Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

42º período de sesiones

Acta resumida de 15ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 13 de mayo de 2009, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. Bras Gomes (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes

a)Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Cuarto y quinto informes periódicos del Reino Unido (continuación)

Se abre la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes

a)Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (tema 8 del programa) (continuación)

Cuarto y quinto informes periódicos del Reino Unido (E/C.12/GBR/5 y Add.1 y 2; documento de base (HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1); observaciones finales del Comité sobre el tercer informe periódico del Reino Unido (E/C.12/1/Add.79); lista de cuestiones (E/C.12/GBR/Q/5); respuestas escritas del Gobierno británico a la lista de cuestiones (E/C.12/GBR/Q/5/Add.1)) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación británica vuelve a tomar asiento como participante a la mesa del Comité .

Artículos 1 a 5 del Pacto (continuación)

2.La Sra. Majid (Reino Unido), respondiendo a una pregunta realizada sobre los programas de revitalización urbana, señala que todas las grandes políticas sociales que se llevan a cabo en el Reino Unido se valoran, si es posible, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, el programa New Deal de fomento del empleo ha permitido en diez años reincorporar a 2,1 millones de personas al mercado de trabajo. Consciente de la necesidad de ofrecer soluciones locales a los problemas locales, el Gobierno británico ha puesto en marcha en 15 zonas piloto una política innovadora denominada "City Strategy" cuyos objetivos se han adaptado a las necesidades locales, incluidos objetivos relacionados con las minorías étnicas en 13 de los 15 proyectos.

3.El Sr.  Luxton (Reino Unido) dice que Gales es una de las regiones más pobres del Reino Unido. Las competencias en materia de desarrollo económico se hallan transferidas al Gobierno de la Asamblea galesa, que puede de este modo reaccionar rápidamente y localmente para responder a las necesidades de la población galesa. La estrategia local de revitalización urbana asocia a todas las partes interesadas (coordinadores locales, Unión Europea, miembros interesados del Gobierno de la Asamblea galesa, etc.). Un proyecto de desarrollo del empresariado, centrado en los grupos habitualmente subrepresentados dentro de los beneficiarios de las políticas de apoyo a las empresas (progenitores solos, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, ancianos) ha ayudado hasta el momento a 10.000 personas a crear una empresa y a 735 empresas a adaptarse a una clientela de orígenes diversos. Está prevista la creación de un centro de excelencia que recopilará y difundirá las buenas prácticas en materia de revitalización urbana y rural. El Gobierno de la Asamblea galesa ha puesto en marcha un programa de formación para sensibilizar a los equipos encargados de estas políticas y a sus asociados del hecho de que la diversidad no es sólo un problema moral o jurídico, sino también un reto económico.

4.El Sr.  O’Gorman (Reino Unido) señala que el Reino Unido no ha ratificado por el momento la Carta Social Europea revisada debido a que este instrumento contiene un gran número de derechos de alcance muy general. El Reino Unido se mantiene atento a la interpretación que se hace de estos derechos en la práctica, y se pronunciará cuando tenga más claras las consecuencias precisas de una eventual ratificación.

5.A continuación, el Sr. O’Gorman precisa las razones por las que el Reino Unido no ha ratificado tres partes del Convenio No 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad social. Por lo que respecta a la Parte 6 del Convenio (sobre la ayuda a las víctimas de accidentes laborales), que prevé la gratuidad de todos los medicamentos, en el Reino Unido (a excepción de Gales) esta prestación está reservada a las personas de bajos ingresos, mientras que el resto de la población debe pagar una módica contribución. La ratificación de la Parte 8 (prestaciones de maternidad) implicaba calcular las prestaciones como un porcentaje constante de los ingresos, mientras que en el Reino Unido se aplica un porcentaje variable en función del número de años trabajados (si bien en la mayoría de los casos este porcentaje es del 90% de los ingresos); en una primera fase se aplica un determinado porcentaje, y posteriormente un porcentaje fijo más bajo. La Parte 9 (prestaciones de sustitución de ingresos en caso de invalidez) suponía garantizar que ningún beneficiario percibiría en el momento de la jubilación una pensión de cuantía inferior a la de las prestaciones de invalidez; el Reino Unido no puede garantizar este extremo, en la medida en que las pensiones de jubilación están vinculadas a las cotizaciones realizadas, aunque la reforma prevista para 2010, que prevé reducir el número de años de cotizaciones obligatorias, debería mejorar las cosas.

6.Por último, el Reino Unido suscribe plenamente los objetivos y el espíritu del Convenio No 106 de la OIT sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), pero ha optado por una mayor flexibilidad al permitir que se acumule el día de descanso semanal y se tomen dos días por quincena, en lugar de un día obligatorio a la semana, tal y como prevé el Convenio.

7.La Sra. Nelthorp (Reino Unido) dice que las declaraciones formuladas por el Reino Unido en relación con el Pacto se ajustan al artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud del cual "en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta". Según la información de que dispone, sin embargo, no se ha planteado ningún conflicto concreto de esta naturaleza.

