NACIONES UNIDAS

E

Consejo Económico y Social

Distr.

GENERAL

E/C.12/2008/SR.43

13 de enero de 2010

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

41º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 4 3 ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,

el martes 13 de noviembre de 2008 a las 10 horas

Presidente: Sr. TEXIER

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES

(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Angola (continuación)

________________________

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.  Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES

(a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Angola (continuación) (E/C.12/AGO/3; E/C.12/AGO/Q/3 y Add.1; HRI/CORE/AGO/2008)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Angola toman asiento en la mesa del Comité.

2. El PRESIDENTE invita a la delegación de Angola a retomar el intercambio de opiniones con el Comité en relación con los artículos 1 a 5 del Pacto.

3. La Sra. MANUEL (Angola) aclara que, del total de 197 jueces que hay en el sistema judicial de su país, 98 son jueces profesionales. Hay 247 fiscales sumadas todas las instancias. Los magistrados siguen un curso de capacitación de dos años en el Instituto Nacional de Estudios Judiciales, que también forma a los funcionarios judiciales.

4. Las reformas del sistema de justicia iniciadas hace dos años se encuentran ahora en la segunda fase. Se han aprobado diversas leyes, incluidas leyes sobre las compañías comerciales, las asociaciones de juristas y la armonización de la ley aduanera y fiscal. En estos momentos, se está estudiando un proyecto de ley sobre la capacitación de los fiscales públicos, así como un proyecto de ley sobre el estatus de los magistrados. La Comisión Nacional de Reforma de la Justicia está redactando enmiendas al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal y a la Ley del Trabajo que en breve se presentarán al Gobierno.

5. El Sr. CONCEIÇÃO (Angola) dice que el Ministerio del Interior ha nombrado específicamente a un Viceministro de Derechos Humanos. Además del departamento de derechos humanos existente en el cuerpo nacional de policía, otros órganos bajo el paraguas del Ministerio del Interior cuentan con unidades de derechos humanos y todas ellas, asistidas por diferentes asociados, ofrecen programas de formación en materia de derechos humanos dentro de la formación general del personal. La formación en curso se imparte por medio de talleres y seminarios trimestrales, y los funcionarios superiores también pueden acceder a cursos de formación externos si es necesario.

6. El Sr. MIGUEL (Angola) dice que al Gobierno le preocupan las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil y la consiguiente caída en la esperanza de vida. Cuando empezó a reestructurar el sistema de salud una vez acabada la guerra, dio prioridad a esta cuestión, al igual que a la lucha contra enfermedades endémicas como la malaria, la tuberculosis, la enfermedad del sueño o el VIH/SIDA y contra enfermedades emergentes y no transmisibles. Con el fin de resolver esas cuestiones, el Gobierno decidió ampliar la cobertura sanitaria para poner sus programas al alcance de toda la población. Al final de la guerra, la cobertura sanitaria era del 30%. Desde 2003, el número de unidades médicas ha aumentado en más del 100%, permitiendo que más del 60% de la población tenga acceso a servicios de salud. El número de profesionales de la salud también se ha multiplicado por dos, hasta alcanzar los 1.800 en 2008. Al mismo tiempo, el Gobierno ha llevado a cabo esfuerzos concertados para reparar y reconstruir el sistema de salud y formar al capital humano y ha traído a 800 doctores extranjeros para compensar la escasez de médicos a corto plazo. En 2008 se inauguraron dos nuevas facultades de medicina en dos provincias, y se crearán tres más en breve en otras tres provincias.

7. El Gobierno también se ha propuesto mejorar otros indicadores de salud: desde 2003, las consultas prenatales han aumentado en un 56%, la cobertura de la vacunación ha aumentado en un 81% y el número de centros de pruebas voluntarias del VIH/SIDA ha pasado de 11 a 154. Se espera que, a finales de 2009, haya centros de salud en todas las regiones.

8. No existe discriminación en el acceso a los servicios de salud. La Ley del VIH/SIDA de 2004 contempla sanciones administrativas y penales contra todo aquel que discrimine a una persona con VIH/SIDA. Además, tampoco se discrimina a las personas con discapacidad. El Gobierno sigue adelante con un vasto programa de rehabilitación y reinserción de las personas con discapacidad que contó con el apoyo de la Unión Europa hasta 2007 y está abriendo centros de equipamiento ortopédico en todo el país.

