Comité d e Derechos Económicos, Sociales y Culturales

48º período de sesiones

Acta resumida de la novena sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 4 de mayo de 2012, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Nueva Zelandia

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas .

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Nueva Zelandia (E/C.12/NZL/3); documento básico; (HRI/CORE/NZL/2010); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/NZL/Q/3); respuestas escritas del Gobierno de Nueva Zelandia a la lista de cuestiones (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1 – inglés únicamente)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Nueva Zelandia toma asiento a la Mesa del Comité .

2.El Presidente da la bienvenida a la delegación de Nueva Zelandia y la invita a presentar el tercer informe periódico del Estado parte.

3.La Sra. Power (Nueva Zelandia) dice que su país tiene 4 millones de habitantes, principalmente de origen maorí, europeo, asiático y de las islas del Pacífico. Los maoríes, que representan un 15% aproximadamente de la población, son una comunidad pujante que va en aumento.

4.El Gobierno atribuye gran importancia al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tanto las dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto) como las de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha contribuido activamente a elaborar y en los que es parte.

5.La estructura constitucional de Nueva Zelandia es única porque se basa en textos concretos para la protección de los derechos humanos, como la Carta de Derechos (Bill of Rights Act) de 1990 y otros instrumentos y prácticas que salvaguardan los derechos fundamentales, en el respeto de los principios del Tratado de Waitangi, por el que se rigen las relaciones con los maoríes desde 1840.

6.En el plano nacional, hace ya mucho tiempo que en Nueva Zelandia el ejercicio de los derechos humanos está garantizado por una serie de órganos estatales, como la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina de los Ombudsmen, la Dirección Independiente de Control de la Acción Policial, así como de organizaciones no gubernamentales (ONG). El poder judicial es totalmente independiente. Más en general, la transparencia de la acción gubernamental, una fuerte tradición de acceso a las instituciones públicas, además de una sociedad civil vigorosa ofrecen muchas vías de expresión y participación en la vida pública.

7.En el período que se examina, Nueva Zelandia ha tomado varias medidas para reforzar la aplicación del Pacto: reforma de la asistencia social, nuevas leyes sobre el trato de los reclusos, medidas para la protección de la infancia, medidas sobre las uniones civiles y fortalecimiento de las leyes contra la discriminación. En la Ley de inmigración, que entró en vigor a fines de 2010, deja de considerarse una infracción la escolarización de un niño en situación irregular; además, la Ley faculta a la Comisión de Derechos Humanos para ocuparse de asuntos de inmigración y recibir y dar a conocer declaraciones sobre las cuestiones que afectan a los derechos humanos, investigar sobre toda cuestión, práctica o procedimiento que pueda vulnerar los derechos humanos, e informar al Primer Ministro sobre estos asuntos. Nueva Zelandia sigue concediendo permisos de trabajo abiertos a la mayoría de los solicitantes de asilo, y permitiéndoles que soliciten prestaciones, si procede. Desde marzo de 2012 cada integrante de un grupo familiar en edad de trabajar que solicite la condición de refugiado o de amparado tiene derecho a obtener un permiso de trabajo.

8.Desde el final del período que abarca el tercer informe periódico, Nueva Zelandia ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la Convención para reducir los casos de apatridia. En 2010 expresó su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

9.Durante el examen de mitad de período del Plan de acción de Nueva Zelandia para los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia determinó que había importantes iniciativas, prácticamente en todos los ámbitos prioritarios señalados, en particular el reconocimiento del lenguaje de signos neozelandés como idioma oficial del Estado; la licencia parental remunerada; las disposiciones para reducir la violencia contra los niños y los jóvenes; y las medidas de reducción de la pobreza, en particular el aumento del salario mínimo.

10.El Gobierno también estableció diez objetivos ambiciosos para el sector público que se han de lograr en los próximos tres a cinco años, y de los que los ministros y las personas nombradas deben rendir cuentas. Se agruparon en cinco temas: reducción de la dependencia de larga duración, apoyo a los niños vulnerables, dinamización de las competencias y el empleo, lucha contra la delincuencia y mejora de la interacción con el Estado.