8.En relación con la situación de los chagosianos, la Sra. Nelthorp indica que, según las estimaciones, en el Reino Unido vive cerca de un millar de chagosianos y entre 3.000 y 4.000 lo hacen en Mauricio y en las Seychelles. De conformidad con la ley de 2002 sobre los territorios británicos de ultra mar, se ha concedido la ciudadanía británica a cierto número de chagosianos. Aquellos que residen en el Reino Unido gozan de los mismos derechos que cualquier ciudadano británico, incluido el derecho a la seguridad social.

9.Los últimos contactos oficiales hasta la fecha entre el Reino Unido y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) se remontan a la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), celebrada en Londres en abril de 2009. El Reino Unido preside el comité de vigilancia del Fondo de Preparación de Proyectos de Infraestructura del NEPAD, fondo al que ha aportado 6 millones de libras. La integración de los derechos humanos en la política internacional británica en favor del desarrollo es una dimensión que se tiene en cuenta sistemáticamente, en particular desde que elDepartamento de Desarrollo Internacional adoptara la política de condicionalidad en 2005.

10.El Reino Unido considera que es particularmente importante en tiempos de crisis mundial, para no hacer peligrar los avances de la década anterior, mantener sus objetivos en relación con el porcentaje del ingreso nacional bruto (INB) que se destina a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), es decir, un 0,56% de aquí a 2010, y un 0,7% de aquí al 2013. El Reino Unido no ha promulgado ninguna ley para hacer obligatorio el objetivo del 0,7%. El presupuesto del Departamento de Desarrollo Internacional es de 5.300 millones de libras para 2007/08, y debería alcanzar los 7.900 millones de libras en 2010/11. El Reino Unido forma parte de la estructura de gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial y alienta la reforma de estas dos instituciones. La reciente cumbre del G-20 celebrada en Londres ha convenido la necesidad de la citada reforma. El Reino Unido coopera estrechamente con el FMI (compartiendo análisis) y con el Banco Mundial (financiando programas).

11.El Reino Unido incorpora plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a sus políticas de desarrollo; por ejemplo, el 75% de los fondos asignados a los programas del Departamento de Desarrollo Internacional para Kenia están destinados a la educación, la salud y la protección social. Uno de los principios de la AOD británica es que la estabilidad económica, el crecimiento, el buen gobierno y la inclusión social son fundamentales para el desarrollo económico a largo plazo; los países en desarrollo deben ser también capaces de definir ellos mismos las políticas que desean llevar a cabo para lograr sus objetivos de desarrollo. El porcentaje de la ayuda multilateral en la asistencia británica, en la actualidad del 44%, debe pasar al 46%; el resto está constituido por ayuda bilateral. La utilización de la ayuda puede controlarse, en ciertos supuestos, mediante procedimientos clásicos de contabilidad pública y auditoría financiera – en el caso de aquellos países con los que el Reino Unido mantiene relaciones estrechas y que se benefician de un apoyo presupuestario; en otros países, la ayuda adopta la forma de un apoyo sectorial y de financiación de proyectos. Por lo que se refiere a la cooperación con las organizaciones no gubernamentales (ONG), se otorga en efecto una gran importancia al papel de las ONG y la sociedad civil locales.

12.La Sra. Majid (Reino Unido) dice que el Gobierno británico reconoce la importancia de la contribución que las ONG realizan a las políticas públicas. Por ejemplo, un grupo de ONG que trabajan en cuestiones relacionadas con las minorías étnicas y el empleo tiene representación en el equipo interministerial encargado de estos problemas, de modo que puede influir en las políticas que se adoptan. Por lo que se refiere a los resultados, las disparidades en materia de empleo de las minorías étnicas han disminuido un 2% más desde 2005.

13.El Sr.  Kissane (Reino Unido) precisa, a propósito de las reservas del Estado Parte a diversos artículos del Pacto, que el Gobierno británico reexaminó en 2004 su postura en relación con el conjunto de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es difícil entender por qué persisten ciertas reservas aparentemente anacrónicas. Sería conveniente profundizar en el tema para determinar si siguen siendo pertinentes. En relación con el informe de la Comisión Mixta de Derechos Humanos, el Sr. Kissane señala que el Gobierno ha elaborado una respuesta detallada a este informe, que figura en el sitio web de la Comisión.

14.El Sr.  Sadi, volviendo sobre la cuestión del estatus y la pertinencia del Pacto, señala al Estado Parte que podría servirse de la Carta de Derechos proyectada para Irlanda del Norte, que prevé la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y está pendiente de ser debatida en el Parlamento a finales de año, como campo de experimentación para la inclusión de los citados derechos, permitiendo así disipar la bruma que rodea a la cuestión. Parece que el Estado Parte tiene en este sentido una aprensión excesiva, que se extiende asimismo al Protocolo Facultativo del Pacto. Si el Estado Parte teme no tener nada que ganar con la firma de este instrumento, el Sr. Sadi señala que tampoco tendría nada que perder.

15.El Sr.  Schrijver desea que la delegación británica detalle su respuesta a su pregunta sobre las medidas de lucha contra el terrorismo y sus repercusiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los musulmanes y de las minorías étnicas.

