Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

47º período de sesiones

Acta resumida de la 36 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 17 de noviembre de 2011, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Israel (continuación)

Se declara abierta la sesión a las a las 10.00 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Israel (continuación) (E/C.12/ISR/3; E/C.12/ISR/Q/3 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegaci ón de Israel toma asiento a la M esa del Comité.

Artículos 6 a 9 del Pacto (continuación)

2.El Sr. Gottlieb (Israel), en respuesta a las preguntas sobre el método utilizado para calcular la tasa de desempleo y el motivo por qué es más alta entre la población árabe y las mujeres, dice que en ese aspecto Israel sigue los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): las personas desempleadas deben estar en paro total, registrarse en su bolsa de trabajo, haber estado buscando trabajo activamente durante al menos cuatro semanas y estar disponible para trabajar casi de inmediato. También se considerarían como desempleados las personas que no puedan trabajar debido a enfermedad o por estar en el servicio de reserva. Las cifras comparativas sobre el desempleo para el período 2001-2009 muestran que la tasa de desempleo de los hombres judíos alcanzó su cifra máxima durante la recesión de 2003, en el 9,9%, disminuyó al 5,4% en 2008, pero se elevó de nuevo al 7,4% en 2009, debido a la crisis financiera mundial. La tasa de desempleo para las mujeres judías fue ligeramente superior a la de los hombres judíos durante el período, pero fue convergiendo hacia la cifra de desempleo de los hombres judíos, alcanzando un nivel similar en 2009. La tasa de desempleo para los hombres árabes fue del 14,1% en 2002, debido principalmente a los disturbios en ese momento, pero se redujo al 7,5% en 2008, antes de elevarse al 7,9% en 2009 debido a la crisis financiera. Así pues, la tasa para los hombres árabes también fue convergiendo hacia la cifra de desempleo de la población judía masculina y femenina. La situación con respecto a las mujeres árabes es más compleja: en 2001 se registraba una tasa de desempleo del 11%, que disminuyó a cerca del 10% en 2006, antes de aumentar de forma pronunciada a 16,9% poco después. En la actualidad es alrededor del 10%, y la investigación reciente indica que la proporción de las mujeres árabes en la fuerza de trabajo ha aumentado considerablemente.

3. En cuanto a la preocupación planteada por las disparidades salariales entre hombres y mujeres y entre las poblaciones judía y árabe, las cifras muestran que los hombres árabes ganan el 56% de los salarios de los hombres judíos, lo que representa un ligero aumento respecto a 2001, mientras que las mujeres judías ganan el 60,2% de los salarios de los hombres judíos, lo que representa un incremento de casi el 4% en 2001. Las mujeres árabes ganan el 67% de los salarios de los hombres árabes, por encima del 63% en 2001. Si se comparan los sueldos de las mujeres árabes con los de las mujeres judías, la situación ha mejorado levemente, del 61,2% de los salarios de las mujeres judías en 2001, al 62,6% en 2009. Así pues, el incremento proporcional más importante ha sido entre las mujeres árabes israelíes. Las razones de las diferencias salariales son: la estructura de la población por edades, ya que entre la comunidad árabe hay una población más joven y una tasa de natalidad más alta; el mayor desempleo entre la población árabe, lo que debilita su poder de negociación; el menor nivel de instrucción de la mujer árabe; las tasas más altas de trabajo a tiempo parcial entre las mujeres; los salarios más bajos en las zonas rurales, donde viven muchos árabes, en comparación con las zonas urbanas, y el hecho de que los empleadores no respeten el salario mínimo, aunque se han hecho mejoras en ese aspecto después de la intervención del Gobierno.

4. El subsidio por hijo no ha sufrido recortes, como se indica; en cambio, en 2009 se redistribuyó esa subvención para ayudar más a las familias, mediante el aumento de la asignación en un 5% para el segundo, el tercero y el cuarto hijo, dejando en adelante invariable la cantidad para el primer y el quinto hijo.

5. Es cierto que los gastos de los servicios sociales se han reducido en los últimos años, del 18,7% del producto interno bruto en 2002, al 15,6% en 2010, principalmente en los ámbitos que afectan a la población en edad de trabajar, pero no se han hecho recortes en los servicios para las personas mayores. Se trata de un cambio importante de política, que se introdujo por igual para todos los sectores de la población, no solo judíos o árabes, para permitir que se orienten más fondos hacia el mercado de trabajo.

6. El S r. Mirkin (Israel) dice que la Ley de igualdad de derechos de las personas con discapacidad de 1998 garantiza el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida pública, prohíbe la discriminación negativa y se centra en atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad. La investigación reciente revela que la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es significativamente mayor que entre las personas sin discapacidad. Por otra parte, el 65,2% de las personas con discapacidad que están empleadas ganan menos del salario mínimo, en comparación con el 27% de las personas sin discapacidad, y el 13% de las personas con discapacidad gana más que el salario medio, en comparación con el 37% de la fuerza de trabajo totalmente apta. A fin de abordar las desigualdades, el Gobierno ha adoptado diversas medidas jurídicas y de otra índole. Entre ellas figura una iniciativa para permitir que las personas con discapacidad trabajen por menos del salario mínimo que, aunque pueda parecer discriminatoria, de hecho tiene el efecto contrario, de incitar a los empleadores a contratar a personas con discapacidad, especialmente porque se percibe que en general son menos productivos que las personas sin discapacidad. Otra iniciativa es una enmienda legislativa que obliga a que todos los nuevos edificios sean accesibles para personas con discapacidad. Además, en 2003, el Comisionado de la Administración Pública ordenó que se dé prioridad a los candidatos con discapacidades severas en el proceso de contratación en la administración pública, y proporcionó el apoyo correspondiente a los empleadores y potenciales empleados con discapacidad con el fin de ayudar en el proceso y después, una vez que las personas contratadas se encontraban en el lugar de trabajo.

