Naciones Unidas

E/C.12/PSE/RQ/1

Consejo Económico y Social

Distr. general

1 de mayo de 2023

Español

Original: árabeÁrabe, español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

74º período de sesiones

25 de septiembre a 13 de octubre de 2023

Examen de los informes: informes presentados por lo s Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Respuesta de Palestina a la lista de cuestiones relativa a su informe inicial *

[Fecha de recepción: 3 de abril de 2023]

I.Información general

1.En la resolución interpretativa núm. 5/2017, el Tribunal Constitucional determina la posición en el derecho interno de los instrumentos y convenciones internacionales en los que el Estado de Palestina es parte. La Declaración de Independencia constituye la cumbre de la pirámide legislativa del Estado. A ella le siguen, en este orden, la Ley Fundamental, que fue modificada en 2003, las convenciones y los pactos internacionales en los que el Estado es parte y la legislación nacional en vigor. Por tanto, las convenciones y los pactos internacionales válidamente celebrados y publicados en el Boletín Oficial prevalecen sobre el derecho interno.

2.El Alto Tribunal Constitucional adoptó en la resolución interpretativa citada el sistema dualista para la incorporación del derecho convencional al derecho interno. El Tribunal sostuvo que las disposiciones de los tratados y convenciones internacionales se incorporarán al ordenamiento nacional y cobrarán eficacia en él sin contravención de la identidad religiosa y cultural del pueblo palestino. El Tribunal Constitucional sostuvo asimismo que toda la legislación nacional pertinente será revisada con el fin de asegurar su compatibilidad con los instrumentos internacionales para la protección del ser humano y de su dignidad.

3.El Estado de Palestina da seguimiento constante a la aplicación nacional del derecho convencional. A tal efecto, el Estado, como se detalla en su informe inicial, estableció un mecanismo nacional para el seguimiento de la aplicación de las obligaciones convencionales y las recomendaciones formuladas por los órganos de tratados. La alta comisión ministerial concluyó que el elemento fundamental para la eficacia de las convenciones internacionales es su incorporación al derecho interno. Por ello, resolvió constituir la Comisión de Armonización Legislativa, comité técnico que se ocupa de revisar la legislación nacional en vigor, de armonizarla con los criterios, las convenciones y los protocolos internacionales adoptados por el Estado, incluido el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de incorporar nuevas disposiciones al cuerpo legislativo vigente y promulgar las leyes que aseguren la aplicación de las convenciones.

4.El requisito de adecuación a la identidad nacional, religiosa y cultural no supone restricción alguna a la aplicabilidad del derecho convencional ni a su primacía sobre la ley interna. Ese requisito debe entenderse en el sentido de que la judicatura, al aplicar las convenciones internacionales, tomará debidamente en cuenta los valores fundamentales que conforman la identidad nacional y religiosa y definen a un pueblo. El objetivo no es, pues, invalidar o menoscabar el derecho convencional y los derechos fundamentales en él consagrados. Con arreglo a lo previsto en los artículos 4 y 5 del Pacto, el Estado de Palestina promueve el bienestar general en una sociedad democrática.

5.El Pacto no ha sido aún publicado en el Boletín Oficial y, por tanto, no ha cobrado eficacia. Sin embargo, ello no implica que no sea judicialmente invocable en los mismos términos que otros instrumentos de derechos humanos y convenciones internacionales en los que Palestina es parte. La imperatividad del derecho humanitario no se funda exclusivamente en su carácter convencional. Es el carácter inherente y fundamental de los derechos humanos el que justifica su tutela por los órganos jurisdiccionales palestinos. De hecho, esos instrumentos suelen ser invocados en las resoluciones judiciales palestinas. La aplicabilidad del Pacto también está garantizada por la legislación nacional y por otras convenciones internacionales publicadas en el Boletín Oficial y en las que se regulan esos mismos derechos, en particular los derechos de los trabajadores y sus condiciones de contratación, el derecho a la libre expresión, la protección a las marcas y patentes, y la igualdad en el acceso a los cargos públicos. El ordenamiento palestino aborda también de manera amplia los derechos del niño y de las personas con discapacidad, a los que garantiza protección y la consecución de su interés superior. Conviene señalar que la Ley Palestina del Niño ha entrado en vigor y sus disposiciones se ajustan a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

6.La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial ya han sido publicadas en el Boletín Oficial. En la actualidad, el Estado de Palestina examina la posibilidad de publicar el resto de las convenciones a las que se ha adherido, inclusive el Pacto.

II.Obstáculos al disfrute de los derechos consagrados en el Pacto en el contexto de la ocupación

7.La persistencia de la ocupación colonialista israelí y de sus abusos y crímenes supone el principal obstáculo al ejercicio del derecho a la libre determinación, la independencia nacional y el retorno de los refugiados. La ocupación israelí contraviene el Pacto y socava la capacidad del Gobierno de Palestina para hacer efectivas las convenciones internacionales. Las políticas de demolición de viviendas, la confiscación de tierras y recaudaciones tributarias, el robo del agua y los recursos naturales, la edificación de asentamientos, la anexión de tierras palestinas, el bloqueo ilegal a la Franja de Gaza, la desmembración territorial causada por los puestos de control y los secuelas de todo ello para el disfrute de los derechos que asisten al pueblo palestino allá donde se encuentre, incluso en los lugares de refugio y en la diáspora, así como la drástica disminución de la asistencia exterior, dificultan la aplicación del Pacto.

1.Efectos de la construcción del muro en el disfrute de los derechos recogidos en el Pacto

8.El objetivo del muro y el régimen colonialista que conlleva, en particular de sus políticas y prácticas racistas, discriminatorias e ilegales, es imponer la soberanía israelí mediante el expansionismo, la segregación racial y la anexión territorial. El pueblo palestino debe ser obligado a desplazarse para sustituirlo por colonos israelíes. Según informes publicados por el Organismo Central Palestino de Estadísticas en 2021, la construcción del muro supone la escisión de 170 km2 de territorio en cuyas decenas de aldeas y pueblos residen 700.000 palestinos, de los que unos 330.000 viven en Jerusalén. El muro repercute de manera negativa en todas las esferas de la vida de los palestinos, en particular en el disfrute de sus derechos fundamentales, incluso los culturales, sociales y económicos. A continuación, se detallan esas repercusiones.

9.El muro ha engullido en torno al 46 % de los 5.800 km2 que ocupa la Ribera Occidental, cuyos pueblos y núcleos urbanos han quedado aislados de Jerusalén Oriental. Miles de palestinos se han visto forzados a solicitar a Israel, la Potencia ocupante, que les autorice a continuar su vida y a desplazarse de su domicilio a su tierra.

10.Diecisiete pueblos palestinos han quedado rodeados por el muro y desprovistos de los servicios que proporciona el Gobierno de Palestina.

11.El muro ha dejado en torno al 37 % de las aldeas palestinas sin medios de subsistencia, ya que la agricultura constituía su principal fuente de ingresos. Los propietarios necesitan el permiso de las autoridades de ocupación, que se han apropiado ilícitamente del territorio y los recursos naturales palestinos, para acceder a sus tierras e introducir maquinaria agrícola. Con ello, la mejora de la explotación agrícola ha quedado subordinada a la aprobación de esas autoridades.

12.Unos 330.000 palestinos se han visto privados en la Jerusalén ocupada de los productos agrícolas palestinos, ya que las autoridades de ocupación impiden que los comerciantes de Jerusalén importen esas y otras mercadurías desde la Ribera Occidental.

13.Según un informe del Ministerio de Agricultura Palestino fechado en 2022, la construcción del muro y la consiguiente tala de miles de olivos productivos y longevos acarreará durante los años venideros una disminución en la producción de aceituna y la pérdida de 2.200 toneladas de aceite al año. Las talas y desbroces supondrán también la pérdida anual de una media de 50.000 toneladas de fruta y 100.000 toneladas de verdura. En torno a 10.000 cabezas de ganado se quedarán sin pastos y cientos de invernaderos, granjas avícolas y establos serán destruidos. El daño para la economía palestina será muy notable.

14.La construcción del muro intensifica la confiscación de tierras, la diáspora de las familias palestinas y la privación del derecho del ciudadano palestino a la reagrupación familiar.

15.El muro alterará de manera sustancial el trazado de vías y calles que unen los núcleos de población con Jerusalén, ya que la mayoría de las carreteras de circunvalación construidas se encuentran más allá de él. Por ejemplo, entre Jerusalén y Abu Dis mediaban apenas 5 km y ahora las separa una distancia aproximada de 20 km. Ello repercute en la vida de las aldeas y ciudades que se encuentran junto al muro, dificulta el acceso del ciudadano palestino a los servicios médicos, educativos y laborales, entre otros, y fragmenta los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén.

2.Efectos de la demolición criminal de viviendas e instalacionespalestinas

16.La política israelí de castigos colectivos consistente en la demolición de viviendas e instalaciones de titularidad palestina y la destrucción de carreteras y establecimientos agrícolas genera daños económicos y obstaculiza el programa de desarrollo del Gobierno de Palestina y las actividades del sector privado. Con ello se agravan las penosas condiciones de vida del pueblo palestino, se le priva de vivienda adecuada, dignidad, seguridad y privacidad, se agrava el daño psicológico causado por la pérdida forzosa del hogar, la tierra y el patrimonio, y se socavan sus medios de subsistencia.

17.Según el Centro de Investigaciones sobre el Territorio, Israel, la Potencia ocupante, demolió entre enero y septiembre de 2022 un total de 777 viviendas, lo que obligó al desplazamiento forzoso de unos 3.493 palestinos y palestinas en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, entre ellos 1.724 niños. En el mismo período, Israel demolió 22 infraestructuras (zonas recreativas, carreteras, mezquitas y organismos públicos), destruyó 12 redes eléctricas y paneles solares y clausuró por apercibimiento 40 entidades de carácter público (redes eléctricas, centros educativos, mezquitas, jardines de infantes, establecimientos de servicios, carreteras y cementerios) en barrios residenciales, lo que privó de servicios a sus moradores.

18.Israel, la Potencia ocupante, ha demolido 55 establos que daban cobijo a 2.052 cabezas de ganado, con el daño consiguiente a las mismas y a los medios de subsistencia de sus dueños.

19.Israel, la Potencia ocupante, ha apercibido de desalojo 1.485 viviendas y establecimientos con la excusa de que su edificación no fue autorizada o declarada, o de que fueron construidos en los terrenos próximos al muro. Ello ha causado daños materiales o psicológicos a más de 740 palestinos y palestinas y los ha sumido en la inseguridad.

3.Consecuencias de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes de ocupación al Estado de Palestina para el ejercicio de su soberanía y su integridad territorial, definida esta sobre la base de las fronteras de 1967, en particular en Jerusalén Oriental, la zona C y la zona H2

20.Israel ha alterado la situación geográfica y demográfica de Jerusalén Oriental y su estatus quo.

21.Se ha llevado a cabo una depuración étnica y obligado al desplazamiento forzoso de la población, que en Jerusalén Oriental ha sido reemplazada por colonos. A tal fin, se demolen viviendas sin cesar, se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones, se deniegan permisos de residencia y reagrupación familiar tras retener la documentación de identidad, se impide el acceso a dependencias de servicios esenciales, en particular a los establecimientos escolares, se clausuran organismos públicos y se imponen puntos de control que estrangulan la ciudad e impiden que millones de palestinos puedan acceder libremente a los Santos Lugares para el ejercicio del culto, así como a los centros educativos y hospitalarios, los mercados y los puestos de trabajo.

22.Israel ha alterado la situación jurídica e histórica de Jerusalén, persigue a los musulmanes y cristianos, los priva de sus derechos y atenta contra los Santos Lugares.

23.Israel hostiga el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y su labor, lo presiona para que deje de cumplir su mandato y altera la identidad de los refugiados palestinos para privarles de su derecho inherente al retorno.

24.Israel impide que el Gobierno de Palestina ejecute proyectos para el desarrollo de infraestructuras y atienda a sus ciudadanos. También impide que el sector privado constituya empresas agrícolas, industriales, turísticas o de construcción de viviendas en amplias zonas del territorio palestino alegando que esas áreas, que suponen en torno al 62 % del territorio de la Ribera Occidental, están sujetas al control absoluto de las autoridades de ocupación.

25.Israel, la Potencia ocupante, deduce de manera ilegal 600 millones de shekels mensuales de los ingresos tributarios que recauda para el Estado de Palestina debido, entre otras cosas, a su control sobre los pasos fronterizos. Ello obstaculiza el desarrollo y socava la capacidad del Gobierno de Palestina para proporcionar servicios y abonar los estipendios a sus funcionarios y funcionarias, lo que se refleja negativamente en el ejercicio de sus derechos culturales, sociales y económicos.

26.Israel, la Potencia ocupante, emplea una fuerza desmedida e injustificable en los periódicos actos de agresión que perpetra en ciudades y aldeas palestinas, lleva a cabo ejecuciones sumarias in situ, toma como objetivos militares a mujeres, niños, periodistas y médicos, y realiza detenciones arbitrarias en el más absoluto desprecio a sus obligaciones como potencia ocupante. Según informes de las Naciones Unidas, entre los numerosos ejemplos de ello conviene señalar los siguientes:

a)Entre el 5 y el 7 de agosto de 2022, unos 49 palestinos fueron ilegítimamente privados del derecho a la vida (entre ellos 17 niños y 4 mujeres) y otros 360 resultaron heridos (incluidos 151 niños y 58 mujeres), algunos de los cuales contrajeron discapacidad a largo plazo que exige rehabilitación;

b)En el curso del ataque israelí a la Franja de Gaza que tuvo lugar en mayo de 2021, 261 palestinos fueron privados de la vida (entre ellos 67 niños) y más de 2.210 resultaron heridos (incluidos 685 niños y 480 mujeres), alguno de los cuales contrajeron discapacidad a largo plazo que exige rehabilitación. Además, 113.000 desplazados forzosos que buscaban refugio y protección hubieron de ser acogidos en las escuelas de la OOPS y en domicilios particulares;

c)Más de 8.250 palestinos fueron privados del derecho a la vivienda, ya que sus hogares fueron arrasados o dañados al punto de resultar inhabitables.

4.Bloqueo ilegal israelí a la Franja de Gaza y secuelas de las severas restricciones impuestas por las autoridades de ocupación para el ejercicio de los derechos

27.El tránsito de personas, mercancías y productos desde y hacia la Franja de Gaza ha resultado gravemente perjudicado.

28.Dos millones de personas se han visto sometidas a difíciles condiciones de vida, se ha socavado su capacidad para acceder a medios de subsistencia dignos, servicios básicos y vivienda, su vida familiar se ha visto perturbada y se han frustrado sus esperanzas de seguridad y protección futuras.

29.La denegación de los permisos de tránsito por razones sanitarias o para acudir a citas médicas ha agravado la situación de los pacientes remitidos a la Ribera Occidental y de sus acompañantes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 42 % de las 2.067 solicitudes para salir de la Franja por razones médicas cursadas en agosto de 2022 fue estimado.

30.Según la Encuesta sobre la situación económica y social, realizada por el Organismo Central Palestino de Estadísticas en octubre de 2021, el 65,4 % de los hogares palestinos tienen una situación económica mediana y el 29,9 % son pobres (el 13,6 % en la Ribera Occidental y el 54,2 % en la Franja de Gaza).

31.Los hombres de negocio no pueden ejercer sus actividades y las materias primas necesarias para la producción no llegan.

32.El disfrute del derecho de los palestinos a la salud, el tratamiento médico, la circulación y la vivienda y el trabajo digno se ha visto restringido.

5.Violaciones israelíes de los derechos medioambientales en el Estado de Palestina

33.Israel continúa cometiendo abusos medioambientales en Palestina según un plan y una política de actuación sistemáticamente dirigidos contra los derechos naturales, históricos, patrimoniales, culturales, sociales y económicos del pueblo palestino. Ha promulgado normas legislativas y administrativas y ha construido infraestructuras cuyo objetivo es lograr el control de los recursos naturales palestinos, inclusive de sus aguas, sus piedras, su tierra y su gas. Ha trasladado a territorio palestino las actividades industriales peligrosas, contamina el aire, emite gases y vapores, y vierte aguas residuales. Además, gestiona los veneros, acuíferos y caudales de agua, promueve proyectos de captación hídrica que desertifican el territorio y ejerce el control efectivo de las aguas del Río Jordán y de sus trasvases, lo que está desecando el Mar Muerto a un ritmo acelerado y provocando la reducción de su superficie.

34.Las autoridades de ocupación israelíes persisten en sus prácticas abusivas contra el pueblo palestino y su tierra y controlan el 62 % del territorio rico en recursos de la Ribera Occidental y el 85 % de las fuentes hídricas. Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) relativo a la evolución de la economía palestina y los efectos en ella de la ocupación israelí, las restricciones adicionales impuestas entre 2000 y 2020 a lo que queda de las llamadas “zonas C” supusieron pérdidas económicas anuales equivalentes al 25,3 % del PIB anual. En términos acumulativos, se estima que en ese mismo período las pérdidas alcanzaron los 50.000 millones de dólares, es decir, 3 veces el PIB de la Ribera Occidental y 2,5 veces el PIB de la totalidad de Palestina para 2020.