11.El Sr. Kedzia (Relator para el país) recuerda la recomendación del Comité de 2003 por la que se pedía al Estado parte que reconsiderara su posición con respecto a la posibilidad de invocar los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales (E/C.12/2003/14, párr. 194) y la recomendación 17 del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, formulada tras el examen de 2009 (A/HRC/12/8, párr. 81), que adoptaba una posición análoga. Agradecería que la delegación comentara las respuestas dadas entonces por el Estado parte (E/C.12/NZL/3, párr. 26; y A/HRC/12/8/Add.1, párr. 15), y las rectificara, si procede, a la luz de la jurisprudencia, a fin de arrojar luz sobre el papel de los derechos amparados por el Pacto. También está interesado por la posibilidad de establecer un mecanismo para notificar al Parlamento posibles contradicciones entre la legislación nacional y el Pacto.

12.En cuanto a la "jurisdicción dualista" que se menciona en el párrafo 19 del informe, el orador pregunta a la delegación si el Gobierno tiene previsto estudiar la posibilidad de incorporar los derechos consagrados en el Pacto en la Carta de Derechos, que actualmente se refiere principalmente a los derechos civiles y políticos.

13.Por último, recordando que el Estado parte no aceptó la recomendación del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto, pero no excluyó la posibilidad de volver a examinar la cuestión (A/HRC/12/8/Add.1, párr. 4), el Sr. Kedzia se permite preguntar si se ha avanzado algo al respecto. Si el Estado parte sigue mostrándose reacio, desearía saber cuáles son sus razones.

Artículos 1 a 5

14.El S r. Dasgupta, observando que el Estado parte asigna actualmente menos del 0,3% de su producto interno bruto a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), que es menos de la mitad del objetivo de las Naciones Unidas del 0,7% para 2015, pregunta si se han adoptado medidas para cumplir con este compromiso.

15.La Sra. Shin, que está de acuerdo con las observaciones del Sr. Kedzia, pregunta si el Gobierno ha aprobado el Plan de acción de Nueva Zelandia para los derechos humanos y, en caso afirmativo, mediante qué procedimiento. Observa que el cargo de Comisionado de Salud y Discapacidad es un puesto a tiempo parcial y confía en que se convierta en puesto de dedicación plena. También considera que el Estado parte puede y debe esforzarse más por proteger a las minorías de la discriminación, en particular a los maoríes y las poblaciones insulares del Pacífico, y también a las mujeres. Por último, se pregunta si el Estado parte está dispuesto a aplicar los principios del diseño universal en la reconstrucción de Christchurch, destruida por un terremoto el año pasado.

16.El Sr. Schrijver pregunta cuál es la incidencia de la privatización de empresas que explotan los recursos de energía terrestres o marinos en el derecho de los pueblos indígenas, en particular de los maoríes, a utilizar sus recursos naturales. Apoya la observación del Sr. Dasgupta sobre la AOD y desearía saber si la asistencia del Estado parte está supeditada a la incorporación de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales.

17.El Sr. Sadi pide información sobre la índole de la relación del 15% de maoríes con el resto de la población de Nueva Zelandia y pregunta si hay una política de integración o asimilación, por ejemplo por medio de matrimonios intercomunitarios. Se pregunta si la inmigración queda realmente fuera de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia. Quisiera saber cómo se enseñan los derechos humanos y en qué etapa de los estudios, si se mencionan los derechos enunciados en el Pacto y si se sensibiliza a los magistrados, los miembros del poder judicial y los juristas sobre estos derechos. Se pregunta en qué forma han incidido las privatizaciones en la aplicación del Pacto. Por último, pregunta si es verdad que el Tratado de Waitangi no permite a los maoríes pedir indemnización por las violaciones de sus derechos.

18.El Sr. Ribeiro Leão pide más información sobre la forma en que las distintas autoridades del Estado gestionan la interacción entre la aplicación gradual de los derechos y la no discriminación.

19.El Sr. Abashidze , que vuelve a la cuestión del obstáculo que suponen las especificidades del ordenamiento jurídico del país para la aplicación de los instrumentos internacionales, pregunta hasta qué punto se han incorporado en la Ley de derechos humanos de 1993 los derechos consagrados en el Pacto. Habida cuenta del número de órganos que tienen por misión la defensa de los derechos humanos, quisiera saber cómo verifica el Gobierno de Nueva Zelandia que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales.

