Naciones Unidas

E/C.12/PHL/5-6

Consejo Económico y Social

Distr. general

27 de abril de 2015

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Informes periódicos quinto y sexto combinados que los Estados partes debían presentar en 2013

Filipinas *

[Fecha de recepción: 24 de noviembre de 2014]

Índice

Párrafos Página

I.Introducción1–153

II.Información sobre los artículos 1, 11, 12 y 15 del Pacto relativosa los pueblos indígenas16–236

III.Información en virtud del artículo 2 del Pacto24–458

IV.Información en virtud de los artículos 2 y 10 del Pacto46–6014

V.Información en virtud del artículo 6 del Pacto61–11218

VI.Información en virtud del artículo 11 del Pacto113–21830

VII.Información en virtud del artículo 12 del Pacto219–22852

I.Introducción

1.Como complemento de la información que figura en los informes segundo, tercero y cuarto combinados de Filipinas sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de las respuestas escritas de Filipinas a la lista de cuestiones previa a la presentación de informes, el Gobierno de Filipinas desea facilitar la siguiente información.

Sobre la aplicación interna del Pacto

2.Desde el último examen del informe de Filipinas sobre la aplicación del Pacto en 2008, se han promulgado las siguientes leyes con el fin de promover una aplicación interna más eficaz:

En agosto de 2009, Filipinas aprobó la Carta Magna de la Mujer (Ley de la República núm. 9710), amplia medida legislativa sobre los derechos humanos de la mujer que se propone eliminar la discriminación mediante el reconocimiento, la protección, el cumplimiento y la promoción de los derechos de la mujer, sobre todo de las mujeres pertenecientes a los sectores marginados de la sociedad, en las esferas social, cultural, económica, cívica y política. La Carta Magna de la Mujer es el marco jurídico nacional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en Filipinas. Sus Normas y Reglamentos de Aplicación se promulgaron posteriormente, el 15 de septiembre de 2010.

En diciembre de 2009, se firmó la Ley contra la Tortura (Ley de la República núm. 9745), que prescribe las penas por el delito de tortura, que van desde un mes hasta la cadena perpetua.

En marzo de 2010, se aprobó la Ley de Modificación de la Ley sobre los Trabajadores Migratorios y los Filipinos en el Extranjero, de 1995 (Ley de la República núm. 10022) con el fin de continuar mejorando las normas de protección y promoción del bienestar de los trabajadores migratorios y sus familias, así como de los filipinos con dificultades que se encontraban en el extranjero.

En diciembre de 2010, se promulgó la Ley de Filipinas sobre los Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, el Genocidio y Otros Crímenes de Lesa Humanidad (Ley de la República núm. 9851).

En diciembre de 2012, se promulgó la Ley contra las Desapariciones Forzadas (Ley de la República núm. 10353), que tipificaba como delito la práctica de las desapariciones forzadas o involuntarias.

En diciembre de 2012, se promulgó la Ley de Paternidad Responsable y Salud Reproductiva de 2012 (Ley de la República núm. 10354), pero su aplicación quedó suspendida temporalmente en virtud de una orden del Tribunal Supremo.

En febrero de 2013, se firmó la Ley de Reparación y Reconocimiento de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Ley de la República núm. 10368) para indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la ley marcial.

3.En cuanto a los programas de formación para jueces, abogados y funcionarios públicos, la Academia Judicial de Filipinas mantiene su mandato de formar a los magistrados, jueces, personal judicial, abogados y aspirantes a puestos judiciales y mantenerlos al tanto de las leyes del país relativas al Pacto. En los últimos años, la Academia ha ofrecido unas 400 conferencias, actividades de capacitación, seminarios‑talleres y diálogos sobre las diversas leyes relacionadas con el Pacto, con destino a fiscales, funcionarios de barangayes y otras partes interesadas.

4.Ya en 2001, el Tribunal Supremo, a través de su órgano educativo, la Academia Judicial, organizó el Taller de la Judicatura de Filipinas sobre la Efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2001). Los objetivos del programa eran los siguientes: a) comprender el contenido, proceso y aplicabilidad de las normas internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales; b) examinar los procesos administrativos y judiciales desde la perspectiva de los principios básicos de derechos humanos, incluida la responsabilidad estatal en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño; y c) comprender la función de la Judicatura en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la Constitución nacional.

5.En el programa se incluían los siguientes temas:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y jurisprudencia dimanante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales;

Panorama general del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas;

Papel de la Judicatura en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y la Constitución: experiencias de la India y Filipinas;

Jurisprudencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales: Tribunal Europeo y Corte Interamericana; experiencias de la India y Sudáfrica;

Desarrollo del derecho administrativo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales;

Acceso a la justicia: transparencia, rendición de cuentas y asequibilidad;

Derechos, obligaciones y recursos: experiencias internacionales y nacionales;

No discriminación y participación: cuestiones relacionadas con el género y los niños;

Pleitos de acción social: la experiencia india; estudio de caso de Filipinas.

6.El Tribunal Supremo, presidido entonces por Reynato S. Puno, convocó el Foro sobre el Mayor Acceso a la Justicia: Conciliación de Divergencias y Eliminación de Obstáculos", que se celebró simultáneamente por videoconferencia en Luzón, Visayas y Mindanao los días 30 de junio y 1 de julio de 2008. En el Foro se comprobó que el acceso a la justicia se veía obstaculizado, además de por la pobreza, por los desorbitados honorarios de los abogados y el uso infrecuente del tagalo durante las vistas judiciales. El proyecto del Tribunal denominado Acceso de los Pobres a la Justicia continuó aplicándose a través de programas de información, educación y comunicación realizados en 36 municipios de las 15 provincias más pobres, con asistencia del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, el Ministerio del Interior y Administración Local, el Ministerio de Justicia y Alternative Law Groups Inc. El doble objetivo del programa era a) reforzar la capacidad de los pobres y los grupos vulnerables (mujeres y niños pobres, en particular) para exigir justicia mejorando el conocimiento de los derechos básicos y el sistema judicial; y b) reforzar el sistema de justicia para hacerlo más accesible a los grupos pobres y vulnerables.

7.La Academia Judicial ha ofrecido también seminarios de fortalecimiento de la capacidad para oficiales jurídicos de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Por otro lado, la Academia Judicial suele incluir temas relacionados con los derechos humanos en sus programas habituales de capacitación periódica y especial, como los relativos a las Normas y Reglamentos de Aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y los Niños, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley contra la Trata de Personas (Ley de la República núm. 9208 y sus Normas y Reglamentos de Aplicación) y las Leyes y Procedimientos Ambientales (en este último caso, en relación con la garantía constitucional del derecho a una ecología equilibrada y sana).

Decisiones de los tribunales nacionales o autoridades administrativas

8.En 2012, el Tribunal Supremo, en la causa Hacienda Luisita, decidió redistribuir la plantación de azúcar de 6.000 hectáreas, propiedad de la familia del Presidente Benigno Cojuangco Aquino, entre los campesinos que trabajaban en ella e indemnizar a la familia Cojuangco con los precios de la tierra vigentes en 1989.

Institución nacional de derechos humanos

9.El proyecto de ley del Senado núm. 2818 (Ley de Fortalecimiento de la Organización Funcional y Estructural de la Comisión de Derechos Humanos) está siendo examinado actualmente por la Comisión del Senado. El proyecto de ley se propone ofrecer a la Comisión de Derechos Humanos, que es la institución nacional de derechos humanos de Filipinas, una carta que refuerce su organización y estructura con un mandato más amplio y mayor independencia. Ofrece también a la Comisión autonomía fiscal, semejante a la de otros órganos constitucionales. Por otro lado, amplía la capacidad de investigación de la Comisión a los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos. La Cámara de Representantes de Filipinas está examinando también un proyecto de ley semejante.

10.En mayo de 2012 se estableció y la Oficina de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán de la Comisión de Derechos Humanos.

Buena gobernanza

11.Con la aprobación reciente por el Presidente del Plan de Buena Gobernanza y Lucha contra la Corrupción, Filipinas continúa trazando su plan de acción nacional para abordar cuestiones clave relacionadas con la gobernanza y la transparencia. El Plan designa funcionarios gubernamentales para que se ocupen de varias esferas de resultados importantes, como en el caso del Grupo del Gabinete de Buena Gobernanza y Lucha contra la Corrupción. La base del Plan son los tres pilares de la gobernanza abierta —transparencia, rendición de cuentas y participación—, cada uno de los cuales engloba programas orientados a la acción y representa un compromiso con los principios de la Alianza en pro de un Gobierno Abierto en todos los niveles.

12.El memorando de 6 de agosto de 2012 se promulgó con el fin de informar a los organismos gubernamentales nacionales interesados sobre la supervisión periódica de sus respectivas iniciativas tomando como base el Plan de Acción del Gabinete de Buena Gobernanza y Lucha contra la Corrupción (2012-2016), en el que se estableció una plantilla y se fijó un plazo para la presentación del informe cada séptimo día del mes siguiente.

13.Además, el Ministerio del Interior y Administración Local, con el fin de combatir la corrupción en el país, impulsó los siguientes proyectos: a) Política de Divulgación Total; b) Sello de Buena Administración; c) Fondo para Mejorar los Resultados; d) Programa de Asociación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones Privadas; e) Aplicación de la Ley contra la Burocracia; y f) Racionalización nacional de los permisos para empresas y del sistema de concesión de licencias.

Medidas para mejorar la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad

14.El 22 de noviembre de 2012, se creó un "superorganismo" en virtud de la Orden Administrativa núm. 35 firmada por el Presidente y titulada "Creación de un Comité Interinstitucional sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas". El Comité está integrado por representantes de alto nivel de diferentes organismos de gobierno competentes, mientras que órganos constitucionales como el Ombudsman y la Comisión de Derechos Humanos participaron en calidad de observadores y especialistas.

15.Los miembros del Comité aprobaron las directrices operacionales, en las que se adoptó la definición operacional de ejecuciones extrajudiciales. Las directrices operacionales crearon equipos especiales de investigación integrados por equipos de investigadores y fiscales que se encargarán de sustentar la inculpación en los casos de violación de los derechos humanos en virtud de la Orden Administrativa núm. 35. Habrá también equipos de supervisión especiales encargados de esos casos y equipos de seguimiento especiales, responsables de detener a los autores y ejecutar las órdenes de detención.

II.Información sobre los artículos 1, 11, 12 y 15 del Pacto relativos a los pueblos indígenas

16.El Gobierno de Filipinas garantiza los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades culturales indígenas. Ha aplicado de forma permanente y estricta las directrices normativas sobre consentimiento previo, libre e informado que se exigen antes de iniciar cualquier proyecto, actividad o programa en los dominios ancestrales. Para tener en cuenta las experiencias anteriores y corregir las deficiencias observadas, se reforzó dicha política y se racionalizó la Orden Administrativa núm. 3, serie de 2012. Las mejoras implicaron la participación del comité legislativo de las comunidades culturales indígenas, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y las organizaciones de pueblos indígenas.

17.En consecuencia, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Organismo de Registro de Tierras suscribieron la Orden de Acuerdo Conjunto núm. 1, serie de 2012, para resolver los problemas existentes para registrar en dicho Organismo los títulos de dominios ancestrales expedidos por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Esos certificados son el reconocimiento de los derechos inherentes de los pueblos indígenas y comunidades culturales indígenas y representan su reclamación a la propiedad de sus tierras, territorios y existencia como pueblos, con sus propias leyes consuetudinarias, sistemas de gobernanza e instituciones e identidad cultural desde tiempos inmemoriales. Al aplicar la Orden, los tres organismos implicados organizaron en 2013 al menos cuatro miniconferencias conjuntas para presentar el acuerdo al personal sobre el terreno.

18.Es significativo que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas sea miembro permanente del Comité de Coordinación de la Industria Minera y su Grupo de Trabajo Técnico creado en virtud de la Orden Ejecutiva núm. 79, que establece la dirección normativa de la administración en lo que respecta a la industria minera. En consecuencia, se reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas y comunidades culturales indígenas a la aplicación del principio de consentimiento previo en relación con las actividades mineras en gran escala. En cuanto a la Orden Ejecutiva núm. 79, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas ha realizado aportaciones al proyecto de Directrices nacionales de supervisión sobre la observancia de los derechos humanos en la industria minera.