35.El Estado de Palestina presenta a los organismos de las Naciones Unidas y los órganos de tratados informes periódicos, documentados y amplios, así como testimonios sobre los atropellos medioambientales perpetrados por Israel. También informa a la Comisión de Investigación sobre las prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

36.Israel comete agresiones medioambientales sistemáticas y continuas contra el Territorio Palestino Ocupado en flagrante vulneración de los instrumentos internacionales pertinentes y del derecho internacional humanitario, en particular el Protocolo Adicional del Cuarto Convenio de Ginebra y las convenciones de derechos humanos. Entre esos atropellos conviene señalar los siguientes.

Obstrucción del acceso a las llamadas zonas C

37.En 2021, Israel prohibió a los equipos y cuadros técnicos de la Autoridad para la Calidad del Medio Ambiente el cumplimiento de su mandato de vigilancia, inspección y actuación en calidad de policía judicial en las llamadas zonas C. Esa prohibición constituyó el principal obstáculo en la materia y ha anulado la capacidad de ese organismo para, entre otras cosas, perseguir los actos de contrabando de residuos y detectar las aguas sucias vertidas por los asentamientos.

Imposibilidad de acceder a las zonas que se encuentran más allá del muro

38.Las autoridades de ocupación impiden que los ciudadanos y los organismos públicos palestinos accedan a las zonas que se encuentran más allá del muro. En esas zonas hay áreas de interés natural en que se están desarrollando actividades contaminantes. Por ejemplo, en una parte de la circunscripción de Zayta sita más allá del muro se ha construido un vertedero para los residuos sólidos de la localidad de Jit cuya trituradora genera ruidos y molestias a los residentes y nubes de polvo que alcanzan la población, obstruyen las canalizaciones de aguas pluviales y las desvían de su curso natural. Además, una empresa de titularidad israelí y europea ha instalado otra trituradora en la aldea Al-Zawiya, situada detrás del muro, que esquilma los recursos naturales de la zona y extrae los áridos empleados para la edificación de los asentamientos; al mismo tiempo, las autoridades israelíes ejecutan proyectos de explotación turística en las áreas protegidas de la aldea de los que se benefician los colonos, cobran tasas y se lucran.

Contrabando de residuos y construcción de vertederos para los desechos israelíes

39.Israel mantiene su tráfico ilícito de desechos peligrosos desde los asentamientos y las áreas situadas más allá de la Línea Verde hacia el Territorio Palestino. Esos desechos son eliminados mediante incineración, depósito, reciclaje, separación, clasificación y reenvío de las materias reutilizables al territorio israelí. Los desechos restantes son eliminados en el territorio palestino en flagrante violación del derecho internacional y con un desdén absoluto hacia cualesquiera restricciones o requisitos medioambientales o sanitarios.

40.En la provincia de Al-Khalil (Hebrón), los colonos han convertido en vertederos improvisados carreteras palestinas clausuradas desde el año 2000, así como algunas de las carreteras con destino a los asentamientos cuya construcción aún no se ha finalizado. Los colonos, si bien arrojan los residuos a lo largo de toda la vía, lo hacen en particular en las entradas a las aldeas y los pueblos palestinos. Mientras que los vehículos palestinos tienen vedado el acceso a esa carretera, solo a los camiones y vehículos israelíes se les permite transportar por ella desechos de todo tipo desde el interior de Israel y los asentamientos hacia el Territorio Palestino Ocupado, en particular hasta las áreas fronterizas, y verter la basura israelí, incluso residuos peligrosos.

41.En 2021 se detectaron nueve casos de tráfico de residuos peligrosos, sólidos y líquidos, en las provincias septentrionales. Los infractores fueron procesados con arreglo a derecho, se recurrió al mecanismo internacional para la aplicación del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y se comunicó a la Secretaría del Convenio la comisión de tales hechos y la obligación de reimportar los residuos con arreglo a lo previsto en el Convenio.

Evacuación de las aguas residuales producidas por los asentamientos hacia el Territorio Palestino Ocupado

42.El Gobierno de ocupación israelí continúa drenando las aguas residuales no tratadas desde los asentamientos ilegales hacia las tierras de labor situadas en las aldeas y los pueblos de Palestina. Esos actos contaminan la tierra, generan pestilencias y promueven la proliferación de insectos, reptiles, malas hierbas y especies invasoras. Pese a la disponibilidad de una estación de tratamiento para las aguas sucias producidas por los asentamientos, los colonos vierten durante todo el año las aguas negras en los campos de labor de los ciudadanos palestinos. A modo de ejemplo, las aguas residuales producidas en Jerusalén y sus asentamientos periféricos por todo tipo de usos, inclusive domésticos, industriales y agrícolas, se drenan hacia las tierras de labor de la localidad de Belén, lo que acarrea efectos sanitarios indeseados y un nivel muy peligroso de contaminación ambiental. El coste derivado del manejo de esas aguas negras se hace recaer en los presupuestos palestinos, pese a que procede de las alcantarillas de los asentamientos ilegales.

Reservas naturales

43.Las áreas protegidas son objetivo deliberado de las políticas desplegadas por las autoridades israelíes de ocupación. Israel arrasa las tierras palestinas para construir carreteras a los asentamientos, destruye campos de labor y arranca y tala los árboles en ciudades y aldeas palestinas. Los organismos públicos palestinos no pueden desarrollar o gestionar, por ejemplo, el conjunto de áreas naturales protegidas del Valle del Jordán, incluidas las reservas de Ain Gedi, Wadi al-Qilt, al-Awja y Mar Muerto, ya que las autoridades de ocupación las controlan y edifican en ellas instalaciones turísticas en beneficio de los colonos.

44.La política de las autoridades de ocupación en las áreas naturales protegidas, como en el caso de Wadi Qana, es racialmente discriminatoria. Los colonos amplían sus asentamientos a costa de esas zonas y las emplean para fines recreativos y agrícolas. Los palestinos, sin embargo, son acorralados y sus organismos públicos no pueden gestionarlas, protegerlas y preservarlas.

Atropellos relacionados con las fuentes y los manantiales

45.El Gobierno de ocupación israelí sigue imponiendo su control ilegal sobre los recursos hídricos en las llamadas “zonas C” e impide el acceso a ellos de los ciudadanos palestinos y su preservación y promoción por los organismos públicos palestinos. Es el caso de Ain Bubin (región de Ras Karkar). Israel ha construido un muro alrededor de ese manantial para imposibilitar el paso a los ciudadanos palestinos e impedir que el Gobierno de Palestina gestione sus aguas. Ain Bubin se ha convertido en una ruta turística para colonos y bajo el control exclusivo de los colonos.

Problemas relacionados con las infraestructuras

46.Israel, de forma ilegal y por la fuerza, utiliza el vertedero de al-Muniya para deshacerse de los residuos producidos en los asentamientos ilegales de la zona. También continúa eliminando los residuos de los colonos en el vertedero de Abu Dis-al-Eizariya, al tiempo que impide a los palestinos y sus órganos de gobierno local emplear ese vertedero y les confisca la maquinaria colectora. En algunas zonas, Israel prohíbe la construcción de plantas que actúen como operadores para el traslado de los residuos generados por los palestinos y demora o deniega los permisos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

47.A los palestinos, por razones de seguridad, no se les permite traer del exterior los ácidos necesarios para el tratamiento primario de las aguas efluentes de las tenerías. Con ello se perturba gravemente la labor de la planta transformadora y los industriales han de trasladar los residuos peligrosos a los vertederos israelíes a un elevado coste.

48.Israel sigue clausurando los vertederos dependientes de los órganos de gobierno local y los consejos de servicios múltiples palestinos y hostiga, retiene y multa los vehículos y la maquinaria colectora. El Gobierno de Israel prohíbe a los palestinos excavar pozos para la extracción de aguas subterráneas, en particular en Salfit, región rica en recursos hídricos a los que los ciudadanos palestinos no tienen acceso por las restricciones israelíes. Todo ello repercute negativamente en la vida cotidiana, la salud y las actividades agrícolas de la sociedad palestina, dificulta la regeneración de la cobertura vegetal de los suelos, intensifica la desertificación y conlleva la pérdida o la extinción de la biodiversidad.

III.Avances en relación con las consecuencias adversas de la fragmentación política y geográfica

49.La consecución de cualquier avance que permita poner fin a la división depende fundamentalmente de que se logre la conciliación nacional y se celebren elecciones para la constitución de un órgano legislativo en el Estado de Palestina. Se han emprendido numerosas iniciativas de ámbito nacional en favor de la conciliación y la reunificación, prioridad nacional reafirmada en las resoluciones promulgadas por la Asamblea Nacional y el Consejo Central en numerosos periodos de sesiones, así como por el Presidente en numerosas conmemoraciones nacionales y foros internacionales, incluidos los órganos de las Naciones Unidas. En 2019, el Presidente anunció que tales iniciativas habían culminado con la aprobación por consenso nacional de la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Israel, la Potencia ocupante, urde sin descanso para obstaculizar la reconciliación nacional y los procesos electorales anunciados, no ha permitido la celebración de elecciones en Jerusalén y se ha negado a levantar el bloqueo a la Franja de Gaza para agravar la división geográfica entre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza y lograr sus propósitos colonialistas.

50.En octubre de 2022 se celebró en Argelia una conferencia de diálogo nacional en la que participaron unas 12 organizaciones y partidos políticos palestinos bajo la égida de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El objetivo de la conferencia era la adopción de medidas prácticas que permitieran poner fin a la fragmentación, lograr la conciliación nacional y adoptar el diálogo y la consulta mutua como vía para sortear las discrepancias entre los palestinos.

51.Los decretos ley promulgados por el Presidente se aplican en todo el territorio nacional sin distinción, inclusive en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza.

IV.Celebración de elecciones parlamentariasy presidenciales

52.El 15 de enero de 2021, el Presidente convocó elecciones generales mediante decreto. Las elecciones legislativas tendrían lugar el 22 de mayo de 2021 al amparo del artículo 3 del Decreto Ley núm. 1/2021, por el que se modifica el Decreto Ley núm. 1/2007 de las Elecciones Generales. Las elecciones presidenciales, por su parte, se celebrarían el 31 de julio de 2021. Seguidamente se promulgaron el Decreto núm. 8/2021 para la Constitución del Tribunal Electoral y el Decreto núm. 6/2021 para la Asignación a los Ciudadanos de Confesión Cristiana de una Cuota de Escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Israel, la Potencia ocupante, impidió la celebración de elecciones en Jerusalén. Como resultado, las elecciones hubieron de postergarse mediante el Decreto núm. 12/2021, en cuyo artículo 1 se dispone que “las elecciones generales (legislativas, presidenciales y locales) se postergan hasta la concurrencia en todo el territorio de Palestina, incluida la provincia de Jerusalén, de las condiciones necesarias para su celebración”.

53.El Estado de Palestina remitió numerosas misivas a Israel, la Potencia ocupante, con arreglo a los protocolos acordados por la OLP y las autoridades de ocupación en relación con el estatus permanente. Con ello se seguía el mismo procedimiento que en las últimas elecciones. El procedimiento, en resumen, consistiría en que las votaciones tendrían lugar en seis oficinas postales en Jerusalén Oriental, lo que implicaría la participación de unas 63.000 personas y exigiría el visto bueno israelí, ya que las oficinas postales se encuentran en las zonas bajo control de las autoridades de ocupación, mientras que el resto de los palestinos con capacidad de voto (unos 150.000) votarían en el resto de los barrios de Jerusalén sin necesidad del visto bueno israelí. La Comisión Electoral Central proporcionaría en los barrios de Jerusalén 11 colegios electorales en que los ciudadanos ejercerían el derecho a voto sin inscripción previa, así como proporcionaría capacitación a los equipos técnicos necesarios. En total, unos 60 habitantes de Jerusalén se presentaban como candidatos. Las autoridades de ocupación, sin embargo, no respondieron a las peticiones palestinas e internacionales, por lo que el procedimiento para la celebración de las elecciones generales no podía cumplirse en los plazos determinados por la ley. El proceso electoral en Jerusalén no constituye una cuestión técnica, antes bien reviste un carácter político, puesto que se trata de un elemento conformante del derecho inherente del pueblo palestino a expresar su opinión mediante el voto.

Elecciones a las cámaras de comercio

54.El Estado de Palestina celebra procesos electorales en partidos, sindicatos, federaciones, universidades y ayuntamientos siempre que le es posible. En diciembre de 2022, y con arreglo a un calendario previo, se celebraron elecciones en 18 cámaras de comercio de todas las provincias, incluidas las meridionales. El proceso comenzó en las provincias de Jericó y Deir al-Balah en la fecha prevista y con arreglo a lo dispuesto en la ley y el reglamento pertinentes. Estas elecciones promueven la labor de las cámaras de comercio y su contribución activa al desarrollo de la economía nacional.

Consulta a las organizaciones de la sociedad civil y participación de estas en los procesos legislativos y de formulación de políticas

55.El Gobierno de Palestina se coordina con la sociedad civil, la consulta y coopera con ella para abordar cuanto afecte al interés general y a los derechos de quienes integran la sociedad palestina. El Estado mantiene una relación de asociación y colaboración permanentes con las organizaciones de la sociedad civil en todas las esferas, promueve los canales de comunicación con ellas y contribuye en lo posible a promoverlas en consideración a la función esencial que desempeñan en el adelanto y la efectividad de los derechos humanos. El Gobierno de Palestina suele consultarlas sobre todo tipo de cuestiones y constituyen un asociado nacional para la formulación de las políticas y los planes de actuación. Las organizaciones de la sociedad civil también participan en un gran número de comisiones y grupos de trabajo, bien por participar en ellos de manera directa y en calidad de miembros o porque esos organismos recaban de manera periódica su conocimiento experto, sus observaciones y sus propuestas.

56.Los organismos gubernamentales realizan consultas nacionales con las organizaciones de la sociedad civil pertinentes sobre numerosos proyectos de ley, como el proyecto de ley para la protección de la familia frente a la violencia, el proyecto de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, el proyecto de ley sobre los derechos de las personas de edad y el proyecto de ley contra la trata de personas. La Comisión de Armonización Legislativa, con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, examina la legislación en vigor y los proyectos de ley para que se asegure su compatibilidad con los criterios y las convenciones internacionales, así como toma en consideración las recomendaciones formuladas por esas organizaciones.

57.El Ministerio de Economía Nacional suele hacer a las entidades del sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de mujeres, partícipes en los procesos de formulación de estrategias, políticas y proyectos. El Colegio de Abogados, por ejemplo, participó en la elaboración de la nueva ley de sociedades, que fue sancionada por el Presidente a finales de 2021.

58.Sin embargo, Israel, la Potencia ocupante, ha atacado a las organizaciones de la sociedad civil palestina por su protagonismo en la exigencia de que Israel rinda cuentas por sus acciones. Algunas de las organizaciones de la sociedad civil palestina han sido clasificadas como terroristas y sus oficinas han sido asaltadas y clausuradas en un intento de acallarlas, aunque sin prueba alguna que respaldara las acusaciones vertidas contra ellas. Este modo de proceder ha sido rechazado por todos los organismos internacionales y Estados, incluida la Unión Europea.

Revisión de la legislación y garantía de su conformidadcon el Pacto

59.Desde su constitución en 2017, la Comisión de Armonización ha examinado numerosas leyes y proyectos de ley relacionados, directa o indirectamente, con el Pacto. Entre ellos conviene señalar el Decreto Ley núm. 10/2018 de los Delitos Cibernéticos, la Ley Palestina núm. 7/2000 del Trabajo, el proyecto de ley para la protección a la familia frente a la violencia, el Decreto Ley núm. 21/2019 por el que se modifica la legislación de estatuto personal en lo relativo a la edad mínima para contraer matrimonio, la revisión del Código Penal jordano de 1954, en vigor en la Ribera Occidental, y de la Ley núm. 33/1948 de la Prevención de la Delincuencia, en vigor en la Franja de Gaza, en relación con la detención por orden gubernativa, así como el Decreto Ley núm. 43/2022, por el que se modifica la Ley núm. 7/2004 del Niño, y sus enmiendas en lo relativo a la explotación del niño para fines pornográficos. También se ha examinado la compatibilidad de lo dispuesto en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”) con las disposiciones de la Ley Palestina núm. 23/2005 de Ejecutorias, así como las modificaciones propuestas a la legislación penal vigente en lo relativo a los delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, piratería y trata de personas, el proyecto de decreto ley de 2022 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el proyecto de decreto ley relativo a la penalización a las empresas que operen en los asentamientos y la tipificación del saqueo de los recursos naturales del Estado de Palestina.

