COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 4 2 ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el martes 12 de noviembre de 2008 a las 15 horas
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES
(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Angola
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La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES
(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)
Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Angola ((E/C.12/AGO/Q/3); documento básico que forma parte de los informes presentados por los Estados partes (HRI/CORE/AGO/2008); lista de cuestiones (E/C.12/AGO/Q/3); respuestas escritas del Gobierno de Angola a la lista de cuestiones (E/C.12/AGO/Q/3/Add.1, solamente en inglés))
1. Por invitación del Presidente, la delegación de Angola toma asiento como participante en el debate de la Mesa.
2. El PRESIDENTE da la bienvenida a la delegación de Angola y la invita a presentar el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero del Estado parte, presentados en un solo documento.
3. El Sr. CHICOTI (Angola) dice que su país es parte en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuyas disposiciones son vinculantes en virtud del artículo 21 de la Constitución. Angola mantiene unas excelentes relaciones con los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y considera que la presentación de informes periódicos es un medio excelente para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos. Hasta una fecha reciente, Angola ha vivido un largo período de guerra que ha provocado un sufrimiento inmenso a la población, ha destruido gran parte de las infraestructuras económicas, sociales y culturales del país, ha deteriorado los servicios de educación, salud y protección social y ha debilitado considerablemente su capital humano.
4. Desde el fin del conflicto armado en abril de 2002, se ha trabajado con denuedo para consolidar la paz y el proceso de reconciliación nacional, introducir reformas políticas de mayor calado con el fin de garantizar el respeto a los principios fundamentales contenidos en la Ley constitucional y crear las condiciones para la rehabilitación y el desarrollo social, económico y cultural de Angola, habida cuenta de que se considera que los derechos humanos son un factor determinante en el desarrollo sostenible del país. A pesar de las dificultades, la democracia incipiente da signos esperanzadores de vitalidad, tal y como se vio en las elecciones legislativas de septiembre de 2008, durante las que se registró una elevada participación en medio de un clima de plena libertad y de transparencia. Estado de derecho, Angola respeta las libertades fundamentales de sus ciudadanos y cuenta con un gran número de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos e instituciones religiosas. También cuenta con un número creciente de órganos privados de prensa que dan fe de una gran vitalidad y contribuyen a promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
5. El aumento de los ingresos del Estado gracias al crecimiento económico ha propiciado, por una parte, una mejora significativa de los ingresos per cápita y, por otra parte, ha permitido llevar a cabo unas inversiones públicas fundamentales para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En lo relativo por ejemplo al objetivo de desarrollo enunciado en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir a la mitad para 2015 el número de personas que viven con menos de 1 dólar de los EE.UU. al día, los progresos son alentadores. En apenas cuatro años, de 2004 a 2007, el valor de la economía nacional prácticamente se duplicó. El producto interno bruto (PIB) per cápita aumentó en más de un 100% entre 2002 y 2007, pasando de 1.500 a 3.500 dólares de los EE.UU. Gracias a las inversiones del Gobierno en el ámbito social, Angola subió en 2005 cinco lugares en la clasificación mundial de desarrollo humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El número de niños matriculados en la escuela primaria prácticamente alcanzó los 3,8 millones, es decir más del doble que en 2002; el número de alumnos de secundaria se sitúa hoy alrededor de los 350.000, es decir tres veces más que hace seis años. En la actualidad, el país cuenta con unos 180.000 maestros frente a 76.000 en 2000 y con unas 50.000 aulas en comparación con las 19.000 que existían en el pasado, lo que ilustra los esfuerzos que está llevando a cabo el Gobierno para que los niños tengan más facilidades de acceso a la escuela, sobre todo en las zonas rurales.
