la delegación chipriota y la invita a presentar los informes periódicos cuarto y quinto del Estado parte.

3.La Sra. Koursoumba (Chipre) presenta los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de Chipre difundidos entre la población chipriota, e indica que la delegación acaba de presentar al Comité una versión actualizada muy reciente del documento básico acompañada de la lista actualizada de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Chipre es parte, prueba de la importancia que atribuye el Estado parte a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Los obstáculos burocráticos y la escasez de recursos explican la mora en la presentación del informe, pero Chipre está realmente resuelto a cooperar estrechamente con los órganos convencionales de las Naciones Unidas, y elabora actualmente su informe nacional con arreglo al procedimiento de examen periódico universal, que el Consejo de Derechos Humanos debe examinar en noviembre de 2009.

4.Debido a la persistente ocupación ilegal y al control por las fuerzas amadas turcas del 37% del territorio del Estado parte, que le impiden aplicar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a las poblaciones que viven en esta zona y recabar datos fiables, los informes consolidados cuarto y quinto sólo se refieren a las zonas controladas por el Gobierno. No obstante, los turcochipriotas gozan, a título individual y colectivo, de las prestaciones de una gama amplia de servicios garantizados por el Gobierno, incluido el abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de los embalses y de los sistemas de riego y el aprovisionamiento de electricidad. Entre enero de 2004 y diciembre de 2008, se consagraron a ello 169 millones de euros.

5.En virtud de la Constitución chipriota, que garantiza la protección de los derechos humanos, toda ley nacional tiene un rango de prioridad inferior al de la Constitución y los tratados ratificados por el Estado parte, y por ende toda ley contraria a la Constitución o a un instrumento internacional es nula y carente de valor. A este respecto, la delegación chipriota desea subrayar que en aplicación del artículo 188 de la Constitución, toda ley en vigor en el momento de la creación de la República de Chipre (16 de agosto de 1960), incluida la ley de extranjería e inmigración, se interpreta y aplica con sujeción a la Carta integrada en la Constitución así como a todo instrumento internacional ratificado por Chipre, incluido el Pacto.

6.Dotado de un sistema de Gobierno democrático, el Estado parte dispone de una auténtica separación de poderes, y el aparato judicial es realmente independiente. Toda decisión contraria a la ley y a los instrumentos internacionales adoptada por la administración o el poder ejecutivo puede ser anulada por la Corte Suprema, y toda persona que estime que se han violado sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en cualquier otro instrumento internacional vigente, puede, en aplicación de una ley especialmente adoptada a este efecto, gozar de asistencia jurídica, y obtener una indemnización.

7.Desde 1960, las circunstancias económicas, sociales y culturales de Chipre han evolucionado fundamentalmente. Una de las medidas más importantes adoptadas en consecuencia ha sido la adhesión a la Unión Europea (UE), el 1º de mayo de 2004, lo que ha redundado en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el país. Esta adhesión también ha supuesto nuevas obligaciones y nuevas normas más estrictas, que deben respetarse. Se ha tenido que armonizar el marco jurídico del país con los adelantos comunitarios, adoptándose en consecuencia leyes sumamente importantes relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, y creándose al mismo tiempo la infraestructura administrativa correspondiente necesaria.

8.Dotado de una economía de mercado dominada por el sector de los servicios, Chipre ostenta desde el año 2000 una tasa de crecimiento muy superior a la media de la Unión Europea. Con miras a su adhesión a la UE, el Gobierno puso en práctica un programa de austeridad rigurosa que permitió pasar de un déficit presupuestario que ascendía a un 6,3% en 2003 a un excedente del 1,2% en 2008. Con todo, esta prosperidad ha sufrido los efectos de la disminución del crecimiento de los sectores de la construcción y del turismo, a raíz de la crisis financiera mundial. Para compensar este menor crecimiento, el Gobierno ha anunciado la aplicación de medidas fiscales a corto plazo, con efectos presupuestarios directos.

