Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
43º período de sesiones
Acta resumida de la segunda parte (pública)* de la 30ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 2 de noviembre de 2009, a las 15.00 horas
Presidente:Sr. Marchán Romero
Sumario
Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados pororganizaciones no gubernamentales
Se declara abierta la segunda parte (pública) de la sesión a las 16.25 horas.
1.El Presidente se felicitadel apoyo masivo prestado en septiembre de 2009 en Nueva York al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que sitúa al Comité en pie de igualdad con sus homólogos. Tras recordar la participación activa de la sociedad civil en la elaboración del texto, subraya el gran valor que el Comité concede a la asociación de organizaciones no gubernamentales (ONG) a su trabajo y afirma que cuenta con ellas para promover la ratificación del Protocolo.
Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales: documentos presentados por organizaciones no gubernamentales (tema 3 del programa)
República Democrática del Congo
2.El Sr. Nsapu (Ligue des électeurs) denuncia los numerosos actos de acoso de que fueron víctimas en 2008 y 2009 los defensores de derechos económicos, sociales y culturales de la República Democrática del Congo, actos ligados a la sensibilidad de las cuestiones planteadas por esas personas en sus actividades de vigilancia y denuncia de violaciones. Cita a título de ejemplo la disolución en octubre de 2008 de manifestaciones de profesores y alumnos y la detención en agosto de 2009 de varios miembros de ONG que protestaban contra las condiciones de trabajo de los obreros.
3.Quienes luchan contra la corrupción son también víctimas de acoso, como el responsable sindical del Ministerio de Economía Nacional y Comercio, detenido en enero de 2009 por haber tratado de denunciar la malversación de fondos públicos por su administración. De manera análoga, los defensores que se levantan contra las repercusiones de las actividades mineras y forestales en el medio ambiente, y la colusión de las autoridades locales con las empresas explotadoras son el blanco de amenazas (detención en marzo de 2008 del autor de un folleto en que denunciaba los contratos leoninos firmados por el Gobierno y sociedades multinacionales en el sector minero y la malversación de fondos públicos por las autoridades, procesamiento de 27 defensores de los derechos humanos autores de una petición contra la explotación forestal abusiva, detención en julio de 2009 del autor de un informe sobre la explotación artesanal ilegal de la mina de uranio de Shinkolobwe).
4.Ante la multiplicación de estos actos de represión, la organización sugiere a los expertos del Comité que recomiende al Gobierno congoleño que garantice en toda circunstancia la integridad física y psicológica de los defensores de los derechos humanos en el país, ponga fin a la impunidad de los autores de tales violaciones, cese toda actividad de denigración y acoso de los defensores de los derechos humanos, asegure su protección y formule declaraciones públicas sobre la importancia de su función.
5.La Sra. Gromellon (Federación Internacional de los Derechos Humanos) se expresa en nombre de la Asociación africana de derechos humanos, autora del informe publicado en julio de 2009 sobre la explotación ilegal de la mina de uranio de Shinkolobwe, que prosigue a través de una red mafiosa y con la complicidad de ciertas autoridades del Estado, en particular el Centro de instrucción militar de Mura, pese al Decreto presidencial Nº 04/17 de 27 de enero de 2004 por el que se prohíbe toda actividad minera en esa localidad dado el peligro que representa para la salud pública y la seguridad internacional. El abandono de este caso por las Naciones Unidas y por el Organismo Internacional de Energía Atómica llevó en marzo de 2009 a la conclusión de un acuerdo entre la República Democrática del Congo y AREVA, empresa cuyas prácticas habían sido previamente criticadas, en particular en el Níger. El acuerdo confiere a la compañía un derecho exclusivo de exploración y explotación de todo el uranio congoleño, que expone a la población a riesgos sanitarios y ambientales sumamente graves.