7.El Gobierno ha establecido un plan para ayudar a las personas con discapacidad a salir de los empleos protegidos para pasar a empleos apoyados, y asesorar a los empleadores sobre los sueldos adecuados y la adaptación del entorno de trabajo para dar cabida a personas con discapacidad, como la instalación de rampas para sillas de ruedas, adaptación de mobiliario y compra de equipo especial. El plan se dirige a jóvenes con discapacidad, en particular, e incluye programas de experiencia laboral en los sectores público y privado y en el ejército, la formación para entrevistas de trabajo, la planificación profesional, la preparación para la vida independiente y la creación de clubes juveniles en que los jóvenes con discapacidad que asisten a escuelas ordinarias pueden interactuar con otras personas con discapacidad.

8.El Sr. Feldman (Israel) dice que la economía de Israel solo llegará a su pleno potencial de crecimiento con una importante participación de las minorías, a saber, las comunidades de árabes, drusos, circasianos y beduinos. El objetivo es aumentar el empleo de las mujeres de las minorías del 22% al 42%, y de los hombres de las minorías, del 70% al 78%, en 2020. Describe varias resoluciones adoptadas por el Gobierno desde 2010, como se detalla en la respuesta a la pregunta 10 de la lista de cuestiones (E/C.12/ISR/Q/3/Add.1). Se ha establecido un Centro de Desarrollo Regional para coordinar todos los organismos pertinentes y continuar con la expansión del desarrollo económico y los programas de empleo. Se están estableciendo centros de empleo en las localidades pertenecientes a minorías para promover medidas activas y prestar servicios de empleo a los desempleados o subempleados, con un presupuesto de 200 millones de nuevos sheqalim (NIS) en cinco años. Los centros están dotados de personal local, que está familiarizado con las necesidades específicas y las dificultades de cada zona determinada; ofrecen orientación profesional, capacitación profesional y evaluación de aptitudes, técnicas de entrevista y servicios de colocación, y prestan servicios adaptados a grupos específicos como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Se ha abierto 1 de los centros en una localidad árabe, y está previsto abrir 3 más entre finales de 2011 y principios de 2012; se han abierto 2 en el Neguev en 2010, y hay planes para abrir 6 más, y está programado inaugurar 1 para el norte en 2012.

9.El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo se ha centrado en el desarrollo de zonas industriales en las localidades pertenecientes a minorías, con una inversión de 17 millones de NIS desde 2010 y un presupuesto adicional de 260 millones de NIS en los próximos cinco años. También se alienta la integración de las localidades con las zonas industriales regionales, con el fin de facilitar el empleo. Durante el mismo período, 94 empresas recibieron subsidios para contratar a 1.500 nuevos empleados, con un costo total de 85 millones de NIS, mientras que 10 empresas recibieron subvenciones para gastos de capital dirigidos a la expansión de las fábricas, para satisfacer las necesidades de 200 trabajadores adicionales, a un costo de 35 millones de NIS. Se ha creado un fondo de inversión privado, dotado de 175 millones de NIS, para apoyar nuevas empresas basadas en las tecnologías por Internet, de propiedad de árabes. Se han aplicado varios programas para fomentar el empleo de las minorías étnicas, como se detalla en la respuesta a la pregunta 10 de la lista de cuestiones (E/C.12/ISR/Q/3/Add.1). La programación adicional incluye cursos de ingeniería, por un costo de 60.000 NIS por alumno durante dos años, y el reciclaje en sectores de alta tecnología, con un presupuesto de 3 millones de NIS para 2011-2012. Solo el 2,5% de los académicos pertenecientes a las minorías están desempleados, frente al 4,1% de los académicos judíos. Hay dos unidades dedicadas al desarrollo económico y el empleo de las minorías, una en el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo y otra en la Oficina del Primer Ministro.

10.El Sr. Lenk (Israel) dice que, si bien la delegación no puede tener la solución para cada problema de empleo, confía en que está demostrando los logros de los empeños de Israel durante el año anterior, y su voluntad de formular las que, a su juicio, son las preguntas correctas.

11.La Sra. Tene-Gilad (Israel), refiriéndose a los párrafos 65 a 76 del informe periódico (E/C.12/ISR/3), dice que los árabes representan el 7,52% de los funcionarios públicos, y ha habido un incremento constante, aunque lento, en sus números. Se han tomado varias medidas para aumentar su participación, lo que incluye ajustes en el examen de ingreso, recopilación de datos y la contratación de minorías en los niveles superiores, como factor que impulsa una mayor integración. Hay 32.000 palestinos autorizados a trabajar en Israel, 25.000 con permiso de trabajo en los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, y alrededor de 20.000 trabajadores sin autorización. En virtud de la Ley de economía de electricidad, los jubilados tienen derecho a un 50% de descuento en los primeros 400 kWh de consumo doméstico mensual.

