Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Séptimo informe periódico que Suecia debía presentar en 2021 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 1 de noviembre de 2021]

Introducción

1.Este informe se ajusta al procedimiento simplificado de presentación de informes (A/RES/68/268). El informe, que contiene respuestas detalladas a la lista de cuestiones dirigidas a Suecia por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en noviembre de 2020 (E/C.12/SWE/QPR/7), constituye el séptimo informe periódico de Suecia en virtud del artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2.El 28 de septiembre de 2021 se celebró un foro de discusión con la sociedad civil con el objetivo de obtener opiniones sobre la lista de cuestiones del Comité y proporcionar información sobre el proceso. La sociedad civil pidió que se mejorara el proceso de diálogo con el Gobierno antes y después de la presentación de informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Gobierno sueco invitará a las organizaciones de la sociedad civil sueca a un diálogo en diciembre de 2021 sobre la mejora de la cooperación en relación con el proceso del informe.

I.Cuestiones de particular importancia

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones (E/C.12/SWE/QPR/7)

3.Suecia no tiene una definición oficial de pobreza. En la evaluación ex ante y ex post de las medidas y reformas de política, las Oficinas del Gobierno elaboran y presentan periódicamente estadísticas sobre la desigualdad de los ingresos, la distribución de la renta y la pobreza. En cuanto a las estadísticas en materia de pobreza presentadas en el proyecto de ley presupuestaria, estas incluyen, por ejemplo, mediciones relativas y absolutas, datos sobre privación material y estadísticas sobre la proporción de hogares que reciben asistencia social. Además, la Oficina de Estadística de Suecia elabora y publica diversas estadísticas sobre la proporción de personas con ingresos bajos (y altos), en las que se incluyen mediciones relativas y absolutas. La medida más utilizada es la proporción de individuos cuyos ingresos son inferiores al 60 % del ingreso disponible igualado, medida que equivale al indicador de riesgo de pobreza acordado por la Unión Europea (UE), pero que se basa en el registro fiscal nacional de Suecia e incluye una escala de equivalencia nacional. Las estadísticas presentadas a continuación se basan en esta medida.

4.La asistencia social es una ayuda económica temporal de la municipalidad para las personas que no pueden mantenerse por sí mismas. Los servicios sociales de cada municipalidad deciden en cada caso individual las prestaciones de asistencia social a que tiene derecho la persona.

5.La asistencia social es una prestación condicionada por los ingresos y el patrimonio de la persona, que tiene la obligación de agotar todos los demás medios de subsistencia y de buscar activamente un empleo. De conformidad con la legislación, si una persona no puede obtener otros medios de ingresos tiene derecho a recibir asistencia social para alcanzar un nivel de vida determinado.

6.Cada año, el Gobierno sueco establece una norma nacional para la alimentación, la ropa y el calzado, la higiene, el ocio y las aficiones, el seguro infantil, los bienes de consumo, la prensa y el teléfono, es decir, los gastos de subsistencia. Esta norma incluye una parte individual que depende del tamaño del hogar, del número de niños y sus edades, de si los niños y los jóvenes almuerzan en casa y de si los adultos del hogar son ocupantes solteros o parejas convivientes. Además de la norma nacional, una persona tiene derecho a una ayuda para los gastos razonables de vivienda, electricidad, seguro de hogar, desplazamientos al trabajo y viceversa, seguro de desempleo y afiliación a un sindicato.

7.Las políticas de lucha contra la pobreza combinan diversas medidas en materia de políticas laborales activas y pasivas, sistemas de seguro social, que incluyen las pensiones, con una cobertura relativamente alta, y servicios sociales, entre ellos la asistencia social.

8.Dentro de estas medidas de política, entre las que están específicamente dirigidas a los grupos con bajos ingresos y en riesgo de pobreza figuran las siguientes:

Hogares con hijos

9.En 2021, se elevó la ayuda alimentaria para los progenitores solos que viven con sus hijos, sea cual fuere la edad. Para los niños de 15 años o más, esto supone un aumento total de 650 coronas suecas con respecto a 2017.

Personas con discapacidad

10.En marzo de 2020, el Gobierno encargó a la Agencia del Consumidor que proporcionara a la Agencia del Seguro Social material de referencia sobre el costo normal de la vida. El objetivo es facilitar a dicha Agencia la evaluación de lo que constituye un costo adicional razonable de una persona con discapacidad y, de este modo, simplificar la tramitación de las prestaciones de costos adicionales y acortar los plazos de tramitación.

11.En noviembre de 2020, el Gobierno encargó a la Inspección del Seguro Social que analizara el resultado de la reforma de las ayudas a las personas con discapacidad. El informe final se presentará el 30 de septiembre de 2022.

Personas beneficiarias de indemnización por enfermedad

12.En 2018 se aumentó la proporción del subsidio complementario de vivienda para las personas que reciben una indemnización por enfermedad y, al mismo tiempo, se incrementó el límite máximo de los gastos de vivienda. El subsidio complementario de vivienda está sujeto a la verificación de ingresos.

13.La cuantía básica de la indemnización por enfermedad aumentó a mediados de 2018 y, a partir de ese año, las personas que recibían una indemnización por enfermedad obtenían una reducción fiscal.

14.En el proyecto de ley presupuestaria para 2022, el Gobierno propone aumentar el nivel garantizado y el límite máximo del subsidio de vivienda para quienes reciben indemnización por enfermedad y pérdida de actividad, subsanar la disparidad fiscal para las personas que reciban esas indemnización y aumentar el límite máximo del seguro de enfermedad.

Pensionistas y personas de 65 años en adelante

15.En 2018, se incrementó la cuantía del subsidio complementario de vivienda para los pensionistas y el límite máximo de los gastos de vivienda. En 2020 se introdujo un nuevo aumento. El subsidio complementario de vivienda está sujeto a la verificación de ingresos.

16.En 2020, la pensión garantizada se incrementó en 200 coronas suecas al mes, además de su revalorización con arreglo al costo de vida.

17.Se aumentaron las ayudas a las personas mayores para sufragar la vivienda y otras necesidades de los mayores de 65 años que no tienen pensión o no tienen derecho a una pensión completa.

18.También se redujo el impuesto a los pensionistas de bajos ingresos, que se armonizó con el del ingreso procedente de empleo remunerado.

19.El 1 de septiembre de 2021, se introdujo una nueva prestación complementaria del régimen de pensiones, el complemento de ingresos de pensión, de un máximo de 600 coronas suecas al mes para las personas con una pensión mensual de entre 9.000 y 17.000 coronas suecas.

Cuadro 1

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, 2019, en porcentaje

	Total	De 0 a 19 años de edad	De 20 años o más
Total	15,1	19,6	13,8
Nacidos en Suecia	11,6	15,7	10,1
Nacidos fuera de Suecia	31,2	54	27,8

20.En 2019, la proporción de niños que viven en familias con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana fue del 22,7 % para los menores de 6 años, del 19,6 % para los de 6 a 12 años y del 16,2 % para los mayores de 13 años. Se registran diferencias entre los grupos de edad, pero no entre los géneros.

Cuadro 2

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, 2019, en porcentaje

	M ayores de 65 años	De 65 a 79 años	De 80 años o más
Mujeres solteras	34,7	29,9	41
Hombres solteros	23,3	24	21,6
Parejas convivientes	5,2	4,6	7,6

Cuadro 3

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, mayores de 20 años, 2019, en porcentaje

	2019
Todos	13,8
Madres solas con hijos de 0 a 19 años	38,4
Padres solos con hijos de 0 a 19 años	22,2
Parejas convivientes con hijos de 0 a 19 años	10,3

Cuadro 4

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, de 20 a 64 años, 2019, en porcentaje

	De origen extranjero	De origen sueco
Total	25,1	8,7
Estudiantes	40	23,8
Personas desempleadas	60,8	42,6
Personas en licencia de enfermedad	42,7	42,1
Personas en licencia parental	62,7	23,4

Cuadro 5

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, por año desde la inmigración, 2019, en porcentaje

	Total	De 0 a 19 años de edad	De 20 años o más
Total	15,1	19,6	13,8
Nacidos en Suecia	11,6	15,7	10,1
Nacidos fuera de Suecia	31,2	54	27,8
De 1 a 2 años en Suecia	48,5	63,6	40,6
De 3 a 4 años en Suecia	48,3	64,5	42
De 5 a 9 años en Suecia	37,3	49,4	34
De 10 a 19 años en Suecia	28,7	30,4	28,5
20 años o más en Suecia	19,6	n. a.	19,6

21.La tasa de pobreza es menor para los que trabajan que para el resto de la población en edad activa que no lo hace, lo que indica que el trabajo es un factor importante para evitar la pobreza relativa. La proporción de personas con empleo y en situación de pobreza es mayor para las que tienen un origen extranjero que para las nacidas en Suecia. Las estadísticas anteriores indican que el tiempo transcurrido desde la inmigración es un factor que determina el riesgo de pobreza.

22.Un factor importante de la pobreza de las personas con empleo es la baja intensidad del trabajo, es decir, el trabajo a tiempo parcial, que es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. A fin de hacer frente a la pobreza de las personas con empleo, se han adoptado medidas que, fuera de la de promover el aumento de las horas de trabajo, entran principalmente en el marco del seguro social y la asistencia social. El sistema de seguro social ofrece una indemnización económica a los hogares con baja intensidad de trabajo. Los sistemas que proporcionan esta indemnización son los seguros con un nivel garantizado para personas con ingresos bajos y la indemnización en función de los ingresos. Ejemplos de ello son la prestación por enfermedad, la prestación por desempleo y la licencia parental. También existen prestaciones sujetas a la verificación de ingresos para ayudar a las personas con bajos ingresos y/o con una carga de manutención, como, por ejemplo, los subsidios de vivienda.

Cuadro 6

Proporción de personas en el hogar con un ingreso disponible inferior al 60 % de la mediana, por tipo de hogar, de 20 a 64 años, 2019, en porcentaje

	De origen extranjero	De origen sueco
Total	25,1	8,7
Empleadas	9,4	2,6
Desempleadas	52,7	32,8

Cuadro 7

Razones para el trabajo a tiempo parcial de las mujeres y los hombres en 2020, de 20 a 64 años, en porcentaje

Falta de trabajo a tiempo completo/ búsqueda de trabajo a tiempo completo	Mujeres	21,6
	Hombres	26,6
Cuidado de niños	Mujeres	15,7
	Hombres	7,7
Prefieren no trabajar a tiempo completo/no dan ninguna razón	Mujeres	11,9
	Hombres	11,4
Enfermedad/disminución de la capacidad de trabajo	Mujeres	9,6
	Hombres	9,7
Estudios	Mujeres	12,5
	Hombres	16,2
Trabajo física y/o mentalmente exigente	Mujeres	9,8
	Hombres	4,1
Múltiples empleos	Mujeres	5,7
	Hombres	6,9
Cuidado de niños y familiares adultos	Mujeres	1,9
	Hombres
Otras	Mujeres	10,9
	Hombres	16,1
Total	Mujeres	100
	Hombres	100

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

23.La posibilidad de solicitar asistencia social no ha cambiado en Suecia por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Medidas temporales debido a la COVID-19

24.El Gobierno introdujo una serie de reformas temporales destinadas a limitar la propagación de la infección, reducir la carga de los servicios sanitarios y disminuir las repercusiones económicas de la COVID-19 en las personas y las empresas. A partir del 1 de octubre de 2021 expiraron varias reformas y prestaciones temporales.

25.La deducción de la remuneración por enfermedad durante un período de carencia se suprimió temporalmente a partir del 11 de marzo de 2020. Los autónomos que tienen un plazo de carencia al inicio de su licencia de enfermedad pueden recibir reembolsos durante los primeros 14 días. Toda persona que esté desempleada, en licencia parental o no reciba remuneración por enfermedad en su trabajo percibe la prestación por enfermedad sin deducción durante el plazo de carencia.

26.Desde abril de 2020, el Gobierno reembolsa a los empleadores los costos de las remuneraciones por enfermedad más elevados de lo normal.

27.En julio de 2020, el Gobierno decidió conceder a las personas en licencia de enfermedad una exención temporal a su evaluación para trabajar en el mercado laboral ordinario tras el día 180, y tras el día 365 de la cadena de rehabilitación, cuando la atención de la persona asegurada se haya pospuesto por los efectos de la COVID-19. Esto significa que las personas pueden seguir recibiendo el seguro de enfermedad mientras esperan el tratamiento o la rehabilitación. Esta exención temporal es válida hasta el 31 de diciembre de 2021.

28.El Gobierno ha introducido una flexibilización temporal del requisito de presentar un certificado médico, lo que permite a las personas enfermas ausentarse del trabajo durante un máximo de 14 días sin necesidad de un certificado médico. La Agencia de Seguro Social también ha decidido no exigir a los solicitantes de prestaciones por enfermedad que presenten un certificado médico hasta después del día 21 del período de enfermedad.

29.A partir del 1 de julio de 2020, el Gobierno decidió conceder una indemnización temporal a las personas de los grupos clínicamente vulnerables con riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19.

30.El Gobierno ha decidido conceder una indemnización temporal a las personas que deban ausentarse del trabajo para evitar el contagio de un familiar cercano perteneciente a un grupo vulnerable con riesgo de contraer la COVID-19.

31.Una lesión causada por la COVID-19 debe considerarse una lesión laboral si la enfermedad se contrajo al trabajar en una institución sanitaria, o al trabajar en el tratamiento o la atención sanitaria o social de una persona infectada o al tratar o manipular animales o materiales infectados.

32.Si, para limitar el contagio de la COVID-19, se cierra el centro preescolar o escolar de un niño, se puede percibir la prestación parental temporal para el cuidado de un hijo enfermo. Esto será válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

33.Los padres que solicitan la prestación parental temporal ya no están obligados a presentar, al octavo día, un certificado de un enfermero o un médico que haga constar la enfermedad del niño; ahora este se exige solo a partir del día 22.

34.El Gobierno ha introducido un subsidio complementario temporal para las familias con hijos que tienen derecho a un subsidio de vivienda.

35.El Gobierno también ha concedido amplias subvenciones a las municipalidades para cubrir los gastos ocasionados por la COVID-19, por ejemplo en los servicios sociales.

36.La Agencia para el Análisis de los Servicios de Salud y Asistencia ha examinado las repercusiones de la pandemia en los servicios sociales municipales. La Agencia ha concluido que, a enero de 2021, las consecuencias de la COVID-19 han sido menos perjudiciales de lo que se preveía inicialmente.

37.El Gobierno tiene la intención de seguir apoyando a las agencias estatales y otros organismos públicos en sus gestiones para garantizar que las personas sean tratadas de forma equitativa y justa, de conformidad con el estado de derecho, y evitar que el acceso de las personas a la asistencia y la seguridad sociales se vea afectado por factores como el origen étnico, el color de la piel o la religión.

38.Es necesario hacer un seguimiento de las repercusiones de la pandemia en la salud de los distintos grupos de mujeres y hombres y niñas y niños, incluidas las posibles diferencias entre los sexos en cuanto al acceso a la asistencia sanitaria y la atención social. Es necesaria una perspectiva interseccional para identificar, desglosadas por sexo, las posibles diferencias debidas a la identidad o expresión de género, el origen étnico, la religión u otras creencias, la discapacidad, la orientación sexual o la edad.

39.El Gobierno ha adoptado diversas medidas relativas a las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, se ha encargado a la Agencia para la Participación que recoja información sobre las consecuencias y las dificultades especiales que la pandemia de COVID-19 ha supuesto para los niños y jóvenes con discapacidad. Además, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar ha realizado un análisis de correlación acerca de cómo la pandemia ha afectado a las oportunidades de las personas con discapacidad para acceder a los servicios y participar en ellos de conformidad con la Ley de Apoyo y Servicios a las Personas con Determinadas Deficiencias Funcionales (1993:387).

40.Para las personas con discapacidad que reciben servicios con arreglo a dicha Ley, la oportunidad de participar en las actividades diarias ha sido importante para romper el aislamiento y mitigar la enfermedad mental. Muchas municipalidades han encontrado soluciones alternativas cuando el centro de día o de actividades diarias se ha cerrado debido a la pandemia. El Gobierno también ha aclarado las condiciones para el reembolso por habilitación, de modo que las personas que participan en actividades diarias han tenido la oportunidad de recibir una indemnización económica aunque se haya cerrado el centro de día o de actividades cotidianas.

41.Además, el Gobierno ha decidido conceder una subvención estatal para los costos relacionados con los equipos de protección personal que requieren los asistentes personales debido a la enfermedad por coronavirus. De este modo, las personas con discapacidad que reciben apoyo de asistentes personales, así como sus asistentes, han quedado algo protegidos contra la infección.

42.A la luz del brote de COVID-19, se encomendó a la Agencia para la Igualdad de Género la elaboración de material informativo para apoyar el trabajo de las municipalidades y la realización de varias iniciativas dirigidas a las municipalidades y centradas en la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres jóvenes, la violencia y la opresión por motivos de honor, la violencia contra las personas con discapacidad y la violencia contra las personas mayores.

43.En 2020, los consejos de administración de los condados desembolsaron 67,4 millones de coronas suecas en concepto de subvenciones estatales para actividades destinadas a los solicitantes de asilo y otras personas. Los fondos, que tienen por objeto contrarrestar la pasividad durante el período de asilo, facilitar los contactos con el mercado laboral sueco y fomentar el futuro establecimiento en el mercado laboral de las personas a las que se les ha concedido el permiso de residencia, se potenciaron en 2021, año en que, además, se prestó una especial atención a las actividades de información sobre la comunidad.

44.Los consejos de administración de los condados desembolsaron 66 millones de coronas suecas en concepto de subvenciones estatales a las municipalidades para medidas destinadas a determinados extranjeros en 2020. Los fondos tienen por objeto reforzar y desarrollar actividades con guías y contactos familiares de los refugiados, con lo que se facilita el establecimiento de estos en la sociedad, se crean redes, se apoya el aprendizaje del idioma o se proporciona apoyo social a los niños no acompañados.

