COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA 31 ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el miércoles 5 de noviembre de 2008, a las 10.00 horas.
Presidente: Sr. TEXIER
SUMARIO
Examen de los informes
a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Segundo , tercero y cuarto informes periódicos de Nicaragua (continuación)
* No se levantó acta resumida del resto de la sesión.La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un único documento que se publicará poco después del período de sesiones.GE.08-44941 (EXT)Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES
a)INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (continuación)
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO INFORMES PERIÓDICOS DE NICARAGUA (E/C.12/NIC/4; E/C.12/NIC/Q/4 y Add.1)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Nicaragua toman asiento a la mesa del Comité.
El PRESIDENTE invita a la delegación de Nicaragua a responder a las preguntas formuladas por los miembros del Comité en la sesión anterior relativas a los artículos 10 a 15 del Pacto.
El Sr . SOMARRIBA FONSECA (Nicaragua) dice que, si bien el Gobierno tiene recursos limitados, Nicaragua recibe ayuda de la Alternativa Bolivariana para las Américas y ha iniciado un proceso de agilización de la cooperación exterior para ponerla en consonancia con las necesidades del país. En el presupuesto de 2008 se ha aumentado ya la inversión en salud y educación, que representan respectivamente el 16% y el 15% del presupuesto nacional; en 2009, esos sectores aumentarán de nuevo como porcentaje del presupuesto del Estado en 0,3 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente. Alrededor del 6,1% del presupuesto del Estado para el presente año se destina al servicio de la deuda.
El Sistema Nacional de Salud, principal receptor de financiación con cargo al presupuesto del Estado, presta servicios gratuitos de salud familiar y comunitaria enviando brigadas de salud a las comunidades más aisladas del país, incluidas las indígenas. Se concede prioridad a la prestación de servicios a los niños, las mujeres y los adultos mayores. Participan en el programa unos 1.000 médicos, que en los 10 primeros meses de 2008 realizaron 63.000 consultas, más de 2.200 intervenciones quirúrgicas y 2.300 ecografías. Esos servicios son complementarios de los que se prestan en los hospitales y centros de salud que dependen del Ministerio de Salud.
Desde 1987 se han registrado en Nicaragua 3.465 casos de VIH o SIDA, y en 723 de ellos el paciente murió. Un estudio reciente de mujeres y muchachas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años puso de manifiesto que el 97% tenían conocimiento de un medio de prevención por lo menos y el 16% se habían sometido a una prueba del VIH. Nicaragua ha aprobado una ley para promover, proteger y defender los derechos humanos en relación con el SIDA y está aplicando una política orientada a garantizar la igualdad de acceso a la prevención y el cuidado de la salud para hombres y mujeres. En 2007 se celebraron en Nicaragua dos importantes manifestaciones regionales dedicadas a las personas afectadas por el SIDA, que contribuyeron a aumentar la sensibilización sobre la necesidad de combatir la discriminación y cambiar la actitud de la población hacia la enfermedad.
En 2007, el Gobierno aprobó una Ley General de aguas nacionales, que rige todos los usos del agua y por la que estableció entre otras cosas la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario como organismo encargado de la elaboración de políticas en esa esfera.
El Sr. CRUZ TORUÑO (Nicaragua) dice que entre 2007 y 2008 el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica dio como resultado una duplicación de las inversiones en las zonas de elaboración para la exportación. Gracias a ello se crearon miles de puestos de trabajo y hubo un efecto muy positivo en algunos sectores de la economía, pero por desgracia no se ha presentado a la delegación un panorama general de todas las repercusiones del Acuerdo en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Aunque Nicaragua no ha ratificado el Convenio num. 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, el Presidente ha declarado que el país examinará su posición con respecto a ese instrumento internacional y a otros muchos; además, en la legislación nacional nicaragüense se estipulan muchas de las garantías establecidas en el Convenio. Por ejemplo, la legislación nicaragüense contiene disposiciones en materia de seguro de maternidad, licencia de maternidad, que se duplica en el caso de partos múltiples, y otras formas de protección de la trabajadora cuando tiene lugar el parto, por ejemplo prestaciones por maternidad. En 2006 se beneficiaron de las prestaciones por maternidad unas 11.000 mujeres, y en 2007 la cifra aumentó a más de 15.000. También ha aumentado la cantidad que se entrega a las beneficiarias.