16.El Sr.  Pillay se extraña de que los miembros del Comité sean remitidos a un sitio web para obtener información, y solicita una información más precisa sobre aquellos derechos consagrados en el Pacto que, según el propio Sr. Rangarajan, son "de inmediata aplicación", y aquellos cuya aplicación es "progresiva". Asimismo, el Reino Unido aún no ha expuesto su posición exacta acerca los elementos esenciales constitutivos de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, el Sr. Pillay desea información sobre el calendario de adopción de la Carta de Derechos para Irlanda del Norte, que lleva elaborándose desde hace ya mucho tiempo.

17.El Sr.  Abdel-Moneim, refiriéndose al párrafo 16 del texto de la declaración de la delegación británica, observa que, aunque la noción de territorios británicos de ultramar pueda tener su importancia en relación con el derecho internacional, no la tiene realmente desde la perspectiva del Pacto.

18.El Sr.  Kolosov pregunta por las políticas y prácticas del Estado Parte en lo que se refiere a la extradición de personas condenadas por violaciones de los derechos humanos.

19.El Sr.  Rangarajan (Reino Unido) dice que aunque no existe una razón absoluta para no incorporar directamente las obligaciones que se derivan del Pacto al derecho interno británico, las complejidades que ello supone desde un punto de vista práctico y legal explican en parte las reticencias al respecto. Además, la aplicación directa cortocircuitaría una fase esencial del proceso democrático británico, a saber, la adopción de decisiones por el Parlamento y la determinación de las prioridades y los recursos correspondientes. El Reino Unido no es de ningún modo hostil a los derechos económicos, sociales y culturales, pero considera particularmente importante que este tipo de decisiones importantes se adopten con el consentimiento de las poblaciones afectadas y no se impongan a través de la Cumbre. Acerca de la cuestión del Protocolo Facultativo del Pacto, la delegación británica considera que el término "aprensión" es un poco excesivo: el Reino Unido está simplemente esperando a ver cuáles son los efectos concretos de la aplicación del Protocolo Facultativo y las ventajas que podrían derivarse para la población británica antes de tomar una decisión.

20.La cuestión de las medidas de lucha contra el terrorismo y de sus repercusiones sobre las minorías es objeto de un amplio debate en el país. Consciente de la necesidad de cuidarse de adoptar ninguna medida que sea contraproducente en este sentido, el Gobierno concentra sus esfuerzos en prevenir la radicalización de las personas marginadas velando, con la cooperación de las autoridades locales, por facilitar su integración y la cohesión social.

21.La Carta de Derechos del Reino Unido y su equivalente para Irlanda del Norte se inscriben dentro de un proceso democrático abierto. Por el momento, se están llevando a cabo consultas sobre el Libro Verde dedicado a la misma. El Gobierno, preocupado por intensificar el debate, tiene previsto abrir un debate sobre la cuestión en el ámbito local. Queda por determinar si el proceso desembocará en un texto legal, en un texto de carácter declarativo o en un texto con valor constitucional.

22.El Sr.  Oppenheim (Reino Unido) indica que, en materia de extradición, la posición del Gobierno británico se basa fundamentalmente en los instrumentos internacionales, que observa siempre de forma escrupulosa. El representante plantea el problema particular que plantean las personas sospechosas de haber cometido violaciones de los derechos humanos y que se han refugiado en el Reino Unido.

23.El Sr.  Pillay pregunta qué esfuerzos ha hecho el Estado Parte por mejorar la situación en materia de vivienda social, teniendo en cuenta que 5 millones de personas figuran actualmente inscritas en lista de espera, que el 73% de los habitantes católicos del norte de Belfast esperan aún una vivienda social y que se había puesto en marcha una estrategia de siete años de duración en este ámbito dotada de un presupuesto de 130 millones de libras esterlinas. En Escocia, son aún 230.000 las viviendas que deben ser adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad. En el mismo orden de ideas, el Sr. Pillay lamenta la ausencia de datos estadísticos anuales desglosados en función de diferentes criterios sobre la situación de los sin techo, y pregunta si existen posibilidades de alcanzar el objetivo anunciado en el párrafo 180 de las respuestas escritas del Gobierno británico a la lista de cuestiones (50.000 hogares en viviendas precarias de aquí a 2010). En este sentido, desea saber si el Reino Unido tiene previsto inspirarse en la ley que se aprobó en 2003 en Escocia para proteger a los sin techo (Homelessness Scotland Act), que aborda el problema de los sin techo desde la perspectiva de los derechos humanos y hace de la vivienda un derecho que puede hacerse valer ante los tribunales.