9. El presupuesto destinado a fines sociales no se ha reducido. Un estudio del Banco Mundial sobre el sistema de salud demuestra que el presupuesto asignado a salud se duplicó entre 2005 y 2007, propiciando mejoras en las condiciones y los salarios de los profesionales de la salud. La salud es una de las prioridades del país, tal y como reza el artículo 47 de la Constitución.

10. El Sr. HOMERO PIEDADE (Angola) dice que no se contempla reducir el presupuesto para educación. El Gobierno está realizando una inversión considerable en educación y ha aumentado el gasto en este sentido en un tercio entre 2004 y 2007. El número de aulas ha aumentado en más del 50% desde 2002 y los salarios de los profesores se han incrementado en un 174%. Con la ayuda del Brasil y de Cuba, el Gobierno ha puesto en marcha un programa para erradicar el analfabetismo para 2015. Ha crecido el número de escuelas normales de magisterio en las provincias y el Gobierno intenta mantener la calidad de la enseñanza por medio de programas en curso de formación de profesores, programas de aprendizaje a distancia y cursos de reciclaje para todos los funcionarios de educación organizados por las direcciones municipales y provinciales. Los maestros son funcionarios y disfrutan del mismo estatus y derechos que el resto de funcionarios.

11. El Gobierno está realizando esfuerzos para mejorar las escuelas y la educación para los repatriados. Las cifras de escolarización han aumentado considerablemente y el Gobierno confía en estar aprobando las medidas adecuadas para acabar con los problemas de acceso a la escolarización.

12. La Sra. BONOAN-DANDAN pide a la delegación que aclare el mandato de la Oficina del Defensor del Pueblo, ya que la institución parece no ser plenamente independiente. También desea saber si el Estado parte prevé adoptar un plan nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París. Además, pregunta por qué el Viceministro de Derechos Humanos no forma parte de la delegación.

13. El Sr. TIRADO MEJÍA pide una respuesta a su pregunta sobre los programas estatales para los desplazados.

14.La Sra. MANUEL (Angola) dice que la Oficina del Defensor del Pueblo es un órgano totalmente independiente. Tal y como se ha comentado previamente, deben aportarse algunos datos sobre el período 2006-2008. Doscientos sesenta y cuatro casos en total se han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, algunos procedentes de los tribunales, que ya ha resuelto y seguido, además de 40 denuncias de órganos privados sobre derechos económicos y culturales. Asimismo, ha habido 80 notificaciones relacionadas con órganos públicos y administraciones municipales y comunales, que también ha resuelto debidamente. En la actualidad, se están tramitando unos 134 casos.

15. La Oficina de Derechos Humanos se creó en el seno del Ministerio de Justicia en virtud del Decreto Nº 225, y el Viceministro de Justicia es el responsable de resolver las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Se han creado oficinas en cada provincia para promover y proteger los derechos humanos. A la Oficina de Derechos Humanos le corresponde estudiar las cuestiones que se ponen en su conocimiento y realizar un seguimiento a través de un plan de acción, cuyo borrador está en las últimas fases.

16. El Sr. CHICOTY (Angola) dice que los diferentes ministerios conceden importancia a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y que, dentro del Ministerio del Interior, se ocupa de ellas el Viceministro.

17. El Sr. CONCEIÇÃO (Angola) dice que la Oficina de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, adscrita al Ministerio del Interior, se creó en mayo de 2007. El Consejero de Derechos Humanos se encarga de la defensa de los derechos humanos y entre sus atribuciones está la supervisión de la policía y de los cuerpos que se encargan de la inmigración.

18. El Sr. Do NASCIMENTO (Angola) dice que las estadísticas oficiales indican que, durante el conflicto, unos 4,5 millones de desplazados se trasladaron a centros urbanos, especialmente a la capital. A finales de 2002, el Gobierno dio prioridad a un programa para el retorno de los desplazados y los refugiados y organizó la reinserción y el realojamiento de la mayoría de esas personas en el plazo de un año con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El programa se ha aplicado en diferentes fases; en la primera, la mayoría de desplazados durante el conflicto regresaron a su lugar de origen y se les garantizaron unas condiciones de vida básicas, además de brindárseles rehabilitación y medios de supervivencia. Los repatriados han recibido vivienda y una asignación y se ha desminado el territorio. Después de tantos años de desplazamientos forzosos, unas 62.000 personas no han regresado a su lugar de origen pero se han beneficiado de un programa especial. Una vez reintegrados, los repatriados pueden beneficiarse de los programas públicos.