9.En el plano social, Chipre está a la vanguardia de la solución de los conflictos laborales, como se indica en el párrafo 75 del informe que se examina, y es notable la concertación entre los diferentes interlocutores sociales, circunstancia celebrada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una práctica ejemplar que propicia el funcionamiento sin tropiezos del mercado del trabajo. En la esfera de la educación, en el artículo 20 de la Constitución se garantiza el derecho de todos, sin discriminación alguna, a la educación, incluidos los nacionales de terceros países y en particular los hijos de padres que se encuentran ilegalmente en la isla. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas destinadas a mejorar el rendimiento de los alumnos pertenecientes a minorías o procedentes del extranjero, comenzando por la enseñanza de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de cada persona, así como los demás derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Se organizan también cursos de aprendizaje acelerado del idioma griego, con apoyos pedagógicos especialmente adaptados a las necesidades de los alumnos migrantes, y la información relativa a Chipre y a su sistema de educación está a disposición de los alumnos y de su familia en ocho idiomas extranjeros.

10.Con la afluencia sin precedente de migrantes clandestinos durante los últimos diez años, en particular después de la adhesión a la Unión Europea, y por encontrarse la isla en la frontera oriental de la Unión Europea, los migrantes y solicitantes de asilo han sido un tema de preocupación mayor para las autoridades chipriotas, situación que se ha tornado tanto más delicada por la ocupación extranjera de una tercera parte del territorio. Según las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre 2004 y 2008, Chipre acogió el número más grande de solicitantes de asilo en relación con su población nacional (38 por cada 1.000 habitantes). La mayoría de los inmigrantes son migrantes económicos procedentes de países asiáticos (Pakistán, Bangladesh y Siria, en particular), que ingresan ilegalmente por los puertos de la zona de ocupación turca. Con todo, Chipre ofrece una protección íntegra a las personas de ciertas nacionalidades (iraquíes, palestinos). La delegación chipriota remite a este respecto a los párrafos 75 a 77 de su informe, y señala que, mediante una modificación reciente de la Ley de refugiados, las personas reconocidas como refugiadas o que gozan de la protección subsidiaria han visto incrementarse su protección gracias a la armonización con la Directiva 2004/83/EC de la Unión Europea (arts. 23 a 30 en particular). Firmemente resuelto a respetar sus obligaciones hacia los verdaderos refugiados, el Gobierno chipriota aplica una política global nacional de ordenación de las migraciones en que se vela por el respeto de los derechos y la dignidad de todos los migrantes, legales e ilegales, y hace un llamamiento al respecto a todos los Estados de que se trata para que intenten solucionar los problemas a nivel regional e internacional.

11.Últimamente, se han renovado los centros de detención de la policía en el país, que ahora obedecen a las normas vigentes. Se está por construir en los próximos dos años un nuevo centro destinado a acoger a 256 detenidos. Además, en virtud de una ordenanza reciente del jefe de la policía, deberán facilitarse las visitas sobre el terreno de los representantes de órganos de vigilancia nacionales e internacionales. De ahora en adelante, la detención de migrantes en situación irregular no podrá exceder de seis meces, salvo en casos particulares (condena anterior, amenaza para el orden público).

12.Recientemente, se han establecido nuevos mecanismos de vigilancia. La Oficina del Mediador, creada en 1991, hace las veces de órgano nacional de lucha contra la discriminación y de autoridad en materia de la igualdad en el empleo. En 2007 se creó mediante una ley la función de Comisionado para los Derechos del Niño. Este se encarga de promover y proteger los derechos de los niños, en plena armonía con los principios de París y la Observación general Nº 2 del Comité de los Derechos del Niño. En cuanto a la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos, se está reestructurando ésta actualmente para que armonice con los Principios de París, y en las próximas semanas el Consejo de ministros designará normalmente a un nuevo presidente, así como a los miembros del Comité Directivo de la Institución.