19.Para atender las reclamaciones de supuestas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en los dominios ancestrales, en las que se incluyen las relativas a las actividades mineras, la Comisión se comprometió a institucionalizar un mecanismo de respuesta rápida para ayudar a mitigar los efectos violentos de dichas infracciones y contribuir a la seguridad de los pueblos y comunidades culturales indígenas cuando sus vidas, dominios ancestrales y comunidades se vean amenazados por proyectos gubernamentales, operaciones de lucha contra los insurgentes, militarización y conflictos armados.

20.El mecanismo de respuesta rápida implica una asociación interinstitucional o un equipo de respuesta rápida bajo el mando de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas a través de sus dependencias de respuesta rápida. El mecanismo de respuesta rápida, que comprende las dependencias de respuesta rápida de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y los equipos de respuesta rápida interinstitucionales, está instalado en todos los niveles —nacional/central, regional, provincial, comunitario— en los que se presentan reclamaciones sobre infracciones de los derechos de los pueblos indígenas. Las dependencias de respuesta rápida de la Comisión implican a los pueblos y comunidades culturales indígenas en los dominios ancestrales con objeto de que las infracciones señaladas puedan confirmarse, abordarse y comunicarse de inmediato a la dependencia central de respuesta rápida de la Comisión para su incorporación en el banco de datos y la adopción de medidas adecuadas. El mecanismo de respuesta rápida tiene también como objetivo mejorar la coordinación entre los grandes organismos gubernamentales con el fin de tener en cuenta los informes sobre infracciones de los derechos de los pueblos indígenas en los dominios ancestrales en el plazo más breve posible.

21.En relación con esas infracciones, la Comisión ha firmado un memorando de acuerdo con las fuerzas armadas de Filipinas para establecer e instrumentar servicios sobre los pueblos indígenas en todos los niveles de mando, unidades y operaciones de las fuerzas armadas. Se examinó un proyecto inicial de memorando de acuerdo con el Ministerio del Interior y de Administración Local y la Policía Nacional de Filipinas, y continúan iniciativas semejantes con otros organismos gubernamentales, como la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz y el Ministerio de Justicia, entre otros.

22.Con el fin de garantizar el derecho de los pueblos y comunidades culturales indígenas a la justicia social, el Programa de Asistencia Educativa de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas ofreció asistencia a 12.427 alumnos de centros de enseñanza elemental, superior y universitaria en el año académico 2012/13. El Programa se ha ampliado a fin de convertirlo en un programa de becas basadas en el mérito. El objetivo es ofrecer subvenciones considerables a jóvenes indígenas preparados y competentes que prestarán servicios a sus comunidades después de la graduación.

23.Con respecto a la ampliación del programa gubernamental de desarrollo social y reducción de la pobreza, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo ha realizado esfuerzos conscientes por incluir a los pueblos y comunidades culturales indígenas en sus programas, como el Plan Nacional de Desarrollo Impulsado por la Comunidad. Ha realizado actividades de orientación sobre dicho Plan con destino al personal básico de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para lograr una mejor comprensión e instaurar una cultura o un programa gubernamental de reducción de la pobreza que tenga en cuenta a los pueblos indígenas.

III.Información en virtud del artículo 2 del Pacto

24.De conformidad con la prioridad gubernamental de invertir en capital humano, el presupuesto de 2013 continúa asignando la mayoría de sus recursos a los servicios sociales. El gasto en esos servicios se centra en la reducción de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. Asimismo, como se indica en el Plan de Desarrollo de Filipinas para 2011-2016, la administración mantiene el compromiso del país de conseguir un crecimiento inclusivo, es decir, compartido por todos. Por ello, el Gobierno ha financiado ampliamente programas que ofrecen beneficios directos a la población pobre y vulnerable.

25.Entre 2009 y 2013, la proporción del sector de los servicios sociales en el presupuesto total ha subido del 28,7% en 2009 al 34,9% en 2013. Igualmente, ese sector representa una parte mayor del presupuesto en comparación con el servicio de la deuda, que descendió del 19,4% en 2009 al 16,6% en 2013 (cuadro 1).

Cuadro 1

Gastos del Gobierno nacional, obl igaciones contraídas por sector Distribución porcentual, ejercicios de 2009 a 2013

(Porcentaje)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013 (Ley General de Consignaciones (LGC))

Servicios económicos

28,07

25,88

23,17

23,68

25,38

Servicios sociales

28,71

28,23

34,48

33,69

34,87

Defensa

4,39

6,22

4,49

4,23

4,46

Servicios públicos generales

19,03

19,06

19,05

18,14

17,32

Préstamos netos

0,35

0,63

1,14

1,31

1,32

Servicio de la deuda

19,44

19,98

17,66

18,95

16,65

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

26.Entre los diferentes subsectores de servicios sociales, el de educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos fue el que recibió la parte más considerable del presupuesto nacional, aproximadamente el 14,6% en 2009 y el 16,5% en 2013. El segundo puesto correspondió al subsector de seguridad social, bienestar social y empleo, que subió del 5,3% en 2009 al 8,5% en 2013, seguido del de servicios de salud, que ascendió del 1,6% en 2009 al 2,9% en 2013 (cuadro 2).

Cuadro 2

Gasto del Gobierno nacional en servicios sociales, obligaciones Distribución porcentual, ejercicios de 2009 a 2013

(Porcentaje)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013 (LGC)

Promedio

Servicios sociales

28,71

28,23

34,48

33,69

34,87

32,00

Educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos

14,55

15,28

16,10

15,89

16,46

15,66

Salud

1,63

2,10

2,56

2,98

2,88

2.43

Seguridad social, bienestar social y empleo

5,27

3,31

7,33

8,26

8,45

6,52

Distribución de la tierra (Programa de Reforma Agraria General)

0,09

0,27

0,25

0,00

0,25

0,17

Vivienda y desarrollo comunitario

0,59

0,49

1,41

0,68

1,16

0,87

Otros servicios sociales

0,13

0,10

0,10

0,12

0,09

0,11

Subvención a las dependencias de los gobiernos locales

6,45

6,68

6,72

5,75

5,58

6,23

Partida pro memoria: gasto total del Gobierno nacional

1 434

1 473

1 580

1 758

2 006

27.En el período comprendido entre 2009 y 2013, el gasto en servicios sociales ha registrado una tendencia ascendente; la tasa más rápida de crecimiento fue del 31,0% en 2011. En cuanto a los subsectores, el de educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos aumentó un 12,1%; el mayor crecimiento se registró en 2013 (18,2%). Por otro lado, el subsector de seguridad social, bienestar social y empleo tuvo un crecimiento medio del 30,4% en los cinco últimos años. El mayor crecimiento tuvo lugar en 2011 (137,7%), después de un descenso en 2010. El presupuesto de vivienda y desarrollo comunitario tuvo una tasa media de crecimiento de aproximadamente el 47,1%; el crecimiento más rápido tuvo lugar en 2013, después de que la asignación para este subsector hubiera disminuido sustancialmente en 2012 (cuadro 3).

Cuadro 3

Gasto del Gobierno nacional en servicios sociales, obligaciones Tasas de crecimiento, ejercicios de 2009 a 2013

(Porcentaje)

Concepto

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13*

Crecimiento medio

Servicios sociales

11,8

1,0

31,0

8,7

18,1

14,1

Educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos

11,8

7,9

13,0

9,8

18,2

12,1

Salud

25,6

32,4

30,7

29,4

10,2

25,6

Seguridad social, bienestar social y empleo

7,6

(35,5)

137,7

25,3

16,7

30,4

Distribución de la tierra (Programa de Reforma Agraria General)

(69,1)

213,2

(0,3)

(99,4)

21 639,1

4 336,7

Vivienda y desarrollo comunitario

(10,8)

(15,0)

212,6

(46,5)

95,2

47,1

Otros servicios sociales

50,8

(22,4)

10,4

32,3

(10,7)

12,1

Subvención a las dependencias de los gobiernos locales

18,6

6,3

8,0

(4,8)

10,6

7,8

28.El total del gasto público nacional en servicios sociales se mantuvo en un promedio del 5,4% del producto interno bruto (PIB) entre 2009 y 2013. Por subsectores, el presupuesto de educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos en porcentaje del PIB alcanzó un promedio del 2,6%, mientras que en el subsector de la salud el promedio fue del 0,4%; en el de seguridad social, bienestar social y empleo, fue del 1,1%; y en el subsector de la vivienda, del 0,1% (cuadro 4).

Cuadro 4

Gasto del Gobierno nacional en servicios sociales, obligaciones En porcentaje del PIB, ejercicios de 2009 a 2013

(Porcentaje)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013* (LGC)

Promedio

Servicios sociales

5,1

4,6

5,6

5,6

5,9

5,4

Educación, cultura y desarrollo de los recursos humanos

2,6

2,5

2,6

2,6

2,8

2,6

Salud

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

Seguridad social, bienestar social y empleo

0,9

0,5

1,2

1,4

1,4

1,1

Distribución de la tierra (Programa de Reforma Agraria General)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vivienda y desarrollo comunitario

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

Otros servicios sociales

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subvención a las dependencias de los gobiernos locales

1,2

1,1

1,1

1,0

0,9

1,0

Partida pro memoria: PIB nominal en miles de millones de pesos

8 026

9 003

9 706

10 565

11 952

Protección social

29.El Programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo, conocido también como Programa Pantawid Pamilyang Pilipino (4P), tiene como objetivo ayudar a las familias pobres a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Se conceden subsidios mensuales medios en efectivo de 1.400 pesos a las familias pobres identificadas por el Sistema Nacional de Selección de Hogares para la Reducción de la Pobreza, del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo. Las familias pobres tienen derecho a subsidios en efectivo si cumplen las siguientes condiciones: a) los hijos de la familia asisten al menos al 85% de sus clases, b) los niños reciben inmunización periódica; y c) las madres se acogen a los servicios de atención de la salud materna. En cuanto a la ejecución del Programa en 2013, el Gobierno asignó aproximadamente 44.300 millones de pesos con destino a unos 3,8 millones de hogares. Se trata de una mejora significativa con respecto al número de beneficiarios de cuatro años antes: 777.505 hogares, con una asignación aproximada de 5.000 millones de pesos.

30.El Programa de Asistencia para el Empleo por Cuenta Propia-Kaunlaran (SEA-K) es un programa de creación de capacidades y medios de subsistencia con el fin es ayudar a las familias pobres a establecer organizaciones comunitarias de microcrédito para el desarrollo empresarial. En 2013 se asignaron 1.800 millones de pesos para ese programa, al que se acogieron 128.355 familias.

31.Otro programa importante que ocupa un lugar destacado en los esfuerzos gubernamentales en favor del empoderamiento social es el Programa de Prestación Amplia e Integrada de Servicios Sociales (KALAHI-CIDSS). Es un proyecto impulsado por las comunidades que permite a estas intervenir activamente en la gobernanza local. Durante su último año de ejecución, el proyecto se llevará a cabo en 3.404 barangayes con un presupuesto de 650 millones de pesos. Dado el éxito del enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad, el proyecto se ampliará, transformándose en una estrategia nacional de mitigación de la pobreza. Se prevé que en 2014 el programa llegue a aproximadamente 11.865 barangayes.

32.Otro programa destinado a los miembros marginados de la sociedad es la Pensión Social para Ciudadanos de Edad Indigentes. Ofrece 500 pesos mensuales en efectivo a los ciudadanos de al menos 77 años de edad que no tienen una fuente habitual de ingresos ni reciben otra pensión del Gobierno o el sector privado. Con ese fin, en 2013 se asignaron 1.500 millones de pesos con destino a unos 232.868 beneficiarios, lo que representa un aumento con respecto a los 882 millones de pesos asignados al programa cuando comenzó en 2011. La cobertura del programa se ha ampliado también, ya que inicialmente estaba previsto para 145.150 ciudadanos de al menos 80 años de edad.