V.Promoción de la resiliencia socioeconómica al cambio climático

60.Tras la adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, en 2016, al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Estado de Palestina adoptó un conjunto de medidas encaminadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación con la promoción de la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible en el plano nacional, así como con la promoción de la seguridad hídrica y alimentaria, cuestiones todas ellas intrínsecamente relacionadas con los derechos humanos fundamentales. Entre esas medidas conviene señalar las siguientes:

En 2021 se formuló el plan de contribución determinada a nivel nacional, que fue comunicado a la Secretaría del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y hace las veces de plan nacional contra el cambio climático en relación con la mitigación de las emisiones y la resiliencia a los efectos adversos.

El Plan Nacional de Resiliencia al Cambio Climático comprende diversos planes secundarios relativos a los 12 sectores más afectados, así como un conjunto de medidas acordes con el derecho humano básico consagrado en el Pacto y otras convenciones internacionales a vivir en un entorno seguro, equilibrado y limpio.

Palestina elaboró 14 planes ejecutivos dirigidos a seis sectores (agricultura, salud, gestión hídrica, gobierno local, energía, transporte y comunicaciones). En esos planes se formulan propuestas de proyectos que permitan hacer efectivas las contribuciones determinadas a nivel nacional (aproximadamente 6.,000 millones de dólares hasta 2040).

También suscribió el proyecto para la mejora de la disponibilidad hídrica y la resiliencia agrícola al cambio climático en el norte de la Franja de Gaza. El proyecto comenzó a ejecutarse hace dos años, persigue la reutilización para usos agrícolas de las aguas residuales tratadas y de él se beneficiarán 25.000 granjas.

Se suscribió un proyecto de resiliencia para promover la seguridad hídrica mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Se suscribió un proyecto para la creación de un entorno propicio para el desarrollo de una agricultura climáticamente inteligente que se está ejecutando gracias a una alianza entre el Ministerio de Agricultura, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Servicio Meteorológico.

Se suscribió el proyecto Olivares con Bajas Emisiones de Carbono, que se está ejecutando de manera conjunta por el Ministerio de Agricultura y la FAO.

El Estado de Palestina impulsa la economía verde, la energía renovable y la producción no contaminante con miras a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 9 (industria, innovación e infraestructura) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Por ejemplo, se han aprobado incentivos a la energía renovable y se ha puesto en marcha el programa Moustadama, cuyo objetivo es promover la competitividad de la industria palestina mediante soluciones basadas en las energías renovables. El programa ha permitido, entre otras cosas, la constitución de empresas industriales pequeñas y medianas y el fomento de su capacitación en materia de eficiencia energética y energías renovables, lo que les permite afrontar la imposibilidad de acceder a la energía y el alto coste de la electricidad en Palestina, al tiempo que se protege el medioambiente y se contribuye a poner freno al cambio climático.

VI.

61.La Autoridad para la Calidad del Medio Ambiente es responsable de evaluar el impacto ambiental de cuantas actividades se desarrollen en el Territorio Palestino. A tal efecto, y entre otras cosas, ejecuta las actuaciones siguientes:

a)Evalúa el impacto ambiental de las actividades, los proyectos y las empresas que soliciten a las instancias competentes permiso de inicio de actividades en aplicación de la Política Palestina de Evaluación Ambiental, que fue aprobada en 2000 por el Consejo de Ministros al amparo de la Ley núm. 7/1999 del Medioambiente, y sus modificaciones. La evaluación de impacto se rige por la regulación nacional pertinente, en la que figuran las medidas que deben aplicarse para mitigar la contaminación y asegurar el disfrute por el ciudadano palestino del derecho a vivir en un entorno seguro, saludable y limpio y de los derechos sociales, económicos y culturales que le asisten. Una comisión nacional compuesta por 11 entidades públicas examina los informes ambientales y eleva las recomendaciones pertinentes al Presidente de la Autoridad para la Calidad del Medio Ambiente. Este organismo ha tramitado 71 solicitudes de aprobación ambiental para iniciativas de desarrollo con un impacto ambiental previsible;

b)Todas las actividades que podrían acarrear un impacto ambiental negativo son sometidas de manera regular a controles e inspecciones, inclusive mediciones y exámenes, toma de muestras, elaboración de informes técnicos sobre la situación ambiental de esas actividades y propuesta de las actuaciones necesarias para asegurar que su impacto se ciña a unos límites admisibles. Desde 2022, los inspectores de la Autoridad para la Calidad del Medio Ambiente y sus asociados han realizado no menos de 3.000 controles de este tipo;

c)La Autoridad para la Calidad del Medio Ambiente ha examinado desde principios de 2022 más de 333 expedientes en todas las provincias del país con el fin de garantizar medios de reparación a los ciudadanos palestinos. Esos expedientes cubren todas las manifestaciones del impacto ambiental, en particular las perturbaciones, el vertido de aguas residuales, la eliminación de residuos sólidos, las agresiones a las áreas naturales protegidas, la biodiversidad o los componentes bióticos del ecosistema, y la contaminación del aire ambiente. En todos esos procedimientos se adoptaron las medidas técnicas y legales pertinentes.

62.En relación con las medidas adoptadas para proporcionar recursos a las víctimas de vulneraciones de derechos conviene señalar que esas personas obtienen el amparo de los órganos de justicia nacionales, que entienden, entre otras cosas, de la violación de los derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con las actividades mercantiles. Para más detalles, sírvanse consultar el informe inicial.

63.Los órganos constitucionales palestinos garantizan el derecho a reparación por la vulneración en el Estado de Palestina de los derechos humanos, inclusive de los derechos económicos, sociales y culturales. Según la Ley de Procedimiento Penal, los perjudicados podrán ejercer acción de responsabilidad civil por daños. En la Ley núm. 36/1944 de las Infracciones Civiles, en vigor en el Estado de Palestina, se dispone que la víctima o el perjudicado de la infracción civil cometida en Palestina será indemnizado por el infractor. Las leyes nacionales garantizan, cada una en su ámbito de competencias y de aplicación, la reparación justa por la violación de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en la Ley Palestina núm. 7/2000 del Trabajo se dispone que el trabajador será indemnizado en caso de vulneración de sus derechos, en particular en el supuesto de despido abusivo. En la Ley núm. 4/1998 de la Función Pública se regulan la reparación a los funcionarios públicos.

Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto(arts. 1 a 5)

Derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales(art. 1, párr. 2)

VII.

64.En el Plan Nacional para la Protección de los Recursos Naturales en Palestina aprobado por el Consejo de Ministros se clasifica el territorio palestino en tierras de alto valor agrícola, tierras de mediano valor agrícola, terrenos de arboleda y bosques, áreas protegidas por su valor natural y su biodiversidad, zonas de interés paisajístico, zonas de interés histórico, cultural o religioso, perímetros de veneros, y tierras de regadío. En el plan citado también se determinan las actividades y los proyectos ejecutables en esas zonas con arreglo a la regulación ambiental. La ley regula la búsqueda, prospección y extracción de los recursos naturales y su explotación mediante contratos de concesión, así como los permisos que los inversores deben obtener y a los que deben ceñirse.

65.El Estado de Palestina ha emprendido numerosas iniciativas para proteger el derecho a la libre disposición de los recursos naturales, en particular de las tierras de labor, los recursos hídricos, los sistemas de riego y los recursos marinos. Entre esas iniciativas conviene señalar las siguientes:

El Ministerio de Agricultura y el Organismo Central Palestino de Estadísticas han realizado de manera conjunta el censo agrario con datos actualizados hasta septiembre de 2021, en el que se evalúan, entre otros ejes fundamentales, la superficie cultivada, la cabaña ganadera, las explotaciones agrícolas y los titulares de la tenencia. En 2010, se censaron 110.104 explotaciones agrícolas y en 2021, 137.985.

Se han resuelto los litigios relativos a 775.433 dunums de tierra en 79 pueblos o aldeas situados en todas las provincias de la Ribera Occidental (de los propietarios, 129.510 son hombres y 59.698, mujeres).

Algunos de los tribunales creados en 2021 para entender en esos asuntos han sido ampliados para promover su descongestión.

En numerosas provincias se han construido, mejorado o ampliado los sistemas de abastecimiento de aguas, los depósitos y las plantas de bombeo.

Se han habilitado líneas de servicio para las comunidades marginadas o que han sufrido ataques despiadados y sistemáticos de las autoridades de ocupación israelíes, en particular de autobuses y otros vehículos de transporte público en núcleos de población en riesgo, como Jan al-Ahmar, al-Hadiza y Jericó, y se han redistribuido las líneas ya existentes para ajustarlas a las divisiones administrativas, en particular en las aldeas adscritas a las circunscripciones de Sousia y Masafer Yatta.

El Estado, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2021-2023 y con el fin de fomentar la profesionalización permanente en la agricultura, ha aprobado cinco planes para la constitución de aglomeraciones productivas agrícolas y les ha asignado 133.926.625 dólares. El objetivo es incrementar la superficie cultivada en unos 43.000 dunums, el volumen de agua destinada al riego en 18 millones de metros cúbicos y el valor de la producción vegetal, así como crear 14.000 nuevos puestos de trabajo y fomentar los proyectos piscícolas.

El Estado ha aplicado a las zonas rurales políticas fiscales que incentivan las actividades de los agricultores y las agricultoras. A tal efecto, ha dispuesto mediante decreto que, en el mes de diciembre de cada año fiscal, el 30 % del monto de los reembolsos fiscales por recaudaciones derivadas de la producción vegetal sea transferido por el Ministerio de Economía a la cuenta del Fondo de Prevención de Riesgos y Seguros Agrarios. El 25 %del monto de los reembolsos fiscales, lo que supone el 16 % de los insumos de la producción ganadera, han sido transferidos al fondo señalado, y el 50 % lo será a los agricultores o la empresa. Los productos agrícolas están exentos del impuesto sobre el valor añadido.

El programa Isnad para el apoyo a los proyectos no financiables mediante crédito bancario ha facilitado la concesión de préstamos a las empresas pequeñas. El programa Istadama, por su parte, cuenta con un monto de 300 millones de dólares para préstamos a bajo interés destinados a pymes. Además, con objeto de promover el empleo entre los jóvenes y las mujeres en el entorno rural, se han puesto en marcha proyectos agrícolas de hasta 100.000 shekels para personas menores de 40 años, con independencia de su sexo.

El Estado ha habilitado una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Jan Younes, lo que ha mejorado el tratamiento de las aguas residuales en el medio rural, así como ha promovido el abastecimiento de agua desalinizada. Por otro lado, la finalización de la conducción de aguas residuales tratadas ha permitido poner en funcionamiento una red de riego de la que se abastecen unos 5.000 dunums de tierras de labor en la zona septentrional de Gaza. También se ha mejorado la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafah y se le ha dado mantenimiento, se han continuado los trabajos en la planta central de desalinización de la Franja de Gaza, se han tomado muestras en 90 manantiales dependientes de las entidades locales con el fin de determinar la pureza de sus aguas y se ha organizado la distribución de aguas mediante el empleo y el acondicionamiento de 597 tanques.

Se han ejecutado y financiado diversos proyectos destinados a las zonas rurales, en particular 300 proyectos agrícolas (ovicultura, invernaderos, huertos domésticos y acuicultura) de los que se han beneficiado familias pobres o marginadas. También se han rehabilitado 11.400 dunums de terreno, se han asignado 3,5 m3 de recursos hídricos convencionales y no convencionales a usos agrícolas, se han construido 436 km de caminos rurales y se han ejecutado 56 proyectos hídricos y de saneamiento, con un coste estimado de 507 millones de dólares.

El Estado ha aprobado políticas de apoyo a la mujer residente en el entorno rural en el marco de sus políticas de crédito agrícola (Política de programas de financiación para el empoderamiento de la mujer no propietaria de tierras, emprendedora o recién egresada), así como políticas de fomento de la capacidad en materia de gestión y transformación, y proyectos de creación de pymes gestionadas por mujeres.

Se han proporcionado 300 proyectos agrícolas (ovicultura, invernaderos, huertos domésticos y acuicultura) de los que se han beneficiado familias pobres o marginadas.

Se han rehabilitado 11.400 dunums de terreno, se han asignado 3,5 m3de recursos hídricos convencionales y no convencionales a usos agrícolas y se han construido 436 km de caminos rurales.

El Estado ha presentado al Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos un informe sobre los daños a la salud y el medioambiente producidos por la gestión de residuos llevada a cabo por Israel, la Potencia ocupante, en el Estado de Palestina desde 1967.

En las llamadas “zonas C”, el Ministerio de Administración Local ha puesto en marcha un instrumento de evaluación del impacto en el disfrute de los derechos humanos y en los planes estructurales.

VIII.

a)Proporción de personas que vive por debajo del umbral de pobreza.

Sírvanse consultar los cuadros 1 y 2 del anexo 1

b)Parte de los ingresos públicos que procede de los impuestos: según datos efectivos correspondientes a 2021, el 91 % de los ingresos públicos procede de los impuestos;

c)La política fiscal del Estado se regula en la normativa y la legislación pertinentes, en particular en el Decreto Ley núm. 8/2011 del Impuesto a la Renta, gravamen que se aplica a los ingresos de las personas físicas, las sociedades y las empresas radicadas en Palestina. El Estado ha concedido multitud de ayudas e incentivos fiscales aplicables, entre otras cosas, a los gastos efectuados por actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, la mejora de la calidad del producto y el acceso a los mercados extranjeros.

66.La renta imponible se calcula una vez aplicadas las deducciones siguientes:

36.000 shekels a los residentes fiscales.

El complemento salarial fijo para transporte, en el caso de los funcionarios públicos.

El complemento salarial para transporte, o el 10 % del salario anual, en el caso de los empleados en el sector privado.

Exención anual de 6.000 shekels por estudios universitarios, salvo disfrute de beca o de ayuda para cursar estudios en el extranjero.

Exención, por una sola vez, de 30.000 shekels por adquisición o edificación de vivienda, o en su defecto, durante no más de diez años y previa presentación de la documentación acreditativa, un máximo de 4.000 shekels por los intereses reales del préstamo abonados anualmente a una entidad bancaria u organismo público de promoción del crédito y la vivienda.

Exenciones fiscales aplicables a las personas físicas

Las ganancias de capital generadas por la venta de bienes inmuebles exentos de impuestos.

Las ganancias de capital generadas por las inversiones en valores exentos de impuestos.

El empresario retiene el impuesto a la renta del trabajador y lo transfiere al organismo tributario.

Impuesto de sociedades

La entidad se considerará residente en el Estado cuando esté registrada, dirigida o efectivamente gestionada en Palestina.

El tipo aplicado a las sociedades oscila entre el 15 % y el 20 %, en función de las ganancias netas de la empresa y de su naturaleza.

Deducciones aplicables al impuesto de sociedades

Son deducibles, hasta un máximo de 500.000 shekels, los gastos de investigación de nuevos mercados, siempre que no superen el 2 % de los ingresos totales de la sociedad.

Los gastos efectivos en investigación, interna o en asociación con entidades científicas, cuyos fines estén orientados al desarrollo.

Gastos de capacitación de empleados.

Gastos efectivos de gestión generados por la adopción y la óptima aplicación del sistema de especificaciones y medidas palestino, inclusive los destinados al desarrollo de sistemas electrónicos de contabilidad y a la adopción de criterios de contabilidad internacionales.

Gastos de atención social.

Impuestos sobre bienes y servicios nacionales

a)Impuesto sobre el valor añadido : este tributo grava con un 16 % el consumo de todos los bienes y servicios de producción nacional (una vez deducidas las adquisiciones de bienes intermedios), salvo en las mercancías dirigidas a la exportación, los servicios turísticos, las frutas y las verduras, en que el tipo de gravamen es 0 %;

b)Impuesto de transmisiones : este tributo de tipo variable grava al consumidor final al momento mismo de adquirir la mercancía y con consideración al precio de venta al público. Se trata de un impuesto indirecto imponible a cualesquiera mercancías sin distinción (impuesto general a las ventas) o a ciertos bienes concretos (como los artículos de lujo);

c) El gasto público como porcentaje del producto interno bruto y, dentro del gasto público total, la proporción del presupuesto público que se destina al gasto social (seguridad social, alimentación, agua y saneamiento, vivienda, salud y educación), desglosada por región.

Sírvanse consultar los cuadros 4 y 5 del anexo 1.

IX.Medidas legislativas adoptadas para combatir la corrupción en Palestina

67.En el ordenamiento palestino, los delitos de corrupción se castigan en la Ley contra la Corrupción y sus modificaciones. En ella se determina quiénes son las personas imputables y se define el delito de corrupción como cualquier acto delictivo que atente contra las finanzas o el interés públicos o las obstaculice, en particular el tráfico de influencias. Es autor de un delito de corrupción el que cometa cualquiera de esos actos, en particular si se prevale de su función o cargo públicos, sin excepción por representación pública o política y con exclusión de toda posible inmunidad.