19. El PRESIDENTE invita a los miembros a hacer comentarios y a plantear preguntas a propósito de los artículos 6 a 9 del Pacto.

20. El Sr. RZEPLINSKI pide más información sobre el Programa de extensión y desarrollo rural que se detalla en el párrafo 68 de las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones, donde se afirma que, con ese programa, unas 803.730 familias recibirán supervisión directa y se las organizará en cooperativas rurales. Observando que las personas afectadas son probablemente las que viven en los barrios marginales de ciudades como Luanda, que no son granjeros y que carecen de experiencia agrícola, se pregunta qué capacitación recibirán esas personas para abandonar las ciudades y si el ingreso en las cooperativas será totalmente voluntario o se verán obligadas a ingresar en ellas, en cuyo caso las cooperativas equivaldrían a campos de trabajo. Aunque aplaude el aumento del salario mínimo de los agentes de policía y del personal médico, pide más información sobre el salario mínimo de las personas que trabajan en los sectores público y privado y sobre sus aumentos salariales en los últimos años.

21. La Sra. BONOAN-DANDAN desea obtener más información sobre los subsidios de desempleo. En relación con el sector informal, se interesa por sus dimensiones, la proporción de hombres y mujeres que trabaja en él y los mecanismos de cobertura que ofrece a los trabajadores, como por ejemplo un régimen de seguro voluntario. Pregunta qué medidas se han tomado para animar a los trabajadores del sector informal a ingresar en plantillas. Observando que la pertenencia a un sindicato está protegida por la ley, pregunta al Estado parte por qué tan pocos trabajadores pertenecen a sindicatos.

22. El Sr. ZHAN Daode felicita al Estado parte por sus considerables esfuerzos y logros en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en términos de crecimiento económico, creación de la Oficina del Defensor del Pueblo y cooperación con el ACNUDH. Sin embargo, queda mucho por hacer, sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales. Pregunta qué medidas ha tomado o prevé tomar el Gobierno para garantizar una vida mejor a los 605.000 ancianos que viven en el Estado parte, sumidos todos ellos en una situación de pobreza abyecta.

23. El Sr. ABDEL-MONEIM confía en que ésta sea la última vez que el Estado parte presenta un informe combinado, que no refleja los períodos cubiertos con la misma precisión que los informes presentados individualmente. Aplaude la gran calidad del análisis económico presentado. Observando con satisfacción que la tasa de desempleo ha caído un 4% hasta situarse en el 22,5% entre 2005 y 2006, pregunta al Estado parte si la situación laboral podrá seguir mejorando si la tasa de inversión pública se mantiene en el 2,8%, un 10% inferior a la inversión privada.

24. La Sra. BRÁS GOMES comenta que el hecho de que los sectores del petróleo y los diamantes sean responsables de una parte importante del producto interno bruto y de los ingresos por exportaciones, no obstante garantizar un puesto de trabajo a menos del 1% de la mano de obra, sugiere que el resto de sectores apenas están desarrollados. Observando que la tasa de desempleo se sitúa en la actualidad entre el 30% y el 40%, dice que el bajo porcentaje de empleo en los sectores desarrollados implica que la mayoría de trabajadores trabajan en el sector informal. Pide más información sobre las medidas que se están tomando para agilizar el desarrollo económico y por lo tanto para aumentar las oportunidades laborales del alto número de personas internamente desplazadas sin especialización profesional que existen en Luanda, tanto en la propia Luanda como en otras zonas, y se interesa por las políticas integradas del Gobierno para la creación de empleo resultantes de la Ley del Trabajo y de la Ley 1/06 sobre el primer empleo. Pregunta qué se está haciendo para corregir el problema del subempleo, incluidas las medidas para formar y reciclar a aquellas personas que trabajan por debajo de su capacidad, y si la afirmación que figura en el informe del Estado parte de que los trabajadores del sector informal carecen de cobertura en materia de salud y seguridad laboral es correcta. A propósito del salario mínimo, que es de unos 65 dólares de los EE.UU., pregunta qué consejos prácticos ha ofrecido el grupo de trabajo creado en 2002 para evaluar los progresos en materia de salario mínimo nacional y qué proporción de las necesidades básicas cubre. Mostrando su preocupación porque no se están cumpliendo las normas sobre condiciones laborales y sobre seguridad y salud en el trabajo, pregunta si ha aumentado el número de inspecciones laborales y si se han impuesto sanciones a los empleadores. Observando que, sobre el papel, no existe discriminación contra la mujer y que la mujer recibe igual remuneración por igual trabajo, se pregunta si estas disposiciones reflejan la verdadera situación que se da en la práctica a la vista del elevado número de mujeres en trabajos de bajo nivel.