6.El Comité podría pues recomendar a las autoridades congoleñas que publicaran todos los contratos mineros, incluido el firmado con AREVA, y que sometieran esos contratos al Parlamento a fin de incluir en ellos los principios del respeto de los derechos de las comunidades locales y de la responsabilidad social de las empresas. Se podría también invitar al Gobierno a que diera mayor transparencia a los anuncios solicitando inversiones en la explotación de recursos naturales y enviara una misión medicosanitaria a Shinkolobwe, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi y Kambove a fin de medir la tasa de irradiación de la población, a que disolviera la Policía de minas e hidrocarburos, estructura autónoma de atribuciones mal definidas que favorece además la explotación ilegal de los recursos mineros, y a que procediera a una investigación a fin de determinar el nivel de participación de las diferentes autoridades locales en la continuación de la explotación ilegal de la mina de Shinkolobwe.
7.La Sra. Ratjen (FIAN International) aborda la cuestión del derecho a una alimentación suficiente en la República Democrática del Congo, esfera en la que la población rural y campesina es la que más sufre, y la cuestión del acceso al agua, considerando en particular la inseguridad del régimen de tenencia de la tierra, la competencia entre las actividades mineras y la producción alimentaria e incluso la ausencia de apoyo a los pequeños productores de alimentos. La agricultura sigue siendo oficialmente una prioridad de la política pública, pero los programas aplicados no han conseguido mejorar el ejercicio del derecho a una alimentación suficiente del conjunto de agricultores del país en situación vulnerable. Son víctimas no sólo de la negligencia de los poderes públicos, sino también de la violencia. En el norte de Kivu, por ejemplo, se confiscan los aperos de labranza a quienes deciden regresar a su tierra para producir alimentos básicos para evitar que se utilicen como armas. En su deseo de establecer un diálogo entre la población y las autoridades, la Confederación campesina del Congo ha lanzado una campaña nacional sobre el derecho a una alimentación suficiente, que debería desembocar en soluciones sostenibles a los conflictos sobre la tierra y, a largo plazo, mejorar el ejercicio del derecho en cuestión por las poblaciones rurales.
8.La situación denunciada en la República Democrática del Congo es ilustrativa de los problemas con que tropiezan los campesinos del mundo en general que son de hecho los más afectados por el hambre y la malnutrición. FIAN International, que sigue de cerca la respuesta de la comunidad internacional a la crisis mundial de la seguridad alimentaria, señala a la atención del Comité tres iniciativas relacionadas con sus trabajos a este respecto: el estudio sobre la discriminación en la realización del derecho a la alimentación, llevado a cabo por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria que se celebrará en noviembre de 2009 en Roma.
9.El Sr. Agbetse (Franciscans International) dice que, a la vista de los artículos 444 y 448 a 450 del Código de la Familia congoleño que, contienen disposiciones que discriminan contra la mujer, y de la evolución de la sociedad congoleña, que tiende a que la mujer despoje al hombre de su función tradicional, el Comité podría recomendar al Gobierno que estableciera un calendario de reformas jurídicas encaminado a eliminar las disposiciones discriminatorias de la mujer y a establecer un plan nacional con objetivos mensurables para combatir los prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias contra la mujer mediante iniciativas de sensibilización y movilización de las fuerzas vivas del país. En cuanto al derecho a la vivienda, las autoridades congoleñas han incumplido sus obligaciones cuando ordenaron la expulsión de numerosas familias de su vivienda en marzo de 2009 en Kinshasa. El Comité podría recomendar al Gobierno que realojara sin demora a esas familias y las indemnizara con la mayor rapidez.