6. En lo tocante a la igualdad entre géneros, a la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años, a la mejora de la salud materna, a la lucha contra las enfermedades endémicas, al desarrollo sostenible y a otros Objetivos de Desarrollo del Milenio, Angola se encuentra entre los pocos países africanos que deberían alcanzar esos objetivos dentro de los plazos previstos. El Gobierno se ha asociado con la sociedad civil para poner en marcha una estrategia para la igualdad entre géneros que retoma las principales esferas temáticas de las plataformas de acción de Dakar y de Beijing para la promoción de la mujer: pobreza, educación, salud, derechos de ciudadanía, maternidad, familia, envejecimiento, personas con discapacidad, personas seropositivas y enfermedades endémicas. No obstante, conviene recordar que, a pesar de los avances cosechados, la comunidad internacional está lejos de cumplir plenamente con los compromisos asumidos en las principales conferencias sobre financiación del desarrollo, cumplimiento que es, sin embargo, indispensable para la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
7. El Presidente de la República, el Parlamento, el Gobierno, los poderes públicos locales, los tribunales, el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo garantizan la aplicación de la ley y de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Angola. El Gobierno de Angola se compromete a promover el desarrollo cultural respetando la identidad de la cultura nacional en toda su diversidad. Angola es un Estado laico respetuoso con la libertad de credo y de religión de sus ciudadanos, con independencia de su origen étnico o social. Angola seguirá asumiendo sus obligaciones dimanantes de los tratados internacionales y confía en seguir desarrollando su cooperación en la esfera de los derechos humanos con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el sistema de las Naciones Unidas.
Artículos 1 a 5 del Pacto
8.El Sr. RZEPLINSKI pide información acerca de la formación que reciben los miembros de la función pública, y en especial los policías, en el ámbito de los derechos humanos. Pregunta en qué medida el Gobierno de Angola está dispuesto a elaborar un programa para combatir la impunidad, habida cuenta sobre todo del larguísimo conflicto que ha vivido el país. Si es cierto, como así parecen indicarlo las informaciones que figuran en la página 18 de las respuestas del Gobierno de Angola a la lista de cuestiones, que el país cuenta solamente con 98 jueces en total, sumadas todas las jurisdicciones, el Sr. Rzeplinski desea saber cómo se toman las decisiones en caso de conflicto laboral o en las causas civiles, y qué recursos tienen a su alcance las personas que consideran que se han vulnerado sus derechos sociales fundamentales.
9. El Sr. Rzeplinski pregunta a continuación a la delegación de Angola cuándo estarán listas las propuestas para sustituir la Unidad técnica de coordinación de la asistencia humanitaria (UTCAH) por una estructura orgánica adaptada al nuevo contexto para que el papel tan preciso que desempeña la UTCAH con respecto a las ONG nacionales y extranjeras pueda evolucionar, dado además que el Gobierno considera a las ONG como socios potenciales. A propósito de la lucha contra la corrupción, observa que, aunque ha habido avances desde 2003, Angola ocupa el 142º lugar en la clasificación mundial de Transparency International y desea que se aporten más datos sobre las políticas en ese ámbito. En este sentido, desea saber el motivo por el que, fuera de la región de la capital, Luanda, los funcionarios están tan mal pagados, lo que en ocasiones los obliga a ejercer otro trabajo y hace que sea más fácil corromperlos.
10. El Sr. Rzeplinski también desea conocer el punto de vista de la delegación de Angola a propósito de la incidencia de los acuerdos internacionales de cooperación económica en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En las provincias de Lunda Norte y Lunda Sul, donde hay importantes concesiones de diamantes, se impide a la población local acercarse a las zonas en cuestión, de manera que ésta no puede acceder normalmente a sus tierras tradicionales ni obtener agua potable. Pregunta en qué medida los acuerdos de cooperación rubricados por Angola con otros países o con sociedades multinacionales también benefician a los sectores más pobres y marginados de la población.
11. El Sr. Rzeplinski solicita una información más detallada sobre la Estrategia de promoción de las mujeres y su puesta en marcha concreta, así como sobre el nuevo Ministerio de la Familia y de Promoción de la Mujer, cuya creación este año es muy alentadora. No obstante, las mujeres son objeto de una discriminación declarada, sobre todo a escala local, en el acceso a los empleos en la administración. Por último, el Sr. Rzeplinski solicita que se precisen las medidas adoptadas para proteger a determinados grupos, principalmente a los homosexuales, a las personas seropositivas o enfermas de SIDA, a las víctimas de las minas terrestres y a las personas con discapacidad, de la discriminación en el acceso a un puesto de trabajo, a la atención sanitaria y a otros servicios públicos.