20.El Sr. Riedel dice que le parece extraño que un Estado parte en el Pacto aborde una de las disposiciones del instrumento, concretamente el artículo 2, párrafo 1, casi como si no fuera una resolución vinculante. Recordando que en 2009 ese Estado parte aceptó que debía tener en cuenta las recomendaciones 19 y 20 del Examen Periódico Universal (A/HRC/12/8/Add.1, párr. 17), se pregunta qué medidas específicas ulteriores se han adoptado.

21.El Sr. Keith (Nueva Zelandia) dice, que de conformidad con su Constitución, Nueva Zelandia comprobó la compatibilidad de su legislación con el Pacto antes de ratificar el instrumento en 1978. La aplicación de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos es un proceso permanente que tiene por fin implantar los mecanismos más eficaces para garantizar el ejercicio de cada uno de los derechos. Nueva Zelandia ha reafirmado constantemente desde 1948 la indivisibilidad de los derechos civiles y sociales mediante numerosas políticas y programas públicos. Si bien Nueva Zelandia tiene una jurisdicción dualista, por la que los instrumentos internacionales no tienen efecto directo en el plano nacional, sino que se aplican mediante leyes y otras medidas, reconoce que su país no cuenta con un único texto que establezca los derechos consagrados en el Pacto. No obstante, varias disposiciones legislativas que abarcan, entre otras cosas, la salud, la educación y la seguridad social, garantizan los derechos y establecen las obligaciones del Estado, así como los mecanismos de recurso. Los tribunales recurren con frecuencia al Pacto para el análisis interpretativo, y en determinados casos, que se mencionan en el informe, como Lawson v . Housing New Zealand, los propios tribunales se declararon incompetentes, ya que no podían dictar un fallo sobre una decisión política. A la inversa, en otros casos los tribunales han invocado las disposiciones de un instrumento internacional de derechos humanos, como el Tribunal Superior que recientemente invocó el derecho a la seguridad social amparado por el Pacto en un caso relativo al pago de prestaciones.

22.Los integrantes del poder judicial reciben formación sobre todos los instrumentos de derechos humanos. Los ciudadanos pueden acceder a varios mecanismos de apelación oficiosos, como el Comisionado de Salud y Discapacidad que tiene competencia para recibir denuncias de violaciones del Código de derechos de los pacientes y se encarga de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud.

23.Nueva Zelandia no tiene interés en promocionar algunos derechos en detrimento de otros, sino en orientar mejor el gasto, en particular el gasto social, lo que exige un mecanismo especial en cada ámbito para supervisar la puesta en práctica de las nuevas medidas. Los procedimientos para examinar las denuncias de particulares tienen por fin velar por que cada individuo pueda interponer recursos y obtener realmente daños y perjuicios o una reparación efectiva. El Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos decide sobre las denuncias de violaciones de la Ley de derechos humanos, la Ley de protección de la vida privada y el Código de derechos de los pacientes.

24.En toda propuesta política del Estado sobre los derechos económicos, sociales y culturales debe incluirse expresamente una referencia a las disposiciones del Pacto. Las propuestas se elaboran conjuntamente con la sociedad civil en total transparencia y sobre una base empírica. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia lleva a cabo actualmente un estudio sobre la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos. No es competente para decidir sobre los casos de inmigración, que incumben a otros órganos y a los tribunales ordinarios.

25.Tal como se afirma en las observaciones sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/12/8/Add.1), Nueva Zelandia acepta solo parcialmente la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales deben llevarse a la práctica mediante su incorporación en la legislación nacional para que se puedan invocar ante los tribunales, ya que tiene la firme convicción de que la única forma de garantizar la observancia de estos derechos es mediante leyes sobre temas específicos.

26.Nueva Zelandia, que ha participado activamente en la redacción del Protocolo Facultativo del Pacto, no desea ratificar el instrumento, pero podría reconsiderar su posición. El Gobierno concede la mayor importancia a los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia y a los estudios ocasionales sobre la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos humanos. Para Nueva Zelandia, la aplicación gradual de los derechos no significa hacer efectivos los derechos según las circunstancias del caso, uno tras otro, sino su aplicación de forma sistemática y permanente. Las normas establecidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos figuran en los planes de estudio escolares. Para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno ha optado por adoptar medidas sociales en el momento de privatizar empresas, en vez de prestarles asistencia.

