Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quinto informe periódico que Islandia debía presentar en 2017 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 13 de octubre de 2021]

I.Introducción

1.De conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Islandia ha elaborado su quinto informe periódico sobre la aplicación del Pacto siguiendo las directrices del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante, “el Comité”), publicadas en 2009. El informe abarca el período comprendido entre 2010 y el segundo trimestre de 2021 y tiene por objeto describir fielmente la manera en que se ha aplicado el Pacto durante ese período, así como en que se han aplicado las observaciones finales del Comité de 11 de diciembre de 2012. Se hará referencia a estas por su número de párrafo correspondiente.

2.El comité directivo gubernamental de derechos humanos, compuesto por representantes de todos los ministerios, supervisó la elaboración del informe, durante la cual se celebraron consultas de calidad con las partes interesadas. En el segundo trimestre de 2019, el comité directivo celebró una consulta general con el Centro de Derechos Humanos de Islandia y varias organizaciones de la sociedad civil para examinar la situación de los derechos humanos. Además, en el segundo trimestre de 2020, representantes de dicho comité se reunieron con el director del Centro de Derechos Humanos para hablar del informe que se presentaría. En agosto de 2020, la información sobre el informe se publicó en el portal de consulta del Gobierno, donde cualquier persona podía presentar sus comentarios. En una reunión del Observatorio del Bienestar Social, celebrada en el cuarto trimestre de 2020, también se examinó el informe y se solicitó una contribución de la reunión. En abril de 2021 se publicó el proyecto de informe en el portal de consulta del Gobierno.

II.Observaciones generales

A.La Constitución y otras leyes

Respuesta al párrafo 4 de las observaciones finales (E/C.12/ISL/CO/4)

3.Para conocer las disposiciones sobre derechos humanos de la Constitución de la República de Islandia, núm. 33/1944, sírvanse consultar los informes anteriores de Islandia al Comité.

4.En sus últimas observaciones finales, el Comité formuló observaciones sobre el proyecto de nueva ley constitucional del Consejo Constitucional. El proyecto de ley, que incluía modificaciones específicas, se presentó al Althingi (Parlamento de Islandia) en noviembre de 2012, pero no se llegó a ninguna conclusión. No está prevista ninguna modificación específica de las disposiciones sobre derechos humanos de la Constitución, pero, de acuerdo con los procedimientos de revisión constitucional, está previsto que estas se revisen entre 2021 y 2025. Los derechos económicos, sociales y culturales están amparados en la actual Constitución y en varias disposiciones de la legislación islandesa, que se presentarán con más detalle en los apartados relativos a los distintos artículos.

5.El Pacto no tiene fuerza de ley en Islandia, ya que, en lugar de incorporar las convenciones de derechos humanos al ordenamiento jurídico en su totalidad, la tradición es adaptar la legislación nacional a estas. No obstante, dos instrumentos de derechos humanos han adquirido fuerza de ley, a saber, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en virtud de la Ley núm. 62/1994, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en virtud de la Ley núm. 19/2013. Para conocer los efectos del Pacto en la aplicación de la legislación, sírvanse consultar los informes anteriores de Islandia.

B.Obligaciones internacionales

Respuesta a los párrafos 20 y 21 de las observaciones finales

6.Desde la presentación del último informe, Islandia ha ratificado varias convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, en 2016, el Althingi ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se han ratificado algunos convenios del Consejo de Europa, como el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote) y el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Se ha iniciado el procedimiento de ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares no se ha ratificado, pero muchas de sus disposiciones se han transpuesto en la legislación nacional.

7.En sus últimas observaciones finales, el Comité recomendó a Islandia que considerara la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se ha decidido no ratificarlo por el momento.

C.Vigilancia local de los derechos humanos

Respuesta al párrafo 7 de las observaciones finales

8.Islandia no cuenta con una organización independiente de derechos humanos que se ajuste a los Principios de París adoptados por las Naciones Unidas. En los últimos años, el Ministerio de Justicia ha trabajado para establecer una organización de esa naturaleza, pero no se han previsto fondos para esta en el plan fiscal correspondiente al período 2021-2025. En 2021 se creó un grupo de trabajo para buscar la forma de establecer dicha organización.

9.El Centro de Derechos Humanos de Islandia se ha desempeñado en parte como una organización nacional de derechos humanos independiente. A finales de 2019, los subsidios del Ministerio de Justicia al Centro se duplicaron con la intención de crear una base más sólida para su funcionamiento y permitirle cumplir su misión.

10.En 2017 se creó un comité directivo especial del Gobierno sobre derechos humanos formado por representantes de todos los ministerios. Se trata de un foro de consulta que sirve para garantizar la estabilidad de los procesos de trabajo y la participación de todos los ministerios en los asuntos de derechos humanos. Entre las funciones del Comité figura el seguimiento de las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales de regulación de los derechos humanos.

III.Información sobre las distintas disposiciones del Pacto

Artículo 1. Derecho de libre determinación

11.No se ha producido ningún cambio en relación con el derecho de libre determinación desde el último informe.

Artículo 2. No discriminación

Respuesta a los párrafos 5 y 6 de las observaciones finales

Introducción gradual de derechos

12.En 2009 se creó una entidad especial llamada Observatorio del Bienestar Social, compuesta por representantes del Estado, los municipios y diversos grupos de interés (véase E/C.12/ISL/4, párrs. 133 y 134). La función original de esa entidad era vigilar los efectos sociales y financieros del colapso económico en las familias. El Observatorio del Bienestar Social se restableció en 2014 y su función principal es velar por el bienestar de las familias desfavorecidas con hijos, especialmente las monoparentales y sus hijos, y recabar información sobre las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza extrema, con el objetivo de reducirla.

Igualdad y no discriminación

13.Como se indica en los informes anteriores de Islandia (E/1994/104/Add.25, párr. 16, y E/1990/6/Add.15, párrs. 9 a 13), el artículo 65 de la Constitución establece el principio general de igualdad.

14.En 2020 se aprobó la Ley núm. 150/2020 de Igual Consideración e Igualdad de Derechos con Independencia del Género, que sustituye a la Ley núm. 10/2008 de Igual Consideración e Igualdad de Derechos de la Mujer y el Hombre. Su objetivo es evitar la discriminación por razón de género e instaurar y mantener la igualdad de género entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades para los géneros en todos los ámbitos de la sociedad. En la Ley, el término “género” hace referencia a las mujeres, los hombres y las personas cuyo género está inscrito como neutro en el Registro Civil de Islandia, a menos que se indique específicamente otra cosa, y es la primera vez que una ley de igualdad de género hace referencia a otros géneros distintos de mujer y hombre. Además, es la primera vez que un instrumento legislativo contiene una disposición sobre discriminación múltiple, es decir, cuando una persona es objeto de discriminación basada en más de uno de los motivos contemplados en la legislación sobre igualdad.

15.En 2020 se aprobó la Ley núm. 151/2020 de Tratamiento de los Asuntos de Igualdad, cuyo objetivo es reforzar la gestión de este ámbito de política. La Ley se aplica a la Dirección de Igualdad y al Comité de Reclamaciones sobre la Igualdad de Derechos.

16.En 2018 entró en vigor la Ley núm. 86/2018 de Igualdad de Trato en el Mercado Laboral. Esta Ley pretende garantizar la igualdad de trato de las personas en el mercado laboral, independientemente de su raza, origen étnico, religión o concepción de la vida, discapacidad, capacidad laboral reducida, edad, orientación sexual, identidad de género, características sexuales y expresión de género, por ejemplo, en lo que respecta al acceso a puestos de trabajo, al trabajo por cuenta propia o a sectores ocupacionales, también en relación con la contratación y los ascensos; al acceso a orientación educativa y profesional, a educación y formación profesionales; a las decisiones en relación con los salarios, otras condiciones de trabajo y el aviso de terminación de contrato; y a la participación en las organizaciones de trabajadores y empleadores, incluidos los incentivos que ofrecen a sus miembros. Casi al mismo tiempo que la Ley antes citada entró en vigor la Ley núm. 85/2018 de Igualdad de Trato con Independencia de la Raza y el Origen Étnico, que se aplica en todas las esferas de la sociedad, salvo el mercado laboral. Dicha Ley prohíbe la discriminación, por ejemplo, en relación con la protección social, es decir, los servicios de salud y sociales, el acceso al plan de seguridad social y otros planes sociales, como el seguro de desempleo y la licencia por maternidad, las escuelas y los centros pedagógicos, así como la discriminación en relación con el acceso y la prestación de bienes y servicios. La Primera Ministra ha preparado un proyecto de ley para garantizar también la igualdad de trato independientemente de la religión o la concepción de la vida, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales y la expresión de género en todos los ámbitos de la sociedad, a excepción del mercado laboral.

17.En 2019 se aprobó la Ley núm. 80/2019 de Autonomía de Género, que establece el derecho de las personas a determinar su propio género, por lo que su objetivo es garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas. La Ley responde a la evolución de la mentalidad con respecto a la designación oficial del género y reforma los derechos de las personas transgénero e intersexuales. Se han introducido otras modificaciones legislativas, como la reducción de la edad mínima para solicitar el cambio registral del género de 18 a 15 años, la prohibición de procedimientos quirúrgicos innecesarios en niños que nacen con características sexuales atípicas, y la modificación de varias leyes para garantizar los derechos de las personas con una designación de género neutro en el registro civil y de las personas transgénero, incluida la Ley de la Infancia para garantizar los derechos de los padres que han cambiado la designación oficial de su género.