12. La Sra. BONOAN-DANDAN se sorprende ante las disparidades entre los datos sobre la situación económica y social que figuran en el documento básico de Angola y las excelentes cifras anunciadas en su discurso de apertura por la delegación de Angola, sobre todo las relativas al crecimiento económico, y desea conocer los motivos. Pregunta qué porcentaje de recursos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza elaborada por el Gobierno se destina a los derechos económicos, sociales y culturales y si este último se dispone a elaborar un censo de la población, lo que le ayudaría a contextualizar mucho mejor las necesidades, por ejemplo en materia de acceso a la anticoncepción. Por otro lado, sería útil disponer de cifras actuales sobre la inflación, el déficit presupuestario o el servicio de la deuda externa, habida cuenta del aumento de los ingresos por el petróleo, y saber si existe un mecanismo que favorezca la transparencia de las transacciones, sin el cual es sabido que se instala la corrupción.
13. La Sra. Bonoan-Dandan lamenta que el Gobierno no haya ofrecido ejemplos de casos en que particulares hayan invocado los derechos económicos, sociales y culturales ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, como se solicitaba en la pregunta 1 de la lista de cuestiones; a este respecto, la delegación podría proporcionar ejemplos y estadísticas. Desea que se aclaren las funciones del Defensor del Pueblo: ¿puede ocuparse realmente de las denuncias sobre violaciones de los derechos de los ciudadanos y de los casos de omisión o de negligencia por parte de las autoridades? ¿Cuál es verdaderamente su papel en lo relativo a la aplicación del Pacto? Por último, sería útil conocer los motivos del cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
14. La Sra. BRÁS GOMES pregunta qué intenciones tiene el Gobierno de Angola, que se comprometió a reforzar la cooperación internacional con el Alto Comisionado en el marco del Comité de Derechos Humanos, después del cierre de la Oficina del Alto Comisionado. Desea saber cómo se han elaborado las medidas enunciadas en la sección del documento básico dedicada al contexto social y si se consultó a las autoridades locales y a las personas afectadas para que dichas medidas fueran lo más adecuadas y concretas posible. Además, la delegación podría indicar cuándo debería estar lista la nueva constitución y qué papel tendrán en ella los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, podría informar sobre lo que se hace para ayudar a los numerosos angoleños desplazados en el país.
15. La Sra. WILSON desea saber si los tribunales de Angola pueden invocar directamente las disposiciones de los instrumentos internacionales, en especial las del Pacto, si los jueces reciben formación en materia de derechos humanos y a propósito de estos instrumentos y si los derechos económicos, sociales y culturales son directamente aplicables en el derecho interno. Al mismo tiempo, se muestra preocupada por la falta de independencia del aparato judicial y pregunta si la Constitución recoge la separación de poderes o si, por el contrario, ésta emana del derecho consuetudinario. A causa del largo conflicto vivido, el país cuenta con un gran número de personas con discapacidad y seguramente el Gobierno ha adoptado medidas positivas a su favor, por ejemplo para permitir su acceso a los edificios públicos o las campañas de desminado; al Comité le gustaría conocer tales medidas. En su discurso de apertura, el jefe de la delegación ha asegurado que la libertad de prensa estaba garantizada; ahora bien, parece que, en la práctica, no es realmente así y que hay periodistas que se autocensuran. Siendo la libertad de prensa, y por extensión la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia, la delegación podría precisar la realidad de la situación.
16. El Sr. ATANGANA también se muestra preocupado por el funcionamiento y la falta de independencia de la justicia, algunos de cuyos altos magistrados son, por ejemplo, personalidades políticas del partido en el poder. Lamenta que en su respuesta a la pregunta 4 de la lista de cuestiones el Gobierno de Angola se limite a enumerar una serie de medidas destinadas a luchar contra la corrupción y el nepotismo sin precisar si se han aplicado y con qué resultados; la delegación podría ilustrar al Comité sobre esta cuestión, así como a propósito del número de tribunales que, en la actualidad, funcionan realmente.