12.El Sr. Karin (Israel) dice que la valla de seguridad es una medida temporal y no está destinada a la anexión de territorios. Su planificación y construcción se realizó teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar los requisitos de seguridad con el deseo de reducir al mínimo el impacto sobre los residentes palestinos, en particular en la zona de separación. Solo 7.000 palestinos viven en la zona de separación, pero el Estado parte trata de aplicar el principio de proporcionalidad buscando soluciones a las restricciones de movimiento, tales como permisos y puertas y corredores permanentes o estacionales. El Tribunal Supremo realiza exámenes judiciales periódicos de las distintas cuestiones relacionadas con la administración de la Ribera Occidental. Los palestinos no tienen necesidad de permisos para circular en la mayoría de las carreteras de la Ribera Occidental, excepto en unos pocos casos aislados en que hay un claro problema de seguridad. Sin embargo, la libertad de circulación no es absoluta y se debe sopesar frente a otros derechos e intereses. En muchos casos, las restricciones de los movimientos por razones de seguridad solo se imponen a los ciudadanos israelíes, y no a los palestinos. El año anterior se observaron importantes mejoras en materia de movilidad: la Ruta 433, que une varios pueblos de la Ribera Occidental con Ramallah, se ha abierto a los palestinos, a raíz de un fallo del Tribunal Supremo, que determinó que la prohibición de su uso de la carretera no estaba autorizada y era desproporcionada. También se han abierto otras cinco carreteras y se han eliminado 60 puestos de control. Los 16 controles de carretera restantes funcionan las 24 horas del día y llevan a cabo controles aleatorios. Por lo que el orador sabe, las restricciones de circulación existentes no producen efectos adversos sobre el empleo de las mujeres palestinas. Los hombres y mujeres palestinos son libres de trabajar en la Ribera Occidental, y pueden hacerlo en Israel o los asentamientos israelíes, después de un examen preliminar de seguridad, aunque el Estado parte no tiene ninguna obligación jurídica de darles alojamiento. Con el fin de apoyar la economía palestina, Israel en general autoriza el ingreso de los residentes de la Ribera Occidental por motivos de trabajo, con sujeción a consideraciones de seguridad y cupos de mano de obra.

13.El Sr. Sadi pregunta si los trabajadores extranjeros disfrutan de las mismas condiciones de trabajo que el trabajador medio israelí.

14.La Sra. Shin acoge con beneplácito las múltiples medidas adoptadas para reducir la diferencia salarial y aumentar el empleo y las prestaciones a las personas con discapacidad y los miembros de las minorías; sin embargo, aún queda mucho por hacer. Pregunta si todas las medidas del Gobierno en esa zona se aplicaron en consulta con las diversas comunidades y grupos de población. También hace referencia a la manifiesta falta de opciones para los jóvenes que optan por ingresar en el servicio civil nacional en lugar de hacer su servicio militar.

15.El Sr. Lenk (Israel) responde que, de hecho, hay una amplia gama de opciones a disposición de los jóvenes, ya sea en sus propias comunidades o en otras partes del país, y que es posible sugerir otras colocaciones en el servicio civil. El Gobierno entabla una amplia consulta con las comunidades minoritarias antes de aplicar los programas.

16.La Sra. Tene- Gilad (Israel) dice que, además de la Ley de trabajadores extranjeros, todas las leyes laborales nacionales son aplicables a los trabajadores extranjeros. Se ha creado un equipo para examinar maneras de reducir los elevados derechos de contratación que pagan los trabajadores extranjeros en su país de origen. Un acuerdo entre Israel y Tailandia sobre los trabajadores extranjeros en la agricultura debería ratificarse el 20 de noviembre de 2011. Desde 2007, hay un departamento especialmente dedicado al servicio civil nacional. Unos 15.000 jóvenes se han ofrecido como voluntarios para el servicio: el 61% en la educación, el 24,2% en la atención de salud, el 6% en servicios de bienestar social, el 5% en seguridad pública, y el 1,3% en el ámbito jurídico.

17.El Sr . Tirado Mejía expresa su preocupación por la situación de los trabajadores migrantes, en particular los trabajadores domésticos que viven en su lugar de empleo. De acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo, las regulaciones sobre las horas de trabajo y horas de descanso no se aplican a esos trabajadores. Pregunta si la situación ha cambiado desde esa decisión.

Artículos 10 a 12 del Pacto

18.El Sr. Riedel pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte o tiene intención de adoptar, para cambiar el trato injusto de los hombres en los procesos y arreglos en asuntos de divorcio, lo que contribuye a una alta tasa de suicidios entre los hombres divorciados.

19.Insiste en que el Comité no está de acuerdo con la interpretación que hace el Estado parte de sus obligaciones con respecto a los territorios ocupados, y dice que el castigo colectivo infligido a Gaza constituye una violación de las obligaciones de Israel en virtud del Pacto, el derecho internacional consuetudinario, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de ocupación beligerante, y una respuesta totalmente desproporcionada a la amenaza a la seguridad. El principio de proporcionalidad debe aplicarse a todas las zonas, e Israel sigue siendo responsable de esos territorios, en la medida en que ejerce en última instancia el control sobre ellos, aunque no sea de forma efectiva. Pregunta si, teniendo en cuenta que recientemente se ha permitido la entrega de materiales de construcción, se prevé una atenuación general de las restricciones fronterizas. Hay numerosas limitaciones a la circulación de personal sanitario, pacientes y suministros médicos, incluso en situaciones de emergencia en que la falta de tratamiento a tiempo en ocasiones causó la muerte de personas. En Jerusalén, solo en 2010 y 2011 hubo 1.089 casos en los que se negó la entrada a los servicios de ambulancias de emergencia de la Media Luna Roja Palestina, a pesar de la coordinación establecida previamente con las autoridades y hospitales israelíes, por lo que los pacientes gravemente enfermos debieron ser trasladados de las ambulancias a otros medios de transporte. Desea saber si está previsto cambiar esas prácticas.