24.La Sra. Keats (Reino Unido) dice que el Gobierno ha invertido más de 8.000 millones de libras esterlinas en el sector de la vivienda. Consciente de que la lista de espera para obtener una vivienda social es muy larga, el Gobierno británico no sólo se ha propuesto construir nuevas viviendas, sino que ha puesto en marcha un programa de prevención del fenómeno de los sin techo. De hecho, las personas que corren el riesgo de sufrir este problema pueden acudir a las autoridades locales para obtener ayuda y recibir una vivienda, siempre que reúnan los criterios necesarios. En aplicación de la ley sobre las personas sin techo, en la actualidad se califican como "sin techo" aquellas personas a quienes las autoridades locales han registrado como tales. Conviene señalar que las personas sin domicilio fijo que consiguen realojarse por sus propios medios no están incluidas en estas estadísticas. No obstante, sí se benefician de programas de mediación familiar, ayudas al pago de fianzas para el alquiler o ayudas para acceder a las viviendas privadas en alquiler que les ofrecen los servicios sociales competentes de las autoridades locales.

25.El cincuenta por ciento de los municipios ya ha alcanzado el objetivo de reducir a la mitad de aquí a 2010 el número de personas que habitan en alojamientos provisionales y, aunque es de suponer que no todos estarán en condiciones de hacerlo, es razonable pensar este objetivo sí se alcanzará en el conjunto del país.

26.Durante el examen del cuarto informe periódico del Reino Unido en 2002, un número considerable de familias con hijos alojados de forma provisional lo hacía en un "Bed & Breakfast", es decir, en domicilios particulares, lo que convertía su situación en precaria. En la actualidad esto ya no es posible, o al menos no por un plazo superior a seis semanas, y el 87% de los hogares afectados reside ahora en viviendas independientes, lo que supone una clara mejora. El próximo objetivo consiste en hacer lo mismo en relación con los jóvenes de 16 y 17 años, convertidos en grupo prioritario en virtud de la nueva legislación sobre la materia. Los resultados son ya elocuentes, ya que sólo 330 jóvenes siguen viviendo en domicilios particulares, frente a los 1.000 que lo hacían en 2008.

27.El hacinamiento en las viviendas es también un problema de primer orden, sobre todo en el sector de la vivienda social, donde existen 565.000 viviendas afectadas por el mismo, frente a 234.000 en el sector privado. Al mismo tiempo, son muchas las viviendas de dos o tres habitaciones asignadas a familias monoparentales que se hallan infraocupadas (su número se estima en la actualidad en 456.000). Para combatir estos dos fenómenos de forma simultánea, en 2007 se puso en marcha un plan de acción dotado de un presupuesto de 15 millones de libras, y se ha encargado a agentes que reciben el nombre de “pioneros” la tarea de elaborar un censo de las viviendas afectadas e intentar resolver este doble problema.

28.El Sr.  Peddie (Reino Unido) dice que el Gobierno escocés trabaja actualmente para instaurar en Escocia un derecho a la vivienda que pueda exigirse ante los tribunales. Con arreglo a la legislación antes vigente, las autoridades locales asignaban las viviendas sociales en función de ciertos criterios de prioridad oficiales definidos en función del grado de necesidad de los demandantes. La nueva ley sobre los sin techo (Homelessness Scotland Act), que data de 2003, tiene por objetivo último suprimir estos criterios de aquí a 2012, lo que tendría por consecuencia hacer que, en la práctica, este derecho pudiera hacerse valer ante los tribunales, y tratar todas las solicitudes en pie de igualdad. En espera de que esto se concrete, el Gobierno ha ampliado la categoría de las personas consideradas prioritarias para incluir a aquellas que corren el riesgo de ser víctimas de explotación sexual o financiera, así como a las personas que abusan del alcohol o las drogas a causa de sus condiciones de vida particulares.

29.Al mismo tiempo, el Gobierno escocés ha ofrecido a las autoridades locales la posibilidad de restringir el derecho de que entonces disfrutaban los arrendatarios de comprar la vivienda social en la que residían, con el fin de preservar el parque de viviendas sociales y evitar la merma del mismo en beneficio del sector privado. Muchas de ellas han invocado esta cláusula para no tener que hacer frente a una escasez de viviendas sociales.

30.El Sr.  Rangarajan (Reino Unido) dice que la crisis ha complicado mucho la lucha contra el fenómeno de los sin techo, menoscabando los avances logrados en este ámbito en años anteriores. Ésta es la razón por la que el Gobierno británico invierte importantes sumas de dinero para contrarrestar los efectos de la recesión y apoyar temporalmente a los propietarios, de modo que éstos puedan seguir devolviendo sus préstamos y no sufran el embargo de sus bienes hipotecados.

31.Las personas que duermen en la calle y conocen la forma más extrema del fenómeno de los sin techo pueden aspirar a una vivienda social, en particular si tienen hijos. Conviene señalar que el porcentaje de personas que vive así ha disminuido un 74% desde 1998, y que el objetivo es acabar con esta lacra de aquí a 2012. Para ello, el Gobierno británico cuenta con el éxito del programa desarrollado con este fin, denominado "Nadie excluido" (No one left out).

32.El Sr.  Pillay recuerda que ha planteado una pregunta a propósito de la vivienda social en Belfast sobre la que desearía obtener una respuesta. Se pregunta si hay en la delegación algún representante de Irlanda del Norte.