10.En cuanto al derecho a un nivel de vida suficiente, si bien es cierto que el país dispone de recursos hídricos abundantes, las tasas de cobertura del suministro de agua y del saneamiento en el medio rural sólo son del 26 y del 6% respectivamente. El suministro de electricidad es también insuficiente y los enganches fraudulentos en condiciones de riesgo son responsables de la muerte de un gran número de niños. Análogamente, aunque los recursos mineros y forestales del país son abundantes, la opacidad y la corrupción en la concesión de contratos mineros han dado lugar a una dilapidación de los recursos que se deberían dedicar a proyectos sociales. Por esta razón es importante recomendar a las autoridades congoleñas que se encarguen del mantenimiento de las centrales hidroeléctricas de Inga a fin de asegurar el suministro óptimo de electricidad a la población, y de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes preparados por los siete titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
11.En la esfera de la salud y con más de 18 millones de congoleños sin acceso a forma alguna de atención médica, la esperanza de vida ha disminuido. La automedicación se ha propagado por todo el país, con el riesgo consiguiente de intoxicación. Los retrasos en el pago de los salarios del personal de salud han favorecido la corrupción y en particular la aparición de un sistema paralelo con reventa de los medicamentos y el descuido de los pacientes menos afortunados en beneficio de los más ricos. Sería conveniente que el Comité recomiende a las autoridades que combatan la mala gestión del sistema de salud y la corrupción, reúnan estadísticas sobre el estado de salud de la población con miras a una afectación más racional de los recursos, inicien un programa nacional de formación del personal de salud con una parte dedicada a la corrupción, reformen en profundidad la agricultura a fin de satisfacer las necesidades de alimentos de la población y tomen todas las medidas necesarias para conseguir los objetivos del Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" (2005-2015) y de la visión africana del agua para 2025.
12.Por último, en materia de educación y formación y dado que la Estrategia nacional para acelerar la educación de las niñas (2003-2007) no ha producido el efecto deseado, en particular en el este del país, y de que más de 4,5 millones de niños, de los que 2,5 millones son niñas, no han tenido acceso a la educación básica, el Comité podría recomendar al Gobierno que hiciera la educación básica gratuita y obligatoria, con medidas de acompañamiento a fin de colmar la diferencia entre niñas y niños y entre zonas rurales y zonas urbanas en este sector, luchara contra el abandono escolar mejorando las infraestructuras escolares y estableciera un plan nacional de reestructuración y dinamización de la educación que prevea la formación profesional de docentes y la mejora de sus condiciones de vida y trabajo a fin de responder a las necesidades en la esfera de la educación.
Polonia
13.La Sra. Dabkowska (Polish Drug Policy Network) dice que el derecho de las personas toxicómanas a un estado de salud óptimo no se refleja en el informe del Estado parte, en el que se afirma que "el uso de productos psicoactivos distintos del alcohol o del tabaco es un fenómeno muy raro" (E/C.12/POL/5, párr. 595). Por el contrario, según las estimaciones el número de consumidores de drogas problemáticas en el país se situaría entre 100.000 y 120.000, de los que de 25.000 a 27.000 serían consumidores de opiáceos que necesitan tratamiento. De ellos, solamente unas 1.500 personas, es decir entre el 4 y el 6%, reciben un tratamiento de sustitución de opioides (TSO), en tanto que la media europea es del 20%. Los TSO son parte integrante de una estrategia de reducción del riesgo para los toxicómanos y desempeñan una función importante en la reducción de la exposición al VIH y a la hepatitis C. Además, los dos productos más utilizados en el marco de tal estrategia, la metadona y la buprenorfina, figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
14.Ahora bien, para tener acceso a los TSO en Polonia las personas deben demostrar que su adicción data como mínimo de tres años. Esta condición tan rigurosa expone a las personas vulnerables, en particular a los consumidores de drogas inyectables, a riesgos de salud importantes en espera del tratamiento. Sólo hay en el país 13 programas de intercambio de agujas. Para las personas aprobadas, el plazo medio de espera para recibir un TSO es de 62 semanas, debido en particular a que se conceden créditos muy reducidos a esta forma de tratamiento. Pueden transcurrir entonces más de cuatro años entre el momento en que se detecta el inicio de la adicción y el momento en que se administra el tratamiento. La ley excluye de oficio de este tipo de tratamiento a los menores de 18 años. Según estudios recientes, el 8,3% de las personas en espera de un TSO contraen el VIH antes de recibir el tratamiento.