20.Por último, dice que la mayoría de comunidades de la Ribera Occidental tienen una conexión inferior al 80% a la red de aguas residuales, la mayor parte de las aguas residuales domésticas no tratadas de los asentamientos judíos se descargan en la Ribera Occidental, y se han frustrado los intentos de los palestinos de construir instalaciones de gestión de residuos. Pregunta qué medidas se están adoptando para detener tales violaciones del derecho al agua y el saneamiento, enjuiciar a los autores y ofrecer reparación.

21.El Sr. Sadi pregunta si el punto de vista israelí sobre asuntos de la familia como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos es confesional o secular. Si es confesional, se pregunta de qué manera el Estado parte cumple con las normas internacionales pertinentes. Si es secular, no entiende por qué la política de familia no se ajusta a esas normas. El Comité agradecería que se aclaren los informes de que los padres divorciados no pueden salir del país a menos que antes hayan pagado la manutención de los hijos durante muchos años, y de que unos 30.000 niños no pueden salir del país como consecuencia de sentencias judiciales. También es difícil entender que la preferencia automática de que gozan las madres en la custodia de los niños en casos de divorcio se ajuste al respeto de la igualdad entre los géneros.

22.El Comité considera que el Pacto es aplicable en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Pregunta cómo se puede mejorar el nivel de vida en la Franja de Gaza, dado que los residentes tienen prohibida la importación de materiales de construcción, carecen de acceso a agua natural, poseen solo una planta de tratamiento de residuos y constantemente se reducen sus derechos de pesca. La situación es aparentemente similar en la Ribera Occidental. Insta al Estado parte a reconsiderar su política en esos territorios.

23.La Sra. Cong pregunta por qué los principios fundamentales del sistema de planificación para la población árabe incluyen el desarrollo de áreas de empleo conjuntas para aumentar los ingresos de las autoridades locales (E/C.12/ISR/3, párr. 452). Pide información sobre los resultados de los programas de planificación para las localidades árabes que se iniciaron en la década de 1980. Sería útil saber por qué hay tanta disparidad en el número de solicitudes de construcción de los residentes de los barrios occidentales y orientales de Jerusalén, y por qué se aceptan muchas más solicitudes en la parte occidental de la ciudad. Agradecería una indicación de las medidas de indemnización y reasentamiento a disposición de las personas cuyas construcciones ilegales son demolidas, sobre todo en Jerusalén Oriental. Señala a la atención la obligación del Estado parte de proporcionar un nivel de vida digno a la población. Considera un poco inapropiada la afirmación del párrafo 467 del informe periódico, de que el Gobierno ha decidido la construcción de nueve ciudades nuevas para los beduinos, a fin de complacer a la población beduina. Insta al Estado parte a que vuelva a abrir con efecto inmediato los pasos existentes dentro y fuera de la Franja de Gaza. Esa sería la medida más eficaz que el Gobierno podría tomar a corto plazo con el fin de facilitar la libre circulación de personas y mercancías.

24.El Sr. Atangana pide información adicional sobre los criterios según los cuales se distribuyeron canastas de alimentos a ciertos grupos vulnerables. También agradecería recibir información sobre las recomendaciones formuladas por el Comité interministerial sobre seguridad alimentaria. Sería interesante saber qué medidas se han adoptado para dar efecto a las disposiciones de la legislación de 2005 relativa a una comida diaria para los alumnos de la escuela.

25.El Sr. Martynov dice que de las respuestas escritas se desprende claramente que el nivel de pobreza en el Estado parte es alarmante, con más del 34% de los niños que viven en la pobreza en 2007. Pregunta si el Gobierno tiene una estrategia sostenible para luchar contra la pobreza, o si se limita a aceptar los resultados del juego de las fuerzas del mercado, incluso para los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad.

26.El Sr. Schrijver (Relator del país) señala que, de acuerdo a las observaciones finales de 2011 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Estado parte sigue siendo un país de destino para la trata de personas (CEDAW/C/ISR/CO/5, párr. 30). Desea saber qué medidas ha adoptado el Gobierno, además de la promulgación de la Ley contra la trata de personas y la adopción de dos planes nacionales de lucha contra la trata de personas, para aplicar las recomendaciones que el Comité hizo en el párrafo 31 de sus observaciones finales. También pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para impedir los matrimonios precoces.

27.El Estado parte ha indicado en el párrafo 373 del tercer informe periódico que en 2007, el 24,8% de las familias con hijos estaban por debajo del umbral de la pobreza. Es un porcentaje alto para un país con una economía desarrollada que se ha incorporado recientemente a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Esa cifra se confirma con otros datos, tales como un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de 2007, que muestra que casi el 57% de los palestinos viven en la pobreza, y un informe de la OIT de 2008, que indica que aproximadamente la mitad de los hogares palestinos dependen de la ayuda alimentaria proporcionada por la comunidad internacional. Pide información adicional sobre las medidas que aplica el Gobierno para combatir la pobreza en Israel y el territorio palestino ocupado.