33.El Sr.  Rangarajan (Reino Unido) señala que no hay ningún representante de Irlanda del Norte en la delegación, y propone trasladar la pregunta formulada por el Sr. Pillay a las autoridades irlandesas competentes, que podrían hacer llegar al Comité una respuesta por escrito.

34.La Presidenta precisa que si la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desea que el Comité tenga en cuenta esta respuesta cuando elabore sus observaciones finales, deberá hacérsela llegar en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículos 6 a 9 del Pacto

35.El Sr.  Texier espera que, dado que considera obsoletas las reservas formuladas por el Reino Unido al adherirse al Pacto, la delegación británica pueda informar al Comité de que el país levanta estas reservas durante el examen del sexto informe periódico del Reino Unido.

36.Leyendo en la documentación distribuida por la delegación británica que el Reino Unido presume de tener una de las tasas de empleo más elevadas del mundo, el Sr. Texier desea saber qué porcentaje representan 29,3 millones de trabajadores, si la actual crisis está incidiendo en la tasa de paro y, en caso afirmativo, qué medidas concretas se están adoptando para contenerla. El orador, citando un informe de la OIT de 2006 en el que se afirma que ciertas minorías (en particular los pakistaníes, los bangladesíes, los negros originarios del Caribe y los hombres negros de origen africano) siguen sufriendo una tasa de paro mucho mayor que el resto de la población, desea saber qué programas se han puesto en marcha para reducir el paro específicamente entre estos grupos de población.

37.Teniendo en cuenta la duración extremadamente larga de los procedimientos de concesión de asilo, superior a doce meses, el Sr. Texier piensa que sería conveniente permitir que los solicitantes de asilo accediesen al mercado de trabajo. ¿Ha previsto esta posibilidad el Estado Parte?

38.Citando a continuación un informe de la OIT de 2005 en el que se denuncia la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que asciende a un 22,6% en el sector privado y a un 13,3% en el sector público, el Sr. Texier desea saber si estas diferencias siguen siendo tan pronunciadas en 2009, tanto en el sector público como en el privado.

39.El Sr. Texier recuerda que, para no ser calificado de "trabajo forzado", el trabajo que se realiza en las cárceles debe necesariamente reunir las siguientes dos condiciones: hacerse bajo el control y la supervisión de la autoridad pública (es decir, de los funcionarios encargados de la seguridad de la cárcel) y organizarse de modo que los trabajadores no queden a disposición directa de los empleadores del sector privado. Sin embargo, según otro informe de la OIT de 2007, parece que en el Reino Unido no se cumplen estas dos condiciones. ¿Podría la delegación británica pronunciarse al respecto?

40.Sería deseable obtener información complementaria sobre la cuantía real del salario mínimo por hora, dado que las cifras varían de un párrafo a otro del informe examinado: según el párrafo 107, es de 7 libras a la hora, pero según el párrafo 211, varía entre las 3,30 libras, las 4,45 libras y las 5,35 libras, en función de la edad. Asimismo, el orador apreciaría recibir información complementaria sobre las razones que explican que las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años perciban un salario inferior a las que tienen 22 o más años, a pesar de ser también mayores de edad. ¿Debe deducirse que los jóvenes que perciben un salario menor se hallan aún en fase de aprendizaje?

41.En relación con los derechos sindicales y la aplicación del artículo 8 del Pacto, el Sr. Texier desea saber si el Estado Parte ha modificado, o incluso suprimido, aquellas disposiciones de su legislación nacional que permiten excluir a los sindicalistas que desarrollan simultáneamente actividades políticas.

42.El Sr.  Martynov, observando los esfuerzos que ha realizado con éxito el Estado Parte por facilitar el empleo de las personas discapacitadas, subraya que aún queda mucho por hacer en la materia, según ha confesado además el propio Gobierno británico. Refiriéndose al párrafo 73 de las respuestas escritas del Gobierno británico a la lista de cuestiones, pregunta a la delegación qué curso ha dado al proyecto de reorganización que se debatió en diciembre de 2007 con vistas a instaurar el pleno empleo para las nuevas generaciones, y si puede describir la gama de disposiciones complementarias destinadas a ayudar a los discapacitados a acceder a un empleo. Asimismo, la delegación podría precisar si el Estado Parte ha establecido cuotas para la contratación de personas con discapacidad y ha adoptado medidas para que éstas puedan acceder a un nivel de estudios y cualificaciones igual al del resto de la población y, en consecuencia, dispongan de las mismas oportunidades en el mercado de trabajo.

43.Además, la delegación podría precisar si la información suministrada en los párrafos 98 a 101 de las respuestas escritas del Gobierno británico a la lista de cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, y en particular al descanso semanal, al descanso diario y a las vacaciones pagadas, se refiere únicamente a los trabajadores británicos, y si el Estado Parte tiene previsto ratificar, en el marco de la prevención de los accidentes de trabajo, el Convenio N° 174 de la OIT sobre la prevención de accidentes industriales mayores (1993).