33.El cuadro 5 resume la asignación con destino a programas específicos de protección social.

Cuadro 5

Asignación para programas específicos de protección social, niveles de la LGC

(En millones de pesos, salvo indicación en contrario)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

4P (Transferencias Condicionadas en Efectivo)

5 000

10 000

21 194

39 445

44 256

Crecimiento (%)

100,0

111,9

86,1

12,2

SEA-K

199

160

-

84

1 797

Crecimiento (%)

(19,6)

(100,0)

-

2 030,5

KALAHI-CIDSS

342

20

2 001

1 325

650

Crecimiento (%)

(94,1)

9 906,6

(33,8)

(50,9)

Pensión Social para Ciudadanos Indigentes

-

-

882

1 227

1 533

Crecimiento (%)

39,1

24,9

Educación

34.La promulgación de la Ley de la República núm. 10533 o la Ley Ampliada de Educación Básica de 2013 garantiza la continuidad de la política gubernamental de establecer, mantener y respaldar un sistema completo, adecuado e integrado de educación en consonancia con las necesidades de las personas y la sociedad en general. Además, el sistema ampliado de educación básica se propone situar a Filipinas a la altura de sus homólogos internacionales. La ley mantiene el derecho de todo filipino a 12 años de enseñanza básica de calidad en el marco del Programa de Educación bien desde el jardín de infancia hasta el grado 12 o bien desde el jardín de infancia más 12 años de educación básica. La aplicación gradual del primero de los programas comenzó en el año escolar de 2011/12 mediante la introducción del jardín de infancia universal. Posteriormente, en el año escolar de 2012/13, se introdujo el nuevo programa de los grados 1 y 7, mientras que el programa correspondiente al segundo nivel de enseñanza superior se aplicará a partir de 2016/17.

35.Las reformas en el sector de la educación continúan gracias a las iniciativas del Gobierno para corregir el déficit de recursos educativos, a saber, contratación de personal docente más numeroso y mejor preparado, construcción de aulas adicionales con servicios completos y suministro de material docente en mayor cantidad y de mejor calidad. El gasto correspondiente a la educación básica ha subido del 23,8% en 2010 al 53,9% en 2013.

36.En lo que respecta al Programa de Construcción de Escuelas, el Gobierno tiene previsto construir y rehabilitar más de 31.000 aulas y poner otras instalaciones escolares a disposición de los alumnos con una financiación total de 26.300 millones de pesos en 2013. Asimismo, la asignación para la creación de puestos docentes ha registrado una considerable mejora: después de haber descendido un 25,5% en 2010, subió al 342,7% en 2013. Las necesidades de libros de texto y material docente en general para 2013 han contado con el apoyo de una asignación de 1.500 millones de pesos para la adquisición de 31,1 millones de libros de texto y manuales para el personal docente, que complementarán la experiencia educativa en las aulas y enriquecerán la capacidad e intercambio de conocimientos de los instructores.

37.Al mismo tiempo que trata de corregir el déficit de recursos en el sistema público de educación básica, el Gobierno adopta medidas para descongestionar las escuelas públicas mediante la concesión de subvenciones en escuelas privadas a través de la Asistencia Gubernamental a Alumnos y Profesores en la Enseñanza Privada. La asignación para ese programa, que descendió un 8,1% en 2010, aumentó un 10,9% en 2013. La asignación de 6.900 millones de pesos para 2013 tiene como objetivo ofrecer ayuda a 1 millón de estudiantes (cuadro 6).

Cuadro 6

Asignación para programas específicos de educación básica, niveles de la LGC

(En millones de pesos, salvo indicación en contrario)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

Servicios de educación básica

4 962

6 142

11 291

16 420

25 268

Crecimiento (%)

23,8

83,8

45,4

53,9

Programa de Construcción de Escuelas del Ministerio de Educación

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

Crecimiento (%)

0,0

(50,0)

0,0

0,0

Adquisición de libros de texto

2 217

2 027

1 778

2 125

1 493

Crecimiento (%)

(8,6)

(12,3)

19,5

(29,7)

Asistencia Gubernamental a Alumnos y Profesores

4 289

3 940

5 830

6 286

6 974

Crecimiento (%)

(8,1)

48,0

7,8

10,9

Creación de puestos docentes

2 597

1 935

2 263

3 463

15 330

Crecimiento (%)

(25,5)

17,0

53,0

342,7

Salud

38.El apoyo a los servicios de salud se destina a los programas clave del sector, cuyo objetivo es mejorar el acceso a los servicios de salud y de seguro médico y el logro de los ODM. Para subvencionar las primas del seguro médico se han asignado 12.600 millones de pesos destinados al Programa Nacional de Seguro Médico. Este tiene como objetivo ofrecer a 5,2 millones de hogares subsidios para el pago de dicha prima. Además, nuevos ingresos procedentes de la reciente Ley de Reforma de los Impuestos Especiales puede representar un aumento de 13.600 millones de pesos para el Programa, que permitirán ayudar a 5,6 millones de hogares adicionales del sector informal.

39.Para lograr un mejor acceso a los servicios de salud, el presupuesto nacional de 2013 ha asignado 13.600 millones de pesos para actividades inmediatas de rehabilitación y construcción de 2.243 centros rurales de salud y 403 hospitales de distrito. Se trata de un aumento considerable con respecto a los 5.100 millones de pesos destinados al mismo programa en 2012.

40.Con respecto al logro de los ODM relacionados con la salud, el presupuesto ofrece también apoyo a programas del Ministerio de Salud que contribuirán a hacer realidad esos ODM. Entre dichos programas se encuentran los siguientes:

Programa "Médicos para los Barrios": Envío de 131 médicos, 22.500 enfermeros y 4.379 parteras (2.800 millones de pesos);

Programa Ampliado de Inmunización: Inmunización de 2,6 millones de niños (1.900 millones de pesos).

41.El cuadro 7 presenta la asignación para programas específicos en el sector de la salud.

Cuadro 7

Asignación para programas específicos relacionados con la salud, niveles de la LGC

(En millones de pesos, salvo indicación en contrario)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

Programa de Mejora de los Servicios de Salud

2 073

3 252

7 144

5 078

13 558

Crecimiento (%)

56,8

119,7

(28,9)

167,0

Prima del seguro médico nacional

-

-

3 500

12 028

12 612

Crecimiento (%)

243,7

4,9

Ejecución del Programa Médicos para los Barrios y Salud en las Zonas Rurales

73

182

123

1 742

2 779

Crecimiento (%)

149,0

(32,4)

1 312,8

59,6

Programa Ampliado de Inmunización

843

991

2 463

1 875

1 950

Crecimiento (%)

17,5

148,6

(23,9)

4,0

Vivienda

42.En los cuatro últimos años se han logrado algunas mejoras importantes en las asignaciones para el sector de la vivienda, que subieron de 3.700 millones de pesos en 2009 a 21.800 millones en 2013. El Programa de Vivienda consta de los siguientes elementos: a) programa de reasentamiento; b) mejora de los asentamientos; c) reasentamiento para los habitantes de asentamientos precarios; d) programa comunitario de hipotecas; y e) programa de vivienda para las fuerzas armadas y la Policía Nacional.

43.El fuerte aumento del presupuesto para vivienda entre 2010 y 2011 y años posteriores se debió sobre todo a los siguientes factores: a) nuevas asignaciones para el reasentamiento de los habitantes de asentamientos precarios y para el programa de vivienda para las fuerzas armadas y la Policía Nacional; y b) aumento de las asignaciones para el programa de reasentamiento, la mejora de los asentamientos y el programa comunitario de hipotecas.

44.En el año en curso el Gobierno está contribuyendo al reasentamiento de los habitantes de asentamientos precarios con 10.200 millones de pesos. Además, ha establecido un proyecto de vivienda para los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional de salarios bajos, con una asignación de 5.600 millones de pesos.

45.Entre 2011 y 2012 las asignaciones para el programa de reasentamiento y la mejora de los asentamientos han aumentado un 28,7% y un 27,8%, respectivamente. Por su parte, el programa comunitario de hipotecas ha recibido una asignación de 1.000 millones de pesos en el presupuesto de 2013, lo que representa un aumento significativo con respecto a la asignación anual de 500 millones de pesos destinada al programa desde 2009 (cuadro 8).

Cuadro 8

Asignación para programas específicos del Programa de Vivienda, niveles de la LGC

(En millones de pesos, salvo indicación en contrario)

Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

Programa de reasentamiento

3 200

3 230

4 275

5 503

4 882

Crecimiento (%)

0,9

32,4

28,7

-11,3

Mejora de los asentamientos

100

100

128

128

Crecimiento (%)

27,8

-

Reasentamiento para habitantes de asentamientos precarios

10 000 1

7 645 2

10 201 3

Crecimiento (%)

(23,6)

33,4

Programa comunitario de hipotecas

500

500

500

500

1 000

Crecimiento (%)

-

-

-

100,0

Programa de vivienda para las fuerzas armadas y la Policía Nacional

4 676

8 514

5 621,7

Crecimiento (%)

82,1

(34,0)

IV.Información en virtud de los artículos 2 y 10 del Pacto

46.La legislación filipina derogó y/o modificó algunas disposiciones de las leyes internas consideradas como discriminatorias para la mujer. A ese respecto, cabe señalar las siguientes medidas:

La Ley de la República núm. 10151 o Ley de Autorización del Empleo de Trabajadores Nocturnos, de 2011, derogó los artículos 130 y 131 del Código del Trabajo de Filipinas (Decreto Presidencial 442) que prohibía a las mujeres trabajar durante la noche, aumentando así sus posibilidades de empleo o trabajo.

La Ley de la República núm. 10364 o Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas, de 2012, enmendó y reforzó la Ley contra la Trata de Personas de 2003. La nueva ley incluye los siguientes delitos de fomento de la trata: a) destruir o alterar pruebas, b) influir en los testigos durante la investigación y c) servirse de un cargo público para impedir que se lleve a cabo una investigación o se cumplan órdenes legales. Entre las disposiciones de importancia de esa ley figuran la prestación de servicios previos de asesoramiento a ciudadanos filipinos en los matrimonios con personas de distinta nacionalidad, para impedir que las mujeres que contraen esos matrimonios sean víctimas de la trata de personas. La nueva ley tipifica la trata como delito que puede ser sancionado con la pena de 15 años de cárcel y una multa de 500.000 a 1 millón de pesos. Aumenta también la financiación de los organismos gubernamentales implicados en la lucha contra la trata.

47.Entre las prioridades incluidas en el Programa Legislativo Prioritario en Favor de la Mujer en el 15º Congreso se incluyó la promulgación del proyecto de ley que modificará o derogará las disposiciones discriminatorias del Código Penal Revisado, en particular en lo que respecta a la disparidad entre las penas impuestas por los delitos de adulterio y concubinato.

48.Para eliminar la disparidad entre las penas impuestas por la legislación vigente por los crímenes de concubinato y adulterio y tratar ambos delitos como actos idénticos de infidelidad marital, se presentó el proyecto de ley de la Cámara núm. 5734 (proyecto de ley contra la infidelidad sexual), que será examinado por el Comité de Normas hasta que finalice el 15º Congreso. El proyecto de ley elimina la diferente definición por el Código Penal Revisado de los delitos de concubinato y adulterio y la sustituye por el delito de infidelidad sexual, es decir, "un acto cometido por una persona legalmente casada que mantiene relación sexual con otra persona distinta de su cónyuge o por una persona que tiene contacto carnal con una persona casada, sabiendo que está legalmente casada, aun cuando el matrimonio se declare nulo posteriormente". En cuanto acto sancionable, la infidelidad sexual se aplica, según la medida propuesta, únicamente a la pareja/cónyuge legalmente casado. Establece también la misma sanción (prisión correccional), cualquiera que sea el cónyuge que cometa dicho acto sancionable. El mismo proyecto de ley se presentó de nuevo en el 16º Congreso en el marco de los proyectos de ley de la Cámara núms. 405 y 1168.