17. El Sr. PILLAY se muestra preocupado por las informaciones según las cuales no se han contabilizado oficialmente los ingresos generados por el petróleo, especialmente varios miles de millones de dólares de los EE.UU. que podrían haberse empleado con fines sociales y educativos, por ejemplo, en el marco de la promoción en sentido amplio de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, se hace eco de diferentes informaciones que señalan que la mayoría de angoleños carecen de acceso a la justicia o que, para llevar su caso ante un tribunal, deben practicar la corrupción; además, la población no tiene conocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Le gustaría saber si el Defensor del Pueblo ya ha tenido que ocuparse de casos de violaciones de estos derechos, por ejemplo desalojos forzados. Asimismo, sería bueno señalar las medidas adoptadas por las autoridades para combatir la cultura de la corrupción que parece reinar en todos los niveles de la sociedad angoleña, detallarlas y complementarlas con cifras relativas a los casos tratados.
18. El Sr. SADI se pregunta por los motivos por los que, dejando de lado el largo conflicto armado, el Gobierno de Angola ha tardado tanto tiempo en presentar un informe ante el Comité a pesar de insistir en su compromiso con el Pacto; asimismo, recuerda, retomando lo declarado anteriormente por la delegación de Angola, la necesidad de incorporar a las normas internas el conjunto de disposiciones del Pacto, y no sólo las que figuran en la mayoría de artículos, y desea saber si las autoridades están debidamente informadas del contenido de ese instrumento. Si bien es cierto que la economía de Angola se ha beneficiado mucho del elevado precio del petróleo, cabe preguntarse qué efectos tendrá la caída del precio, de cerca de un 50%, en el respeto por Estado parte de sus obligaciones dimanantes del Pacto. Por último, la provincia de Cabinda, enclave petrolero, concentra gran parte de la riqueza del país, y el orador pregunta si su población goza de un estatuto particular (autonomía, por ejemplo) y si comparte esa riqueza con el resto de los angoleños.
19. El Sr. DASGUPTA desearía que se le confirmara una información que asegura que la compañía petrolera SONANGOL no declara una parte de los ingresos generados por la venta del petróleo ni al Ministerio de Hacienda, ni al Banco Nacional de Angola; de corroborarse estos hechos, el Estado parte estaría incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 del Pacto, a saber su compromiso de adoptar medidas, […] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. Pregunta si la compañía goza de un estatuto particular y, en caso afirmativo, sobre qué fundamento legal éste se sustenta.
20. El Sr. TIRADO MEJÍA, considerando el gran número de personas desplazadas en el país, pregunta qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno en favor de estas personas en materia de vivienda, educación, integración o asistencia financiera. Confía en que un país como Angola, que ha visto recientemente cómo se duplicaba su ingreso per cápita y su producto interno bruto, redistribuya las riquezas sobre la base de la igualdad; le gustaría saber qué cambios concretos se han producido en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en materia de educación —lucha contra el analfabetismo, por ejemplo— y espera que la multiplicación de escuelas no se haya producido en detrimento de la calidad de la enseñanza.
21. La Sra. BARAHONA RIERA pregunta qué control ejerce el Estado sobre las empresas públicas que explotan recursos naturales como el petróleo y los diamantes, y cómo se garantiza la transparencia en la utilización de los fondos públicos. Observando que un porcentaje elevado del PNB proviene del petróleo y los diamantes, quiere saber si existen políticas y leyes que permiten transferir al sector social los ingresos derivados del petróleo y los diamantes. Por último, pregunta si el Ministerio de la Familia y de Promoción de la Mujer ha puesto en marcha una política de promoción de la igualdad entre los géneros y si cuenta con suficientes medios económicos para llevar a cabo su cometido.
Se suspende la sesión a las 16.45 horas y se reanuda a las 16.55 horas.