45.En 2019, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar desembolsó más de 134 millones de coronas suecas, destinadas a municipios, regiones, otras autoridades y organizaciones de la sociedad civil, para mejorar la calidad de la actuación de los servicios sociales y de salud en la lucha contra la violencia doméstica y de otra índole.

46.En abril de 2020, se encomendó al Consejo Nacional de Salud y Bienestar que desembolsara algo más de 49 millones de coronas suecas en subvenciones estatales destinadas a organizaciones que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad y, a fin de combatir la violencia en las relaciones íntimas y luchar contra la violencia y la opresión por motivos de honor, una cantidad igual en subvenciones destinadas a organizaciones que apoyan a mujeres, niños y personas LGBTQI que han sufrido violencia. La subvención tenía por objeto apoyar la labor de dichas organizaciones para responder a la mayor vulnerabilidad debida al brote de COVID-19.

47.A efectos de reforzar la labor de las municipalidades para atender a la falta de hogar acuciante, el Gobierno estableció una subvención estatal de 25 millones de coronas suecas que se asignará anualmente en el período 2018-2021.

48.El Gobierno ha asignado más de 85 millones de coronas suecas en subvenciones estatales para ayudar a las personas en situación de especial vulnerabilidad social durante la pandemia de COVID-19. La subvención se utilizará para reforzar las operaciones de las organizaciones y responder a la mayor necesidad de asistencia y apoyo durante la pandemia.

49.Las organizaciones de jubilados desempeñan un importante papel para contrarrestar el aislamiento durante la pandemia de COVID-19. A fin de fortalecer su labor, el Gobierno ha incrementado la subvención estatal a dichas organizaciones, por lo que la ayuda para 2021 asciende a un total de 28 millones de coronas suecas. Hasta 2020, el Gobierno también ha distribuido 67 millones a organizaciones que contribuyen a contrarrestar la soledad involuntaria de las personas mayores.

II.Aplicación en curso del Pacto

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

50.Suecia aplica el principio de que los tratados internacionales no forman parte automáticamente de su legislación.

51.Para ser aplicables, dichos tratados deben convertirse en leyes suecas o incorporarse mediante una ley especial. El procedimiento habitual para aplicar un tratado internacional consiste en establecer disposiciones equivalentes en una ley sueca independiente, cuando esas disposiciones no existan todavía. Los preparativos para la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyeron un examen exhaustivo destinado a garantizar que la legislación sueca fuera compatible con el Pacto. Ese examen, así como la consiguiente ley parlamentaria, dieron lugar a la ratificación del Pacto. El sistema sueco está organizado de tal manera que los tribunales o las autoridades no aplican directamente el contenido sustantivo del Pacto. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia sueca, constituida por una serie de decisiones del Tribunal Supremo, la legislación nacional y sus modificaciones deben interpretarse de conformidad con las obligaciones internacionales de Suecia.

52.Los tribunales suecos son independientes y autónomos respecto del Parlamento, el Gobierno y otros organismos públicos. Este principio está consagrado en el Instrumento de Gobierno. La exigencia de que un juez participe en una formación determinada podría considerarse contraria al principio de independencia, por lo que la formación no es obligatoria. La Academia Sueca de Formación Judicial, que es independiente del Gobierno y de la Administración Judicial Nacional, se encarga de impartir formación voluntaria a los jueces. No obstante, se espera de un juez que tenga un buen conocimiento del sistema normativo legal, lo que incluye el conocimiento de los instrumentos internacionales vinculantes para Suecia.

53.Todas las autoridades públicas, así como las regiones y los municipios, tienen, como ya se ha dicho, la obligación de cumplir las convenciones de derechos humanos que Suecia ha firmado. Aunque la aprobación de la convención se hace a nivel estatal o político, una gran parte del trabajo práctico lo realizan las autoridades públicas, las regiones y los municipios que, en nombre del Estado, cumplen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La estrategia del Gobierno para la labor nacional relativa a los derechos humanos (Skr 2016/17:29) constituye el punto de partida político para garantizar el pleno respeto de los compromisos internacionales contraídos por Suecia en materia de derechos humanos. La estrategia se refiere a la coordinación entre las autoridades públicas y su trabajo sistemático en relación con los derechos humanos. Por ejemplo, las regiones deben informar sobre cómo tienen en cuenta los compromisos legales contraídos por Suecia en materia de derechos humanos y no discriminación para el ejercicio económico 2021.

54.A los organismos públicos se les asignan regularmente mandatos en esferas relacionadas con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto tiene lugar en el marco de la gobernanza de los organismos por el Gobierno.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

55.El 9 de junio de 2021, el Parlamento sueco votó a favor del proyecto de ley del Gobierno sobre una institución de derechos humanos. El propósito de la institución de derechos humanos es promover la salvaguarda de los derechos humanos sobre la base de las convenciones internacionales de derechos humanos, entre otras cosas. Figuran entre sus tareas vigilar, investigar e informar sobre cómo se respetan y se hacen efectivos los derechos humanos en Suecia. La institución también puede proponer al Gobierno las medidas necesarias. La institución se establecerá el 1 de enero de 2022.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

56.En 2015, el Gobierno sueco elaboró una nueva y más ambiciosa política de emprendimiento sostenible, vinculada a la política comercial e industrial y a la promoción a través de la estrategia de exportación. Además de la Comunicación sobre empresas sostenibles que dirigió al Parlamento, el Gobierno aprobó un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas en la materia, con lo que Suecia pasó a ser el sexto país del mundo en hacerlo. La cuestión de las empresas y los derechos humanos también está incluida en la nueva Estrategia de Comercio e Inversión y en la Plataforma para la Empresa Internacional Sostenible, ambas puestas en marcha en 2019. Todos estos documentos de política expresan una clara expectativa por parte del Gobierno de que las empresas suecas actúen de forma sostenible y responsable, entre otras formas respetando los derechos humanos en todas sus operaciones, tanto en Suecia como en el extranjero.

57.El Plan de Acción puesto en marcha en agosto de 2015 marcó el inicio de la labor de Suecia para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas a nivel nacional y contenía aproximadamente 50 medidas, unas en curso y otras previstas. Desde 2011, el Gobierno ha adoptado varias medidas para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Queremos destacar especialmente los siguientes resultados:

Nueva legislación en materia de presentación de informes sobre sostenibilidad por parte de las grandes empresas, que es más ambiciosa que lo que establece la directiva de la Unión Europea; endurecimiento de las sanciones penales contra las empresas, incluido el aumento de la multa de 10 a 500 millones de coronas suecas a las empresas infractoras; criterios de sostenibilidad más claros en la Ley de Contratación Pública; y una mayor protección legal para los denunciantes de irregularidades.

Una mayor prioridad dada a los derechos humanos en la gobernanza de los organismos públicos y las empresas estatales, por ejemplo, mediante la revisión de sus mandatos o su política de propiedad, iniciativas de fomento de las aptitudes y seguimiento de los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

El Gobierno ha puesto en marcha el Pacto Mundial, que pretende reforzar el diálogo social y las buenas relaciones en el mercado laboral, que incluyen la libertad de asociación y la negociación colectiva, a fin de contribuir a unas condiciones de trabajo decentes, que, a su vez, fortalecen a las empresas y los derechos humanos.

58.El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto en marcha una formación obligatoria en línea sobre empresas sostenibles destinada a los empleados de las embajadas y misiones de Suecia en el extranjero y relacionada con los derechos humanos, las condiciones de trabajo, la igualdad de género, las consideraciones ambientales y la lucha contra la corrupción.

59.Cada año, el Ministerio de Relaciones Exteriores publica informes nacionales sobre los derechos humanos, la democracia y los principios del estado de derecho. Los informes se han elaborado, entre otros fines, para orientar mejor a las empresas sobre la situación de los derechos humanos en los países en los que operan o pretenden operar.

60.Se han adoptado diversas medidas para ayudar a las empresas a que lleven a cabo una actividad empresarial responsable. En las condiciones generales de todos los contratos celebrados por las empresas se incluye una cláusula de sostenibilidad que las obliga a actuar de conformidad con el Código de Conducta, entre otras cosas en la labor de sus representantes cuando viajan como delegados. Además, a fin de fomentar una internacionalización sostenible, Business Sweden ha creado la herramienta gratuita en línea “Go Global” (Internacionalícese) dotada de un módulo de capacitación para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Asimismo, se ha creado una red interna de sostenibilidad y un equipo de sostenibilidad mundial al que se ha impartido formación para que preste asistencia a los colegas y a las empresas en relación con los mercados de exportación que entrañan riesgos de sostenibilidad.

61.El organismo público Consejo Nacional de Garantía de Crédito a la Exportación (EKN) promueve las exportaciones suecas mediante la emisión de créditos a la exportación y seguros de inversión estatales. En el mandato que le ha conferido el Gobierno se establece que el Consejo deberá garantizar que sus operaciones se realicen de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y que se intensifique la labor en materia de sostenibilidad. El Consejo ha publicado informes sobre las evaluaciones de sostenibilidad de sus operaciones.

62.La Corporación Sueca de Crédito a la Exportación (SEK) garantiza soluciones financieras para la industria exportadora sueca sobre la base de consideraciones comerciales y de sostenibilidad. De conformidad con la política de propiedad estatal, la SEK debe promover el cumplimiento de las directrices internacionales en el ámbito de las empresas sostenibles por lo que se refiere al medio ambiente, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, las condiciones de trabajo y la ética empresarial. Las decisiones crediticias de la SEK tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad relacionados con cuestiones en las que se incluyen los derechos humanos, como, por ejemplo, las condiciones laborales, la corrupción y el impacto ambiental. En el segundo trimestre de 2017, la SEK se adhirió a los Principios del Ecuador, que procuran garantizar que los proyectos se desarrollen de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental. La SEK trabaja con empresas exportadoras de diferentes sectores para que apliquen los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

63.Si se considera que una empresa ha incumplido las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, se puede informar al Punto Nacional de Contacto sueco para las Líneas Directrices de la OCDE. El Punto Nacional de Contacto es una entidad tripartita de colaboración entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Punto Nacional de Contacto se ha ocupado de varios casos en los que se considera que las empresas han infringido las disposiciones sobre derechos humanos de las Directrices de la OCDE y ha logrado negociar un acuerdo entre las partes. Se seguirán estudiando las oportunidades para fortalecer el Punto Nacional de Contacto.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

64.Las empresas estatales deben actuar de forma ejemplar en materia de empresa sostenible y, por lo demás, de forma que merezca la confianza de los ciudadanos. Los derechos humanos son parte esencial de la Política de Propiedad Estatal del Gobierno sueco y de la gobernanza empresarial.

65.La Política de Propiedad Estatal establece que es especialmente importante que las empresas estatales trabajen en favor de un entorno de trabajo seguro y saludable, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, y condiciones de trabajo buenas y decentes, entre otras cosas.

66.La Política de Propiedad Estatal también establece que las empresas estatales deben actuar con responsabilidad y trabajar activamente para acatar las directrices internacionales en cuestiones como los derechos humanos y las condiciones de trabajo. El Gobierno ha determinado varios principios y directrices internacionales que considera importantes para las empresas estatales, a saber: los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

67.El Gobierno ha elaborado orientaciones para los consejos de administración de las empresas estatales sobre lo que se espera de la labor de las empresas en materia de derechos humanos y sobre la función y las responsabilidades de dichos consejos. La labor de las empresas es objeto de seguimiento en el diálogo de propietarios que se celebra entre los dirigentes políticos y los representantes de las empresas.

68.Las empresas estatales deben elaborar un informe de sostenibilidad de conformidad con las Directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) —Normas de la GRI—, u otro marco internacional para la elaboración de informes de sostenibilidad.

69.Varias empresas estatales han llevado a cabo una evaluación de la diligencia debida en materia de derechos humanos o del impacto en los derechos humanos.

70.En 2017, el Gobierno también llevó a cabo una encuesta para evaluar la idoneidad de la manera en que las empresas estatales dan a conocer su labor en materia de derechos humanos. Este análisis ha servido para que las empresas estatales puedan seguir mejorando su labor en materia de derechos humanos en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

71.La Corporación Sueca de Crédito a la Exportación (SEK) y Swedfund son empresas estatales y, por lo tanto, están sujetas a las exigencias de la Política de Propiedad Estatal.

72.Además de las exigencias dimanantes de la Política de Propiedad Estatal, el Gobierno, en su calidad de propietario, ha dado instrucciones específicas a los consejos de administración de la SEK y de Swedfund. En las instrucciones del propietario de la SEK se establece que la empresa debe promover el cumplimiento de las directrices internacionales en el ámbito de las empresas sostenibles por lo que se refiere al medio ambiente, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, las condiciones de trabajo y la ética empresarial. La SEK aplica los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, incluidos los convenios fundamentales de la OIT.

73.En las instrucciones del propietario de Swedfund se establece que la empresa debe proceder sobre la base de la perspectiva de los pobres con respecto al desarrollo, la perspectiva de los derechos, la perspectiva de los conflictos, la perspectiva de la igualdad de género y la perspectiva ambiental y climática e integrar todas estas perspectivas, y garantizar que las inversiones se realicen de conformidad con las normas y principios internacionales aplicables a la empresa sostenible. La empresa también tiene los siguientes objetivos de misión de su propietario relacionados con la sostenibilidad social de las inversiones:

El aumento de la igualdad de género en la cartera de inversiones de la empresa con arreglo a los criterios del Desafío 2X o criterios comparables deberá cumplirse en no menos del 60 % de las inversiones de la empresa a más tardar tres años después de la fecha de inversión.

74.En materia de condiciones de trabajo decentes, las inversiones de la empresa deberán ajustarse al 100 % a los convenios fundamentales de la OIT a más tardar tres años después de la fecha de inversión.

Diligencia debida en materia ambiental y social en el Consejo Nacional de Garantía de Crédito a la Exportación (EKN)

75.En sus operaciones, el EKN acata los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El EKN también prosigue y desarrolla su labor sobre empresas responsables basándose en la Recomendación de la OCDE sobre el soborno y los créditos a la exportación con apoyo oficial, la Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes para los créditos a la exportación con apoyo oficial y la diligencia debida en materia ambiental y social (los “enfoques comunes”), los Principios y Directrices de la OCDE para promover las prácticas de préstamos sostenibles, y los elementos pertinentes de los objetivos de calidad ambiental de Suecia.

Investigaciones sobre las empresas y análisis conexo previo a las decisiones

76.El EKN evalúa los riesgos y repercusiones de las operaciones en las que se va a utilizar el producto o servicio sueco, y clasifica los riesgos relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos. “A” significa que las exportaciones se utilizarán en una actividad que entraña un riesgo de impacto negativo importante, “B” significa un riesgo de cierto impacto y “C” significa impacto limitado o nulo.

77.A diferencia de muchos otros organismos de crédito a la exportación, en su proceso de diligencia debida el EKN adopta un enfoque basado en los riesgos. Esto significa que la evaluación del EKN se centra en las operaciones con alto riesgo de sostenibilidad e impacto en el medio ambiente, las personas y la sociedad, independientemente del comprador, el país, la magnitud de la transacción, el período de crédito y el tipo de producto objeto de la garantía.

78.Los riesgos pueden surgir en todo tipo de actividades. El EKN examina anualmente unas 1.500 transacciones de exportación para detectar riesgos para los derechos humanos o el medio ambiente o repercusiones sobre ellos.

Vigilancia de las transacciones relativas a situaciones de alto riesgo

79.El EKN vigila los proyectos sobre los que ha establecido condiciones especiales para la gestión responsable del riesgo. Por ejemplo, en 2020 el EKN vigiló diez grandes proyectos sobre los que había establecido condiciones especiales para la gestión responsable de los riesgos y repercusiones. A fin de maximizar las oportunidades de apalancamiento financiero, el establecimiento de las condiciones y la vigilancia se llevan a cabo en colaboración con otros organismos financieros y de crédito a la exportación.

Transparencia antes y después de las decisiones del EKN sobre las transacciones

Solicitudes rechazadas en el marco del proceso de diligencia debida del EKN

80.El EKN no participa en transacciones relativas a operaciones que puedan entrañar riesgos o repercusiones negativas importantes para las personas o el medio ambiente respecto de los cuales no existan planes claros para su gestión responsable y en las que no se tengan en cuenta sus requisitos. En estas transacciones, el solicitante suele retirarse durante el proceso de análisis del EKN. En algunos casos de principio, las transacciones pueden ser objeto de un rechazo oficial del Consejo de Administración del EKN.

81.En 2021, el EKN rechazó una transacción para un proyecto hidroeléctrico y otra para un proyecto de refinería. El EKN también se abstuvo de participar en una transacción para un proyecto de infraestructura. Los proyectos de hidroelectricidad e infraestructura implicaban repercusiones importantes sobre los pueblos indígenas, entre otros, y carecían de planes de gestión del impacto ambiental y social con arreglo a las normas internacionales, o su aplicación no se ajustaba a lo previsto. El proyecto de la refinería fue rechazado debido a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero en las operaciones del usuario final y a la falta de un plan de transición climática. El EKN también se abstuvo de participar en una transacción en la que el componente exportado iba a utilizarse en la fabricación de armas de destrucción masiva.

82.En 2020 se rechazaron tres transacciones de exportación relacionadas con la extracción de gas natural (para convertirlo en gas natural licuado —GNL—), así como una relacionada con exportaciones para la extracción de petróleo. Las solicitudes se rechazaron debido a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero en las operaciones de los usuarios finales. El EKN también se abstuvo de participar en dos transacciones relativas a proyectos hidroeléctricos. Los proyectos implicaban repercusiones importantes sobre los pueblos indígenas, entre otros, y carecían de planes de gestión del impacto ambiental y social con arreglo a las normas internacionales o su aplicación no se ajustaba a lo previsto. En 2020, el Consejo de Administración del EKN decidió no emitir nuevas garantías para las exportaciones relacionadas con nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. El EKN también ha decidido dejar de emitir nuevas garantías para proyectos de exportación de carbón (ni nuevos ni existentes) o de transporte de carbón, a partir del 31 de diciembre de 2020.