27.El Plan de acción de Nueva Zelandia para los derechos humanos, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, formaba parte de una serie de reformas y políticas públicas. En 2008 la Comisión de Derechos Humanos llevó a cabo un examen de mitad de período sobre los progresos realizados en las 178 prioridades del Plan de acción del Gobierno: se han logrado 22, 132 están en marcha y 24 están amenazadas por la falta de la correspondiente política pública. El Parlamento estudia actualmente si la Comisión puede decidir sobre las vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad.

28.El examen de la Constitución ha sido llevado a cabo por un órgano independiente que en la actualidad elabora propuestas de enmiendas. El Tratado de Waitangi es parte integrante de la Constitución de Nueva Zelandia. El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha sido ratificado porque, tras consultar con los representantes maoríes, se determinó que no era conforme al modelo del Estado y las relaciones con los pueblos indígenas, basado en las disposiciones del Tratado de Waitangi, que tiene rango constitucional. El Tribunal de Waitangi es una comisión permanente de investigación cuyo cometido es formular recomendaciones sobre las denuncias de los maoríes sobre el incumplimiento de promesas hechas por la Corona en el Tratado de Waitangi. Nueva Zelandia se opone a todas las políticas de asimilación o integración y reconoce la identidad maorí como tal. La población maorí, en su condición de población indígena de Nueva Zelandia, disfruta de derechos específicos. El Tribunal de Waitangi publicó recientemente el informe Wai 262 sobre las reformas a las que se han de someter las leyes y las políticas sobre la cultura maorí. El Tribunal de Waitangi ha devuelto a los maoríes determinadas tierras que reclamaban desde hacía tiempo, o ha pagado una indemnización por ellas. También se han devuelto algunas tierras con una significación espiritual.

29.En lo que respecta a la prospección de petróleo y gas, los tribunales se encargan de controlar que se respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades maoríes afectadas. Si bien la AOD disminuyó efectivamente entre 2008 y 2009, Nueva Zelandia la volvió a aumentar posteriormente. El organismo neozelandés encargado de administrar la AOD ha establecido una guía de referencia para incorporar los derechos humanos.

30.La Sra. Power (Nueva Zelandia) destaca el alcance de las leyes en vigor para luchar contra la discriminación y reconoce que se podrían adoptar nuevas medidas para los maoríes y las personas con discapacidad. El Gobierno tiene la firme voluntad de crear viviendas sociales sostenibles con fondos públicos, teniendo en cuenta los principios del "diseño universal" y la estrategia para personas con discapacidad que está en vigor desde 2001.

31.El Sr. Riedel pregunta qué lugar ocupan los derechos económicos, sociales y culturales en el arsenal de procedimientos oficiosos del Estado parte. Acoge con satisfacción el papel activo y constructivo que Nueva Zelandia ha desempeñado en la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto y recuerda la declaración del Comité sobre la evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el "máximo de los recursos de que disponga" de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto (E/C.12/2007/1), y pregunta si la posición del Estado parte respecto de la ratificación de ese instrumento ha evolucionado desde 2009.

32.El Sr. Sadi pide a la delegación que proporcione información detallada sobre la forma en que se ha consultado a las ONG durante la redacción del informe.

33.El Sr. Kedzia (Relator parte el país) pide a la delegación que explique de qué forma los derechos civiles y políticos se distinguen de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si las atribuciones del Fiscal General de informar al Parlamento sobre las incompatibilidades entre la legislación y los compromisos internacionales del Estado parte se limita a la primera categoría sin hacerse extensiva a la segunda, significa que las dos categorías de derechos no gozan del mismo grado de protección.

34.El Sr. Keith (Nueva Zelandia) dice que el Manual del Consejo de Ministros (Cabinet Policy Manual) prevé una evaluación global de la compatibilidad de las propuestas políticas con las obligaciones internacionales, sin distinción del tipo de derechos. En cuanto al Protocolo Facultativo, el Gobierno de Nueva Zelandia tiene un profundo interés por la labor realizada, en particular la Declaración del Comité (E/C.12/2007/1), y también seguirá atentamente de qué forma el Comité lleva a cabo su cometido en relación con el Protocolo Facultativo.

