Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

64º período de sesiones

24 de septiembre a 12 de octubre de 2018

Tema 6 a) del programa provisional

Examen de los informes: I nformes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Lista de cuestiones relativa al cuarto informe periódico de la Argentina

Adición

Respuestas de la Argentina a la lista de cuestiones*, **

[Fecha de recepción: 14 de junio de 2018]

Pregunta 1

1.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha diseñado un Programa de Trabajo 2017-2020 apoyado en cincoejes estratégicos: transformación institucional, fortalecimiento de capacidad estadística, mejora en la coordinación del sistema estadístico nacional, impulso a la difusión y acceso amigable a las estadísticas y desarrollo de las relaciones internacionales.

2.Con respecto al fortalecimiento de la capacidad estadística, se detallan un conjunto de operativos estadísticos considerados críticos para el desarrollo del Instituto, que contribuirán a la construcción de datos de mayor calidad:

a)Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, cuyos resultados permitirán conocer el consumo de bienes y servicios que realizan los hogares según su composición y su nivel de ingresos, registrar las variaciones producidas según la época del año y observar la evolución de los hábitos de consumo a través del tiempo. Los resultados serán presentados a nivel nacional y provincial, y producirán información útil para la planificación de políticas públicas y toma de decisiones;

b)Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objetivo relevar algunas dimensiones vinculadas al uso del tiempo libre, acceso a tecnologías de la información y participación en las tareas domésticas para la población de 5 a 17 años;

c)Encuesta Nacional de Victimización, cuyos objetivos son contar con indicadores sobre la prevalencia e incidencia delictiva, identificar medidas de seguridad adoptadas por la población para la prevención del delito, recabar información sobre características del delito y el contexto de la victimización, y sondear la percepción social sobre la inseguridad, el desempeño de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales y la asistencia a personas victimizadas;

d)Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que tiene como objetivo medir la magnitud de los factores de riesgo asociados con las enfermedades no transmisibles. Las patologías se asocian a una serie de factores de riesgo comunes como: alimentación inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol;

e)Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo general cuantificar y caracterizar a las personas con limitaciones en la actividad y restricción en la participación, originadas en la interacción entre la persona que tiene una deficiencia y los factores contextuales diarios de su entorno;

f)Mejoramiento de las Estadísticas Vitales, con el propósito de analizar la situación actual de las estadísticas demográficas y elaborar un diagnóstico preciso en todo el país;

g)Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que tiene como objetivo recoger y compilar datos sobre los principales aspectos demográficos, sociales y habitacionales de la población del país en un momento determinado. En el Censo 2020 habrá preguntas sobre pueblos originarios, género, discapacidad y descendencia afro.

Pregunta 2

3.En primer lugar cabe aclarar, que la República Argentina actúa en estricto cumplimiento del estado de derecho. En tal sentido, todas las acciones dispuestas por la justicia en el contexto de conflictos de tierras, se desarrollan con participación de las fuerzas de seguridad federales, respetando los protocolos nacionales encuadrados en las normativas internacionales y bajo ningún aspecto en carácter de represalia, sino actuando conforme a las prácticas democráticas y republicanas.

4.A estos fines, cabe resaltar que la actuación de las fuerzas encuadra en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Ley núm. 4059 de Seguridad Interior en su artículo 22, conforme a las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

5.En los casos de denuncias de violencia institucional en el marco de estos procedimientos, adicionalmente a las actuaciones judiciales impulsadas por los fiscales intervinientes ante la denuncia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) remite comunicaciones formales a los organismos nacionales o provinciales competentes, solicitando la intervención y/o información respecto a las medidas que en dichas jurisdicciones se hayan tomado en el caso a fin de investigar y/o sancionar dichos hechos.

6.Por otra parte, desde el INAI se abordan diferentes cursos de acción en los procesos administrativos o judiciales cuyo objeto sea un conflicto territorial, un desalojo o la desocupación de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas.

7.Desde el año 2004 el INAI implementa el Programa Fortalecimiento Comunitario, destinado a brindar asistencia jurídica y constituir servicios jurídicos en beneficio de comunidades y pueblos indígenas del país.

8.En el marco de este Programa, el INAI brinda también asistencia técnica a las comunidades, remite pedidos de información a los juzgados intervinientes y da a conocer la normativa nacional e internacional de protección de los derechos de las comunidades indígenas. Adicionalmente, se provee la documentación necesaria en las causas judiciales que requieran acreditar el estatus de las comunidades involucradas, sea relativo a su personería jurídica o al relevamiento territorial.

Pregunta 3

9.El Ministerio de Energía y Minería (MEyM) persigue dos objetivos principales para el sector energético: asegurar el suministro de energía para un país en crecimiento y reducir el impacto negativo sobre el ambiente.

10.A tal fin, el desarrollo de la explotación de combustibles fósiles no convencionales, es parte del planeamiento energético tendiente a lograr la diversificación de la matriz energética, la cual incluye el desarrollo de fuentes energéticas de bajas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero, junto con políticas de ahorro y eficiencia que permitirán reducir la intensidad energética del país

11.Las políticas públicas para el sector energético se toman en consideración del marco internacional vigente, y a partir de la Contribución Nacionalmente Determinada (CND). Las CND son las acciones que proponen los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para intensificar los esfuerzos contra el cambio climático. La presentación de las CND sirvió como base para la concreción del Acuerdo de París, vigente desde 2016.

12.La definición de las CND tuvo en consideración, tanto las proyecciones de incorporación de energías limpias en la oferta de energía total (energías renovables no convencionales, energía hidroeléctrica, energía nuclear y biocombustibles) y distintas medidas de eficiencia energética en la demanda, como el incremento de la explotación de hidrocarburos no convencionales (petróleo y gas natural), cuyo impacto medioambiental es sustancialmente menor al de la explotación convencional de hidrocarburos.

13.La Argentina adoptó el Acuerdo mediante Ley núm. 27270, y presentó ante la CMNUCC la meta absoluta de no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) en 2030. Se recalca que la Argentina emitía en 2014, un total de 368 MtCO2eq, siendo el sector de energía el responsable del 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

14.Asimismo, la Argentina cuenta con experiencia en aprovechamiento de gas natural, en particular en el caso de la Provincia del Neuquén, donde se realizan los principales desarrollos de exploración y producción de hidrocarburos no convencionales, existiendo una red de instalaciones para su tratamiento y transporte, que reduce significativamente el porcentaje de gas no aprovechado (emisiones por venteo y fugas) durante su producción.

15.Finalmente, se informa que el MEyM está trabajando conjuntamente con la Provincia del Neuquén y el sector privado en la actualización del marco regulatorio aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, en donde la protección medioambiental constituye un eje central.

16.Complementariamente, ver también lo informado en la respuesta a la Cuestión22.

Pregunta 4

17.Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) se impulsa la fiscalización polivalente a través de un sistema de monitoreo ambiental integral, con el objetivo de controlar y evitar posibles fuentes de contaminación ambiental.

18.Este sistema de monitoreo permitirá lograr una integración periódica y sistemática de los datos e información ambiental, a fin de proveer una herramienta que asegure una eficiente gestión del ambiente. Ello optimiza las políticas y actividades en materia inspectiva y de calidad ambiental, obteniendo una visión integrada y coordinada entre los distintos ámbitos de la administración pública.

