Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
3 7 º período de sesiones
Acta resumida de la 4 2 ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 13 de noviembre de 2006, a las 15.00 horas
President a :Sra. Bonoan-Dandan
Sumario
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Informe inicial de la ex República Yugoslava de Macedonia
Se declara abierta la sesión a las 1 5 .05 horas.
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto(tema 6 del programa) (continuación)
Informe inicial de la ex República Yugoslava de Macedonia ((E/C.12/MKD/1);documento básico (HRI/CORE/MKD/2006); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/MKD/Q/1); respuestas escritas del Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia a la lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/MKD/Q/1/Add.1))
1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Presidenta da la bienvenida a la delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia y le invita a presentar el informe inicial del Estado parte.
3.Tras recordar que el Estado parte se adhirió al Pacto el 17 noviembre de 1991 como uno de los sucesores de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, y presentó su informe inicial en julio de 2005, el Sr. Meskov (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que el informe examinado abarca un período más largo de lo habitual con arreglo a las normas del Comité. Expone los progresos realizados en diversas esferas, por ejemplo la educación, la salud, la participación en la vida política y el sector no gubernamental. Aún queda mucho por hacer, en particular con respecto al empleo, los derechos sociales, la salud y la situación de las mujeres, a efectos de aplicar todas las disposiciones del Pacto. Es por ello que el Gobierno concede especial importancia al diálogo con el Comité, que debe permitir establecer con claridad la orientación de las actividades futuras con objeto de mejorar la situación en general. Son varias las razones que explican el retraso del Estado parte al presentar el informe inicial relativo a la aplicación del Pacto, entre ellas el hecho de que el marco jurídico es todavía algo incoherente y en ciertos aspectos incluso insuficiente, debido a la transición por la que atraviesa el país y a la exhaustiva revisión en curso de los derechos económicos, sociales y culturales; el gran número de informes iniciales que deben presentarse en el marco de los diferentes instrumentos internacionales; y las reformas y dificultades sustanciales que han caracterizado el período examinado, en particular desde 2001.
4.Los progresos del Estado parte hacia el establecimiento de una sociedad democrática son constantes. El reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, piedra angular de su sistema jurídico, se refleja tanto en el plano legislativo como en el institucional. En 1991, el Estado parte heredó una situación de relativo respecto de los derechos humanos. Ha dado grandes pasos a nivel formal y jurídico, sobre la base de las normas internacionales pertinentes, para situar en pie de igualdad a las distintas categorías de beneficiarios de esos derechos. Es de lamentar que, en un contexto de debilidad general de la economía con un nivel de pobreza persistentemente elevado, las mejoras formales aún no se hayan traducido en hechos concretos. Por consiguiente, es necesario establecer un marco institucional que permita hacer un seguimiento de cómo funcionan las leyes y reglamentos adoptados. En ese sentido, se ha dado prioridad a la armonización del derecho laboral con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en particular la Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, por lo que respecta al acceso al empleo, la formación y promoción profesionales y las condiciones de trabajo, y la Directiva relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación basada en el género.
5.El Estado parte, que prepara activamente su adhesión a la Unión Europea, trabaja para armonizar sus instituciones y su legislación con la normativa europea, prestando especial atención a las cuestiones relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y velando por la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El Estado parte, consciente de que una democracia genuina requiere el disfrute completo y efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que a su vez requieren un cierto grado de desarrollo económico, está decidido a proseguir su empeño en esa esfera.