15.Las leyes polacas que reprimen la toxicomanía figuran entre las más rigurosas de Europa y dan lugar a unas 30.000 detenciones cada año. Sólo existen programas de TSO en cinco prisiones. Es frecuente que los toxicómanos detenidos tengan que desintoxicarse sin la asistencia médica oportuna. Aunque la toxicomanía está reconocida como una enfermedad crónica recurrente, numerosos países, entre ellos Polonia, consideran delincuentes a los que la padecen, lo que puede alejarles de los servicios de salud.
16.A raíz de la visita que realizó a la ciudad polaca de Gdansk en mayo de 2009, el Relator Especial sobre el derecho a la salud expresó su preocupación por el acceso insuficiente a los TSO y más generalmente por la política del país en la esfera de la toxicomanía y recomendó que se establecieran objetivos para que las personas que necesitaran un tratamiento de sustitución tuvieran acceso al mismo a la mayor brevedad. A raíz de esa visita, las autoridades locales de Gdansk expresaron su deseo de mejorar el acceso a los TSO, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida concreta. La organización Polish Drug Policy Network espera que el Comité aproveche el diálogo con el Estado parte para explotar los resultados de la visita del Relator Especial. Pide asimismo al Comité que subraye el carácter indispensable de los TSO para realizar el derecho a la salud de las personas adictas a los opiáceos en el Estado parte. Es esencial que el Comité aborde la cuestión de las consecuencias de las leyes penales en la materia y de las prácticas represivas sobre el derecho a la salud de las personas toxicómanas de Polonia.
República de Corea
17.La Sra. Moon, hablando en nombre de un grupo de 56 organizaciones coreanas de defensa de los derechos humanos, dice que la situación general de los derechos económicos, sociales y culturales en la República de Corea, se ha deteriorado notablemente como consecuencia de la política económica neoliberal de Gobierno coreano, unida a la intensificación de la crisis financiera mundial a mediados de 2008. Hasta el momento no se ha instruido ningún proceso sobre la base del Pacto y según una declaración del Tribunal Supremo de Corea, el Gobierno coreano impugna el carácter jurídicamente vinculante del Pacto en la esfera interna. En contra de la opinión de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Gobierno ha reducido los efectivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en más de un 20%, lo que compromete la independencia y el funcionamiento de esa institución. El Plan de Acción nacional para la promoción y protección de los derechos humanos se ha realizado de una manera que perjudica a las poblaciones más vulnerables. La legislación antidiscriminatoria no fue adoptada en el 17º período de sesiones de la Asamblea Nacional y no ha sido reintroducida en el 18º período de sesiones. Por último, el Gobierno coreano no ha dado curso a las 33 recomendaciones que le fueron dirigidas en junio de 2008 en el marco del examen periódico universal.
18.En cuanto al derecho al trabajo, la política del Gobierno tiende a debilitar las disposiciones legislativas relativas a la protección de los trabajadores, lo que lleva a la precariedad y la inestabilidad del empleo y a la contestación del salario mínimo y del derecho sindical. La huelga de 77 días en la factoría de Ssangyong Motors fue declarada ilegal y no se tomó ninguna medida contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dirección —cortes de agua y electricidad y movilización de piquetes antihuelga violentos, por ejemplo. Se ha comprobado también un recurso excesivo a la fuerza y a la violencia por parte de la policía. A raíz de un acuerdo concluido entre el sindicato y la dirección, el Gobierno detuvo y procesó a 67 trabajadores. Además, el Gobierno se ha opuesto al acercamiento entre el Sindicato unificado de empleados del Gobierno y la Confederación coreana de sindicatos, que adopta una posición crítica del Gobierno.