19.Asimismo, el MAyDS realiza tareas de fiscalización y control de residuos peligrosos en el marco del artículo 1 de la Ley núm. 24051 de Residuos Peligrosos. El contralor de vertidos y efluentes líquidos industriales se efectúa a nivel nacional según lo establecen los Decretos núms. 674/89 y 776/92, colaborando con la tarea realizada por las autoridades provinciales en sus jurisdicciones.

20.En lo referido a la interacción con las comunidades, en el ámbito del MAyDS se ejecutan los Planes Integrales Comunitarios (PICs), que son instrumentos de planificación participativos de las actividades forestales, agrícolas y pecuarias realizadas por una o más comunidades beneficiarias, entre las que se incluyen comunidades indígenas de diversas provincias, que tienen como objetivo dar sostenibilidad a sus medios de vida, manteniendo y recuperando los bosques nativos. Poseen un enfoque integral y de gestión comunitaria, bajo los procedimientos generales establecidos por la Ley núm. 26331.

21.A marzo de 2018 se registran 93 PICs en diferentes grados de avances (aprobados, en formulación o en adjudicación), los cuales beneficiarán a 2.841 familias alcanzando un total de 628.173 ha.

Pregunta 5

22.Argentina se encuentra en proceso de instrumentar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada (CPLI), para garantizar su participación plena y efectiva en las políticas públicas, y proyectos públicos y privados susceptibles de afectarlas.

23.Si bien aún no existen protocolos y/o marcos regulatorios para llevar adelante los procesos de consulta, se han realizado consultas efectivas en el marco de emprendimientos productivos, donde el INAI ha acompañado a las comunidades indígenas en el diálogo con los gobiernos provinciales y las empresas responsables de los proyectos.

24.A modo de ejemplo, en el año 2016 se realizó una consulta entre el pueblo Iogys y ENARSA por el tendido del Gasoducto del Norte Argentino. En el marco del Programa RenovAr de desarrollo de energía de fuentes renovables, se acordó un protocolo de consulta con la Mesa Nacional de Coordinación Indígena. A mediados del año 2017, se implementaron consultas en el marco del recorrido del Rally Dakar, evento realizado anualmente en la región.

25.También se llevaron adelante procesos de consulta convocados por los gobiernos provinciales, referidos a medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades indígenas.

26.Actualmente el INAI impulsa y/o participa en 21 procesos de consulta en diferentes estadios de avance y provincias.

27.Durante el segundo semestre del año 2018, desde el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se prevé la realización de una serie de encuentros presenciales y un foro de participación virtual a fin de construir colectivamente los insumos que posibilitarán la reglamentación de la CPLI.

Pregunta 6

28.La respuesta se adjunta en el anexo a la Cuestión 6.

Pregunta 7

29.Con el propósito de implementar medidas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina, el Decreto núm. 133/2015 eliminó las retenciones para el sector agropecuario, atento a la necesidad de reducir los derechos que gravaban las exportaciones por representar un elemento distorsivo que desalienta la producción, afectando así las fuentes de empleo y la generación de riqueza, elementos esenciales para garantizar progresivamente los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

30.Las medidas implementadas tienden a eliminar restricciones a la capacidad de desarrollo del sector, aumentar las superficies sembradas, fortalecer la producción de cereales, las economías regionales y los mercados agropecuarios.

31.Por su parte, la aplicación de los derechos de exportación afectó seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mineras, radicadas mayormente en zonas de escasa disponibilidad de infraestructura y con costos de transporte elevados, ocasionado riesgos de pérdida de trabajos y sus inevitables consecuencias, en cuanto se refiere a empleos directos, indirectos y cadena de proveedores.

32.Asimismo, tal como señala el Decreto núm. 349/2016, Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se aplicaban los derechos señalados.

33.Conforme la estructura federal de la República Argentina los derechos de exportación no son coparticipables, por ende, su imposición acarrea una concentración de los aportes tributarios en el Estado Nacional, siendo las provincias quienes poseen la titularidad originaria de los recursos minerales.

34.En efecto, el objetivo del Estado Nacional es implementar medidas tendientes a revertir la situación económica actual, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país.

Pregunta 8

35.Adicionalmente a la garantía constitucional de igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación, en el año 1998 se dictó la Ley núm. 23592, que sanciona la comisión de actos discriminatorios y ordena reparar el daño material y moral ocasionado. Actualmente se está trabajando en la actualización de esta norma, proponiéndose ampliar las categorías actuales e incluir expresamente otros grupos socialmente vulnerados y discriminados.

36.Del mismo modo, la Argentina ha implementado un conjunto importante de normas en pos del ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, en particular en lo relacionado con la diversidad sexual: Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley de Reproducción Asistida y las disposiciones sobre estos temas en la reforma del Código Civil y Comercial.

37.También rige la Ley núm. 23592 de actos discriminatorios que prevé la sanción de la comisión de actos discriminatorios y ordena reparar el daño moral y material ocasionado.

38.Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) trabaja en políticas públicas dirigidas a enfrentar y erradicar las desigualdades basadas en prácticas discriminatorias promoviendo la inclusión, participación y transformación de las relaciones sociales, a fin de lograr una profundización de la democracia.

39.El INADI brinda asistencia a las víctimas de discriminación a través de la Dirección de Asistencia a la Víctima, y también trabaja a través del área de Diversidad Sexual en diversas medidas tendientes a mejorar la situación de la comunidad LGBTI.

40.Se acompaña en el anexo a la Cuestión 8, las estadísticas de denuncias por “Identidad de Género/Identidad Sexual” correspondientes al período 2016-2018.

41.Con relación a las medidas adoptadas para hacer cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Identidad de Género, el INADI ha intervenido en casos de su incumplimiento, gestionando la reasignación de género en virtud del respeto por la identidad de género auto percibida.

42.Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) ha adecuado los recursos administrativos de sus dependencias respetando los postulados de la Ley de Identidad de Género, encontrándose en elaboración un protocolo para procesos de transición de identidad de género para empleados de dicha cartera.

43.Respecto al cupo laboral para personas trans, se elaboró e implementó la “Línea de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros”, ejecutada por el MTEySS, que extiende como población beneficiaria del seguro de capacitación y empleo, a personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. El mencionado programa de “inclusión laboral” establece como su principal objetivo la reducción de la brecha entre los avances normativos y la desigualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

44.En la Provincia de Buenos Aires fue promulgada la Ley núm. 14783 de Cupo Laboral para Personas Trans. Si bien el expediente para su reglamentación se encuentra en dependencias del Ministerio de Trabajo provincial, 20 municipios de la provincia se han adherido y tienen su ley de cupo.

45.Asimismo, existen proyectos de ley de cupo en otras 15 provincias del país.

46.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó la Ley de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

47.Con respecto a la cuota de empleo de Personas con Discapacidad (PcD), el MTEySS desarrolla acciones a fin de promover la participación e inclusión de PcD en el mercado laboral, en igualdad de condiciones.

48.En el año 2016 se conformó un grupo de profesionales del área de psicología y terapia ocupacional para trabajar la temática de la discapacidad en el ámbito laboral, a fin de conocer las necesidades del personal con discapacidad del MTEySS quienes, al 31 de diciembre de 2017, representan el 4,61% de la dotación total.

49.Se adoptaron medidas para facilitar el ingreso a la planta permanente de la administración pública nacional, considerando que la Ley núm. 22431 establece la obligación de ocupar PcD que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal, estableciendo reservas de puestos de trabajo.

50.En tal sentido, se implementó el Sistema de Búsqueda y Registro de Postulantes con Discapacidad, al que acceden mediante clave de acceso 29 organismos, a fin de preseleccionar personas al sistema establecido.