Si bien en la práctica ha existido la discriminación en el mercado laboral, la ley prohíbe la discriminación basada en el género, y los hombres y las mujeres tienen derecho a la igualdad de remuneración y prestaciones por el mismo trabajo tanto en el sector público como en el privado. Nicaragua no tiene un programa específico para afrontar los efectos de la presente crisis financiera mundial. Por el momento no se han registrado cambios perceptibles en la cuantía de las remesas que llegan al país. El salario mínimo no cubre la compra de la canasta básica de alimentos.
Con respecto a la migración y los derechos de los niños migrantes, Nicaragua es principalmente un país de origen, pero también es un país de acogida no sólo de migrantes en tránsito, sino también de un pequeño número de trabajadores migrantes agrícolas de las plantaciones de azúcar y café. Esos trabajadores no suelen venir al país con sus familias y el Gobierno no tiene registro de ellos ni de sus acompañantes.
La Sra. CRUZ CHIRINO (Nicaragua) dice que el objetivo del Plan nacional de desarrollo humano es facilitar el desarrollo de manera que se reduzca la pobreza, por ejemplo mediante programas del Gobierno que proporcionen educación, atención sanitaria y servicios públicos gratuitos. El propio Plan se elaboró tras consultar con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG), agrupaciones juveniles, pequeñas y medianas empresas agrícolas, asociaciones de artesanos, cooperativas y asociaciones de empleadores, así como representantes de la población que vive en la costa atlántica. En 2010 se celebrará un acto especial para evaluar los progresos realizados en la aplicación del Plan.
El 65% de la población tiene unos ingresos inferiores a dos dólares EE.UU. al día, incluido un 35% aproximadamente que vive con menos de un dólar al día.
La búsqueda de suficientes recursos para aplicar el Plan de manera adecuada puede resultar difícil, sobre todo a la vista de los efectos negativos de la crisis de energía, el huracán Félix y la crisis financiera mundial. Se están adoptando medidas para aumentar la sensibilización entre la comunidad empresarial y la población en general sobre la necesidad de pagar impuestos, a fin de poder canalizar más ingresos hacia actividades de desarrollo; se está fomentando la producción de alimentos, en particular por microempresas y pequeñas y medianas empresas; y se buscan mayores inversiones de fuentes tanto públicas como privadas. Se están armonizando la coordinación y la cooperación internacionales. Se están adoptando medidas a fin de evaluar el nivel de recursos que se necesitará para aplicar el Plan según lo previsto hasta 2012.
La Sra. MEDAL GARRIDO (Nicaragua) expone los 12 objetivos básicos de la estrategia nacional de género, que se han de aplicar en todos los ministerios con el fin de convertir a la mujer en una fuerza para el cambio en el país. Muchas mujeres de Nicaragua son cabeza de familia y pueden contribuir al desarrollo socioeconómico con una ayuda adecuada del Gobierno. Los distintos programas de lucha contra la pobreza existentes en el país ya están dando resultados positivos y se están ampliando.
La cuantía del presupuesto asignado a los anticonceptivos aumentó de 9.000 dólares EE.UU. en 2006 a 688.000 en 2008, lo que refleja la importancia que el Gobierno concede a la educación sexual. También han aumentado los recursos destinados a la salud de la mujer, en particular la atención y exploración obstétricas y el tratamiento del cáncer del cuello del útero.
El hecho de poner al Instituto Nicaragüense de la Mujer bajo la autoridad directa de la Presidencia ciertamente no compromete su independencia, sino todo lo contrario. El objetivo es aumentar su importancia y destacar su función en el restablecimiento de los derechos de la mujer. El Gobierno sigue estando plenamente comprometido con los objetivos, la visión y el cometido del Instituto.
Con respecto al aumento aparente del 36% de la violencia doméstica contra la mujer, indica que la cifra es más indicativa de un aumento de las denuncias y habría que verla de manera positiva, puesto que pone de manifiesto que las campañas para aumentar la sensibilización están dando resultados y las mujeres comienzan a sentirse más seguras a la hora de denunciar tales delitos a las autoridades competentes, confiando en que serán escuchadas y se castigará a los infractores. La creación de comisarías de la mujer es una práctica innovadora que ya han seguido otros países de la región.