35.En el contexto de un ordenamiento jurídico limitado como el de Nueva Zelandia, las costas judiciales así como la importante carga que los procedimientos judiciales suponen para los individuos, obligan a adoptar un planteamiento relativamente flexible que dé primacía al fondo de un asunto, lo que de ningún modo impide examinar la necesidad de implantar mecanismos más sistemáticos. En términos generales, en lo que respecta al rango que se otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, Nueva Zelandia acepta plenamente la indivisibilidad de todos los derechos humanos. En lo que respecta al proceso de consulta de las ONG para los informes periódicos redactados recientemente, ha consistido en pedir contribuciones a los aliados de la sociedad civil, redactar un proyecto de informe en el que se tomaron en consideración sus observaciones, y luego someterlo a su aprobación. La transparencia del proceso de consulta y de presentación del proyecto se puede verificar fácilmente.

Artículos 6 a 9

36.El Sr. Texier pregunta si la considerable tasa de desempleo de 2007 (E/C.12/NZL/3, párr. 51) ha vuelto a aumentar y si ha variado la diferencia entre hombres y mujeres, y entre los maoríes y el resto de la población.

37.Recordando la observación de 2011 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre el Convenio Nº 100 sobre igualdad de remuneración de la OIT, según la cual la legislación de Nueva Zelandia se limita a establecer el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por el mismo, o similar, trabajo, lo que es más restrictivo que la expresión "trabajo de igual valor" que estipula el Convenio, el orador quisiera saber si el Estado parte considera que estas leyes son perfectamente compatibles con el concepto de igualdad de remuneración que prescribe el artículo 7 del Convenio. También pregunta cuál es la situación en lo que respecta a la diferencia de remuneración entre los sexos que en 2009 era más pronunciada en el sector público (15%), que en el sector privado (11%).

38.El Sr. Texier también agradecería información sobre el número máximo de horas de trabajo semanales que, según los sindicatos neozelandeses, llega hasta las 70 horas, o no se especifica en algunos convenios colectivos. En vista de la razón alegada en el párrafo 210 del informe, para no ratificar el Convenio Nº 87 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1948, de la OIT, se pregunta si no han sido las numerosas limitaciones a las huelgas y las condiciones muy restrictivas para la huelga lo que disuadió al Estado parte de ratificar ese Convenio. Por último, teniendo en cuenta la importancia de las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT sobre la consulta previa de las poblaciones en relación con los proyectos de minería y otros, pregunta de qué modo ha obstaculizado el Tratado de Waitangi la ratificación de este Convenio.

39.La Sra. Shin dice que, si bien el Gobierno de Nueva Zelandia es muy consciente de los problemas de la diferencia de remuneración entre los sexos, y las altas tasas de desempleo de los jóvenes y los maoríes, no parece ver la forma de resolverlo. Quisiera saber cómo se propone el Estado parte hacer frente a la discriminación estructural de las minorías y las mujeres y si tiene previsto establecer una norma de evaluación que garantice la igualdad de remuneración.

40.El Sr. Martynov pregunta con qué incentivos específicos se cuenta para promover la contratación de personas con discapacidad y si tienen únicamente en cuenta el sector público o también están dirigidos a los empleadores del sector privado. La delegación podría indicar cómo evolucionó el empleo de personas con discapacidad entre 2001 y 2011, dando cifras (números absolutos y porcentajes).

41.El Sr. Martynov quisiera saber por qué el número de casos investigados por la Inspección de Trabajo y que han dado lugar a sentencias condenatorias (párrafo 175 del informe periódico) disminuyó entre 2001 y 2006 y si la Inspección está facultada para suspender inmediatamente las actividades de una empresa en caso de deficiencias de higiene y seguridad. Le interesa saber por qué los traumatismos y enfermedades relacionados con el trabajo aumentaron entre 2002 y 2006 (párrafo 177 del informe), qué medidas ha adoptado el Estado parte y cuál es la evolución de la situación desde entonces.