6.Como parte de los esfuerzos desplegados para luchar contra el desempleo, el Gobierno ha elaborado una Estrategia nacional de empleo para el período 2006-2010, que integra las dimensiones macroeconómica y microeconómica, aborda la cuestión de la seguridad y la protección sociales, e incluye las políticas de empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada y de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo de la Unión Europea. La estrategia nacional en materia de empleo se ha puesto en práctica mediante el Plan de acción nacional sobre el empleo para el período 2006-2008 y otros documentos operativos, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, con miras a promover el pleno empleo, la calidad y la productividad en el lugar de trabajo y la cohesión social. El Plan de acción nacional sobre el empleo especifica también los fondos y las enmiendas legislativas que se necesitan. La estrategia y el plan de acción nacionales se han elaborado en el marco de una amplia asociación de ministerios encargados de aplicar políticas económicas y de empleo (Finanzas; Economía; Educación y Ciencia; Agricultura, Silvicultura y Recursos Hídricos; así como colectivos autónomos locales), con la participación de la Oficina Nacional de Empleo, la Oficina Nacional de Estadística, la Asociación de dependencias de los gobiernos autónomos locales y los interlocutores sociales. Se apoyan también en los datos y análisis facilitados por expertos locales y nacionales, y expertos del proyecto CARDS (asistencia comunitaria para la reconstrucción, el desarrollo y la estabilidad) denominado "Política de empleo II" de la Comisión Europea. La Unión Europea y donantes bilaterales aportarán fondos adicionales a los asignados por el Estado parte para la puesta en práctica de la Estrategia y el Plan nacionales. El programa para 2007, que incluye una estimación presupuestaria, define el tipo de medidas que deben adoptarse para los distintos grupos destinatarios y designa los diversos órganos encargados de aplicarlas. Varios proyectos piloto que se han beneficiado de la ayuda prestada en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya han obtenido resultados positivos.
7.La protección de los trabajadores, que la legislación nacional considera parte integrante de la organización del trabajo, está garantizada para todos, independientemente de las características y dificultades de sus tareas. En el caso de los empleados de los sectores industrial y administrativo, la Ley relativa a la protección en el lugar de trabajo estipula diversas obligaciones relativas a la organización, la planificación y la reglamentación de la protección en el lugar de trabajo; la formación profesional y la adquisición de competencias que permitan trabajar de manera independiente y con plena seguridad; la vigilancia de la seguridad de las herramientas de trabajo; la vigilancia de las sustancias biológicas, químicas o físicas nocivas; y los exámenes médicos (iniciales y periódicos) a que deben someterse los empleados que trabajan en condiciones especiales. El Ministerio de Trabajo y Política Social tiene previsto elaborar y adoptar varios reglamentos con objeto de aplicar las directivas europeas en esa esfera.
8.Desde la ampliación de la Unión Europea el 1ºde mayo de 2004, los romaníes constituyen el grupo minoritario más pobre y que más crece en Europa. Son entre 7 y 13 millones, es decir, aproximadamente el 2% de la población de la Unión Europea ampliada. Alrededor de 6 millones de romaníes viven en Europa central y oriental, y casi 5 millones en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. El reto que supone el desarrollo económico y social de los romaníes sigue siendo una de las cuestiones más importantes del programa de los países de Europa central y oriental y otros países de la Unión. Básicamente, el problema de los romaníes es la pobreza, consecuencia del bajo nivel educativo, la ausencia de viviendas adecuadas, la mala salud y las elevadas tasas de desempleo, todo ello en un círculo vicioso de pobreza y exclusión. El Estado parte figura entre los países que se han mostrado decididos a promover la protección de los derechos de los romaníes. No se trata simplemente de un deber moral, sino también de una obligación incorporada en el ordenamiento jurídico. En el marco del Decenio para la Inclusión de los Romaníes, un grupo de trabajo nacional integrado por representantes de ministerios y organismos romaníes competentes elaboró cuatro planes nacionales de acción en las esferas del empleo, la educación, la salud y la vivienda, adoptados el 31 de enero de 2005 y articulados en torno a tres temas principales, a saber, la pobreza, la discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. El Estado parte, único entre los participantes en el Decenio que ha elaborado y adoptado planes operativos con miras a facilitar una ejecución más rápida y eficaz de los planes nacionales, ha sido designado país líder del Decenio por el Banco Mundial y el Open Society Institute. En 2004 se estableció una estrategia para los romaníes. Teniendo en cuenta que la finalidad principal de esa estrategia y del Decenio es integrar a los romaníes y fortalecer su comunidad en el seno de la sociedad, es necesario que las actividades y los objetivos de esos programas se armonicen con la política general de reforma del Estado. Habida cuenta de la situación actual de los romaníes, también es necesario adoptar medidas especiales a fin de velar por la igualdad de oportunidades para los miembros de esa comunidad en todos los ámbitos. Los principales indicadores a largo plazo para evaluar el éxito de la estrategia y del Decenio serán la mejora de la calidad de vida de los romaníes y el aumento de su participación en la vida social del país.