13.Conciente del camino que queda por andar, y de sus puntos débiles y lagunas, Chipre tiene la sensación de haber superado una etapa decisiva hacia la realización del objetivo del pleno respeto de las disposiciones del Pacto, y está resuelto a tomar en debida consideración las recomendaciones sagaces e imparciales de los miembros del Comité para alcanzar el objetivo deseado.

Artículos 1 a 5 del Pacto

14.El Sr. Sadi se pregunta sobre el lugar del Pacto en la legislación del Estado parte y, habida cuenta de los esfuerzos desplegados por el país para armonizar su legislación con los principios y directivos de la Unión Europea, pregunta qué le impide hacer lo mismo respecto de las disposiciones del Pacto. Felicitándose de la información comunicada sobre los diferentes asuntos relacionados principalmente con el derecho a la educación o el derecho de huelga el Sr. Sadi desearía que la delegación Chipriota explicara con precisión qué vínculos existen entre estos asuntos y las disposiciones del Pacto. Sorprendido de que el Estado parte no se haya adaptado todavía a los Principios de París, desea conocer los motivos de su lentitud. Por otra parte, el Sr. Sadi pregunta qué vincula las actividades de la Oficina del Mediador y el Órgano de lucha contra la discriminación a las disposiciones del Pacto, y desea disponer de ejemplos de casos específicos a este respecto. Asimismo, desearía que la delegación chipriota indicara si se dispensa efectivamente, de manera oficial y a título obligatorio la educación sobre los derechos humanos. Además, defiriéndose al párrafo 19 de las respuestas escritas del Gobierno chipriota a la lista de cuestiones que deben abordarse, señala que en la Constitución no se considera a las diferentes comunidades como "minorías", sino como "grupos religiosos", calificación totalmente superada; por lo tanto, pregunta si el Estado parte prevé modificar la Constitución a este respecto. Por último, desearía que la delegación expusiera con más detalles las medidas legislativas adoptadas para luchar contra la discriminación contra los romaníes, los griegos pónticos y los maronitas.

15.El Sr. Pillay pregunta si la Carta de Derechos inscrita en la Constitución consagra todos los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Pacto, en particular el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la cultura, y, habida cuenta de que en la jerarquía jurídica, los tratados prevalecen sobre las leyes nacionales, si las disposiciones del Pacto son directamente aplicables en el derecho interno.

16.El Sr. Pillay desearía conocer por que razón la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos todavía no ha sido dotada de los recursos humanos y financieros necesarios. Desearía saber además si el hecho de que el Estado parte se haya abstenido de responder a la segunda parte de la pregunta Nº 2 de la lista de cuestiones que deben abordarse —en la que se le pide que señale si el mandato de la Institución Nacional abarca los derechos económicos, sociales y culturales— significa que estos derechos no incumben de hecho al mandato de dicha institución.

17.La Sra. Bras Gomes pregunta si el Estado parte estima haber establecido un nivel mínimo de garantías para cada uno de los derechos previstos en el Pacto, que le permita afirmar que se respeta la dignidad humana de cada ciudadano.

18.La Sra. Bras Gomes desearía saber si el Órgano de lucha contra la discriminación cuenta por fin con recursos financieros y humanos suficientes y si su acción es en consecuencia más eficaz.

19.Habida cuenta de que después de haber sido un país de origen en materia de inmigración, la República de Chipre ha pasado a ser un país de destino de la inmigración, sería interesante saber cómo en este contexto, ha logrado simultáneamente adaptar su marco jurídico en consecuencia, y lograr que evolucionen las mentalidades frente a la afluencia constante de inmigrantes.

20.El Sr. Zhan Daode desearía obtener explicaciones sobre las respuestas que figuran en los párrafos 274 a 284 del informe que se examina —o más bien sobre la ausencia de respuestas. Sin información sobre la situación de los diversos grupos de población de que se trata, el Comité no puede hacerse una idea precisa y exacta de la aplicación del Pacto en el Estado parte.