49.Paralelamente, el Comité del Código Penal del Ministerio de Justicia, creado en abril de 2011, está elaborando el nuevo Código Penal de Filipinas con el fin de conseguir que las leyes penales sean relevantes y significativas para las personas y mejorar la administración de la justicia en el país. Para armonizar las disposiciones y eliminar las que sean discriminatorias, el Comité se ocupa también de la disparidad entre los motivos y sanciones impuestas por el Código Penal Revisado para los delitos de concubinato y adulterio y, por lo tanto, garantizará que se elimine el sesgo de género estableciendo los mismos motivos y las mismas sanciones para el acto de infidelidad sexual.

50.Se presentaron también varios proyectos de ley en el marco del 16º Congreso con el fin de modificar las leyes existentes discriminatorias para la mujer. Entre esos proyectos de ley se encuentran los siguientes:

Proyecto de ley de la Cámara núm. 812 o Ley de Modificación del Capítulo 3 de la Ley de la República núm. 8353, conocida también como Ley contra la Violación de 1997, que trata de modificar la definición del delito de violación introduciendo el elemento de "ausencia o falta de consentimiento" en el núcleo de la definición, eliminando la cláusula de perdón en la violación marital y elevando la edad del estupro de los 12 a los 16 años.

Proyecto de ley de la Cámara núm. 85 o Ley de Fortalecimiento de la Igualdad en las Relaciones entre la Esposa y el Esposo en los Asuntos Familiares, cuyo objetivo es modificar los artículos 14, 96, 124, 211 y 225 del Código de la Familia de Filipinas.

Proyecto de ley del Senado núm. 1260 o Ley para Garantizar la Igualdad Fundamental de Hombres y Mujeres en Virtud de las Leyes sobre el Matrimonio y las Relaciones Familiares, que establece la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a la administración de los bienes y la autoridad parental sobre los hijos comunes. El proyecto de ley tiene también como objetivo modificar el Código de la Familia.

Proyecto de ley del Senado núm. 773 o Ley de Definición de Algunas Indicaciones de Incapacidad Psicológica como Motivo para la Declaración de la Nulidad del Matrimonio, que modifica también el Código de la Familia de Filipinas.

Igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales

51.El Gobierno de Filipinas está ultimando el Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer (2013-2016), que corresponde a un período más breve del Plan de Filipinas para un Desarrollo Atento a la Perspectiva de Género (1995-2025). El primero de esos planes es complementario del Plan de Desarrollo de Filipinas para 2012‑2016. Imparte al Gobierno orientaciones sobre la manera de determinar las intervenciones y estrategias para abordar las cuestiones de género. Instrumenta la Carta Magna de la Mujer con sus cinco áreas estratégicas, a saber, empoderamiento económico de la mujer, derechos de desarrollo social de la mujer, género en el ámbito de la seguridad, la justicia y la paz, género en la esfera del medio ambiente y el cambio climático y gobernanza atenta a las cuestiones de género. El Plan se elaboró en una serie de consultas con organismos gubernamentales nacionales, dependencias de la administración local y organizaciones no gubernamentales de mujeres.

Derechos económicos

52.Desde 2006, Filipinas está llevando a cabo el Proyecto de Medidas Económicas Atentas a la Perspectiva de Género para la Transformación de la Mujer, que es un proyecto de gobernanza y desarrollo de la capacidad con el fin de promover y respaldar un entorno propicio que incorpore la perspectiva de género y contribuya al empoderamiento económico de la mujer, en particular de las que se encuentran en microempresas, a través de políticas, programas y mecanismos institucionales que promuevan e impulsen el crecimiento de los medios de subsistencia de la mujer y de las microempresas, para que se transformen en empresas de tamaño mediano. El proyecto aborda estratégicamente las cuestiones del género y el desarrollo en las empresas mediante políticas económicas, programas y servicios de desarrollo de las microempresas (por ejemplo, registro de empresas, protección social, seguridad ocupacional y salud y medio ambiente) para promover el empoderamiento económico de la mujer. El proyecto contó con 19 organismos económicos nacionales y 6 dependencias provinciales, 26 dependencias locales y 2 alianzas integradas por 14 dependencias municipales.

53.El Proyecto ha conseguido importantes resultados que han contribuido al disfrute de los derechos económicos por parte de la mujer. En el plano nacional, los organismos adoptaron o reforzaron sus políticas, planes e instrumentos para integrar la perspectiva de género. El resultado fue una mejor prestación de programas y servicios para las microempresarias. El Departamento de Comercio e Industria impulsó el Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa (2011-2016), que incluía disposiciones sobre la incorporación de la perspectiva de género y la sostenibilidad ambiental en sus programas relacionados con el entorno empresarial, el acceso a las finanzas, el acceso a los mercados y la productividad y la eficiencia en la microempresa y la pequeña y mediana empresa en todo el país; el Plan de Trabajo y Empleo de Filipinas para 2011-2016, reconoció la creciente necesidad de intervenciones de seguridad y salud ocupacional en el ámbito del trabajo del sector informal; y el Programa Ampliado de Visitas de Asistencia Técnica del Centro de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Empleo, que garantiza que las microempresas no solo gocen de acceso a servicios de salud ocupacional sino que tengan también vínculos con otros proveedores de servicios pertinentes (es decir, acceso a las actividades de comercialización, desarrollo de productos, envasado y etiquetado, etc.).

54.Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha elaborado un instrumento de evaluación para conseguir que las tecnologías relacionadas con la microempresa y la pequeña y mediana empresa tengan en cuenta las necesidades de la mujer. La Sociedad Filipina de Seguro de Enfermedad (PhilHealth) ha aprobado la Aplicación del Plan de Subsidios Parciales, que da prioridad a la prestación del seguro de enfermedad a las microempresarias y a los trabajadores del sector informal. En él se tienen en cuenta a las mujeres microempresarias, a los trabajadores por cuenta propia en pequeña escala y a los trabajadores de la economía sumergida.

55.El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con oficinas que han garantizado la sostenibilidad ambiental de las empresas cuya materia prima está vinculada al medio ambiente, como su Oficina de Ordenación Ambiental, que publicó una circular en que se especifica la prioridad de las microempresarias en la prestación de asistencia técnica, y su Oficina de Ordenación Forestal, que publicó una Orden Administrativa en la que se prescribe el uso de la "Guía para empresas ambientales y de recursos naturales que incorporen la perspectiva de género" en la asistencia técnica a las partes interesadas.

56.En el plano local, los asociados con las dependencias de la administración local han elaborado o reforzado sus políticas, como el Código de Género y Desarrollo para atender las necesidades económicas de las microempresarias. Teniendo en cuenta los Códigos de Género y Desarrollo para el Empoderamiento Económico de la Mujer, las dependencias de la administración local publicaron políticas de apoyo o elaboraron y reforzaron sus programas y servicios económicos. Algunas dependencias de la administración local reforzaron sus códigos fiscales o elaboraron códigos de inversión que ofrecieron descuentos especiales para ayudar a las mujeres a crear microempresas. En los emplazamientos piloto de los proyectos se establecieron ocho instalaciones funcionales de servicios comunes que intervienen como áreas de producción para las microempresarias y cuentan con instrumentos que tienen en cuenta la perspectiva de género. Se hicieron realidad gracias a la "convergencia" con diversos organismos gubernamentales de alcance local, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Trabajo y Empleo. Los otros programas y servicios de dependencias de la administración local con destino a las mujeres microempresarias fueron los siguientes: a) establecimiento de oficinas y dependencias para atender las necesidades de las microempresarias y microempresarios; b) ofrecimiento de edificios e instalaciones como zona de producción para las microempresarias; c) establecimiento de empresas de servicios completos y sistemas de concesión de licencias; d) prestación de crédito y asistencia financiera a las microempresarias; e) interconexión y convergencia de los organismos gubernamentales nacionales en apoyo de las microempresarias; f) realización de actividades de desarrollo de la capacidad y capacitación sobre el género y el desarrollo, el desarrollo empresarial, el desarrollo de productos, el envasado y el etiquetado; y g) comercialización y promoción de los productos. El resultado ha sido una mejora de la calidad y diseño de los productos, que llegaron a mercados más amplios de alcance local y en la zona metropolitana de Manila. En consecuencia, las microempresarias aumentaron sus ingresos, lo que les permitió atender las necesidades de los hogares y de la educación de sus hijos. El proyecto ha ayudado a más de 8.000 microempresarias en ocho emplazamientos del Proyecto.

Derechos sociales

57.Los datos del Ministerio de Educación sobre el año escolar de 2012/13 en las escuelas públicas y privadas revelan que las mujeres tienen una tasa neta de matriculación más elevada que la de los varones en la escuela elemental y superior. La tasa neta de matriculación femenina en enseñanza elemental es el 96,3% y la de los varones el 94,25%, mientras que en la enseñanza secundaria son el 70% y el 59,49%, respectivamente. Por otro lado, las tasas de terminación de estudios de enseñanza elemental son el 78,21% en las mujeres y el 69,61% en los varones, mientras que en la enseñanza secundaria son el 79,92% y el 69,77%, respectivamente. El Ministerio de Educación se está también ocupando de cuestiones como la mayor tasa masculina de abandono escolar, los peores resultados académicos de los varones en las pruebas estandarizadas nacionales y las tasas más bajas de alfabetización básica masculina, y está adoptando sistemas alternativos de aprendizaje y de reciclado del personal docente para que tengan más en cuenta las diferencias entre niños y niñas en el aprendizaje.

58.Los datos de la Comisión de Educación Superior revelan que son más las mujeres matriculadas en enseñanza terciaria entre los años académicos 2004/05 y 2011/12. En 2011/12 son más las mujeres matriculadas en materias como la administración de empresas y ámbitos conexos, la educación y formación del personal docente, las bellas artes y las artes aplicadas, las humanidades, la comunicación de masas y la documentación, las matemáticas y la informática, la medicina y materias conexas, las ciencias naturales, los servicios, las ciencias sociales y del comportamiento, los cursos generales y la economía doméstica. Por el contrario, son menos las que se matriculan en ciencias marítimas, religión y teología e ingeniería y tecnología y otros cursos con predominio tradicional de los varones.

Derechos culturales

59.Mindanao cuenta con unas 27 comunidades culturales indígenas. La firma del Acuerdo Marco sobre los Bangsamoro, el 15 de octubre de 2012, ofreció una oportunidad para que los pueblos indígenas que viven en el territorio bangsamoro hicieran realidad su programa en ese contexto.

60.Para contribuir a ese resultado, la Comisión Filipina de la Mujer y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas organizaron del 10 al 12 de octubre de 2012 un taller para mujeres dirigentes de pueblos indígenas con el fin de reforzar su capacidad y la de los ancianos de formular, comunicar y negociar el programa de los pueblos indígenas en el nuevo territorio bangsamoro. Ese fortalecimiento de la capacidad de comunicación y negociación tenía como objetivo responder a las cuestiones y preocupaciones de los pueblos indígenas, muy en particular en lo que respecta a la eliminación de los obstáculos estructurales a su acceso y control de los programas y servicios gubernamentales. El taller ayudó a las mujeres dirigentes a exponer sus derechos humanos básicos y los derechos de la mujer, a identificar las cuestiones clave relativas a la mujer, la paz y la seguridad en sus respectivas áreas y a determinar el programa de las mujeres indígenas en el contexto del Acuerdo Marco. El taller ayudó también a reforzar las capacidades de comunicación y negociación de las mujeres/ancianos indígenas para permitirles reclamar sus derechos e impulsar sus programas en los procesos de transición de la Región Autónoma en el Mindanao Musulmán y en el territorio bangsamoro.

V.Información en virtud del artículo 6 del Pacto

Empleo, desempleo y subempleo

61.Como se observa en el cuadro 9, la fuerza de trabajo del país registró un crecimiento de 2.232.000 personas: subió de 38.946.000 en julio de 2010 a 41.178.000 en julio de 2013. Ello representa una tasa de crecimiento de aproximadamente el 2% anual. Superó la marca de los 40 millones en el mes de octubre de 2011, en el que se registró la tasa máxima de crecimiento interanual (4,9%). La tasa de participación en la fuerza de trabajo era de aproximadamente el 64%, lo que significa que 6 de cada 10 personas en edad de trabajar (15 o más años) estaban empleadas o desempleadas.