Derechos de las personas con discapacidad

18.En 2018 se aprobó la Ley núm. 38/2018 de Servicios para Personas con Discapacidad que Tienen Necesidades de Apoyo a Largo Plazo. El claro objetivo de la Ley es brindar, en todo momento, los mejores servicios disponibles a las personas con discapacidad para satisfacer sus necesidades específicas de apoyo. El servicio tendrá como objetivo dar a las personas con discapacidad el apoyo necesario para disfrutar plenamente de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás, y permitirles llevar su vida de forma independiente de acuerdo con sus propias condiciones. La Ley dispone expresamente que, al aplicar la ley, se hacen efectivas las obligaciones internacionales que ha contraído Islandia, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley garantiza a las personas con discapacidad derechos acordes con sus necesidades y preferencias, así como el acceso a los servicios sociales que les permitan vivir en su propio hogar y promover su plena adaptación y participación en la sociedad. Además, la Ley de Planificación y Construcción, la Ley de Vivienda y la Ley de Viviendas Públicas de Alquiler se aplican a las viviendas para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir su lugar de residencia y dónde y con quiénes vivirán, en igualdad de condiciones con las demás. Los servicios para las personas con discapacidad no se supeditarán a un sistema de vida específico. De acuerdo con lo previsto en una de las disposiciones transitorias de la Ley núm. 38/2018, se ofrecerán otras opciones de alojamiento a las personas con discapacidad que vivan en instituciones o en hogares colectivos. Para obtener más información sobre los derechos de las personas con discapacidad y la aplicación de la mencionada Ley, sírvanse consultar el informe inicial de Islandia relativo a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

19.La legislación islandesa establece que se ofrecerá una educación de calidad sin discriminación en todos los niveles de enseñanza, independientemente de la discapacidad o cualquier otra condición. Véanse los párrafos relativos a los artículos 13 y 14.

Artículo 3. Igualdad de género

Respuesta al párrafo 8 de las observaciones finales

20.Las autoridades islandesas hacen mucho hincapié en la igualdad de género. En 2019 la política en materia de igualdad de género pasó a ser competencia de la Oficina de la Primera Ministra, con el fin de promover la integración de la perspectiva de género y la igualdad en el Gobierno.

21.En 2019 se aprobó el Plan de Acción para la Igualdad de Género en el Gobierno, que tiene por finalidad definir el papel que deben desempeñar las autoridades en cada momento y establecer proyectos que contemplen medidas concretas para promover la igualdad de género. A finales de 2020 se publicó en la página web del Gobierno un panel informativo del Plan de Acción para la Igualdad de Género que permite hacer un seguimiento de las medidas adoptadas.

22.La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido. En 2008, la diferencia salarial no ajustada se situó en el 20,5 % y, en 2020, en el 12,6 %, mientras que la diferencia salarial ajustada fue del 6,6 % en 2008 y del 4,1 % en 2020.

23.En 2018 se aprobó una ley que contempla una disposición especial sobre la exigencia de una certificación de la igualdad de remuneración. El objetivo de dicha certificación es garantizar el igual salario por trabajo igual, combatiendo así las diferencias salariales por razón de género. La ley obliga a las empresas e instituciones con plantillas de 25 o más personas a obtener una certificación de la igualdad de remuneración. La certificación se basa en una norma y, al aplicarla, las empresas e instituciones pueden establecer un sistema administrativo que garantice que el procedimiento y la determinación de las cuestiones salariales se basan en criterios objetivos y no suponen una discriminación por razón de género. Un organismo de certificación acreditado evaluará si se han cumplido todos los requisitos y si se puede conceder la certificación de igualdad de remuneración. La implementación se lleva a cabo por fases; a 29 de septiembre de 2021, un total de 321 empresas e instituciones han recibido dicha certificación. Alrededor del 62 % de los empleados a los que la ley pretendía alcanzar ya se han beneficiado de la certificación de igualdad de remuneración. Además, a finales de 2020, la Primera Ministra nombró un grupo de trabajo para reevaluar el valor de los empleos ejercidos mayoritariamente por mujeres.

24.En el tercer trimestre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres que había presentado Islandia en colaboración con otros varios Estados. La resolución prevé, entre otras cosas, un día especial de las Naciones Unidas dedicado a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El primer Día de la Igualdad Salarial se celebró el 18 de septiembre de 2020.

25.La Dirección de Igualdad se encarga de la supervisión en el ámbito de la legislación sobre igualdad. La Ley de Tratamiento de los Asuntos de Igualdad amplía las funciones de la Dirección y aclara su competencia para imponer multas diarias por el incumplimiento de las leyes de igualdad. La Dirección puede imponer multas diarias a las partes que no proporcionen la información requerida, no sigan las instrucciones para remediar la situación de incumplimiento de acuerdo con la decisión del Comité de Reclamaciones sobre la Igualdad de Derechos, no establezcan un plan de igualdad o no adopten las medidas necesarias en relación con la certificación de la igualdad de remuneración.

26.La incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones en el sector público ha adquirido fuerza de ley. Esto se ha materializado principalmente en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Se está trabajando para promover otros aspectos, y uno de los principales objetivos del Plan de Acción para la Igualdad de Género en el Gobierno es elaborar y aprobar un plan integral sobre la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de políticas y la toma de decisiones de los ministerios e instituciones gubernamentales.

27.La presupuestación con perspectiva de género adquirió fuerza de ley en virtud de la Ley núm. 123/2015 de Finanzas Públicas. En consecuencia, se reconocen los incentivos inherentes y los efectos de la recaudación y el gasto del Estado en la situación y las oportunidades disponibles para los géneros, a fin de poder potenciar la igualdad y mejorar y fundamentar la toma de decisiones. El proyecto de presupuesto de cada año incluye explicaciones sobre los efectos de las principales asignaciones en la igualdad de género. Todos los años se publica un informe básico sobre la presupuestación con perspectiva de género en el que se exponen las consideraciones de género y las cuestiones de género en cada sector de la política pública, así como una visión general de las esferas de interés del Gobierno en materia de igualdad de género. El informe sirve de base para establecer los objetivos del plan fiscal quinquenal y evaluar los efectos de la recaudación y el gasto del Estado en la igualdad de género.

28.En los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto el acento en aumentar el porcentaje de mujeres en puestos influyentes dentro del Ministerio y, aunque la situación todavía se puede mejorar, ya se han dado pasos importantes en esa dirección. En diciembre de 2020, 4 de las 7 Direcciones del Ministerio están dirigidas por mujeres, incluida, por primera vez, la Dirección de Seguridad y Defensa. Las mujeres ocupan un tercio de los puestos de embajador: del total de 17 embajadores, 7 son mujeres. Desde agosto de 2019, la mayoría de los embajadores de las embajadas bilaterales de Islandia son mujeres; aun así, sigue siendo necesario aumentar el porcentaje de mujeres embajadoras. En los próximos años, se hará hincapié en alcanzar un mayor equilibrio en el servicio diplomático a este respecto.

29.De conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de igualdad, los tribunales de justicia se han fijado un plan de igualdad para garantizar la igualdad entre sus empleados. En 2020 había un total de 42 jueces de distrito, de los cuales 17 eran mujeres, es decir, alrededor del 40 %. El Landsréttur (tribunal de apelación) comenzó a funcionar el 1 de enero de 2018, en cumplimiento de la Ley núm. 50/2016 de Tribunales. Su creación ha supuesto grandes cambios en el sistema jurídico islandés. En él trabajan unos 15 jueces, de los cuales 6 son mujeres, es decir, el 40 %. Actualmente, el Tribunal Supremo cuenta con 7 jueces, de los cuales 3 son mujeres, es decir, alrededor del 43 %.

30.El Plan de Acción para la Igualdad de Género vigente contempla una medida destinada a mejorar la posición de las mujeres dentro de la comunidad académica. Se prevé estudiar las razones por las que las mujeres dejan puestos científicos, así como las razones por las que los hombres suelen recibir más ascensos académicos que las mujeres en el campo de la ciencia. Para ello, se examinarán los sistemas de ascenso profesional de las universidades en el contexto de las situaciones familiares y las elecciones profesionales. Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaborará un programa de acción.

Violencia de género

31.Desde que Islandia presentó el último informe se han tomado diversas medidas para acabar con la violencia de género, entre ellas la ratificación del Convenio de Estambul.

32.En 2017 se adoptó un plan de acción sobre el tratamiento de los delitos sexuales en el sistema de administración de justicia. De conformidad con lo previsto en el plan, se creó un grupo directivo para lograr mejoras integrales en el ámbito de la violencia sexual. Una de las principales funciones del grupo era recomendar modificaciones legislativas para mejorar la situación de las víctimas en todo el país. Otra función del grupo era encabezar la labor coordinada del Gobierno de lucha contra todo tipo de violencia de género. Entre otras cosas, el grupo ha elaborado un informe con recomendaciones sobre la revisión de la legislación y la aplicación de esta con miras a mejorar la situación jurídica de las víctimas.