21.El Sr. Texier estima inadmisible que ninguno de los documentos relativos a la aplicación del Pacto por la República de Chipre haya sido traducido al francés. Si bien ello es concebible para el documento básico presentado al iniciarse el período de sesiones por el Estado parte, no lo es para los informes periódicos consolidados cuarto y quinto del Estado parte, presentados el 6 de agosto de 2007, y fechados el 21 de octubre de 2008 para la versión inglesa.

22.Deplorando que el país esté dividido en dos partes, el Sr. Texier recuerda el artículo 1 del Pacto y pregunta en qué fase se encuentran las negociaciones entre el Gobierno chipriota y Turquía. Desearía saber si los turcochipriotas que viven en el sur tienen acceso a la seguridad social, a la educación, a la atención de la salud, y en general a los derechos económicos, sociales y culturales.

23.Reconociendo el hecho de que, proporcionalmente a su número de habitantes, el Estado parte recibe a un altísimo número de refugiados, el Sr. Texier pregunta si los solicitantes de asilo tienen acceso a la vivienda, a la atención de la salud, a la alimentación y a ropa en cantidad suficiente, y si quienes han sido víctimas de malos tratos o de tortura en su país de origen gozan de una atención de la salud especial.

24.El Sr. Shrijver pregunta si, habida cuenta del elevado nivel de su renta nacional bruta, Chipre prevé incrementar su nivel de ayuda al desarrollo de conformidad con los compromisos internacionales que contrajo al adherirse en 2002 al Consenso de Monterrey, así como en su calidad de miembro de la UE. De hecho, los miembros de la UE se han comprometido a incrementar significativamente su ayuda al desarrollo, siendo su objetivo elevarla al 0,33% de su PIB hasta el año 2015. Refiriéndoos al párrafo 25 del informe que se examina, el Sr. Shrijver desearía saber si corresponde al Parlamento Europeo o a Chipre asignar el 35% del total de la ayuda al desarrollo a los servicios sociales básicos. Si esta tarea incumbe efectivamente a Chipre, la delegación podría indicar cómo se procede en la práctica en el Estado parte. Por último, la delegación tendría a bien precisar en qué medida las disposiciones del Pacto orientan la política de desarrollo del Estado parte.

25.Al Sr. Kedzia le sorprende que, aunque según la jurisprudencia, el Pacto ya ha sido invocado por particulares ante los tribunales, hasta ahora estos sólo han fundado sus decisiones en la Constitución y jamás han citado explícitamente al Pacto como fuente de derecho. Si así es efectivamente, puede temerse que el nivel de protección de los derechos económicos, sociales y culturales sea inferior al que podría alcanzarse si los jueces se apoyaran en el Pacto para adoptar sus decisiones. Es importante pues conocer qué lugar ocupa el Pacto en el ordenamiento jurídico interno.

26.El Sr. Kedzia desearía saber a continuación si los grupos desfavorecidos, y en particular los pobres, los migrantes y otros solicitantes de asilo, tienen acceso a una ayuda jurídica. Por último, pregunta si se ha consultado a estos grupos en el marco de la formulación de las leyes destinadas a hacer respetar los derechos económicos, sociales y culturales que les interesan directamente y que tienen que ver con la elaboración del informe que se examina.

27.La Sra. Barahona Riera no entiende por qué la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos todavía no ha sido declarada conforme a los Principios de París, y pregunta si el problema reside en la falta de autonomía, de recursos o de competencias.

28.La Sra. Barahona Riera desearía saber si el plan en favor de la igualdad entre hombres y mujeres ha tenido como consecuencia el mejoramiento en la práctica de la situación de la mujer en el Estado parte, y si esta problemática sigue ocupando un lugar protagónico en los debates.