25. En lo referente a la seguridad social, pregunta si la campaña nacional titulada “Nueva inscripción en el Instituto Nacional de Seguridad Social” ha cumplido con su objetivo de combatir la evasión del pago de las contribuciones por parte de los empleadores y otras infracciones relacionadas con las prestaciones, si se han impuesto sanciones a los empleadores que no han pagado sus propias contribuciones o las de sus trabajadores y qué otros resultados ha dado la campaña. Asimismo, pregunta si el Estado parte está estudiando la creación de algún tipo de paquete básico de seguridad social para los trabajadores del sector informal, como una pensión de vejez o un subsidio de maternidad. Solicita más información sobre el “tercer pilar” o cobertura suplementaria y sobre el tipo de trabajadores que se han inscrito en ese programa, dado que la mayoría de trabajadores cobran salarios bajos y no pueden permitirse pagar una cobertura complementaria después de haber pagado la cobertura social obligatoria.

26. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro del Comité y observando que el Estado parte ha ratificado varios Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pregunta si prevé también ratificar el Convenio Nº 102 sobre la seguridad social (norma mínima), el Convenio Nº 103 sobre la protección de la maternidad (revisado), el Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) y el Convenio Nº 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. Pide más información sobre el número de sindicatos en la actualidad en el Estado parte, los límites de la Ley de huelga 23/91 y las huelgas celebradas hasta la fecha. Pregunta qué importancia se concede a los convenios colectivos y en qué circunstancias se emplean; por ejemplo, si el salario mínimo se fija por ley o es el resultado de una negociación.

27. El Sr. CHICOTY (Angola) dice que, si bien el reto del empleo es considerable, la gente tiene libertad para trabajar allá donde quiera en el Estado parte y el Gobierno no puede obligar a la gente a trabajar en un lugar determinado. El Gobierno colabora con el sector privado en proyectos para crear empleo en la agricultura, y estos proyectos tardan mucho en ponerse en marcha. Con todo, estos proyectos no implican el traslado forzoso de trabajadores. En las zonas urbanas, son muchos los métodos que se emplean para aumentar las oportunidades laborales; por ejemplo, los ciudadanos que trabajan en el sector informal que no desarrollan ninguna actividad económica oficial y los que desean crear cooperativas pueden solicitar al Novo Banco préstamos por un valor de entre 100 y 50.000 dólares de los EE.UU., en función del tipo de actividad que se vaya a desarrollar.

28. El salario mínimo se fija sobre la base de un consenso entre el Gobierno, los sindicatos y los empleadores. Recientemente, se ha aumentado hasta los 100 dólares de los EE.UU., aunque los empleadores se han mostrado reacios a aceptar ese aumento ya que creen que reducirá su margen de inversión y creación de empleo. El Ministerio de Administración Pública, Empleo y Seguridad Social sigue de cerca todas las cuestiones relacionadas con el salario mínimo.

29. Es cierto que la cobertura de los trabajadores en el sector informal es una cuestión compleja. El Gobierno se esfuerza en mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en los muchos mercados callejeros de ciudades como Luanda —construyendo, por ejemplo, mejores mercados para que puedan vender sus productos en un entorno más adecuado— y para animarlos a pasarse al sector formal con el fin de desarrollar actividades legales, pagar sus contribuciones y recibir cobertura social.

30. Aunque las personas desempleadas reciben algunos subsidios, ese ámbito está plagado de dificultades, incluida la falta de unas estadísticas precisas sobre cuánta gente tiene derecho a prestaciones. Algunos trabajadores despedidos pueden inscribirse como desempleados. El Gobierno proseguirá con sus esfuerzos en este ámbito.