9.Deseoso de proseguir su fructífera cooperación con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular los que tienen representación en el país, el Gobierno del Estado parte espera que el diálogo con el Comité permita aportar respuestas completas y pertinentes a los miembros.
Artículos 1 a 5 del Pacto
10.Refiriéndose a la respuesta escrita del Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia a la pregunta Nº 4 de la lista de cuestiones, el Sr. Riedel pregunta por qué el Defensor de los Derechos Humanos no ha solicitado la acreditación del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, desea saber si se han llevado a la práctica todas las recomendaciones del Defensor. Señalando que el organismo interministerial encargado de la protección de los derechos humanos acaba de adoptar su propio programa de acción, el orador pregunta cómo se coordinarán sus actividades con las del Defensor y si se respetarán los Principios de París. Por último, el orador felicita al Estado parte por su participación en el Grupo de Trabajo para considerar opciones relativas a la elaboración de un Protocolo Facultativo del Pacto, y pregunta si la posición expresada por el Gobierno durante esa labor sigue siendo la posición oficial del Gobierno actual.
11.El Sr. Atangana observa que la independencia del sistema judicial, aunque consagrada en la Constitución, no está asegurada en la práctica; a modo de ejemplo, el orador señala que el nombramiento de los jueces responde en ocasiones a consideraciones políticas.
12.La Sra. Ghose pregunta si todos los romaníes pueden obtener la nacionalidad macedonia y si el Plan de Acción Nacional de 2004 ya ha tenido algún efecto en los derechos económicos, sociales y culturales de los miembros de esa comunidad. También solicita información más precisa sobre la situación de los albaneses, los kosovares, los ashkalíes y los egipcios en el Estado parte.
13.Señalando la continua actividad de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y el hecho de que es competente para atender asuntos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el Sr. Malinverni pregunta por qué «[h]asta el momento no ha habido decisiones judiciales en las que se hayan aplicado directamente en casos individuales las disposiciones del Pacto», según la respuesta escrita del Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia a la pregunta Nº 1 de la lista de cuestiones,.
14.El orador observa con satisfacción que el artículo 9 de la Constitución consagra el principio de no discriminación y que el número de parlamentarios pertenecientes a minorías étnicas aumentó entre 1998 y 2002. Desea saber cuál es la situación en 2006. El orador señala que hay cuotas para el número de parlamentarias y pregunta si el Estado parte tiene previsto introducirlas también para as comunidades étnicas. Citando fuentes según las cuales los romaníes y los albaneses tienen dificultades para obtener documentos de identidad, el orador pregunta por qué esas personas tienen más problemas que las demás para ejercer sus derechos. Por último, se refiere a algunas informaciones que indican que el Gobierno parece poco dispuesto a reconocer el estatuto de refugiado a los kosovares que huyeron del conflicto en su país.
15.El Sr. Sadi pide información sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la elaboración del informe examinado, y desea saber si el Estado parte establece alguna distinción entre nacionales y extranjeros en lo que respecta al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
16.La Sra. Barahona Riera pregunta qué organismo se encarga de aplicar la política de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y cuáles son los recursos humanos y financieros de que dispone a tal fin. Desea saber si la ex República Yugoslava de Macedonia ha adoptado una ley sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como una ley que tipifique como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo. Finalmente, la oradora desea información adicional sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales ya que, según algunas fuentes, constituyen un grupo muy desfavorecido.
Se suspende la sesión a las 15.55 horas y se reanuda a las 16.05 horas.
17.El Sr. Todorov (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que no puede facilitar información alguna sobre la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos, que goza de independencia absoluta y no está obligada a informar al Gobierno. No obstante, el Defensor de los Derechos Humanos publica informes anuales con estadísticas sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, que se han consultado para preparar las respuestas escritas del Gobierno. La delegación no dispone de información sobre las actividades del organismo interministerial encargado de la protección de los derechos humanos, que no se estableció hasta marzo de 2006. Ese organismo debe elaborar informes periódicos sobre los derechos humanos en el país, que pueden traducirse y presentarse ante el Comité en caso necesario.