44.Asimismo, la delegación británica podría explicar las reticencias del Estado Parte en relación con la Carta Social Europea revisada, y cuánto tiempo tiene previsto estudiar su aplicación práctica antes de tomar la decisión de ratificarla o no. Asimismo, podría informar al Comité sobre si el Reino Unido tiene previsto o no adherirse al Convenio N°117 de la OIT sobre política social (normas y objetivos básicos) y al Convenio Nº 118 de la OIT sobre la igualdad de trato.

45.También sería deseable que la delegación británica precisase si la reforma de las pensiones tiene por objeto garantizar unos ingresos adecuados a todos los grupos de población, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad y los miembros de las minorías étnicas, y que proporcionase al Comité información sobre el coste de la vida a título comparativo.

46.Asimismo, sería interesante conocer qué duración tiene el permiso de maternidad en el Reino Unido, si las mujeres que no reúnen los criterios enunciados en el párrafo 231 del informe examinado pueden no obstante aspirar a una prestación legal por maternidad y, por último, si han aumentado las prestaciones legales por maternidad y los subsidios prenatales y postnatales que el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró insuficientes en 2005.

47.El Sr.  Abdel-Moneim pregunta si los cuatro grandes principios en los que se basa la política de empleo del Gobierno británico (estabilidad macroeconómica, flexibilidad y diversidad, incentivos laborales y políticas activas en el mercado de trabajo) permiten al Estado Parte cumplir con las obligaciones que se derivan del párrafo 2 del artículo 6 del Pacto. Duda, por ejemplo, de que la flexibilidad presente el mismo interés para los empleadores que para los trabajadores. El orador cita fuentes de información según las cuales las pensiones de jubilación de las mujeres serían inferiores a las de los hombres y solicita a la delegación británica que informe sobre este punto.

48.El Sr.  Kedzia desea disponer de datos actualizados sobre el número aproximado de solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada y que no pueden regresar a su país por múltiples razones. El orador entiende que no pueden aspirar a ninguna ayuda del Estado ni trabajar, y se pregunta por sus medios de subsistencia. Dado que varios miles de personas se encuentran en esta situación, pregunta si el Reino Unido ha previsto alguna medida para remediar esta situación.

49.El Sr.  Sadi dice que, según diversas fuentes de información, los migrantes que trabajan en el sector de la pesca en Escocia y en Irlanda del Norte estarían siendo víctimas de explotación y pregunta por qué no puede el Estado Parte garantizarles unas condiciones de trabajo decentes y un salario mínimo.

50.El Sr.  Kolosov pregunta cuántos jóvenes trabajan en el sector de la pesca en Irlanda del Norte, cuál es su salario y cuál su edad. En particular, desea saber si antes de trabajar hanpasado por el proceso normal de escolarización.

51.La Presidenta, interviniendo en su calidad de miembro del Comité, desea información complementaria sobre la reforma de las pensiones, que debería permitir un mayor equilibrio entre el régimen de pensiones pagadas por el Estado, al que los trabajadores deben cotizar durante cuarenta años, y el sistema de planes de pensiones privados. Además, pregunta si existen campañas de información específicas para que los ciudadanos entiendan su cada vez mayor responsabilidad en la gestión de sus futuras pensiones de jubilación. Por último, desea saber si el Gobierno británico tiene previsto atender a las recomendaciones de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos tendentes a la adopción de medidas para facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, permitir una mejor conciliación de la vida laboral y privada y mejorar el acceso de los hombres al permiso parental.

Se suspende la sesión a las 12.00 horas y se reanuda a las 12.10 horas.

52.La Sra. Keats (Reino Unido) dice que, en virtud de la ley de 2002 sobre los sin techo, corresponde a las entidades locales prestar asistencia a los sin techo, así como a los hogares que corren el riesgo de encontrarse en la calle. De conformidad con esta ley, las entidades locales han tenido que elaborar una estrategia para determinar las medidas que pretendían aplicar con el fin de prevenir el problema de las personas que carecen de domicilio fijo. Se han definido nuevos grupos de riesgo, entre ellos el de los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad y el de las personas que han salido de la cárcel. La estrategia ha hecho hincapié en los grupos no prioritarios que hasta entonces quedaban fuera del campo de actuación de los poderes públicos con objeto de proporcionarles soluciones al problema de la vivienda. Asimismo, se ha pedido a las entidades locales que revisen los servicios que ofrecen en materia de vivienda con el fin de garantizar que la desaceleración de la actividad económica no agrave aún más la situación de los sin techo. Además, existe un proyecto de construcción de 70.000 viviendas de aquí a 2011, de las cuales 45.000 se alquilarán a precios muy moderados.

53.El Sr.  Rangarajan (Reino Unido) dice que la política de empleo desarrollada por el Reino Unido, que se basa en efecto en los cuatro grandes principios citados por el Sr. Abdel‑Moneim, se ajusta plenamente a las "normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva", tal y como exige el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto. Además, existen programas de orientación y formación técnica y profesional y el Estado Parte no escatima ningún esfuerzo para proteger y promover el disfrute de las libertades políticas y económicas fundamentales de todos los individuos.