31. En respuesta a las preguntas sobre los sindicatos, dice que hay tres grandes sindicatos, así como otros sindicatos más pequeños, y que la legislación contempla la pertenencia a los sindicatos.

32. En respuesta a la pregunta sobre la pobreza entre los ancianos, dice que las medidas para proteger a ese grupo incluyen una política recientemente promulgada para proporcionarles asistencia y la existencia de centros de asistencia para los ancianos. Con todo, es evidente que el nivel actual de asistencia es insuficiente.

33. Da cifras del índice de inversión pública en 2007 y 2008 y del índice propuesto para 2009, y dice que las cifras actualizadas se ofrecerán una vez se haya comprobado su exactitud.

34. En respuesta a la pregunta sobre los sectores del petróleo y los diamantes, dice que es cierto que el nivel de empleo en esos sectores es bajo. El Gobierno trabaja en la promoción de otros sectores, como el agrícola, con el fin de crear empleos y reducir el desempleo.

35. Con respecto al seguro médico para el sector informal, dice que el Estado parte proporciona atención médica gratuita a todos sus ciudadanos, con independencia de si trabajan en el sector formal o informal. Los centros médicos subvencionados y los centros de salud privados constituyen dos niveles adicionales de atención médica, y los programas individuales de seguro médico corporativo ofrecen cobertura suplementaria.

36.Reitera que no hay discriminación contra la mujer y que las mujeres reciben igual remuneración por igual trabajo.

37. El Sr. Do NASCIMENTO (Angola) dice que el salario mínimo en el sector público es en la actualidad de 100 dólares de los EE.UU. al mes y que se está estudiando un aumento. El salario mínimo en el sector privado es fruto de las negociaciones entre sindicatos y patronales. El derecho de asociación se ejerce libremente, y en Angola existen tres grandes sindicatos, todos ellos representativos e independientes. En muchos casos, los conflictos laborales en el sector privado se han resuelto a través del Consejo Nacional de Concertación Social, en el que estos sindicatos desempeñan un papel fundamental. La gente que trabaja en el sector de las artes creativas, como artistas, pintores y músicos, tiene hoy derecho a una pensión por jubilación. Cuando se creó el sistema de seguridad social a principios de los años 90, muchos trabajadores no gozaban de cobertura por el incumplimiento de los empleadores en el pago de las contribuciones, pero desde entonces se han cosechado algunos avances.

38. Existen fondos de pensiones suplementarios en Angola y algunos empleadores han decidido llegar a acuerdos con compañías aseguradoras para la gestión de sus fondos de pensiones. En caso de conflicto laboral, los trabajadores tienen derecho a la huelga como último recurso y el derecho a la huelga se respeta, aunque con algunas limitaciones internacionalmente aceptadas. Cuando se celebran huelgas, se desarrollan de manera pacífica y ordenada. Recientemente hubo una huelga de profesores y no concluyó con la intervención del Gobierno ni de la policía. A causa principalmente de un atraso legislativo, Angola todavía no ha ratificado algunos convenios de la OIT, pero está estudiando un gran número de estos instrumentos. La ley reconoce y fija un marco para el convenio colectivo, y los convenios colectivos son una práctica existente en Angola.

39. Existen numerosos programas de ayuda a los habitantes de las zonas rurales, incluidos los desplazados, a través, por ejemplo, de la oferta local de formación vocacional en ámbitos como la electricidad o la carpintería. La financiación de estos programas no procede de agencias internacionales o de donantes sino que sale directamente del presupuesto del Estado. Muchos de estos programas llevan en funcionamiento desde 2002, pero sólo han dado resultados modestos. Con todo, el Gobierno está bien encaminado. Claramente, el crecimiento de Angola no debe depender únicamente del sector del petróleo. Asistimos a un auge de la construcción financiada con fondos públicos, y muchos desplazados que se han beneficiado de los programas de formación vocacional trabajan hoy en ese sector.

40. La Sra. MEDINA (Angola) dice que la mayoría de mujeres de Angola son parte activa de la mano de obra y que las mujeres a menudo son la principal fuente de ingresos de su familia. La discriminación en el empleo está prohibida por la Constitución y las leyes laborales, y hombres y mujeres reciben igual remuneración por igual trabajo. En las pocas ocasiones en que ha habido casos de discriminación, en el sector privado, estos han sido puestos en conocimiento de los inspectores laborales o de los tribunales. Una ley recientemente aprobada fomenta la contratación de graduados.