19.En la esfera del derecho a la vivienda, aunque los proyectos de rehabilitación emprendidos por el Gobierno tienden oficialmente a promover ese derecho, constituyen sin embargo una amenaza para los derechos de los residentes. En el marco del proyecto de ordenación urbana destinado a equilibrar el desarrollo de las regiones de Kangnam y Kangbook, numerosas viviendas baratas ocupadas por indigentes han sido derribadas sin ser sustituidas por alojamientos de alquiler moderado en número suficiente, y menos del 20% de las personas desplazadas han sido realojadas. El movimiento de protesta de los habitantes de Yongsan (Seúl), que exigían su realojamiento, fue aplastado en un día por el Gobierno, que movilizó a 1.600 policías. Seis personas, entre ellas un policía, resultaron muertas, pero el Gobierno no presentó excusas oficiales. El proceso de varios participantes en la manifestación sigue su curso.
20.Los gastos nacionales de seguridad social se elevaban en 2003 al 5,7% solamente del producto interno bruto (PIB), es decir, el nivel más bajo de los 24 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Pese al crecimiento de las desigualdades, el número de beneficiarios del régimen nacional de seguridad de los medios de subsistencia básicos sigue siendo limitado. Por otra parte, además de los riesgos que podría presentar para el acceso al agua, el medio ambiente, los derechos de los residentes y el derecho a la alimentación, el Plan general de ordenación de las aguas de los cuatro ríos principales, proyecto de presupuesto considerable, absorbe ya un considerable volumen del gasto público, como lo demuestra la reducción del presupuesto de la seguridad social.
21.Mientras que los gastos del Estado en educación pública son inferiores a la media de la OCDE, los gastos privados en educación son tres veces más elevados que esa media y aumentan en un 25% al año. Tales gastos son de cinco a ocho veces más elevados entre las categorías de ingreso elevado, lo que revela graves disparidades en función de la situación económica.
Cuestiones de carácter general
22.El Sr. Porter (Coalición internacional de organizaciones no gubernamentales en favor de un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) agradece al Presidente sus observaciones sobre la necesidad de una activa campaña destinada a promover la firma y la ratificación del Protocolo Facultativo, a la que la Coalición se propone contribuir subrayando la importancia del Protocolo como elemento de la arquitectura fundamental del sistema de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, y su potencial como medio de asegurar recursos efectivos a las personas que no disponen de ellos. Señala a la atención de los miembros del Comité la contribución de la Coalición (documento sin signatura, distribuido durante la sesión) a los trabajos futuros del Comité encaminados a elaborar el reglamento y métodos de trabajo, cuyos principales puntos resume a continuación.
23.La interpretación del artículo 2 del Protocolo Facultativo plantea la cuestión de la competencia de terceros para presentar comunicaciones en nombre de un grupo de personas. La tarea principal del Comité a este respecto consistirá en comprobar que todo autor que represente a personas o grupos de personas lo hace con su consentimiento o, en su defecto, pueda justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento.
24.En cuanto al artículo 3, que estipula que el Comité no examinará ninguna comunicación sin haberse antes cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna, el Sr. Porter subraya que uno de los grandes méritos del Protocolo Facultativo reside en insistir en la cuestión de la existencia de recursos internos efectivos. Esta cuestión no se deberá necesariamente formalizar en el reglamento pero se desarrollará gradualmente en el marco de la jurisprudencia del Comité.
25.El artículo 4, relativo a las comunicaciones que no revelen una clara desventaja es interpretado por la Coalición a la luz de su participación en los trabajos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Protocolo Facultativo, en el sentido de que tiene por objeto permitir al Comité gestionar su trabajo de manera que pueda concentrarse en los aspectos más importantes, donde puede ser más eficaz. El reglamento podría precisar que este artículo sólo se invocaría cuando fuera necesario por razones del volumen de trabajo.