83.En 2019 se rechazaron dos transacciones. Una de las transacciones se refería a un proyecto que incluía una mina de carbón y una central eléctrica alimentada por carbón y era incompatible con el Entendimiento de la OCDE sobre el Sector de la Generación de Electricidad mediante la Combustión de Carbón. En la segunda transacción, el producto de exportación debía utilizarse en la extracción de petróleo y gas mediante fracturación hidráulica, también conocida como hidrofracturación. El EKN rechazó la operación por el alto riesgo de que se produjeran repercusiones ambientales y sociales locales graves y negativas, en combinación con las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la extracción de combustibles fósiles.

Análisis del riesgo de abusos de derechos humanos en las transacciones relativas a materiales de defensa

84.En el caso de las exportaciones de materiales de defensa que requieren una licencia de exportación de la Inspección de Productos Estratégicos, el EKN no realiza ninguna evaluación sobre si la transacción es compatible con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este tipo de transacciones, la Inspección tiene un mandato específico del Gobierno para investigar la idoneidad de la exportación de material de defensa, lo que incluye considerar la situación de los derechos humanos en el país comprador.

85.En las transacciones en las que el comprador o el usuario final son las fuerzas de defensa de un país o una empresa con misiones militares y no se requiere una licencia de exportación de la Inspección, el EKN realiza la habitual evaluación de riesgos teniendo en cuenta los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En 2021, el EKN se abstuvo de participar en una transacción en la que el componente exportado iba a incluirse en la fabricación de armas de destrucción masiva.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

86.La Ley del Clima impone al Gobierno actual y a los Gobiernos futuros la obligación de aplicar una política basada en los objetivos climáticos nacionales y de informar periódicamente sobre los avances realizados. A fin de facilitar el seguimiento y la evaluación de los efectos del clima en todas las esferas de política, el Gobierno debe, entre otras cosas, presentar cada año al Parlamento un informe sobre el clima, junto con su proyecto de ley presupuestaria. Además, el informe debe dar cuenta de las decisiones más importantes adoptadas durante el año y sus efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, y contener una evaluación sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas. La Ley del Clima también incorpora el requisito de que el Gobierno elabore un plan de acción de política climática cada cuatro años. El propósito del plan de acción es mostrar de qué manera la política del Gobierno contribuye a alcanzar, en materia de emisiones, los objetivos intermedios y el objetivo a largo plazo para 2045. Para 2045, Suecia deberá tener cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, a partir de entonces, deberá alcanzar emisiones negativas.

87.El más reciente Plan de Acción de Política Climática se elaboró en diciembre de 2019 y mostró que es necesaria una gobernanza más estricta para alcanzar los objetivos climáticos, tanto los objetivos intermedios como el objetivo a largo plazo. En el escenario de emisiones que prevalecía en ese momento, se consideró que las emisiones en 2045 serían entre un 34 % y un 37 % inferiores a las de 1990. Por consiguiente, en el Plan de Acción se expusieron medidas adicionales complementarias que el Gobierno tiene previsto adoptar.

88.En 2019, las emisiones territoriales de gases de efecto invernadero de Suecia ascendieron a 50,9 millones de toneladas expresadas en dióxido de carbono equivalente, lo que, en comparación con 2018, constituye una disminución del 2,4 %. En total, las emisiones territoriales de Suecia han disminuido un 29 % desde 1990. En 2020, las emisiones totales de Suecia ascendieron a 47,4 millones de toneladas expresadas en dióxido de carbono equivalente, lo que supone una reducción del 6,8 % con respecto al año anterior.

89.Suecia también desempeña un papel destacado en la financiación internacional para combatir el cambio climático. Suecia es el mayor donante per cápita del Fondo Verde para el Clima (FVC) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Suecia es también uno de los mayores donantes en valores absolutos del Fondo de Adaptación (FA) y del Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo PMA).

90.Durante el período 2015-2018 del Proceso Inicial de Movilización de Recursos del Fondo Verde para el Clima, Suecia aportó 4.000 millones de coronas suecas, a lo que se agregan 12.000 millones adicionales aportados en el primer proceso oficial de reposición de recursos del Fondo para el período 2020-2023.

91.El objetivo general de la política del Gobierno relativa a los samis es potenciar las oportunidades del pueblo sami para preservar y desarrollar su propia vida cultural y comunitaria basada en la cría sostenible de renos y otros medios de vida sostenibles de los samis. Salvaguardar los derechos de los samis como pueblo indígena supone garantizar al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

92.El Parlamento sami es el máximo órgano de decisión del pueblo sami, a través del cual se expresa la libre determinación de los samis. La creación del Parlamento sami en 1993 fue uno de los hitos importantes para la democracia en la sociedad sami y para la participación e influencia de los samis en la sociedad mayoritaria. En el Parlamento sami, los partidos samis participan activamente en el diálogo democrático entre ellos y con sus electores. El Parlamento sami es el interlocutor más importante del Gobierno sueco sobre cuestiones samis.

93.El Gobierno mantiene un diálogo regular con la Junta Ejecutiva del Parlamento sami sobre el desarrollo de la política sami. La Junta Ejecutiva del Parlamento sami está integrada por miembros elegidos de la asamblea plenaria del Parlamento sami. A ese respecto, el ministro competente entabla conversaciones con la Junta Ejecutiva con el objetivo de garantizar la influencia de los samis, y es el Parlamento sami el que decide cuáles son las cuestiones políticas samis más urgentes que deben discutirse.

94.Además, el Gobierno y el Parlamento sami mantienen diálogos sobre cuestiones de fondo particulares. El procedimiento de consulta con el Parlamento sami está a punto de reforzarse. El objetivo del Gobierno es que pronto se pueda presentar al Parlamento un sistema de consulta sobre las cuestiones relativas al pueblo sami. El sistema de consulta mejorará la influencia del pueblo sami y su participación en los asuntos que los afectan.

95.En varias ocasiones, el Parlamento sami ha organizado seminarios en el Parlamento.

96.El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión de la verdad. A este respecto, el diálogo que se ha mantenido con el Parlamento sami ha dado lugar a un proceso que viene desde el año anterior y está encaminado a recabar las opiniones del pueblo sami y conseguir su respaldo antes de la creación de dicha comisión. El 31 de marzo de 2021 se presentó al Gobierno el informe del Parlamento sami sobre los preparativos para una comisión de la verdad sobre los abusos del Estado contra el pueblo sami.

97.Una Convención Nórdica Sami es fundamental para reforzar los derechos del pueblo sami a preservar y desarrollar su lengua, sus medios de subsistencia y su vida comunitaria. La Convención Nórdica Sami será el primer instrumento regional para los indígenas de esta categoría y tendrá un gran impacto en cuanto a lograr una política nórdica más coordinada en relación con los samis. La Convención establece unos derechos mínimos que los Estados pueden seguir desarrollando.

98.La Convención pretende reforzar los derechos del pueblo sami para que pueda preservar y desarrollar su cultura, su lengua y su vida comunitaria, y para que esta sea obstaculizada lo menos posible por las fronteras nacionales.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

99.Desde el anterior informe presentado al Comité, el Gobierno ha proseguido su labor constante encaminada a fortalecer la condición de los samis como pueblo indígena y minoría nacional. Reforzar la influencia y la participación de los samis es un elemento central de la labor de aplicación del artículo 1 del Pacto.

100.El Parlamento sami tiene el mandato de participar en tareas de planificación del uso de la tierra y vigilar que se tengan en cuenta las necesidades de los samis, en especial con respecto al uso de la tierra y el agua en el pastoreo de renos. Entre otras cosas, el Parlamento Sami participa en grupos de referencia y de trabajo, así como en otros foros, y mantiene consultas con los organismos centrales y regionales.

101.Además, también se presentaron y aprobaron las propuestas de modificación de la Ley de Minería relativas a las consultas. De conformidad con las nuevas disposiciones, que se aplican desde el 1 de enero de 2018, cuando se otorgan concesiones en virtud de la Ley de Minería se debe realizar una evaluación ambiental específica, proporcionar información y garantizar la coordinación relativa a los asuntos conexos.

102.Como ya se ha señalado, la intención del Gobierno es que pronto se pueda presentar al Parlamento un sistema de consultas sobre las cuestiones relativas al pueblo sami. Con arreglo a la propuesta, el Gobierno, los organismos administrativos gubernamentales y, más adelante, las regiones y los municipios, estarán obligados a consultar al Parlamento sami antes de adoptar decisiones sobre asuntos que puedan ser de especial importancia para los samis. En algunos casos, también hay que celebrar consultas con los representantes de la entidad sami administradora (la sameby) de una zona de pastoreo de renos, o con una organización sami. Los tribunales y algunos organismos administrativos no están obligados a celebrar consultas. Los fundamentos del procedimiento de consulta y su puesta en marcha se regularán en una propuesta de ley.

103.En 2021, el Gobierno nombró una comisión parlamentaria que, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la decisión del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2020, en la causa núm. T 853-18, debe proponer una nueva legislación sobre la cría de renos. Se ha nombrado a un gran número de representantes samis para participar en la comisión. Por consiguiente, los samis tendrán una importante y amplia participación y presencia en su labor. Las disposiciones relativas al derecho exclusivo de la entidad sami administradora (la sameby) de una zona de pastoreo de renos para conceder derechos de caza y pesca en sus zonas de pastoreo de renos independientemente del Gobierno se abordarán en breve en un informe provisional que se presentará antes del 21 de noviembre de 2022. El informe final sobre el mandato en general debe presentarse antes del 20 de mayo de 2025. Al mismo tiempo, se encomendó al Parlamento sami que trabajara en estrecho diálogo con representantes de la sameby administradora de las zonas de pastoreo de renos para analizar cómo debe diseñarse la organización interna, la adopción de decisiones y las normas de composición de las aldeas samis ( samebys ).

104.El Gobierno reconoce la importancia de que los samis tengan la oportunidad de influir en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales y de disfrutarlos. El Gobierno, junto con países como Australia y el Canadá, ha aportado conocimientos y recursos financieros destinados a un estudio de la OCDE cuyo objeto es mejorar las oportunidades de desarrollo económico de los pueblos indígenas. El estudio, que se ha realizado en estrecha colaboración con representantes de la comunidad sami, se presentó en el segundo trimestre de 2019. En el estudio se examina cómo funcionan para la comunidad y los círculos empresariales samis los instrumentos, iniciativas y reglamentos existentes en materia de desarrollo rural y crecimiento regional.

105.El 18 de marzo de 2021, el Gobierno aprobó la Comunicación relativa a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Regional Sostenible en Toda Suecia para el período 2021-2030. La Estrategia establece la dirección a largo plazo de la política de desarrollo regional y contribuye a la transición hacia el desarrollo sostenible en todo el territorio de Suecia.

Respuesta al párrafo 11 a) de la lista de cuestiones

106.La proporción de la población cuyos ingresos por unidad de consumo se sitúan por debajo del 60 % del valor mediano para el conjunto de la población se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años, aproximadamente, entre el 14 % y el 15 %.

Proporción de la población por debajo del umbral de pobreza, en porcentaje

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13,8	14,4	14,8	14,5	14,9	14,6	15,2

Nota : Proporción del ingreso disponible por unidad de consumo por debajo del 60 % del valor mediano para el conjunto de la población.

107.La relación proporcional entre los ingresos del decil más rico y los del 40 % más pobre ha aumentado a lo largo del tiempo, pero disminuyó entre 2017 y 2019. Las fluctuaciones entre años individuales se deben en gran medida a que las plusvalías obtenidas varían de un año a otro y a que estas se concentran fuertemente en el 10 % superior de la distribución del ingreso.

108.Se indica a continuación la relación proporcional entre los ingresos totales del decil más rico de la población y los ingresos totales del 40 % más pobre.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1,09	1,16	1,24	1,27	1,28	1,20	1,22

Nota : Se entiende por ingresos los ingresos disponibles por unidad de consumo. El concepto de ingresos incluye las plusvalías obtenidas.

Respuesta al párrafo 11 b) de la lista de cuestiones

109.Los principales ingresos de la administración pública son los impuestos y las cotizaciones. En promedio, estos han supuesto aproximadamente el 86 % de los ingresos totales del sector en los diez últimos años, al igual que en 2019.

Cuadro: Porcentaje de los ingresos públicos con respecto a los ingresos totales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de ingresos procedentes de impuestos y cotizaciones con respecto a los ingresos totales	85,2	84,9	84,5	84,7	85,8	86,4	86,9	87	86,4	86,2

Respuesta al párrafo 11 c) de la lista de cuestiones

110.Se indican a continuación los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido —IVA— (exceptuando el que grava los artículos de lujo, el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, los refrigerios, y la gasolina y el gasóleo), y el porcentaje del total de ingresos que se obtiene del impuesto sobre la renta de las personas físicas con el que se grava al decil más rico de la población.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IVA	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
ISR (impuesto sobre la renta de las sociedades)	26,3 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	21,4 %	21,4 %	20,6 %
Rentas del capital	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Renta del trabajo (máximo tipo impositivo oficial)	56,6 %	56,7 %	56,9 %	57 %	57,1 %	57,1 %	57,1 %	57,2 %	52,3 %	52,3 %

111.Aproximadamente un tercio del impuesto sobre la renta lo paga el decil más rico de la población. La cuota tributaria del decil más rico aumentó aproximadamente dos puntos porcentuales en el período 2013-2015, pero se ha mantenido prácticamente sin cambios desde entonces.

112.Se indica a continuación el porcentaje de los ingresos totales procedentes de los impuestos sobre la renta personal que corresponden al decil más rico de la población.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31	32,2	33,1	33,3	33,3	33	33,1

Nota: Todos los individuos de la población se han clasificado según su ingreso disponible por unidad de consumo. El concepto de ingresos incluye las plusvalías obtenidas.

Respuesta al párrafo 11 d) de la lista de cuestiones

113.En los diez últimos años, el gasto se ha mantenido relativamente estable, en torno al 50 % del producto interno bruto (PIB). En 2019, el gasto ascendió al 49,3 % del PIB. Durante el mismo período, el gasto en los ámbitos 6 a 10 de la Clasificación de las Funciones del Gobierno (CFG) ascendió a alrededor del 34 % al 36 % del PIB. En 2019, los gastos relacionados con esos ámbitos ascendieron al 34,9 % del PIB.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de ingresos procedentes de impuestos y cotizaciones con respecto a los ingresos totales	85,2	84,9	84,5	84,7	85,8	86,4	86,9	87	86,4	86,2
Gastos totales en porcentaje del PIB	50,4	49,7	50,9	51,6	50,7	49,3	49,7	49,2	49,8	49,3
Gasto en los ámbitos 6 a 10 de la CFG	35,2	34,4	35,5	36,2	35,9	35,2	35,9	35,3	35,4	34,9
Protección social ajustada a la inflación, en miles de millones de coronas suecas, precios de 2019	802	785	813	853	874	915	958	959	961	957

Cuadro : Gasto en porcentaje del PIB, a menos que se indique otra cosa. El gasto indicado se refiere a los sectores siguientes: vivienda; salud; actividades recreativas, cultura y religión; educación; y protección social.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

114.El Gobierno ha encargado una investigación para examinar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre medidas activas previstas en la Ley de Lucha contra la Discriminación y para analizar cómo las disposiciones de dicha Ley relativas a los ámbitos regulados por la Ley de Educación pueden transferirse del Defensor de la Igualdad a la Inspección de Escuelas de Suecia. A raíz de la investigación se han presentado propuestas que están siendo consideradas por las Oficinas del Gobierno competentes.

115.A la comisión de investigación se le encomendaron, además, las siguientes tareas:

Emitir una opinión sobre cómo puede modificarse la protección contra la discriminación en determinadas actividades públicas para ofrecer una protección lo más completa posible contra la discriminación.

Emitir una opinión sobre si son necesarias medidas para reforzar la protección contra la discriminación en los casos en los que no hay una única víctima.

Determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para proteger a los empleados que son discriminados, acosados o amenazados por personas que no están empleadas en el lugar de trabajo.

Respuesta al párrafo 12 a) de la lista de cuestiones

116.El cuadro indica el número de denuncias, incluidas las quejas y las formuladas por denunciantes de irregularidades, dividida por ámbitos, en el período 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020
Vida laboral	489	555	626	988
Educación	458	540	527	586
Bienes y servicios	334	297	359	427
Atención médica y de la salud	130	138	129	193
Servicios sociales y de otra índole	132	148	144	191
Trato en el sector público	75	99	132	118
Seguridad social, seguro de desempleo, becas de estudio	44	44	56	72
Vivienda	61	70	57	67
Servicios de empleo y otras actividades previstas en la política laboral	49	35	45	58
Otros ámbitos	223	197	179 205	344

117.Las estadísticas sobre denuncias, incluidas las quejas y las formuladas por denunciantes de irregularidades, dividida por ámbitos y motivos de discriminación se presentan anualmente en un anexo separado.

Respuesta al párrafo 12 b) de la lista de cuestiones

118.El Defensor de la Igualdad realiza un trabajo a largo plazo para enfrentar los problemas detectados relacionados con la discriminación y los riesgos de discriminación, concentrándose en ámbitos prioritarios. Desde 2017 los ámbitos prioritarios han sido la vida laboral, la vivienda y los servicios sociales:

El objetivo de las actividades realizadas en el ámbito de la vida laboral es conseguir que los empresarios lleven a cabo una labor eficaz de prevención y promoción para combatir la discriminación y, por otra parte, trabajar para garantizar la igualdad de derechos. La labor realizada por el Defensor de la Igualdad se ha centrado en dar a conocer más ampliamente la legislación y fortalecer la capacidad de los propios empresarios para trabajar en medidas activas.