68.En la ley citada se encomiendan a la Fiscalía Anticorrupción las labores de investigación, imputación y representación del interés general en los casos de corrupción. El procesamiento, por su parte, es competencia del órgano jurisdiccional especializado pertinente. Este se constituye mediante resolución del Alto Consejo de la Magistratura con miembros de la magistratura ordinaria y aplica normas procesales especiales que garantizan el equilibrio entre el derecho a la defensa y a un juicio imparcial, por un lado, y la diligencia debida en la resolución, por otro. En la ley citada se fijan plazos procesales más breves que los de la jurisdicción criminal ordinaria y se determinan procedimientos que facilitan la sustanciación y la presentación de pruebas, así como las penas y sus circunstancias agravantes, las competencias en materia de decomiso y el deber de devolución de los frutos del delito.

69.Según los archivos de la Fiscalía Anticorrupción, desde la constitución de ese órgano en 2010 hasta 2021 se iniciaron 683 expedientes de investigación.

70.Desde que se estableció el Tribunal Anticorrupción hasta finales de 2021, 283 expedientes fueron remitidos a ese órgano jurisdiccional, de los que se fallaron 208. En 2021, se declaró competente en 75 causas.

71.Desde que en 2010 se estableció el Tribunal Anticorrupción hasta finales de 2021, 366 imputados en casos de corrupción fueron condenados. A continuación, se presenta un desglose según el fallo y el sexo de los imputados:

233 imputados fueron condenados (216 hombres, 15 mujeres y 2 personas jurídicas).

92 fueron absueltos (79 hombres, 12 mujeres y 1 persona jurídica).

38 imputados fueron remitidos a otra instancia por inhibición del Tribunal Anticorrupción (36 hombres y 2 mujeres).

Se sobreseyeron 3 causas por fallecimiento de los varones imputados.

72.En todos los casos, las condenas decretaron la restitución de los frutos del delito a la Hacienda Pública, el decomiso de las cantidades incautadas y el secuestro de los activos, incluso de los transferidos a terceros con el propósito de evadirlos.

73.Personas con condición pública que ocupaban altos cargos en la Administración, incluso ministros y dirigentes de organismos públicos e instituciones del Estado, han sido procesados por el Tribunal Anticorrupción con el mismo procedimiento que se aplicaría a cualquier otra persona.

74.Quienes se ocupan de la lucha contra la corrupción se benefician de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Ministros sobre la Protección a Denunciantes, Testigos y Peritos en Casos de Corrupción, así como a sus Familiares y Allegados, que fue promulgado en 2009. Entre 2019 y finales de 2021, la Autoridad contra la Corrupción recibió 71 solicitudes de protección. En el cuadro 8 se presenta información sobre esas solicitudes desglosada según el tipo de protección solicitada.

75.La Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Finanzas también colabora en la lucha contra la corrupción, en particular mediante las medidas encaminadas a asegurar que se cumpla la planificación detallada de los servicios públicos que figura en su ley anual de presupuestos y que no se supere el monto de las asignaciones destinadas a adquisiciones públicas.

76.Entre las labores que el Ministerio de Economía desempeña en la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el abuso de autoridad conviene señalar las siguientes:

a)Vela por que se ponga fin al abuso, el fraude, el encarecimiento y la manipulación en la esfera alimentaria, en particular en relación con los productos básicos de consumo. En 2021, el Ministerio Nacional de Economía condujo ante la justicia a 280 comerciantes y sancionó unos 2.141 locales comerciales;

b)Vela también, al amparo de la nueva legislación pertinente, por la mejora de sus servicios, en particular de su registro electrónico de sociedades, para fomentar el entorno empresarial y poner fin a la corrupción y el nepotismo en la prestación de servicios;

c)El Ministerio sigue en todas sus direcciones provinciales una política de rotación en la asignación de destinos, en particular de los responsables de la prestación de servicios a la ciudadanía.

No discriminación (art. 2)

Definición de discriminación y marco jurídico

77.La definición de discriminación que figura en el proyecto de decreto ley para la protección de la familia frente a la violencia es acorde con las convenciones de derechos humanos. La definición de discriminación laboral, en aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Armonización Legislativa relativas a la revisión en curso de la Ley Palestina del Trabajo de 2000, también se ha armonizado con los criterios internacionales y de los órganos de tratados. El Estado, por otro lado, ha elaborado un documento de políticas sobre las modificaciones que deben introducirse en la legislación laboral. Según ese documento, se definirá el concepto de discriminación y se determinarán mecanismos de prueba y sustanciación en caso de litigio, quedarán sin efecto todos los supuestos de excepción, se brindarán iguales oportunidades de empleo, se garantizará la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y se sancionará la violencia sexual. La Ley de la Función Pública también está siendo revisada para, en particular, prohibir y tipificar como delito la discriminación en el lugar de trabajo.

78.En el proyecto de decreto ley para la regulación de la labor sindical se asegura, sin discriminación por motivo de género, la participación efectiva de la mujer en las organizaciones sindicales. El Estado también está elaborando, en aplicación de lo previsto en las resoluciones pertinentes del Consejo Nacional y el Consejo Central de la OLP, un proyecto de decreto ley en el que se eleva hasta al menos el 30 % el porcentaje de participación de la mujer en las elecciones generales y las elecciones a los concejos locales.

79.En 2019, el Consejo de Ministros constituyó mediante decreto un equipo nacional de trabajo para la revisión del proyecto de código penal palestino de 2011 y su armonización con los criterios y las convenciones internacionales a las que se ha adherido el Estado de Palestina, así como con las recomendaciones formuladas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en particular las relativas a la tipificación como delito de la discriminación en todas las esferas de la vida y a la adopción de una definición amplia de discriminación ajustada a las convenciones de derechos humanos. Los miembros de ese equipo elevarán al Consejo de Ministros sus recomendaciones y observaciones en el año en curso.

80.Entre los textos legislativos promulgados en fecha reciente con el fin de erradicar las prácticas discriminatorias contra la mujer conviene señalar un decreto ley de 2019 en el que se dispone que la madre, con arreglo a las resoluciones pertinentes emanadas del Consejo de Ministros en marzo de 2018, podrá abrir cuentas bancarias para sus hijos menores de edad en los mismos términos que el padre. El Consejo de Ministros también promulgó en 2018 dos decretos en los que se asegura el derecho de la madre a cambiar a sus hijos de centro educativo y a solicitarles pasaporte si son menores de edad.

Papel del Ministerio de Economía Nacional en la erradicación de la discriminación

81.El Ministerio de Economía garantiza la no discriminación y la equidad a los grupos sociales menos favorecidos (las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad) mediante la aplicación de sus reglamentos y leyes pertinentes. La nueva Ley de Sociedades, por otro lado, comprende numerosas disposiciones innovadoras que desarrollan el ordenamiento palestino y lo armonizan con las mejores prácticas internacionales en la materia. Entre esas disposiciones conviene señalar las siguientes:

a)Supresión de los requisitos de capital mínimo para la constitución de sociedades, salvo para las sociedades anónimas públicas;

b)Posibilidad de que ciertos tipos de sociedades sean constituidas por una sola persona y de que las empresas desarrollen sus actividades mediante teletrabajo;

c)Derecho a litigar directamente ante los órganos judiciales competente en defensa de los derechos y los intereses, así como a interponer demanda incidental en nombre y representación de la sociedad para defender los derechos de esta, lo que brinda protección a los pequeños accionistas;

d)Representación de ambos sexos en los consejos de administración de las sociedades, de modo que, de ser posible, al menos un tercio de sus miembros sean mujeres.

82.Desde principios de 2022 hasta septiembre del mismo año, unas 1.810 nuevas empresas se inscribieron en el Ministerio de Economía, con un capital social de 568 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (art. 3)

Párrafo 11

83.Entre las medidas adoptadas para afrontar los efectos nocivos del conflicto armado y de la ocupación israelí conviene señalar las siguientes:

La ocupación israelí comete a diario y de forma sistemática y generalizada abusos que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, asesina con premeditación, confisca tierras palestinas y se las anexa de manera ilegal, demuele viviendas e instalaciones, mantiene el bloqueo a la Franja de Gaza y restringe la libertad de desplazamiento y movimiento, así como impone por la fuerza la fragmentación del territorio palestino, con su consiguiente clasificación en las llamadas áreas A, B y C y en las zonas H1 y H2, su control de los recursos naturales y el pago de gravámenes aduaneros y fiscales, al tiempo que se apropia de lo recaudado con prácticas de piratería. Esos crímenes colonialistas impiden que las personas disfruten de los legítimos derechos consagrados en el Pacto, sobre todo en los campamentos de refugiados y en las zonas rurales, lo que repercute de manera efectiva en la vida de las mujeres refugiadas, de las mujeres del entorno rural y de las beduinas.

El Estado de Palestina solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva y un dictamen sobre la legalidad de la ocupación israelí del territorio palestino y sobre las consecuencias jurídicas de esa ocupación, de la construcción de asentamientos y de la anexión de tierras, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica y el estatuto de Jerusalén.

En 2018, el Consejo de Ministros estableció mediante decreto una comisión jurídica nacional para dar seguimiento a la legislación racista israelí y sus violaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, formular las recomendaciones necesarias para salvaguardar los legítimos e inalienables derechos de los palestinos, elaborar los documentos y declaraciones pertinentes y celebrar consultas con todas las organizaciones y las instituciones de derechos humanos árabes e internacionales, de modo que esas leyes racistas sean repudiadas, condenadas, declaradas ilegales y afrontadas por la comunidad internacional.

El Estado de Palestina ha emprendido numerosas iniciativas para empoderar social y económicamente a la mujer palestina. De esos proyectos se han beneficiado 45 trabajadoras de los asentamientos y mujeres víctimas de actos de violencia en las llamadas zonas C de varias provincias. También se han aprobado 112 proyectos laborales destinados a mujeres que trabajan en los asentamientos y residen cerca del muro. En 2021 se proporcionó apoyo y orientación psicológica a 69 mujeres y 93 niños víctimas de la violencia y la explotación, entre ellos 30 niños que trabajaban en los asentamientos y más allá de la Línea Verde.

Se ha proporcionado seguro sanitario a 132 prisioneras palestinas. El seguro se ha renovado con periodicidad anual a cuantos prisioneros y prisioneras han permanecido detenidos más de un año. El Estado también ha concedido becas al colectivo. Un total de 714 prisioneros continuaron sus estudios universitarios, 75 de ellos en el programa de posgrado. En 2020, 461 prisioneros de uno u otro sexo se presentaron a los exámenes para la obtención del título de enseñanza secundaria general y 400 de ellos se matricularon en el programa de grado.

Se ha proporcionado asistencia letrada a las prisioneras de las autoridades israelíes de ocupación, que son víctimas de atropellos y privadas de atención médica, sufren violencia y condiciones adversas durante el interrogatorio, no pueden recibir visitas y son sometidas a registros con desnudo integral. También se hace un seguimiento de ciertos asuntos para defender a las personas cuyas tierras han sido confiscadas o cuyas casas han sido demolidas por las autoridades de ocupación, así como de los llamados “procedimientos de reagrupación familiar”.

El Estado ha becado a 25 orientadores que deseaban matricularse en el Máster de Orientación Educativa y se ha impartido capacitación a 40.413 alumnos sobre la constitución de los parlamentos estudiantiles, a 627 orientadores y tutores sobre cuestiones relacionadas con el apoyo psicológico, la terapia clínica y la descarga emocional y a 12.000 alumnos de uno y otro sexo de todas las delegaciones de educación sobre el Programa de Apoyo Psicosocial en Jerusalén y la Ribera Occidental, en el que aprenden a tratar con los alumnos que han sufrido las agresiones de las fuerzas de ocupación israelíes.

El Estado ha proporcionado ayudas en metálico para situaciones de urgencia a 1.238 familias, con un monto total de 350.295 shekels, y 12.132 familias se han beneficiado del Programa de Ayudas Urgentes en Especie, lo que ha supuesto un desembolso de 1.819.800 shekels. El Estado también ha proporcionado el servicio de seguro sanitario gratuito por cuestiones sociales, con un desembolso de 2.587.150 shekels, lo que se une a deducciones en las tarifas de servicios sanitarios por un monto de 95.525 shekels y en el seguro sanitario por un monto de 91.625 shekels.

Un total de 3.566 familias afectadas han recibido ayudas en metálico, lo que ha supuesto un desembolso de 5.543.000 dólares, 10.899 familias pobres han recibido vales de alimentos y de compras, con un desembolso de 2.196.000 dólares, y otras 19.727 familias han recibido paquetes con artículos de higiene personal, lo que ha supuesto un desembolso de 517.000 dólares.

Un total de 1.000 personas con discapacidad que se encuentran en centros especializados se han beneficiado de servicios residenciales y de atención y protección, con particular atención a las necesidades de las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia, así como se ha realizado el segundo desembolso de siete créditos concedidos a personas con discapacidad.

Un total de 500 personas con discapacidad y 290 personas de edad de uno u otro sexo han recibido refugio y cuidado de personas particulares, 100 personas con discapacidad se han beneficiado de los servicios de capacitación profesional y unas 369 de exenciones aduaneras. Además, 1.077 niños y niñas víctimas de la violencia intrafamiliar han recibido protección, atención y apoyo psicológico y 15 muchachas víctimas de la violencia han sido matriculadas en estudios universitarios.

Diversos proyectos han sido financiados en el marco de las ayudas destinadas a las zonas rurales, inclusive 300 proyectos agrícolas (ovicultura, invernaderos, huertos urbanos y acuicultura) destinados a familias pobres o marginadas. También se han rehabilitado 11.400 dunums de terreno, se han asignado 3,5 m3 de recursos hídricos convencionales y no convencionales a usos agrícolas, se han construido 436 km de caminos rurales y se han ejecutado 56 proyectos hídricos y de saneamiento.

El Consejo de Ministros ha regulado mediante decreto los bazares dedicados a la comercialización de los productos de las organizaciones benéficas de mujeres, de las mujeres emprendedoras y de las cooperativas. También se ha puesto en marcha la concesión de un premio a la excelencia que se concede a las empresas gestionadas por mujeres en el sector de las industrias artesanales y manuales, así como se han financiado proyectos de créditos a un interés del 5 % y cuotas decrecientes y se ha dado seguimiento a 74 créditos concedidos previamente a interés cero a personas con discapacidad. Por otro lado, el Estado ha establecido el Fondo para el Apoyo a la Mujer y su Empoderamiento, al que se han asignado 50.000 dólares y cuyo objetivo es adquirir productos a los agricultores y distribuirlos entre las mujeres. También se ha aprobado mediante resolución del Consejo de Ministros un proyecto dotado con 30 millones de shekels para la creación de oportunidades de empleo sostenible destinadas a mujeres que trabajan en los asentamientos.

El Ministerio del Interior y los servicios de seguridad han aprobado un programa de capacitación unificado sobre cuestiones de género cuyo objetivo es fomentar la capacitación de los proveedores de atención policial y judiciales en la prestación de servicios coordinados y sensibles al género.

84.En junio de 2021 se establecieron los tres siguientes equipos para la reconstrucción de la Franja de Gaza:

a)Un primer equipo en el que se integran el Ministro de Obras Públicas y Vivienda, en calidad de ponente, el Ministro de Gobierno Local, el Ministro de Economía Nacional, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Trabajo, el Presidente de la Autoridad de Aguas y el Presidente de la Autoridad de Energía y Recursos Naturales;

b)Un equipo consultivo formado por representantes de la sociedad civil y de la Franja de Gaza, y

c)Un equipo técnico para la reconstrucción.

85.El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda es el responsable de la reconstrucción y de la mejora de la situación habitacional de las personas pobres y de su situación social, así como de proporcionar los datos y la información necesarios para proporcionar respuestas de emergencia y de recuperación temprana sensibles a la perspectiva de género. En 2020, el Ministerio llevó a cabo las actuaciones siguientes:

a)Se hizo un recuento de todas las viviendas individuales que habían sido demolidas;

b)Se determinaron con detalle los daños causados a las viviendas al tiempo que se continuaban las necesarias labores de inspección tras el ataque a la Franja de Gaza. En total, 61.010 viviendas resultaron dañadas, 1.671 de ellas demolidas en su totalidad, 959 con daños graves que las hacían inhabitables, y 58.380 con daños medianos o leves;

c)Se ha retirado más del 95 % del volumen estimado de escombros producidos por las edificaciones y las viviendas demolidas (unas 32.000), y continúan las labores de retirada de los escombros restantes;

d)En total, 35.000 ciudadanos han sido indemnizados, lo que ha supuesto un desembolso de 12 millones de dólares, y restan por indemnizar otros 16.000, lo que supondrá un desembolso de otros 20 millones de dólares.

86.El II Plan Nacional para la Aplicación del Decreto núm. 1325 del Consejo de Ministros centra su apartado relativo a la reconstrucción en los objetivos siguientes:

a)Incorporación de las cuestiones de género a los planes de emergencias y de recuperación económica destinados a las mujeres y las muchachas que han padecido de manera directa los atropellos perpetrados por la ocupación, en particular el desplazamiento forzoso, la demolición de la vivienda o el ataque reiterado;

b)Refuerzo del liderazgo y el papel de las mujeres y las muchachas en los operativos de rescate y recuperación, en particular en las zonas más damnificadas por las políticas de las autoridades de ocupación, como la Franja de Gaza, las llamadas “zonas C” y el Valle del Jordán;

c)Empoderamiento de la mujer, de modo que pueda beneficiarse de las ayudas humanitarias y los servicios de emergencia, incluso durante la pandemia de coronavirus.