22. El Sr. CHICOTI (Angola) dice que hace solamente seis años que su país salió de la guerra civil y que la transición hacia la democracia, el desarrollo y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales no está exenta de dificultades. Los 27 años de conflicto han impedido a las autoridades crear las instituciones y las infraestructuras necesarias. Desde 2002, el Gobierno de Angola no ha escatimado esfuerzos para crear instituciones, primero a escala nacional y posteriormente a escala local, con el nombramiento de un administrador local en cada una de las 18 provincias que componen el país. El Gobierno también debe hacer frente a desplazamientos masivos de población y ocuparse del reasentamiento de miles de personas que, en su inmensa mayoría, han visto a su regreso que habían perdido todos sus bienes y su vivienda. En el marco del Protocolo de Lusaka, ha desbloqueado un monto de 500 millones de dólares de los EE.UU. para facilitar la reintegración de las familias, sin obtener la mínima ayuda de la comunidad internacional.
23. Durante muchos años, las autoridades de Angola han colaborado estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Angola con el objetivo, principalmente, de sensibilizar al ejército, a la policía y a la población civil en materia de derechos humanos en todas las provincias. Se ha llevado a cabo una labor colosal, pero hoy por fin el Estado puede actuar por su cuenta gracias a la creación de la Comisión de Derechos Humanos en el seno del Ministerio de Justicia. En general, se puede decir que la justicia se imparte hoy de un modo más rápido e imparcial. En lo que respecta a los salarios, el Sr. Chicoti explica que no varían en función de las provincias y que todos los funcionarios del territorio están sujetos a la misma escala salarial. En 2006, un agente de policía ganaba unos 100 dólares de los EE.UU. al mes, frente a 200 dólares de los EE.UU. al mes en 2008, un aumento que se enmarca en las medidas para combatir la corrupción. En 2002, el país estaba completamente devastado y los planes que el Gobierno puso en marcha han permitido responder a las necesidades fundamentales de la población en los ámbitos de la salud y la educación. Los ingresos procedentes del petróleo y los diamantes han permitido al Estado dotarse de reservas, pero no han bastado para asegurar un reparto equitativo de las riquezas ya que antes debe crear las infraestructuras y las instituciones necesarias.
24. El PRESIDENTE, observando que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es una instancia política sino un comité de derechos humanos, ruega a la delegación que aporte datos concretos.
25. El Sr. CHICOTI (Angola) no considera que esté haciendo una declaración política sino que desea evocar los grandes retos a que debe enfrentarse su país y resituar el contexto en el que debe actuar el Estado.
26. La Sra. BONOAN-DANDAN pregunta por el motivo del cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Angola.
27. El Sr. CHICOTI dice que la Oficina cerró porque había concluido su mandato y había realizado un trabajo excelente. Hoy, el Ministerio de Justicia se ocupa de todo lo relativo a los derechos humanos, a pesar de que Angola sigue manteniendo relaciones excelentes con los organismos de las Naciones Unidas, especialmente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
28. El Sr. DO NASCIMENTO (Angola) dice que la Oficina del Alto Comisionado en Angola se creó en el marco de la misión de paz de las Naciones Unidas en el país. Cuando la misión tocó a su fin en 2002, Angola solicitó que la Oficina pudiera proseguir con su labor en el país. La Quinta Comisión de la Asamblea General no aprobó el presupuesto de la Oficina, pero algunos países financiaron gratuitamente sus actividades. El Sr. Do Nascimento precisa, además, que la creación de las oficinas del Alto Comisionado es el resultado de un memorando de entendimiento entre el Estado interesado y el Alto Comisionado. Sin embargo, en el caso de Angola no se firmó ningún memorando de entendimiento porque el país estaba en guerra.
29. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de miembro del Comité, dice que, según varios informes del Alto Comisionado, la Oficina de Derechos Humanos en Angola tenía dificultades para trabajar y carecía del margen de maniobra necesario para desarrollar su misión.