33.El grupo elaboró el informe “#MeToo y las instituciones gubernamentales de Islandia como lugar de trabajo” sobre la base de un examen de las encuestas realizadas sobre el alcance del acoso sexual y por razón de género en el Gobierno, de los planes destinados a prevenir tales comportamientos y reaccionar ante ellos y de las reuniones con profesionales externos y con los funcionarios encargados de la igualdad de género, los guardias de seguridad y los representantes de la seguridad de los empleados de todos los ministerios. Asimismo, en 2019 el grupo también celebró una conferencia internacional sobre los efectos del movimiento #MeToo.

34.En 2019 se elaboró un memorando sobre la violencia de género digital, que incluía recomendaciones sobre modificaciones legislativas, información y formación continua en el sistema de administración de justicia, así como sobre prevención de riesgos. En 2019 el grupo directivo organizó un foro sobre violencia sexual digital en relación con ese documento. Posteriormente, el memorando se presentó al Gobierno y se decidió encomendar a la Ministra de Justicia la revisión de la legislación y su aplicación. El Ministerio de Asuntos Sociales examinará las recomendaciones para mejorar los servicios a las víctimas en relación con la aplicación de un plan de medidas contra la violencia y sus consecuencias.

35.En 2020 se adoptó un plan de prevención de la violencia y el acoso sexual y de género, en virtud del cual el Althingi pidió a la Primera Ministra, a la Ministra de Educación, Ciencia y Cultura, al Ministro de Asuntos Sociales y de la Infancia y a la Ministra de Salud que establecieran medidas preventivas organizadas contra la violencia y el acoso sexual y de género. Estas medidas se integrarán en las actividades educativas y escolares de todos los niveles de enseñanza, y se aplicarán en los centros de actividades extraescolares y los centros para jóvenes, en las actividades deportivas y juveniles y otras actividades recreativas.

36.En 2016, el Código Penal General núm. 19/1940 se modificó para mejorar la protección contra la violencia doméstica. El artículo 218b del Código Penal General vigente establece que “quien amenace reiterada o gravemente la vida, la salud o el bienestar de su cónyuge o excónyuge o pareja declarada, de sus descendientes o de los descendientes de su cónyuge o excónyuge o pareja declarada, o de otras personas que residan en el mismo domicilio o estén bajo su cuidado, con violencia, amenazas, cautiverio, coacción o de cualquier otra forma será castigado con una pena de prisión de hasta 6 años”. Si se trata de un delito grave, se podrán imponer penas de prisión de hasta 16 años.

37.En virtud de la modificación de 2016 del Código Penal General, también se añadió una disposición sobre el matrimonio forzado al artículo 225, párrafo 2, que ahora establece que, si una persona obliga a otra a contraer matrimonio, o la somete a una ceremonia comparable, aunque no tenga valor jurídico, será castigada con una pena de prisión de hasta cuatro años.

38.En 2011 se aprobó la Ley núm. 85/2011 de Órdenes de Alejamiento y Expulsión del Hogar. Su principal objetivo era mejorar la situación jurídica de las víctimas de la violencia, especialmente la violencia doméstica. Antes de la aprobación de la nueva Ley, la carga de solicitar una orden de alejamiento o la expulsión de las personas violentas de su hogar recaía en las víctimas, que rara vez presentaban una solicitud a tal efecto. Ahora, la policía está facultada para dictar órdenes de alejamiento. No es necesario remitir a un tribunal la decisión policial de dictar una orden de alejamiento, a menos que la persona acusada lo solicite en el plazo de dos semanas tras la notificación de la decisión. Además, la policía está facultada para desalojar a una persona de su hogar si constituye una amenaza para los demás convivientes. Dicha decisión se remitirá siempre a un tribunal de justicia. Se designará a la víctima un representante legal.

39.En 2021 se añadió al Código Penal General una nueva cláusula penal sobre el acoso que tipifica como delito el hecho de amenazar, perseguir, vigilar, contactar o, a través de otros medios comparables, hostigar a otra persona de forma reiterada, causándole miedo o ansiedad. También se aprobó la Ley de Protección de la Intimidad Sexual, cuyo objetivo es aumentar la protección contra la violencia sexual digital. La Ley supone, entre otras cosas, la modificación de las disposiciones del Código Penal General sobre los delitos sexuales y la protección de la intimidad.

40.El objetivo del proyecto de cooperación “Construyendo Puentes: Cooperación en Materia de Violencia Doméstica” era compartir la experiencia del uso de métodos que han funcionado en la lucha contra la violencia en las relaciones íntimas, ofrecer información y promover la concienciación de todas las personas que viven en Islandia. La puesta en marcha del proyecto se llevó a cabo en cooperación entre varios organismos policiales, instituciones, ministerios y municipios. Se celebraron numerosas reuniones de información y creación de redes y se realizaron videos informativos. Además, se impartió formación para reconocer a las víctimas y a los agresores y sobre las medidas de respuesta y los recursos en relación con la violencia doméstica, y se prestaron servicios para grupos vulnerables, como personas con discapacidad, personas de origen extranjero y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El proyecto terminó oficialmente en 2019, pero sus resultados, la experiencia adquirida y las redes formadas seguirán siendo útiles en la lucha contra la violencia.

41.Las autoridades islandesas han participado en la campaña “Generación Igualdad” de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). Islandia es uno de los Estados líderes de una alianza de acción cuyo objetivo es erradicar la violencia de género. Se creó un grupo directivo sobre la aplicación de la campaña, al que se le ha encomendado la tarea de presentar recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse en este ámbito de política y preparar su aplicación en cooperación con los demás Estados líderes.

42.En 2020 la Ministra de Educación, Ciencia y Cultura creó un grupo de trabajo sobre la promoción de la educación sexual en las escuelas. Las funciones del grupo de trabajo son formular recomendaciones sobre la impartición de la educación sexual y la prevención de la violencia en los niveles de enseñanza obligatoria y de enseñanza secundaria superior y elaborar una encuesta sobre la impartición de la educación sexual en las escuelas, entre otras.

43.En 2019 se aprobó una resolución parlamentaria sobre medidas contra la violencia y sus consecuencias para el período 2019-2022. El plan interministerial abarca diferentes tipos de violencia y las medidas cubren la violencia física, sexual y psicológica. Se hace especial hincapié en los grupos vulnerables, como los inmigrantes, las personas con discapacidad y las personas de edad. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales ha llegado a un acuerdo con el Centro de Acogida de Mujeres y el Centro de Derechos Humanos de Islandia sobre el proyecto “Conoce tus Derechos: el Conocimiento es Poder”, cuyo objetivo es promover la difusión de información sobre servicios y recursos jurídicos para las mujeres de origen extranjero que viven en Islandia y han sido víctimas de violencia doméstica.

44.En 2019 se revisó el folleto “Tus derechos: información importante para los inmigrantes en Islandia”, en el que se presentan los derechos que se aplican en Islandia a las relaciones íntimas y a las comunicaciones. El folleto, disponible en siete idiomas, incluye referencias a más información tanto de las instituciones como de las organizaciones de la sociedad civil, así como a la asistencia que estas prestan.

Estereotipos

45.Una de las funciones de la Dirección de Igualdad es cambiar la concepción tradicional sobre el género y prevenir los estereotipos de género negativos. Otra de sus funciones es prevenir la violencia de género, en colaboración con otras autoridades y organizaciones. En los últimos años, la Dirección ha trabajado en proyectos especiales, como el proyecto de concienciación sobre las consecuencias de la violencia y los recursos para quienes la sufren bajo el lema “Tienes esperanza” y el proyecto “Libérate de los Estereotipos de Género”, cuyo objetivo era romper con los estereotipos de género tradicionales y las opciones de educación y trabajo específicas de cada género a través de diversos medios.

46.Se ha prestado especial atención a la participación de los hombres en las actividades relacionadas con la igualdad de género, con el fin, entre otras cosas, de luchar contra los estereotipos sobre los roles de género y la violencia de género. El servicio diplomático islandés ha organizado la Caja de Herramientas de la Barbería, creada para la campaña HeForShe de ONU-Mujeres. La Caja de Herramientas permite a particulares, empresas y otros organizar conferencias de la Barbería, con el objetivo de movilizar a hombres y niños en la lucha por la igualdad de género. El Plan de Acción del Gobierno para la Igualdad de Género para el período 2020-2023 contempla un proyecto sobre los hombres y la igualdad que tiene como objetivo abordar el vínculo entre el acoso sexual y de género, y los prejuicios sobre la masculinidad, los límites y el consentimiento, respectivamente.

Artículos 4 y 5. Observaciones generales sobre los derechos reconocidos en el Pacto

47.No se ha producido ningún cambio en relación con estos artículos desde el último informe.