La labor en el ámbito de la vivienda pretende contribuir a aumentar la transparencia y la previsibilidad de los sistemas utilizados por las agencias inmobiliarias, eliminar los criterios de alquiler discriminatorios y ayudar a garantizar que los criterios de alquiler no se apliquen de forma discriminatoria. Entre las medidas adoptadas por el Defensor de la Igualdad figuran la puesta en marcha de una guía digital en sueco dirigida a los propietarios de viviendas para ayudarlos a mejorar su capacidad de proporcionar y alquilar viviendas sin riesgo de discriminación.

La labor del Defensor de la Igualdad en este ámbito prioritario se centra en la labor de los servicios sociales. El objetivo de la labor del Defensor de la Igualdad es ayudar a garantizar que las actividades, procedimientos y métodos de trabajo en la labor de los servicios sociales en los casos de sospecha de maltrato de niños y adolescentes y en las investigaciones en materia de custodia, alojamiento y acceso no sean discriminatorios y se basen sistemáticamente en la evaluación individual.

Respuesta al párrafo 12 c) de la lista de cuestiones

119.El Defensor de la Igualdad, en su calidad de órgano de consulta en los procesos legislativos, dirige regularmente opiniones y recomendaciones a las Oficinas del Gobierno de Suecia. El Defensor de la Igualdad señala a la atención de estas el aspecto determinado de la discriminación y, en las respuestas a las consultas sobre propuestas legislativas que pueden tener un impacto en relación con la discriminación, presenta opiniones detalladas. En el período 2017-2020, el Defensor de la Igualdad formuló un total de 293 declaraciones de respuesta a las consultas.

120.El Defensor de la Igualdad también presenta comunicaciones especiales sobre aspectos específicos de la discriminación. Estas comunicaciones también contienen recomendaciones al Gobierno. El Defensor contra la Discriminación ha presentado tres de estas comunicaciones especiales que son pertinentes en relación con el período que se examina. Las comunicaciones trataron las siguientes cuestiones:

La necesidad de sanciones efectivas y disuasorias en relación con determinadas infracciones de la Ley de Lucha contra la Discriminación (2008:567).

La necesidad de reforzar la protección contra la discriminación por edad en la vida laboral mediante la modificación de la Ley de Protección del Empleo (1982:80).

La limitación de la protección que ofrece la Ley de Lucha contra la Discriminación a las personas que puedan ser objeto de esta en su contacto con los empleados del sector público.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

121.Suecia tiene la tasa más alta de la UE de participación en la fuerza laboral y se ha mantenido en un nivel elevado durante la pandemia. Es una razón importante por la que el desempleo en Suecia ha aumentado en relación con muchos otros países. Desde una perspectiva internacional, el nivel de empleo en Suecia también es elevado.

Programa de establecimiento para migrantes recién llegados

122.El Servicio Público de Empleo de Suecia se encarga de coordinar las iniciativas de integración (“establecimiento”) de determinados inmigrantes recién llegados y de proporcionar apoyo y estímulo a las partes afectadas. El programa de establecimiento se dirige a los inmigrantes recién llegados mayores de 20 años y menores de 65 que hayan obtenido un permiso de residencia como refugiados o personas necesitadas de protección y a determinados miembros de su familia. El objetivo del programa de establecimiento es facilitar y acelerar la integración de sus participantes en la vida laboral y social. El número de participantes en el programa de establecimiento sigue disminuyendo debido a la reducción de la inmigración de refugiados y, por lo tanto, del grupo destinatario del programa. Sin embargo, el porcentaje de mujeres sigue aumentando, y alcanzó el 60 % en 2020 (23.856 mujeres, frente a 15.967 hombres).

Escolaridad obligatoria para las personas con educación limitada

123.La escolaridad obligatoria para los participantes en el programa de establecimiento, que se introdujo junto con la creación de este en 2018, afecta a aquellos que durante su permanencia en el programa, por su limitada formación educativa, no se les puede, según se considera, proporcionar un trabajo adecuado, por lo que es necesario acercarlos más al mercado laboral impartiéndoles enseñanza ordinaria.

124.En 2020 estaban cubiertas por la norma de la escolaridad obligatoria 18.442 personas, el 64 % de ellas mujeres y el 36 %, hombres (en 2019, 21.893 personas, el 61 % de ellas mujeres y el 39 %, hombres; en 2018, 14.740 personas, el 54 % de ellas mujeres y el 46 %, hombres).

Vía rápida para los inmigrantes recién llegados, mediante su incorporación en ocupaciones de oferta deficitaria

125.Desde 2015 se brinda a los inmigrantes recién llegados con formación o experiencia en una ocupación para la que hay poca oferta la posibilidad de que participen en la vía rápida de establecimiento. La vía rápida de establecimiento es una cadena de intervenciones que incorporan la validación de la formación, y la formación complementaria con miras a reducir el tiempo de desempleo de esas personas y contribuir a la oferta de mano de obra cualificada en ocupaciones de oferta deficitaria.

126.El Año Intensivo para migrantes recién llegados tiene por objeto lograr que se integren mejor y se establezcan más rápidamente en el mercado laboral. El Año Intensivo ofrece a los nuevos migrantes que tienen las capacidades y la motivación adecuadas hasta un año para participar en iniciativas que se desarrollan en paralelo o en rápida sucesión a un ritmo rápido. Como se ha informado anteriormente, la política laboral sueca cuenta con dos programas de garantías destinados a los desempleados durante un período prolongado. Los elementos fundamentales de estos programas de garantías, que se presentan a continuación, son el derecho a obtener remuneración y el requisito de que los participantes busquen activamente trabajo y participen en actividades educativas y de otra índole y en prácticas para obtener experiencia laboral.

El Programa de Garantía de Empleo y Desarrollo está destinado a quienes llevan mucho tiempo desempleados. En octubre de 2014, el Gobierno encomendó al Servicio Público de Empleo que preparara la introducción de una garantía de empleo de 90 días para los jóvenes. La garantía introduce un límite máximo para el tiempo que un joven puede estar desempleado antes de que se le ofrezca un trabajo o una iniciativa que dé lugar a un empleo o a recibir educación o capacitación.

127.En 2014, el Gobierno creó la Delegación para el Empleo de los Jóvenes a fin de garantizar que las iniciativas de política laboral destinadas a combatir el desempleo juvenil tuvieran un mayor impacto a nivel local. En 2017 se ampliaron las competencias de la Delegación de modo que incluyeran también a los migrantes recién llegados, y se cambió su nombre a Delegación para el Empleo de los Jóvenes y los Migrantes Recién Llegados.

En febrero de 2016, el Gobierno decidió encargar a los organismos públicos que, a fin de proporcionar experiencia laboral a los demandantes de empleo recién llegados y a los que tuvieran alguna discapacidad que implicara una capacidad reducida para trabajar, les ofrecieran prácticas en el sector público.

Entre 2016 y 2020, se encomendó a más de 200 organismos públicos que pusieran a disposición del Servicio Público de Empleo puestos de trabajo en prácticas para obtener experiencia laboral y que asignaran prácticas laborales a los migrantes recién llegados y a las personas que tuvieran alguna discapacidad que implicara una capacidad reducida para trabajar. El Gobierno ha ampliado ahora este mandato hasta 2023. En octubre de 2015, en el marco del mandato de la iniciativa Suecia Unida, el Gobierno puso en marcha el Club de los 100. El Club de los 100 instaba a los empleadores a ofrecer a los migrantes recién llegados prácticas para obtener experiencia laboral o empleo en el marco del programa de apoyo a la contratación. Los empleadores que se comprometieron a ofrecer puestos de trabajo a al menos 100 migrantes recién llegados en un plazo de tres años pasaron a formar parte del Club de los 100. En total, el programa beneficia a más de 3.700 migrantes recién llegados, el 36 % de ellos mujeres y el 64 %, hombres. Medidas en 2021.

El apoyo al trabajo de corta duración implica un acuerdo entre sindicatos y empresarios para que, durante un período limitado y debido a una crisis económica, puedan reducirse las horas de trabajo y el salario de los empleados. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno debido a la pandemia es proporcionar apoyo gubernamental para la reducción de la jornada laboral. Esto implica que un empleador puede recibir ayudas del Estado para reducir la jornada laboral de sus empleados.

El Gobierno sueco ha adoptado medidas contundentes y ha introducido reformas estructurales en el mercado laboral para combatir el desempleo de larga duración, como el apoyo a la reducción de la jornada laboral, el apoyo al cambio de carrera, más plazas de formación profesional en los centros municipales de educación para adultos ( Komvux ), y el apoyo a los centros de formación profesional superior, las universidades y los centros de enseñanza superior y las escuelas secundarias de cultura popular.

El apoyo a la reducción de la jornada laboral se ha reforzado con la asunción por parte del Gobierno del 75 % del costo de la reducción de la jornada laboral, desde marzo de 2020 hasta el primer semestre de 2021. El nivel ordinario del apoyo es del 33 %. El Gobierno propone prorrogar el apoyo tres meses más, hasta septiembre de 2021.

En el presupuesto para 2021, las inversiones en política laboral ascienden a más de 9.000 millones de coronas suecas. El Servicio Público de Empleo ha recibido otros 1.000 millones de coronas suecas para salvaguardar la presencia local y hacer frente al aumento del desempleo. Además, se están invirtiendo más de 2.000 millones de coronas suecas para aumentar el número de participantes en los servicios contratados de búsqueda de empleo, en la formación para adaptarse al mercado laboral y en las iniciativas dirigidas a los empleadores que desean contratar a quienes hayan estado desempleados durante un período prolongado y a migrantes recién llegados que necesitan un apoyo adicional para entrar en el mercado laboral (empleos de introducción) o en las iniciativas dirigidas a las operaciones del sector público en las que el empleador recibe una indemnización económica por contratar a personas que llevan mucho tiempo desempleadas o a migrantes recién llegados (puestos adicionales).

Además, en el Presupuesto Rectificativo del Segundo Trimestre, el Gobierno inyectó casi 500 millones de coronas suecas para que más desempleados se acogieran a servicios como los de búsqueda de empleo, a los puestos de trabajo adicionales o a los empleos de introducción.

En noviembre de 2020, el Gobierno amplió la posibilidad de que los desempleados se matriculen en centros de enseñanza obligatoria y de enseñanza secundaria superior conservando sus prestaciones. En junio de 2021 también se amplió la oportunidad de estudiar a tiempo parcial en paralelo a la participación en el programa marco de la política laboral, el Programa de Garantía de Empleo y Desarrollo, orientado a las personas que llevan mucho tiempo desempleadas.

El Gobierno sueco también ha decidido que la flexibilización temporal del requisito de seis meses de desempleo para recibir la subvención de acceso a la educación seguirá aplicándose durante todo el año 2021.

La incidencia desproporcionadamente elevada de desempleo entre las personas procedentes de la inmigración

128.En los últimos años, hasta 2019, más migrantes recién llegados han podido encontrar trabajo más rápidamente. De los migrantes recién llegados a Suecia que llegaron en 2014, el 51 % tenía un trabajo remunerado en 2018, es decir, tras cuatro años en Suecia. En comparación, tal era el caso después de cuatro años para el 29 % de los que llegaron en 2010.

129.Antes de la pandemia, cuando el nivel de desempleo seguía aumentando en el período 2018-2019, el Servicio Público de Empleo afirmaba que se preveía que 7 de cada 10 nuevos puestos de trabajo fueran a parar a los nacidos fuera de Suecia, que constituyen la mayor parte de la mano de obra disponible. En 2017, los nacidos fuera de Suecia representaron aproximadamente el 90 % del crecimiento del empleo en los sectores de educación, asistencia sanitaria y atención social, además de los servicios privados. En el sector de la industria, todo el crecimiento del empleo se produjo en los puestos ocupados por nacidos fuera de Suecia.

130.En 2017, el Gobierno introdujo una nueva subvención pública para la intervención temprana en favor de los solicitantes de asilo y otros. Los fondos fueron dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil y a las municipalidades.

131.A fin de que se aproveche al máximo el tiempo de licencia parental, el Gobierno ha asignado fondos específicamente a la formación lingüística y a la creación de lugares donde puedan reunirse padres e hijos de distintos orígenes. El grupo destinatario es fundamentalmente el de los migrantes recién llegados, pero también puede incluir a los solicitantes de asilo.

132.El Gobierno ha ampliado y mejorado la formación cívica impartida a los migrantes recién llegados, entre otras formas centrándose más en la igualdad de género y los derechos humanos. La duración de la formación se ha incrementado de un mínimo de 60 horas a un mínimo de 100 horas.

Empleo no declarado

133.Desde 2017, la Agencia Tributaria lleva a cabo auditorías especiales en industrias intensivas en mano de obra, como las empresas de limpieza y construcción, para detectar el trabajo no declarado y la delincuencia organizada. El objetivo es comprobar que las empresas no evaden impuestos. Las auditorías también abarcan los casos relativos a la labor conjunta de los organismos públicos para combatir la delincuencia organizada, los casos relativos a las agencias de empleo extranjeras y los casos relativos a las empresas extranjeras que solo operan en Suecia.

134.En un informe de febrero de 2020, la Agencia Tributaria señala que el trabajo no declarado, expresado como porcentaje del PIB, no ha aumentado en los 13 últimos años. Sin embargo, en comparación con la situación del pasado, el trabajo no declarado existe hoy en día en otros sectores. Ahora bien, según la Agencia Tributaria, ese resultado debe interpretarse con cautela, y se necesitan más estudios para determinar los resultados o identificar una determinada tendencia.

135.La Agencia Tributaria estimó los ingresos por trabajo no declarado entre 2010 y 2016 sobre la base de los cambios constatados en las auditorías que había realizado. Los cambios en las auditorías ascienden en promedio a 900 millones de coronas suecas al año. Para la economía, esta cifra supondría un total de 91.000 millones de coronas suecas de ingresos no contabilizados. Expresados como porcentaje del PIB, 91.000 millones de coronas suecas corresponden al 2,3 %, y constituyen el 6 % del total de las rentas del trabajo. Cuando la Agencia Tributaria estimó los ingresos laborales no declarados en 2006, la suma ascendía a 71.000 millones de coronas suecas, lo que equivale al 3 % del PIB y al 7 % del total de sueldos y salarios.

Trabajadores subempleados

136.Una persona empleada en Suecia trabaja un promedio de 38 horas semanales. El 82 % de todos las personas (de 20 a 64 años) empleadas, trabajan a tiempo completo, es decir, 35 horas o más. El trabajo a tiempo parcial es tres veces más común entre las mujeres que entre los hombres: 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres trabajan un máximo de 34 horas a la semana. En 2019, las mujeres con alto nivel de estudios tenían menos probabilidades de trabajar a tiempo parcial, mientras que para los hombres con alto nivel de estudios no había ninguna diferencia importante. Desde 2009, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial ha disminuido del 34 % al 26 %, mientras que la proporción de hombres se ha mantenido sin cambios.

137.El trabajo a tiempo parcial es más frecuente entre los trabajadores más jóvenes y los de más edad por razones naturales (educación y jubilación). La diferencia entre el trabajo a tiempo parcial de las mujeres y el de los hombres se debe, en parte, a que las mujeres siguen asumiendo más responsabilidades en el trabajo doméstico no remunerado.

138.El no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo es la razón más común para trabajar a tiempo parcial; el 22 % de las mujeres y el 27 % de los hombres que trabajan a tiempo parcial dicen estar buscando un trabajo a tiempo completo. La segunda razón más frecuente aducida es el cuidado de los hijos, en el caso de las mujeres, y los estudios, en el de los hombres.

Formas de empleo no tradicionales – Trabajo en plataformas

139.El número de personas que trabajan a través de plataformas es difícil de estimar con exactitud, y los resultados varían entre los diversos estudios. La Investigación sobre el cambio de la vida laboral (Informes Oficiales del Gobierno Sueco 2017:24) estima que aproximadamente el 4 % de la población activa sueca trabaja para una empresa de plataforma al menos una vez al mes.

140.Hay varios convenios colectivos en vigor, como, por ejemplo, los del Sindicato Sueco de Trabajadores del Transporte – Foodora, Unionen – Instajobbs, JustArrived y Gigstr.

141.La capacidad del modelo sueco para adaptarse rápidamente significa que Suecia está bien situada para responder a los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. En Suecia, los salarios y las condiciones de trabajo están regulados principalmente por los interlocutores sociales. El modelo sueco y la política laboral sueca se basan en un claro reparto de responsabilidades entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Una característica importante del modelo sueco es que los interlocutores sociales asumen una gran responsabilidad en la regulación del mercado laboral y en la adaptación de las condiciones a las circunstancias de los diferentes sectores. Esto también se aplica a la economía de plataforma.

142.El 1 de mayo de 2016 entraron en vigor algunas modificaciones de la Ley de Protección del Empleo. El cambio más importante fue la introducción de otra norma sobre la transformación del empleo de duración determinada general en empleo de duración indefinida. Además de esta norma adicional sobre dicha conversión, todas las normas de conversión, incluida la relativa a los motivos por los que se da un empleo de duración determinada cuando se cubre a un empleado existente, se trasladaron a una nueva disposición, el artículo 5 a) de la Ley de Protección del Empleo.

143.En 2019, el porcentaje de empleados de entre 20 y 64 años con un contrato de trabajo de plazo fijo ascendió al 14 % de todos los empleados. En los cinco últimos años, la tendencia ha sido ligeramente descendente, lo que puede explicarse por una mejora gradual de la economía.

144.La Confederación de Empresas Suecas, el sindicato de asalariados Consejo Sueco de Negociación y Cooperación, el sindicato de trabajadores industriales IF Metall y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia han llegado a un acuerdo de principio sobre seguridad, reestructuración y protección del empleo. La intención de las partes ha sido adoptar un enfoque holístico de los factores que, combinados, pueden crear flexibilidad, adaptabilidad y seguridad en el mercado laboral. Conjuntamente, han pedido al Gobierno que elabore una propuesta de leyes para reformar la legislación laboral en consonancia con el acuerdo de principio.