42.En lo que respecta a la seguridad social, el orador quisiera saber si las ayudas económicas que perciben los beneficiarios son aceptables y si es verdad que, una vez pagadas las facturas de alquiler, los ingresos de las familias beneficiarias quedan por debajo del umbral de pobreza. Se pregunta, asimismo, si la disposición de la Ley de reforma de la seguridad social de 2002 (desarrollo personal y empleo) que exigía que algunos grupos de beneficiarios de prestaciones de desempleo elaborasen planes de empleo y desarrollo personales (párrafo 219 del informe) no es perjudicial para las personas que no están en condiciones de elaborar esos planes. Por último, expresa su temor de que la exigencia de renunciar a la licencia parental para acogerse al crédito tributario parental pueda disuadir a los que perciben ingresos moderados de ejercer su derecho a la licencia parental.

43.El Sr. Abdel-Moneim dice que lamenta que los anexos al informe, que contienen las estadísticas, no tengan más que seis páginas y espera que los anexos del próximo informe del Estado parte sean más amplios. Le interesa saber si el Gobierno se basa en otros factores que no sean el número de personas que perciben el subsidio de desempleo para determinar que la tasa de desempleo de 2007 era notablemente baja (párrafo 51 del informe) y por qué las actuales formas de recopilación de datos sobre el subempleo y el pluriempleo no se ajustan a las normas de la OIT (párrafo 54 del informe). Observa también que la tasa de empleo de las personas de 15 años o más es del 75,2% (párrafo 60 del informe), lo que es más bien decepcionante para una economía como la de Nueva Zelandia.

44.El orador pregunta por qué hubo un aumento significativo del porcentaje del presupuesto del Estado asignado al desarrollo económico e infraestructuras, que subió del 7% en 2007/08 al 27% en 2008/09, para luego caer al 8% en 2009/10 (cuadro 10, párr. 14, del documento básico). En conclusión, confía en que en los casos relativos a la protección contra el despido arbitrario (párrs. 120 a 127) los tribunales tengan debidamente en cuenta en sus decisiones las disposiciones pertinentes del Convenio, en particular el artículo 6.

45.El Sr. Sadi recuerda que la Ley de relaciones laborales (Employment Relations Act) fue modificada para facilitar la vigilancia de la aplicación del salario mínimo, y pregunta cuál es la disposición pertinente y por qué todavía no se respeta el salario mínimo para las poblaciones indígenas y las comunidades rurales.

46.La Sra. Power (Nueva Zelandia) confirma que la crisis financiera mundial repercutió en las cifras de desempleo: el número de beneficiarios del subsidio de desempleo pasó de 23.000 en 2007 a 60.000 en marzo de 2010, para disminuir luego al final de marzo de 2012 a 53.000, de los cuales un 35% eran maoríes.

47.El Programa de integración en la fuerza de trabajo nacional tiene por fin ayudar a las personas con discapacidad a encontrar trabajo en la administración pública. La delegación procurará que en el próximo informe periódico figuren las cifras absolutas de los resultados de la aplicación de la Estrategia de Nueva Zelandia sobre la discapacidad, adoptada en 2001.

48.Con el fin de facilitar la vuelta al mercado laboral de los beneficiarios de algunas prestaciones, la Ley de reforma de la seguridad social de 2002 (desarrollo personal y empleo) exigía que elaborasen planes de desarrollo y empleo personales que preparaban en colaboración con el Servicio de Subsidios y de Trabajo e Ingresos de Nueva Zelandia. Desde la implantación del plan de reformas conocido como "Future Focus" en 2010, se esperaba que las familias monoparentales con uno o más hijos buscaran activamente empleo a tiempo parcial tan pronto su hijo, o su hijo menor si tenían varios, hubiera cumplido los 6 años, y trabajo de jornada completa cuando el hijo cumpliera 14 años. Como parte de la reforma de las prestaciones de la seguridad social, los desempleados de 16 y 17 años y los de 18 años que tengan hijos también tienen derecho a los subsidios para jóvenes o jóvenes padres.

49.El sistema de seguridad social de Nueva Zelandia tiene tres niveles: prestaciones básicas, cuya cuantía se revisa anualmente; asistencia complementaria, que incluye las prestaciones por hijos a cargo, subsidios de vivienda y de discapacidad, y ayudas en condiciones de vida difíciles (únicamente para personas vulnerables). También los que perciben salarios bajos tienen derecho a la seguridad social, pero no a las prestaciones básicas. Muchas familias, efectivamente, quedaban en situación de pobreza una vez pagado el alquiler y, aunque Nueva Zelandia no tiene un umbral de pobreza oficial, la Comisión Ministerial sobre la pobreza tiene por misión informar dos veces al año sobre los avances en la lucha contra la pobreza.