Artículo 6. Derecho al trabajo

Respuesta a los párrafos 9 y 10 de las observaciones finales

48.En lo que respecta a la legislación del mercado laboral, véase el último informe de Islandia al Comité (véase E/C.12/ISL/4, párrs. 73 a 87). Desde la presentación de dicho informe se han introducido diversas modificaciones en la legislación, entre ellas, la modificación del título de la Ley núm. 45/2007, que ahora se llama Ley de Trabajadores Desplazados y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Extranjeros. Además, se introdujeron modificaciones con el objetivo de aplicar la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y garantizar que la remuneración y otras condiciones de servicio de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal se ajusten a lo previsto en la legislación y los convenios colectivos de remuneración aplicables al mercado laboral islandés. También se han introducido varias modificaciones en la Ley núm. 97/2002 de Derechos Laborales de los Extranjeros, entre otros motivos, para responder a las nuevas necesidades del mercado laboral y de la comunidad científica. Ahora la norma es que todos los extranjeros que reciben un permiso de residencia permanente en Islandia están exentos de la obligación de tener un permiso de trabajo.

49.La Ley núm. 86/2018 pretende garantizar la igualdad de trato de las personas en el mercado laboral en lo que respecta al acceso a puestos de trabajo, al trabajo por cuenta propia o a sectores ocupacionales, incluso en relación con la contratación y los ascensos; al acceso al asesoramiento educativo y profesional, a la educación y formación profesionales; a las decisiones en relación con los salarios, otras condiciones de trabajo y el aviso de terminación de contrato; y a la participación en las organizaciones de trabajadores y empleadores, incluidos los incentivos que ofrecen a sus miembros.

50.El plan fiscal para 2021-2025 establece que los principales objetivos de la Dirección de Trabajo son prevenir el desempleo de larga duración y encontrar puestos de trabajo adecuados para los desempleados de larga duración, por ejemplo, mediante acuerdos con empresas e instituciones. El plan también contempla el aumento de la participación en la educación en colaboración con el sistema educativo, así como el aumento del número de personas que hacen uso de los recursos de rehabilitación. La tasa de desempleo registrada se situó en torno al 2,1 % en diciembre de 2016 y al 2,2 % en diciembre de 2017. En diciembre de 2018, fue de alrededor del 2,7 % y, en marzo de 2019, del 3,2 %. Es evidente que la COVID-19 ha afectado considerablemente al mercado de trabajo, ya que la tasa de desempleo registrada aumentó drásticamente en 2020. Nunca ha habido más personas registradas como desempleadas en Islandia que en diciembre de 2020, cuando la tasa de desempleo alcanzó el 10,7 %. Se han adoptado varias medidas temporales para luchar contra el desempleo, entre las que cabe citar la creación del llamado sistema de prestaciones parciales, que permite a los trabajadores y a los empresarios acordar temporalmente una reducción de jornada, durante la cual los trabajadores tienen derecho a las prestaciones por desempleo, con sujeción a ciertas condiciones. También se ha ampliado el período de prestación por desempleo para complementar los ingresos para quienes perdieron su empleo por la COVID-19, y se han aumentado las prestaciones de desempleo básicas. Además, se ha ampliado la autorización para que las personas en desempleo sigan estudiando mientras reciben las prestaciones por desempleo y se han habilitado más fondos para las becas disponibles para cursos relacionados con el trabajo. Asimismo, se amplió la autorización de la Dirección de Trabajo para desembolsar las prestaciones por desempleo a los empleados de las empresas en quiebra. También se amplió el margen para que los empresarios reciban subvenciones de la Dirección de Trabajo para contratar a demandantes de empleo. Además, se han introducido cambios para que las personas que se someten a una rehabilitación ocupacional relacionada con el empleo puedan tener derecho a las prestaciones por desempleo.

51.Debido a la pandemia de COVID-19 se creó un departamento internacional especial en la Dirección de Trabajo para prestar servicios a ese grupo específicamente. También se ha conferido a la Dirección de Trabajo un papel más importante en la oferta de servicios a los refugiados y a las personas a las que se ha concedido un permiso de residencia por razones humanitarias. La Dirección organizará clases gratuitas de islandés y educación cívica para este grupo.

52.En virtud del artículo 7 de la Ley núm. 97/2002 de Derechos Laborales de los Extranjeros, la Dirección de Trabajo concede permisos de trabajo temporales, con sujeción a ciertas condiciones. No obstante, estos permisos de trabajo solo son válidos para trabajar para determinados empleadores. El motivo de ello es que, de ese modo, las autoridades y los sindicatos pueden controlar y garantizar que no se discrimina a los extranjeros, ya que los empresarios especificados están obligados a garantizar el cumplimiento de la legislación y los convenios colectivos. Se podrá conceder a un extranjero un permiso de trabajo temporal, según proceda, para un trabajo específico para un empleador diferente al que se limitaba el permiso de trabajo anterior. En esos casos, la solicitud deberá ir acompañada de una declaración de cese del empleo anterior, junto con un contrato de trabajo por escrito entre el ciudadano extranjero y el nuevo empleador.

53.La Ley núm. 38/2018 de Servicios para Personas con Discapacidad que tienen Necesidades de Apoyo a Largo Plazo garantiza el acceso de las personas con discapacidad a servicios relacionados con el trabajo y la habilitación que aumentan su capacidad para trabajar y participar en la vida cotidiana en igualdad de condiciones con las demás. Además, las autoridades locales gestionarán lugares de trabajo para empleos protegidos y servicios de habilitación y de atención diurna para personas con discapacidad, en los que se les ofrezca acceso a terapias de desarrollo y ocupacional y a formación profesional. La Dirección de Trabajo también ayuda a las personas que tienen una capacidad de trabajo reducida, también en relación con su participación en el mercado laboral. En virtud de la Ley núm. 60/2012 de Rehabilitación Profesional y Actividades de los Fondos de Rehabilitación, las personas que pierden su capacidad de trabajo como consecuencia de una enfermedad o un accidente reciben asesoramiento y recursos destinados a contribuir sistemáticamente a su reincorporación total o parcial al trabajo.

Artículo 7. Derecho a condiciones de trabajo equitativasy satisfactorias

Respuesta al párrafo 11 de las observaciones finales

54.El salario mínimo en Islandia se determina a través de convenios colectivos celebrados entre los sindicatos y las organizaciones empresariales en los que se establecen el salario de los trabajadores y otras condiciones de empleo. El artículo 1 de la Ley núm. 55/1980 de Condiciones de Trabajo y Seguridad Social establece que el salario y las demás condiciones de trabajo negociadas entre las organizaciones del mercado laboral serán el salario mínimo básico para todos los trabajadores del sector específico al que se refiere el acuerdo. No serán válidos los acuerdos entre particulares y empresarios que contemplen condiciones de empleo peores que las previstas en los convenios colectivos generales. La afiliación a un sindicato no es un requisito necesario para que los trabajadores disfruten del salario mínimo, y los empresarios están obligados a cumplir las disposiciones de los convenios colectivos sobre el salario y otras condiciones de empleo.

55.De conformidad con la Ley núm. 46/1980 de Entorno de Trabajo, Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo, la función de la Administración para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es promover un entorno de trabajo seguro y saludable. Dicha Administración ha hecho gran hincapié en la investigación, el registro de los accidentes laborales, la prevención y la promoción de la salud, y mantiene un registro de todos los accidentes laborales. Además, vela por la existencia de condiciones que permitan resolver cualquier problema de seguridad y salud al propio lugar de trabajo. Asimismo, la Administración ofrece cada vez más cursos en polaco e inglés para los inmigrantes que trabajan en Islandia.

56.Se han introducido varios cambios para garantizar mejor la protección de las condiciones de trabajo, la seguridad y un entorno laboral saludable. En 2015 se aprobó la Ley del Seguro por Lesiones Ocupacionales de la Seguridad Social para garantizar la indemnización de la Seguridad Social en caso de accidente de trabajo, independientemente de los ingresos del asegurado. Además, en los últimos años se han aprobado numerosos reglamentos con el objetivo de ampliar la protección de las condiciones de trabajo.

57.En virtud del Reglamento núm. 1009/2015 sobre Medidas contra la Intimidación, el Acoso Sexual, el Acoso por Razón de Género y la Violencia en el Trabajo, los empresarios no tolerarán la intimidación, el acoso sexual o por razón de sexo y la violencia en el lugar de trabajo, y deberán contar con un plan escrito de seguridad y salud en el lugar de trabajo y el correspondiente plan de acción. Si hay indicios de este tipo de comportamiento en un lugar de trabajo, la respuesta será lo más rápida posible y se ajustará a la política y al plan de acción previstos. La Administración para la Seguridad y Salud en el Trabajo ejerce una función supervisora a este respecto y recibe alertas, a las que podrá responder haciendo una visita de supervisión, o como estime apropiado. El incumplimiento de las disposiciones del Reglamento puede acarrear la imposición de multas. Desde 2015, la Administración se ocupa cada año, de conformidad con el Reglamento núm. 1009/2015, de entre 15 y 44 casos.

Artículo 8. Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos

Respuesta al párrafo 12 de las observaciones finales

58.Para una visión general de la legislación sindical, sírvanse consultar los informes anteriores de Islandia al Comité. Tradicionalmente, el salario y otros derechos de los trabajadores por cuenta ajena en el mercado laboral islandés son objeto de negociación entre las organizaciones sindicales y empresariales. Por lo tanto, la elaboración de convenios colectivos en el mercado laboral general está en manos de poderosas organizaciones de interlocutores sociales; el Gobierno no participa en ella. De conformidad con la Ley núm. 80/1938 de Sindicatos y Conflictos Laborales, los interlocutores sociales tienen la opción de remitir los conflictos al Funcionario de Conciliación y Mediación del Estado. La finalidad del proceso actual es promover acuerdos salariales colectivos independientes para evitar la participación innecesaria de las autoridades públicas en estas negociaciones.