41. El Sr. MIGUEL (Angola) dice que los centros médicos gestionados por el Ministerio de Sanidad proporcionan atención médica a todos los angoleños gratuitamente. Una nueva política de salud ha resuelto la cuestión de la cobertura social para las personas en el sector informal.

42. El Sr. BAMBI (Angola) dice que, prácticamente como sucede en todos los países, el derecho a la huelga está restringido en el caso de algunas profesiones, como la policía, los bomberos, los militares, los miembros del Gobierno y los jueces. No obstante, estos trabajadores disfrutan de libertad de asociación. Las huelgas son relativamente raras ya que la decisión de ir a la huelga es una medida extrema y se utiliza únicamente como último recurso.

43. El Sr. Do NASCIMENTO (Angola) dice que, en 2007, el 88% de los nuevos empleos se crearon en la agricultura, y principalmente en el sector informal, y señala que la gente que trabaja en ese sector no vive necesariamente en la pobreza; muchos empleos informales en la agricultura y la construcción permiten satisfacer las necesidades de las familias de los trabajadores. Las estadísticas que afirman que el 68% de la población vive en la pobreza y que entre el 30 y el 40% de la mano de obra se encuentra sin empleo datan de 2001 y ya no son vigentes; lamentablemente, el Gobierno no ha podido actualizarlas por carecer de datos fiables, pero la situación económica ha mejorado. Se estima que el desempleo es en la actualidad de un 22%.

44. La Sra. BRÁS GOMES pregunta por qué, si el Gobierno dispone de información más reciente sobre la tasa de desempleo, no la ha colgado en sus sitios de Internet. Tiene entendido que las personas que trabajan en las artes creativas pueden disfrutar de seguridad social o de una pensión de jubilación gracias a un plan de empleo independiente. Se interesa por los planes de pensiones del sector privado y pregunta qué puede hacer el Gobierno para garantizar su solvencia financiera a la luz de la crisis financiera actual.

45. El Sr. ABDEL-MONEIM se dice preocupado por el hecho de que el auge de la construcción en Angola puede verse amenazado por la crisis financiera internacional, por cuanto esta actividad depende a menudo de la financiación de bancos y otras fuentes del sector privado.

46. El Sr. Do NASCIMENTO (Angola) dice que el Gobierno trabaja para ampliar las pensiones a los trabajadores del sector informal y ha empezado resolviendo la situación de artistas, pintores y músicos. Manifiesta su confianza en que se podrá incluir en un futuro próximo a otras profesiones. La preparación del informe de Angola ha ocupado tres años; el comité que lo ha redactado apenas ha tenido acceso a datos actualizados, e incluso los datos a los que ha accedido tenían, en el mejor de los casos, ocho meses de antigüedad. El auge en el sector de la construcción se ha debido principalmente al gasto público en infraestructuras como puentes, presas, carreteras y vivienda social, y por ello es menos susceptible de verse afectado por los problemas derivados de la crisis financiera.

47. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a hacer preguntas sobre los artículos 10 a 12 del Pacto.

48. El Sr. PILLAY se dice decepcionado porque el Gobierno no ha respondido claramente a una serie de preguntas que figuran en la lista de cuestiones. Toda vez que el Gobierno ha manifestado su compromiso con una estrategia basada en los derechos, apenas ha aportado pruebas de tal enfoque. ¿Cómo se ha animado a los pobres a intervenir en la toma de decisiones con respecto a los programas que les afectan? El Comité de los Derechos del Niño ya se refirió a la falta de datos fiables y desglosados en sus observaciones finales en una fecha tan temprana como 2004, pero desde entonces el Gobierno no ha hecho nada por remediar ese problema. La estrategia de lucha contra la pobreza del Gobierno es, según la información del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y otras fuentes, claramente inadecuada y no ha dado frutos positivos. ¿Qué ha de comentar la delegación al respecto de estos informes?