87.El Ministerio de Economía Nacional, con miras a promover el empoderamiento económico de la mujer y de los colectivos marginados, ha ejecutado las actuaciones siguientes:

a)Ha destinado a las mujeres y los jóvenes un gran número de los proyectos que supervisa, ha capacitado en formación de formadores a unas 5.000 personas en diferentes ámbitos, en particular en cuestiones relacionadas con el emprendimiento, las empresas emergentes, la gestión, las finanzas, las energías renovables, las tecnologías de la información y las agroindustrias. También se han concedido 130 subvenciones destinadas a proyectos de emprendimiento y cooperativas;

b)Ha constituido el Fondo para el Empoderamiento Económico con objeto de fomentar en todos los sectores proyectos de emprendimiento gestionados por mujeres afectadas por la pandemia de coronavirus. Por conducto de ese Fondo se han proporcionado subvenciones en especie en concepto de insumos productivos a 90 proyectos de emprendimiento gestionados por mujeres;

c)Se han organizado bazares para la comercialización de productos fabricados por mujeres, en particular productos artesanales basados en el patrimonio cultural y alimentos, en los que han participado más de 75 pequeñas y medianas empresarias;

d)Se ha instituido un premio a la excelencia de los productos fabricados por mujeres en las industrias artesanales, tradicionales y alimentarias dirigido a las mujeres del entorno rural;

e)Se han llevado a cabo los preparativos necesarios para poner en marcha una plataforma de comercialización en línea (E-SOUQ) que permitirá distribuir y promover los productos de microempresas y pequeñas empresas, en particular las gestionadas por mujeres.

Párrafo 12: Medidas adoptadas por el Estado parte para hacer frente a las diferencias salariales entre hombres y mujeres

88.En 2021, el Consejo de Ministros promulgó un decreto con el fin de elevar el sueldo mínimo interprofesional en Palestina de 1.452 a 1.880 shekels mensuales para ambos sexos. En marzo de 2022, el Consejo de Ministros encomendó mediante decreto al Ministro de Trabajo la adopción de las medidas necesarias para intensificar la vigilancia y asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor.

89.En octubre de 2022 se constituyó una comisión nacional para la equidad en las remuneraciones y la igualdad de salarios por trabajo de igual valor que está presidida por un representante del Ministerio de Asuntos de la Mujer y cuenta con representantes del Ministerio de Trabajo, diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales y miembros del mundo académico. La comisión se ocupa de examinar y analizar los informes y datos pertinentes con el fin de detectar brechas de género, proponer políticas con sensibilidad de género, dar seguimiento a los indicadores laborales internacionales y ejecutarlos con las instancias competentes, coordinar las campañas de concienciación y difusión, poner en marcha esas campañas en colaboración con sus asociados, elaborar investigaciones y estudios, analizar la información disponible, determinar y publicar su reglamento de trabajo, formular planes ejecutivos y constituir los comités técnicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

90.Las mujeres palestinas ocupan el 29 % de los cargos administrativos. Ellas suponen el 49 % de los empleados en el sector público y perciben iguales emolumentos que los hombres. El 14 % de las empleadas públicas ocupan puestos de dirección general o superiores.

91.La participación de la mujer en la toma de decisiones, en la vida pública y en los puestos de liderazgo constituye un aspecto fundamental en la igualdad de género. Las mujeres representan el 25 % de los miembros del Consejo Central, el 11 % del Consejo Nacional, el 12,5 % del Consejo de Ministros y el 11 % de las embajadoras. En 2021, representaban el 54 % de los empleados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración. Una mujer ocupa el puesto de gobernadora provincial.

92. Respecto a las iniciativas emprendidas por el Gobierno de Palestina para aliviar las consecuencias adversas de la pandemia de enfermedad por coronavirus para los ciudadanos palestinos, en particular las mujeres y los niños, y para combatir la violencia dirigida contra ellos durante esa crisis, sírvanse consultar el informe de seguimiento presentado en 2020 por el Estado de Palestina al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, anexo 2, donde se describen esas medidas de forma resumida.

Párrafo 13: Derecho a trabajar (art. 6)

93.Población activa: de las 5.227.000 personas que componen la población del Estado, el 62 % está en edad de trabajar (15 o más años). El 43 % de los mayores de 15 años es población activa (personas que trabajan o buscan empleo), es decir 1.408.000 personas. En 2021, el 69 % de la población activa eran hombres y el 17 %, mujeres.

94.Desempleo: en el Estado de Palestina, el 26 % de las personas de 15 o más años se encontraban desempleadas en 2021 (372.000 personas), es decir, el 22 % de los hombres y el 43 % de las mujeres. En términos interregionales, la mayor brecha de género en la esfera del desempleo se alcanza en la Ribera Occidental, con 15 puntos porcentuales, y en la Franja de Gaza, con 47.

95.La tasa de desempleo entre las personas de 20 a 24 años, incluidos los recién egresados, es el 42 % para hombres y mujeres. La mayor tasa de desempleo se registra entre las mujeres que han cursado 13 o más años de estudio (49 %). El 52 % de los desempleados buscaron trabajo acudiendo directamente a los empleadores, el 28 % lo hicieron a través de Internet, el 14 % preguntando a amigos y familiares y el 2 % se inscribieron en las oficinas de empleo.

96.Según el Organismo de Estadísticas, el 37 % de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas. Solo el 2 % de las mujeres con discapacidad forman parte de la población activa palestina, frente al 23 % de los hombres. Estos datos son reveladores de lo alejada que se encuentra la realidad de las personas con discapacidad en Palestina de los derechos para ellas consagradas en las leyes internacionales y nacionales.

97.Entre las iniciativas de calado emprendidas por el Estado de Palestina para reducir las tasas de desempleo y pobreza conviene señalar el fomento de los proyectos generadores de ingresos mediante la concesión de préstamos sin intereses y de subvenciones no reintegrables en el marco del Programa para el Empoderamiento Económico, en particular los destinados a las personas con discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración del Instituto Nacional para el Empoderamiento Económico, ha ejecutado un plan para el empoderamiento de las personas con discapacidad que permitió conceder préstamos sin intereses a 90 proyectos con un techo de financiación de 10.000 dólares.

98.Mano de obra: la tasa de ocupación (personas con 15 o más años que trabajan) es del 74 % (1.036.000 personas). Esa tasa es mayor en la Ribera Occidental (85 %) que en la Franja de Gaza. La tasa de ocupación entre los varones es del 78 %, frente al 57 % de las mujeres. Por franjas de edad, la tasa de ocupación entre los jóvenes de 15 a 24 años es del 72 %, y del 83 %, entre los jóvenes de 25 a 34 años.

99.El 72 % de los trabajadores son asalariados y el 17 %, autónomos. El 4 % trabaja en el entorno familiar y no percibe emolumento alguno.

100.El 19 % de los trabajadores palestinos de la Ribera Occidental están empleados más allá de la Línea Verde o en los asentamientos ilegales israelíes. Desde 2007, ningún trabajador de la Franja de Gaza ha logrado trabajar más allá de la Línea Verde.

101.Sector informal: 4 de cada 10 trabajadores del mercado laboral palestino está empleado en el sector informal (43 %). La mitad de los varones trabaja en el sector informal, frente a un cuarto de las mujeres. Adviértase que en torno a un tercio de los trabajadores del sector formal se consideran empleados en el sector informal, ya que no obtienen ninguno de los beneficios inherentes al empleo formal (el 48 % en la Ribera Occidental y el 30 % en la Franja de Gaza).

102.En el mercado laboral palestino, el trabajador del sector informal percibe el 76 % del salario de un trabajador del sector formal (83 shekels, frente a 109 shekels).

103.El Programa de Empoderamiento Económico es uno de los mecanismos principales con los que el Ministerio de Desarrollo Social hace frente a la pobreza en el convencimiento de que es necesario pasar del auxilio al trabajo productivo sostenible. El Programa está destinado a los colectivos empoderables y su objetivo es que las familias necesitadas sean productivas, se empoderen socialmente los beneficiarios, se genere empleo y se reduzcan las tasas de paro y de pobreza.

104.En 2021, 356 familias se beneficiaron de los proyectos de empoderamiento económico en diversos sectores de actividad (agrícola, ganadero, comercial, de servicios e industrial). Los beneficiarios (138 hombres, 218 mujeres y 15 personas con discapacidad) tenían edades comprendidas entre los 18 y los 55 años.

105.El Estado, por conducto del Fondo Palestino para el Empleo, ha proporcionado oportunidades laborales a unos 750 egresados hijos de familias pobres que estuvieron registrados durante seis meses en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social bajo el concepto “trabajo a cambio de efectivo”.

Repercusiones de las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia para el Sector Laboral 2017-2022 y de las medidas previstas y los recursos asignados para implementar la Estrategia Nacional de Empleo 2021-2022

106.La Estrategia del Sector Laboral 2017-2022, ante la realidad del mercado laboral y sus elevadas tasas de desempleo y pobreza, se centró en velar por que la población activa desempleada participara en el proceso de desarrollo. Para ello, se promovieron programas de empleo y emprendimiento, con atención especial al empleo en empresas pequeñas, proyectos experimentales y cooperativas, destinados a quienes se incorporaban al mercado laboral, como los recién egresados, las mujeres y los colectivos marginados y vulnerables. Los objetivos principales de la Estrategia eran aliviar el desempleo, potenciar cuantitativa y cualitativamente la capacitación de trabajadores profesionalizados, fortalecer el sistema de inspecciones y seguridad laboral, promulgar una ley reguladora de las inspecciones de seguridad laboral, generar empleo a través de fórmulas cooperativas, promover el desarrollo sostenible y el trabajo decente y fomentar la capacitación y el protagonismo nacional e internacional de las entidades que conforman la asociación tripartita.

107.La Estrategia del Sector Laboral 2021-2025 pretende constituirse en el marco de referencia unificado para los objetivos y prioridades de la política de empleo. Esos objetivos se llevan a la práctica gracias a los programas de activación del mercado de trabajo, las iniciativas multisectoriales y la colaboración amplia de los agentes sociales, los ministerios, los organismos públicos concernidos y otras partes interesadas. La Estrategia comprende diez ejes ejecutivos que se corresponden con otros tantos aspectos deficitarios.

108.La Estrategia del Sector Laboral 2021-2025 prevé la ejecución, durante la pandemia de COVID-19 y tras ella, de numerosos programas dirigidos a luchar contra el desempleo y el subempleo entre los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, en particular mediante la concesión de préstamos sin interés para la creación de empresas pequeñas y microempresas. Se han puesto en marcha el programa Mashruek de préstamos en condiciones favorables para desempleados y otros programas de orientación laboral y profesional. También se han generado oportunidades de trabajo, que se armonizaron con las demandas del mercado gracias a las visitas sobre el terreno cursadas por las organizaciones de la sociedad civil, y se han planificado programas y actividades dirigidos a ayudar a los jóvenes, en particular ferias de empleo.

109.El Estado ha emprendido numerosas iniciativas para hacer frente a los retos surgidos a partir de la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, se desembolsaron 105.000 shekels en prestaciones para desempleados (700 shekels por persona) y, con la cooperación del Fondo Palestino para el Empleo y la Fundación Taawon, se concedieron préstamos en condiciones favorables a pequeñas empresas afectadas por la pandemia. El Estado también ha puesto en marcha el Sistema de Información sobre el Mercado de Trabajo, cuyos objetivos son fomentar el empleo, evitar el desajuste entre la oferta y la demanda laborales y poner fin al subempleo, así como ha puesto en marcha numerosos programas de teletrabajo para la gestión de empresas durante la pandemia.

Párrafo 15

110.El Ministerio de Trabajo vela sin cesar por que se abran canales de comunicación y diálogo, de modo que los conflictos laborales se resuelvan en el mejor interés de las partes, se asegure la efectividad de sus respectivos derechos y se mejoren las condiciones laborales y el entorno productivo. Según la Ley Palestina núm. 7/2000 del Trabajo, el empleado podrá ejercer acción contra el empresario que vulnere sus derechos. Las demandas laborales están exentas de tasas judiciales y se resuelven con carácter de urgencia. Las deudas laborales tienen la consideración de deudas privilegiadas. El trabajador será indemnizado si se vulnera alguno de sus derechos, por ejemplo, en caso de despido abusivo o de accidente de trabajo.

111.Los trabajadores palestinos al servicio de empresarios israelíes más allá de la Línea Verde o en los asentamientos ilegales sufren los abusos de sus empleadores y son explotados por los intermediarios que les consiguen los permisos de trabajo y por los conductores. La mayoría de esos trabajadores carece de contrato de trabajo y, por tanto, de protección legal, por lo que quedan a merced del empleador israelí.

112.Más del 60 % de los palestinos empleados al otro lado de la Línea Verde, en particular en el sector de la construcción, realizan trabajos peligrosos sin las medidas de seguridad laboral más básicas, todo lo contrario que los israelíes empleados en las mismas empresas. La mayoría de los accidentes laborales con resultado de muerte afectan a los trabajadores palestinos por la falta de controles, equipos de protección personal y capacitación. Los empleados palestinos cuyos permisos de trabajo han expirado o han sido revocados o denegados por razones de seguridad son engañados por los empleadores, que los expulsan o los despiden abusivamente por no poder acudir con regularidad al lugar de trabajo o por exigir sus derechos.

113.Se registra una clara discriminación entre los trabajadores palestinos e israelíes de una misma empresa en relación con el salario, las indemnizaciones y las horas extraordinarias. Los trabajadores palestinos trabajan largas jornadas a cambio del salario mínimo, pues no cobran las horas extraordinarias ni se les compensan con tiempo libre, con la merma consiguiente en sus derechos laborales.

114.El Ministerio de Trabajo palestino vela con la colaboración de la asociación Worker’s Hotline por preservar los derechos de los trabajadores empleados más allá de la Línea Verde o en los asentamientos ilegales, en particular el derecho a cotizaciones, seguro mutuo, prestaciones para jubilación, seguro médico e indemnizaciones por accidente laboral.

115.El Estado se coordina con las instancias internacionales y regionales pertinentes para que se evalúe la situación de los derechos humanos en Palestina, en particular de los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) envía cada año a Palestina una misión de determinación de los hechos que elabora un informe sobre los trabajadores palestinos y el mercado de trabajo israelí. Sin embargo, las autoridades de ocupación israelíes incumplen las obligaciones que se señalan en esos informes.

Párrafo 16: Formalización de la economía informal

116.El Estado de Palestina, por conducto del Ministerio de Economía, regula los sectores económicos y la formalización de la economía informal. Entre sus principales actuaciones en este sentido conviene señalar las siguientes:

a)En junio de 2021, el Consejo de Ministros definió mediante decreto y clasificó a nivel nacional las microempresas, las pymes y las grandes empresas;

b)Se trabaja actualmente en la regulación del comercio electrónico con objeto de promover la economía digital. A tal fin, el Ministerio de Economía, con la colaboración del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, ha elaborado un borrador inicial de proyecto de ley del comercio electrónico;

c)Se ha elaborado una encuesta sobre las empresas domésticas y su situación jurídica. Actualmente se están analizando posibles directrices para la autorización y la inscripción de esas empresas;

d)Se está elaborando la primera estrategia nacional para las microempresas y las pymes, en la que se abordarán sus problemas y retos.

117.El Ministerio de Trabajo ha emprendido diversas iniciativas para hacer frente a los obstáculos que dificultan la formalización de la economía informal, en particular los relacionados con el sistema educativo y la capacitación profesional, así como ha participado en los programas y proyectos regionales e internacionales pertinentes.

118.El Estado también ha tomado diversas medidas destinadas a asegurar que se apliquen los reglamentos sobre salud y seguridad laborales en los sectores formal e informal. Por ejemplo, se han aprobado la estrategia y la política nacional para la seguridad y la salud en el trabajo, se ha reforzado la formación de los inspectores de riesgos laborales gracias a la impartición de cursos especializados y se han acreditado 3 entidades de capacitación de inspectores de salud y riesgos laborales y a 45 supervisores. Además, se ha reforzado el control interno en las empresas gracias al seguimiento dado a la aplicación del Decreto Ley de 2019 sobre los Comités y los Supervisores de Salud y Riesgos Laborales y se han cursado visitas a las empresas con altas tasas de siniestralidad laboral, se las ha sometido a inspección especializada y se las ha evaluado, lo que permitió detectar 267 factores de riesgo y llevar a cabo las reformas necesarias para corregir la situación y evitar accidentes.