Artículo 9. Derecho a la seguridad social

Respuesta a los párrafos 13 y 14 de las observaciones finales

Seguridad social

59.Los importes abonados en concepto de pensión de vejez, pensión de invalidez y prestación por rehabilitación se modifican anualmente cuando se revisa el presupuesto general. Además, en los últimos años se ha incrementado la prestación por hijo a cargo, y en 2020 se desembolsó un complemento especial para contrarrestar las repercusiones económicas de la COVID-19.

60.Desde 2011, el Ministerio de Asuntos Sociales ha publicado los llamados estándares de consumo, cuya última actualización fue en 2019. Estos estándares, que actualmente se están revisando, se elaboran para que las familias del país puedan consultarlas para calcular sus propios gastos. También pueden resultar útiles para las consultas financieras de las personas y servir de base para calcular los gastos de subsistencia. El estándar básico se elaboró con el fin de determinar cuánto dinero necesitan las personas y las familias para mantenerse.

61.El objetivo de la Ley núm. 40/1991 de Servicios Sociales de los Municipios es garantizar la seguridad financiera y social y promover el bienestar. La puesta en marcha de los servicios sociales debe respetar el derecho de las personas a la libre determinación y se deben crear las condiciones para que las personas puedan participar activamente en la sociedad de acuerdo con sus propias condiciones. Los municipios son los responsables de aplicar la ayuda financiera y de determinar su cuantía.

Prestaciones por desempleo

62.Como se indica con más detalle en el anterior informe de Islandia al Comité (E/C.12/ISL/4, párrs. 119 a 126) y en los párrafos sobre el artículo 6, las prestaciones por desempleo se especifican en la Ley núm. 54/2006 de Seguro de Desempleo.

Artículo 10. Derechos de las familias

63.Islandia da mucha importancia al respeto de la diversidad familiar. Desde 2010, la Ley núm. 31/1993 de Matrimonio se aplica al matrimonio entre cualquier pareja, independientemente de su sexo. Para garantizar mejor los derechos de las personas LGBTI a disfrutar de una vida familiar, en el segundo trimestre de 2021 se aprobaron modificaciones a la Ley de la Infancia relativas a la situación parental de las personas trans y de las personas con designación neutra en cuanto al género en el registro civil.

64.En 2013 entró en vigor el nuevo capítulo 1 de la Ley núm. 76/2003 de la Infancia, que introdujo amplias modificaciones. Estas consisten en disposiciones generales que se basan en los principios fundamentales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En virtud de la modificación de 2021 de la Ley de la Infancia, es posible negociar la custodia compartida de los hijos.

Licencia de maternidad, paternidad y parental

65.La Ley núm. 144/2020 de Licencia de Maternidad, Paternidad y Parental entró en vigor el 1 de enero de 2021. La Ley establece el derecho a una licencia de maternidad y paternidad remunerada para todas las madres y todos los padres. El Gobierno ha tomado medidas para animar a las madres y padres a repartir el permiso de forma equitativa para promover la igualdad de género en los hogares y en el mercado laboral. La licencia de maternidad y paternidad se ha ampliado a 12 meses. Cada progenitor tiene derecho a 6 meses de permiso, de los cuales 6 semanas son transferibles, de modo que uno de ellos disfrute de 7 meses y medio de permiso y el otro, de 4 meses y medio. Cuando uno de los progenitores no pueda, por razones específicas, hacer efectivos sus derechos dentro del sistema, podrá transferir su licencia. La prestación mensual que reciben los progenitores por la licencia de maternidad y paternidad asciende al 80 % de su salario bruto medio. El pago máximo de la prestación se ha incrementado en los últimos años y, desde principios de 2019, asciende a 600.000 coronas islandesas mensuales.

Bienestar y protección de la infancia

66.En 2018, los Ministros de Asuntos Sociales e Igualdad, Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Justicia, Transportes y Administración Local y la Asociación de Autoridades Locales firmaron un memorando de entendimiento para eliminar las barreras entre sistemas, mejorar los servicios destinados a los niños y crear una sociedad amiga de la infancia. Posteriormente, un grupo directivo sobre asuntos relacionados con la infancia comenzó su trabajo bajo los auspicios del Gobierno. También se formó una comisión parlamentaria sobre cuestiones relacionadas con la infancia, integrada por representantes de todos los partidos parlamentarios. Su labor sirve de base para una política sobre una Islandia adaptada a la infancia con miras a aplicar plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, mediante una mayor implicación y participación de los niños en el desarrollo de las políticas públicas.

67.Desde hace varios años se está llevando a cabo una compleja labor de revisión del marco social de los asuntos relacionados con la infancia. En el marco de ese trabajo, cabe destacar la elaboración de un panel informativo sobre de bienestar infantil en el que se recogen las estadísticas más importantes que muestran la situación del bienestar infantil en Islandia. El panel servirá de referencia a las autoridades públicas para formular políticas y fijar prioridades, así como para el debate público sobre asuntos relacionados con la infancia. El objetivo principal es ofrecer una visión de conjunto completa del bienestar de la infancia en Islandia, sobre la base de la gran variedad de datos estadísticos disponibles, tanto al Estado como a los municipios. La idea es recoger datos estadísticos sobre diferentes cuestiones y grupos de niños y garantizar que las autoridades tengan una visión general de los elementos que afectan al bienestar de la infancia.

68.En el tercer trimestre de 2021, el Althingi aprobó una nueva ley sobre la integración de servicios en interés del bienestar de la infancia. El objetivo principal de la ley es promover la cooperación de todas las entidades que ofrecen servicios a la infancia y garantizar la supervisión y la armonización de los servicios de diversos organismos.

69.Recientemente se ha revisado la Ley de Protección de la Infancia, con el objetivo de garantizar la mejora de los servicios en interés de los niños, con especial atención al apoyo temprano y los derechos de los niños. Con la revisión también se pretendía aumentar los conocimientos profesionales dentro de las actividades de protección de la infancia, para lo que se introdujeron cambios en la organización administrativa de este ámbito político; los comités de protección de la infancia designados políticamente se suprimirán y sustituirán por consejos de distrito designados profesionalmente.

Personas de edad

70.En virtud de la Ley núm. 125/1999 sobre Asuntos de las Personas de Edad, un comité especial de colaboración sobre asuntos de las personas de edad sirve de enlace entre los ministerios, las instituciones y las organizaciones que actúan en favor de las personas de edad. También está en marcha un fondo especial para el desarrollo de las personas de edad, destinado a promover el desarrollo y los servicios de apoyo a ese grupo de la población. En 2019 se creó un grupo de trabajo sobre el nivel y las condiciones de vida de las personas de edad. Entre sus funciones figuran el estudio de las mejores formas de organizar los servicios para las personas de edad, de la manera en que estas pueden aumentar sus ingresos disponibles mediante una mayor participación en el mercado laboral y retrasando el cobro de sus pensiones y de la manera de disminuir su probabilidad de aislamiento social y de que utilicen mejor las tecnologías modernas en su beneficio. Además, en 2020 se creó un grupo de trabajo para la promoción de la salud de las personas de edad que presenta propuestas sobre las modalidades de proyectos de cooperación para la promoción de la salud que permitan a las personas de edad vivir en su propio hogar el mayor tiempo posible.

Personas con discapacidad

71.Como se ha señalado anteriormente, Islandia ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley de Servicios para Personas con Discapacidad que tienen Necesidades de Apoyo a Largo Plazo tiene por objeto garantizar los servicios y apoyos adecuados a las personas con discapacidad. Entre otras cosas, prevé una asistencia personal adaptada al usuario con miras a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida activa e independiente. La política y el plan de aplicación sobre cuestiones relativas a las personas con discapacidad para 2017-2021 contemplan varias medidas destinadas a garantizar los derechos de esas personas. En el informe inicial de Islandia sobre la aplicación de la Convención se profundiza al respecto.

Solicitantes de protección internacional

72.El 1 de enero de 2017 entró en vigor la nueva Ley núm. 80/2016 de Extranjería, que tiene por objeto garantizar un procedimiento justo, eficaz y humanitario y actualizar la legislación para que se ajuste a los criterios internacionales más estrictos. La Ley ha reforzado los procedimientos y la eficacia para abordar cuestiones relacionadas con las solicitudes de protección internacional, con un enfoque particular en los derechos del niño y la reunificación familiar.

73.La Ley de Extranjería refleja las disposiciones de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Por tanto, se aplica a las personas que han sido víctimas de persecución en sus países de origen o corren el riesgo de ser condenadas a muerte o sometidas a tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, que tienen derecho a la protección internacional en Islandia. Con todo, quien no consiguiere la condición de refugiado podrá obtener un permiso de residencia por razones humanitarias, siempre que haya razones de peso para ello, por ejemplo, una enfermedad grave o unas condiciones sociales difíciles en el país de origen.