26.En cuanto al artículo 6, relativo a la trasmisión de la comunicación, la Coalición considera que la función de la secretaría va a ser muy importante a este respecto y que debería establecer una relación constructiva con los autores para facilitarles apoyo en relación con los procedimientos y los elementos necesarios para establecer su comunicación. Recomienda en consecuencia al Comité que permita a la secretaría desempeñar esta función de apoyo en todas las fases del proceso, en particular pidiendo informaciones de seguimiento a los autores, y que establezca un cuestionario en el que se indiquen claramente a éstos los elementos que deben facilitar en sus comunicaciones.
27.El artículo 7, relativo a la solución amigable, constituye una innovación muy importante del Protocolo Facultativo. La idea que subyace en este artículo es que la solución amigable —como lo demuestra la experiencia de los mecanismos regionales— puede ser un medio muy eficaz de abordar todos los aspectos de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto, el artículo 7 atribuye una función importante al Comité al encargarle que se cerciore de que la solución amigable se basa en el respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto. Por otra parte, es importante que los autores sepan que el proceso de solución amigable no se utiliza para retrasar su acción ni para negarles el derecho a un recurso útil. La Coalición recomienda al Comité que se cerciore de que la solución amigable cubre todos los aspectos de la comunicación y que promueva esta forma de solución. El artículo 8 tiene carácter excepcional por dos razones. En primer lugar, establece una norma de examen de las comunicaciones y de las obligaciones derivadas del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto relativo a la consecución progresiva de los derechos por el Estado parte. En segundo lugar, concede al Comité acceso a las informaciones facilitadas por terceros, y no solamente a las comunicadas por los Estados partes. El Comité puede por consiguiente consultar según convenga la documentación pertinente procedente de expertos, instituciones nacionales de derechos humanos y otros órganos u organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, la Coalición pide al Comité que considere la posibilidad de adoptar nuevos tipos de procedimientos que le permitan recibir efectivamente todas las informaciones necesarias para examinar las comunicaciones relativas a las violaciones del Pacto de una manera que pueda servir de modelo a las jurisdicciones nacionales.
28.La Sra. Rakotondrainibe (Collectif pour la Défense des Terres Malgaches) manifiesta que dedicará su intervención a un proyecto agrícola de la empresa Daewoo en Madagascar, cuyas consecuencias son muy importantes pues supone el acaparamiento de una vasta superficie de tierra sin ninguna compensación financiera. Además, la opacidad de la información ha sido una de las características de ese proyecto. En un artículo publicado en el Financial Times en 2008, el Director Financiero de Daewoo Logistics indicaba que el grupo surcoreano tenía la intención de producir maíz y aceite de palma para "reforzar la seguridad alimentaria de Corea del Sur". Hasta entonces no se habían divulgado datos precisos sobre la extensión de la superficie en cuestión, la forma del contrato y la duración de la ocupación de las tierras malgaches. Más tarde se supo que se trataba de un contrato de arrendamiento de 99 años de duración de 1,3 millones de hectáreas, por cuya cesión no se pagaría ninguna renta. El anuncio de estos detalles desencadenó la indignación de la población malgache y de la opinión pública mundial. Esta es la razón que motivó la creación del Collectif pour la Défense des Terres Malgaches y, en enero de 2009, se dirigió a las autoridades y a la prensa un manifiesto en el que se pedía mayor transparencia y la suspensión de los procedimientos en curso. Poco tiempo después 1.800 personas firmaron una petición que contenía principalmente la anulación del contrato y la organización de un debate nacional sobre la concesión de tierras a empresas extranjeras, y diversas ONG lanzaron campañas de sensibilización sobre este problema. Paralelamente, en Madagascar organizaciones nacionales reaccionaron del mismo modo y políticos de la oposición utilizaron el caso Daewoo para canalizar la cólera de la población contra la mala gestión del poder ejecutivo.