28.El Comité no ve ninguna razón para apartarse de la posición que adoptó durante el examen de dos informes anteriores del Estado parte relativos a la aplicabilidad del Pacto. El párrafo 15 de las observaciones finales de 2003 (E/C.12/1/Add.90) indica claramente que el Comité no acepta la posición del Estado parte de que el Pacto no es aplicable a otras poblaciones que no sean los israelíes en los territorios ocupados. También toma nota de la profunda preocupación del Comité ante la insistencia del Estado parte de que, dadas las circunstancias en los territorios ocupados, se considera que el derecho de los conflictos armados y el derecho humanitario constituyen el único modo de garantizar protección a todas las partes interesadas, y que se estima que el asunto queda fuera de la esfera de competencia del Comité. El Comité se ha sentido alentado de que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, haya citado la opinión del Comité, de que las obligaciones del Estado parte en virtud del Pacto se aplican a todos los territorios y las poblaciones bajo su control efectivo. Si bien es necesario poner en perspectiva la situación en la Ribera Occidental, no se debe minimizar la difícil situación de las personas que viven en esa zona. Es un hecho que la construcción del muro por Israel en el territorio palestino dio lugar a la confiscación de una cantidad significativa de tierras y la destrucción de grandes extensiones de terrenos de cultivo y olivares; además, hay aldeas que quedaron divididas en dos. El muro atenta contra los derechos económicos y sociales consagrados en el Pacto. Asimismo, en la Franja de Gaza, la zona de pesca se extiende a solo 3 millas marinas, en contravención de los derechos establecidos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estipula que las regiones costeras tienen derecho a un mar territorial de hasta 12 millas marinas y una zona económica exclusiva de 200 millas marinas. Ello impide el ejercicio de los derechos económicos de miles de habitantes que tratan de ganarse la vida con la pesca, así como su derecho social al trabajo y su derecho a la alimentación, por no mencionar los efectos sobre sus familias. Si bien el Comité toma nota de la posición del Estado parte, sería útil no obstante una explicación detallada de la delegación sobre la situación en los territorios ocupados.

29.El Sr. Dasgupta señala que la Ley de nacionalidad y entrada en Israel (disposición temporal) impone severas restricciones a la posibilidad de reunificación familiar cuando uno de los cónyuges es residente en la Ribera Occidental, lo que afecta el derecho a la vida familiar con arreglo al artículo 10 del Pacto. El Comité toma nota de la justificación del Estado parte de que tiene el derecho de controlar la entrada en su territorio con el fin de poner freno a las actividades violentas, en particular, los actos terroristas. Sin embargo, aunque nadie discute ese principio, es dudoso que se justifiquen las medidas draconianas establecidas en dicha Ley que, en esencia, imponen una prohibición de reagrupación familiar a los residentes de la Ribera Occidental. Otorga al Ministro del Interior facultades discrecionales rigurosamente limitadas para conceder permiso para la reagrupación familiar en circunstancias estrictamente definidas. El Tribunal Supremo ha confirmado la constitucionalidad de la ley por una mayoría de uno, de un total de 11 jueces. Por lo tanto, pregunta si el Gobierno está considerando sustituir la Ley por un enfoque que permita al Ministro del Interior imponer restricciones adecuadas en materia de reagrupación familiar en los casos en que haya motivos razonables para sospechar que los que solicitan la entrada pueden participar en actividades violentas, al mismo tiempo que se permita que la mayoría de los solicitantes pueda entrar sin obstáculos. Es sorprendente que, actualmente, no se les concede automáticamente la entrada a los niños de 5 años de edad, y solo se puede obtener un permiso si el ministro hace uso de sus facultades discrecionales.

30. El Sr. Kedzia pregunta si la Ley de bienes de ausentes se aplica a las personas desplazadas, y si sus bienes pueden ser expropiados durante su desplazamiento. Desea saber si las personas desplazadas son libres de regresar a su lugar de asentamiento y reintegrarse en su propiedad, y qué medidas se han tomado para hacerlo posible. Pregunta si la Dirección para el Desarrollo de Israel puede posteriormente vender o entregar la propiedad a particulares o empresas y, en caso afirmativo, cuáles son los criterios pertinentes. Desea saber además si las personas desplazadas tienen derecho a las debidas garantías judiciales durante su desplazamiento.

31.Pregunta en qué medida la población beduina ha participado en el diseño y aplicación de las recomendaciones del Comité Asesor sobre la política relativa a las ciudades beduinas (Comité de Goldberg). Desea saber cómo se han elegido los dos representantes de los beduinos en el Comité Asesor, y si estos han participado plenamente en los mecanismos de adopción de decisiones sobre sus intereses. Pregunta si los beduinos están reconocidos como pueblo indígena, y en qué medida la población se percibe a sí misma como víctima, como se indica en muchos informes. Sería útil saber si el plan aprobado por el Gobierno ha de poner remedio efectivamente a la situación de los beduinos.