74.Los solicitantes de protección internacional en Islandia tienen derecho a que se les proporcione alojamiento mientras se estudia la solicitud, así como a ayuda económica si no pueden mantenerse por sí mismos. También tienen derecho a la atención de la salud general y necesaria, así como a un representante que les preste asistencia jurídica en relación con la solicitud. La Cruz Roja de Islandia ofrece varios servicios de apoyo y asistencia jurídica a los solicitantes, sobre la base de un acuerdo entre la Cruz Roja, la Dirección de Inmigración y el Ministerio de Justicia.

75.La Dirección de Inmigración gestiona un centro de acogida abierto a los solicitantes de protección internacional para garantizarles sus derechos y seguridad, analizar sus necesidades y proporcionarles servicios suficientes. Los solicitantes tienen derecho a recibir asistencia médica hasta el día de su salida o expulsión. Las personas a las que se les concede la condición de refugiada o un permiso de residencia por razones humanitarias disfrutan de un seguro de salud a partir de la concesión del permiso. Las mujeres embarazadas solicitantes de protección internacional deberán tener acceso a atención prenatal y a servicios obstétricos.

76.Las personas a las que se ha concedido un permiso de residencia por motivos de protección internacional, humanitarios o por una conexión especial con el país tienen derecho a la reagrupación con su núcleo familiar, es decir, con su cónyuge e hijos menores de 18 años.

77.De conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 97/2002 de Derechos Laborales de los Extranjeros, los solicitantes de protección internacional a los que se ha concedido un permiso de residencia temporal pueden recibir un permiso de trabajo temporal que será válido hasta que se tome una decisión sobre su solicitud.

78.Los niños que soliciten protección internacional tendrán acceso a la educación obligatoria o una educación comparable dentro del sistema escolar público o en su lugar de residencia, tan pronto como sea posible.

Estereotipos y violencia

Respuesta al párrafo 15 de las observaciones finales

79.Para más información sobre la violencia y los estereotipos de género, sírvanse consultar los párrafos sobre el artículo 3.

Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado

Respuesta al párrafo 16 de las observaciones finales

Pobreza

80.En 2018 se creó un grupo directivo sobre asuntos relacionados con las personas sin hogar con problemas diversos. La función del grupo era examinar los comentarios del Observatorio del Bienestar Social en relación con este ámbito de política, con el objetivo de crear centros de día, mejorar el acceso a los tratamientos para la drogodependencia, aumentar el número de centros de tratamiento, encontrar oportunidades de trabajo, facilitar el alojamiento en residencias para personas de edad sin hogar con diversos problemas, estudiar la escasez de viviendas e investigar formas de acortar el tiempo de tramitación de los casos.

81.En 2019 se publicó un informe sobre un estudio de las condiciones de vida y la pobreza entre los niños de Islandia. Las principales conclusiones del informe son que las condiciones de vida de los niños en Islandia son buenas en comparación con la mayoría de los países de Europa, pero lo más urgente es mejorar las condiciones de vida de las familias monoparentales y sus hijos y estudiar la situación de los hijos de las personas con discapacidad. En el informe se señala que la situación del mercado de la vivienda tiene un efecto considerable en la vida de los niños. Sobre la base del informe, el Observatorio del Bienestar Social presentó recomendaciones al Gobierno, que han contribuido considerablemente al trabajo que se está llevando a cabo en relación con la infancia.

82.El Observatorio del Bienestar Social tiene un papel importante en la transmisión de comentarios a las autoridades durante la situación generada por la COVID-19, para que las autoridades puedan brindar la mayor atención posible a los más perjudicados. Se creó un equipo especial de respuesta de los servicios de bienestar y un equipo de reestructuración del Ministerio de Asuntos Sociales, que han colaborado estrechamente con el Observatorio del Bienestar Social.

Derecho a una vivienda adecuada

83.En los últimos años los precios de venta y alquiler de la vivienda han subido mucho y los jóvenes y las personas con bajos ingresos tienen cada vez más dificultades para comprar su propia vivienda.

84.En los últimos años se han adoptado muchas medidas para mejorar la situación del mercado de la vivienda. En 2016 se estableció un nuevo plan de apoyo a la vivienda, denominado Plan de Viviendas Públicas de Alquiler, que tiene como objetivo aumentar el acceso a una vivienda de alquiler adecuada a precios asequibles de las personas que no alcanzan un determinado umbral de ingresos y bienes inmuebles. Al menos el 30 % del valor de las viviendas públicas de alquiler se financia, entre otras cosas, con capital de base del Estado y de los municipios, lo que facilita su financiación, además de permitir a los operadores ofrecer precios de alquiler más asequibles de lo que correspondería en otras circunstancias. Ya se han desembolsado los fondos para la construcción o compra de 2.625 viviendas públicas de alquiler y el capital de la dotación asciende a 15.900 millones de coronas islandesas. Está prevista una asignación de 4.000 millones de coronas más. El plan pretende aumentar el número de viviendas para personas de edad, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores con bajos ingresos, así como aumentar las viviendas públicas y las soluciones de vivienda especiales para personas con discapacidad, que pretenden sustituir a los antiguos hogares colectivos. Aun así, la demanda de viviendas públicas municipales sigue siendo mayor que la oferta disponible.

85.En 2017 se puso en marcha un nuevo plan de ayuda a la vivienda para personas en alquiler y se sustituyeron las prestaciones de alquiler por las de vivienda. Además, entró en vigor la obligación de los municipios de pagar prestaciones especiales de vivienda a quienes las necesiten; antes, solo un tercio de ellos ofrecía prestaciones especiales para el alquiler.

86.En 2019 se formularon políticas a gran escala con recomendaciones. Entre ellas se encuentran los nuevos préstamos participativos concedidos por el Estado para ayudar a quienes compran vivienda por primera vez y a quienes llevan los últimos cinco años viviendo de alquiler a comprar su propia vivienda. El objetivo de los préstamos participativos es cubrir las necesidades de capital propio en la compra de viviendas mediante la concesión por parte del Estado de un préstamo sin intereses ni pagos de hasta el 20 %, con una aportación de capital propio de al menos el 5 % por parte del comprador y una primera hipoteca del 75 %, durante un máximo de 25 años. También se está recopilando información sobre el mercado de la vivienda de forma más completa que servirá de base para formular unas políticas más específicas en este ámbito y reducir las fluctuaciones del mercado de la vivienda. Otras medidas que cabe mencionar son el fomento del mercado de la vivienda fuera de la zona de la capital mediante, entre otras cosas, la creación de una empresa pública especial de alquiler.

Artículo 12. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Respuesta al párrafo 17 de las observaciones finales

87.La Ley núm. 40/2007 del Servicio de Salud establece que todos los habitantes del país tendrán acceso a la mejor atención sanitaria disponible en cada momento para proteger su salud mental, física y social. Además, la Ley núm. 74/1997 de Derechos del Paciente prohíbe discriminar a los pacientes por sus características personales o su condición social. En 2019 se adoptó la política sanitaria hasta el año 2030. Uno de sus objetivos es definir mejor el papel de cada uno de los elementos de los servicios de salud y su interacción.

88.La política pública de Islandia consiste en promover los centros de salud como primera parada de los usuarios del sistema de atención de la salud. Se han tomado varias medidas para fomentar esta función de los centros de salud y se han ampliado los servicios que ofrecen. Se ha hecho hincapié en el aumento de la cooperación interdisciplinaria para satisfacer mejor las diversas necesidades de los usuarios y promover servicios continuos. Se han creado equipos de salud mental en todos los distritos sanitarios, así como equipos especializados en salud mental que atienden en todo el país. Se asignaron fondos especiales a los centros de acogida que promueven la salud y que están destinados a atender a personas de edad o con enfermedades crónicas. Se han reducido sistemáticamente las tarifas de admisión en los centros de salud y se ha introducido un sistema de derivación de los servicios a los niños que garantiza su gratuidad. Los servicios de los centros de atención de la salud son gratuitos para los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad y durante el embarazo.

89.Se hace hincapié en el fomento de los servicios de atención de la salud electrónicos, como los servicios de atención de la salud a distancia en todo el país. El objetivo es intentar igualar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud y aumentar la eficacia y la calidad de estos. Se ha trabajado para que el mayor número posible de personas pueda utilizar los servicios electrónicos de atención de la salud. En este contexto, cabe mencionar que el 96 % de los hogares islandeses tienen acceso a Internet. Se ha garantizado la accesibilidad mediante la aplicación de la norma de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), así como ofreciendo asistencia especial por teléfono o por el chat de la red.

90.Se han tomado medidas para aumentar la igualdad en el sistema de atención de la salud, por ejemplo, modificando los sistemas de copago de los medicamentos y los servicios de atención de la salud y estableciendo acuerdos para una mayor participación del Seguro de Salud islandés en el costo de la atención odontológica de los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

91.Según los límites establecidos, los pacientes podrán pagar por los servicios de atención de la salud hasta 75.802 coronas islandesas anuales y 26.753 coronas islandesas mensuales. El límite es menor en el caso de las personas con discapacidad y las personas de edad (50.538 coronas anuales y 17.835 coronas mensuales), así como en el de los niños que reciben servicios sin una derivación. Todos los servicios de atención de la salud son gratuitos para los niños menores de 2 años. Los servicios médicos generales son gratuitos para todos los niños. Los servicios médicos especializados son gratuitos para los niños de 2 a 7 años, siempre que los haya derivado un médico generalista o de atención primaria. No obstante, los niños que reciben este tipo de servicio sin ser derivados pagan el 30 % de su costo hasta alcanzar el límite máximo.