51.Para la cobertura de cargos mediante convocatoria interna, a diciembre de 2017 se han reservado 550 cargos para PcD, distribuidos en distintos niveles escalafonarios y convocatorias.

52.Entre las acciones implementadas para prevenir la discriminación en el ámbito laboral, se encuentra la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) que constituye un espacio de diálogo entre los actores del mercado laboral (Estado, organizaciones que nuclean a los trabajadores y sector empresario), para lograr consensos que promuevan la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Pregunta 9

53.Cabe aclarar que el Decreto núm. 70/2017 no modifica los lineamientos de política migratoria establecidos en la Ley núm. 25871 de Migraciones, ni el capítulo de derechos allí consignados.

54.En este sentido, la Argentina tomó nota de la recomendación 107.184 efectuada en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal. Las modificaciones de la normativa migratoria, se sustentan en las severas dificultades enfrentadas por la Argentina para efectivizar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera que tenían restricciones conforme a la legislación para ingresar o permanecer.

55.En efecto, el procedimiento migratorio especial sumarísimo previsto por la nueva reglamentación, respeta los derechos humanos de los migrantes y la normativa internacional en la materia. En particular, se respeta el derecho de la persona a ser notificada la decisión de expulsión, su derecho a recurrirla (estableciéndose doble conforme en sede administrativa como judicial), derecho a ser oído por la autoridad competente, a ser representado, a contar con asistencia gratuita de intérprete y asistencia consular.

Pregunta 10

56.A partir del año 2016 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) comenzó a fortalecer y rediseñar aspectos estructurales del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo —implementado desde 2008—, para mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

57.Desde su creación y hasta enero del año 2018, más de 1.200.000 jóvenes entre 18 y 24 años participaron del Programa.

58.A partir del año 2017, se realizaron inversiones importantes en estrategias de vinculación con el sector privado (ferias de empleo joven, encuentros regionales), lográndose un aumento sustantivo de la oferta de prácticas laborales en ambientes reales de trabajo.

59.En efecto, 39.000 jóvenes realizaron prácticas profesionales en el ámbito laboral, que derivaron en la concreción de más de 6.000 inserciones laborales reales (trabajo registrado), duplicando las cifras alcanzadas en 2015 y 2016.

60.Asimismo, en distintas localidades del país funcionan espacios digitales de trabajo colaborativo, permitiendo a jóvenes beneficiarios acceder a herramientas informáticas indispensables para su desarrollo laboral.

61.Durante este año 2018 se prevé sostener e incrementar estas inversiones que han demostrado su efectividad al momento de lograr inserción para este sector poblacional.

62.Por su parte, el Instituto Nacional de Juventud cuenta con diversas líneas de acción:

a)Programa “Casas del Futuro”: espacios para que los jóvenes puedan capacitarse con herramientas para su primer empleo y desarrollar un proyecto de vida. El eje central es la capacitación mediante talleres tradicionales y digitales adaptados al entorno socioproductivo, actividades culturales, deportivas y artísticas, y asistencia de profesionales interdisciplinarios. Actualmente funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro, estimándose abarcar 25.000 jóvenes en 2018;

b)“Acá Estamos Microcréditos, de la Idea al Proyecto”: línea de acción programática para promover el desarrollo de proyectos de jóvenes a partir de capacitación en oficios productivos y emprendedurismo, facilitando el otorgamiento de microcréditos en articulación con otras áreas estatales. En el año 2017 se capacitaron 1.000 jóvenes, estimándose alcanzar 5.000 jóvenes en el año 2018;

c)Feria de Empleo y Capacitación: programa que busca proveer herramientas necesarias para el desarrollo de los jóvenes en vulnerabilidad social y lograr su inserción laboral. Comprende varias actividades: ferias de empleo, eventos para conectar a jóvenes con empresas nacionales y provinciales, acompañamiento personalizado para ingreso al mundo laboral y capacitaciones en oficios. En el año 2017, unos 28.000 jóvenes acudieron a las diferentes ferias de empleo. El cronograma para el año 2018 prevé 11 ferias y la duplicación de su alcance.

Pregunta 11

63.El MTEySS implementa políticas y acciones para revertir las desigualdades entre varones y mujeres en el mundo del trabajo y promover el acceso equitativo al mercado laboral. Estas tareas se llevan adelante a través de la Dirección de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, en cuyo marco se desenvuelve la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO-Género).

64.La CTIO-Género es un espacio de diálogo social tripartito y búsqueda de consensos, integrado por representantes de los sectores gubernamental, sindical y empresarial.

65.Su objetivo es instalar y mantener en la agenda pública y política la importancia del acceso a los derechos económicos y sociales por parte de las mujeres y posicionarlas en condición de igualdad respecto a los varones en el ámbito laboral.

66.Respecto al Programa Nuevos Oficios para Mujeres, se ejecutó durante los años2011-2013 disponiendo de tres componentes para capacitación en género: formación de capacitadoras y capacitadores locales en género; sensibilización a instructores técnicos de mecánica de motos; y talleres sobre nuevas trayectorias laborales para mujeres.

67.En base a esta experiencia, a partir de 2016 se continuó con la tarea de promover e instrumentar mecanismos para la inclusión de mujeres con mayores calificaciones y mejores salarios, en los sectores con mayor nivel de registración en el mercado de trabajo.

68.Los objetivos se orientan a incorporar la perspectiva de género en los proyectos de formación profesional, mejorar las condiciones de capacitación e inserción laboral de las mujeres y promover el acceso al empleo superando los estereotipos de género.

69.Se promueve así la formación y posterior inserción laboral en ocupaciones de alta demanda, a través de la incorporación de saberes y competencias no tradicionales para las mujeres, como la albañilería, instalaciones eléctricas, gas, sanitarias, entre otras.

Pregunta 12

70.La Resolución núm. 470/2016 creó la Coordinación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, en el ámbito del MTEySS, con el objeto de analizar, investigar, evaluar y fiscalizar situaciones de trabajo no registrado en sectores de fiscalización compleja, así como otras formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y/o a la seguridad social, conforme a la Ley núm. 26940.

71.Desde su implementación, se han desarrollado tres grandes líneas de trabajo:

a)Abordaje especifico de actividades con altos índices de trabajo no registrado. Verificación de los niveles de registración de trabajadores en la actividad vitivinícola encuadrada en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la Provincia de San Juan. En este caso, se implementaron procedimientos de fiscalización directa e indirecta, con niveles de detección de alrededor del 70% de trabajadores no registrados durante el período de cosecha;

b)Implementación de herramientas de video fiscalización en las inspecciones laborales. Durante el año 2017 la Unidad ha implementado nuevas herramientas tecnológicas en la tarea de inspección laboral. Se trabaja en la puesta a prueba de los equipos (drones, VANTs y cámaras manuales de video), implementación de tecnología en campo, adecuación de procedimientos de planificación y de inspección propiamente dichos, capacitación de personal y redacción del manual de procedimientos de video fiscalización;

c)Su uso representa un avance importante en tareas de reconocimiento en la fiscalización laboral y una herramienta de soporte fundamental para localizar establecimientos a ser inspeccionados, colaborando en la detección de trabajo no registrado, trabajo de niños, niñas y adolescentes, condiciones de seguridad e higiene, trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral;

d)Asimismo, su aplicación en la fiscalización de establecimientos de grandes extensiones o de difícil acceso facilita la inspección al permitir conocer el entorno, georreferenciar su posición, recolectar imágenes, calcular distancias, perímetros y superficies;

e)Mejoramiento en la focalización de potenciales objetivos de fiscalización, a partir de la aplicación de indicadores de presunción de subdeclaración de trabajadores, gestión de bases de datos complementarias provenientes de diferentes organismos públicos y potenciación de la articulación institucional, comprometiendo acciones colaborativas entre los diferentes organismos públicos.