119.La Comisión de Armonización Legislativa, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, los organismos nacionales concernidos y las organizaciones de la sociedad civil, ha revisado la Ley Palestina núm. 7/2000 del Trabajo y ha elevado al Consejo de Ministros las recomendaciones de modificación pertinentes. El Ministerio de Trabajo está actualmente realizando consultas nacionales con las instancias y los organismos concernidos para reformar esa ley y armonizarla con los criterios internacionales en la materia y con las convenciones de la OIT. Entre esas recomendaciones conviene señalar la necesidad de ampliar el marco de aplicación de la Ley del Trabajo, de modo que comprenda a todos los colectivos laborales, de definir la discriminación en el lugar de trabajo de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de tipificar como delito el acoso en el lugar de trabajo con arreglo a las convenciones de la OIT y de reforzar el papel de los órganos de inspección.

Párrafo 17: Acoso sexual en el lugar de trabajo

120.El Estado trabaja actualmente para que el delito de acoso sexual se defina y tipifique como delito en el proyecto de decreto ley para la protección de la familia de 2022. También trabaja para que se tipifique ese delito en el proyecto de código penal palestino de 2011, que está siendo examinado por un equipo constituido mediante decreto emanado del Consejo de Ministros. La tipificación del acoso sexual se ajusta a lo señalado en las convenciones internacionales.

121.El Estado trabaja actualmente en la modificación de la Ley Palestina del Trabajo y en la incorporación a ella de los conceptos de discriminación y acoso con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190), de la OIT. Ya se han formulado las recomendaciones pertinentes. El acoso sexual también se define en el proyecto de reglamento nacional para la remisión de las mujeres víctimas de la violencia, de 2022, que el Consejo de Ministros está examinando.

122.Hasta el momento, el Estado no dispone de una base de datos sobre casos de acoso sexual en el trabajo. La razón principal de ello es que las trabajadoras no los notifican. No obstante, el Ministerio de Trabajo ha constituido en los últimos tres años comisiones técnicas responsables de examinar de manera amplia la legislación laboral, en particular desde una perspectiva de género. Tras el análisis, entre otras cosas, de algunos artículos y excepciones legislativas se concluyó la necesidad de añadir a ese cuerpo normativo preceptos que sancionen la violencia en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual. El proyecto de ley para la protección de la familia frente a la violencia tipifica como delito el acoso sexual intrafamiliar, ya que numerosas mujeres trabajan en empresas familiares y sufren acoso.

123.En el Decreto Ley de los Delitos Cibernéticos, de 2018, se tipifican los actos de extorsión y amenazas, así como todas las formas de acoso y explotación sexual, cometidos por medios electrónicos. En esos supuestos, la pena se agrava si la víctima es un niño.

124.Entre 2020 y 2021, la Federación General Palestina de Sindicatos registró la ocurrencia de 310 casos de violencia y acoso sexual, 3 de ellos en el sector privado consistentes en actos de agresión sexual completa en el lugar de trabajo. Según la Federación, en el 45 % de esos casos el infractor fue el empleador o el jefe.

Párrafo 18: Trabajo infantil

125.El Estado de Palestina lucha contra el trabajo infantil, vela por que se reduzca su incidencia, regula el trabajo de los menores de 18 años y ha incrementado y regulado las campañas de inspección en las empresas. El trabajo infantil, si bien persiste en el Estado, es un fenómeno cada vez menos frecuente. Según el Organismo Central Palestino de Estadísticas, en 2021 el 2,5 % de los niños de entre 10 y 17 años trabajaban con o sin remuneración (el 3,8 % en la Ribera Occidental y el 0,9 % en la Franja de Gaza). Por otro lado, el 0,9 % de los niños trabajaban y al mismo tiempo se hallaban escolarizados (el 1,5 % en la Ribera Occidental y el 0,2 % en la Franja de Gaza, y, con datos desglosados por sexo, el 1,7 % de los niños y el 0,1 % de las niñas). Por otro lado, el 41,6 % de los niños de entre 10 y 17 años que trabajaban lo hacían a cambio de una remuneración, y el 47,2 % lo hacían en el entorno familiar y sin remuneración alguna.

126.Según los informes y datos del Ministerio de Desarrollo Social, tanto en la Ribera Occidental como más allá de la Línea Verde hay empleadores que envían a los niños a mendigar a cambio de pagar una remuneración miserable al padre o tutor. Los niños son empleados mediante un acuerdo con los dueños de los locales comerciales o industriales por un salario insignificante bajo la excusa de que están aprendiendo el oficio o aprovechando que el progenitor no puede sostener a la familia por hallarse enfermo o por la carestía de la vida.

Iniciativas dirigidas a poner fin al trabajo infantil

Las redes para la protección de la infancia han organizado encuentros de concienciación en todas las provincias destinados a las familias y los niños.

El programa de ayudas en metálico y ayudas por circunstancias excepcionales se destinó a las familias pobres con el objetivo de erradicar el trabajo infantil.

Los coordinadores de las redes de protección a la infancia han continuado sus actividades de inspección en las empresas, las cafeterías y las salas de juego.

Se ha constituido un equipo central de trabajo responsable de ejecutar la campaña de protección a los niños en situación de vulnerabilidad o en peligro de incurrir en conductas antisociales. En las provincias se ha constituido un equipo de trabajo sobre el terreno que realiza campañas de inspección para localizar a niños que ejerzan la mendicidad, vivan sin techo o trabajen.

Párrafo 19: Derechos sindicales (art. 8)

127.El Gobierno de Palestina promueve la acción sindical en consonancia con su visión nacional y social y con los criterios internacionales y árabes en la materia, en particular con el principio de pluralismo sindical e igualdad en el trabajo. El objetivo de las iniciativas del Estado en esta esfera es afianzar las relaciones laborales, consolidar el diálogo social y lograr una democracia sindical tutelada por la ley en el marco del desarrollo económico y social.

128.El Ministerio de Trabajo, con sujeción a la Ley Palestina del Trabajo, asume una función limitada en el seguimiento a la labor de los sindicatos de trabajadores y empresarios. El Ministerio de Trabajo supervisa las conferencias y elecciones sindicales para asegurarse de que se cumplan los reglamentos internos aprobados por los organismos públicos, así como garantiza una tutela cabal a las libertades sindicales, sin injerirse en los asuntos internos de las organizaciones sindicales ni menoscabar su independencia.

129.De manera provisional, el Ministerio de Trabajo da seguimiento a las cuestiones administrativas y organizativas de ciertos sindicatos y colegios profesionales que carecen de una ley que regule su labor, sus requisitos de membresía, sus condiciones para el ejercicio de la profesión y sus facultades disciplinarias. Otras cuestiones profesionales o técnicas son objeto de seguimiento por los ministerios competentes con el objetivo de que los trabajadores sindicados sean representados, y sus derechos e intereses defendidos, de forma apropiada y efectiva. La Dependencia de Organizaciones Sindicales y los departamentos de relaciones laborales dan seguimiento y atienden a las organizaciones sindicales generales y sectoriales en todas sus direcciones provinciales.

130.En 2021 había en Palestina 622 organizaciones sindicales y colegios profesionales, así como 14 federaciones de sindicatos. En la Ribera Occidental, el 14 % de los trabajadores se encontraban sindicados y en la Franja de Gaza, el 38 %, es decir, aproximadamente tres veces más. El Ministerio de Trabajo ha publicado 210 folletos para regularizar la situación de ciertas organizaciones sindicales y ha ejecutado 1.621 actividades de concienciación y orientación.

131.La Ley del Trabajo protege a los empleados y sus representantes en el curso de los conflictos colectivos y en el desempeño de la labor sindical. Según su artículo 39, la afiliación sindical y la participación en las labores sindicales se desarrollará fuera del horario de trabajo, o durante la jornada laboral si el empresario presta consentimiento. El trabajador podrá solicitar permiso para ello. Estos derechos están tutelados por la ley y su ejercicio no justifica la terminación del contrato de trabajo. El artículo 57 de la ley citada, por su parte, afirma que los convenios colectivos garantizarán la libertad sindical y protegerán a los miembros de las organizaciones sindicales y a sus líderes durante el ejercicio de sus derechos sindicales, de modo que no sufran represalias. Las disposiciones de la Ley del Trabajo suelen aplicarse [SIC].

132.El Estado está elaborando una ley de la organización sindical que, de conformidad con los criterios internacionales en la materia y con todas las salvaguardias para la protección de los trabajadores y sus derechos, tutela la libertad para constituir sindicatos representativos y la libertad de acción sindical, así como fomenta el diálogo social y la representación justa de los trabajadores en todos los sectores.

Párrafo 20: Seguridad social (art. 9)

133.La Ley núm. 19/2016 de la Seguridad Social tenía como objetivo la provisión de cobertura sanitaria a todos los trabajadores sujetos a la Ley del Trabajo. Sin embargo, el Presidente la suspendió mediante decreto ley una vez promulgada y publicada, y antes de su entrada en vigor, a la vista de la oposición social que la misma había cosechado y de las recomendaciones formuladas por algunas organizaciones de la sociedad civil, en las que se solicitaba que las instancias pertinentes continuaran dialogando hasta que se alcanzase un consenso nacional sobre el tenor y fecha de entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Palestina, por conducto del Ministerio de Trabajo y con la cooperación de la OIT, ha elaborado un borrador modificado de proyecto de ley de la seguridad social que se basa en un nuevo análisis actuarial financiero y atiende a las demandas de modificación del régimen de prestaciones de los seguros sociales exigidas por el movimiento ciudadano.

134.El Gobierno de Palestina, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social y las instancias competentes, vela por que se apliquen niveles mínimos de protección social y se abonen prestaciones sociales a las personas de edad y las personas con discapacidad. Sin embargo, la carencia de disponibilidad presupuestaria ha obstaculizado que esas ayudas a los colectivos pertinentes puedan desembolsarse sin contar con el Programa de Transferencias en Efectivo.

Párrafo 21: Protección de la familia y el niño (art. 10)

135.El 5 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros constituyó una comisión técnica responsable de revisar la regulación civil y de estatuto personal y de modernizarla con arreglo a los criterios internacionales y las mejores prácticas en la materia. La comisión está formada por representantes de los organismos públicos concernidos y de la Unión General de Mujeres Palestinas y puede solicitar la asistencia de cuantos expertos considere conveniente para consumar su mandato. La comisión comenzó su labor en julio de 2018 y formuló su plan de trabajo, aunque después no se ha reunido a menudo. Además, se han puesto en marcha campañas en contra del Pacto y ciertos colectivos sociales rehúsan que las leyes de estatuto personal se modifiquen a tenor del Pacto. Pese a ello, el equipo nacional de trabajo para el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Alta Comisión Ministerial para el Seguimiento de la Adhesión del Estado de Palestina a las Convenciones Internacionales han continuado trabajando en el proyecto.

136.El Estado de Palestina ha emprendido numerosas iniciativas para asegurar la protección de los derechos de la familia y de la infancia. Entre ellas conviene señalar las siguientes:

Según el Decreto Ley de la Edad Mínima para el Matrimonio, de 2019, podrán contraer nupcias los mayores de 18 años, con independencia de su sexo y su confesión, islámica o cristiana. En esa norma se unifican los criterios para la erradicación de la discriminación y las desigualdades de género en la materia.

Se ha elaborado el proyecto de decreto ley de 2022 para el cálculo del caudal hereditario y su reparto. El proyecto se ha presentado a Su Excelencia el Presidente para que proceda a sancionarlo.

El Estado está elaborando y examinando la estrategia nacional para combatir la violencia contra la mujer 2022-2030. También se ha puesto en marcha la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer, a cuya labor se han unido otros organismos y cuyos miembros han promocionado al nivel de representación de un cargo decisorio. La formulación de la estrategia citada se encuentra en su fase final y a la espera de que el Consejo de Ministros la examine y apruebe.

El Consejo de Ministros ha examinado en numerosas ocasiones el proyecto de ley para la protección a la familia frente a la violencia después de que se atendieran las observaciones formuladas por los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de ley citado, que protege a la mujer y la familia de toda forma de violencia, será objeto de seguimiento hasta que sea sancionado por su Excelencia el Presidente.

Se ha revisado el Reglamento Nacional para la Remisión de las Mujeres Víctimas de la Violencia, de 2013, y actualmente se trabaja en un nuevo reglamento que se ajuste a los criterios internacionales sobre derechos humanos y al que se sujeten todos los proveedores de servicios.

Se ha elaborado un proyecto de reglamento del seguro médico que modifica el aprobado en 2004. Se trata de la cuarta vez que el proyecto sigue los trámites de presentación al Consejo de Ministros.

Se ha establecido mediante decreto del Consejo de Ministros el consultorio jurídico ambulante sobre los derechos humanos, que atiende en particular a las zonas rurales.

Cada año, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, se organizan diversas actividades en el marco de la Campaña Mundial para Combatir la Violencia contra la Mujer. En el Día Internacional de la Mujer y el Día Nacional de la Mujer Palestina también se celebran actividades sobre la violencia contra la mujer que permiten visibilizar las vulneraciones de derechos que sufre la mujer palestina, la violencia que ejercen sobre ella las autoridades de ocupación y otras diversas cuestiones relativas a la violencia comunitaria.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer, en cooperación con el Organismo Central de Estadísticas Palestino, realizó una encuesta sobre la violencia en la sociedad palestina cuyo objetivo fundamental era conocer el porcentaje de mujeres que sufren violencia en el entorno familiar y fuera de él.

Se ha formulado la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer 2021-2030.

En aplicación del Decreto núm. 1325 del Consejo de Ministros relativo a la mujer, la paz y la seguridad, se ha constituido la Comisión Nacional para el Sistema de Vigilancia de las Violaciones Israelíes, así como se ha realizado un recuento de las organizaciones pertinentes que operan en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza.

137.El Estado ha llevado a cabo las actuaciones siguientes con miras a reformar el marco jurídico y los mecanismos institucionales para la protección de la mujer frente a la violencia:

La violencia contra la mujer se ha incorporado en los planes nacionales de actuación y se han establecido mecanismos administrativos y códigos deontológicos para el tratamiento que las diversas instancias concernidas deben dispensar a las mujeres víctimas de la violencia. También se han elaborado y modificado leyes nacionales para la protección de la mujer frente a la violencia y se ha incorporado el asunto a los planes de trabajo de las unidades de género que operan en varios organismos, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social, la Policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia.

Se ha mejorado la protección y el apoyo sociales a las mujeres víctimas de la violencia, en particular la calidad de los servicios, y se ha articulado un sistema nacional de remisión que determina y regula la labor de las diferentes entidades que protegen a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia, las habilitan y velan por su reintegración social, así como se ha fomentado la capacitación de los equipos de orientación.

Se han habilitado cinco centros de protección para mujeres y muchachas víctimas de la violencia (tres en la Ribera Occidental y dos en la Franja de Gaza), se ha puesto en marcha el sistema nacional de remisión aprobado por el Gobierno y se está desarrollando un nuevo sistema que atienda las necesidades de todos los colectivos de mujeres y muchachas víctimas de la violencia, incluidas las mujeres con discapacidad. También se proporcionó atención humanitaria y médica durante el período de emergencia a las mujeres víctimas de actos de violencia.

El Ministerio de Desarrollo Social supervisa la gestión de los casos de violencia doméstica contra mujeres y niños, hace un seguimiento de la incidencia de los episodios de violencia intrafamiliar y dirige las reuniones de los equipos de tratamiento con las supervivientes y los proveedores de servicios. El Ministerio vela también, con la colaboración de todas las delegaciones provinciales para la protección de la familia, por la coordinación de esos servicios.

Párrafo 22: Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)

138.El Estado se afana en promover la economía palestina. Sin embargo, la prolongada ocupación israelí ha limitado los recursos disponibles y exacerbado las situaciones de necesidad, de modo que la financiación de pequeñas empresas se ha convertido en la solución ideal. Con estas consideraciones, se constituyó en 2019 el Instituto Nacional Palestino para el Empoderamiento Económico que, bajo la supervisión del Gobierno, complementa el Programa para el Empoderamiento Económico del Pueblo Palestino.

139.En 2020, el Instituto Nacional Palestino para el Empoderamiento Económico puso en marcha 111 proyectos de los que se beneficiaron 117 personas en la Ribera Occidental y Jerusalén y aplicó el mecanismo de préstamos sin intereses a 47 proyectos de los que se beneficiaron 53 personas y a 42 microempresas gestionadas por personas afectadas por la pandemia de COVID-19, así como financió mediante créditos sin intereses 17 pequeñas empresas y microempresas afectadas por la COVID-19. Las actuaciones del Instituto se centraron en los sectores más damnificados, en particular las empresas de servicios y las guarderías. El Instituto también ha financiado proyectos de capacitación profesional para la integración laboral de las personas con discapacidad.