29.El Sr. Atangana, refiriéndose a los párrafos 8 y 9 del informe que se examina, pregunta si el Gobierno de la República de Chipre cree poder encontrar rápidamente una solución viable al conflicto que la enfrenta con Turquía, y si podrá presentar, en el marco de su sexto informe periódico información detallada sobre la aplicación del Pacto en todo su territorio. Desearía también saber si los derechos contemplados en el Pacto que no han sido incluidos en la Constitución han dado ya lugar a procedimientos judiciales, y en su caso, cuáles.

30.El Sr. Kerdoun desea saber por qué la República de Chipre no ha firmado ni ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, no obstante ocupar un lugar central en el Mediterráneo y estar tan confrontada al problema del asilo. La delegación podría indicar cuáles son los principales países de origen de los inmigrantes clandestinos en Chipre, y si se coloca a éstos en centros de detención como lo impone la Unión Europea en ciertos países como los del Magreb o Libia.

31.La Sra. Koursoumba (Chipre) dice que en la Constitución chipriota, que incluye la Carta de Derechos, no se abordan efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales porque ésta se elaboró a fines del decenio de 1950, período en que se acordaba sin duda menos importancia a los derechos al trabajo, a la vivienda, a la cultura, etc. No obstante, al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, Chipre ha reconocido que los derechos económicos, sociales y culturales son parte integrante de su legislación interna y son directamente aplicables. El Pacto y los derechos económicos, sociales y culturales, son y deben ser respetados en el país. Además, no se tolera ninguna violación de los instrumentos internacionales ratificados por Chipre. En lo que respecta a los derechos de las minorías, la representante explica que si en la Constitución se habla de grupos religiosos al referirse a las comunidades maronita, armenia y latina, es por que la noción de minoría todavía no era conocida y reconocida en el decenio de 1960, cuando entró en vigor la Constitución. Efectivamente, la noción de grupos religiosos no es plenamente compatible con el derecho internacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero el Consejo de Europa, reconociendo el carácter específico de la situación chipriota, ha juzgado inútil pedir a Chipre que modifique su Constitución mientras no se haya encontrado una solución al problema político. Para que puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, se pidió a las comunidades maronita, armenia y latina que eligieran entre la comunidad grecochipriota o la comunidad turcochipriota para hacerse representar en el seno de las Cámaras Comunales. Todas eligieron a la comunidad griega. Por otra parte los turcochipriotas son parte de la sociedad chipriota y gozan de los mismos derechos y servicios. Un número creciente de turcochipriotas hace diariamente el trayecto entre la zona ocupada y el resto del territorio, sin tropezar con el menor obstáculo.

32.Creada por el Consejo de Ministros en 1998, la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos, está presidida por un alto funcionario independiente. Sus competencias son las siguientes: entablar procedimientos judiciales en caso de violación de los derechos consagrados en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales, recibir y examinar denuncias y efectuar visitas en las prisiones. Chipre no escatima esfuerzo alguno para mejorar la transparencia y la independencia de su institución nacional de derechos humanos, pero dispone de medios financieros limitados. En 2004, las autoridades chipriotas solicitaron la asistencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para encontrar los medios de adaptar más esta institución a los Principios de París. Desde entonces, se han creado otras instituciones como la del Mediador y el Comisionado de los Derechos del Niño.

33.En lo que respecta a la condición de la mujer y a las desigualdades entre los sexos, la situación ha mejorado considerablemente pero se precisará de más tiempo para una evolución de las mentalidades y de las prácticas tradicionales machistas. La tasa de escolarización de las niñas es más elevada que la de los niños y siempre hay más cargos de responsabilidad ocupados por mujeres. El Mediador, que se ocupa de las cuestiones relativas a la igualdad entre los sexos, no ha señalado hasta ahora ningún caso manifiesto de discriminación contra la mujer. Desde luego, el Gobierno chipriota deberá prever todas las estructuras y servicios necesarios para que las mujeres puedan participar más ventajosamente en el mercado del trabajo y para que puedan conciliar más fácilmente la vida profesional y la vida familiar. En relación con los párrafos 274 a 276 del informe que se examina, la representante reconoce que Chipre debió proporcionar información más precisa, aún cuando, como se indica en el informe que se examina, no existe problema alguno de hambre o malnutrición en el Estado parte.