32.La Sra. Barahona Riera pide una aclaración de la aplicación de la legislación sobre violencia doméstica y la legislación sobre acecho en lo que respecta a las solicitudes de órdenes de protección, ya que al parecer podría haber cierta contradicción entre las dos. Sería útil saber si la violencia doméstica ha sido tipificada como delito. También pregunta qué medidas aplica el Estado parte para prevenir la trata de personas, y si ese fenómeno está tipificado como delito. Si es así, le interesaría saber qué condenas se han impuesto a los autores de ese delito.

33.El Comité agradecería recibir información sobre las medidas que el Estado parte está adoptando para garantizar que los niños no residentes gocen de la cobertura del seguro médico. Asimismo, desea saber qué medidas prevé el Gobierno, en virtud de su nueva legislación de seguridad alimentaria, para promover la seguridad alimentaria y la nutrición entre los grupos más vulnerables de la sociedad, incluidos los niños. Dado que el Gobierno ejerce efectivamente el control de los territorios ocupados, pregunta de qué manera la legislación se aplica en esos territorios con el fin de garantizar que no se niegue a los residentes el derecho a la alimentación.

34.También sería útil información adicional sobre los servicios y la educación en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en relación con la maternidad y los jóvenes, dentro de Israel y los territorios ocupados.

35. El Sr. Tirado Mejía pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para sensibilizar sobre la necesidad de prevenir el acoso sexual y la violencia doméstica. Habida cuenta de los informes de un aumento de las denuncias de violencia de género en el Estado parte, insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para combatir ese fenómeno. Asimismo, desea saber qué medidas se aplican para prevenir el turismo sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad, y si el Gobierno prevé tipificar como delito el turismo sexual de ciudadanos israelíes en el extranjero.

36.Teniendo en cuenta que las leyes religiosas tienden a tener primacía en materia de familia, se solicita información adicional sobre la legislación existente en relación con la poligamia y el matrimonio precoz, y la actitud del Estado ante esas cuestiones.

37.El Sr. Abdel-Moneim pregunta si el caso de 2006 en que el Tribunal Supremo reconoció el matrimonio civil (E/C.12/ISR/3, párr. 367) se reflejó en el reconocimiento de los matrimonios civiles como regla general en el Estado parte, y si es aplicable solamente a los matrimonios entre parejas judías. Asimismo, desea saber si el caso Nº 335/04 Vered Pinhasi c . el Estado de Israel, que se sometió ante el Tribunal Administrativo de Beer Sheva (ibid., párr. 460) ha dado lugar a un cambio en la normativa vigente a nivel nacional.

38.Habiendo examinado los datos sobre la pobreza en el informe periódico, solicita información adicional sobre la causa de la reducción en el nivel de pobreza en 2007, lo que es sumamente sorprendente dado que la disminución de los pagos de las prestaciones del seguro social se mantuvo hasta ese año. Ello es especialmente pertinente a raíz de los informes de que, en 2010, unos 800.000 niños vivían en familias que están en el umbral de la pobreza en el Estado parte.

39.Volviendo a la cuestión del derecho a una vivienda adecuada, señala que, según su información, los edificios financiados por el Gobierno representan solo el 16% de la construcción en los asentamientos israelíes y el resto se financia de manera privada. Se pregunta cómo los colonos obtienen licencias para construir en los territorios palestinos ocupados y cómo se financian esos asentamientos. También desea información sobre los costos comparativos de las unidades de vivienda en el propio Israel y en los territorios palestinos ocupados.

40.Tomando nota de la decisión del Tribunal de Contratos Estándar mencionada en el párrafo 437 del informe, sobre la necesidad de corregir varias condiciones injustas en el contrato estándar entre la empresa estatal de viviendas, Amidar, y sus inquilinos, pregunta por qué se ha tardado tanto tiempo para impugnar y modificar esas condiciones. Expresa su preocupación de que, de acuerdo con el informe (párr. 442), unas 1.000 personas que habitan en la calle no acuden a recibir tratamiento en los centros, ya que desconfían del establecimiento, y señala que debe crearse algún mecanismo para garantizar que esas personas reciban el tratamiento adecuado.

41.Recordando las recientes manifestaciones masivas en Israel por el costo de la vivienda, que condujo a que se encargara el informe Trajtenberg, celebra la adopción por el Gobierno de Israel de las recomendaciones de ese informe en relación con el desarrollo económico y social, pero pregunta si realmente han de ponerse en práctica, teniendo en cuenta el costo de la aplicación de tales recomendaciones, estimado en 8.300 millones de dólares de los Estados Unidos. También pregunta si, dado el alto nivel de la tributación en Israel, algunos de los ingresos deberían utilizarse para redistribuir el ingreso nacional. En el caso en que la política económica obstaculiza el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que se necesita es un cambio en la política y un cambio estructural real.

42.El Sr. Ribeiro Leão, en referencia a la reagrupación familiar (párrafos 392 a 409 del informe), un derecho reconocido internacionalmente de especial pertinencia para el Pacto, así como el derecho internacional relativo a los conflictos armados y los refugiados, y en el párrafo 397 del informe, en particular, pide más aclaraciones sobre los criterios del Estado parte para determinar que una persona que solicita la entrada en Israel podría participar en actos de violencia y terrorismo contra sus ciudadanos, y por lo tanto, que se le debe denegar la entrada.