El Sr. ROBELO RAFFONE (Nicaragua), señalando que gran parte del progreso socio-económico conseguido por la Revolución Sandinista, sobre todo en el ámbito de la educación, se perdió durante los 16 años de gobierno neoliberal, confirma que la educación está incluida en el Plan nacional de desarrollo humano, puesto que se reconoce como un factor esencial en el desarrollo de todos los ciudadanos. Aunque será difícil solucionar completamente el problema del analfabetismo, sobre todo por razones técnicas y logísticas, cabe esperar que la Campaña nacional de alfabetización, componente fundamental del plan de desarrollo institucional de Nicaragua para 2008-2010, permitirá realizar importantes progresos. Durante 2007 y 2008, los niveles nacionales de analfabetismo se redujeron alrededor de un 13% y 32 distritos se declararon libres de analfabetismo. Se está unificando el funcionamiento del Consejo Nacional de Alfabetización con el de los órganos de alfabetización a nivel nacional, regional y local para garantizar sus actividades. Se ha prestado particular atención a la alfabetización de los discapacitados, incluso mediante la introducción del método Braille. En noviembre y diciembre de 2007 se llevó a cabo en todo el país un censo de alfabetización para todos los habitantes de edades comprendidas entre 3 y 18 años, aunque no fue posible llegar hasta algunas comunidades muy aisladas. El orador entregará al Presidente algunos resultados de la encuesta por escrito.
El 15% del presupuesto nacional propuesto para educación en 2008 representa un aumento del 2% sobre 2007 y del 15% con respecto a 2006. El presupuesto propuesto también incluye 50 millones de córdobas para la educación bilingüe intercultural, que el Gobierno respalda a fin de brindar oportunidades importantes a los pueblos indígenas. Se está trabajando en la elaboración de un programa de estudios que responda tanto a las necesidades de armonización como a las de una educación primaria bilingüe, sobre todo en la costa del Caribe, y en algunas zonas se ha establecido un curso universitario de educación bilingüe.
Con los distintos gobiernos neoliberales se privatizaron numerosas escuelas, si no por ley sí en la práctica, mediante la introducción de la práctica de solicitar contribuciones “voluntarias” a los padres, evidentemente para reducir los costos públicos. Como consecuencia del impago de tales contribuciones, con frecuencia los niños quedaban excluidos de las escuelas. Esa política discriminaba a las familias más pobres y restringía el acceso a la educación, y ahora se ha abandonado. Las escuelas de enseñanza primaria y secundaria son de nuevo gratuitas y la escolarización en primaria es obligatoria. Uno de los próximos retos del Gobierno será completar la construcción de unas 3.000 escuelas inacabadas que se comenzaron en administraciones anteriores, para lo que recibe asistencia de Cuba.
La Sra. LOVO HERNÁNDEZ dice que la enseñanza privada no está contemplada en la legislación, y que en la Constitución sigue consagrado el principio de la educación gratuita y obligatoria. Los derechos de matrícula “voluntarios” establecidos por el Gobierno anterior se habían convertido en la práctica en un sistema de derechos obligatorios, que el Gobierno actual está en proceso de eliminar, realizando campañas de sensibilización sobre la gratuidad de la enseñanza y la necesidad de que los padres - incluso los que viven en la pobreza - envíen a sus hijos a la escuela. No se cobra el material escolar y los niños no necesitan llevar uniforme.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está celebrando consultas con varias instituciones nacionales para promover la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En la actualidad hay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 28 reclamaciones relativas a Nicaragua, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos. En esos dos casos, que se refieren a la población indígena y que YATAMA y la comunidad Awas Tingni han presentado contra el Estado de Nicaragua, la Corte decidió en contra de Nicaragua. Aunque el Estado parte ha cumplido ya ciertos aspectos del fallo de la Corte, pasará algún tiempo antes de que se pueda efectuar la reforma necesaria de la ley electoral.
Con respecto a las sanciones establecidas en la legislación para los delitos sexuales contra niños, dice que el abuso sexual, definido en las disposiciones del Código Penal revisado sobre delitos contra la libertad sexual, se castiga con penas de reclusión de cinco a siete años (siete a 12 años si va acompañado de violencia) y se imponen las condenas máximas si la víctima es una niña, un niño o un adolescente. Si la víctima tiene menos de 14 años o una discapacidad física o mental no es necesario establecer la falta de consentimiento, que es un componente de la definición de abuso sexual. En el artículo 168 del Código Penal se establecen penas de reclusión de 12 a 15 años para la violación de menores de edad inferior a los 14 años, con independencia de que la víctima haya dado o no su consentimiento.