62.El número de personas empleadas registró una tendencia generalmente ascendente desde julio de 2010. No obstante, el crecimiento interanual del empleo fue muy irregular, y siguió una pauta de "expansión y contracción", con tasas que oscilaron entre el -2,3% (octubre de 2012) y el 5,7% (octubre de 2011). En promedio, el empleo creció un 2,0% anual entre julio de 2010 y julio de 2013. Ello representa un aumento neto del empleo de 708.000 personas al año, inferior a la meta de 1 millón anual prevista en el Plan de Desarrollo de Filipinas, debido a los grandes altibajos del crecimiento del empleo durante ese período.

63.Las cifras anuales de la tasa de desempleo registraron una tendencia descendente entre 2010 y 2012 (del 7,4% al 7,0%), que se encontraba dentro del intervalo previsto en el Plan de Desarrollo (6,8% al 7,2%). Las cifras trimestrales, salvo en enero de 2011 (7,4%), abril (7,5%) y julio de 2013 (7,3%), se mantuvieron también dentro de las metas previstas en el Plan de Desarrollo. El número de desempleados durante los tres últimos años se estabilizó en torno a los 2,8 millones de personas.

64.En 2013, la tasa de desempleo aumentó, aunque en forma marginal; durante tres rondas sucesivas de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo fue superior al 7,0%: 7,1% en enero, 7,5% en abril y 7,3% en julio. En consecuencia, el número de personas desempleadas superó la marca de los 3 millones en abril y junio de 2013, después de haberse mantenido estancada en aproximadamente 2,8 millones durante muchos años. El aumento del número de personas desempleadas puede atribuirse al mayor número de personas que se incorporaron o reingresaron en la fuerza de trabajo, debido a que la mejoría de la situación económica suscitó entre quienes buscaban empleo un mayor optimismo acerca de sus posibilidades de encontrar trabajo.

65.Como demuestra lo ocurrido en otras economías emergentes, no son pocos los casos de desempleo elevado, incluso en períodos de crecimiento económico. A medida que la economía crece y su estructura se transforma, el empleo da muestras de inestabilidad al tener que ajustarse al mercado de trabajo: el optimismo aumenta entre la población en edad de trabajar, lo que da lugar a un crecimiento del número de personas que buscan trabajo. Asimismo, durante el cambio estructural, se destruyen unos empleos y se crean otros. Pero la capacitación real de la fuerza de trabajo quizá no se corresponda con la demanda creciente de mano de obra. El resultado puede ser un aumento de las tasas de desempleo durante algunos momentos del proceso de transformación.

66.Aproximadamente la mitad de las personas desempleadas tienen entre 15 y 24 años de edad. Su tasa de desempleo era más del doble de la tasa nacional. No obstante, la tasa de desempleo juvenil descendió del 17,6% en 2010 al 16,2% en 2012, y del 17,3% en julio de 2010 al 16,8% en julio de 2013. La baja participación de los jóvenes en el mercado de trabajo puede atribuirse al hecho de que en el grupo de edad de 15 a 24 años se incluyen sus años de escolarización.

Cuadro 9

Empleo, desempleo y subempleo, Filipinas: 2010 a julio de 2013

(En miles, salvo en los porcentajes)

Indicador

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Julio

Octubre

Enero

Abril

Julio

Octubre

Enero

Abril

Julio

Octubre

Enero

Abril

Julio p

Población en edad de trabajar, 15 o más años

60 717

61 882

62 985

60 928

61 169

61 531

61 778

62 053

62 164

62 682

62 842

63 114

63 303

63 720

64 090

64 468

Fuerza de trabajo

38 893

40 006

40 426

38 946

39 287

39 210

39 691

39 928

41 194

40 226

40 645

40 401

40 433

40 834

40 906

41 178

Empleados

36 035

37 192

37 600

36 237

36 488

36 293

36 820

37 106

38 550

37 334

37 842

37 555

37 670

37 940

37 819

38 175

Subempleados

6 762

7 163

7 514

6 502

7 141

7 050

7 127

7 095

7 381

7 018

7 313

8 565

7 160

7 934

7 251

7 341

Desempleados

2 859

2 814

2 826

2 709

2 799

2 917

2 871

2 822

2 644

2 892

2 803

2 847

2 763

2 894

3 087

3 002

Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%)

64,1

64,6

64,2

63,9

64,2

63,7

64,2

64,3

66,3

64,2

64,7

64,0

63,9

64,1

63,8

63,9

Tasa de desempleo (%)

7,4

7,0

7,0

7,0

7,1

7,4

7,2

7,1

6,4

7,2

6,9

7,0

6,8

7,1

7,5

7,3

Tasa de subempleo (%)

18,8

19,3

20,0

17,9

19,6

19,4

19,4

19,1

19,1

18,8

19,3

22,8

19,0

20,9

19,2

19,2

Empleados, por sector

Agricultura, silvicultura y pesca

11 956

12 267

12 093

12 244

12 265

11 952

12 155

12 100

12 861

12 112

12 467

11 635

12 156

11 542

11 844

11 808

Industria

5 399

5 530

5 743

5 408

5 375

5 264

5 619

5 629

5 608

5 516

5 860

5 907

5 692

5 867

6 085

5 969

Servicios

18 682

19 394

19 764

18 585

18 850

19 074

19 045

19 376

20 082

19 708

19 515

20 015

19 822

20 531

19 889

20 398

Empleados, por clase de trabajador

Trabajadores asalariados

19 626

20 538

21 492

19 366

19 773

19 849

20 250

20 897

21 155

20 664

21 113

22 578

21 613

22 832

21 735

22 212

en el sector privado

14 565

15 431

16 377

14 394

14 742

14 855

15 241

15 736

15 893

15 514

16 208

17 334

16 454

17 503

16 743

17 040

Empleador en explotación agrícola o empresa gestionada por la propia familia

1 394

1 354

1 335

1 388

1 400

1 318

1 297

1 301

1 499

1 308

1 245

1 451

1 338

1 340

1 145

1 287

Empleado por cuenta propia

10 858

10 994

10 626

11 138

11 035

11 030

10 904

10 941

11 101

11 025

10 959

9 901

10 619

10 191

10 812

10 821

Trabajadores familiares no remunerados

4 157

4 306

4 147

4 346

4 280

4 096

4 369

3 966

4 795

4 337

4 525

3 624

4 100

3 576

4 126

3 856

% de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados en el empleo total

41,7

41,1

39,3

42,7

42,0

41,7

41,5

40,2

41,2

41,1

40,9

36,0

39,1

36,3

39,5

38,4

Jóvenes, 15 a 24 años de edad

Fuerza de trabajo

8 276

8 675

8 734

8 225

8 288

8 309

8 637

8 388

9 366

8 609

9 062

8 560

8 703

8 589

8 953

8 726

Empleados

6 816

7 258

7 322

6 806

6 910

6 883

7 201

6 890

8 057

7 206

7 611

7 106

7 363

7 162

7 466

7 257

Desempleados

1 460

1 417

1 412

1 419

1 378

1 426

1 436

1 498

1 310

1 402

1 450

1 455

1 341

1 427

1 487

1 469

Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%)

45,4

46,7

46,1

45,1

45,2

45,0

46,5

45,1

50,1

45,8

48,0

45,2

45,7

44,8

46,5

45,1

Tasa de desempleo (%)

17,6

16,3

16,2

17,3

16,6

17,2

16,6

17,9

14,0

16,3

16,0

17,0

15,4

16,6

16,6

16,8

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Encuesta de la Fuerza de Trabajo.

p Datos preliminares.

67.El empleo en el sector de la industria siguió aumentando; entre julio de 2010 a julio de 2013 consiguió un crecimiento medio del 3,3%, superior al de los servicios (2,8%) y el de la agricultura, silvicultura y pesca (0,1%). Si bien la parte de la industria en el empleo total continuó siendo la más baja, subió del 14,9% en julio de 2010 al 15,6% en julio de 2013. El sector de la industria está integrado por las actividades de minería y extracción; manufacturas; electricidad, gas y agua; y construcción.

68.El descenso de la proporción de trabajadores empleados por cuenta propia o que realizan trabajos familiares no remunerados se complementó con el crecimiento de la proporción del empleo asalariado, sobre todo en el sector privado (más de dos quintas partes del empleo total). Estos empleados del sector privado registraron también las tasas anuales de crecimiento más elevadas (5,4% en 2010, 5,9% en 2011 y 6,1% en 2012). En el mes de enero de 2013, en que el empleo creció solo un 1,6%, el empleo asalariado en el sector privado registró su crecimiento más alto (12,8%) desde julio de 2010. En ese mismo período, la proporción de trabajadores con empleo precario registró un mínimo del 36,3%.

69.Un problema más grave que el desempleo era el del subempleo, cuya tasa continuó siendo elevada y acusó una mayor inestabilidad que la tasa de desempleo, ya que fluctuó entre el 17,9% (julio de 2010) y el 22,8% (julio de 2012). Ello significa que una de cada cinco personas empleadas manifestó el deseo de trabajar más horas o encontrar otro empleo, por considerar que su remuneración era demasiado baja o que su empleo no se correspondía con su preparación.

70.A diferencia del desempleo, que afecta sobre todo a los jóvenes, el subempleo afecta a los diferentes grupos de edad y de sexo y es particularmente pronunciado entre la mano de obra con menor nivel de instrucción y en las regiones donde la agricultura es el sector dominante. Ello significa que, si bien la economía está creando puestos de trabajo, estos son de baja calidad. La explicación de las elevadas cifras de desempleo a pesar del crecimiento económico se aplica también a la persistencia de las altas cifras de subempleo. Se alienta a las personas a que busquen más trabajo, pero su capacitación no les permite atender las demandas de un mundo laboral en transformación.

Programas y servicios de facilitación del empleo

71.Para abordar el problema del desempleo y el subempleo, el Gobierno de Filipinas estableció varios programas y proyectos entre los que se encuentran algunos servicios y programas de facilitación del empleo que el Ministerio de Trabajo y Empleo supervisa y coordina con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores filipinos a oportunidades y alternativas de empleo. El programa de facilitación del empleo de dicho Ministerio, que es de alcance nacional, llega a los trabajadores desempleados y desplazados pobres y marginados de las zonas rurales de todas las regiones.

72.A ese respecto cabe señalar el Programa Especial para el Empleo de Estudiantes, la realización de ferias de empleo, los servicios de facilitación del empleo de las Oficinas de Servicios de Empleo en la Administración Pública, las agencias privadas de contratación y colocación y los subcontratistas.

Programa Especial para el Empleo de Estudiantes

73.El Programa Especial para el Empleo de Estudiantes es una iniciativa conjunta del Ministerio de Trabajo y Empleo, la Comisión de Educación Superior, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas. En calidad de Presidente del Programa, el Ministerio de Trabajo y Empleo es responsable, a través de su Red de Oficinas Regionales de primera línea, del Programa Especial. Este se propone ayudar a los buenos estudiantes que carecen de medios a proseguir su educación aumentando sus ingresos mediante programas de empleo temporal de 10 a 15 días durante las Navidades y un período de 20 a 52 días durante las vacaciones de verano, en el caso de los alumnos de enseñanza secundaria, y programas anuales para los alumnos de enseñanza terciaria, técnica o profesional por un período de 20 a 52 días de trabajo. Los estudiantes que participan en el programa reciben salarios no inferiores al salario mínimo vigente en forma de bonos para actividades educativas y en efectivo, que pueden utilizar para el pago de las tasas académicas.