140.El Estado de Palestina ha emprendido numerosas iniciativas para hacer frente a las elevadas tasas de pobreza y promover la seguridad alimentaria, incluida la aprobación de reglamentos y políticas destinados al sector agrícola y que propicien la seguridad alimentaria en las zonas rurales. En 2018, el Consejo de Ministros promulgó sendos decretos para la regulación de los fertilizantes y los viveros agrícolas. En 2022, se aprobó el Reglamento de las Semillas y los Materiales de Propagación Vegetal, que facilita los procesos de distribución y la preservación de las cepas de variedades locales. En 2019 se aprobó un decreto que obliga a edificar un matadero público en cada población de más de 10.000 habitantes.

141.El Ministerio de Economía también trabaja en un proyecto de edificación de silos para el trigo que fomentará la seguridad alimentaria y permitirá contar con reservas de ese producto básico y estratégico. En una primera fase se ha licitado el diseño, la construcción, la financiación y la gestión de dos silos para trigo con una capacidad de almacenamiento de 40.000 toneladas cada uno (80.000 toneladas en total).

142.El Estado, con miras a preservar la seguridad alimentaria, ha aprobado diversas políticas de apoyo a las mujeres del entorno rural y ha establecido programas de financiación para el empoderamiento de la mujer, las personas sin tierra, los emprendedores y los nuevos egresados, así como ha impartido acciones formativas a mujeres del entorno rural sobre gestión e industrias transformadoras y ha promovido las pymes agrícolas gestionadas por mujeres. El Estado también ha proporcionado ayudas en metálico a familias pobres en situación de inseguridad alimentaria que permiten adquirir comida y otros productos de primera necesidad con tarjetas electrónicas, ha aprobado el plan nacional de inversiones para la política de seguridad alimentaria y nutricional y ha culminado los trabajos para la mejora de la planta central de desalinización de la Franja de Gaza.

143.El Ministerio de Desarrollo Social ha concedido ayudas alimentarias a las familias pobres. Un total de 182.000 personas se han beneficiado de esas ayudas, lo que ha supuesto un desembolso de casi 76 millones de shekels anuales. Los programas de empoderamiento económico financiados por el Programa Mundial de Alimentos, por su parte, están dirigidos en particular a proyectos que garanticen la seguridad alimentaria a las familias pobres.

144.En relación con los riesgos ambientales, el cambio climático y la afectación de los contaminantes a las zonas agrícolas conviene señalar que el Decreto Ley de 2021, por el que se modifica la Ley del Medioambiente de 1999, ha reforzado la capacidad nacional para dar respuesta y aminorar los efectos adversos del cambio climático. En 2021, y con miras a preservar el medioambiente, el Estado promulgó el Reglamento para la Gestión de los Residuos Peligrosos y reguló las actividades de control e inspección en los lugares en que se gestionan esos residuos. El Estado también ha propiciado el empleo de las aguas residuales para el riego y ha fomentado la capacitación en materia de cambio climático, tratamiento de residuos y gestión de vertederos.

Párrafo 23 a): Reconstruir las casas destruidas durante el conflicto armado, señalando los plazos previstos

145.El Estado de Palestina ha reedificado y rehabilitado algunas de las viviendas damnificadas en las provincias meridionales, así como ha proporcionado financiación por conducto de numerosas instancias con objeto de reforzar la resiliencia de la población y reconstruir las unidades habitacionales destruidas o dañadas parcialmente. Se han destinado 75 millones de dólares de las ayudas kuwaitíes a la reconstrucción en las provincias meridionales de las viviendas afectadas por el ataque de 2014. Gracias a ello se han reconstruido 2253 casas que fueron completamente destruidas, con una superficie de 150 m2 cada una, 200 de las cuales (el 10 %) tienen como primer titular de la propiedad a una mujer. Los proyectos ligados a las donaciones italianas, por su parte, se iniciaron en la Franja de Gaza en 2018 con un presupuesto de 16.200.000 euros y han permitido llevar a cabo actuaciones de mejora en el barrio al-Nada y reconstruir el Complejo Italiano.

146.En 2020 se construyeron, con financiación del Ministerio de Economía, seis viviendas en la provincia de Toulkaram para personas cuyas casas fueron demolidas por hallarse cerca del muro. En 2022 se ejecutó el 90 % de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de tres viviendas en la provincia de Yenín.

147.El Estado ha destinado 37.466.536 dólares de las donaciones kuwaitíes a la rehabilitación de infraestructuras en las provincias meridionales. Esa cantidad ha permitido financiar 64 proyectos, 13 de ellos para trabajos adicionales en el marco de sus proyectos de infraestructuras, y rehabilitar unos 65 km de carreteras. La ejecución de la mayoría de esos proyectos se inició en 2017 y a finales de 2022 se habían concluido los trabajos en las cinco provincias. El retraso en las obras se debió sin duda al bloque impuesto a la Franja de Gaza y a la dificultad para importar los materiales necesarios para rehabilitar las vías públicas y dotarlas de servicios de distribución de aguas, saneamiento, electricidad, drenaje de aguas pluviales y señalización de tráfico.

148.Actualmente se están licitando tres subproyectos en el marco de los trabajos adicionales destinados a las provincias de Jan Younis y Gaza, con un coste total de 620.000 dólares de los Estados Unidos. También se han asignado 2,2 millones de euros del monto de las donaciones italianas para actuaciones de mejora en el barrio al-Nada y obras de infraestructuras.

149.En 2022 se continuaron los trabajos de reforma y rehabilitación de viviendas y cuevas en los núcleos de población de la circunscripción de Masafer Yatta, se construyeron caminos mediante el empleo de maquinaria y se aplanaron los terrenos. Esas actuaciones han seguido las fases siguientes:

I fase: se importaron los materiales de construcción necesarios para dar mantenimiento y rehabilitar las casas y las cuevas de 25 beneficiarios, con un monto total de 65.127 shekels (entre 2.200 y 3.400 shekels por unidad habitacional).

II fase: se importaron los materiales de construcción necesarios para dar mantenimiento y rehabilitar 12 de las 19 cuevas, con un monto total de 62.200 shekels (3.400 shekels por unidad habitacional);

Se elaborado la lista de los 18 beneficiarios de la III fase, en la que se desembolsarán 58.800 shekels (3.400 shekels por unidad habitacional).

Párrafo 24: Condiciones de vida en los campos de refugiados

150.Numerosas instancias nacionales dan seguimiento a las cuestiones relacionadas con los refugiados y las refugiadas palestinos presentes en los campos, los atienden y los ayudan en cuanto precisen con la cooperación de las organizaciones internacionales concernidas, en particular el OOPS, y en coordinación con ellas. Entre esas instancias nacionales conviene destacar el Departamento para Asuntos de los Refugiados de la OLP, que entre otras cosas contribuye con determinación y eficacia a aliviar los padecimientos de los refugiados palestinos en los campos de refugiados sitos en el Estado o en la diáspora y a fomentar y movilizar los apoyos necesarios para mejorar su situación económica y social, en particular mediante la subvención de proyectos de infraestructuras, edificación, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones públicas y viviendas damnificadas, así como a atenderlos en cuanto precisen y auxiliar a los afectados.

151.Los refugiados, aun privados por Israel de su derecho a retornar a los hogares de los que fueron expulsados en 1948, gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos palestinos, incluso al empleo, la enseñanza y la propiedad. Sin embargo, esos derechos son socavados por las autoridades de ocupación israelíes y su régimen racista, cuyas prácticas abusivas llegan al punto de impedir que el Gobierno de Palestina cumpla sus deberes para con el pueblo palestino. Los refugiados sufren el empeoramiento de sus condiciones de vida, el agravamiento de las tasas de pobreza y desempleo y la inseguridad alimentaria debido a las agresiones, los atropellos, el bloqueo ilegal a la Franja de Gaza, que dura ya 16 años, y las políticas de discriminación racial y limpieza étnica puestas en práctica por las autoridades de ocupación, en particular en las comunidades beduinas de las llamadas “zonas C” y en las poblaciones cercanas a los asentamientos.

152.En la Ribera Occidental, 3.130 familias refugiadas sufren situación de pobreza extrema en los 19 campos sitos en esa zona y fuera de ellos. Dicho de otro modo, 22.044 refugiados palestinos sobreviven en la Ribera Occidental con menos de dos dólares diarios por persona y dependen de las ayudas del OOPS y de los ministerios concernidos.

153.En la Franja de Gaza, entre el 65 % y el 70 % de la población sufre inseguridad alimentaria y 1,2 millones de refugiados dependen de las ayudas del OOPS. Un total de 60.000 familias siguen clasificadas como familias que viven bajo el umbral de la pobreza y continúan en la lista de espera. En las comunidades beduinas y de pastores nómadas de las llamadas “zonas C”, 38.350 personas sufren inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria de emergencia. La inseguridad alimentaria afecta a más del 60 % de los refugiados beduinos.

154.El Estado de Palestina destina un presupuesto mensual fijo a 79 organizaciones comunitarias que operan en los campos de refugiados palestinos (25 centros para mujeres, 29 para jóvenes y 25 dedicados a servicios a personas con discapacidad, de desarrollo comunitario y de guardería infantil).

155.Con miras a aliviar el hacinamiento, el Estado de Palestina aprobó mediante decreto la ampliación del perímetro de los campos de refugiados y fomenta la edificación vertical. También asignó un terreno para la construcción del proyecto de reubicación al-Qastal, en la localidad de Deir El Balah. El proyecto, que se finalizó en 2022, comprende 10 edificios en los que se reubicarán 121 familias de refugiados (unas 600 personas).

Párrafo 25: Derecho a la salud física y mental (art. 12)

Servicios de atención a la salud en Palestina

156.El Ministerio Palestino de Salud presta una particular atención a los servicios de atención primaria. Entre finales de 1994 y 2021, el número de centros de atención primaria dependientes del Ministerio de Salud se incrementó de 203 a 491 (un 142 %).

157.En 2021, el Estado contaba con 89 centros hospitalarios operativos, 7.769 camas hospitalarias, incluidas las de los hospitales psiconeurológicos, es decir, 14,9 camas por cada 10.000 habitantes, y 1,7 hospitales por cada 100.000 habitantes.

158.El Ministerio de Salud constituye el principal empleador en el sector sanitario. En 2021, el Ministerio de Salud disponía de 19.342 empleados.

159.Según el censo de población realizado en 2017 por el Organismo Central de Estadísticas Palestino, en torno al 80 % de los palestinos disponía de al menos un seguro sanitario. El seguro médico público es el más extendido. El seguro del OOPS, por su parte, cubre a las personas que se encuentran en los campos de refugiados. En 2021 se expidieron unas 322.133 tarjetas de seguro sanitario público en la Ribera Occidental, lo que proporciona cobertura al mismo número de familias. Téngase en cuenta que el seguro sanitario público gratuito cubre toda la Franja de Gaza. En este sentido conviene señalar también que el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el Reglamento del Seguro Sanitario Público Gratuito para las Personas con Discapacidad y sus Familias.

160.En 2020, la financiación pública supuso el mayor porcentaje de contribución al gasto sanitario, concretamente el 42,2 %, frente al 45,3 % de 2019. En 2022, el presupuesto asignado a la atención de la salud supuso el 12 % del presupuesto total del Gobierno (2.000 millones de shekels).

161.Según el proveedor del servicio, los centros hospitalarios (generales, especializados, de salud mental y no clasificados) supusieron el mayor porcentaje del gasto sanitario (en 2019 y 2020, respectivamente, el 39,2 % y el 37,9 %). Les siguieron los desembolsos a los centros de venta al por menor y a otros proveedores de material sanitario, con el 18,9 % del gasto corriente en 2020 y el 18,8 % en 2019. El menor porcentaje de gasto se dedicó a los proveedores de servicios de medicina preventiva (el 0,4 % en 2019 y 2020). Según los datos disponibles, el 13,4 % del total del gasto sanitario en 2020 se destinó a los centros de atención primaria.

162.Las autoridades israelíes de ocupación hostigan deliberadamente el sector sanitario en Palestina, asaltan las instalaciones de atención a la salud, atacan de continuo a los cuadros médicos y las ambulancias, y matan deliberadamente o detienen a los médicos y enfermeros mientras realizan su trabajo. Además, obstaculizan el acceso a los servicios sanitarios de los pacientes palestinos en las zonas más amenazadas, en particular en las aldeas cercanas a los asentamientos y al muro de separación racista, el Valle del Jordán y la provincia de Jerusalén, así como su acceso a los centros hospitalarios de Jerusalén Oriental, e impiden que los pacientes puedan salir de la Franja de Gaza para recibir tratamiento. Las autoridades de ocupación obligan a todos los pacientes palestinos de la Ribera Occidental a obtener permisos para recibir tratamiento en los hospitales de Jerusalén o que se encuentren en las zonas ocupadas sitas más allá de la Línea Verde, así como a los pacientes de la Franja de Gaza para recibir tratamiento en la ciudad de Jerusalén o en la Ribera Occidental. La mayoría de los meses, el porcentaje de solicitudes aprobadas para que los pacientes de la Franja de Gaza puedan atravesar el puesto de control de Erez no supera el 65 %.

163.En 2021, el Estado documentó unos 235 ataques a instalaciones y equipos sanitarios perpetradas por las fuerzas de ocupación israelíes. A continuación, se detalla la información pertinente:

235 ataques y agresiones a equipos sanitarios (169 en la Ribera Occidental y 66 en la Franja de Gaza).

106 trabajadores sanitarios heridos (98 en la Ribera Occidental y 8 en la Franja de Gaza).

105 vehículos sanitarios dañados (104 en la Ribera Occidental y 1 en la Franja de Gaza).

130 instalaciones sanitarias dañadas (7 en la Ribera Occidental y 123 en la Franja de Gaza).

El 10 % de las solicitudes presentadas por los pacientes de la Ribera Occidental fueron rechazadas.

El 37 % de las solicitudes presentadas por los pacientes de la Franja de Gaza (15.466 en total) fueron rechazadas o se postergó su resolución. El 60 % de las solicitudes presentadas por los acompañantes de esos pacientes (18.632 en total) fueron también rechazadas o se postergó su resolución.

Párrafo 27: Medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19

Gestión de la crisis y coordinación intersectorial

164.Desde el inicio de la propagación de la COVID-19, el Estado de Palestina coordinó sus ministerios y organismos públicos y formuló planes nacionales para asegurar que los servicios sanitarios y comunitarios pudieran hacer frente a la pandemia en todas sus fases. El Estado constituyó células para la gestión de la crisis y comisiones técnicas nacionales presididas por representantes del Ministerio de Salud. Además, se ejecutaron, entre otras, las medidas e iniciativas siguientes:

A la vista de la evolución de la crisis y la situación sanitaria se decretó y prolongó el estado de emergencia en todo el país y, más tarde, se confinó a toda la población con objeto de impedir los desplazamientos.

En consideración a los escenarios posibles de prevalencia, el Plan Nacional Preliminar para la Respuesta del Sistema Sanitario a la Pandemia de COVID-19 comprendía tres fases: prevención y contención, detección y atención, y propagación. Esas fases se actualizarían a la vista de la situación sanitaria y epidemiológica.

El Ministerio de Salud proporcionó servicios suficientes de diagnóstico y tratamiento a los casos sospechosos y confirmados en los centros de triaje, examen y tratamiento disponibles en todas las provincias del país, así como impartió capacitación a los equipos sanitarios sobre la correcta atención a esos casos. El Estado también elaboró y editó numerosas circulares y directrices sobre la enfermedad y el modo de hacerle frente, contrató a más facultativos y enfermeros y veló por que los equipamientos y dispositivos necesarios estuvieran disponibles, en particular respiradores y camas en unidades de cuidados intensivos.

Se ejecutaron diversas actividades de concienciación sanitaria y comunitaria, se editaron materiales y folletos de divulgación, se emplearon en particular las redes sociales para informar sobre el virus, su sintomatología y los medios de prevención del contagio y se llevaron a cabo labores de coordinación y cooperación con todos los asociados, los ministerios concernidos y las organizaciones de la sociedad civil, así como se expusieron mensajes con contenido sanitario y se distribuyeron folletos informativos en los pasos fronterizos.

Se habilitó la infraestructura necesaria en todas las provincias, inclusive zonas de triaje y toma de muestras en los centros de cuarentena y en los hospitales, y zonas de tratamiento, cuarentena y aislamiento. Esas áreas estaban separadas de los establecimientos comunes de atención a la salud con miras a que los infectados quedaran aislados y los servicios sanitarios básicas destinados a la población no se viesen afectados.

Vacunación contra la COVID-19

Gracias a las diligentes iniciativas nacionales, el Estado de Palestina pudo acceder a las vacunas y comenzó a inmunizar a los cuadros sanitarios. Seguidamente se completó el proceso de vacunación con arreglo al plan previsto y ampliando los colectivos destinatarios a la vista del volumen de vacunas disponibles o a las que se preveía acceder. En todas las delegaciones de salud se establecieron numerosos centros de vacunación al servicio de los ciudadanos.

Hasta agosto de 2022 se habían vacunado en torno a 1,8 millones de personas (3,7 millones de dosis). El 63 % de la población en la Ribera Occidental y el 36 % en la Franja de Gaza había completo la pauta. La razón principal del escaso porcentaje de inmunización en la Franja de Gaza reside en la reticencia vacunal de la comunidad.