18.El orador reconoce que, en el pasado, se nombró a algunos jueces por razones estrictamente políticas, pero añade que esa situación está cambiando radicalmente con la reforma del sistema judicial iniciada en diciembre de 2005. Un órgano independiente se encargará de esos nombramientos. Además, el orador confirma que su país está a favor de que se adopte un protocolo facultativo del Pacto y apoya sin reservas la labor del Grupo de Trabajo establecido a tal fin.
19.La Sra. Kamberi (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que su país es uno de los pocos países europeos donde se reconoce oficialmente a la comunidad romaní, que goza de los mismos derechos que las demás comunidades étnicas. Desde el inicio del Decenio para la Inclusión de los Romaníes 2005-2015 el Estado parte, deseoso de mejorar las condiciones de vida de los romaníes, ha adoptado cuatro planes de acción en las esferas del empleo, la educación, la vivienda y la salud. Esos planes de acción se han presentado sistemáticamente a las ONG de romaníes para que formularan observaciones.
20.La oradora dice que la comunidad de los romaníes de Macedonia está integrada por ashkalíes y egipcios. Los primeros hablan albanés y los segundos romaní, pero ni unos ni otros quieren que se les considere romaníes. Se oponen, por ejemplo, a que sus hijos se beneficien de las becas que se reservan para los alumnos romaníes de secundaria.
21.A diferencia de la situación en otros países, donde la concesión de la nacionalidad a los miembros de la comunidad romaní plantea un problema real, en el Estado parte tan sólo unas mil personas no han podido, lamentablemente, obtener la nacionalidad macedonia. En general, se trata de personas nacidas en países distintos de la antigua Yugoslavia que no pueden presentar su partida de nacimiento, o que proceden de familias muy pobres y han nacido en el domicilio familiar y no en el hospital, por lo que no figuran en el Registro Civil. A los romaníes solicitantes de asilo originarios de Kosovo no se les concede el estatuto de refugiado sino el de persona asistida por razones humanitarias.
22.La oradora rechaza las afirmaciones en el sentido de que los albaneses tienen dificultades para hora hacer valer sus derechos y obtener documentos de identidad.
23.La oradora conviene en que, cuando se redactó el informe inicial, sus autores no consultaron directamente con las ONG, muy activas en el país, aunque tuvieron en cuenta la información presentada en diversos informes publicados por algunas de ellas así como las estadísticas pertinentes que contienen. La oradora añade que el Gobierno es consciente de la necesidad de que las ONG participen en la preparación de los informes periódicos en el futuro.
24.En cuanto a la información solicitada sobre los derechos y libertades que se mencionan en los párrafos 98 a 106 del informe examinado, la oradora señala que son los mismos para "individuos" y "ciudadanos", salvo en los casos del derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
25.El Sr. Todorov (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que la delegación facilitará más adelante información detallada sobre la representación de las minorías étnicas en los órganos del Estado.
26.El Sr. Meskov (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que, tras el resultado de las elecciones legislativas de julio de 2006, entre los 120 diputados del Parlamento hay 29 albaneses, 2 romaníes, 2 turcos, 1 serbio, 1 bosnio y 1 valaco. Algunos partidos políticos han propuesto que se establezca un sistema de cuotas para las minorías étnicas pero, de momento, el Gobierno no prevé ningún sistema de ese tipo puesto que el Parlamento ya cuenta con representantes de las minorías étnicas.
27.El Sr. Avramovski (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que en 1999, a consecuencia de la guerra de Kosovo, su país recibió miles de refugiados kosovares que fueron alojados en centros de acogida y se beneficiaron de atención médica y asistencia social durante los dos primeros años de su estancia. Los que han obtenido el estatuto de refugiado tienen derecho a trabajar, como todos los demás extranjeros regularizados en el país.
28.Por otra parte, el hecho de que los tribunales no se hayan pronunciado en ningún caso de violación de derechos económicos, sociales y culturales no significa en modo alguno que esos derechos no estén consagrados en la Constitución o amparados por el Estado.
29.La Sra. Grozdanova (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que se ha adoptado la decisión de establecer cuotas para que las mujeres estén mejor representadas en el Parlamento y otros órganos decisorios, lo que ha contribuido a la elección de 21 mujeres diputadas en las elecciones parlamentarias de 2002, frente a sólo 9 en 1998. Además, tras una enmienda de la ley que regula las elecciones locales se ha elegido a tres alcaldesas.