Cuadro 10

Programa especial para el empleo de estudia ntes, beneficiarios por región: 2010 a 2012

Región

2010

2011

2012

Filipinas

84 786

120 312

138 381

Región de la Capital Nacional

6 480

11 092

15 441

Región Administrativa de la Cordillera

3 248

4 310

4 914

I

2 804

4 419

4 869

II

6 925

8 553

10 337

III

7 349

9 073

9 322

IV-A

4 167

11 795

7 898

IV-B

2 574

4 281

6 320

V

3 114

3 611

5 144

VI

9 252

11 459

8 688

VII

9 222

6 361

16 135

VIII

4 234

6 520

9 143

IX

5 622

13 862

9 429

X

2 764

5 755

9 842

XI

6 274

6 962

7 884

XII

5 822

6 005

7 213

Caraga

6 254

6 254

7 802

74.El número de beneficiarios del Programa aumentó a raíz de un crecimiento de su presupuesto de aproximadamente el 20%. La cifra nacional de beneficiarios creció casi un 30% (29,5%) entre 2010 y 2011, y un 13,1% entre 2011 y 2012. Como puede observarse en el cuadro 10, el número más elevado de beneficiarios correspondió a las regiones VI, IX y VII en 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

Ferias de empleo

75.El Ministerio de Trabajo y Empleo realiza ferias de empleo nacionales a lo largo de todo el año. Cabe señalar en particular las ferias de empleo del Día del Trabajo, que se celebran el 1 de mayo de cada año, así como ferias de empleo periódicas organizadas por las oficinas del Ministerio. En ellas, buscadores de empleo y reclutadores y empleadores nacionales y de otros países se juntan bajo un mismo techo en un lugar, fecha y hora específicos, lo que reduce enormemente el costo, el tiempo y el esfuerzo, en particular por parte de quienes buscan empleo. De esa manera se consolida la campaña del Ministerio contra la contratación ilegal, ya que los buscadores de empleo tienen acceso a empleadores legítimos y a agencias de contratación autorizadas.

76.Además de facilitar el empleo, otros servicios gubernamentales conexos ofrecidos durante las ferias de empleo son los de asistencia informativa sobre el empleo, las actividades de capacitación y remisión, la asistencia a los trabajadores por cuenta propia y los servicios de bienestar social para los trabajadores migrantes filipinos.

Oficinas de Servicios de Empleo en la Administración Pública

77.Los servicios de facilitación del empleo son ofrecidos en todo el país por una red de Oficinas de Servicios de Empleo en la Administración Pública. Estas, creadas de conformidad con la Ley de la República núm. 9759, ofrecen gratuitamente servicios relacionados con diferentes empleos. Se encuentran en las capitales de provincia, grandes ciudades y otras áreas estratégicas. Son mantenidas en gran parte por dependencias de la administración local, varias organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria y universidades y colegios superiores estatales. Están vinculadas con las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y Empleo para la coordinación y supervisión técnica. En mayo de 2013 había en el país un total de 1.835.

78.Las oficinas ofrecen los siguientes servicios: ferias de empleo, bazares de empleo por cuenta propia y medios de subsistencia, líneas de crédito especiales para los trabajadores en el extranjero, empleo de estudiantes y jóvenes no escolarizados, Programa de Valoración del Trabajo para inculcar en los jóvenes los valores y la ética del trabajo y proyectos de contratación de trabajadores para obras de infraestructura en aplicación de la Ley de la República núm. 6685, en la que se establece que el 30% la mano de obra especializada y el 50% de los trabajadores no especializados necesarios procedan de las zonas donde se están llevando a cabo programas de infraestructura con financiación pública.

Agencias privadas de contratación y colocación y subcontratistas

79.Los servicios de facilitación del empleo son llevados a cabo por agencias privadas de contratación y colocación. Esta actividad alcanzó un máximo en 2011, año en que se registró una tasa de crecimiento del 31,1% con respecto a 2010, y disminuyó un 39,5% entre 2011 y 2012.

80.Las actividades de colocación por contratistas y subcontratistas de servicios, de acuerdo con el Código del Trabajo de Filipinas, es predominante en las regiones IV-A, Región de la Capital Nacional y XII. Ello puede atribuirse a que las dos primeras regiones están muy urbanizadas y cuentan con las mayores empresas de la región, que requieren empleo de breve duración. Por otro lado, la Región XII está registrando un gran auge y la actividad empresarial, sobre todo en Cagayan de Oro, está prosperando.

Programa Integrado de Medios de Subsistencia del Ministerio de Trabajo y Empleo

81.El Programa Integrado de Medios de Subsistencia del Ministerio de Trabajo y Empleo es una respuesta al impulso del Gobierno para combatir la pobreza, en particular para reducir el desempleo y el subempleo mediante medidas con metas específicas. El objetivo es transformar las actividades de generación de medios de subsistencia en empresas comunitarias mediante la convergencia de los servicios. Otro objetivo es el empleo comunitario, productivo, remunerado y seguro para los trabajadores desfavorecidos y vulnerables de la economía informal.

82.La finalidad es promover actividades generadoras de medios de subsistencia y empresariales entre los trabajadores desfavorecidos/desempleados, entre los que se incluyen los trabajadores de la economía informal que realizan actividades de subsistencia en pequeña escala, como la venta ambulante o callejera, los servicios en triciclo o bicitaxi, las pequeñas obras de construcción, los trabajos a domicilio, la actividades agrícolas, la pesca y los servicios ambulantes, y otros grupos vulnerables de trabajadores, como los jóvenes no escolarizados, las mujeres sin trabajo, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los padres de niños trabajadores, los trabajadores desplazados y las personas de edad, los grupos comunitarios integrados por personas desempleadas y subempleadas en las comunidades (grupo de barangayes/municipios) con una incidencia elevada de la pobreza, y trabajadores de salarios bajos que intentan aumentar sus ingresos.

83.Desde sus inicios en 2008 hasta 2012, este Programa ha ayudado a 453.414 beneficiarios.

Proyecto Tulong Alalay sa Taong May Kapansanan

84.El Proyecto Tulong Alalay sa Taong May Kapansanan (TULAY) es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Empleo a través de sus oficinas regionales distribuidas en el país con el fin de atender a las personas con discapacidad. Su objetivo es contribuir a integrar a esas personas en la sociedad ofreciéndoles acceso a oportunidades de capacitación y empleo en el sector tanto formal como informal.

85.En el sector informal, se alentará a las personas con discapacidad que desean trabajar por cuenta propia a que realicen sus propios proyectos de empleo autónomo, sea en forma individual o colectiva. Se les ofrece asistencia tanto financiera como técnica a través del Programa Integrado de Medios de Subsistencia del Ministerio de Trabajo y Empleo y la convergencia de programas y servicios con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Empleo de emergencia (proyecto TUPAD)

86.Tulong Panghanapbuhay sa Ating (Trabajadores desfavorecidos) (TUPAD) es un proyecto para trabajadores desplazados como consecuencia de las crisis financieras mundiales y los desempleados pobres. Su objetivo es ofrecerles empleo asalariado de breve duración, como fuente inmediata de ingresos para los beneficiarios y sus familias.

87.El proyecto ofrece a los beneficiarios oportunidades de capacitación para aumentar su empleabilidad y prepararles para otro empleo una vez que concluya el proyecto. Este protegerá a los beneficiarios frente a los riesgos del empleo; en particular, ofrecerá un mes de empleo en diversos proyectos de trabajo comunitario de las dependencias de la administración local, actividades de capacitación para la reeducación/reconversión o desarrollo del espíritu empresarial mediante actividades realizadas los fines de semanas a lo largo de un mes, y protección social a través del Sistema de Seguridad Social y PhilHealth. Entre 2009 y 2012 el Proyecto ha contado con un total de 29.346 beneficiarios y ha distribuido 125.584.789 pesos.

Programa conjunto sobre la juventud, el empleo y la migración

88.En 2009 se realizó con carácter experimental en las provincias de Masbate, Agusan del Sur, Maguindanao y Antique el proyecto Alternativas a la Migración: Empleos Decentes para los Jóvenes Filipinos. Un resultado del mismo es la capacitación empresarial de jóvenes desfavorecidos de 15 a 24 años de edad. Asimismo, se utilizó el módulo "Inicie y mejore su negocio", de la Organización Internacional del Trabajo. En 2012 el proyecto consiguió los siguientes resultados: se ofreció capacitación sobre iniciativas empresariales a 480 jóvenes desfavorecidos, con inclusión de graduados de actividades de formación profesional técnica y beneficiarios del subsidio de educación; 240 de los 254 jóvenes desfavorecidos destinatarios que tenían planes empresariales viables recibieron instrumental para iniciar sus actividades; y 96 de los 151 jóvenes desfavorecidos destinatarios establecieron sus propias microempresas.

Asistencia profesional técnica

89.La Dirección de Enseñanza y Capacitación Técnica (TESDA), organismo gubernamental de enseñanza y formación profesional técnica, ofrece orientación y realiza programas destinados a los jóvenes dentro y fuera de las escuelas y, en general, a las personas interesadas en ese tipo de capacitación.

90.La TESDA ofrece también orientaciones técnicas en los ámbitos de la información sobre el mercado de trabajo, la localización de personas capacitadas, la comercialización social de la formación profesional técnica y la generación y movilización de recursos.

91.En cooperación con empresas públicas y privadas, la TESDA realiza evaluaciones de competencia y certificación de aptitudes de los trabajadores con el fin de aumentar la productividad. En relación con los jóvenes, la TESDA continúa ofreciendo capacitación a través de su red de instituciones tecnológicas acreditadas. Se conceden también becas para ampliar el acceso a las oportunidades de formación profesional técnica.

Programas para aprendices y de formación

92.Una empresa interesada en contratar aprendices solicita a la TESDA la inscripción en el programa antes de realizar la contratación. Los aprendices reciben capacitación durante el empleo mediante actividades de formación teórica obligatoria, que implican un contrato entre el aprendiz y un empleador acerca de una ocupación aprobada. El período de aprendizaje durará entre un mínimo de tres meses o 600 horas y un máximo de seis meses o 1.200 horas.

Cuadro 11

Logros del programa, 2009 a 2012

Año

Empresas participantes

Inscritos

Graduados

Incorporados al empleo

2009

736

73 952

66 588

47 063

2010

792

75 587

62 597

52 527

2011

801

71 489

63 753

49 777

2012

777

66 365

60 360

30 836

93.Las empresas deben tener también un programa de docencia registrado ante la TESDA. Esa actividad de docencia es una forma de capacitación práctica en el empleo para las ocupaciones que no pueden ser realizadas por aprendices, acompañadas o no de instrucciones teóricas, durante un período no superior a tres meses. Entre 2009 y 2012, han terminado esos programas 193.298 graduados, 180.203 de los cuales se incorporaron al empleo en condiciones normales.

Sistema de capacitación dual

94.La Ley de la República núm. 7686 establece el sistema de capacitación dual, modalidad de formación que combina la capacitación en el trabajo (60%) y en la escuela (40%), de conformidad con un plan diseñado y ejecutado mediante la colaboración entre una institución de formación profesional técnica y el establecimiento asociado. Ambos solicitan la acreditación del sistema ante la TESDA. En virtud de la Ley sobre el Sistema de Capacitación Dual, los alumnos reciben un subsidio de capacitación equivalente al 75% del salario mínimo vigente.

Cuadro 12

Matriculados y graduados de los programas del siste ma de capacitación dual, 2009 a 2012

2009

2010

2011

2012

Matriculados

1 009

6 776

4 518

6 335

Graduados

1 187

2 406

1 366

2 340

Cuadro 13

Instituciones de formación profesional técnica y compañías participantes, 2009 a 2011

2009

2010

2011

2012

Instituciones de formación profesional técnica participantes

62

44

58

61

Empresas participantes

385

723

747

385

95.A continuación se enumeran las medidas adoptadas por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo para crear oportunidades de empleo y mejorar los medios de subsistencia.

Programa de Prestación Amplia e Integrada de Servicios Sociales (KALAHI-CIDSS)

96.KALAHI-CIDSS es un programa de desarrollo impulsado por la comunidad cuyo objetivo es empoderar a las comunidades con una mayor participación en la gobernanza local y en los proyectos comunitarios destinados a reducir la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres gracias a la participación significativa en los procesos de desarrollo haciendo que las iniciativas de desarrollo tengan en cuenta sus necesidades. Está destinado a los municipios pobres de las provincias más pobres de acuerdo con el informe de la Junta Nacional de Coordinación Estadística. Esos municipios representan el 25% más pobre de todos los municipios de las 42 provincias más pobres.