145.El Ministerio de Empleo ha elaborado un memorando en el que se proponen las modificaciones legislativas que se consideran necesarias para reformar la legislación laboral en consonancia con el acuerdo de principio entre las partes en materia de protección del empleo. Entre otras cosas, se propone la supresión de la forma de empleo general de duración determinada y su sustitución por la nueva forma de empleo: el empleo específico de duración determinada. Ahora bien, las normas sobre el empleo específico de duración determinada hacen que el empleo se convierta en indefinido mucho más rápidamente. El cambio tiene lugar una vez que el trabajador ha estado empleado en un empleo específico de duración determinada durante un total de más de 12 meses durante un período de cinco años o durante un período en el que el trabajador ha tenido contratos de plazo fijo en forma de empleo específico de duración determinada, como reemplazo de un empleado existente o en trabajo de temporada y estos empleos han sido consecutivos. La propuesta de que un trabajador que haya estado empleado con un contrato de trabajo específico de plazo fijo durante un total de más de nueve meses en los tres últimos años tenga un derecho preferente a ser reempleado con un nuevo contrato de trabajo específico de plazo fijo también contribuirá a una transición más rápida. Además, se propone una norma específica sobre el cálculo de la antigüedad en el servicio. Si un trabajador ha tenido tres o más empleos específicos de duración determinada durante un mismo mes, el tiempo transcurrido entre los empleos también debe contabilizarse en la duración del empleo. Un empleador no puede emplear a un trabajador para reemplazar a otro ya existente para eludir esta norma. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con muchos contratos de plazo fijo de corta duración y permitirá una transición más rápida al empleo permanente. Debería seguir siendo posible, mediante convenios colectivos, establecer excepciones a las normas sobre el empleo de duración determinada establecidas en la legislación.

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

146.Desde que el Gobierno asumió sus funciones, una de las principales prioridades ha sido adoptar una política de entorno de trabajo más ambiciosa. Los recursos en este ámbito han aumentado considerablemente; la Dirección del Entorno de Trabajo ha recibido recursos adicionales para contar con más inspectores y una mayor presencia en los centros de trabajo, y se ha proporcionado financiación adicional para la investigación sobre la vida laboral y para crear la Agencia de Expertos en el Entorno de Trabajo.

147.Entre 2015 y 2018, el Gobierno aumentó la consignación presupuestaria de la Dirección del Entorno de Trabajo en aproximadamente 110 millones de coronas suecas para que la Dirección pudiera emplear a más inspectores y aumentar su presencia en los centros de trabajo. Gracias a este aumento, la Dirección ha podido contratar a más de 150 nuevos inspectores y aumentar el número de inspecciones realizadas. En los últimos años, se han realizado actividades de inspección especial en los sectores de la construcción, la manufactura, el transporte y la dotación de personal.

148.El número de inspecciones siguió aumentando en 2019. Esto se debe a que en la Dirección del Entorno de Trabajo trabajan ahora más inspectores formados que en años anteriores. El número promedio de actuaciones realizadas por cada inspector a tiempo completo en el plazo de un año también aumentó ligeramente en 2019. En 2019 se realizaron más de 1.000 inspecciones más que en 2018.

149.El 30 de julio de 2020, el Gobierno encomendó a la Agencia de Gestión Pública la realización de un análisis de la Dirección del Entorno de Trabajo. El análisis de la Agencia indica que la Dirección del Entorno de Trabajo ha aumentado su labor de supervisión. La Dirección ha contratado más inspectores del entorno de trabajo y más abogados especializados en inspección. La Dirección también realizó más inspecciones en el período 2016-2019 que antes de que se le aumentaran sus recursos. La eficiencia de su supervisión también ha mejorado.

150.En el proyecto de ley presupuestaria para 2018, el Gobierno anunció que se destinarían 18 millones de coronas suecas al año para reforzar las actividades encaminadas a garantizar el buen orden en el mercado laboral en el período 2018-2020, para lo cual se encargó a la Dirección del Entorno de Trabajo que coordinara el desarrollo de métodos para iniciativas de supervisión multiinstitucional.

151.Se encomendó a ocho organismos públicos que desarrollaran métodos de control multiinstitucional para combatir el engaño, el incumplimiento y la delincuencia en el trabajo. Los métodos desarrollados deben integrarse en las operaciones de los organismos para que la colaboración entre ellos funcione bien después de 2020.

152.Las actividades multiinstitucionales para combatir el engaño, las infracciones de la normativa y la delincuencia en el trabajo han dado buenos resultados. En 2019 se realizaron más de 2.000 controles. Más de 1 de cada 10 empresas controladas se vieron obligadas a cerrar total o parcialmente sus operaciones debido a las deficiencias detectadas, y se han pagado multas por valor de más de 10 millones de coronas suecas. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020 se realizaron más de 1.000 controles.

153.A partir de 2021, la financiación de la Dirección del Entorno de Trabajo se ha incrementado en 30 millones de coronas suecas al año. Esto aumentará la capacidad de la Dirección para trabajar con otros organismos con un enfoque centrado y conjunto a fin de seguir frenando el engaño, el incumplimiento y la delincuencia en el trabajo.

154.El Gobierno ha adoptado una estrategia de entorno de trabajo para el período 2021‑2025. La estrategia establece el enfoque de política a largo plazo del Gobierno en este ámbito para los próximos cinco años.

155.En febrero de 2020, el Gobierno sueco estableció un Comité para examinar algunos elementos del sistema sueco de migración laboral. En noviembre de 2021 presentará su informe final, que incluirá la presentación de medidas destinadas a evitar el abuso del sistema de migración laboral y la explotación de los trabajadores.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

156.En 2019, se registraron 36 muertes relacionadas con el trabajo, frente a las 50 de 2018. Los accidentes mortales en el trabajo son mucho más frecuentes entre los hombres que entre las mujeres. De los fallecidos en 2019, 31 eran hombres y 5, mujeres. El número de accidentes entre los hombres es el más bajo de la década de 2000.

157.Del total de accidentes mortales ocurridos en el trabajo, 34 fueron de trabajadores por cuenta ajena y 2 de trabajadores por cuenta propia. En comparación con 2018, en 2019 hubo 5 accidentes mortales menos entre los trabajadores por cuenta ajena y 9 menos entre los trabajadores por cuenta propia.

158.En 2019, los accidentes laborales mortales fueron más frecuentes en el sector de la construcción. Los sectores con mayor número de muertes relacionadas con el trabajo en el período 2010-2019 son la construcción, la industria manufacturera, el transporte y el almacenamiento, además de la agricultura, la silvicultura y la pesca.

159.En 2019, el número de accidentes relacionados con el trabajo que no dieron lugar a una baja laboral fue de aproximadamente 15,8 por cada 1.000 mujeres con empleo remunerado y alrededor de 12,5 por cada 1.000 hombres con empleo remunerado.

160.El número de accidentes de trabajo notificados que han dado lugar a baja laboral se mantiene prácticamente sin cambios en 2019 en comparación con 2018. Los accidentes de trabajo con baja laboral notificados son más frecuentes entre los hombres que entre las mujeres. En 2019, se notificaron aproximadamente 7,7 accidentes de trabajo con baja laboral por cada 1.000 hombres con empleo remunerado. Las cifras relativas a las mujeres a ese respecto fueron de 6,3 casos notificados por cada 1.000 mujeres con empleo remunerado.

161.El motivo más común de los accidentes de trabajo con baja laboral para los hombres fue la pérdida de control de una maquinaria estacionaria, herramientas manuales o vehículos. Entre las mujeres, las caídas fueron el motivo más común de la baja laboral. En 2019, la tasa de accidentes más elevada fue la de los hombres jóvenes de 16 a 24 años.

162.El número de enfermedades profesionales notificadas en 2019 equivale a aproximadamente 2,9 notificaciones por cada 1.000 mujeres con empleo remunerado y aproximadamente 1,5 notificaciones por cada 1.000 hombres con empleo remunerado. La notificación de enfermedades profesionales sigue siendo más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.

163.Las causas más comunes de las enfermedades profesionales notificadas en 2019 fueron los factores organizativos y sociales (40 %), seguidos de la tensión ergonómica (33 %). La proporción de enfermedades profesionales debidas a factores organizativos y sociales fue mayor entre las mujeres (49 %) que entre los hombres (22 %). Tanto para las mujeres como para los hombres, la mayoría de las enfermedades profesionales notificadas por cada 1.000 personas con empleo remunerado corresponden al sector municipal.

164.La estrategia del Gobierno para el entorno de trabajo establece que hay que tener una visión de cero accidentes mortales y que son necesarias medidas concretas para prevenir los accidentes laborales.

165.En junio de 2019, el Gobierno encargó a la Dirección del Entorno de Trabajo un análisis de las circunstancias que precedieron a los accidentes laborales mortales ocurridos en 2018 y en el primer semestre de 2019. La Dirección informó sobre su mandato en febrero de 2020. El informe pone de manifiesto la importancia de que la labor relativa al entorno de trabajo funcione de modo sistemático y de que exista una buena cultura de seguridad. Es necesario garantizar la continuidad de la labor realizada para mejorar la seguridad en el trabajo. En su informe Reacciones – Mandato gubernamental sobre la pericia sectorial de los inspectores, la Dirección del Entorno de Trabajo informó sobre cómo la Dirección está velando por que los inspectores tengan suficiente pericia en los diversos sectores de actividad.

166.Desde mediados de 2019, la Dirección del Entorno de Trabajo tiene un proyecto de visión cero fijado hasta diciembre de 2021. El proyecto consiste en difundir conocimientos, métodos y herramientas para aumentar la seguridad en el trabajo. El proyecto también inspirará y fomentará la colaboración entre los agentes y dará lugar a la elaboración de un plan por la Dirección para seguir trabajando en la prevención de accidentes mortales.

Cuadro 5.1

Número de actuaciones e inspecciones realizadas por la Dirección del Entorno de Trabajo

Año	2016	2017	2018	2019
Número de actuaciones	21 200	22 010	27 154	28 429
Número de inspecciones	18 100	21 177	26 602	27 715

Reformas del seguro de enfermedad

167.En el último año, el Gobierno puso en marcha varias investigaciones y reformas destinadas a facilitar las cosas a las personas, reforzar la cobertura de seguros de las personas y poner en marcha un seguro social adecuado para los agentes implicados. Las investigaciones y reformas abarcan diferentes aspectos del seguro social, y algunas de las propuestas sobre las que se informa se están preparando actualmente.

168.Desde el anterior informe, se han introducido algunas modificaciones legislativas para reforzar la cobertura del seguro de enfermedad. Las modificaciones legislativas pueden resumirse en que contribuyen a aumentar la seguridad financiera percibida y real y a facilitar el regreso al trabajo.

Ejemplos

El 1 de febrero de 2016 se suprimió el plazo impuesto al seguro de enfermedad. El subsidio de enfermedad, el subsidio de rehabilitación y el subsidio de enfermedad y la prestación por rehabilitación en casos especiales pueden concederse ahora sin sujeción a plazos.

A fin de aumentar la seguridad de la personas, el 1 de enero de 2018 se modificó la ley a ese respecto, de modo que se exige que se notifique normalmente al asegurado toda decisión de denegación de una solicitud de prestación por enfermedad que se esté considerando, y se ofrece la posibilidad, en mayor medida que antes, de que, a la espera de una decisión definitiva, se conceda provisionalmente la prestación por enfermedad durante el período de investigación.

Desde el 1 de julio de 2018, la responsabilidad del empleador en materia de adaptación y rehabilitación queda más clara gracias a un nuevo requisito legal según el cual el empleador debe elaborar un plan de reincorporación al trabajo a más tardar en la fecha en la que se haya determinado que la capacidad de trabajo de un empleado ha quedado reducida por un período de 30 días.

El 1 de enero de 2019 se sustituyó el día de carencia por una deducción, aplicable a todos los que tengan ingresos como asalariados.

El 15 de marzo de 2021 se modificó la disposición relativa a la evaluación de la capacidad de trabajo de la persona con respecto al trabajo normal a partir del día 181, de modo que se pueden hacer excepciones cuando existan razones imperiosas para que, antes del día 365, la persona vuelva al trabajo en la misma medida que antes de la enfermedad.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

169.El proyecto de ley ha sido aprobado por el Parlamento, y la modificación legislativa entró en vigor el 1 de agosto de 2019. La modificación se basa en el acuerdo entre los interlocutores sociales.

170.El proyecto de ley del Gobierno establece que la propuesta del Gobierno aplicará el acuerdo de 2018 alcanzado entre la Confederación Sindical Sueca, la Confederación de Empleados Profesionales, la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales y la Confederación de Empresas Suecas sobre el cambio de las normas relativas a la huelga en el mercado laboral sueco. La propuesta implica que las normas de los principales acuerdos y la práctica establecida que los asociados del mercado laboral han seguido durante mucho tiempo se incorporarán a la Ley de Empleo (Ley de Codeterminación en el Lugar de Trabajo).

171.El proyecto de ley propone que el derecho de un trabajador a emprender una huelga contra un empleador obligado por un convenio colectivo o a participar en ella solo pueda ejercerse en determinadas condiciones. Se propuso que la primera condición sea que la huelga haya sido decidida con arreglo a las prescripciones establecidas. La segunda condición propuesta es que la huelga tenga por objeto lograr que el empleador cumpla lo acordado en la negociación colectiva. La tercera condición es que las partes deben haber negociado previamente los requisitos establecidos. La cuarta condición propuesta es que no se establezcan requisitos en virtud de los cuales los convenios colectivos que la organización de trabajadores desea alcanzar sustituyan a los convenios colectivos vigentes aceptados por el empleador. La propuesta no supone una mayor obligación de abstenerse de realizar huelgas en relación con un empleador que no tenga un convenio colectivo para el trabajo en cuestión. El proyecto de ley del Gobierno también proponía que no se permitiera a un empleador o a un trabajador emprender una huelga o participar en ella para ejercer presión en un litigio. La propuesta no afecta al derecho a emprender acciones de solidaridad, bloqueos de reclamación de salarios no entregados o huelgas políticas o a participar en ellos.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

172.La Ley de Restricciones Temporales a la Posibilidad de Obtener un Permiso de Residencia Permanente en Suecia (2016:752), que entró en vigor el 20 de julio de 2016, dejó de aplicarse el 20 de julio de 2021. Durante el período de vigencia de esa Ley de Restricciones Temporales, el derecho a la reunificación familiar estaba garantizado por las disposiciones de dicha Ley, que se habían redactado teniendo en cuenta las obligaciones dimanantes de la legislación de la Unión Europea y los compromisos convencionales contraídos por Suecia, especialmente la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, establecidos en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Durante el período de vigencia, se concedió la residencia a unos 57.000 familiares de personas que habían solicitado asilo.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

173.En Suecia no existen las viviendas sociales, es decir, las destinadas a hogares de recursos limitados o que para acceder a una vivienda adecuada requieren medidas públicas. En 2016, se introdujeron fondos de inversión para aumentar la oferta de viviendas destinadas al alquiler y al alojamiento de estudiantes y cuyo alquiler sería relativamente bajo en comparación con otras viviendas de nueva construcción.

174.Las viviendas construidas con fondos de inversión no se destinan específicamente a ningún grupo concreto de consumidores de vivienda, pero la combinación de una “cuantía máxima de alquiler” y las restricciones en los criterios de ingresos que los propietarios que reciben fondos de inversión pueden imponer a los posibles inquilinos hacen que estas viviendas sean económicamente accesibles para un gran número de hogares.

175.Junto con una serie de modificaciones aplicadas en 2020, también se añadió un requisito por el que las urbanizaciones construidas con fondos de inversión y que abarcaran al menos diez viviendas debían poner 1 de cada 8 viviendas (el 12,5 %) a disposición de la municipalidad, ya sea para asignarlas a un joven —de menos de 31 años— en régimen de arrendamiento propio, o para utilizarlas durante un período de al menos cinco años para alquilarlas a personas en situación social desfavorecida a fin de ayudarlas a entrar, o volver a entrar, en el mercado de la vivienda. Para evitar que las personas desfavorecidas se congreguen en un solo edificio, el propietario puede ofrecer viviendas de su parque existente en lugar de las construidas con los fondos de inversión.

176.Desde la puesta en marcha de los fondos de inversión —hasta el 31 de mayo de 2021 inclusive—, se han aprobado fondos para la construcción de urbanizaciones en toda Suecia que totalizan más de 47.000 viviendas. De ellas, se han completado casi 23.000 viviendas (es decir, las correspondientes al 48 % de los fondos aprobados).

177.En mayo de 2020, el Gobierno decidió encargar una investigación sobre la forma de facilitar una oferta de vivienda socialmente sostenible a fin de aliviar la situación de los hogares con dificultades para encontrar una vivienda en condiciones de mercado. La investigación debe examinar el reparto de tareas en el sector público y se espera de ella que proponga cómo hacer más eficaces determinados instrumentos de la política de vivienda. La comisión investigadora deberá presentar su informe a más tardar el 31 de marzo de 2022.

178.En diciembre de 2020, el Gobierno decidió nombrar una comisión encargada de investigar medidas para facilitar la entrada en el mercado de la vivienda a quienes compran por primera vez, y de presentar propuestas al respecto. El mandato incluye proponer cómo debería diseñarse un préstamo inicial del Gobierno para quienes compran vivienda por primera vez. La comisión debe presentar su informe a más tardar el 31 de marzo de 2022.

179.Se han aplicado varias medidas para mejorar la resiliencia de los hogares a los riesgos asociados al endeudamiento de las familias. Se presentan a continuación algunos ejemplos de ese tipo de medidas.

180.En el cuarto trimestre de 2010, la autoridad de supervisión financiera Finansinspektion formuló una recomendación general sobre los préstamos que utilizan la vivienda como garantía; la hipoteca debería estar sujeta a un tope de modo que ningún nuevo préstamo superara el 85 % del valor de mercado de la vivienda.

181.La autoridad de supervisión financiera introdujo para las personas que hagan un nuevo préstamo hipotecario un requisito de amortización, cuya normativa correspondiente entró en vigor el 1 de junio de 2016. El requisito establece que las personas que hagan un nuevo préstamo hipotecario deben reembolsar el 1 % anual si la relación proporcional préstamo-valor es superior al 50 % y el 2 % anual si la relación proporcional préstamo-valor es superior al 70 %.