Pregunta 13

72.El principal objetivo del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) es lograr la inclusión de todos los trabajadores en el sistema de la seguridad social, para que puedan gozar de los derechos que por ley le corresponden, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. A tal fin, el MTEySS desarrolla acciones de fiscalización en todo el país.

73.El Plan se complementa con una campaña de difusión y concientización social, mediante la entrega a empleadores y trabajadores de material específico orientado a explicitar las normas y procedimientos vigentes, facilitando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación sociolaboral y promoviendo el compromiso de los actores intervinientes, a fin de crear la disposición necesaria para que cada uno asuma su responsabilidad.

74.En el anexo a la Cuestión 13, se adjuntan los indicadores que reflejan los resultados obtenidos en materia de trabajo registrado y seguridad social del PNRT (2005-2018).

75.Respecto a los incentivos a las empresas, la Ley núm. 26940 establece un régimen de carácter permanente para empleadores de hasta cinco trabajadores, denominados microempleadores, quienes gozan del beneficio especial consistente en la reducción del 50% en las contribuciones patronales, exceptuando las correspondientes a obra social y a riesgos del trabajo.

76.Por cada trabajador incorporado, hasta llegar a una nómina de no más de siete empleados, durante el primer año las reducciones de las contribuciones son del 100%. El segundo año la reducción es del 75%.

77.Los beneficios incluyen a los trabajadores de media jornada, en cuyo caso el empleador deberá abonar por dichos trabajadores el 75% de las contribuciones.

Pregunta 14

78.En primer término cabe aclarar que el Estado argentino no toma represalias, su accionar se encuadra en el marco del estado de derecho y en pleno ejercicio de los poderes constitucionales.

79.En efecto, las protestas y actividades sindicales se vienen ejerciendo sin restricciones, encontrándose plenamente garantizado su ejercicio. En cada ocasión que los ciudadanos o las entidades gremiales han decidido manifestarse pacíficamente, no han encontrado impedimento alguno —ni antes, durante o posteriormente—para ejercer su derecho.

80.Respecto a la inscripción de sindicatos, desde el Estado se realiza un estudio pormenorizado de los trámites de inscripción y personería iniciados por las entidades sindicales, trámites estos que requieren cumplir con un conjunto de requisitos normativos durante el procedimiento, que demanda actividad constante de los actores del proceso.

81.En ocasiones se han detectado irregularidades en las presentaciones formuladas, incumplimientos de los requisitos exigidos y otras inconsistencias, tales como, suscripciones de afiliados que no pertenecen a la actividad o falta de correlato y consistencia entre los datos volcados en las planillas y los que surgen del sistema informático de seguridad social. Asimismo, otras cuestiones que suelen presentarse son defectos formales en las actas fundacionales, como domicilios inexistentes o desactualizados.

82.En estos casos, se notifica a la entidad sindical a los fines de cumplimentar los requisitos legales.

83.Esta actuación de contralor, no significa en modo alguno injerencia en la vida sindical, sino que hace al ejercicio del control administrativo a los fines de garantizar la libertad y democracia sindical, reconocidos en forma expresa en la Constitución Nacional.

Pregunta 15

84.La Ley núm. 27160 (2015) dispuso que las Asignaciones Familiares previstas en la Ley núm. 24714, con excepción de la asignación por maternidad, serán móviles.

85.La Ley núm. 27431 (2018) estableció que el cálculo del índice de movilidad, se realizará aplicándose la movilidad al monto de las asignaciones familiares y la actualización de los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, disponiéndose que en ningún caso la aplicación del índice de movilidad podrá disminuir el valor de la asignación.

86.La movilidad se basará un 70% en las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, y un 30% en el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), aplicándose trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. La movilidad establecida para marzo de 2018 es de 5,71%.

87.El tope de ingresos previsto en el artículo 3 de la Ley núm. 24714 se ajustará según la variación producida en la ganancia imponible y/o en las deducciones por cargas de familia.

88.Con relación a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en marzo de 2016 se extendió dicha cobertura a monotributistas, representando aproximadamente la inclusión al programa de 350.000 niños.

89.Los requisitos para la percepción de la AUH mantienen las condicionalidades de salud y educación establecidas desde su creación (cumplimiento de controles sanitarios, vacunación de los menores y ciclos escolares en que se encuentren).

90.Actualmente 9.192.011 niños están cubiertos por asignaciones delaAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de los cuales 3.988.558perciben la AUH.

91.Los valores a abril del año 2018 de la asignación por hijo para empleados en relación de dependencia y la AUH son:

Remuneración (en pesos) del grupo familiar entre	Valor (en pesos)
200 y 23 173	1 493
23 173,01 y 33 988	1 005
33 988,01 y 39 240	605
39 240,01 y 94 786	310
AUH	1 493

92.Para ambas prestaciones existen montos mayores para quienes vivan en zonas desfavorables y/o posean hijos con discapacidad.

Pregunta 16

93.Los hijos con discapacidad tienen derecho a una prestación vitalicia cuyo monto es mayor al de las mencionadas en el punto anterior.

94.Los valores a abril del año 2018 de la asignación por hijos con discapacidad de empleados en relación de dependencia son:

Remuneración (en pesos) del grupo familiar entre	Valor hijo con discapacidad (en pesos)
0 y 23 173	4 869
23 173,01 y 33 988	3 442
33 988,01 y más	2 171
AUH para hijo con discapacidad	4 869

95.En ambas prestaciones existen montos mayores para quienes vivan en zonas desfavorables.

96.Para solicitar la prestación, los mayores a cargo de hijos con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad.

97.La Ley núm. 27260 sancionada en el año 2016, incluyó en el régimen de asignaciones familiares un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del sistema integrado previsional argentino, del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el que se financiará con los recursos del régimen previsional.

98.Los montos de las asignaciones familiares del subsistema precitado están garantizados a través de los sistemas de financiamiento que establece la Ley núm. 24241, así como los requisitos para percibirlas y procedimientos para acceder a ellas que se encuentran establecidos en las disposiciones de la Ley núm. 24714.

Pregunta 17

99.La Tarifa Social Federal (TSF) y los programas de transferencia de ingresos permiten resguardar el nivel de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. En términos agregados, si bien son períodos distintos, y por tanto la comparación es preliminar, según el INDEC, la población bajo la línea de pobreza al primer semestre del año 2017 era 28,6%, reduciéndose en el segundo semestre de 2017 al 25,7%.

100.La TSF está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad: jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas con ingresos menores a dos veces el ingreso mínimo vital y móvil, inscriptos en el monotributo social, empleados de casas particulares, beneficiarios del seguro de desempleo y de otros programas sociales.

101.Los titulares de suministro de energía eléctrica que cumplen los criterios de la tarifa social superan los 3 millones. Los beneficiarios de la tarifa social de electricidad, acceden a un 100% del subsidio sobre un consumo base de 150 kwh/mes y tienen una reducción del 50% sobre el precio del consumo excedente.