30.La oradora dice que la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptada en mayo de 2006, tiene como objetivo promover esa igualdad en las esferas económica, social y laboral. En la esfera del empleo, la Ley de relaciones laborales prohíbe la discriminación basada en el género y sanciona el acoso sexual en el lugar de trabajo.
31.Toda persona que considere que sus derechos han sido vulnerados puede recurrir a los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Política Social, que iniciarán una investigación, o también al Defensor de los Derechos Humanos, entre cuyas funciones se incluye la de atender esas quejas. Además, se imparten cursos de formación a todas las personas encargadas de velar por la observancia de las leyes, entre ellas los parlamentarios y los miembros de las administraciones locales, así como los periodistas.
32.La oradora reconoce que aún queda mucho por hacer para que las mujeres de las zonas rurales del país puedan incorporarse al mercado laboral y participar más en la vida económica, en particular creando sus propias empresas. En cuanto a la participación de las mujeres romaníes en la vida política, cabe señalar que el Estado parte ha sido el primero donde se ha elegido una consejera municipal y una diputada romaníes.
33.En 2004, el Código Penal se modificó a fin de tipificar como delito la discriminación de las personas con discapacidad, y la Ley de la familia se revisó para sancionar la violencia conyugal y la corrupción de menores. También se ha lanzado una campaña de amplio alcance para sensibilizar a la población sobre el problema de la violencia doméstica, y el Ministerio del Interior ha puesto en marcha y financiado una línea telefónica de ayuda para las víctimas. Además, se han creado siete centros para acoger a esas personas cuando la violencia de que son objeto les obliga a abandonar el domicilio familiar.
34.El Sr. Sadi pregunta si el hecho de que el Pacto no se haya invocado directamente ante los tribunales se debe a un desconocimiento del instrumento por parte de los jueces, y por qué se habla de parlamentarios turcos o romaníes en lugar de macedonios.
35.El Sr. Pillay desea saber si el Estado parte tiene previsto elaborar una ley marco sobre la no discriminación. También pregunta qué clase de problemas lingüísticos se presentan que puedan obstaculizar el acceso a la justicia, según se desprende de un informe del Consejo de Europa. Por último, el orador se pregunta si los miembros de las minorías étnicas tropiezan con dichos problemas cuando tratan de incoar procedimientos ante los tribunales.
36.La Sra. Ghose desea saber qué pasos tienen que dar los mil romaníes que aún no han obtenido la nacionalidad macedonia a fin de regularizar su situación. Pregunta también si en el Estado parte es posible fundar partidos políticos sobre la base de la pertenencia a una comunidad étnica y, en tal caso, si existes esos partidos. Asimismo, la oradora solicita más información sobre los refugiados de Kosovo.
37.El Sr. Atangana pregunta cuáles son las funciones exactas de la Oficina del Fiscal General, ya que parecen superponerse con las de los jueces.
38.El Sr. Todorov (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que, habida cuenta de que la legislación nacional autoriza a jueces y magistrados a basarse directamente en las disposiciones de los instrumentos internacionales para apoyar sus decisiones, es bastante probable que la ausencia de jurisprudencia sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto se deba al hecho de que los funcionarios no están suficientemente familiarizados con el contenido de tales instrumentos.
39.El Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimiento Penal establecen que las personas que deseen entablar acciones judiciales pueden presentar sus denuncias y toda la documentación escrita en su lengua materna. Además, las que pertenezcan a una comunidad que represente más del 20% de la población total podrán utilizar su lengua materna ante los tribunales, ya que en ese caso se considerará como lengua oficial.
40.A continuación, el orador indica que, de momento, el Gobierno no tiene previsto introducir una ley marco sobre la no discriminación.
41.Respondiendo al Sr. Atangana, el orador dice que, con arreglo a la legislación en vigor, el Gobierno nombra al Fiscal General, que es uno de los órganos del Estado. Esa situación va a cambiar, ya que el Ministerio de Justicia ha ultimado un proyecto de ley al respecto a fin de establecer una Oficina independiente del Fiscal General, que será solamente parte en los procesos y ya no representará al Estado.