Desafíos y obstáculos a los que se enfrentó el sector sanitario palestino durante la pandemia

Con gran celeridad, y gracias al apoyo del Gobierno, la sanidad privada y las organizaciones de la sociedad civil, se habilitaron espacios específicos y apropiados para el triaje y el confinamiento en todas las provincias.

También se cubrieron las necesidades de la ciudadanía en materia de mascarillas, equipos de protección personal y esterilizantes, a precios razonables y con suficiente disponibilidad en el mercado.

Los centros de aislamiento y tratamiento tuvieron acceso a equipamientos e infraestructuras (respiradores y camas para cuidados intensivos).

Se dispuso de cuadros sanitarios suficientes, en particular neumólogos e intensivistas.

Se dispensaron los medicamentos, los tratamientos y las vacunas a la mayor celeridad posible y en cantidades apropiadas.

Las autoridades de ocupación israelíes aprovecharon su control ilegal de las fronteras, los pasos fronterizos y los recursos, así como las restricciones impuestas al tránsito entre las ciudades y aldeas palestinas y el bloqueo ilegal impuesto a la Franja de Gaza, para obstaculizar la labor del sector sanitario en Palestina.

Las autoridades de ocupación israelíes incumplieron las convenciones internacionales y la responsabilidad que pesaba sobre ellas de garantizar la atención a la salud, al tiempo que vacunaban masivamente a sus ciudadanos.

Párrafo 28: Derecho a la educación (arts. 13 y 14)

165.Según el Ministerio de Educación, el 99 % de los niños se hallaba escolarizado en el ciclo de educación primaria durante el curso académico 2021/22. En la educación secundaria es preciso intervenir para incrementar la tasa de escolarización. La tasa bruta de matriculación en todos los niveles educativos fue 95,7 %.

166.La tasa de abandono escolar en la educación primaria fue baja y no superó el 0,7 %, mientras que en la educación secundaria se situó en el 3 %. La tasa bruta de abandono escolar en todos los niveles educativo fue 0,8 %.

167.Según los datos disponibles, si bien se registró una alta tasa de terminación de estudios en las etapas de enseñanza primaria y enseñanza secundaria obligatoria, en la etapa de enseñanza secundaria superior solo alcanzó el 63,3 %

168.El Estado ha emprendido numerosas iniciativas para garantizar la permanencia en el sistema educativo y combatir el absentismo y el abandono escolar temprano, en particular entre las muchachas, los hijos de familias marginadas, los niños con discapacidad y los niños beduinos. Entre esas iniciativas conviene señalar las siguientes:

Se han abierto guarderías públicas, como secciones preparatorias adjuntas a las escuelas públicas o como establecimientos independientes. En el curso 2021/22, el Estado disponía de 23 centros de preescolar y 480 centros de educación infantil.

Se ha revisado y mejorado la política de educación inclusiva y su aplicación. El 40 % de las escuelas dispone de tutores de educación especial, orientadores de educación inclusiva y profesores para aulas de recursos.

Se han habilitado 100 aulas de recursos especiales para alumnos con discapacidad y 4 centros de detección de necesidades educativas especiales, así como se han adaptado los planes de estudio a las necesidades de las personas con discapacidad visual.

Se ha incrementado la tasa de matrícula femenina y se han creado itinerarios de especialidad que se ajustan a las oportunidades laborales que se ofrecen a las muchachas.

Se han examinado las funciones de los orientadores educativos escolares, que se ocupan de orientar al alumnado en cuestiones psicosociales, ayudarlo a resolver sus problemas, empoderarlo para que hablen abiertamente de sus derechos y escuchar sus opiniones.

Se han fortalecido la coordinación y la comunicación entre las autoridades educativas, los consejos de padres y tutores de alumnos y las comunidades locales. La experiencia y la capacidad de estos es muy provechosa para lograr que nuestros hijos disfruten de una infancia normal en las esferas física, psicológica y social.

Se han institucionalizado y puesto en marcha los parlamentos estudiantiles.

Se ha creado un entorno académico propicio (atención a los alumnos, fortalecimiento de la confianza entre el alumnado, el profesorado y el centro, y determinación de las ratios de profesores, manuales y ordenadores por número de alumnos).

Se han introducido adaptaciones materiales y conceptuales en el entorno de enseñanza y aprendizaje para mejorar la acogida a los estudiantes con discapacidad.

Se ha adaptado el entorno de enseñanza y aprendizaje para que sea más sensible a las cuestiones de género.

Se han puesto en marcha programas de trabajo voluntario para fomentar la contribución específica y constructiva del alumnado a la vida escolar, el entorno y la comunidad, y promover su espíritu de emprendimiento, liderazgo, participación y responsabilidad.

Se ha formulado y regulado normativamente un marco actualizado para el desarrollo de las actividades escolares que se basa en los principios de elección personal y rendimiento en las esferas educativa y de desarrollo, así como se le ha dotado de un calendario preciso. También se ha velado por que todos los alumnos, y no solo algunos de sus colectivos, participen en las actividades escolares y se incentive el voluntariado.

Se ha formulado un programa de salud para adolescentes cuyo objetivo es formar y orientar de manera positiva al alumnado en relación con la salud reproductiva, la educación sexual y la salud durante la adolescencia.

Se ha creado un entorno escolar más seguro y democrático que aspire a liberarse de la violencia física, moral y psicológica, y se ha formulado una política contra la violencia escolar y en favor de una escuela más inclusiva y realista.

Se han inaugurado escuelas, en particular para muchachas, en las zonas en desarrollo (marginadas) o con población beduina más expuestas a las demoliciones y el vandalismo de las autoridades de ocupación israelíes, así como se han proporcionado autobuses de transporte escolar destinado, en particular, a los niños beduinos.

169.El efecto positivo de las iniciativas destinadas a reforzar la calidad del sistema educativo se ha reflejado, en primer lugar, en la mejora de las infraestructuras escolares. En este sentido conviene señalar lo siguiente:

El 70 % de las escuelas están conectadas a Internet.

Se han realizado obras de rehabilitación en el 70 % de las escuelas existentes y se las ha dotado de instalaciones educativas especializadas, bibliotecas y laboratorios de ciencias y tecnología adecuados a los requerimientos de los planes de estudio palestinos, en particular de instalaciones con espacio suficiente para la realización de las prácticas curriculares. También se ha habilitado un entorno educativo apropiado para el alumnado con discapacidad.

El Estado se ha comprometido a ejecutar de manera periódica obras de mantenimiento integral de los centros escolares con miras a crear un entorno educativo seguro y saludable.

Se han sustituido los edificios escolares alquilados e inadecuados y los edificios antiguos y deteriorados e inseguros que carecían de las instalaciones necesarias para aplicar los programas educativos.

Se ha absorbido el incremento anual de matrícula y se ha asegurado que todos los alumnos dispongan de plazas escolares en todas las provincias del país, así como se han tomado medidas para evitar el hacinamiento.

Se ha asegurado que la distribución geográfica de los centros permita el acceso seguro a ellos y al menor coste económico, en particular al alumnado de los ciclos de enseñanza primaria.

Se han proporcionado instalaciones y aulas estivales apropiadas para los alumnos del ciclo de enseñanza preescolar, en particular en las zonas en desarrollo (marginadas), lo que garantiza que todos tengan la posibilidad de cursar ese ciclo educativo.

170.El Estado ha emprendido las iniciativas siguientes para asegurar la dotación de profesorado capacitado y facilitar que los profesores adquieran las competencias personales, sociales, profesionales, metodológicas y de conocimientos necesarias:

Se han llevado a cabo las actuaciones de capacitación profesional previstas en las estrategias pertinentes.

Se han impartido cursos destinados al cuerpo docente sobre la determinación de las necesidades y las preferencias de los alumnos, así como se le ha proporcionado apoyo.

Se ha aprobado el Reglamento para la Autorización del Ejercicio de las Profesiones Docentes y se han tomado medidas para ponerlo en práctica.

Se han examinado con detalle la legislación y los procedimientos relativos al sector de la enseñanza y la formación profesional y técnica y, a la vista de las conclusiones de ese examen, se han aprobado diversas resoluciones vinculantes para las partes responsables de la ejecución.

Se han creado nuevos itinerarios de capacitación profesional y técnica especializada con miras a asegurar el equilibro de género en el mercado de trabajo, se han mejorado los programas formativos existentes, con particular atención a la capacitación agrícola, y se han desactivado algunos programas.

Se ha reforzado la capacidad del sistema para vigilar la labor de las guarderías, se ha incrementado la tasa de matrícula en esos centros y se ha mejorado el desempeño de los profesionales a su servicio.

Se han reservado partidas presupuestarias para apoyar las actuaciones en materia de primera infancia y se ha incentivado al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil para que inviertan en el establecimiento de guarderías.

Planes de estudio

171.Se han constituido comisiones técnicas nacionales de expertos en el Ministerio de Educación y las universidades, entre otros organismos, responsables de examinar los manuales y currículos. Esas comisiones han sugerido, entre otras cosas, las actuaciones siguientes:

Examen detenido de los contenidos curriculares de humanidades y ciencias en todas las etapas del sistema educativo.

Refuerzo de los contenidos de habilidades para la vida, pensamiento creativo y crítico, análisis, iniciativa, resolución de problemas, indagación, investigación científica, apertura a las culturas del mundo, cultura científica y tecnológica y educación nacional.

Integración vertical y horizontal de conocimientos, habilidades y actitudes, y adopción del sistema de educación holística con arreglo a las competencias previstas para la etapa de 1º a 4º grado.

Atención particular a la lectoescritura, el cálculo y las habilidades para la vida, y fomento de la investigación científica en todos los ciclos educativos con consideración a la edad, las características y las peculiaridades personales de los alumnos.

Introducción de las modificaciones necesarias antes del inicio del curso académico 2020/21 y provisión oportuna de manuales a todos los colectivos de alumnos y en todas las etapas del sistema educativo.

Impartición de programas de capacitación profesional a los docentes que se adecúen a sus necesidades y a los requerimientos de los nuevos planes de estudio y que amplíen su experiencia, los doten de los conocimientos y las habilidades necesarias, así como de una metodología avanzada y eficiente, suplan sus carencias y mejoren su capacidad para la resolución creativa de los problemas.

172.El Estado, con la colaboración del Ministerio de Asuntos de la Mujer, ha constituido una comisión responsable de examinar los planes de estudio desde una perspectiva de género, analizar las propuestas, las iniciativas, las investigaciones, los estudios y las publicaciones relativas a la incorporación de las cuestiones de género en los currículos y formular las recomendaciones pertinentes al Ministerio de Educación.

173.La enseñanza de los derechos humanos y del derecho y las convenciones internacionales se ha incorporado al sistema educativo palestino en tres etapas:

a)Asignación de materias independientes, créditos, profesorado especializado y sistemas de evaluación propios;

b)Integración holística mediante la inclusión de los derechos humanos y el derecho y las convenciones internacionales, con consideración a su temática y objetivos, en los contenidos académicos, en particular de humanidades y ciencias sociales, y reparto de las materias entre las actividades escolares y extraescolares;

c)Coordinación en la asignación a las asignaturas, como unidades independientes o contenidos transversales, de los asuntos relacionados con los derechos humanos y el derecho y las convenciones internacionales, con arreglo a sus objetivos.

Campaña israelí de provocación contra los planes de estudio palestinos

174.El derecho a la educación es uno de los más vulnerables a los atropellos de la ocupación israelí. Los alumnos, las escuelas y los docentes son a diario objetivo deliberado de sus ataques. El sistema educativo palestino sufre asaltos, detenciones, demoliciones, confiscaciones y prohibiciones de acceso. Las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes disparan munición real y lanzan gases lacrimógenos y bombas sónicas al interior de las escuelas o a su perímetro, así como emplean los centros escolares para fines militares. Todo ello atenta contra el derecho internacional, toda vez que la educación se consagra como derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos en los que se afirma el derecho de toda persona a gozar de la educación en condiciones de igualdad plena y sin discriminación. El derecho internacional humanitario, por su parte, prohíbe que las autoridades de ocupación estorben el acceso a la educación o impongan modificaciones en los contenidos o la naturaleza del proceso educativo o en la labor de las instituciones educativas del Estado sometido a ocupación, e impone a esas autoridades el deber de facilitar la labor de los docentes y de proporcionar una enseñanza acorde a la cultura y las costumbres de los niños sometidos a la ocupación.

175.El Gobierno de ocupación despliega campañas de hostigamiento despiadado contra el sistema educativo palestino y promulga decretos colonialistas y racistas que extorsionan y presionan a las escuelas palestinas para que adopten los planes de estudio israelíes. Esos planes de estudio tergiversan y distorsionan los hechos de manera falaz y suprimen la historia del pueblo palestino y del colonialismo impuesto por Israel a la tierra de Palestina, su largo historial de crímenes sistemáticos y generalizados y su intento incesante de judaizar Jerusalén. En los últimos años, el Gobierno de ocupación ha venido sustituyendo los manuales escolares del Ministerio Palestino de Educación por otros adulterados que él mismo edita y distribuye en los centros escolares palestinos públicos y privados de Jerusalén Oriental, y exige oficialmente que sean estos, y no los manuales originales palestinos, los que se distribuyan entre el alumnado. Este modo de proceder contraviene el derecho internacional, puesto que Israel, el Gobierno de ocupación, carece de soberanía sobre la ciudad ocupada de Jerusalén y de jurisdicción para imponer en ella decreto alguno de clausura de centros educativos, injerirse en los planes de estudio, imponer un currículo al pueblo sometido a su ocupación y prohibir al pueblo palestino que relate su versión de la verdad histórica.

176.Entre los logros principales del Estado en la esfera de la educación conviene señalar el desarrollo y la puesta en marcha de las bases de datos y los sistemas de información y de comunicación electrónica que se detallan a continuación:

a)Portal eSchool: a él pueden acceder todos los alumnos, profesores, directores de centros y orientadores escolares y comprende, entre otra información relativa al alumnado, las tasas de logro académico, los controles de asistencia, la situación sanitaria y la exposición a actos de violencia. El portal también permite la comunicación con los progenitores, la transmisión de clases grabadas, el empleo de Microsoft Teams y el acceso a las tareas y actividades, e incluye aulas virtuales al servicio de los alumnos que no puedan asistir a la escuela;

b)Palestine Educational TV Channel: este canal hace posible la educación integrada en las escuelas palestinas, la emisión cotidiana de materiales didácticos audiovisuales, la carga en E-Learning de unos 2.000 portales didácticos y el acceso a la mayor cantidad posible de estudiantes;

c)E-letter: permite la comunicación mediante mensajes de texto entre el Ministerio y las delegaciones de educación.

Programas y proyectos

1)SERATAC : se trata de un programa de reforma educativa dirigido a mejorar los métodos pedagógicos, los sistemas de evaluación y los itinerarios formativos profesionales. El programa comprende los objetivos siguientes:

Establecer bases sólidas para el aprendizaje, la atención al alumnado y su bienestar.

Fomentar mediante la tecnología el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y poner en marcha un sistema eficiente para la orientación profesional de la totalidad del alumnado.

Crear oportunidades inclusivas para la obtención del certificado de enseñanza secundaria general y proporcionar y utilizar información de alta calidad proveniente de los sistemas de evaluación internacionales.

2)STEAM : se trata de un enfoque pedagógico basado en la resolución creativa de los problemas mediante proyectos realistas y ejecutados en un entorno práctico. El objetivo es que aprender sea descubrir, y no en adquirir conocimiento, gracias a la aplicación de una metodología integradora de la vida y el aprendizaje que erradique el memorismo. STEAM comprende los ejes siguientes:

Investigación e indagación: el plan de estudios incluye créditos dedicados al fortalecimiento de las capacidades del alumnado en las esferas de la investigación, la exploración, el análisis y la resolución de problemas, entre otras habilidades intelectuales superiores, y su aplicación a situaciones de aprendizaje de interés.

Cultura científica: se expone al alumno a narraciones fascinantes sobre la historia de la ciencia, los inventos y los descubrimientos, con particular atención al desarrollo científico entre los árabes y los pueblos que les precedieron, y se vinculan esos conocimientos, siempre que sea posible, a los contenidos pedagógicos.

Programas educativos: se trata de crear y organizar programas y actividades en la esfera universitaria que fomenten la capacidad del profesorado para aplicar en sus centros el enfoque y la metodología STEAM, así como de impartir a los cuadros docentes cursos intensivos de verano y, a los estudiantes, programas que se desarrollen fuera del aula.

Derechos culturales (art. 15)

177.Párrafo 29: el Estado de Palestina reitera la información que figura en los párrafos 267 y 268 (págs. 70 y 71) de su informe inicial relativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales.

178.Párrafo 30: el Estado de Palestina reitera la información que figura en los párrafos 269 y 270 (pág. 71) de su informe inicial relativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, así como cuanto se señala al respecto en su informe inicial relativo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.