97.Las actividades del programa se llevan a cabo por los siguientes medios: movilización de las estructuras comunitarias y apoyo de las administraciones locales; actividades de capacitación para las comunidades y las dependencias de la administración local acerca de los valores del autoconvencimiento y el desarrollo; determinación de las necesidades prioritarias de participación y planificación y ejecución de programas; y prestación de asistencia técnica y concesión de recursos para las prioridades comunitarias.

Programa de Medios de Vida Sostenibles

98.El Programa de Medios de Vida Sostenibles es un programa de base comunitaria que ofrece medidas de capacitación para mejorar la situación socioeconómica de los participantes. Se ejecuta mediante la utilización de una doble estrategia. En primer lugar, apoya a las microempresas para que sean viables desde el punto de vista organizativo y económico mediante un programa de desarrollo de la capacidad que presta especial atención al desarrollo comunitario, la mejora de los conocimientos técnicos, la creación de redes de contactos y la asistencia financiera para las familias pobres que figuran en la lista del Sistema Nacional de Selección de Hogares para la Reducción de la Pobreza, otorgando prioridad a los beneficiarios del programa Pantawid Pamilyaa fin de mejorar sus oportunidades para gestionar una microempresa sostenible. En segundo lugar, pone en relación a los participantes con las oportunidades de empleo, prestando asistencia a las familias pobres desempleadas que figuran en dicha lista y también otorgando prioridad a los beneficiarios de dicho programa que solicitan oportunidades de empleo, a los que se prestan servicios de elaboración de perfiles de competencias, determinación de puestos equivalentes, orientación y asesoramiento profesionales y servicios de búsqueda de empleo.

99.El Ministerio de Comercio e Industria y la Junta de Inversiones de Filipinas han emprendido iniciativas para revitalizar el sector manufacturero y formular un amplio Plan Industrial de Filipinas en el que se incluyen vínculos de doble dirección en las zonas prioritarias y los sectores con elevado potencial de crecimiento para generar empleos. La Junta ofrece consultas de alcance general a las partes interesadas en la elaboración y aplicación de planes sectoriales para ayudar a conseguir las metas señaladas. El Ministerio de Comercio e Industria ha recurrido al Instituto de Estudios de Desarrollo de Filipinas para elaborar un plan industrial general. Hasta la fecha, 22 sectores han realizado sus respectivos planes industriales y están ahora dispuestos a aplicar los planes de acción. El Ministerio y la Junta elaborarán planes industriales y ofrecerán un cauce para que otros organismos gubernamentales y partes interesadas pertinentes formulen observaciones y sugerencias y para lograr una mayor identificación de las partes interesadas con esos planes. En definitiva, ello permitirá disponer de un planteamiento equilibrado que lleve a la creación de empleos no solo en el sector de los servicios sino también en el sector industrial y manufacturero de la economía

Información en virtud de los artículos 6, 7, 8 y 10: promoción y protección de los derechos y bienestar de los trabajadores filipinos en el extranjero

100.El 18 de enero de 2013, el Presidente firmó la Ley de la República núm. 10361 (Ley de los Trabajadores Domésticos) —Batas Kasambahay—, que representa un hito en la legislación laboral y equipara por primera vez a los trabajadores domésticos con los del sector formal. Se garantiza un mayor respeto, protección y promoción de los derechos y bienestar de los trabajadores domésticos. La ley enumera las normas laborales de dichos trabajadores, con inclusión de un salario mínimo mensual, períodos de descanso diarios y semanales, licencia no remunerada a título de incentivo, 13 meses de remuneración y cobertura de la seguridad social (por ejemplo, el Sistema de Seguridad Social, PhilHealth y Pag-Ibig).

101.En 2011, PhilHealth introdujo el Plan de Subsidios Parciales para los pobres. Este hizo posible el reparto de la contribución anual entre las dependencias de la administración local, la simplificación del proceso, en particular para los habitantes de zonas remotas y rurales, la ampliación de las prestaciones médicas y la inclusión prioritaria de las mujeres, en particular de las microempresarias. El titular primario de la tarjeta familiar de PhilHealth es ahora la mujer o la madre.

102.De conformidad con el Programa Común de Trabajo Decente para 2008-2010, cuyo objetivo es abordar y reducir las deficiencias en el logro del trabajo decente y aumentar la productividad de la mano de obra, la competitividad, la representación y la equidad en el trabajo, el Ministerio de Trabajo y Empleo está realizando programas de empleo y creación de empresas, como el Programa Integrado de Medios de Subsistencia destinado a los trabajadores desfavorecidos/desempleados, y en particular a grupos concretos de trabajadores, entre los que se incluyen las mujeres. En 2010, el programa llegó a un total de 17.102 trabajadores del sector informal, el 50% de los cuales son mujeres. Durante el mismo año, 10.003 mujeres desempleadas desfavorecidas se acogieron a proyectos de empleo por cuenta propia y de generación de medios de subsistencia.

103.En el 14º Congreso se presentó a la Cámara Baja un proyecto de ley sobre la Carta Magna de los Trabajadores de la Economía Informal. Paralelamente, en el 15º Congreso se presentó un proyecto de ley conexo, la Carta Magna del Empleo Informal. Ambos proyectos de ley tenían como objetivo promover el bienestar total de todos los trabajadores de la economía informal, incluidas las mujeres, e incorporarlos plenamente a la economía de Filipinas. El primero de ellos se propone en especial promover la equidad y la igualdad de género y proteger a las mujeres trabajadoras de la economía informal frente a la discriminación de género, la explotación y los abusos; defender los derechos sociales, económicos, políticos y reproductivos de la mujer; y mejorar su acceso a la protección social y la participación en los órganos de toma de decisiones.

Servicios de asesoramiento y asistencia médica en los países de destino

104.De conformidad con el concepto de "un único equipo en el país", establecido en la Ley de Trabajadores Migratorios (Ley de la República núm. 8042), los agregados de asistencia social del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo de las embajadas de Filipinas en Kuala Lumpur, Malasia y Riad (Arabia Saudita) prestan servicios de orientación y bienestar social a los trabajadores filipinos en dichos países. Con el fin de estimular los esfuerzos para prestar servicios sociales a dichos trabajadores, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo está promoviendo también el envío de agregados de bienestar social adicionales a los países donde existe una elevada concentración de trabajadores migratorios filipinos, como Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Hong Kong y Kuwait. La Oficina del Subsecretario de Asuntos de los Trabajadores Migratorios recomendó el envío de un agregado de bienestar social a Beirut (Líbano).

105.Hay también Oficinas de Trabajo en el Exterior adscritas a la Embajada o el Consulado de países donde residen al menos 10.000 filipinos. Dichas Oficinas ofrecen orientación sobre el empleo, intervienen como mediadores en los conflictos entre trabajadores filipinos en el extranjero y empleadores; obligan a las agencias de contratación a garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de empleo; e imparten cursos de perfeccionamiento de los conocimientos especializados a los trabajadores filipinos en el extranjero, en particular conocimientos financieros y otros conocimientos técnicos sobre reintegración.

106.El personal del Servicio Exterior ofrece también asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero que sufren problemas médicos, y en particular se encargan de a) mantener la coordinación con los hospitales para la prestación de la asistencia médica necesaria o solicitar una reducción o exención parcial de los gastos médicos de trabajadores necesitados; b) informar a los familiares más próximos acerca de la hospitalización o la condición médica del trabajador y concertar las visitas, si se solicitan; y c) adoptar medidas para la repatriación médica, en caso necesario.

Establecimiento de acuerdos bilaterales con los países de destino

107.Filipinas y el Reino de la Arabia Saudita firmaron el 19 de mayo de 2013 un acuerdo laboral que regula las prestaciones de los trabajadores domésticos, por ejemplo un día libre por semana, al mismo tiempo que, entre otras salvaguardias, se prohíbe que los gastos de contratación se deduzcan de su salario. En virtud de ese acuerdo, se estableció un mecanismo de reclamaciones, cuya primera medida fue el establecimiento de una línea directa permanente para la resolución de conflictos. En la Arabia Saudita, pueden beneficiarse de ese acuerdo unos 60.000 trabajadores domésticos. Estos tienen también garantizado un salario mensual de 400 dólares de los Estados Unidos.

108.Se está examinando la posibilidad de adoptar otros acuerdos laborales con diferentes países de destino, a fin de seguir promoviendo y protegiendo el bienestar y la dignidad de los trabajadores filipinos en el extranjero.

109.Tal como se dispone en la Ley de Trabajadores Migratorios modificada (Ley de la República núm. 10022), el personal del Servicio Exterior certifica si los países incluidos en sus jurisdicciones respectivas cumplen o no los acuerdos o han iniciado o no medidas positivas y concretas para proteger los derechos de los trabajadores migratorios. De acuerdo con esa certificación, la Junta Directiva de la Administración del Empleo en Ultramar de Filipinas aprueba o desautoriza unilateralmente el envío de trabajadores extranjeros filipinos a un determinado país. El proceso de certificación es objeto de exámenes periódicos y se recomienda a los países que incumplen las normas a que concluyan acuerdos laborales bilaterales.

110.La Administración del Empleo en Ultramar redactó un total de 11 acuerdos laborales bilaterales con los Gobiernos o los ministerios de trabajo de varios países de destino de los trabajadores migratorios filipinos. Suscribió también un acuerdo con otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y cívicas que realizan actividades de promoción y prestan servicios contra la contratación ilegal, la trata de personas y la "reconversión" o sustitución de los contratos. En virtud de esos acuerdos, los trabajadores pueden acogerse a los servicios de salud, seguro de vida, vivienda y seguridad social. Además de responder con rapidez en casos de maltrato, abusos, incumplimiento del contrato y repatriación, la Administración cuenta con un cuerpo de agregados laborales y oficiales de bienestar social que organizan seminarios y servicios de asesoramiento sobre inversiones para orientar las decisiones de inversión de los trabajadores filipinos en el extranjero cuando regresan a su país.

Prestación de servicios jurídicos, consulares y de otra índole a los nacionales con dificultades en el extranjero

111.El personal del Servicio Exterior tiene el mandato de ofrecer asistencia jurídica y consular a los trabajadores filipinos con dificultades en el extranjero. Se han asignado también fondos públicos de asignación discrecional para los filipinos en el extranjero, a saber, el Fondo de Asistencia a los Nacionales (para la repatriación, el envío de restos mortales o la cremación, el alojamiento temporal, el suministro de alimentos y artículos básicos, la evacuación médica, la hospitalización, las misiones de asistencia a los nacionales, las sanciones en el contexto de la inmigración y los gastos conexos) y el Fondo de Asistencia Jurídica (para las causas penales y las controversias laborales, los recursos contra la pena de muerte o la cadena perpetua, la interposición de acciones judiciales contra los empleadores que cometen abusos o incumplen las normas y las víctimas de violación). Se alienta a estas últimas a que interpongan acciones judiciales contra los autores ante dicho Fondo con el fin de contratar abogados competentes.

112.En los países con gran concentración de filipinos se establecen Centros de Recursos para Trabajadores Filipinos en los locales y bajo la jurisdicción administrativa de la Embajada de Filipinas.

VI.Información en virtud del artículo 11 del Pacto

113.En cuanto a los salarios mínimos, la Comisión Nacional de Salarios y Productividad y las Juntas Regionales comenzaron en 2012 a adoptar un sistema de salarios en dos niveles. Incluye un salario mínimo obligatorio para proteger a los trabajadores vulnerables frente a salarios indebidamente bajos, y un plan voluntario de incentivo de la productividad por encima del nivel mínimo establecido con el fin de alentar a los trabajadores y empresas a adoptar programas de mejora de la productividad y distribución de beneficios. De esa manera el salario mínimo se fijará por encima del umbral de pobreza, para atender las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, pero sin superar el salario medio, con el fin de dejar margen para planteamientos bipartitos que permitan fijar mejores condiciones de empleo.