182.La autoridad de supervisión financiera endureció el requisito de amortización a partir del 1 de marzo de 2018 para los hogares que habían contratado nuevas hipotecas que suponen un endeudamiento elevado en relación con la renta del hogar. El requisito establece que todas las personas que hagan un nuevo préstamo hipotecario que entrañe deudas superiores al 450 % de los ingresos brutos deben reembolsar el 1% anual, además del requisito de reembolso anterior.

183.Teniendo en cuenta las consecuencias e incertidumbres financieras provocadas por el coronavirus, en el segundo trimestre de 2020 la autoridad de supervisión financiera decidió dejar claro que las compañías hipotecarias pueden conceder una exención de reembolso de duración limitada tanto a los nuevos como a los antiguos titulares de hipotecas sujetas a requisitos de reembolso.

184.Toda persona que no sea capaz de satisfacer sus propias necesidades o de satisfacerlas por otros medios tiene derecho a recibir asistencia de los servicios sociales para que se le garantice un nivel de vida razonable.

185.En el período 2018-2021, a fin de mejorar la situación de las personas sin hogar y combatir la falta de hogar y la exclusión del mercado de la vivienda, el Gobierno decidió conceder subvenciones públicas por valor de 25 millones de coronas suecas al año a los 10 municipios con mayor número de personas afectadas acuciantemente por ello. En el mismo período, el Gobierno decidió conceder 120 millones de coronas anuales en subvenciones públicas para impulsar la labor que realizan las organizaciones sin fines de lucro para luchar contra la falta de hogar entre los jóvenes adultos. Los fondos se utilizarán para hacer frente a la falta de hogar entre los adultos jóvenes cuya enfermedad mental puede ser un factor que contribuya a su falta de hogar.

186.En el período 2020-2021, el Gobierno también encomendó a los consejos de administración de los condados que apoyaran la labor de los municipios para evitar los desalojos.

187.El 26 de noviembre de 2020, el Gobierno encomendó al Consejo Nacional de Salud y Bienestar que presentara un análisis y propuestas de medidas para combatir y prevenir la falta de hogar. Entre otras cosas, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar debe proponer medidas para apoyar la introducción de la iniciativa “Primero la vivienda” en los municipios.

188.El Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social también debe proponer medidas para aumentar la labor de divulgación dirigida a las personas sin hogar o en riesgo de no tenerlo y sugerir medidas para mejorar la labor local encaminada a prevenir los desalojos. El Consejo también debe proponer medidas para garantizar que las personas que debido a la violencia han permanecido en centros de acogida puedan hacer la transición a un alojamiento permanente.

189.En 2017, durante una semana dedicada específicamente a medir el alcance de la falta de hogar y de la exclusión del mercado de la vivienda, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar llevó a cabo una encuesta nacional. Anteriormente, en 1993, 1999, 2005 y 2011, se habían realizado encuestas nacionales sobre la falta de hogar en Suecia.

190.Según los datos de la encuesta de 2017, un total de unas 33.250 personas eran, de conformidad con la definición establecida por el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, personas sin hogar. La definición se basa en la situación en materia de vivienda y tiene cuatro categorías, la primera de las cuales es la de personas afectadas acuciantemente por la falta de hogar.

191.De las personas que estaban sin hogar en la semana de la encuesta, el 62 % eran hombres y el 38 %, mujeres. La edad media era de 40 años. El 46 % había nacido fuera de Suecia, lo que era más frecuente en las mujeres (48 %) que en los hombres (40 %). Una tercera parte de las personas que estaban sin hogar en la semana de la encuesta tenía hijos menores de 18 años, lo que significa que más de 24.000 niños tenían un progenitor que se encontraba en ese momento en una de las cuatro categorías de personas afectadas por la falta de hogar. De las aproximadamente 33.250 personas que estaban sin hogar en la semana de la encuesta, 16.241 (el 49 %) vivían en una de las tres regiones metropolitanas de Suecia. De estas personas sin hogar, 7.247 se encontraban en el Gran Estocolmo, 5.097, en el Gran Gotemburgo y 3.897, en el Gran Malmö.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

192.El Gobierno ha encargado al Consejo Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación ( Boverket ) que analice y evalúe si, cuando se adjudica una vivienda, existen situaciones desventajosas que puedan constituir una discriminación. El mandato encomendado al Consejo incluía, por ejemplo, analizar cómo se asignan las viviendas de alquiler sujetas o no a la seguridad de la tenencia, y los requisitos que los propietarios imponen a los posibles inquilinos.

Información específica sobre los romaníes y la vivienda

193.En febrero de 2012, Suecia estableció una estrategia a largo plazo para la inclusión de los romaníes con el objetivo general de que los romaníes que tengan 20 años en 2032 tengan las mismas oportunidades en la vida que los no romaníes. La vivienda es una de las esferas a las que se da prioridad en la estrategia, y las cuestiones de vivienda se señalan como un aspecto fundamental en la inclusión de los romaníes. Las condiciones de la vivienda inciden en las oportunidades de las personas para conseguir trabajo y educación, y en los derechos y oportunidades de los niños en relación con una escolarización estable. Uno de los objetivos de la estrategia es trabajar para reducir la discriminación en el mercado inmobiliario y garantizar que los romaníes tengan acceso a la vivienda en las misma condiciones que el resto de la población.

194.En dos ocasiones, el Boverket ha participado en la elaboración de informes sobre la situación actual de los romaníes en un total de 10 municipios diferentes (en 2014 y 2018). El Boverket señala que en los municipios estudiados se observan comportamientos discriminatorios hacia los romaníes, en parte por cuanto estos se ven en desventaja cuando van a alquilar una vivienda, pero también por cuanto las quejas que presentan los vecinos en su contra pueden dar lugar a que pierdan su vivienda. Sin embargo, las entrevistas con los romaníes revelan que muchos de los que sufren comportamientos discriminatorios no los denuncian porque no quieren perder la vivienda que tienen. Muchos romaníes optan por ocultar su identidad romaní para mejorar su situación en el mercado inmobiliario.

195.A fin de lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades en el mercado inmobiliario para los romaníes, los agentes de este mercado deben comprender y aceptar que tienen una responsabilidad en la labor colectiva sobre los derechos de los romaníes. Para avanzar en las cuestiones relacionadas con el comportamiento discriminatorio contra los romaníes en el mercado inmobiliario es necesario tener más conocimientos al respecto. Por consiguiente, se ha encomendado al Boverket la elaboración de unas orientaciones para propietarios y arrendadores encaminadas a crear mayor conciencia entre ellos sobre la situación de los romaníes en el mercado inmobiliario y contrarrestar la discriminación. El Boverket también ha realizado vídeos informativos que pueden utilizarse para promocionar aún más la formación en línea. En el período 2018-2020, 309 personas completaron la formación conexa. Además, se han organizado cinco sesiones regionales de capacitación abiertas al público a las que han asistido personas de empresas del sector inmobiliario y personas que trabajan de diversas maneras en cuestiones inmobiliarias.

196.En noviembre de 2017, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, en nombre del Gobierno, publicó unas orientaciones para los servicios sociales municipales que trabajan con ciudadanos vulnerables de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) sin derecho de residencia en Suecia. El principal punto de partida de las orientaciones son las obligaciones y oportunidades que la legislación de la UE y la legislación sueca ofrecen a los servicios sociales en sus relaciones con los ciudadanos de la UE/EEE.

197.Las disposiciones relativas a la responsabilidad última de la municipalidad en la prestación de apoyo y asistencia en virtud de la Ley de Servicios Sociales (2001:453) se aplican a todos en Suecia. Por consiguiente, en virtud de las disposiciones de la Ley de Servicios Sociales, toda persona tiene derecho a solicitar una ayuda económica o de otro tipo en el municipio en el que reside y a que su caso sea examinado y resuelto en una decisión oficial. Las obligaciones de ayuda a las personas sin derecho legal de estancia en Suecia o a los ciudadanos de la UE/EEE que no puedan mantenerse en sus primeros tres meses en Suecia son limitadas. Normalmente, estas personas solo tienen derecho a recibir asistencia de emergencia, como alojamiento temporal, dinero para alimentos y un billete de regreso a su país.

198.Si la solicitud de asistencia afecta a niños, en la evaluación debe tenerse en cuenta el principio del interés superior del niño, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Ley de Servicios Sociales. La responsabilidad última de la municipalidad en materia de apoyo y asistencia en virtud de la Ley de Servicios Sociales se aplica en relación con todos los niños, independientemente de si tienen derecho a permanecer en Suecia y del tiempo que lleven en el país.

199.Por ejemplo, esto significa que el alojamiento permanente en coches, caravanas, albergues y alojamientos improvisados similares se consideran condiciones de vida inaceptables para los niños, independientemente de la condición jurídica de sus padres.

200.De conformidad con la Ley de Servicios Sociales, los servicios sociales municipales están obligados a realizar actividades de divulgación y otras labores de prevención para evitar daños a los niños y jóvenes. Muchas municipalidades trabajan activamente para ayudar a los ciudadanos vulnerables de la UE/EEE. En función de las condiciones locales, algunas municipalidades llevan a cabo la labor de divulgación ellas mismas, mientras que otras trabajan en colaboración con organizaciones sin fines de lucro. La labor de divulgación aumenta las oportunidades para detectar a personas especialmente desfavorecidas y vulnerables, como niños, mujeres víctimas de la violencia y personas con discapacidad física o intelectual.

201.Los asentamientos no autorizados como tales no son responsabilidad de los servicios sociales municipales, pero sí lo es la situación de las personas que viven en alojamientos no autorizados. Los servicios sociales tienen un importante papel que desempeñar en la prestación de apoyo cuando las personas son desalojadas de sus hogares, especialmente cuando hay niños afectados. Si las personas que van a ser desalojadas no tienen derecho de residencia en Suecia y, por lo tanto, no son residentes en el país, la responsabilidad de los servicios sociales se limita generalmente a aliviar una situación de emergencia temporal. Si hay niños en el alojamiento en cuestión, por regla general los servicios sociales ya deberían haber sido informados de ello por la municipalidad en su labor de divulgación o por la Autoridad de Ejecución o la Policía, que deben notificarles el desalojo inminente.

202.Los desalojos y las expulsiones son llevados a cabo por la Autoridad de Ejecución. En el proceso, que es de carácter bipartito, la Autoridad es garante de que se respete el estado de derecho en el procedimiento y de que la ejecución se lleve a cabo de forma objetiva e imparcial. Las normas de expulsión se introdujeron en 2017, mientras que las de desalojo son de larga data.

203.Como norma general, el demandado debe tener la oportunidad de declarar antes de que se lleve a cabo el desalojo. El demandado debe ser informado antes de la expulsión. Tanto en el desalojo como en la expulsión, debe haber una consideración razonable de la situación del demandado, y en ambos casos deben organizarse de modo que se evite causar un daño innecesario. Además, cuando se presente a la Autoridad de Ejecución un caso de desalojo, esta debe notificar al comité de asistencia social. En lo que respecta a la expulsión, la Autoridad debe notificar al comité de asistencia social la fecha de la expulsión. La notificación también debe indicar si cabe suponer que la expulsión afectará a niños.

Asentamientos

204.El informe final del Consejo de Administración del condado de Estocolmo de enero de 2020 sobre el mandato del Gobierno en materia de coordinación nacional en relación con los ciudadanos vulnerables de la UE/EEE sin derecho de residencia en Suecia llega a la conclusión de que la mayoría de las personas del grupo destinatario proceden de Rumania y Bulgaria. El Consejo de Administración del condado señaló que los asentamientos más grandes y permanentes que solían existir en varios lugares de Suecia, principalmente en las afueras de las grandes ciudades, son cada vez más escasos. En cambio, los asentamientos temporales se han vuelto más comunes. La tendencia ha sido que el grupo destinatario opte por vivir en vehículos en lugar de en asentamientos temporales como cabañas, tiendas de campaña o chabolas.

205.El Consejo de Administración del condado también señaló que, desde que la Policía, la Autoridad de Ejecución y las municipalidades empezaron a trabajar juntos en el problema de los asentamientos informales, la Autoridad de Ejecución ha recibido menos solicitudes de propietarios de tierras y bienes inmuebles que piden ayuda especial.

Apoyo al grupo destinatario por parte de las organizaciones de la sociedad civil

206.Varias organizaciones de la sociedad civil sueca prestan apoyo al grupo destinatario de ciudadanos vulnerables de la UE/EEE. Este apoyo, incluye, por ejemplo, servirles comida, proporcionarles servicios de lavandería y duchas, ropa, artículos de higiene, alojamiento en albergues y asesoramiento sobre cuestiones de salud.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

207.Suecia cuenta con un servicio nacional de atención de la salud garantizado por ley desde 2010. La garantía de atención de la salud obliga a las regiones a prestar asistencia sanitaria en determinados plazos y establece el tiempo máximo que debe esperar un paciente para una cita, tratamiento o intervención quirúrgica, tanto en la atención primaria como en la especializada. Aunque la garantía nacional de atención de la salud está regulada por ley y se aplica en toda Suecia, sigue habiendo grandes diferencias regionales en cuanto a tiempo de espera para recibir asistencia sanitaria. El Gobierno ha trabajado de diversas maneras para mejorar la buena accesibilidad en todo el país.

208.En el marco del acuerdo sobre el aumento de la accesibilidad en la asistencia sanitaria, el Gobierno desembolsa fondos a las regiones de modo que se reduzcan sus tiempos de espera, lo cuales se miden tomando como base la garantía nacional de atención de la salud. Las iniciativas previstas en el acuerdo también tienen por objeto mejorar la labor estratégica de las regiones en materia de accesibilidad. En 2021, el Gobierno destinó a este fin 2.900 millones de coronas suecas. Desde hace varios años, el Gobierno también ha aplicado medidas para impulsar la atención oncológica, entre ellas la introducción de itinerarios asistenciales normalizados para dicha atención, lo que, según se considera, ha tenido un impacto positivo en la accesibilidad a dicha atención y en la igualdad al respecto. Además, la Ley del Paciente, vigente desde 2015, tiene entre sus objetivos mejorar las oportunidades de los pacientes para buscar atención ambulatoria en todo el país. Por otra parte, el Gobierno ha establecido una Delegación para la Mejora de la Accesibilidad en la Asistencia Sanitaria, cuya labor se centra específicamente en reducir los tiempos de espera. La Delegación debe apoyar a las regiones en la aplicación de los planes de acción regionales para una mayor accesibilidad.

Atención de la salud de los solicitantes de asilo y otros

209.El punto de partida de la Ley de Servicios Médicos y de Salud (2017:30) es que toda región sueca está obligada a ofrecer asistencia sanitaria y médica a los residentes en la región. El concepto de atención sanitaria y médica abarca tanto las medidas de prevención de la enfermedad como la atención de la salud propiamente dicha, incluida la atención psiquiátrica.

210.Los ciudadanos extranjeros que tienen permiso de residencia o derecho de residencia en Suecia pueden inscribirse en el registro de población y, por consiguiente, tienen pleno acceso a la asistencia sanitaria subvencionada. Los grupos para los que el acceso a la asistencia sanitaria está especialmente regulado son los solicitantes de asilo y las personas que residen en Suecia sin permiso (migrantes indocumentados). El acceso a la asistencia sanitaria para estos grupos está regulado en la Ley de Atención de la Salud de los Solicitantes de Asilo y Otros (2008:344) y en la Ley de Atención de la Salud de Determinados Extranjeros Residentes en Suecia sin los Permisos Necesarios (2013:407). Tanto para los solicitantes de asilo como para los migrantes indocumentados, los niños hasta los 18 años tienen derecho a la asistencia sanitaria en la misma medida que los residentes en Suecia, en consonancia con la definición señalada antes. En cambio, los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados adultos tienen un acceso limitado a la asistencia sanitaria. La responsabilidad de las regiones en la prestación de esta asistencia sanitaria a estos grupos se limita a la asistencia sanitaria urgente, la atención a la maternidad, la asistencia para el aborto y el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

Salud mental

211.El Gobierno celebra acuerdos anuales sobre salud mental con la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones. El objetivo de los acuerdos es mejorar la labor de las regiones y municipios suecos en el ámbito de la salud mental.

212.Los acuerdos incluyen una inversión continua en el fortalecimiento de la atención de primera línea para niños y jóvenes, en la que la promoción de la salud entre los jóvenes constituye una esfera de actividad importante. El objetivo es garantizar que los niños y jóvenes con enfermedades mentales reciban una atención sanitaria local de calidad que satisfaga sus necesidades en un plazo razonable. La mejora de la atención de primera línea puede contribuir a aumentar el acceso de los niños y jóvenes a los servicios psiquiátricos, garantizando que los niños que no necesitan atención psiquiátrica especializada reciban servicios de atención primaria, en los centros de promoción de la salud entre los jóvenes o mediante algún tipo de servicio de asesoramiento, por ejemplo. Las regiones deben colaborar con las escuelas y los servicios de salud para estudiantes a fin de facilitar las iniciativas de prevención y promoción. Cuando sea necesario, también deben colaborar en las intervenciones correctivas. Esto puede incluir, por ejemplo, iniciativas de promoción de la salud en general, así como actividades de prevención y detección de enfermedades mentales. Se destinarán 380 millones de coronas suecas a las regiones para iniciativas destinadas a reforzar los servicios psiquiátricos infantiles y juveniles, promover la salud mental y combatir las enfermedades mentales en niños y jóvenes.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

213.El Gobierno ha introducido muchas medidas desde el brote de la pandemia. Las medidas tienen por objeto proporcionar mayor seguridad a los afectados por la crisis y proteger la vida, la salud y la capacidad de ganarse la vida de las personas. Se exponen a continuación las medidas de asistencia sanitaria.