42.La Sra. Kamberi (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que en el país hay 1.928 refugiados de Kosovo, de los que 1.914 se alojan en viviendas particulares y 14 en centros de acogida, según las cifras facilitadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oradora explica que la integración de los refugiados romaníes, ashkalíes y egipcios se lleva a cabo teniendo en cuenta los derechos a la protección social, a la salud, al acceso al mercado de trabajo y a la educación. Una ley regula la protección de los solicitantes de asilo conforme a las directivas del Consejo de Europa de julio de 2003. Los refugiados de Kosovo disfrutan de distintos derechos si son solicitantes de asilo (derecho a permanecer en el país; derecho a la seguridad social; derecho a trabajar, pero sólo en el país donde residan), tienen el estatuto de refugiado (derecho a residir, trabajar y percibir algunas prestaciones en el país; derecho a protección médica y social) o se benefician únicamente de protección humanitaria (derecho a permanecer en el país; derecho a la seguridad social; derecho a ciertas prestaciones).
43.Por lo que se refiere a la ciudadanía de los romaníes, la oradora indica que aproximadamente un millar de ellos carece de la nacionalidad macedonia por razones técnicas. Sus casos se están examinando, y se espera que obtengan los documentos necesarios para la ciudadanía. Todos los que esperan obtener dichos documentos, que cuentan con la asistencia del ACNUR a tal fin, pueden permanecer en el país. Una auténtica red de ONG romaníes ya ha ayudado a unos 500 a obtener la nacionalidad macedonia.
44.El Sr. Todorov (ex República Yugoslava de Macedonia) confirma que los diferentes grupos étnicos han estado presentes en los partidos políticos desde el comienzo de la independencia del país, en 1990-1991. El pluralismo es una realidad en el país: los albaneses, por ejemplo, tienen tres grandes partidos políticos, uno de ellos gobernando; los turcos tienen dos, uno de los cuales forma parte de la coalición gubernamental; y los romaníes tienen seis partidos, cinco de ellos en la oposición.
Artículos 6 a 9 del Pacto
45.La Sra. Aleksoska (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que la Ley de relaciones laborales prohíbe cualquier discriminación en el trabajo, incluye disposiciones para flexibilizar aún más el mercado laboral, y reglamenta la representación de los sindicatos y empleadores, con miras a mantener el diálogo social como medio de promover el proceso democrático. Los interlocutores sociales han participado en la redacción de ese texto jurídico.
46.En 2005 y 2006 se introdujeron diversas enmiendas a las leyes relativas al empleo y al seguro de desempleo con miras a reducir el paro, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. Algunos indicadores muestran que la evolución del mercado de trabajo ha sido favorable, ya que ha disminuido la tasa de desempleo y ha aumentado la de ocupación.
47.El Sr. Sakiri (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que se está redactando un proyecto de ley sobre seguridad y protección de la salud en el empleo, de conformidad con las directivas de la Unión Europea. En particular, establece la obligación del empleador de designar a un responsable de la seguridad en las instalaciones de la empresa, así como de informar a los empleados sobre la reglamentación vigente en materia de seguridad. De conformidad con el Convenio No 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores, el proyecto de ley en cuestión debe asimismo establecer la obligación por parte del Gobierno de adoptar un programa nacional en esa esfera.
48.La Sra. Bras Gomes pide a la delegación que aporte estadísticas recientes sobre la disminución de la tasa de desempleo desde 2003, cuando se mantuvo en el 36,7%, y facilite ejemplos de indicadores a largo plazo que muestren en qué medida han resultado satisfactorias las modalidades adoptadas para acelerar la aplicación del Plan de acción nacional sobre el empleo, en particular por lo que se refiere a los romaníes y las mujeres. A la oradora le sorprende que en el país no se haya denunciado ningún caso de acoso sexual en el lugar de trabajo, y pide explicaciones al respecto. También desea conocer las medidas que prevé adoptar el Gobierno a fin de regularizar el sector no estructurado de la economía.
49.En relación con el artículo 7 del Pacto, la oradora pregunta si las autoridades del Estado parte tienen la intención de establecer un salario mínimo a escala nacional que asegure la protección de los derechos de los trabajadores igual que en la mayoría de países y, de no ser así, por qué motivo.