50.El Sr. Smith (Nueva Zelandia) dice que la crisis financiera mundial ha afectado en gran medida al país, como lo demuestra la elevada tasa de desempleo, que aumentó al 6,7% de las personas en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, en comparación con el 6,4% de marzo de 2011. La tasa de desempleo de las personas entre los 15 y los 19 años es del 23,4%, para el tramo comprendido entre los 20 y los 24 años es del 15%, en tanto que es del 13,3% entre los maoríes y del 14,5% entre los pueblos insulares del Pacífico.

51.El capítulo 19 de la Carta de Derechos establece la igualdad entre hombres y mujeres, y la prohibición de la discriminación por motivo de sexo figura en el capítulo 21 de la Ley de derechos humanos. Además, la Ley de relaciones laborales de 2000 y la Ley de igualdad de remuneración de 1972 ofrecen protección contra la discriminación sexista en el lugar de trabajo.

52.La diferencia de salarios entre hombres y mujeres disminuyó del 16,5% del segundo semestre de 1998 a apenas un 9,6% en el segundo semestre de 2011. El Gobierno, para fomentar esta tendencia, procura que más mujeres ocupen puestos de responsabilidad, tanto en el sector público como en el privado. La Bolsa de Nueva Zelandia propuso recientemente que se adoptara una nueva norma por la cual todas las empresas que cotizan en bolsa tengan que declarar todos los años el número de mujeres que ocupan puestos directivos de alto nivel. En el sector público, el Ministerio de Asuntos de la Mujer propone candidatas cuando se produce una vacante en el consejo de administración de una empresa pública. La diferencia de remuneración entre los sexos es el resultado de una combinación de factores: los prejuicios, la segregación profesional o la feminización de determinados trabajos. La legislación no es suficiente para resolver el problema. Es preciso aplicar medidas selectivas para atacar las causas fundamentales del fenómeno, como se establece en el Programa de igualdad de oportunidades de empleo y la Ley del sector público de 1988. La Ley de relaciones laborales implantó un sistema de reclamaciones personales que, unido al mecanismo de remuneración que prevé la Ley de igualdad de remuneración, permite a los empleados informar de toda desigualdad de salario a la Inspección de Trabajo. Aunque en el pasado se ha utilizado pocas veces, en 2011 la Inspección recibió varias denuncias de la Junta Sindical. Antes de adoptar una decisión, el Departamento de Trabajo pide más información a la Junta y a los autores de las denuncias. Al parecer, el marco establecido actualmente para luchar contra las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres es insuficiente, puesto que la diferencia disminuye, pero lentamente. La cuestión, sin embargo, merece que el Gobierno le preste toda la atención necesaria, por lo que acogerá favorablemente las recomendaciones que el Comité pueda formular.

53.Los ingresos de las poblaciones insulares del Pacífico no están por debajo del salario mínimo y ese grupo no ha presentado más denuncias ante el Departamento de Trabajo que otros grupos de población, aun cuando gracias al programa de empleadores estacionales debidamente acreditados, cada año acuden a Nueva Zelandia entre 5.000 y 7.000 trabajadores de las islas del Pacífico a trabajar en los sectores vitícola y hortícola. La Inspección de Trabajo, con el fin de atender a los trabajadores temporeros, que vienen con carácter regular, ha encargado a seis inspectores la supervisión de la observancia de los derechos de esos trabajadores. Los inspectores viajan a las islas del Pacífico para informar previamente a los trabajadores de las condiciones de trabajo previsibles y de sus derechos, y se preocupan de que cuando lleguen a Nueva Zelandia estén alojados en condiciones adecuadas.

54.Para emplear trabajadores temporeros el empleador debe estar acreditado por el Departamento de Trabajo y cumplir determinadas condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo y en materia de relaciones laborales. El salario mínimo, que se revisa todos los años y que actualmente está fijado en 13,5 dólares neozelandeses por hora, se difunde por la radio y figura en folletos que se traducen a los distintos idiomas de las islas del Pacífico para que los miembros de esa comunidad no acepten salarios menores.