Muchos municipios y regiones se han visto muy afectados económicamente por el actual brote de COVID-19. El Gobierno ha adoptado varias medidas para apoyar a las regiones y los municipios, entre ellas el desembolso de 20.000 millones de coronas suecas en subvenciones públicas específicas destinadas a las regiones para sufragar los costos adicionales relacionados con la COVID-19.

Dos organismos públicos clave que trabajan en la pandemia son la Agencia de Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud y Bienestar. Ambos organismos han recibido financiación adicional en 2020 y 2021 para su labor en curso sobre la pandemia.

El Gobierno ha adoptado la iniciativa de introducir varios tipos de intervenciones y medidas específicas para hacer frente a la acumulación de necesidades de atención en el sector sanitario. El objetivo de las inversiones del Gobierno es garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios y la adopción de medidas eficaces y adecuadas para satisfacer todas las necesidades sanitarias de la población. En 2022 se desembolsaron 6.000 millones de coronas suecas.

Además, en 2020, en el marco de un acuerdo sobre el aumento del acceso a la asistencia sanitaria en 2020 y el acuerdo de seguimiento conexo, se desembolsaron 2,896 billones de coronas suecas, que se repartieron entre las regiones. A finales de 2021, las regiones podrán acceder a financiación adicional en virtud del acuerdo, en función de su desempeño en la reducción de las listas de espera.

214.Por otra parte, el Gobierno ha encomendado varios mandatos a los organismos públicos en relación con el retraso en la atención sanitaria y la necesidad de aumentar la accesibilidad.

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar se ha encargado de analizar el retraso en la atención sanitaria que se ha producido como consecuencia del virus causante de la COVID-19. Se ha encomendado al Consejo que establezca una función coordinadora para apoyar a las regiones en la coordinación del acceso a las camas de cuidados intensivos en todo el país. Esto se debe al brote de COVID-19.

Se ha encomendado al Consejo Nacional de Salud y Bienestar la tarea de apoyar la coordinación de los recursos sanitarios y de atención médica de las regiones necesarios para responder a la COVID-19. A la Agencia de Salud Pública de Suecia se le ha encomendado actualizar periódicamente las hipótesis sobre la posible evolución del brote de coronavirus en lo sucesivo.

El brote de COVID-19 ha supuesto un gran volumen de trabajo para el personal del sector sanitario. A fin de ayudar a los municipios y regiones de Suecia a procesar sus experiencias en relación con la pandemia, en 2020 se les concedieron 500 millones de coronas suecas para ayuda de emergencia, asesoramiento o apoyo a las personas que han sufrido experiencias traumáticas.

El Gobierno se ha comprometido a sufragar los costos de todas las pruebas de diagnóstico de las personas con síntomas de infección activa. El Gobierno también ha indemnizado a las regiones por el uso de las pruebas rápidas y ha destinado fondos para el rastreo de la infección y la gestión de los brotes.

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

215.En Suecia, el consumo privado de estupefacientes constituye un delito menor relacionado con las drogas y, según la práctica establecida, solo se castiga con una multa. Las penas más severas se reservan para delitos más graves. No está previsto revisar la legislación sobre el consumo privado. Las personas con problemas de adicción y uso indebido de sustancias tienen acceso a la asistencia sanitaria y al apoyo a través del sistema sanitario sueco y, en el caso de los condenados por delitos más graves, dentro del sistema penitenciario.

216.A los condenados que disfrutan de libertad condicional se les puede prescribir, si se considera justificado, un tratamiento contra el uso indebido de sustancias, proporcionado por el Servicio de Prisiones y de Libertad Condicional. En el marco del cumplimiento de una pena de prisión, a las personas con problemas de adicción y uso indebido de sustancias se les deben ofrecer actividades para evitar recaídas y se las debe animar a participar en ellas. Por ejemplo, en el período final de su pena privativa de libertad, un recluso puede someterse a un tratamiento residencial en un centro de tratamiento fuera de la prisión. Los toxicómanos que cumplen una condena pueden ser ingresados en centros especiales para su tratamiento. Hay prisiones especializadas en el tratamiento, pero también hay otras que tienen servicios de tratamiento. Uno de los objetivos del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional es que el cliente puede continuar voluntariamente el tratamiento, tras obtener la libertad condicional.

217.El municipio en el que la persona está empadronada es responsable de proporcionarles apoyo y ayuda durante su cumplimiento de penas privativas de libertad. La región de origen de la persona es responsable de prestarles servicios de asistencia sanitaria. Las personas condenadas a sanciones penales tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a recibir atención, apoyo y ayuda de los municipios y las regiones.

218.Las intervenciones en Suecia para reducir los daños derivados de los problemas relacionados con las drogas se están perfeccionando y llegan ahora a un mayor número de consumidores. Una iniciativa relativamente nueva que ha tenido un gran alcance en Suecia es la de poner a disposición de los pacientes el aerosol nasal inhibidor de opiáceos Naloxona. Entre 2019 y 2020, el número de regiones que realizan este trabajo sistemático ha aumentado de 13 a 18. En los últimos años se han desarrollado varias esferas de intervención con el objetivo de garantizar que las iniciativas de prevención y promoción de la salud lleguen a las personas que se inyectan drogas. La propagación de la hepatitis C está considerablemente más extendida en este grupo que la del VIH, lo que pone de relieve la importancia de destacar que en las distintas intervenciones se debe responder a necesidades combinadas. Con el tiempo, el tratamiento de la hepatitis C ha llegado a un número cada vez mayor de personas que se inyectan drogas. Para satisfacer la necesidad de prevención, las regiones y los municipios pueden llevar a cabo operaciones de bajo umbral basadas en las necesidades locales. Entre otras esferas estratégicas de actividad en materia de prevención, cabe destacar las que competen al Servicio de Prisiones y de Libertad Condicional y al servicio sanitario y los servicios sociales nacionales. Las actividades de prevención primaria pueden incluir pruebas de diagnóstico, asesoramiento, orientación, vacunación contra la hepatitis B, intercambio de agujas, visitas de comadronas y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

219.El 1 de marzo de 2017 entraron en vigor varias modificaciones de la Ley de Intercambio de Jeringuillas y Agujas (2006:323) que tenían por objeto mejorar el acceso a los intercambios de agujas en toda Suecia. Desde que entró en vigor la modificación legislativa, el número de regiones que, del total de 21, están dotadas de servicios de intercambio de agujas, ha aumentado de 8 a 16, lo que significa que una mayor proporción de personas que se inyectan drogas tiene acceso a dichos servicios. En 2019, 4.817 personas habían sido atendidas en uno de los 26 servicios de intercambio de agujas que estaban disponibles en 16 regiones de Suecia en ese año, un aumento del 30 % en comparación con 2018.

220.A partir de los informes anuales de las regiones de 2018, se puede confirmar que no se ha encontrado ninguna transmisión del VIH o de la hepatitis B entre los participantes en los programas de intercambio de agujas. Todos los servicios ofrecen a los participantes pruebas de detección del VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. La transmisión de la hepatitis B puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación, que todos los servicios ofrecen a sus usuarios. Según los informes, tres de esos servicios también ofrecen tratamiento para el VIH. En 2018, siete de los servicios señalaron que ofrecían tratamiento para la hepatitis C. En 2019, dos de los servicios derivaron a sus usuarios a centros de tratamiento y otros dos decidieron empezar a ofrecerlo.

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

Escolaridad obligatoria

221.Todos los niños residentes en Suecia tienen la obligación de asistir a la escuela. La enseñanza obligatoria abarca nueve años, y la mayoría de los niños comienzan el primer curso en el cuarto trimestre del año en que cumplen 7 años. Solo un porcentaje muy reducido de los alumnos que terminan el noveno curso lo hacen sin nota final aprobatoria, es decir, sin nota de aprobado en las asignaturas. La proporción de estudiantes que terminan la enseñanza obligatoria sin nota final aprobatoria solo ha variado en 0,1 puntos porcentuales en el período comprendido entre los años académicos 2016/17 y 2019/20.

222.Los estudiantes deben cumplir los requisitos de admisibilidad necesarios para acceder a los programas nacionales de la enseñanza secundaria superior. Los requisitos de admisibilidad difieren entre los diferentes programas nacionales. Para acceder a los programas de formación profesional de la enseñanza secundaria superior, los estudiantes deben aprobar ocho asignaturas, y para acceder a los programas de la enseñanza secundaria superior que preparan a los estudiantes para la universidad, deben aprobar 12 asignaturas. Los estudiantes que no pueden cursar un programa nacional en la enseñanza secundaria superior pueden estudiar en un programa introductorio.

223.En el segundo trimestre de 2020, el 85,6 % de los estudiantes cumplían los requisitos para acceder a programas de formación profesional de secundaria superior, lo que supone un aumento de 3,1 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2017. En el segundo trimestre de 2020, la proporción de estudiantes que cumplían los requisitos para acceder a programas preparatorios de educación superior era del 84,4 % (programa de Artes), del 82,9 % (programas de Economía y Gestión Empresarial, Humanidades y Ciencias Sociales) y del 81,5 % (programas de Ciencias Naturales y Tecnología). Esto supone un aumento de 2,7 puntos porcentuales, 2,8 puntos porcentuales y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al segundo trimestre de 2017.

Enseñanza secundaria superior

224.No todos los estudiantes que se presentan a los programas nacionales de enseñanza secundaria superior pueden matricularse en ellos. Antes del año académico 2020/21, el 87 % de los estudiantes cumplían los requisitos para ser aceptados en su primera opción de programa nacional (el 94 % para los programas preparatorios de enseñanza superior y el 74 % para los programas de formación profesional). Tampoco todos los solicitantes que cumplen los requisitos de admisibilidad son aceptados en el programa de primera opción o por la escuela de primera opción a los que se han presentado. Antes del año académico 2020/21, el 59,1 % de los solicitantes que se presentaron a un programa de formación profesional y el 71,1 % de los que se presentaron a un programa preparatorio de enseñanza superior fueron aceptados en su programa de primera opción y por su escuela de primera opción. Desde el año académico 2016/17, esta proporción se ha mantenido entre el 70 % y el 72% para los programas preparatorios de enseñanza superior, y entre el 55 % y el 63 % para los programas de formación profesional. El cuadro que se presenta más adelante indica la proporción de solicitantes que se presentaron a programas nacionales de enseñanza secundaria superior y fueron admitidos en su programa de primera opción y por su escuela de primera opción, desglosados por sexo, origen migratorio y estatus socioeconómico (nivel de educación más alto de los padres) para el año académico 2020/21. La proporción de alumnos que fueron admitidos según su primera opción fue mayor entre las niñas. La proporción también fue mayor entre los solicitantes nacidos en Suecia con al menos un progenitor nacido en Suecia, en comparación con los solicitantes nacidos en Suecia de padres nacidos en el extranjero, pero sobre todo en comparación con los solicitantes nacidos en el extranjero. La proporción de alumnos que fueron aceptados según su primera opción para el año académico 2020/21 también fue mayor entre los solicitantes con padres con educación secundaria superior, en comparación con los solicitantes con un progenitor con educación secundaria superior y otro con educación obligatoria solamente. Este patrón, basado en el sexo, el origen migratorio y el estatus socioeconómico, se ha mantenido en gran medida desde el año académico 2016/17.

225.Los programas nacionales de la enseñanza secundaria superior están concebidos para ser completados en tres años. En 2020, el 78,2 % de los estudiantes que se inscribieron en un programa nacional en el cuarto trimestre de 2017 obtuvieron el título en tres años (el 79,8 % en el caso de los programas preparatorios de enseñanza superior y el 74,3 % en el de los programas de formación profesional). La proporción de estudiantes que se titulan en tres años ha aumentado continuamente desde 2016.

226.En la enseñanza secundaria superior, es decir, la que incluye los programas introductorios así como los programas nacionales, la proporción de estudiantes en 2020 que obtuvieron el título en tres años fue considerablemente menor (66,3 %). La proporción de estudiantes de enseñanza secundaria superior en 2020 que se tituló en cinco años fue del 72 %. Así pues, en 2020, el 28 % de los alumnos que iniciaron sus estudios en el año académico 2015/16 abandonaron la enseñanza secundaria superior sin titulación tras cinco años de estudio. Esto se debe, en parte, a la baja tasa de titulación al cabo de cinco años entre los estudiantes de los programas introductorios.

Educación de adultos organizada por los municipios

227.La educación de adultos organizada por los municipios ( Komvux ) se propone apoyar y estimular a los adultos en su aprendizaje. La Komvux se imparte en forma de cursos de enseñanza básica y secundaria superior y de sueco para inmigrantes, y como educación especial, a nivel de enseñanza básica y secundaria superior. En 2020, en la Komvux estudiaron en cursos de nivel básico o secundario superior o de sueco para inmigrantes un total de 400.000 alumnos, lo que equivale al 7 % de la población de entre 20 y 64 años. El número ha aumentado en 13.000 estudiantes desde 2019, lo que puede atribuirse en parte a la pandemia de COVID-19. De las personas que en 2020 estudiaban en la Komvux en el nivel básico y secundario superior y en los cursos de sueco para inmigrantes, el 60 % eran mujeres y el 40 %, hombres. En el nivel básico, el 95 % de los estudiantes nacieron en el extranjero, mientras que en el nivel secundario superior los nacidos en el extranjero representaron algo más del 46% de los estudiantes. En los cursos de sueco para inmigrantes, prácticamente todos los estudiantes han nacido fuera de Suecia.

228.Del total de participantes en cursos que completaron o abandonaron un curso en la Komvux en 2020, el 69 % aprobó el curso, el 9 % completó el curso pero no lo aprobó y el 22 % abandonó el curso. La tasa de abandono escolar en total difiere relativamente poco con respecto a 2019, pero hay variaciones entre los distintos tipos de escuela.

Formación profesional superior

229.La formación profesional superior es una forma de educación posterior a la enseñanza secundaria superior que combina estudios teóricos con fuertes vínculos con el mundo del trabajo. Los cursos se diseñan e imparten en colaboración con empresas y empleadores y procuran satisfacer la necesidad de mano de obra cualificada. En 2020, algo menos de 78.000 personas eran estudiantes de formación profesional superior, el 53 % de ellas mujeres y el 47 % hombres. La edad media era de 30 años, y el 77 % de ellas había nacido en Suecia y el 23 %, en el extranjero.

230.En 2019, 14.500 personas se titularon en un programa de formación profesional superior que proporciona una cualificación. Esto representa una tasa de titulación del 71 %.

Enseñanza superior

231.La enseñanza superior comprende cursos de grado, posgrado y doctorado. La enseñanza superior y la investigación en Suecia se llevan a cabo en gran medida en universidades e instituciones de educación superior financiadas por el Estado. Las instituciones de educación superior estatales son organismos públicos directamente subordinados al Gobierno. También hay proveedores de educación privados, no estatales, la mayoría de los cuales son pequeños e imparten educación en solo uno o unos pocos ámbitos.

Mayor número de personas que inician estudios superiores

232.La pandemia de COVID-19 ha provocado una mayor presión sobre la enseñanza superior. Para hacer frente a la presión prevista, el Gobierno ha invertido en una amplia expansión de la enseñanza superior. En el semestre de otoño de 2020, un número considerablemente mayor de personas solicitó ingreso a las instituciones de educación superior, y entre los solicitantes se destacaban en número los más jóvenes. El número de jóvenes de 19 años aumentó casi un 30 % en comparación con el año anterior. En total, 384.500 estudiantes se inscribieron en la enseñanza superior en el semestre de otoño de 2020.

Mayor número de graduados

233.El número de estudiantes de grado y posgrado en el año académico 2019/20 fue de casi 72.000, lo que supuso un importante aumento con respecto al curso anterior. Esto refuerza una tendencia establecida desde hace mucho tiempo de aumento del número de estudiantes que se gradúan cada año. Hace 10 o 15 años, cada año se graduaban con títulos de licenciado o de máster unas 52.000 personas.

Estudiantes de origen extranjero que ingresan a la universidad

234.El porcentaje de estudiantes de origen extranjero que ingresan a la enseñanza superior ha aumentado en los últimos años. Al mismo tiempo, en los diez últimos años también ha aumentado entre la población el porcentaje de personas de origen extranjero. En el año académico 2018/19, el 26 % de los nuevos estudiantes universitarios (sin incluir a los internacionales) eran de origen extranjero.

Gráfico 3

Iniciativas del Gobierno en materia de educación superior para personas con estudios en terceros países

235.En los últimos años, el Gobierno ha incrementado su inversión en cursos complementarios de educación superior para personas con educación extranjera.

236.Las perspectivas de encontrar trabajo en Suecia tras la formación complementaria son buenas; según la Autoridad de Enseñanza Superior, el 75 % de los que completaron un curso de formación complementaria en los años académicos 2014/15 y 2016/17 se habían incorporado al mercado laboral en el plazo de un año desde la finalización del curso.

237.Una comparación de todos los licenciados, incluidos los de origen sueco, en programas de educación superior ordinarios equivalentes, muestra que las personas con formación complementaria tenían una tasa de empleo ligeramente inferior tres años después de finalizarla.

Sesgo social en las admisiones a la educación superior

238.Desde hace mucho tiempo, en Suecia existe un sesgo social en la educación superior que, según la Autoridad de Enseñanza Superior, sigue el mismo patrón. Cuanto más alto es el nivel de estudios de los padres, más frecuente es que sus hijos inicien estudios superiores, empiecen a cursar una formación profesional larga y completen estudios de medicina.

239.Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, el nivel de educación de la población ha estado aumentando desde hace tiempo.

240.Según la Oficina de Estadística de Suecia, a la edad de 25 años el 46 % de la cohorte nacida en 1994 había iniciado estudios superiores. Si en la cohorte nacida en 1994 el nivel máximo de educación de los padres era la enseñanza obligatoria, solo el 24 % había iniciado estudios superiores a la edad de 25 años. Si los padres tenían un doctorado, la cifra correspondiente era del 83 %.