49. No ha habido mejoras ostensibles en el acceso al agua y el saneamiento desde 1998, y el 85% de la población, según los informes, vive en viviendas rudimentarias o en tugurios. Las preguntas 26 y 27 de la lista de cuestiones se refieren específicamente a problemas relacionados con la seguridad de la tenencia y los desalojos forzados, pero no se les da respuesta en las respuestas del Gobierno. El Comité ha sido informado de que se están llevando a cabo desalojos sin previo aviso ni consultas, sin un procedimiento adecuado ni compensación y sin la oferta de un alojamiento alternativo. Observando que el Gobierno se ha comprometido recientemente a destinar el 10% de los ingresos por petróleo para aliviar la escasez de vivienda en el país, pregunta cuántas unidades de vivienda social siguen siendo necesarias y, en ausencia de estadísticas fiables, cómo prevé resolver el Gobierno ese problema. El Comité ha recibido informes según los cuales hay en el país unas 10.000 personas sin hogar. En opinión de la delegación, ¿son exactas estas estimaciones? Por último, alude a un informe de julio de 2008 titulado “Cultivando el hambre en los campos de diamantes de Angola”, que ha citado la práctica de destruir tierras de cultivo para dejar paso a minas de diamantes. ¿Podría referirse la delegación a ese informe?

Se suspende la sesión a las 12.10 horas y se reanuda a las 12.25 horas.

50. El Sr. RZEPLINSKI pregunta si ha habido nuevos casos de violencia sexual contra trabajadoras migratorias y qué medidas se han tomado para proteger a esas mujeres de los delitos sexuales. Ensalzando la política del Gobierno de intentar garantizar la inscripción del máximo número de niños recién nacidos, pregunta si a los que nacen en campos o en centros de refugiados o de mujeres no angoleñas se les inscribe sin discriminación alguna. Pide más información sobre el número y la situación de los niños de la calle en Luanda, omitidos en la respuesta del Gobierno a las preguntas anteriores a pesar de que el problema es sumamente grave ahí, y pregunta por qué los datos más recientes sobre un asunto tan importante son de hace cinco años.

51. El Gobierno ha señalado acertadamente el impacto negativo de la extracción de diamantes en las comunidades locales y las largas disputas legales que a menudo provoca. Pregunta qué progresos se han hecho en la resolución de esas disputas y cuántas se han solucionado favorablemente para las comunidades tradicionales. Además, pide que se aclare el nombre de la agencia responsable de la concesión de las licencias para la extracción de diamantes y que se detalle el funcionamiento práctico del proceso, así como el número de licencias otorgadas el año pasado.

52. Pregunta qué estrategias de lucha contra la pobreza y mecanismos de supervisión de las mismas se han creado, si se ha creado un organismo particular encargado de la vigilancia y qué resultados se han obtenido. A la vista del objetivo del Gobierno sobre el hambre, pregunta cuánta gente tiene ya acceso a un mínimo de 2.500 calorías por día, cuántos angoleños murieron el año pasado de enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada y qué pasos se están dando para erradicar el problema. En el caso de las granjas gestionadas por compañías extranjeras, ¿cuál es su situación legal? ¿Están obligadas a dar empleo a angoleños y existe alguna restricción sobre el porcentaje de alimentos que pueden dedicar a la exportación?

53. En la cuestión del acceso a agua potable, pregunta cuántos pozos hay en los barrios marginales de Luanda y qué otras grandes ciudades costeras tienen acceso a agua potable y a qué precio.

54. Después de muchos años de guerra, pregunta cuánta gente ha sido víctima de las minas terrestres en los últimos dos años y cuántas nuevas minas terrestres se han descubierto. Asimismo, pregunta cuándo podrá declarar el país que su territorio está libre de minas terrestres.

55. En referencia a los 800 doctores extranjeros que trabajan en Angola, pregunta cuántos trabajan con la gente más pobre y no solamente en las clínicas del gobierno, cuál es la situación en los suburbios y en las zonas rurales y si hay doctores extranjeros trabajando para organizaciones religiosas o humanitarias.

56. Dada la gravedad del problema de la corrupción en Angola, que afecta el futuro del país y los derechos sociales básicos, pregunta si el Gobierno tiene algún plan de acción para combatirla, sobre todo en lo tocante al acceso a los servicios de salud.

57. El Sr. ATANGANA pide más información sobre el número de mujeres asesinadas a causa de la violencia doméstica y sobre la capacitación obligatoria para agentes de policía y fiscales públicos. Insistiendo en la necesidad de tomar medidas concretas para que hacer cumplir las leyes que protegen a los niños de la explotación, pregunta qué resultados se han obtenido en esa esfera.