92.El Seguro de Salud de Islandia participa en el pago de los medicamentos. El sistema de copago para la compra de medicamentos se basa en un esquema escalonado en el que cada persona paga proporcionalmente menos a medida que aumentan sus gastos en la compra de medicamentos durante un período de 12 meses. La primera vez, se paga el precio íntegro de los medicamentos; la segunda, el 15 %, y la tercera, el 7,5 %. Cuando los gastos alcanzan un determinado tope, el Seguro de Salud de Islandia paga la totalidad de los medicamentos durante el resto del período. El objetivo principal de este plan es garantizar la igualdad entre las personas y reducir los costos para aquellas que necesitan tomar muchos medicamentos. El límite es menor para los mayores de 67 años, las personas con discapacidad y los niños y jóvenes menores de 22 años.

93.Desde 2018, todos los niños tienen derecho a atención odontológica gratuitos, excepto una cuota anual por los servicios de 2.500 coronas islandesas. Desde el 1 de septiembre de 2018 el Seguro de Salud de Islandia sufraga la mitad del costo de los servicios dentales generales para las personas de edad y las personas con discapacidad. También cubre íntegramente los servicios dentales generales de las personas de edad y las personas con discapacidad que lleven mucho tiempo enfermas y estén ingresadas en hospitales, residencias de ancianos o centros de atención en institutos gerontológicos. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad del desarrollo, de 18 años o más.

Enfermedades infecciosas y COVID-19

94.La aplicación de las medidas de control de las enfermedades infecciosas incumbe a la Dirección de Salud, bajo la supervisión del Ministerio de Salud. El Jefe de Epidemiología, que trabaja en la Dirección de Salud, es responsable de los controles de enfermedades infecciosas.

95.La preparación para la COVID-19 en Islandia se lleva a cabo en el marco de un plan de acción elaborado por el Jefe de Epidemiología y el Comisionado Nacional del Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Policía de Islandia. Las autoridades establecen quiénes deben guardar cuarentena y mantenerse aislados debido a la COVID-19 en cada caso. Las personas que deban cumplir cuarentena o aislarse, pero que no tengan un lugar al que ir o para las que no sea aconsejable la cuarentena o el aislamiento en casa, pueden permanecer en un centro de cuarentena público, en consulta con las autoridades sanitarias de cada lugar. El Jefe de Epidemiología se ocupa de la organización y coordinación de la vacunación contra la COVID-19.

Esterilización y aborto

96.La Ley núm. 35/2019 de Procedimientos de Esterilización entró en vigor en mayo de 2019. El objetivo de la Ley es garantizar que todas las personas puedan decidir libremente si se someten a un procedimiento de esterilización y promover los derechos humanos y la seguridad de la persona. Las personas mayores de 18 años que así lo deseen podrán someterse a una esterilización.

97.En septiembre de 2019 entró en vigor la nueva Ley núm. 43/2019 de Interrupción del Embarazo, cuyo objetivo es garantizar el respeto del derecho de las mujeres a la libre determinación. Deberá ser la propia mujer quien solicite la interrupción del embarazo y en todos los casos será necesario su consentimiento informado, independientemente de su edad.

Cuestiones de salud mental

98.En 2016 se adoptaron una política y un plan de acción en materia de salud mental hasta 2020, centrados principalmente en la integración de los servicios para personas con problemas de salud mental y para sus familias, así como en la promoción de la atención a la salud mental y las medidas preventivas, con especial atención a los niños y los jóvenes. La política y el plan también tienen en cuenta a los distintos grupos marginados y las etapas vulnerables de la vida y contemplan medidas para disminuir los prejuicios y la discriminación. Los centros de atención de la salud tienen un papel importante en la promoción de los servicios de atención a la salud mental. Se ha hecho hincapié en aumentar el número de psicólogos y de equipos médicos interdisciplinarios en los centros de atención de la salud de todo el país. Además, las contribuciones financieras directas a la atención de la salud mental han aumentado considerablemente de 2018 a 2021, y se destinó una asignación especial a la atención de la salud mental en respuesta a la COVID-19.

99.La espera para recibir servicios de equipos especializados en salud mental es larga, también en el caso de los niños. La falta de personal para los equipos es una de las razones. El Ministerio de Salud ha presentado una propuesta parlamentaria sobre la creación de un consejo nacional interdisciplinario sobre la dotación de personal y la formación en los servicios de atención de la salud. Cabe mencionar también que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Sociales trabajan codo con codo para analizar las razones del largo tiempo de espera de los niños y tienen previsto seguir colaborando para mejorar los servicios y reducir el tiempo de espera.

100.En diciembre de 2019 se creó un equipo de atención de la salud mental para prisiones y, en junio de 2020, se financió un equipo especial para personas con trastornos del desarrollo y problemas de salud mental. También se creó un equipo de atención de la salud mental dedicado a la protección de la familia. El Servicio de Atención de la Salud del Área de Reikiavik gestiona estos equipos, que dan servicio a todo el país.

101.En 2018 se inició una colaboración periódica entre el Ministerio de Salud y los beneficiarios de los servicios de atención de la salud mental centrada en la mejora del sistema de atención de la salud para atender mejor las necesidades de las personas con problemas de salud mental. En el marco de la lucha contra la COVID-19, se creó un consejo temporal de salud mental que tiene la función de integrar sistemáticamente las medidas y garantizar la coordinación de la difusión de información a los grupos vulnerables. La Dirección de Salud y el Ministerio de Salud han supervisado la situación de la salud pública y la salud mental en relación con la COVID-19. Dos grupos de trabajo se han encargado de supervisar, respectivamente, la salud pública y la salud mental en estos tiempos de pandemia.

102.La Dirección de Salud ha organizado un proyecto centrado en una sociedad y unas escuelas que promueven de la salud, cuyo objetivo es promover una mejor salud y el bienestar entre la población del país y en todos los niveles de enseñanza. En 2020 un grupo de trabajo de la Dirección de Salud sobre la promoción de la salud mental presentó un informe que incluía varias sugerencias.

Prevención del abuso del alcohol y la toxicomanía

103.La política de prevención del abuso del alcohol y la toxicomanía hasta 2020 hace hincapié en la prevención y en la reducción de los daños que el abuso del alcohol y los estupefacientes provoca en las personas, las familias y la comunidad. El Seguro de Salud de Islandia y el Centro Nacional de Medicina Especializada en el Tratamiento de Adicciones han llegado a un acuerdo sobre el funcionamiento de los programas de tratamiento del abuso del alcohol y la toxicomanía. El Centro Nacional de Medicina Especializada en el Tratamiento de Adicciones gestiona centros de desintoxicación y rehabilitación para alcohólicos y otras personas que abusan de sustancias, y también ofrece terapia para las familias de los adictos.

104.El Landspitali (Hospital Universitario Nacional de Islandia) se ocupa de la rehabilitación de niños con problemas de adicción desde 2019. Para ello, cuenta con un equipo interdisciplinario de rehabilitación con conocimientos profesionales formado por miembros del Centro de Tratamiento de Adicciones, el Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y las autoridades de protección de la infancia. Una vez finalizado el tratamiento en el Landspitali, el hospital se encarga de colocar a los niños con problemas de abuso de sustancias y adicción en el programa de tratamiento adecuado, como el Departamento de Psiquiatría para Niños y Adolescentes, Stuðlar, u otras opciones de tratamiento, según convenga en cada caso.

105.La Cruz Roja Islandesa, con el apoyo del Estado, ha puesto en marcha un servicio destinado a los consumidores de drogas intravenosas. Se les ofrecen servicios de reducción de daños en forma de atención de la salud y un programa de intercambio de agujas hipodérmicas. En el segundo trimestre de 2020 se aprobó una ley que faculta a los municipios para establecer centros de consumo supervisado de drogas para personas de 18 años o más.

Artículos 13 y 14. Derecho a la educación

Respuesta al párrafo 18 de las observaciones finales

106.La política educativa islandesa se recoge en la legislación sobre asuntos educativos, en las Directrices del Plan de Estudios Nacional y en diversos documentos de política general del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Los principales objetivos de la política en materia de educación son crear un entorno que fomente los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, así como el nivel de enseñanza universitaria y la educación continua, sentar las bases para la participación activa en una sociedad democrática, y proporcionar una preparación adecuada y diversas oportunidades para la educación superior y el empleo en el mercado laboral. La política educativa recogida en las Directrices para los Planes de Estudios Nacionales para los centros de enseñanza preescolar, primaria y secundaria se basa en seis pilares básicos fundamentales: la alfabetización, la sostenibilidad, la salud y el bienestar, la democracia y los derechos humanos, la igualdad y la creatividad. La educación fundada en la democracia y los derechos humanos se basa en el pensamiento crítico y la deliberación sobre los valores fundamentales de la sociedad. Este tipo de educación se basa en la colaboración dentro y fuera de las escuelas.