34.Con respecto a las cuestiones relativas a las migraciones, hasta 1970 Chipre era un país de donde partían muchos trabajadores en busca de mejores condiciones de vida. Desde su adhesión a la Unión Europea, la situación se ha invertido totalmente y Chipre ha pasado a ser un país de destino, que acoge a muchos migrantes clandestinos. Se está revisando el marco jurídico para tener más en cuenta la evolución de la situación. Asimismo se adoptan medidas para favorecer la integración de todos los migrantes, indistintamente de su condición. No se ha señalado ningún incidente grave de discriminación contra migrantes. A los solicitantes de asilo no se les considera como clandestinos, y gozan de las mejores condiciones de acogida posibles, habida cuenta de los limitados medios financieros del Estado. Durante los últimos meses la situación ha empeorado en el frente de la inmigración. Unos 5.000 clandestinos han atravesado el territorio ocupado para establecerse esencialmente en Nicosia, y casi la mitad de ellos ha solicitado asilo. La mayoría de los clandestinos son kurdos iraquíes, sirios, pakistaníes, y nacionales de Bangladesh, y Sri Lanka. Todo aquel que estime ser víctima de una violación de sus derechos puede presentar una denuncia y gozar de ayuda jurídica. Por otra parte, el Gobierno presentará próximamente un proyecto de ley que permitirá brindar ayuda jurídica gratuita a los solicitantes de asilo.

35.Por lo que respecta a una solución política del conflicto, dice que no puede afirmar que la situación evolucionará de aquí a la presentación del próximo informe periódico. Por último, la delegación proporcionará respuestas escritas a algunas de las preguntas formuladas por los miembros del Comité, en particular en relación con la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

36.El Sr. Savvides (Chipre) dice que los derechos humanos se enseñan en las escuelas según un enfoque pluridisciplinario y que se integrarán más sistemáticamente en los nuevos programas escolares. Las directivas comunicadas a todas las partes que participan en la reforma actual se refieren explícitamente al derecho a la educación y a la Convención sobre los Derechos del Niño, y al hecho de que los niños deben aprender a respetar y aceptar las diferencias de todos los grupos que viven en la isla y de los niños de otros orígenes. También se ha hecho hincapié en la igualdad de trato de todos los niños y en la protección de los niños con necesidades especiales o que proceden de medios desfavorecidos o de culturas diferentes. Algunas de las actividades de formación del personal docente en la esfera de los derechos humanos también están a cargo del Ministerio de Educación.

37.El Sr. Veis (Chipre) indica a propósito de los centros de detención que debe tenerse en cuenta el hecho de que el sistema de detención chipriota nunca se concibió en un principio para responder a la situación actual de la inmigración en Chipre. Se ha previsto aumentar su capacidad en los próximos años para aplicar la ley más eficazmente, respetando al mismo tiempo los derechos y la dignidad de todos los detenidos, indistintamente de su situación. Dos centros de detención de una capacidad total de 69 plazas se utilizan exclusivamente para personas en situación irregular, no con el ánimo de discriminarlos, sino para separarlos de los detenidos de derecho común. Existen además centros de acogida para solicitantes de asilo que no tienen ningún carácter obligatorio.

38.El Sr. Michaelides (Chipre) indica que los turcochipriotas gozan de la igualdad de trato, que es un principio de todas las políticas chipriotas, sin excluir la esfera del empleo. De ser un país de emigración, Chipre se ha transformado en un país de inmigración, que intenta captar en el mercado del trabajo, en la medida de lo posible, competencias locales, incluidos los turcochipriotas. El Gobierno ha organizado un comité encargado de facilitar el empleo de los turcochipriotas. Los servicios de empleo de Nicosia, donde trabaja la mayoría de los turcochipriotas disponen de funcionarios turcoparlantes, y existe asimismo una línea de información telefónica. En enero de 2009 había 3.000 turcochipriotas inscritos en la seguridad social, y 4.200 recibían una pensión, independientemente de su lugar de residencia.