Iniciativas del Gobierno

241.Con la modificación de la Ley de Educación Superior en 2001, las universidades y las instituciones de educación superior deben procurar ampliar las admisiones, y desde esa fecha se han llevado a cabo muchas iniciativas y actividades. Este requisito legal significa que las instituciones de educación superior deben trabajar para reducir el sesgo social en las admisiones a la educación superior para aumentar la diversidad.

242.En 2019, el Gobierno encomendó a la Autoridad de Enseñanza Superior el mandato de evaluar la labor de las universidades e instituciones de educación superior en relación con la ampliación de las admisiones. Se presentará un informe en 2022.

Igualdad de género

243.En lo que respecta a las elecciones educativas determinadas por el género, un informe de la Agencia para la Igualdad de Género se refiere a las afirmaciones de varias instituciones de enseñanza superior según las cuales las elecciones educativas determinadas por el género son difíciles de enfrentar, porque las elecciones que se hacen ya en la enseñanza obligatoria determinadas por el género tienen consecuencias en las elecciones en la enseñanza superior. La distribución de los estudiantes en relación con las disciplinas elegidas se ha mantenido similar en los últimos años académicos. En la mayoría de las disciplinas la proporción de mujeres es mayor que la de hombres. La proporción de hombres es mayor solo en ciencia y tecnología.

Iniciativas del Gobierno

244.En 2016, el Gobierno encomendó a la Agencia para la Igualdad de Género que apoyara a las universidades e instituciones de enseñanza superior en su labor de integración de la perspectiva de género. Este mandato se prorrogó en 2020. El Gobierno considera que el mandato debe continuar para garantizar que la labor de integración de la perspectiva de género sea sostenible a largo plazo.

Estudiantes con discapacidad

245.En cuanto a los estudiantes con discapacidad, las medidas del Gobierno no han cambiado desde el informe anterior. Como se describe en dicho informe, las instituciones de educación superior son responsables de garantizar que los estudiantes no sean discriminados en esas instituciones, y deben trabajar en medidas activas para combatir la discriminación, incluida la de los estudiantes con discapacidad. Esto se establece en la Ley de Lucha contra la Discriminación.

246.En el tercer trimestre de 2018, a fin de combatir la discriminación de los estudiantes con discapacidad y aumentar la accesibilidad, se encomendó al Consejo de Educación Superior que difundiera las mejores prácticas determinadas en las medidas ya llevadas a cabo. Aproximadamente 23.000 estudiantes con discapacidad que cursaban estudios recibieron apoyo educativo en 2020. En los tres últimos años, el número de estudiantes que reciben ayudas ha aumentado en aproximadamente 2.500 al año. En 2020, el porcentaje más elevado de estudiantes a los que se les concedió apoyo fue el correspondiente a los estudiantes con dislexia y diferentes variaciones neuropsiquiátricas de la discapacidad.

La enseñanza superior y las lenguas de las minorías nacionales

247.En Suecia, en todos los niveles educativos, hay escasez de profesores capaces de enseñar cualquiera de las cinco lenguas de las minorías nacionales (finlandés, yidis, meänkieli, romaní y sami), y de impartir enseñanza utilizándolas. En consecuencia, el Gobierno ha adoptado las medidas que se señalan a continuación.

248.El anterior mandato encomendado a determinadas instituciones de enseñanza superior de crear y desarrollar la formación de docentes en varias lenguas de las minorías se revisó a partir de 2021. Se ha ampliado el mandato relativo a la formación de docentes en general, de modo que las instituciones de enseñanza superior tengan mayores oportunidades para adaptar su oferta educativa a las diferentes dificultades de las lenguas de las minorías nacionales.

249.Una novedad para 2021 es que el yidis también está cubierto por el mandato de trabajar en la formación de docentes.

250.Se encomendó al Consejo de Educación Superior que diera seguimiento y analizara su labor interna y externa en relación con el cumplimiento de los objetivos de la política de minorías y presentara informes al respecto.

Medidas/inversiones en educación

251.A fin de fortalecer la educación de los niños migrantes recién llegados, el 1 de julio de 2018 se introdujeron nuevas disposiciones en la Ley de Educación (2010:800), que se aplican a las actividades educativas iniciadas después del 1 de julio de 2019. De conformidad con las disposiciones de dicha Ley, los conocimientos de un estudiante recién llegado deben evaluarse cuando este se incorpore al programa de introducción a la lengua, a menos que dicha evaluación sea claramente innecesaria.

252.Desde 2015, se ha encomendado a la Agencia Nacional de Educación llevar a cabo iniciativas sistemáticas de diversa índole para fortalecer la capacidad de las autoridades educativas de ofrecer a los niños y estudiantes migrantes recién llegados una educación de alta e igual calidad a corto y largo plazo. En 2018, el Gobierno introdujo una subvención ponderada socioeconómicamente que asciende a aproximadamente 6.200 millones de coronas suecas para las escuelas generales. El objetivo de la subvención es aumentar la igualdad de resultados escolares. Un factor que influye en el desembolso es el año en que el estudiante emigró a Suecia.

Comentario: No se dispone de estadísticas comparables a nivel internacional sobre la tasa de matriculación y de finalización de estudios, por lo que hemos basado nuestro informe en las estadísticas oficiales suecas. Suecia no recoge datos sobre el origen étnico.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

253.Hay grandes diferencias en las circunstancias particulares de las lenguas de las minorías, por ejemplo en cuanto al número de hablantes, que también afectan al acceso a los maestros y a la viabilidad de proporcionar libros de texto y otros materiales didácticos. Por consiguiente, también es limitada la base de interesados en estudiar en determinadas lenguas de las minorías en la educación superior, lo que ha dado lugar a que algunos de los cursos no tengan solicitantes. Existe una normativa a nivel nacional que regula la enseñanza de las lenguas de las minorías nacionales en el sistema educativo y que da derecho a la enseñanza en la educación obligatoria y en las modalidades escolares equivalentes, así como en los centros de enseñanza secundaria superior y en la escuela secundaria superior para los alumnos con problemas de aprendizaje, pero los problemas prácticos que conlleva la puesta en marcha de esta enseñanza hacen que a menudo haya deficiencias.

254.El Gobierno ha encargado a la Agencia Nacional de Educación que presente propuestas sobre cómo organizar la coordinación nacional de la enseñanza de las lenguas de las minorías nacionales en el sistema educativo para mejorar su enseñanza. Sobre la base de las características particulares de las cinco lenguas de las minorías nacionales y de las diferentes formas de escolarización, la Agencia Nacional de Educación debe proponer una organización nacional capaz de contribuir a mejorar el acceso a la enseñanza de las lenguas de las minorías nacionales y la calidad de esta.

255.El Consejo de Educación Sami es un organismo gubernamental encargado de impartir educación sami a los niños y estudiantes hasta el sexto año inclusive. El objetivo es dotar a los estudiantes de origen sami de un bagaje que les permita, como miembros del pueblo indígena sami, impulsar sus oportunidades para preservar y desarrollar su identidad sami como parte de la sociedad sueca.

256.Hay escasez de docentes con conocimientos de sami. Para aumentar el conocimiento del sami, desde 2017 la Agencia Nacional de Educación ofrece a los maestros formación en el empleo para aprender sami.

257.El Consejo de Educación Sami, además de las actividades preescolares que organiza y de las escuelas que tiene en cinco localidades, también ofrece enseñanza integrada y aprendizaje a distancia. A fin de fortalecer la enseñanza del sami e incluir a más niños y estudiantes en ella, el Consejo de Educación Sami obtuvo una mayor financiación en el último presupuesto del Gobierno para la elaboración de material didáctico y para la enseñanza integrada. La enseñanza integrada tiene como objetivo reforzar los conocimientos de los alumnos sobre la cultura sami.

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

258.Suecia ha ratificado las siguientes convenciones en este ámbito:

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, UNESCO, 1954 (ratificada en 1985).

Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, UNESCO, 1970 (ratificada en 2003).

Convenio del UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, 1995 (ratificado en 2011).

259.La Ley de Museos establece que los propios museos son responsables de la gestión de sus colecciones y tienen instrucciones de evaluar si hay motivos para enajenar los objetos mediante su repatriación. Cuando recibe una solicitud oficial de una parte externa en relación con reclamaciones de devolución (o por iniciativa propia), el museo realiza su evaluación basándose en criterios legales y profesionales. Si el museo considera que un objeto debe ser devuelto, envía una petición al Ministerio de Cultura. Una vez preparado el caso por el Ministerio de Cultura, el Gobierno sueco decide si el objeto debe ser devuelto. Si el Gobierno aprueba la solicitud, el museo puede proceder a devolver el objeto.

260.Para cada objeto, todo museo dispone de documentos relativos a su gestión, en consonancia con las Directrices del Consejo Internacional de Museos (ICOM) para la Baja de Colecciones, en las que se incluyen las cuestiones relativas a la repatriación. Sin embargo, la Junta del Patrimonio Nacional, el organismo que apoya el sistema de museos públicos, también ha elaborado algunas directrices:

Directrices de la Junta del Patrimonio Nacional sobre las Prácticas de Gestión de las Colecciones.

Directrices para los Museos en materia de Retorno y Repatriación.

Directrices para la Gestión de los Restos Humanos en las Colecciones de los Museos.

20 años con los Principios de la Conferencia de Washington (sobre Arte Confiscado por los Nazis, 1998, y la Declaración de Terezin, 2009).

261.El 19 de febrero de 2021, los Museos Nacionales de la Cultura Mundial recibieron una solicitud del Gobierno de México para la devolución de 24 objetos fabricados y/o utilizados por el pueblo indígena yaqui, entre ellos la cabeza ceremonial de ciervo Maaso Kova. Los objetos fueron adquiridos en México durante trabajos científicos sobre el terreno, entre 1934 y 1935.

262.En este caso, después de investigar al respecto, los Museos Nacionales de la Cultura Mundial llegaron a la conclusión de que no había fundamentos jurídicos para la repatriación, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se habían adquirido los objetos. Sin embargo, en diálogo con el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con otras partes interesadas, los Museos Nacionales de la Cultura Mundial han determinado que la repatriación puede hacerse en virtud del artículo 15 de la Convención de la UNESCO de 1970 y del artículo 12 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

263.La recomendación de los Museos Nacionales de la Cultura Mundial al Gobierno es la de acceder a la solicitud del Gobierno de México y repatriar los 24 objetos a los yaquis de México. Esta recomendación se basa en una evaluación ponderada sustentada en una amplia investigación y en un diálogo constructivo entre las diversas partes. La conclusión es que la importancia para los yaquis de México de recuperar los objetos y poder decidir ellos mismos sobre su uso tiene preponderancia sobre el mandato que tienen como museo los Museos Nacionales de la Cultura Mundial.

264.Los Museos Nacionales de la Cultura Mundial han solicitado el consentimiento del Gobierno para ceder los objetos mencionados, repatriándolos a los yaquis de México. Las Oficinas del Gobierno de Suecia están ahora a cargo de la culminación del asunto.

Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones

265.Para aumentar el valor de la investigación, es necesario difundirla tanto entre la comunidad científica como entre la sociedad en general. Por consiguiente, el Gobierno considera que, a partir de 2021, las publicaciones científicas resultantes de la investigación financiada con fondos públicos deben ponerse inmediatamente en situación de acceso abierto. En lo que respecta a los datos de la investigación, el cambio debe estar completamente implantado a más tardar en 2026. Para acelerar el cambio a un sistema científico abierto, el Consejo de Investigación de Suecia y la Biblioteca Real han recibido un mandato más claro para promover y coordinar la labor de introducción del acceso abierto a los datos de investigación y a las publicaciones científicas. También se ha encomendado a las universidades e instituciones de enseñanza superior un nuevo mandato para desarrollar la labor en materia de ciencia abierta. Las estadísticas de 2020 muestran que el 57 % de los artículos científicos registrados en Swepub, un servicio de búsqueda de publicaciones científicas en las instituciones de enseñanza superior suecas, eran de acceso abierto inmediato. Esto supone un aumento con respecto a 2017, cuando el 33 % de los artículos publicados eran de acceso abierto inmediato.

266.La Biblioteca Real tiene el mandato de establecer y gestionar una plataforma digital nacional para el acceso abierto a las publicaciones científicas periódicas suecas. El Consejo de Investigación de Suecia ha señalado que la coordinación nacional de los planes de gestión de datos y los requisitos de las convocatorias de propuestas de planes de gestión de datos han constituido las primeras iniciativas para promover una buena gestión de datos.

267.El Gobierno sueco ha encomendado a la Biblioteca Nacional la tarea de analizar el uso de los recursos educativos abiertos, así como la participación del público en la investigación, y de elaborar un repertorio al respecto.

268.El Gobierno considera de suma importancia la colaboración estrecha entre las universidades e instituciones de enseñanza superior y el resto de la sociedad. La Ley de Educación Superior (1992:1434) establece que el papel de las instituciones de educación superior incluye trabajar en colaboración con la sociedad circundante, mantenerla informada sobre su trabajo y garantizar la utilización de los resultados de sus investigaciones. El Consejo de Investigación de Suecia facilita al público en general información sobre las investigaciones en curso y sus resultados por medio del sitio web forskning.se y de diversas publicaciones. El Consejo de Investigación también organiza y coordina actividades para dar a conocer en mayor medida el contenido de sus investigaciones y fomentar el diálogo entre los investigadores y el resto de la sociedad.

269.La organización no gubernamental Ciencia y Sociedad recibe una subvención estatal para promover el intercambio de información entre los ciudadanos y la comunidad de investigación.

III.Buenas prácticas

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

270.El 1 de enero de 2019 se reforzó la Ley de Minorías Nacionales y Lenguas de las Minorías Nacionales. Ahora es más fuerte la protección fundamental de las lenguas y la cultura de las minorías nacionales que, en los ámbitos administrativos, gozan de derechos ampliados para el finlandés, el meänkieli y el sami. Los municipios y las regiones deben establecer objetivos y directrices para su labor en la política de minorías. De conformidad con la Ley de Minorías Nacionales y Lenguas de las Minorías Nacionales, los organismos administrativos deben dar a las minorías nacionales la oportunidad de influir en las cuestiones que las afectan. La Ley modificada aclara la importancia de la consulta con las minorías nacionales, que debe hacerse mediante un diálogo estructurado. Con ello se pretende conseguir una labor de mayor calidad y a largo plazo.

271.En febrero de 2012, también se adoptó una estrategia coordinada y a largo plazo para la inclusión de los romaníes en el período 2012-2032. La estrategia de 20 años de duración debe fortalecer la política de minorías relativa a las cinco minorías nacionales, a saber, los judíos, los romaníes, los samis, los fineses suecos y los tornedalers. En el período 2016-2019, además de los fondos ordinarios disponibles para las minorías nacionales, el Gobierno ha destinado aproximadamente 58 millones de coronas suecas a medidas para los romaníes. El objetivo general de la estrategia de 20 años es que los romaníes que cumplan 20 años en 2032 tengan las mismas oportunidades en la vida que los no romaníes. El grupo destinatario de la estrategia es predominantemente el de los romaníes que sufren exclusión social y económica y, entre ellos, las mujeres y los niños tienen una prioridad particular. La estrategia incluye objetivos y medidas en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la asistencia y la seguridad sociales, la cultura y la lengua y la organización de la sociedad civil. El seguimiento y la evaluación de la estrategia y del acceso de los romaníes a los derechos humanos a nivel local, regional y nacional se llevan a cabo de forma continua.

272.De conformidad con el informe anual de 2020 sobre la inclusión de los romaníes, la Estrategia para la Inclusión de los Romaníes es un complemento importante de la política nacional de minorías, pero para lograr el objetivo de la estrategia se necesitará una financiación permanente a largo plazo.

273.El informe anual de 2020 señala que las municipalidades tienen un importante papel que desempeñar para hacer realidad la estrategia a nivel local y que las subvenciones del Estado a las municipalidades que han participado en actividades piloto y de desarrollo han sido una herramienta importante para lograr un buen resultado. La inclusión de los romaníes, que ahora forma parte de la labor ordinaria de estas municipalidades, se logra en parte mediante el empleo de constructores de buenas relaciones con esa comunidad y la aplicación de medidas para mejorar la salud de las mujeres, junto con iniciativas para las jóvenes y las niñas para motivarlas a estudiar.

274.Varios organismos, además de la Fundación del Instituto Sueco del Cine, han llevado a cabo iniciativas para reforzar la lengua y la cultura de las minorías nacionales. Figuran entre ellas las siguientes:

El Centro de Lengua Sami ha seguido desarrollando métodos y trabajando en incentivos para estimular y promover un mayor uso de la lengua sami.

El Instituto Sueco de las Lenguas y el Folclor ha destinado unos 5.500.000 coronas suecas a 59 proyectos de revitalización de las lenguas centrados en los niños y los jóvenes y en la transmisión de las lenguas entre generaciones.

El Consejo Sueco de las Artes ha concedido a organizaciones de minorías nacionales subvenciones de funcionamiento y para proyectos centrados en actividades consideradas importantes para la política cultural nacional y en actividades para niños y jóvenes, por un importe aproximado de 15 millones de coronas suecas.

Desde 2018, la Agencia Nacional de Educación ha continuado con las iniciativas para contar con un mayor número de maestros cualificados de sami. El número de participantes es de aproximadamente 20 por sesión de capacitación.

La Fundación del Instituto Sueco del Cine ha creado dos nuevas subvenciones para promover el acceso al cine de niños y jóvenes en las lenguas de las minorías nacionales.

275.Muchas autoridades han tenido asignaciones en 2020, que han dado lugar, entre otras cosas, a los siguientes resultados:

El Servicio Público de Empleo ( Arbetsförmedlingen ) ha desarrollado nuevos procedimientos de consulta para garantizar la influencia y la participación de las minorías.

El Consejo Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación ( Boverket ) ha seguido desarrollando el curso de capacitación en línea para combatir la discriminación de los romaníes en el mercado de la vivienda y lo ha puesto a disposición del público.

La Agencia para la Juventud y la Sociedad Civil ha proporcionado una base más sólida para la participación de las organizaciones de jóvenes romaníes en la vida pública.