Se tenía intención de garantizar la armonización entre el Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero tal vez se requiera todavía la revisión de algunos aspectos relativos a la edad de los menores. En la actualidad, la mayoría de edad varía en función del contexto; por ejemplo, para los derechos civiles y políticos (acceso a los documentos de identidad, derecho al voto, etc.) es de 16 años; en general se alcanza a los 21; y la edad de consentimiento para el matrimonio es de 18 años en las mujeres y 21 en los hombres.
Sobre la cuestión de los pueblos indígenas y su acceso a los títulos de propiedad de las tierras, dice que el actual Gobierno está haciendo todo lo posible para promover y garantizar los derechos de esos pueblos. El proyecto de legislación para el reconocimiento de los pueblos indígenas, que incluye disposiciones sobre las cuestiones relativas a la propiedad, está actualmente en la Asamblea Nacional. Hay más de tres demandas judiciales contra el Estado parte relativas a conflictos de tierras comunales, presentadas por pueblos indígenas de las regiones del Pacífico, Centro y Norte. El Gobierno está trabajando para buscar soluciones administrativas, en particular el examen de los archivos del registro de tierras mantenidos por las comunidades indígenas y el establecimiento de normas y reglamentos apropiados. Sin embargo, el proceso es largo y complejo.
En una audiencia pública reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se planteó el problema del hacinamiento en los lugares de detención en Nicaragua, sobre todo en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. La región autónoma del Atlántico Sur tiene una prisión, mientras que la del Atlántico Norte, que es más remota, no tiene ninguna. Debido a esa situación, las personas arrestadas por haber cometido un delito en la Región Autónoma del Atlántico Norte quedan detenidas en estaciones de policía y no en prisiones, infringiendo la legislación vigente. Para corregir esa situación, el Ministerio del Interior ha convertido en una de sus prioridades la construcción de prisiones en ambas regiones. Mientras tanto, se están adoptando medidas para mejorar la infraestructura de la policía, a fin de aliviar la situación del hacinamiento en las estaciones de policía.
El Gobierno ha conseguido importantes progresos en materia de vivienda. En la actualidad hay un déficit de casi un millón de viviendas. Solamente el 22,5% de las viviendas existentes, 1.100.000, están en buenas condiciones; el 47% están en unas condiciones intermedias; y el 31 por ciento en malas condiciones.
En los últimos años han proliferado los proyectos de construcción de viviendas, pero en el sector privado. La mayoría de la población - de la que dos tercios vive en la pobreza - no se puede permitir los elevados pagos mensuales de la hipoteca que requiere la compra de esas casas.
Si bien esos factores representan una solución para los problemas de vivienda, no abordan las necesidades de los sectores más pobres de la población. Sin embargo, el Plan de desarrollo humano está concebido particularmente con ese fin. Habida cuenta de que el Gobierno solamente dispone de un pequeño presupuesto con el que debe resolver todos los problemas de la nación, es importante establecer prioridades con respecto a la vivienda. Por consiguiente, se han establecido dos proyectos: uno, denominado “Una casa para el pueblo”, se concentra en la construcción de viviendas para las personas de bajos ingresos que no poseen una parcela de tierra sobre la que construir, y el otro, denominado “Una casa mejor”, facilita financiación con un interés bajo y subvenciones directas a las familias de bajos ingresos.
En respuesta a una pregunta planteada sobre la legislación relativa al aborto, aclara que en ninguna etapa tienen prohibido los médicos prestar asistencia de urgencia a las mujeres cuya salud está en peligro. Se prohíbe a los profesionales de la salud y a la las propias mujeres participar en el aborto voluntario. Señala a la atención los artículos 143 a 145 del nuevo Código Penal, que establecen las sanciones respectivas para las personas que participan en el aborto, realizan un aborto sin el consentimiento de la mujer o provocan un aborto por negligencia. Las nuevas disposiciones relativas al aborto se aprobaron en la Asamblea Nacional por mayoría parlamentaria, por lo que reflejan las opiniones de la mayoría de la población nicaragüense. La mayor parte de la población de Nicaragua considera que el control de la natalidad no se debe conseguir mediante el aborto, sino mediante la prevención, utilizando anticonceptivos. Durante muchos años se permitió el aborto terapéutico, pero ahora la situación ha cambiado; dado que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas, el aborto es un tema abierto que estará constantemente sujeto a debate. Si en el futuro surge una mayoría en favor del aborto terapéutico, en ese caso se modificará de nuevo la legislación. El Gobierno está obligado, mediante el sistema de salud, a promover todos los métodos de control de la natalidad, pero el aborto no es uno de ellos. Los centros de salud de las comunidades locales organizan charlas de orientación prenatal y atienden las necesidades médicas básicas de las mujeres embarazadas, pero también asesoran sobre anticonceptivos. Aunque la religión no ejerce una influencia directa en la opinión de los ciudadanos sobre el aborto, el hecho de que el 90% de los nicaragüenses pertenezcan a una iglesia de alguna denominación significa que la religión probablemente influye en los valores morales de la población.