58. La Sra. WILSON, observando que la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años no ha mejorado desde 1990, pregunta qué prevé hacer el Gobierno para solucionar la situación y qué porcentaje del presupuesto del Estado se destina a pediatría. El programa para personas con discapacidad, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, es digno de reconocimiento, pero parece que ya no está en funcionamiento. Pregunta qué ha sido de él y qué medidas positivas contemplaba para proteger a las personas con discapacidad y salvaguardar sus derechos y su lugar en la sociedad. Pregunta por la incidencia de los trastornos provocados por el estrés posterior al conflicto y cuánta gente afectada por esos trastornos recibe tratamiento.

59. El Sr. SA’DI dice que, a la vista del proceso en curso de construcción de la nación en Angola, deben priorizarse las cuestiones macroeconómicas, aunque esto no exime al Gobierno de su obligación de garantizar el cumplimiento de todos los puntos del Pacto. El Gobierno debe centrarse en varios problemas graves, en especial el abuso generalizado de los niños, relacionado en parte con la hechicería, la falta de leyes que prohíben la trata de personas y el hecho de que Angola todavía no se ha adherido al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la detención de menores junto con adultos en las comisarías de policía y los altos niveles de malnutrición y mortalidad infantil. Se muestra tremendamente sorprendido porque solamente se destina a salud el 2% del gasto público y señala la necesidad de corregir la alta incidencia de la malaria, que es la causa principal de morbilidad, mientras prosigue el proceso de construcción de la nación.

60. La Sra. BONOAN-DANDAN pregunta qué lugar ocupan los derechos económicos, sociales y culturales en la estrategia de lucha contra la pobreza de Angola.

61. La Sra. BARAHONA RIERA pregunta si, a la vista de las grandes dificultades a las que se enfrenta Angola en las esferas de la salud y la educación, el proyecto de nueva Constitución incluirá alguna disposición que garantice que un porcentaje determinado del presupuesto del Estado se destinará a esas áreas. Insiste en que el próximo informe periódico del país debe contener más datos sobre los artículos 3 y 10 del Pacto, sobre los derechos de las mujeres y las familias, que están relacionados con muchos otros artículos. Con sólo el 6% de la población utilizando anticonceptivos y una tasa de fertilidad de 7,2 niños por mujer, el país tiene una necesidad acuciante de un programa eficaz de salud sexual y reproductiva, sobre todo a la vista de sus elevados niveles de pobreza. Pregunta qué medidas se están tomando para distribuir anticonceptivos y si esta cuestión resulta problemática desde la perspectiva de las instituciones religiosas o las costumbres tradicionales. Observando que en las zonas rurales, donde muchas jefas de familia son mujeres, el analfabetismo generalizado entre las mujeres parece contribuir a la pobreza, se interesa por la situación de la mujer con respecto a la propiedad, la obtención de microcréditos y los derechos en general.

62. El Sr. DASGUPTA sugiere que los objetivos actuales de Angola en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio —reducir a la mitad la pobreza y la malnutrición infantil para 2015— son demasiado modestos y que deben ser más ambiciosos y acordes con los progresos alcanzados hasta la fecha, especialmente a la vista del extraordinario potencial del país en términos de riqueza mineral y tierra fértil. Además, el objetivo adicional de educación universal para todos los niños para 2015 presupone unos niveles de nutrición suficientes para que los niños puedan beneficiarse de la escolarización.

63. El Sr. ZHAN Daode llama la atención sobre las elevadas cifras de mortalidad infantil que se dan en el documento básico, que parecen ser el resultado sobre todo de la falta de saneamiento y de un procesamiento inadecuado de los residuos. Pregunta si el Gobierno ha tomado medidas para mejorar la situación y si hay instituciones internacionales implicadas.

64. El Sr. ABDEL-MONEIM pregunta en qué medida las políticas macroeconómicas de Angola ayudarán al país a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 11 del Pacto, especialmente a causa de las disparidades en términos de ingresos que suelen resultar de la privatización y del aumento de la inversión privada, así como de los posibles aumentos en el índice de precios al consumo. Pide más información acerca de si el sistema fiscal del país puede servir para atajar las disparidades en términos de ingresos y sobre el estado de las ayudas a la alimentación que concede el Gobierno.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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