107.El nivel de enseñanza preescolar es el primer nivel del sistema escolar. Alrededor del 97 % de los niños de entre 3 y 5 años van a la escuela infantil. La educación obligatoria general en las escuelas primarias se extiende desde los 6 a los 16 años; todos los alumnos tienen derecho a una educación adecuada y gratuita. Tras la educación obligatoria, todos los niños tienen derecho a ir a la escuela secundaria, pero el deber de informar y educar termina a los 18 años. La educación obligatoria no es totalmente gratuita, ya que la legislación contempla el cobro por los materiales de escritura, las excursiones escolares, el comedor escolar y las actividades de ocio. La mayoría de los municipios, que suman cerca del 99 % del alumnado, ya han suprimido las tasas por los materiales de escritura, y algunos han ido incluso más allá.

108.La política educativa actual establece la igualdad de oportunidades de estudio y la educación inclusiva en los niveles de enseñanza preescolar, obligatoria y secundaria superior. No obstante, ha resultado difícil garantizar unos servicios coordinados y basados en los derechos. La Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa concluyó en su evaluación de la aplicación de la política de educación inclusiva realizada en 2017 que la legislación y el desarrollo de políticas favorecen el logro de los objetivos de la educación inclusiva y cumplen con las obligaciones internacionales y que el sistema educativo en su conjunto está bien financiado, pero la asignación de esos fondos debe reconsiderarse para apoyar mejor la política de educación inclusiva. No obstante, la Agencia también señala en las conclusiones que la política no se ha aplicado sistemáticamente en el sistema educativo islandés. Desde entonces, se ha vuelto a evaluar la aplicación de esa política y se ha establecido una colaboración sistemática dentro del sistema educativo y se ha hecho más hincapié en la colaboración interministerial, así como con los municipios, en los asuntos relacionados con la infancia y la juventud. Además, se formó un grupo directivo con las principales partes interesadas del sistema educativo para elaborar un plan de acción sobre la base de las conclusiones de la evaluación. Este grupo ha hecho posible la elaboración de diversos planes. El objetivo de esa labor era seguir garantizando la integración de los servicios en beneficio del bienestar de los niños, incluidos los niños con discapacidad. Las oportunidades educativas de las personas con discapacidad, y especialmente de las personas con discapacidad de desarrollo, después de la enseñanza secundaria superior han sido limitadas, pero las autoridades de educación y asuntos sociales han trabajado por ofrecer recursos educativos adecuados para ese grupo.

109.En 2014 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura publicó un libro blanco sobre la reforma de la educación, basado en la premisa de que, en el futuro, los jóvenes de Islandia deberían tener las mismas oportunidades para vivir y trabajar en un mundo en constante transformación en comparación con otros países. Su finalidad era que la educación en Islandia fuera comparable a la mejor educación disponible en el extranjero. El libro blanco estableció dos objetivos principales para las reformas educativas hasta 2018, uno relativo a la lectura y la alfabetización y el otro a que los alumnos terminen la enseñanza secundaria superior cuando corresponde.

110.En el segundo trimestre de 2021 el Althingi adoptó la política de educación hasta 2030. Esta se elaboró en consulta con la comunidad educativa y otras partes interesadas. Su objetivo es ofrecer una educación excelente en un entorno en el que todos puedan aprender y se tenga en cuenta a todos. La política, que se pretende aplicar en tres fases, se basa en cinco pilares: igualdad de oportunidades para todos, enseñanza de primer nivel, competencia para el futuro, bienestar como principio y calidad como prioridad. El lema de la nueva política educativa es “Una educación excelente para la vida” y sus valores son la resiliencia, la valentía, el conocimiento, la felicidad y la sostenibilidad. Al inicio de cada fase de aplicación se presentará un plan, junto con las medidas que se adoptarán y los indicadores clave de desempeño.

111.Las contribuciones financieras a la educación se han incrementado en los últimos años, por ejemplo, en relación con los objetivos establecidos sobre la base del mencionado libro blanco de 2014. En el marco de las medidas para hacer frente a la COVID-19, se ha asignado una contribución adicional a las escuelas secundarias y a las universidades para garantizar un mayor acceso a la educación y la formación.

112.Aunque la mayoría de los niños se matriculan en la enseñanza secundaria superior, la tasa de abandono escolar ha sido un problema constante, especialmente entre los niños de origen extranjero. El porcentaje de estudiantes que se gradúan a su debido tiempo de la escuela secundaria superior ha aumentado lentamente. En 2006 era del 45 %, pero en 2017 subió al 54 %. El porcentaje de inmigrantes que se gradúan de la secundaria superior sigue siendo menor; en 2017 era del 28,2 %. Se ha procurado revertir esta situación, entre otras cosas, mediante la adopción de un plan especial de medidas para reducir la tasa de abandono escolar. Además, el plan de aplicación de 2016 sobre asuntos relacionados con los inmigrantes hace hincapié en la igualdad de condición y de oportunidades para la educación y establece que se trabajará sistemáticamente para reducir la tasa de abandono de los inmigrantes en las escuelas secundarias superiores mediante el apoyo en todos los niveles escolares, entre otras cosas, a través de un mayor hincapié en la enseñanza de la lengua materna. En 2020, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura publicó una guía en tres idiomas sobre las ayudas disponibles y el fortalecimiento de la colaboración para fomentar el bilingüismo activo en las actividades escolares y de ocio.

113.En 2020, un grupo de trabajo bajo los auspicios de la Ministra de Educación, Ciencia y Cultura presentó un proyecto de política sobre la educación de los niños y jóvenes de distintos orígenes lingüísticos y culturales. Este avance político es un paso importante en el camino hacia la promoción del marco del sistema educativo para mejorar las condiciones de los estudiantes plurilingües. El grupo de trabajo formuló recomendaciones sobre las actividades escolares multiculturales, los estudios continuos, el islandés como segunda lengua, los padres y madres y el multilingüismo, los solicitantes de protección internacional, la formación del profesorado y la investigación en materia de enseñanza. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura trabaja en un plan de acción que se prevé que estará listo en 2021.

Artículo 15. Derecho a participar en la vida cultural

Respuesta al párrafo 19 de las observaciones finales

114.En 2013 se adoptó una política cultural. Se trató de la primera vez que Islandia adoptó una política estatal especial en el ámbito de las artes y el patrimonio cultural, lo que garantiza la participación del Estado en estos ámbitos políticos. La política se apoya en cuatro pilares: en primer lugar, la creatividad y la participación en la vida cultural; en segundo lugar, el hincapié en la buena accesibilidad a las artes y al patrimonio cultural; en tercer lugar, el hincapié en la importancia de la cooperación del Estado con las numerosas personas y organismos que trabajan en el ámbito cultural; y, por último, la importancia de la participación de niños y jóvenes en la vida cultural.

115.Las escuelas del país, a todos los niveles, pueden y deben desempeñar un papel importante en la igualdad de acceso de los niños a la cultura e integrar la creatividad y el arte en las actividades escolares. El objetivo del proyecto “Arte para Todos” es elegir actividades artísticas y ofrecerlas a los niños y jóvenes de todo el país; de este modo, se equipara el acceso de los niños en edad de escolarización obligatoria a actividades artísticas diversas y de calidad, independientemente de su residencia y situación económica.

116.En 2014 se adoptó una política de juventud que hace hincapié en los elementos que promueven el necesario desarrollo y estructuración de las actividades para jóvenes en Islandia. El Gobierno también ha tomado amplias medidas para limitar la interrupción de las actividades deportivas y de ocio en relación con la COVID-19. Se está elaborando una nueva política de actividades comunitarias y de ocio para niños y jóvenes hasta 2030, en amplia consulta con las partes interesadas. El objetivo es ofrecer a los niños y jóvenes la oportunidad, a través de actividades comunitarias y recreativas organizadas, de participar de acuerdo con sus propias condiciones, desarrollarse en un entorno seguro y, al mismo tiempo, defender los valores fundamentales para la vida en una sociedad democrática.

117.En 2019 se adoptó una nueva política de deportes, cuyos principios rectores siguen siendo la participación activa y el acceso de todos a las actividades deportivas. La política hace hincapié en una cooperación más estrecha dentro del movimiento deportivo, la participación de los jóvenes multilingües y la igualdad. Define los proyectos prioritarios, sobre todo teniendo en cuenta tres factores: garantizar el fácil acceso de los participantes, independientemente de su origen y situación, garantizar la seguridad de las instalaciones utilizadas para las actividades deportivas tanto para los usuarios como para el personal, y apoyar el marco profesional de las actividades deportivas en el país.

118.De conformidad con la Ley núm. 40/1991 de Servicios Sociales de los Municipios, las personas con discapacidad tendrán acceso a los servicios de transporte con el fin de permitirles ir a donde quieran, de la manera y a la hora que elijan, a un precio razonable. El objetivo de los servicios de transporte para personas con discapacidad es permitir que las personas que no pueden utilizar el transporte público debido a una discapacidad puedan trabajar, estudiar y realizar actividades de ocio.

119.La formulación de la política pública de ciencia y tecnología de Islandia incumbe al Consejo de Política Científica y Tecnológica, que presenta una política científica y tecnológica cada tres años. Dicho Consejo trabaja actualmente en la política para 2020-2022. Uno de los principales objetivos de la política vigente es que la investigación y la innovación sirvan a la comunidad para afrontar los retos a los que se enfrenta la sociedad. La política también contempla una medida destinada a promover la comunicación científica y crear un marco que garantice al público y a las instituciones públicas el acceso a la información basada en pruebas.