30. El Sr. CHI C OTI (Angola) indica que, para el mismo trabajo, no existe diferencia de salarios entre las provincias de Lunda Norte y de Lunda Sul y que las autoridades no restringen en modo alguno la libre circulación en esas regiones, excepción hecha de determinadas zonas situadas cerca de concesiones de diamantes. En ningún caso las autoridades limitan el acceso al agua.
31. El Gobierno de Angola dedica recursos considerables a la reinserción de las personas desplazadas y no escatima esfuerzos para fomentar la participación de las mujeres en los gobiernos locales, sobre todo a nivel provincial. No existe discriminación institucionalizada hacia la mujer, los enfermos de SIDA o los homosexuales, como lo demuestra la ausencia de denuncias por esos motivos.
32. Los mutilados de guerra no son víctimas de discriminación en materia de acceso al empleo; al igual que sus conciudadanos, sufren la escasez de puestos de trabajo en las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de la población, y las elevadas tasas de desempleo que afectan al conjunto del territorio. Que los ingresos que Angola obtiene del petróleo sean elevados no implica que el mercado laboral sea boyante. Sin embargo, el Gobierno de Angola debe fomentar eficazmente la creación de empleos, y en ese marco dará prioridad a los mutilados de guerra y a otros grupos desfavorecidos.
33. La corrupción existe como en cualquier otro lugar, pero el Tribunal de Cuentas controla las operaciones financieras de los diferentes organismos públicos, entre ellos la empresa SONANGOL, que se encarga de la explotación de los recursos petroleros del país. Al contrario de lo que han mencionado algunos miembros del Comité, ésta rinde cuentas ante el Ministerio de Hacienda, y el Banco Central se encarga del seguimiento de las ventas del petróleo de Angola en los mercados internacionales, lo que le permite conocer los ingresos de la empresa.
34. El censo general de la población, previsto para 2009, permitirá paliar la ausencia de datos estadísticos lamentada por algunos miembros del Comité.
35. En efecto, el programa nacional de desminado va con retraso por falta de fondos, pero no se ha interrumpido. La institución nacional encargada de llevarlo a cabo trabaja en colaboración con asociados extranjeros.
36. Se han registrado progresos extraordinarios en el ámbito de la libertad de prensa, y hoy existen varias radios y periódicos independientes que tienen derecho a difundir informaciones procedentes de cualquier fuente de su elección.
37. La reforma del sistema judicial en curso prevé la creación de nuevas instituciones y la construcción de edificios para acogerlas. Próximamente se inaugurará un Palacio de justicia.
38. El Parlamento recientemente elegido procederá a elaborar una nueva constitución, que debería ser aprobada antes de las elecciones presidenciales de 2009 e instaurar una mejor separación de los poderes. Es cierto que, en la actualidad, el Presidente de la República nombra a los magistrados, como por otro lado sucede en muchos países del mundo.
39. La provincia de Cabinda no es la única que produce petróleo; cada una de las provincias que explotan ese recurso recibe un 10% de los ingresos que el país obtiene de la explotación petrolera.
40. Angola no respeta la aplicación plena de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), pues no todas son pertinentes. El FMI había exhortado especialmente a reducir los efectivos de la función pública en un momento en el que la necesidad de maestros, de enfermeros y de comadronas era especialmente acuciante. A la sazón, el problema de Angola no era la falta de medios para pagar los salarios de sus funcionarios, como creía el FMI, sino la distribución desigual de los empleados entre los diferentes sectores de la función pública.
41. Es cierto que Angola controla sus recursos naturales, que explota por mediación de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, la Empresa Nacional de Diamantes de Angola o la empresa SONANGOL. Sin embargo, esto no es obstáculo para que el país realice la explotación conjuntamente con empresas privadas, beneficiándose de este modo de su tecnología. También es cierto que estos sectores precisan una mano de obra muy especializada y que dan trabajo a pocos angoleños, pero el Gobierno de Angola tiene previsto desarrollar otros sectores de actividad, como por ejemplo la agricultura, que podrá dar trabajo a la mano de obra local. Aunque el elevado precio del petróleo le ha permitido obtener enormes beneficios, que se calculan en 50.000 millones de dólares de los EE.UU., el Gobierno no prevé redistribuir directamente estos ingresos, por cuanto considera que lo prioritario es relanzar la economía.