39.EL Sr. Kerdoun desearía saber cómo pasó Chipre de ser un país de emigración a ser un país de inmigración, y si ello responde al hecho de que Chipre ingresó en la Unión Europea y ha recibido ayuda de ésta. En ese caso, es responsabilidad de Chipre y de los países de la UE para detener la inmigración clandestina, ayudar a los países del Sur a desarrollarse.

40.El Sr. Texier pregunta si Chipre prevé ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto.

41.La Sra. Koursoumba (Chipre) dice que su Gobierno examina activamente la cuestión de la ratificación del Protocolo Facultativo y que Chipre lo firmará rápidamente, caso de opinión favorable, cuando el instrumento quede abierto a la firma.

Artículos 6 a 9 del Pacto

42.El Sr. Texier pregunta cuál es la tendencia actual del desempleo, en particular en relación con el desempleo de los jóvenes y el desempleo prolongado. Desearía saber si existe un problema particular en relación con los extranjeros, y si los migrantes tienen acceso a todos los empleos posibles en el sector privado, habida cuenta de la preferencia de que parecen gozar los chipriotas y los ciudadanos de países de la UE en el acceso al empleo. ¿Los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea en situación regular gozan del mismo acceso al empleo? ¿Qué sucede con los extranjeros en situación irregular?

43.El Sr. Texier pregunta a continuación si el monto actual del salario mínimo permite a los trabajadores, de conformidad con el artículo 7 del Pacto, vivir en condiciones dignas para ellos y para sus familias, y si este monto se reajusta periódicamente en función del costo de vida. Desearía también saber si existe en Chipre una proporción importante de trabajadores no declarados, es decir ilegales.

44.Observando que según las cifras de que dispone, la diferencia del nivel de salario entre hombres y mujeres asciende al 25%, el Sr. Texier pregunta qué medidas está adoptando Chipre para reducir esta diferencia, y si, además, Chipre tiene una política dinámica respecto del acceso de la mujer al empleo en la administración pública, en particular en puestos superiores.

45.Con respecto a la libertad sindical, el Sr. Texier pregunta si el acceso a los sindicatos está abierto a todos los trabajadores indistintamente de su origen. Por último, ¿disponen los servicios de inspección del trabajo de medios suficientes para verificar que los empleados del hogar en particular trabajen en condiciones normales e higiénicas?

46.La Sra. Bras Gomes, en relación con el pago de las pensiones de jubilación, desearía saber cómo se trata el caso de los extranjeros que abandonan Chipre demasiado pronto por haber adquirido derechos de pensión, pero que sin embargo han cotizado durante cierto tiempo a la seguridad social.

47.La Sra. Bras Gomes cree entender que los solicitantes de asilo no tienen derecho a ninguna prestación social, fuera de una asignación durante los seis primeros meses de su estadía, y desearía aclaraciones al respecto, así como sobre la situación, entre los solicitantes de asilo, de los sin vivienda, que no pueden recibir prestaciones por no poder señalar un lugar de residencia, y las personas con necesidades especiales.

48.La Sra. Bras Gomes solicita a continuación aclaraciones sobre el porcentaje de trabajadores turcochipriotas no inscritos en la seguridad social, que parece mucho más elevado que el del conjunto de la población; sobre el hecho de que más del 40% de los inscritos no gozan de una cobertura efectiva; y sobre el hecho de que la mayoría de estos trabajadores pagan las cotizaciones con cargo a su salario, y un 11% solamente gozan del beneficio del pago de sus cotizaciones por parte del empleador.