54.El Sr.  Strutt (Reino Unido) dice que, en 2008, la diferencia salarial entre hombres y mujeres era del 22,6% en el sector público y del 28,3% en el sector privado. A pesar de que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la promoción de la igualdad entre los sexos, las diferencias salariales se están reduciendo progresivamente. Además, estas diferencias son menores si consideramos las generaciones más jóvenes: en efecto, son del 5,9% entre los hombres y las mujeres de edades comprendidas entre los 22 y los 29 años, frente al 30,6% entre las personas de más de 40 años. La explicación se encuentra sin duda en el grado de instrucción, que es mucho mayor entre las mujeres jóvenes. En cambio, las desigualdades salariales son pronunciadas entre quienes trabajan a tiempo parcial y quienes poseen un empleo a tiempo completo. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ha emprendido un estudio sobre la cuestión de las desigualdades salariales. Con arreglo a la Ley de igualdad de 2006, los empresarios están obligados a suministrar a los poderes públicos información sobre las diferencias salariales existentes entre sus empleados. No obstante, el objetivo es antes animar a los propios empresarios a promover el acceso de las mujeres al empleo y reducir las diferencias salariales que imponer sanciones cuando no se aplique la Ley de igualdad.

55.El Sr.  O’Gorman (Reino Unido) presenta información estadística actualizada sobre el empleo. Según las últimas cifras disponibles, en abril de 2009 la tasa de empleo era del 73,6%, un 0,5% inferior a la del trimestre anterior, y 1.513.000 personas percibían el subsidio de desempleo. Obviamente, la recesión económica ha afectado negativamente al empleo. Por lo que se refiere a las diferencias apuntadas por el Sr. Texier entre las cifras de los párrafos 107 y 211 del informe examinado, el Sr. O’Gorman explica que el párrafo 107 hace referencia al salario mínimo pagado por los empleadores y a los créditos fiscales concedidos por el Gobierno británico a los hogares más desfavorecidos, mientras que el párrafo 211 se refiere únicamente al salario mínimo que pagan los empresarios.

56.Por lo que respecta al empleo de las personas discapacitadas, la delegación británica reconoce que queda todavía mucho por hacer, a pesar de que se han emprendido numerosas iniciativas para proteger mejor a los discapacitados de la discriminación en el empleo, proporcionar ayudas complementarias a los discapacitados en paro y mejorar las cualificaciones de los jóvenes con discapacidad, favoreciendo, en particular, su integración en el sistema escolar convencional y, en consecuencia, su incorporación al mercado de trabajo. En particular, existen programas destinados a ofrecer a los adultos con discapacidad la posibilidad de formarse y adquirir habilidades básicas. Además, existen iniciativas muy concretas, como las denominadas de "Acceso al empleo" (Access to work), encaminadas a facilitar el acceso de los discapacitados a su trabajo, que incluyen medidas como el abono de los gastos de taxi o ayudas para que los empleadores puedan acondicionar las estructuras con el fin de acoger a los trabajadores con discapacidades. Hasta 1995 existía una política de cuotas en virtud de la cual las empresas debían reservar el 3% de los puestos a trabajadores discapacitados. Según la opinión general, los resultados de esta política han sido limitados, debido especialmente al hecho de que muchos discapacitados se negaban a registrarse oficialmente para beneficiarse de las cuotas y reclamaban simplemente el mismo trato que el resto de los ciudadanos.

57.A la pregunta de si el Gobierno británico tiene previsto firmar y ratificar la Carta Social revisada y, en caso afirmativo, en qué plazo, el Sr. O’Gorman responde que el Gobierno desea estudiar primero las implicaciones prácticas de los nuevos derechos recogidos en la Carta, y que no se ha fijado calendario alguno ni se ha adoptado ninguna decisión por lo que respecta a la firma y ratificación de este instrumento.

58.Por lo que se refiere a la reforma de las pensiones y a las medidas que el Gobierno ha adoptado para reducir la pobreza de los jubilados, y en particular de las mujeres, el próximo año entrará en vigor una reforma a fondo cuyo objetivo principal será flexibilizar las condiciones que dan derecho a una pensión de jubilación completa para estas categorías de personas, cuyo número de años de cotización pasará de 40 a 30. En lo que respecta al nivel mínimo de las pensiones de jubilación en relación con el coste de la vida, el Gobierno se esfuerza por mejorar la comunicación y utilizar mejor la información de que dispone para que los jubilados que ya se benefician de ciertas prestaciones sociales, y en particular de la pensión mínima de jubilación, puedan recibir las prestaciones a las que tienen derecho, algunas de las cuales, como la ayuda para el pago de los impuestos locales, cobran en la actualidad de forma automática. Conviene precisar que la ley británica exige indexar las pensiones en función del coste de la vida. Durante estos últimos años, el Gobierno ha revalorizado la pensión mínima de jubilación sobre la base del incremento de los salarios que, debe observarse, ha sido mayor que el de los precios. Además, se han introducido algunas modificaciones para permitir que las mujeres puedan rescatar años de cotización. Sobre la importante cuestión de la relación entre los planes de pensiones y la pensión mínima de jubilación, el Sr. O’Gorman explica que los estudios llevados a cabo con actores interesados han puesto de manifiesto que, con las nuevas medidas de fomento del ahorro, más del 95% de las personas que han suscrito un plan de pensiones pueden esperar recibir una cantidad al menos igual a la ahorrada, y un 70% pueden esperar recibir el doble de la misma.