102.La tarifa de gas natural alcanza a más de 1,5 millones de titulares elegibles. Se subsidia un 100% de un consumo base, variable según las distribuidoras, abonando los beneficiarios el 25% del precio sobre el consumo excedente. Los hogares sin acceso a la red de gas natural, pueden acceder al Programa Hogar que subsidia alrededor del 75% del precio de referencia de la garrafa de gas de 10 k mediante una transferencia bancaria.

103.A diciembre del año 2017 existían 2,7 millones beneficiarios del Programa Hogar.

104.Asimismo, además de la ampliación de asignaciones familiares para monotributistas, se eliminaron las incompatibilidades con otros programas sociales y se ejecutaron medidas tales como:

a)Programa de Reparación Histórica para Jubilados: actualizó los haberes en función de su trayectoria de aportes previsionales;

b)Pensión Universal para el Adulto Mayor: para aquellos que no han podido realizar los aportes correspondientes;

c)Programa de Transición al Salario Social Complementario: enmarcado en Ley de Emergencia Social, otorga un beneficio complementario de 4.000 pesos mensuales para aquellos ya comprendidos en programas o acciones de empleo vinculados a la economía popular.

105.Las políticas referidas se complementan con los programas de empleo existentes, entre ellos el Programa Hacemos Futuro y el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Preguntas 18 y 19

106.En marzo del año 2018 se conformó la nueva estructura del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, resultando la Secretaría de Infraestructura Urbana (SIU) la encargada de reconfigurar la urbanización integral de ciudades y asentamientos equilibrados, inclusivos y sustentables, mediante políticas que contemplen el diseño, financiamiento, monitoreo e implementación de proyectos integrales de urbanismo.

107.El Plan Nacional de Hábitat, cuyos principales objetivos son evitar los desalojos forzosos y universalizar el acceso integral al hábitat, se implementa mediante programas con financiamiento externo, incorporando las salvaguardias sociales y ambientales en manuales operativos.

108.Las relocalizaciones se contemplan como recursos de última instancia, solo en caso de riesgo ambiental, y se realizan de manera consensuada con las familias ocupantes de los asentamientos, a efectos de trasladarlas a un mejor espacio evitando desalojos forzosos.

109.En líneas generales, la SIU orienta los fondos a proyectos de agua potable y saneamiento, drenajes, infraestructura urbana en general, y proyectos de desarrollo urbano y vivienda.

110.Asimismo, busca desarrollar proyectos que puedan estar asociados a las prioridades de otras áreas del gobierno que expresen directamente dicha demanda en un territorio determinado y tengan un financiamiento definido para transformarlo en obra. Esta orientación busca mejorar la relación entre proyectos y obras, dotando de mayor calidad e impacto a la inversión pública.

111.Las inversiones que realiza el gobierno enfatizan el desarrollo regional, particularmente la mejora de la infraestructura urbana de las ciudades, lo que contribuye al bienestar de sus habitantes.

112.Los criterios priorizados para la financiación de los proyectos son, entre otros: i) tipo geográfico (por provincia, municipio o comuna) equitativa y solidariamente, dando prioridad a un grado equivalente de desarrollo); ii) localidades de menos de 10.000habitantes; iii) un índice urbano que permita ordenar a todos los municipios del país en base a su condición urbana integral, compuesto por un total de 11 indicadores cuya distribución es: infraestructura urbana 25%, empleo 25%, vivienda 20%, educación 15% y salud 15%. En base a estos índices, fueron identificadas cerca de 900 localidades vulnerables que coinciden con los aglomerados con menor índice urbano.

Pregunta 20

113.Habiéndose constatado la existencia de una significativa proporción de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, se adoptaron diversas acciones.

114.En primer lugar, desde el Ministerio de Desarrollo Social se ampliaron los programas de trasferencia, implementando un plan nacional y diferentes programas dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad.

115.Así, se lanzó el Plan Nacional de Primera Infancia para que chicos de 45 días a 4años sean alimentados, cuidados y estimulados mientras sus padres trabajan o estudian. A este fin, durante el año 2017 se abrieron y/o fortalecieron más de 1.150 espacios de primera infancia en todo el país.

116.Según datos del INDEC, se observó un incremento de la asistencia de niños de 3años al jardín de infantes, pasando de 42,9% en 2016 a 54,4% en el año 2017.

117.La política destinada a la niñez impacta positivamente en la equiparación de oportunidades de acceso a empleo y educación para las madres.

118.Otra iniciativa específica es el Programa Primeros Años, que forma parte del Plan Nacional de Primera Infancia, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de crianza de familias vulnerables con niños de 0 a 4 años, mediante la formación de personas, instituciones provinciales, locales y redes comunitarias. En el año 2017 el Programa llegó a 30.940 familias en 88 localidades de 19 provincias.

119.Por otra parte, se implementa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo es cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta 14 años de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años en condiciones socioeconómicas desfavorables.

120.Entre sus líneas de acción se encuentran:

a)Tarjeta alimentaria centralizada (222.000 beneficiarios);

b)Tarjeta alimentaria federal (1 millón de beneficiarios);

c)Refuerzo a servicios alimentarios escolares (18.000 escuelas beneficiarias);

d)Comedores comunitarios (1.200 comedores comunitarios asistidos).

121.Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social brinda contención, acompañamiento, seguimiento y promoción socioeconómicas a familias con niños de 0 a 4años de edad en situación de indigencia. En el año 2017 se acompañó a 5.200 familias.

122.En segundo lugar, el Ministerio de Salud (MS) a través del Programa Sumar brinda cobertura a la población materna infantil y a niños de 6 a 19 años de edad. El Programa envía fondos a las provincias mediante una cápita, que se transfiere en un 60% por beneficiario inscripto con cobertura efectiva básica, y el 40% restante en función del cumplimiento de determinadas metas sanitarias. La cobertura actual alcanza a 15 millones de personas.

123.Ya se han informado los cambios introducidos por el ANSES en la fórmula de movilidad de las asignaciones, en procura de mantener el poder adquisitivo de las mismas.

124.Otras medidas —con idéntico propósito— consisten en la eliminación de algunas incompatibilidades de la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AxE) con otras prestaciones y programas sociales, el régimen de reintegro del IVA a jubilados y pensionados —cuya prestación no exceda la mínima— y titulares de prestaciones de ANSES (AUH y AxE) para compras de alimentos pagadas con tarjeta de débito.

125.Los requisitos establecidos para la AxE, tienen el propósito de fomentar los controles médicos y sanitarios de la madre y el feto, para reducir la mortalidad materna y cumplir el objetivo de brindar atención médica y cobertura a las mujeres embarazadas de mayor vulnerabilidad social.

Pregunta 21

126.El “territorio” constituye un aspecto central en la cosmovisión indígena, ya que es un elemento clave para el desarrollo de la identidad, la forma de vida y la cultura de los pueblos originarios.

127.En efecto, el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) del INAI, fue creado en el marco de la Ley núm. 26160, que suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas, estableciendo la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas. Dicha Ley ha sido prorrogada en el año 2013 y nuevamente en el año 2017, prorrogándose el plazo de suspensión hasta noviembre de 2021, debido a que existen comunidades indígenas que aún no han sido relevadas.

128.El INAI estableció como prioridad la culminación de los relevamientos territoriales, plasmado en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2020 en el capítulo de Pueblos Originarios.

129.Asimismo, entre las líneas de trabajo del MAyDS, se encuentran proyectos específicos que trabajan en territorio con diversos actores para implementar buenas prácticas de manejo sustentable de tierras.