43.El Presidente, hablando en su calidad de experto, al mismo tiempo que toma nota de la posición de la delegación acerca de la aplicabilidad del Pacto en los territorios palestinos ocupados, como se indica en su respuesta a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, pide más aclaraciones. Análogamente, los desalojos forzosos en Jerusalén Oriental parecen no estar en conformidad con el derecho internacional. En ese sentido remite a la delegación a la Observación general Nº 7 del Comité.

44.El Sr. Lenk (Israel) celebra que el Comité manifieste preocupación e interés en la legislación israelí y las posibles enseñanzas aprendidas a raíz de la primavera árabe. Con respecto al primer punto planteado por el Presidente, sin embargo, dice que la posición de su Gobierno era bien conocida, y el Comité y la delegación deberían coincidir en su desacuerdo sobre esta cuestión. También señala que, desde un punto de vista fáctico, es posible que su delegación no pueda responder a todas las preguntas, puesto que Israel ya no tiene el control administrativo de los territorios. La interacción entre israelíes y palestinos en esos territorios se limita actualmente al contexto militar y de seguridad.

45.La Sra. Shmueli (Israel), volviendo a una pregunta anterior sobre la situación de los trabajadores domésticos extranjeros, dice que el Tribunal Nacional del Trabajo ha determinado que la situación de los cuidadores que viven en el lugar en que trabajan no es una relación empleador-empleado tradicional, y por lo tanto no puede tratarse de la misma forma que un litigio laboral típico. Cada queja debe resolverse sobre una base caso por caso, teniendo en cuenta que hay un alto nivel de contacto personal y confianza entre el empleador y el cuidador, que a menudo reside en el hogar y, eventualmente presta servicio las 24 horas del día. Por ese motivo es difícil, por ejemplo, imponer los salarios corrientes aplicables a un día normal de trabajo, o abordar la cuestión de las horas extraordinarias y la cuantía de la remuneración.

46.Además, a diferencia de condiciones de trabajo normales, en que se podría considerar que el empresario está en una posición de fuerza en relación con el empleado, entre el cuidador y el empleador hay una relación más equilibrada. El Tribunal Supremo ha decidido que la situación de los trabajadores domésticos extranjeros es única, y no le compete examinar las reclamaciones en ese sentido; ha recomendado que el Gobierno elabore una legislación específica que regule el sector de los empleados domésticos extranjeros.

47.El Defensor del Pueblo encargado de las reclamaciones de los trabajadores extranjeros recibe quejas, suministra información, asesora a los denunciantes sobre el procedimiento a seguir, remite las quejas a las autoridades competentes para el enjuiciamiento y se ocupa del seguimiento de las medidas adoptadas por las autoridades con respecto a dichos procedimientos. El Defensor del Pueblo no puede, sin embargo, iniciar procedimientos de enjuiciamiento ante los tribunales. La solución preferida en los casos de trabajadores domésticos extranjeros, teniendo en cuenta su situación particular, es la mediación para llegar a una solución mutuamente aceptable para el cuidador y el empleador.

48.El Sr. Karin (Israel), señala a la atención la realidad actual en la Ribera Occidental, donde hay una división de poderes y responsabilidades entre Israel y la Autoridad Palestina, de conformidad con el Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de septiembre de 1995. En lo que respecta a la seguridad nutricional y el derecho a la alimentación, dice que si bien Israel hace todo lo posible para facilitar la aprobación de las disposiciones esenciales y la asistencia internacional al pueblo palestino, dentro y fuera de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, no tiene responsabilidad directa en cuanto al cumplimiento de ese derecho. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo provisional, Israel no tiene ninguna atribución o autoridad sobre el derecho a la salud; no puede construir nueva infraestructura sanitaria, iniciar campañas de vacunación, etc.

49.Israel tiene la responsabilidad de facilitar la circulación de personas a través de los puestos de control con el fin de buscar atención médica. Por lo que es de su conocimiento, el último incidente en que se impidió el paso de un individuo a través de un puesto de control para recibir atención médica se produjo en 2007. A raíz de ese incidente, las autoridades competentes han puesto en marcha procedimientos destinados a evitar que ello se repita. Los jefes de los puestos de control pueden usar su discreción y permitir que un palestino entre con el fin de buscar atención médica, incluso aunque haya alguna restricción aplicable a esa persona.

50. Señala que la notificación y coordinación con las autoridades de seguridad con antelación ayudaría a evitar problemas. Cada mes, entre enero y agosto de 2011, en promedio, más de 8.000 palestinos se trasladaron desde la Ribera Occidental, y 800 desde la Franja de Gaza, para buscar atención médica en Israel. El mayor obstáculo para los palestinos que viajan desde la Franja de Gaza a Israel por motivos médicos parece ser las autoridades de Hamas, que no están de acuerdo en que los palestinos vayan a Israel a recibir la atención médica que no pueden ofrecer a su propia población.