42. Las personas corruptas que se han enriquecido ilegalmente deben ser juzgadas por las instancias competentes; hacer acusaciones genéricas no aporta nada. Por otro lado, contrariamente a las afirmaciones de algunos miembros del Comité, varios altos funcionarios, y entre ellos un ministro, ya han comparecido ante la justicia.
43. La Sra. MEDINA (Angola) dice que el Ministerio de la Familia y de la Promoción de la Mujer, creado en 1997, ha elaborado una estrategia a favor de la igualdad de géneros y de la promoción de la mujer con vistas a poner en práctica todos los objetivos del marco de acción de Dakar y de la Plataforma de Acción de Beijing. En el marco de esta estrategia, cuyo objetivo principal es mitigar la pobreza, las mujeres pueden, desde el año 2000, beneficiarse de programas de microcréditos apoyados por bancos privados.
44. Las mujeres participan activamente en la vida del país, como lo demuestra su índice de representación en el Parlamento, donde han obtenido el 41% de los escaños en las elecciones legislativas celebradas recientemente. Además, suman el 33% de los miembros del gobierno central y también están muy bien representadas en las colectividades locales. Para que, en general, las mujeres puedan tener más autonomía y no sean víctimas de discriminación, Angola se dotará próximamente de una ley de igualdad de géneros, de conformidad con una orientación política de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC).
45. La Sra. ESPERAN Ç A (Angola) dice que la Oficina del Defensor del Pueblo es una instancia pública independiente cuyos miembros son designados por mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento y confirmados en sus funciones por el Presidente de la Asamblea Nacional. Elegidos por cuatro años, esos miembros son inamovibles y no pueden dimitir durante el período de su mandato. El presupuesto del Defensor del Pueblo depende del plan plurianual de actividades que presenta y los créditos concedidos se descuentan del presupuesto del Estado. Se pueden poner en conocimiento del Defensor del Pueblo denuncias individuales o colectivas y también puede investigar de oficio una causa si considera que se han violado o están amenazados los derechos fundamentales de los ciudadanos.
46. El párrafo 2 del artículo 21 de la Ley constitucional dispone que las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales se interpretan y se integran respetando a los instrumentos internacionales en que Angola es parte. El párrafo 3 de ese mismo artículo obliga además a los tribunales de Angola a aplicar los instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aun cuando las partes no los hayan invocado, consagrando así el principio de aplicación directa de los tratados internacionales en el derecho interno.
47. El Sr. BAMBI (Angola) dice que la Constitución garantiza la separación de poderes por cuanto obliga a los jueces a tomar sus decisiones con plena conciencia y basándose únicamente en el derecho, prohibiéndoles, en virtud del artículo 54, obedecer órdenes, tanto si provienen de un ministro como del Presidente de la Asamblea General. El Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano disciplinario ante el que han de responder de sus actos los jueces y los fiscales que han transgredido las normas, está formado por juristas nombrados por la Asamblea Nacional. Es cierto que algunos de ellos pertenecen al partido mayoritario, pero no todos: otros pertenecen a partidos de la oposición y el nombramiento de unos y otros se basa únicamente en sus competencias en el ámbito jurídico.
48. La guerra ha imposibilitado la creación de tribunales en las comunas más afectadas por los combates, lo que explica la escasez actual de tribunales municipales. Sin embargo, no hay que deducir de este hecho que en estos municipios reina la impunidad, ya que los tribunales provinciales a los que están adscritos esos municipios se encargan de juzgar cualquier asunto.
49. Todos los tribunales provinciales tienen una sala especializada en derecho laboral a la que pueden acudir los ciudadanos que se consideren agraviados por su empleador. El mecanismo por el que se rigen es rápido y eficaz, ya que los fiscales de esas salas pueden citar a las dos partes para celebrar un acto de conciliación. La parte agraviada no tiene necesidad de procurarse un abogado y puede limitarse a relatar los hechos por escrito.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
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