130.El proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino” (PNUD ARG14/G/55) que se desarrollará hasta finales del año 2019, tiene como finalidad mantener y mejorar el flujo de los servicios agroecosistémicos para sostener las formas de vida de las comunidades y reducir la presión sobre los recursos naturales por los usos de la tierra. Aborda la problemática de la degradación de tierras y la pérdida de funciones de los ecosistemas de la región de Cuyo y noroeste de la Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza y San Luis). Se trabaja particularmente con pequeños productores en las comunidades locales y con instituciones y organizaciones provinciales en la prevención, mitigación y adaptación a la degradación de la tierra.

131.Con referencia a la utilización de plaguicidas químicos, el tema es objeto de numerosos estudios, realizados en su mayoría con financiación estatal.

132.Se acompaña en el anexo a la Cuestión 21, diversos trabajos recopilados sobre la temática.

133.No obstante, cabe señalar que desde el Estado se sostuvo que “la presunta creciente manifestación de organizaciones de la sociedad civil no equivale a la existencia de creciente evidencia científica acerca del impacto de los agroquímicos en la salud”.

134.Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)implementa un plan de muestreo anual con frecuencia de toma de muestras para la determinación de contaminantes distribuidos a lo largo del año en todo el país. Los resultados permiten observar el impacto de las medidas de control establecidas por los programas específicos, de modo que la aplicación de agroquímicos constituya una buena práctica agrícola que no ocasione riesgos al consumidor.

135.Por otra parte, Argentina regula las actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados (OGM) de uso agropecuario. La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), constituida por representantes del sector público y privado involucrados en la materia, y la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agroindustria, analizan las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM, y en base a información científico-técnica y a datos cuantitativos respecto de la bioseguridad, evalúan los posibles riesgos que puede causar la introducción del cultivo transgénico en los agro ecosistemas .

136.Finalmente, cabe aclarar que en la Argentina desde el año 1996 se encuentra autorizada la producción y comercialización de semillas y productos derivados de la soja transgénica —Resolución SAPyA 167—.

Pregunta 22

137.Toda actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, de tipo convencional o no, debe realizarse dentro del marco regulatorio nacional y provincial.

138.Respecto al proceso de evaluación ambiental y consulta pública previa al desarrollo de proyectos, a partir de la Ley núm. 26197 las provincias asumieron la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en sus territorios, ejerciendo el control y fiscalización de permisos y concesiones, y exigiendo el cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales.

139.En efecto, las provincias hidrocarburíferas han establecido reglamentación específica para la actividad, y respecto a la evaluación del impacto ambiental establecieron su normativa, por ejemplo, Neuquén (Ley núm. 2600 “Certificado de Aptitud Ambiental” y D.R.1905/2009) y Chubut (Ley núm. 5439 “Código Ambiental” y D.R.185/2009). La evaluación y declaración del impacto ambiental involucra la participación ciudadana mediante audiencias públicas. Otras provincias productoras de hidrocarburos han dictado normas similares.

140.Otras normas aplicables a la actividad hidrocarburífera, convencional y no convencional de la Provincia de Neuquén son:

a)Ley núm. 1875 “Ley de Medio Ambiente. Anexo VII – Normas y procedimientos que regulan la protección ambiental durante las operaciones de explotación y exploración de hidrocarburos;

b)Ley núm. 899 “Código de Aguas”;

c)Ley núm. 2566 “Empresas concesionarias que realicen perforaciones. Sistema de locación seca, control de sólidos, tratamiento de lodos y cutting en plantas adecuadas. Estudio de sensibilidad ambiental”;

d)Disposición núm. 29/2012 “Aprueba Norma de Procedimiento para las Prácticas de Recuperación Asistida para la extracción de hidrocarburos y todo tipo de inyectores y pozos sumideros”.

141.Asimismo, a nivel nacional existe la Ley Nacional de Residuos Peligrosos núm. 24051, Ley General de Política Ambiental Nacional núm. 25675 y Ley de Presupuestos Mínimos núm. 25688 para gestión de recursos hídricos.

142.Con respecto al riesgo de contaminación de agua subterránea con potencial para consumo humano (agua dulce) ocurrido durante la etapa de construcción del pozo, estudios realizados para la Comisión Ambiental de la Unión Europea identificaron este aspecto como de impacto bajo o no relevante. La cañería guía o casing, el cemento y otros mecanismos de aislamiento mecánico, protegen los acuíferos durante las etapas de perforación, fracturación y producción del pozo. El diseño y construcción del pozo se realiza de manera de evitar la migración y el transporte de fluidos entre capas subterráneas. Existen guías técnicas específicas de organismos internacionalmente reconocidos sobre los requisitos para el diseño y control de integridad del pozo para operaciones de hidrofractura.

143.La contaminación de acuíferos por migración de fluidos (agua con aditivos, gas y/o petróleo) desde la formación rocosa a través de la fracturación, es “remota en aquellas circunstancias que existe una amplia distancia en profundidad entre las fuentes de agua de consumo y la zona de explotación”, tal como ocurre en la República Argentina.

144.Los documentos técnicos definen esta distancia a partir de los 600 m, ampliamente superada en la Provincia del Neuquén, donde los acuíferos se estiman a unaprofundidad de 300 mbbp, y la zona de producción (Formación Vaca Muerta) entre 2500 y 3000 mbbp, con una longitud estimada de fracturación del orden de los 100 mt. Adicionalmente, la geología subterránea presenta capas de muy poca permeabilidad que actúan como aislación natural de los acuíferos superficiales impidiendo el movimiento de fluidos.

145.Por otra parte, el Decretonúm. 1483/12 de Neuquén prohíbe el uso de agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento de poblaciones o irrigación, en las etapas de perforación y terminación de pozos no convencionales. Establece también la obligación para las empresas de presentar una declaración jurada informando el volumen estimado y la fuente de provisión de agua a utilizar durante las mencionadas etapas de construcción del pozo, obliga al tratamiento del agua de retorno garantizando su encuadre de acuerdo a los parámetros de vertido de la Ley Provincial núm. 899 y prohíbe verter el agua de retorno (flowback) sobre cuerpos de agua superficiales, entre otras medidas de prevención de los potenciales impactos negativos.

Pregunta 23

146.El Programa Nacional de Chagas (PNCh) realiza acciones de prevención y control de la enfermedad de Chagas, utilizando una estrategia integral, con participación de distintos sectores de la salud. Existen tres niveles de prevención: prevención de la enfermedad (prevención primaria), diagnóstico y tratamiento específico de la enfermedad (prevención secundaria) y rehabilitación (prevención terciaria).

147.El “Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina” fue iniciado en el año 2014 para reducir la morbimortalidad por enfermedad de Chagas, mediante la interrupción de la transmisión vectorial y el control y/o interrupción de las formas no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi, en diezprovincias del país, pertenecientes a áreas de alto y moderado riesgo para la enfermedad de Chagas (Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán).

148.Se contrataron 258 agentes para realizar tareas de control vectorial y acciones de control: evaluación entomológica de las viviendas rurales y periurbanas de las áreas endémicas, tratamiento químico de estas, control de embarazadas, tratamiento médico etiológico a los infectados en fase aguda, niños menores de 19 años, mujeres en edad fértil, entre otras tareas.