55.En Nueva Zelandia los horarios de trabajo se determinan de común acuerdo entre el empleador y el empleado. Sería sorprendente que no figurasen en los convenios colectivos, ya que estos convenios tienen por fin describir las condiciones de trabajo con exactitud. No obstante, podría ocurrir que el número de horas de trabajo semanales convenido entre el sindicato y el empleador superase las 40 horas. El Estado no está obligado a intervenir en la fijación de los horarios de trabajo; solo se pide a las partes que lleguen a un acuerdo sobre el asunto y que la jornada laboral convenida no ponga en peligro la salud o la seguridad de los trabajadores.

56.A diferencia de la mayoría de los países del mundo, la Inspección de Trabajo de Nueva Zelandia se divide en dos ramas: la Inspección de Higiene y Seguridad y la Inspección de Trabajo. La primera se dedica a las cuestiones relativas a la higiene y la seguridad desde un punto de vista legislativo, mientras que la segunda se ocupa de las relaciones laborales propiamente dichas, con el fin de impedir que los conflictos laborales eclipsen cuestiones más urgentes de higiene y seguridad. Los motivos por los que ha disminuido el número de acciones judiciales iniciadas por la Inspección de Trabajo que se saldaron con una sentencia condenatoria entre 2001 y 2007 son varios: en primer lugar, desde 2001 se ha prestado mayor atención a la formación y el compromiso del empleador, y la adopción de medidas correctoras, en su caso, para mejorar la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo; en segundo lugar, las sanciones más severas aplicadas han dado lugar a un cambio de comportamiento y han fomentado la mejora de las condiciones de higiene y seguridad; y por último, los inspectores de higiene y seguridad disponen de nuevos instrumentos (órdenes de adopción de medidas correctoras de higiene y seguridad y órdenes de suspensión de una actividad peligrosa con efecto inmediato). Otro motivo es que la imposición de sanciones más severas ha dado lugar a que las empresas acusadas de violar las disposiciones sobre higiene y seguridad se defiendan enérgicamente.

57.La explosión de la mina de carbón de Pike River que costó la vida a 29 mineros en noviembre de 2010 atrajo la atención del Gobierno sobre la higiene y la seguridad en el trabajo. En este caso en particular, se estableció una comisión de investigación para determinar posibles infracciones sistémicas o reglamentarias que explicaran el trágico accidente, tras lo cual el Ministro de Trabajo creó la Unidad de Alto Riesgo, que está subdividida en: la dependencia de las industrias extractivas de alto riesgo y la dependencia de la industria del petróleo de alto riesgo.

58.El Sr. Texier pregunta por la proporción de trabajo no declarado en el Estado parte. Señala que, aun si se acepta que la legislación de Nueva Zelandia no establezca un número máximo de horas de trabajo por semana, debería sin embargo imponer un período de descanso semanal. Diversas fuentes, entre ellas la Junta Sindical, han expresado críticas por la grave situación en el sector del transporte, donde la actual legislación permite que los conductores trabajen hasta 70 horas por semana, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio. Además, según un estudio de 2009, 415.000 personas, o el 23% de la fuerza de trabajo, y el 29% de los que tienen trabajo de tiempo completo, trabajan más de 50 horas por semana en la agricultura y los sectores del transporte por carretera y ferrocarril. El Estado parte debe establecer un máximo de horas semanales de trabajo y un período mínimo de descanso semanal.

59.El Sr. Martynov señala que los procedimientos judiciales iniciados por la Inspección de Trabajo y que dieron lugar a sentencias condenatorias entre 2001 y 2007 se refieren no solo a cuestiones de higiene y seguridad, sino también a las condiciones de trabajo.

60.La Sra. Shin pregunta si el Estado parte ha adoptado normas para evaluar la observancia del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, que, por ejemplo, permitan establecer comparaciones entre los salarios en el sector de la enfermería, donde las mujeres son mayoría, y la remuneración habitual en el sector del transporte por carretera, donde por lo general dominan los hombres. ¿Ha establecido el Estado parte un objetivo para reducir gradualmente la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres año tras año?

61.El Sr. Abdel-Moneim recomienda a la delegación que resista la tentación de atribuir las malas cifras del desempleo a la crisis financiera. A este respecto, menciona las estadísticas presentadas en el párrafo 46 del documento básico del Estado parte que indican que la tasa de desempleo de 1992 era del 10,9%, mucho más elevada que la actual.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.