29.En relación con este asunto subsisten hoy día varias contradicciones. En particular, cuando el Collectif pour la Défense des Terres Malgaches pidió al Ministerio de Ordenación del Territorio pruebas de la anulación de los procedimientos iniciados, el Ministerio indicó que sólo se había firmado un contrato de prospección de terrenos favorables al proyecto, por lo que no había nada que anular. Sin embargo, el sector agrícola sigue figurando en la lista de actividades de Daewoo Logistics en Madagascar. En un momento en que el Programa Mundial de Alimentos trabaja activamente en Madagascar para combatir la malnutrición, los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches a la alimentación se verían fuertemente lesionados por ese contrato si entrara en vigor.
30.En conclusión, el Collectif pour la Défense des Terres Malgaches recomienda a los dirigentes de Madagascar que confirmen oficialmente la anulación del contrato de arrendamiento, la rescisión de cualquier otro contrato y el abandono del proyecto con Daewoo, pongan fin a todos los procedimientos en curso y anulen todas las autorizaciones de prospección o de adquisición ya concedidas y que revisen la Ley de 2007 que facilita la cesión de tierras a los grandes inversores, en particular la cesión de tierras agrícolas. Pide igualmente al Comité que recomiende a los dirigentes surcoreanos que adopten todas las leyes necesarias sobre las inversiones agrícolas de las sociedades surcoreanas en el extranjero a fin de no comprometer el derecho a la alimentación de los habitantes de otros países.
31.El Sr. Kerdoun se sorprende por el carácter sumamente crítico de las intervenciones sobre la República Democrática del Congo. Después de oírlas, parece que no hay leyes, ni tribunales ni parlamento en ese país. Le gustaría saber cuál es la situación real.
32.El Sr. Schrijver pregunta al Sr. Porter qué tipo de actividades se propone realizar la Coalición internacional de organizaciones no gubernamentales en el marco de su campaña en favor de la ratificación del Protocolo y si tiene alguna proposición que formular a los miembros del Comité a ese respecto.
33.El Sr. Agbetse responde al Sr. Kerdoun que la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en la República del Congo es dramática y que se ha agravado más aún como consecuencia de los conflictos del país, en particular al este, en Kivu. En cuanto al derecho a la vivienda ya evocado, el Parlamento ha pedido moderación al Ministerio de Ordenación Territorial, pero este llamamiento no ha sido escuchado e incluso el Ministerio procedió en marzo de 2009 a la expulsión de los habitantes de Kasa Vubu (Kinshasa).
34.En cuanto a los defensores de los derechos humanos, cita el caso de un defensor de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la concesión de los contratos mineros. Ciertamente existe un código minero, pero en la práctica no se le respeta. El Gobierno ha establecido un proyecto de construcción de infraestructuras mineras, pero puede otorgar contratos para la misma construcción a dos compañías diferentes, lo que evidentemente crea problemas. Cuando los defensores de los derechos humanos denuncian tales situaciones, se les acusa de traidores al Estado. Si bien se reconoce que los recursos financieros de la República Democrática del Congo podrían contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, se comprueba que la corrupción y el despilfarro de los recursos han llevado al colapso al sector minero.
35.El Sr. Porter (Coalición internacional de organizaciones no gubernamentales en favor de un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) indica que la Coalición ha previsto cierto número de estrategias para promover la ratificación del Protocolo. La primera consiste en dirigirse con carácter prioritario a los países que han apoyado sin reservas el proyecto de protocolo facultativo durante su elaboración. A continuación, la Coalición se apoyará en una red de organizaciones nacionales que trabajan en favor de los derechos económicos, sociales y culturales en la mayoría de los Estados. Por otra parte, la cuestión de la ratificación del Protocolo Facultativo se debería plantear con mayor regularidad durante el examen periódico universal. Los representantes regionales pueden asimismo desempeñar una función útil para promover la ratificación. La Coalición se propone también informar a los países de que la ratificación del Protocolo Facultativo no implica necesariamente la integración de sus disposiciones en la Constitución o en el derecho interno. Por último pide al Comité que exhorte a todos los Estados partes a que cuando presentan su informe periódico consideren seriamente la posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo Facultativo.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.