149.Durante el año 2017 se evaluaron en el área endémica del país 325.114 viviendas, de ellas 8.964 fueron positivas (2,76%), rociándose con insecticidas piretroides 44.498viviendas. En provincias de moderado y alto riesgo de transmisión vectorial, el índice de infestación de la unidad domiciliaria fue de 7,14%.

150.Se realizaron actividades de vigilancia vectorial activa en 82 de los 165departamentos de mediano y alto riesgo del país y en 61 de los 117 departamentos de bajo riesgo. De 36 casos sospechosos de Chagas agudo vectorial estudiados, solo 1 resultó positivo.

151.Se estudiaron para Chagas aproximadamente 299.764 embarazadas en todo el país, con una prevalencia encontrada del 2,06%, estudiándose cerca de 2.109 recién nacidos expuestos al Chagas congénito, de los cuales 4,4% estaban infectados.

152.Se estudiaron a demanda 129.803 personas, de las cuales 7,2% estaban infectadas.

153.En el marco de estudios poblacionales, se estudiaron 69.635 personas, con 3.789(5,4%) positivos.

154.El Plan Nacional de Sangrecontrola el 100% (612.746 donantes) de los dadores de sangre. La seroprevalencia de infección en el sector público disminuyó de 4,4% en el año 2000 a 1,49% en el año 2015, con un rango de 15,65% a 0,52%.

Pregunta 24

155.El artículo 8 de la Ley núm. 26862 es categórico al sostener que el sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deberán incorporar como prestaciones obligatorias las técnicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como de reproducción médicamente asistida.

156.El mismo artículo define los alcances de dichos procedimientos, afirmando que la autoridad de aplicación no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.

157.El Ministerio de Salud creó mediante Resolución núm. 2190-E/2016 el Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida (PNdeRMA), que tiene entre sus objetivos arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la Ley núm. 26862.

158.Asimismo, se informa que existe un organismo de contralor, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) con competencia para recibir reclamos por incumplimientos en las coberturas médico asistencial, a través del cual se sustancian sumarios por incumplimientos.

159.En tal sentido, con relación a la Ley núm. 26682, en la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de la SSS, no se han registrado reclamos de falta de cobertura prestacional vinculados con el estado civil y/u orientación sexual de los usuarios.

Pregunta 25

160.El Ministerio de Salud (MS) desarrolla su labor mediante el Programa Nacional de Control del Tabaco, el Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo y el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad.

161.Las medidas realizadas en el contexto de los referidos Programas se adjuntan en el anexo a la Cuestión 25.

162.Con respecto al tabaquismo, independientemente de las medidas mencionadas en el anexo, con el propósito de impulsar la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el MS articula con otros estamentos de los poderes ejecutivo y legislativo la ratificación del CMCT, en el marco de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo.

163.La Comisión citada, es un organismo multisectorial coordinado por el MS e integrado por organizaciones de la sociedad civil, académicas y otros organismos del Estado e instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.

Pregunta 26

164.En el año 2016 fallecieron 245 mujeres embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, por causas relacionadas o agravadas por el embarazo. Con 728.035 nacidos vivos en el mismo año, representa una tasa de mortalidad materna (TMM) de 3,4 por 10.000 nacidos vivos.

165.En el análisis de la evolución de la mortalidad materna en los últimos diezaños, se observa un fenómeno de oscilación del número absoluto de defunciones maternas, como de la TMM alrededor de valores similares, con la excepción del año 2009, en que se produjo un incremento de la TMM a expensas de las causas indirectas (impacto de la gripe H1N1) se registró la mayor TMM del período (5,5‰). Luego se observa un descenso hasta el año 2013 y un nuevo incremento a partir del año 2014, para descender nuevamente en el año2016.

Evolución de la mortalidad materna —expresada como TMM y en númerosabsolutos— y del número de nacidos vivos. Total país. Años 2007-2016

Año	Muertes m aternas	Nacidos v ivos	Tasa de m ortalidad m aterna (por 10.000 nacidos vivos)
2007	306	700 792	4,4
2008	296	746 460	4,0
2009	410	745 336	5,5
2010	331	756 176	4,4
2011	302	758 042	4
2012	258	738 318	3,5
2013	245	754 603	3,2
2014	290	777 012	3,7
2015	298	770 040	3,9
2016	245	728 035	3,4
Variación p orcentual	-19,9	-3,9	-22,7

166.En el análisis de las causas de mortalidad materna en el año 2016, se observa que las obstétricas directas son responsables del 55,1% de las defunciones maternas, 17,6% de las defunciones maternas son debidas a complicaciones del aborto, y 27,3% son debidas a causas obstétricas indirectas.

167.Al desagregar las causas obstétricas directas, aparecen en primer lugar las complicaciones del puerperio que incluye la sepsis puerperal (17,6%), los trastornos hipertensivos (13,9%) y las hemorragias posparto y ante parto (6,9 y 4,5% respectivamente).

Mortalidad materna según causas. Totalpaís. Año 2016

G rupos de causas	Defunciones m aternas
Número	Porcentaje
Todas	245	100
Aborto	43	17,6
Causas obstétricas directas	135	55,1
Sepsis y complicaciones del puerperio	41	16,7
Trastornos hipertensivos	34	13,9
Hemorragia posparto	17	6,9
Hemorragia anteparto	11	4,5
Muerte obstétrica de causa no identificada	7	2,9
Otras causas directas	25	10,2
Causas obstétricas indirectas	67	27,3
Enfermedades respiratorias	19	7,8
Enfermedades circulatorias	13	5,3
Enfermedades digestivas	8	3,3
Enfermedad por VIH	1	0,4
Otras causas indirectas	26	10,6

168.Respecto a diferencias entre las jurisdicciones, al comparar las TMM se observa que la nacional es 3,4‰, en tanto que nuevejurisdicciones tienen un valor superior: Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Tierra del Fuego. La mayor TMM corresponde a Formosa (TMM 12,3‰). En la Pampa no se registraron defunciones maternas en el año 2016.

Comparación de la TMM por 10.000 nacidos vivos. Años 2007 y 2016. Total país y jurisdicciones

Jurisdicción	2016
Total p aís	3,4
CABA	1,5
Buenos Aires	3,4
Catamarca	10,5
Córdoba	2,8
Corrientes	4
Chaco	4,1
Chubut	1
Entre Ríos	2,7
Formosa	12,3
Jujuy	3,2
La Pampa	0
La Rioja	4,9
Mendoza	3,9
Misiones	3,9
Neuquén	1,8
Río Negro	1,7
Salta	6,5
San Juan	2,9
San Luis	6,7
Santa Cruz	3,3
Santa Fe	1,6
Santiago del Estero	2,9
Tucumán	2,8
Tierra del Fuego	3,5

169.En el análisis de esta problemática debe considerarse la estructura demográfica de las jurisdicciones y la cobertura y calidad del registro de defunciones.

170.Dado el carácter federal de la Argentina, el Ministerio de Salud mediante la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, propone estrategias tendientes a mejorar la organización de la atención materna y la optimización de los recursos y tecnologías disponibles.

171.En particular, la estrategia de regionalización de la atención perinatal, es considerada la herramienta para garantizar los nacimientos en efectores de salud adecuados. La regionalización requiere la confluencia de esfuerzos de distintas jurisdicciones para establecer circuitos que garanticen que cada binomio madre-hijo pueda acceder a los cuidados necesarios.

172.Asimismo, se trabaja para el mejoramiento de la gestión y organización de los servicios de obstetricia, realizando asistencia técnica y apoyo en la atención de las diversas jurisdicciones, buscando disminuir la brecha de recurso humano en obstetricia.