Artículos 10 a 12 del Pacto

49.El Sr. Sadi pregunta cuál es el porcentaje de matrimonios mixtos en Chipre entre las comunidades griega y turca, si estos matrimonios son duraderos, y si el Estado parte tiene una política global destinada a promover la identidad chipriota independientemente del origen étnico. A propósito de la sustitución de la Ley de 2000 de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños por la Ley de 2007 de lucha contra la trata y la explotación de seres humanos y de protección de las víctimas, cuyo alcance es más general que el de la Ley de 2000, el Sr. Sadi se pregunta si no sería más oportuno tener, como en el caso de la ley anterior, un trato específico para los niños, habida cuenta de su vulnerabilidad especial.

50.La Sra. Barahona Riera desearía saber qué parte de los presupuestos de salud pública representan los programas de salud sexual y reproductiva. Pregunta si se distribuyen medios anticonceptivos y si éstos forman parte de la atención de la salud universal, y si existen presiones procedentes de la sociedad para que el Estado no administre ciertos cuidados relativos a la salud sexual y reproductiva. Por último, desearía conocer la posición actual del Estado parte en relación con el aborto.

51.El Sr. Atangana, destacando una divergencia entre el número de casos de juicios señalado por el Gobierno chipriota al principio de su respuesta escrita a la pregunta Nº 28 de la lista de cuestiones y las cifras indicadas a continuación sobre el número de casos juzgados, pregunta qué ha sucedido respecto de los procedimientos no incluidos entre esas cifras, o señalados como casos todavía en trámite. Desearía asimismo, a propósito de esta respuesta, aclaraciones sobre la diferencia entre causas "en suspenso" y causas "interrumpidas".

52.La Sra. Bras Gomes destaca una desigualdad de trato persistente entre los niños y las personas desplazadas según que el progenitor titular de la condición de persona desplazada sea hombre o mujer. Los hijos de mujeres desplazadas no tienen derecho a una tarjeta de identidad de refugiado sino a un certificado que no otorga derecho a los subsidios de vivienda y al transporte escolar. Por otra parte, algunos migrantes no logran satisfacer las condiciones exigidas para obtener un permiso de residencia permanente, lo que plantea problemas en materia de la reunificación familiar.

53.En cuanto a la situación de las familias romaníes, que todavía padecen importantes desigualdades en el acceso a los servicios sociales, a la vivienda o a la educación, la Sra. Bras Gomes desearía información sobre las dificultades subsistentes. Pregunta asimismo, si es verdad que la atención ginecológica no forma parte de la cobertura mínima, y si en consecuencia no se reembolsa a las mujeres que no gozan más que de esta cobertura. En caso afirmativo, ¿prevé el Estado parte modificar esta política?

54.El Sr. Zhan Daode destaca en el párrafo 292 del informe que se examina que no hay personas sin vivienda en Chipre según los datos del censo de 2001, y pregunta si la situación ha evolucionado desde esa fecha.

55.El Sr. Sadi desea saber si las normas aplicables a los matrimonios son diferentes para la comunidad musulmana y para la comunidad cristiana, y si Chipre se esfuerza para adoptar un código que rija uniformemente el matrimonio para ambas comunidades.

56.El Sr. Srivjer dice que según algunas fuentes, los turcochipriotas que desean casarse con un ciudadano turco tropiezan algunas veces con dificultades al respecto; desearía detalles sobre este tema, en particular sobre las consecuencias que podría acarrear en relación con la adquisición de la nacionalidad, no sólo para la pareja, si no para los hijos que puedan nacer de estos matrimonios.

57.El Sr. Kerdoun pregunta por qué el Gobierno chipriota no prevé abrogar la circular de 2005 en que se pide a todos los directores de establecimientos primarios y secundarios que informen a las autoridades de inmigración de la presencia de hijos de migrantes escolarizados en estos establecimientos, a fin de que puedan realizarse investigaciones sobre su estatuto jurídico.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.