51.En cuanto a la cuestión del suministro de agua y tratamiento de aguas residuales, dice que en virtud del Acuerdo provisional se ha transferido a la Autoridad Palestina la plena responsabilidad de esos servicios en la Franja de Gaza. Tras la desconexión de Israel de la Franja de Gaza, los servicios están nuevamente bajo pleno control palestino. La principal fuente de agua en la Franja de Gaza es un acuífero al que Israel no tiene acceso y sobre el que no ejerce ningún control. En la Ribera Occidental, donde los recursos hídricos se comparten, de conformidad con el Acuerdo provisional, Israel debe seguir suministrando a la Autoridad Palestina 118 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que se abastecía en el momento de la firma del Acuerdo provisional. Israel ha aumentado gradualmente esa cantidad, y actualmente suministra a la Autoridad Palestina 196 millones de metros cúbicos. Los recursos hídricos están administrados por el Comité Mixto de Recursos Hídricos. Hace hincapié en que Israel ha cumplido plenamente y, de hecho, con creces, sus obligaciones internacionales en materia de agua, y que nunca ha trasvasado a Israel recursos hídricos de las zonas palestinas que entran en la línea del armisticio de 1949.

52.La Autoridad Palestina es responsable de sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales que, de hecho, están contaminando el acuífero de Gaza. El Comité Mixto de Recursos Hídricos autorizó la perforación de 57 nuevos pozos y 21 pozos de sustitución, y el mejoramiento de 42 pozos en Samaria, así como 13 en el Valle del Jordán. Se registran, sin embargo, más de 300 pozos no autorizados en la Ribera Occidental, lo que pone en riesgo la viabilidad del acuífero que comparte con Israel. En la Franja de Gaza la situación era aún peor; miles de pozos no autorizados están afectando seriamente los niveles y la calidad del agua en el acuífero local. Además, hay numerosas conexiones ilegales al sistema de distribución de agua israelí.

53.A pesar de su responsabilidad en el tratamiento de las aguas residuales, las autoridades palestinas no han abordado los problemas ni aumentado la capacidad de sus instalaciones para tratar las aguas residuales, con el consiguiente riesgo ambiental para los palestinos e Israel. Pese a recibir financiación internacional para una nueva instalación en la Ribera Occidental y a tener la autorización del Comité Mixto de Recursos Hídricos para hacerlo, la Autoridad Palestina no ha tomado ninguna medida al respecto. Israel, de hecho, trata gran parte de las aguas residuales de la Ribera Occidental, y más del 85% de las aguas residuales de las comunidades israelíes en la Ribera Occidental son tratadas por Israel.

54.Existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el sur de la Franja de Gaza y una en el norte. Se ha aprobado una nueva planta, y señala que Israel permitió el paso de los materiales de construcción para proyectos aprobados y apoyados a nivel internacional, que incluirían una nueva planta. Recuerda que, sin embargo, durante el conflicto de 2008‑2009 en la Franja de Gaza, Hamas no dudó en sabotear su propia planta de tratamiento en un esfuerzo por impedir el avance de las fuerzas israelíes.

55.En cuanto a la apropiación de tierras para la construcción de la valla de seguridad u otros fines relacionados con la seguridad, insiste en que Israel observa los términos de la Convención de La Haya relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre, incluido el artículo 52 en relación con la reclamación de las requisas y servicios. Esas medidas se aplicaron en la Ribera Occidental, de conformidad con la responsabilidad de Israel de hacer cumplir la ley, entre ellas, las leyes preexistentes de Jordania, y mantener el orden en las zonas bajo su control. En cuanto a los desalojos forzosos, dice que en el caso de edificación ilegal se envía una comunicación, un comité de zonificación examina la situación, la decisión de ese comité puede ser objeto de apelación, y es igualmente posible una revisión judicial. Si hay una demora prolongada antes de que la orden de desalojo se haga cumplir, el interesado puede presentar una nueva apelación sobre la base de un cambio de las circunstancias.

56.El orador no está familiarizado con el término "control en última instancia". En el marco del Acuerdo provisional la Autoridad Palestina es responsable del bienestar de la población de la Franja de Gaza. Israel volvió a adquirir la responsabilidad de la Franja de Gaza durante su ocupación, en respuesta a los repetidos ataques con morteros y cohetes, pero permitió el libre paso de personas y mercancías. Ha renunciado a la responsabilidad de la Franja de Gaza cuando se desconectó de esa zona. Gaza no es un enclave, ni una zona cerrada, sino que también comparte una frontera con Egipto. Cuando Hamas, una organización terrorista dedicada a la destrucción de Israel, asumió el poder en la Franja de Gaza en 2007, se tomó la decisión de restringir el paso de personas y mercancías hacia y desde la Franja de Gaza, excepto por razones humanitarias.

57.Hace hincapié en que, en virtud del derecho internacional, ningún Estado está obligado a abrir su territorio soberano para el paso de personas o de bienes que puedan representar una amenaza para el Estado o su población. Israel cumple plenamente con el artículo 23 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y el artículo 70 del Primer Protocolo Adicional al Convenio, y de hecho entre 2007 y 2010 ha atenuado gradualmente las restricciones. Por último, en lo que respecta a los derechos de pesca, dice que tiene entendido que en el derecho internacional se reconoce la norma de la zona de pesca de tres millas marinas.

58.El Sr. Schrijver señala que en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, todo Estado tiene el derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta las 12 millas marinas (art. 3) y su zona económica exclusiva hasta las 200 millas marinas (art. 57).

59.El Sr. Abdel-Moneim toma nota de las respuestas de la delegación, pero dice que el término "desconexión" no es el equivalente jurídico de "retirada". También indica que todos los miembros del Comité deben examinar el Acuerdo provisional entre Israelí y Palestina de 1995, cuyos ejemplares pueden obtenerse a través de la secretaría.

Se levanta la sesión a las 13 . 00 horas .