Artículos 10 a 12 del Pacto

59.El Sr.  Riedel pregunta qué hace el Estado Parte para reducir la desigualdad entre las clases sociales, que ha aumentado un 4% entre los hombres y un 11% entre las mujeres.

60.Dado que las personas discapacidades que sufren trastornos mentales tienen más problemas de salud que los demás, el Sr. Riedel desea saber cómo aborda el Gobierno británico esta situación. Asimismo, pregunta qué medidas se están adoptando para enfrentarse al problema de que la esperanza de vida de los hombres ingresados en los servicios hospitalarios de los barrios más desfavorecidos de Glasgow es menor a la de los hombres hospitalizados en barrios más prósperos. Por otro lado, desea saber qué hace el Gobierno para garantizar un acceso igual al suministro de bienes, instalaciones y servicios médicos en Escocia, en Irlanda del Norte y en el conjunto del Reino Unido.

61.Los solicitantes de asilo en espera de ser expulsados y los inmigrantes indocumentados seropositivos no se benefician de tratamientos gratuitos. El Sr. Riedel se extraña de ello, habida cuenta de que el Gobierno británico se ha comprometido, junto con otros gobiernos del Grupo de los ocho países más industrializados (G‑8), a facilitar el acceso universal al tratamiento del VIH de aquí a 2010.

62.En 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la saluddenunció la ignorancia de los médicos, que desconocen la importancia del derecho a la salud. El Sr. Riedel se pregunta qué hace el Gobierno para sensibilizar a los médicos y a los profesionales sanitarios acerca del derecho a la salud y del Pacto en general.

63.Parece que entre un 60 y un 80% del millar de detenidos con que cuenta Irlanda del Norte padecen trastornos de la personalidad, y que la única unidad competente para ocuparse de estos casos dispone únicamente de 20 plazas. El Sr. Riedel se pregunta acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la igualdad de acceso a la salud en este ámbito.

64.Por último, el Sr. Riedel desea saber qué actividades desarrolla el Gobierno en relación con la enfermedad de Alzheimer y la demencia, que afectan a 750.000 personas en el Reino Unido, con el fin de sensibilizar y formar a los profesionales sanitarios, sensibilizar e informar a la opinión pública, e informar a los pacientes y a sus familias sobre sus derechos y sobre los servicios de los que pueden beneficiarse.

65.El Sr.  Pillay dice que el problema de la pobreza infantil sigue siendo grave y teme que el Gobierno británico no sea capaz de alcanzar su objetivo de reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil de aquí a 2010. Teniendo en cuenta la recesión económica y la "precariedad energética", particularmente en Irlanda del Norte, pregunta qué medidas se están adoptando para evitar que la pobreza infantil no se acentúe y para resolver este problema. Asimismo, desea saber si el Gobierno británico inscribe su estrategia de lucha contra la pobreza en la perspectiva de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con la declaración que adoptó el Comité sobre la pobreza en mayo de 2001.

66.El Sr.  Schrijver pregunta cuál es la eficacia de las medidas de lucha contra la trata de seres humanos enumeradas por el Gobierno británico en sus respuestas escritas a la lista de cuestiones y qué problemas quedan por abordar en este ámbito.

67.Asimismo, el orador desea saber si el Gobierno ha elaborado algún estudio sobre la incidencia de los futuros Juegos Olímpicos de Londres en los derechos humanos, si se ha emprendido un diálogo en el seno de las instituciones con los grupos de defensa de los derechos humanos y si se ha extraído alguna lección en este ámbito de los Juegos celebrados en Beijing.

68.El Sr.  Martynov, haciendo referencia a los párrafos 237, 246 y 247 del quinto informe periódico del Reino Unido, pregunta si el gobierno ha alcanzado sus objetivos en materia de guarderías y jardines de infancia y si existen listas de espera para obtener plazas de jornada completa en los mismos.

69.Refiriéndose a las fuertes disparidades existentes entre las diferentes regiones del Reino Unido, el Sr. Martynov señala las importantes diferencias que sufren los grupos desfavorecidos y marginados en lo que se refiere al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, e ilustra su argumento mencionando la tasa de suicidio y las desigualdades en materia de empleo de las personas con discapacidad. Desea saber si el Gobierno realiza esfuerzos sistemáticos para acabar con las desigualdades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales derivadas de las diferencias interregionales.

70.El Sr.  Kedzia dice que la prestación de los servicios sociales, que es competencia del Estado, se subcontrata con cada vez mayor frecuencia con empresas privadas. Desea conocer cómo valora el Gobierno la eficacia de los servicios, si las empresas subcontratadas están sujetas a las normas relativas a los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales y qué medidas se han adoptado para garantizar el respeto a estas normas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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