La Sra. BARAHONA RIERA, observando que según algunas confesiones religiosas tampoco se deben permitir anticonceptivos como los preservativos y la píldora, pero que no se mencionan en la legislación, pide detalles sobre la política estatal en materia de anticonceptivos, por ejemplo si se distribuyen gratuitamente o a los médicos.
La Sra . LOVO HERNÁNDEZ (Nicaragua) confirma que los anticonceptivos no están prohibidos. Sin embargo, es cierto que una parte del 90% de los nicaragüenses que pertenecen a una iglesia no los utilizan porque son inaceptables en el catolicismo. El Estado promueve la utilización de anticonceptivos y su política se concentra en las charlas que se ofrecen a las mujeres en los centros de salud y en la distribución de la píldora anticonceptiva como método de control de la natalidad. Los preservativos no se distribuyen gratuitamente, pero son fáciles de conseguir y poco costosos.
La Sra . MEDAL GARRIDO (Nicaragua) dice que el Gobierno concentra sus esfuerzos en la prevención. La financiación de anticonceptivos con cargo al presupuesto de salud ha registrado un aumento considerable, pasando de 9.000 dólares EE.UU. en 2006 a 688.000 en 2008. Aunque es cierto que el Estado no tiene recursos para distribuir preservativos gratuitamente, gracias a la ayuda de las ONG y la comunidad internacional normalmente se distribuyen en las instituciones de enseñanza superior. La educación sexual forma parte del programa de estudios escolar y se organizan campañas de salud sexual en la radio y la televisión y mediante charlas comunitarias.
La Sra . WILSON dice que ha tomado nota con interés de las observaciones del Estado parte sobre el aborto y que está de acuerdo en que el aborto no debería ser una forma de control de la natalidad. Sin embargo, puntualiza que las preocupaciones del Comité se referían al aborto terapéutico, en el caso de víctimas de violación o incesto. La derogación de la ley está obligando a mujeres desesperadas en esa situación a practicar un aborto ilegal o a viajar a un país en el que el aborto sea legal. En esos casos, la cuestión del control de la natalidad carece de importancia, puesto que la mujer afectada no tenía elección.
La Sra. LOVO HERNÁNDEZ (Nicaragua) aclara que el aborto terapéutico es ilegal en el Estado parte incluso en las circunstancias descritas. Esa es la situación con la legislación actual, que refleja la voluntad del pueblo. Sin embargo, si la voluntad del pueblo cambia, la cuestión se volverá a examinar.
El Sr. ROBELO RAFFONE (Nicaragua) agradece al Comité la cuidadosa atención que ha prestado durante todo el examen del informe de su país. Nicaragua reconoce la importancia del proceso de examen como la vía principal de vigilancia del cumplimiento del Pacto y de las obligaciones asumidas por los Estados partes. En su condición de embajador y de ciudadano, reconoce la necesidad de los órganos internacionales para garantizar los derechos humanos básicos. A pesar de las grandes dificultades que afronta su Gobierno en la actualidad, tras 16 años de políticas neoliberales que se concentraban en satisfacer los intereses de unos pocos, tiene el firme compromiso de luchar sin descanso contra la pobreza y por la libertad. El Estado parte es perfectamente consciente de que vivir con hambre es vivir sin libertad.
El PRESIDENTE da las gracias a la delegación por responder a las preguntas del Comité y está de acuerdo en que el compromiso de luchar contra la pobreza es indudablemente fundamental para conseguir la libertad.
El debate abarcado por el acta concluye a las 12.15 horas .
-----