50.En relación con el artículo 9 del Pacto, la oradora pregunta por la asistencia social, que plantea dos problemas en el país, a saber: el elevado coste de los programas, atribuible en parte al hecho de que están mal enfocados, y el monto insuficiente de la ayuda, que no puede asegurar unas condiciones de vida mínimas para los beneficiarios. Asimismo, le pide que aclare si, en efecto, existe una única cuantía mínima para las pensiones, y si es suficiente para asegurar un nivel de vida adecuado. Por último, la oradora desea saber si se prevé establecer un permiso genuino de paternidad, ya que actualmente sólo se concede en caso de que la madre no pueda hacerse cargo de su hijo por causas graves como enfermedad, fallecimiento o abandono).
51.El Sr. Riedel pide al Gobierno que determine y transmita al Comité unos valores de referencia que le permitan evaluar las repercusiones del proyecto de ley sobre la seguridad en el trabajo durante los próximos cinco años. El orador se muestra sorprendido por el hecho de que el Estado parte no haya ratificado el Convenio Nº 117 de la OIT sobre política social (normas y objetivos básicos), el Convenio Nº 118 sobre la igualdad de trato (seguridad social) ni el Convenio Nº 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, y pregunta cuáles son las razones de ello. En vista de que la tasa de paro es extremadamente elevada en el país (37,7%) y, en particular, del hecho alarmante de que el 85% son desempleados a largo plazo, el orador desea saber qué medidas específicas ha adoptado el Gobierno y, más concretamente, qué resultados se han obtenido con el Plan de acción nacional sobre el empleo para 2004 y 2005. Por último, a fin de determinar si la situación de los derechos humanos ha mejorado o se ha deteriorado, el Comité necesita informaciones precisas, por ejemplo, por qué la cifra de parados que se beneficiaron de los programas de formación disminuyó en un 50% entre 2000 y 2003; las estadísticas anuales sobre el desempleo, desglosadas por sexo, lugar de residencia (rural o urbano) y grupo étnico (comunidades romaní, ashkalí y egipcia); y cifras relativas a los montos efectivamente devengados a las personas con discapacidad en concepto de ayuda social.
52.Al Sr. Abdel- Moneim le sorprende que exista trato preferencial en favor de los empleados del Ministerio de Defensa, práctica que el Comité ya ha constatado en otros países y considera contraria a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, que prohíbe a los Estados partes discriminar por motivos de origen social. Refiriéndose a los párrafos 271 y 272 del informe inicial del Estado parte, el orador expresa su preocupación por el hecho de que al calcular la cuantía mínima de la pensión se tenga únicamente en cuenta el número de años de servicio expresados como años acumulados para la jubilación, y no otros factores tan importantes como la tasa de inflación. Añade que el artículo 9 del Pacto debe interpretarse a la luz del artículo 11, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado.
53.Citando información recibida del Consejo de Europa, el Sr. Pillay dice que le sorprende que los romaníes estén obligados a presentar la factura de la electricidad para beneficiarse de la ayuda social, puesto que es un hecho bien conocido que rara vez disponen de infraestructuras básicas en sus viviendas. Tampoco parece demasiado realista exigirles que demuestren que han completado ocho años de escolaridad para acceder a los servicios de atención de salud. El orador pregunta qué hace el Gobierno a fin de mejorar esa situación.
54.El Sr. Kolosov expresa su satisfacción por la exhaustiva información que incluye el informe inicial con respecto al derecho de huelga, si bien lamenta que no se mencione la cooperación entre los sindicatos de Macedonia y las federaciones internacionales de sindicatos. Observando que la lista de restricciones sobre el derecho de huelga parece excesiva, el orador pregunta si el Gobierno tiene la intención de reducirla.
55.El Sr. Martynov pide a la delegación que presente estadísticas recientes no sólo sobre los romaníes, sino también sobre los demás grupos étnicos. Pregunta si en el país se perciben efectivamente prestaciones de desempleo, cuál es su monto y si permiten vivir en condiciones adecuadas. Asimismo, el orador solicita explicaciones sobre la extensa lista de excepciones al pago de prestaciones sociales, en particular la posesión de un automóvil matriculado y el hecho de haber sido despedido del trabajo a causa de una falta.
Se levanta la sesión a las 18 .00 horas.