173.Además, se proponen capacitaciones en emergencia obstétrica, con el fin de mejorar la calidad de la atención en situaciones críticas.

174.La atención integral del posaborto resulta una estrategia de atención imprescindible para disminuir las muertes maternas en nuestro país. Comprende tres elementos centrales: a) tratamiento de la urgencia con la introducción de la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU); b) consejería en salud reproductiva; y c) referencia a los servicios de procreación responsable posaborto.

Pregunta 27

175.Se describen las principales estrategias sociosanitarias en las que trabaja el Ministerio de Salud para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud mental:

a)Elaboración del documento “Directrices de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Salud Mental”: brinda las pautas para articular los diferentes efectores de servicios de salud mental (hospitales generales, sanatorios y policlínicos, centros de día comunitarios, dispositivos habitacionales con diferentes niveles de apoyo, etc.). Esta red es progresivamente sustitutiva a las instituciones monovalentes;

b)Trabajo territorial: el equipo de Redes Integrales de Salud Mental trabaja en mejorar la atención de la salud mental con un enfoque de derechos humanos;

c)Desarrollo de Equipos de Abordaje Psicosocial;

d)Capacitaciones destinadas a personal del primer y segundo nivel de atención, basadas en una modalidad de atención comunitaria, interdisciplinaria e intersectorial, y orientadas a las problemáticas de suicidio, urgencias, consumo de sustancias, trastornos severos, etc. Se pretende promoverdispositivos preventivos, terapéuticos y rehabilitadores, utilizando instrumentos de la OMS;

e)Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en abordaje psicosocial, utilizando la guía de la buena prescripción elaborada por la OMS;

f)Proyecto de Viviendas Asistidas para Usuarios de los Servicios de Salud Mental;

g)Realización del censo nacional de personas internadas en establecimientos de salud mental.

176.A nivel institucional, se conformó la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones y el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, compuesto por 30 organizaciones de la sociedad civil, y creado a partir de la reglamentación de la Ley núm. 26657 como una instancia participativa de seguimiento.

Pregunta 28

177.Con relación a la reducción del analfabetismo, el Ministerio de Educación (ME) asiste a los equipos técnicos pedagógicos de las Direcciones de Educación de Jóvenes y Adultos, para la implementación de la alfabetización en espacios de formación profesional.

178.En efecto, desde el año 2016 se presta asistencia a equipos técnicos de diferentes jurisdicciones en la elaboración de resoluciones provinciales, para la apertura de centros de alfabetización. Simultáneamente se trabaja en una base de datos de monitoreo de acciones educativas de alfabetización.

179.Asimismo, se realizan acciones para mejorar las propuestas de enseñanza‑aprendizaje en los espacios educativos de dicha modalidad y atender las trayectorias educativas de los estudiantes alfabetizados en los ciclos de educación para adultos, articulando con la formación profesional.

180.Respecto a programas y líneas de acción para la reducción de las tasas de repetición y deserción escolar se informan diversas políticas implementadas por el ME:

a)Políticas para el fortalecimiento de la formación docente. El Instituto Nacional de Formación Docente implementa la política de formación docente plasmada en el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, destinado a brindar herramientas que desarrollen en los estudiantes las siguientes capacidades: comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, aprendizaje y trabajo grupal. Durante el año 2017, más de 900.000 docentes —nivel inicial, primario y secundario—, trabajaron cuestiones referidas a la enseñanza de la lectura en las áreas de lengua, matemática y ciencias;

b)Universalización del nivel inicial. A fin de garantizar mayores oportunidades para todos y equiparar puntos de partida, se promueve la universalización del nivel inicial desde los 3 años de edad. La propuesta implica ampliar las obras de infraestructura y la provisión de equipamiento y tecnología para las instituciones, así como fortalecer la formación docente y la dimensión curricular;

c)Trayectorias integradas. Atiende las dificultades que el tránsito por el sistema educativo presenta a los estudiantes, incluyendo una variedad de prácticas de acompañamiento;

d)Inclusión Educativa. Promueve el fortalecimiento institucional con relación a la convivencia escolar; la inclusión de alumnos con discapacidad; la prevención de adicciones; mediación escolar; derechos de la niñez y la adolescencia. En relación a la inclusión de alumnos con discapacidad, el ME propicia el acompañamiento de las trayectorias escolares según los lineamientos nacionales e internacionales en materia de inclusión;

e)Programa Leer para Aprender. Facilita el acceso a los libros, fortalece las prácticas de lectura y escritura en la educación obligatoria, mediante la entrega anual de libros de texto y/o literatura y bibliotecas escolares. La entrega se acompaña con acciones pedagógicas de promoción de la lectura y la escritura para alumnos, familias y comunidad;

f)Mejoramiento de la Educación Rural. Fortalecimiento de la educación rural en todos los niveles mediante la mejora en dotación de recursos, equipamiento, proyectos escolares vinculados al desarrollo local, formación docente específica, entre otros aspectos;

g)Políticas de Innovación. Secundaria Federal 2030 promueve procesos de renovación de la organización pedagógica e institucional de la escuela secundaria en todo el país, para que todos los jóvenes logren finalizar su educación obligatoria;

h)Políticas de Educación Digital.

181.El Plan Nacional Integral de Educación digital promueve la innovación pedagógica y alfabetización digital, incluyendo iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías de la información y comunicación, en todos los niveles educativos. Entre sus acciones está el Programa Escuelas del Futuro dirigido a 3.000 escuelas de gestión estatal, orientado a construir un modelo pedagógico innovador.

182.El Plan Nacional de Conectividad Escolar, destinado a brindar Internet a los establecimientos escolares de gestión estatal del país antes de 2019, impactará en más de 45.000 establecimientos.

183.Finalmente, se acompaña en el anexo a la Cuestión 28 estadística referida a tasas de asistencia escolar y abandono escolar .

Pregunta 29

184.La internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva en años recientes, permitió avances importantes en el desarrollo y la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo con participación del sector productivo nacional e internacional.

185.Estas acciones, al desarrollarse en áreas prioritarias, brindan resultados concretos para avanzar en la solución de problemas de la sociedad y mejorar la calidad de vida de los grupos marginados.

186.En efecto, se han ejecutados programas de cooperación claves con: Centro Argentino-Chino en Ciencia y Tecnología de Alimentos; Centro de Investigación en Vacunas con Cuba; el Centro Universitario Argentino-Alemán; Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología; e Instituto partner Conicet-Max Planck en Biomedicina.

187.Asimismo, la bioeconomía y la investigación en ciencias del mar con países como Francia, el Canadá, Alemania, los Estados Unidos y países nórdicos, han sido estratégicas para impulsar proyectos de investigación con impacto socioeconómico.

188.En el sector salud, se han desarrollado asociaciones de interés público-privado con laboratorios y centros de investigación del Reino Unido y Dinamarca. Finalmente se destacan las acciones en agroindustria, ciencias ambientales y ciencias espaciales con Francia e Italia.

189.Asimismo se ha procurado una participación activa en programas regionales de cooperación, fomentando alianzas estratégicas y mejorando los sistemas de valorización que permitan alcanzar la trasferencia tecnológica y la elaboración de patentes.

190.En años recientes, la cooperación en el marco de la Unión Europea fue un eje estratégico de la política argentina en ciencia y tecnología y ha logrado grandes avances en temas de bioeconomía, agroindustria, infraestructura, salud y medioambiente.