Logros específicos

a)Las Juntas Regionales Tripartitas de Salarios y Productividad no dictaron en 2009 ninguna orden salarial para dar un respiro económico a las empresas, afectadas por la crisis financiera.

b)En 2010, se publicaron 15 órdenes salariales, que otorgaban un aumento de 22 pesos en el jornal del sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional y de 8 a 21 pesos en las otras zonas. De esa manera, el salario mínimo en el sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional ascendió a 404 pesos, con un intervalo de 222 a 337 pesos.

c)En 2011, se publicaron 11 órdenes salariales en virtud de las cuales el jornal aumentó 22 pesos en el sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional y entre 10 y 20 pesos en las otras zonas. De esa manera, el salario mínimo en el sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional ascendió a 426 pesos, con un intervalo de 232 a 337 pesos.

d)En 2012, se publicaron 13 órdenes salariales que supusieron una subida de 30 pesos en el jornal del sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional y de 5 a 22 pesos en las otras zonas. De esa manera, el salario mínimo el sector no agrícola de la Región de la Capital Nacional ascendió a 456 pesos, con un intervalo 232 a 349,50 pesos.

La Comisión Nacional de Salarios y Productividad y las Juntas Regionales comenzaron a adoptar el sistema salarial de dos niveles en las decisiones salariales de 2012, como revelan los ajustes ascendentes y graduales de los salarios mínimos, que habían caído por debajo del umbral de pobreza (III y IV-A); la adopción de una política de "no exención" por algunas de las Juntas (Región Administrativa de la Cordillera, IV-A, IV-B, VI y VIII); la publicación de comunicados sobre la remuneración basada en la productividad por encima del salario mínimo (IV-A); y la simplificación de las estructuras de los salarios para situarlos por encima del umbral de pobreza pero por debajo del salario medio (Región Administrativa de la Cordillera, IV-A, V).

e)En octubre de 2013, se dictaron cinco órdenes salariales de las Juntas Tripartitas de la Región de la Capital Nacional y las regiones VI, IX, X y Caraga, en las que se concedía un aumento de los jornales en el sector de la agricultura por valor de 10, 10, 13, 20 y 10 pesos, respectivamente.

f)Durante la realización de tres consultas en diferentes áreas el pasado mes de agosto, las Juntas se comprometieron a corregir la brecha de los salarios mínimos que se encontraban por debajo del umbral de pobreza en el plazo de dos a tres años y a publicar comunicados sobre un plan de remuneración basada en la productividad para las industrias en crecimiento de la región, de conformidad con lo previsto en el Plan de Desarrollo de Filipinas para 2011-2016.

En el primer nivel, hay 18 salarios que se encuentran por debajo del umbral de pobreza; oscilan entre 3 y 98 pesos en la Región Administrativa de la Cordillera, las regiones I, II, III, IV-A, IV-B, V, VIII, XIII y la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y se concentran en los establecimientos de servicios y venta al por menor.

En el segundo nivel, las Juntas han dado prioridad a los sectores en crecimiento, en los que podrán publicarse los comunicados pertinentes.

Hasta la fecha, las regiones IV-A y la Región Administrativa de la Cordillera han publicado ya sus respectivos comunicados sobre salarios mientras que las regiones III, XI y XII los están ultimando. El resto de las Juntas está manteniendo consultas con las partes interesadas de los sectores en crecimiento seleccionados. Las Juntas ofrecerán asistencia técnica mediante actividades de orientación sobre la productividad y fortalecimiento de la capacidad con destino a las microempresas y pequeñas y medianas empresas en los sectores en crecimiento, incluida la cadena de suministros.

Salario mínimo de los kasambahay (trabajadores domésticos)

114.La Ley de los Kasambahay establece un salario mínimo mensual para los trabajadores domésticos y ajusta los antiguos salarios mínimos prescritos en el Código del Trabajo de Filipinas de 1974, que había fijado un salario mínimo mensual de 800 pesos para los trabajadores domésticos de la Región de la Capital Nacional. Con la nueva ley, el nuevo salario mínimo en dicha Región es de 2.500 pesos.

115.La Comisión Nacional de Salarios y Productividad está elaborando actualmente las directrices normativas necesarias para orientar a las Juntas en los ajustes de los salarios mínimos de los kasambahay. La ley dispone que las Juntas se encargarán de revisar y ajustar los salarios mínimos de los trabajadores domésticos un año después de la entrada en vigor de la ley (2013).

116.La Comisión está preparando también el marco para la fijación del salario mínimo de los trabajadores domésticos. Para ello se tendrán en cuenta el Convenio núm. 189 de la OIT, la Ley de la República núm. 6727 (Ley de Racionalización de los Salarios) y el sistema salarial en dos niveles, la Ley de la República núm. 10361 (Batas Kasambahay) y las prácticas nacionales de fijación de los salarios mínimos para los trabajadores domésticos.

117.El salario mínimo de los trabajadores domésticos estará basado en las necesidades de los trabajadores, la capacidad de pago del empleador y otros indicadores pertinentes. De conformidad con la Ley de la República núm. 10361, las directrices que está preparando la Comisión Nacional de Salarios y Productividad y que serán aplicadas por las Juntas incluirán ajustes salariales superiores al salario mínimo, basados en las aptitudes o competencia.

118.En cuanto a las políticas laborales, se ha registrado una participación sin precedentes de los interlocutores sociales en la formulación de políticas y decisiones, impulsada por la Ley de la República núm. 10395 (Fortalecimiento del Tripartismo y el Diálogo Social), que se promulgó el 14 de marzo de 2013. El sistema de entrada única para una justicia imparcial, rápida y económica se ha institucionalizado mediante la promulgación de la Ley de la República núm. 10396 (Fortalecimiento de la Conciliación y la Mediación como Forma Voluntaria de Solución de los Conflictos Laborales), que impone un período de conciliación de 30 días en todos los conflictos laborales y mantiene el arbitraje como último recurso.

119.Con el fin de proteger los salarios y prestaciones de los trabajadores, en el tercer trimestre de 2013 habrá ya 600 funcionarios e inspectores encargados de comprobar el cumplimiento de la legislación. De esa manera, se mejora el coeficiente entre inspectores de trabajo y centros objeto de inspección, que subirá de 1:304 (en 2012) a 1:127. El sistema utiliza una combinación de planteamientos de desarrollo y normativos en beneficio de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Se han señalado los centros que pueden ser objeto de inspección en todo el país. Con asistencia técnica y capital adicional del Gobierno, el sistema permite la captación y transmisión en tiempo real de datos desde el terreno utilizando listas de comprobación electrónicas almacenadas en dispositivos y aparatos móviles.

120.El nuevo sistema, que dispone de un presupuesto adicional de 286 millones de pesos, incluye la evaluación conjunta del cumplimiento de las normas laborales generales y de los reglamentos sobre seguridad y salud, trabajo infantil, libertad de asociación, negociación colectiva y trabajo marítimo.

121.El Marco de Cumplimiento de las Normas Laborales propone una cultura de la observancia basada en la voluntariedad, en vez de la imposición, que implicará un triple planteamiento: 1) autoevaluación; 2) inspección; y 3) servicio de orientación. La autoevaluación puede realizarse en forma voluntaria en los centros con al menos 200 trabajadores y en los establecimientos con sindicatos y convenios colectivos, con independencia del número de trabajadores. Las inspecciones se llevarán a cabo por inspectores laborales en todos los lugares de trabajo con 10 a 199 trabajadores. En cuanto al servicio de orientación, los lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores y los registrados como microempresas recibirán visitas de capacitación y orientación de las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y Empleo con el fin de aumentar la productividad y ofrecer otras formas de asesoramiento técnico, lo que contribuirá en definitiva al cumplimiento de las normas laborales.

122.Los resultados de la Encuesta Integrada de la Oficina de Estadísticas de Trabajo y Empleo (basada en establecimientos no agrícolas con al menos 20 trabajadores) revelan que la tasa de incidencia de lesiones laborales mortales por 100.000 personas empleadas bajó de 9,5 en 2000 a 4,2 en 2011. De la misma manera, la tasa de incidencia de lesiones ocupacionales no mortales por 100.000 personas empleadas descendió de 1.399 a 520 durante el mismo período. Hubo 18.143 casos de lesiones ocupacionales en 2011 (frente a 26.467 en 2000), 145 de los cuales (0,8%) fueron mortales; no lo fueron los 17.998 restantes (99,2%). Los casos no mortales dieron lugar a incapacidad permanente (279; 1,6%) y a incapacidad temporal (17.719; 98,4%). No obstante, el promedio de días perdidos como consecuencia de los casos de incapacidad temporal subió de 7,8 en 2000 a 8,8 en 2011.

123.El Centro de Seguridad y Salud Ocupacional, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Empleo, llevó a cabo entre 2009 y 2013 los siguientes programas y actividades como complemento de las iniciativas del Ministerio para conseguir el cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud ocupacional.

124.Las actividades de formación sobre seguridad y salud ocupacional permitieron al Centro capacitar a 51.834 participantes de 17.922 empresas. Se ofrecieron 911 turnos de capacitación en los cursos obligatorios de 40 horas: curso básico de seguridad y salud ocupacional y capacitación sobre seguridad y salud en la construcción, así como actividades especializadas de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional.

125.El Centro preparó una versión en línea del curso básico, a la que pueden tener acceso los trabajadores de todo el país, incluso desde el extranjero. Se puso en marcha en noviembre de 2011 y lo han realizado un total de 180 participantes.

126.El Centro, en consulta con la Oficina de Minas y Geología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación de Procesos de Gestión Comercial de Filipinas y el Sector del Transporte por Autobús, preparó módulos del curso básico adaptados a los clientes de los sectores de la minería, la subcontratación de procesos de gestión comercial y el transporte por autobús.

127.En cuanto a los sectores vulnerables, el Centro de Seguridad y Salud Ocupacional amplió también sus servicios mediante actividades de fomento de la capacidad. En 2012, se impartió un curso básico de seguridad y salud ocupacional para participantes con discapacidad procedentes de cooperativas de todo el país.

128.Para completar las inspecciones de seguridad y salud en los proyectos de construcción, el Centro organizó patrullas de seguridad, integradas por expertos del Centro, la Comisión de Remuneración de los Empleados, la Oficina de Condiciones de Trabajo, organizaciones de trabajadores y consultores y profesionales de seguridad y salud ocupacional para determinar la situación en ese ámbito y formular recomendaciones en 112 proyectos de construcción ubicados en las principales áreas de Filipinas (Región de la Capital Nacional y regiones 3, 4A, 7 y 11).

129.Entre 2009 y 2012, el Centro de Seguridad y Salud Ocupacional pudo prestar los siguientes servicios técnicos:

a)Cuantificación del entorno laboral, en beneficio de 220.896 trabajadores de 646 empresas;

b)Comprobación de 4.608 equipos de protección personal;

c)Exámenes de salud ocupacional: 6.586 pruebas de laboratorio;

d)Acreditación de consultores y organizaciones de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional (iniciada en 2011): 25 consultores y organizaciones de capacitación y 60 consultores acreditados o renovados.

130.El Centro de Seguridad y Salud Ocupacional realizó 15 investigaciones sobre seguridad y salud ocupacional entre 2009 y 2012. El Centro está llevando a cabo actualmente tres investigaciones.

131.En el marco del Proyecto de Medidas Económicas Atentas a la Perspectiva de Género para la Transformación de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y Empleo-Seguridad y Salud Ocupacional incluyó el sector informal en sus programas de salud y seguridad ocupacional. Entre las esferas acogidas a actividades de capacitación se encuentran las microempresas de mujeres.

Disolución del matrimonio

132.Sobre la cuestión de la disolución del matrimonio, el Código de Familia de Filipinas estableció medidas referentes a los recursos, la declaración de nulidad, la anulación y la separación legal (divorcio relativo).

133.Se han presentado propuestas legislativas ante el Congreso de Filipinas con el fin de introducir el divorcio como opción disponible para las parejas de matrimonios fracasados e irreparables, modificar las disposiciones del Código de la Familia sobre la separación legal introduciendo una nueva disposición sobre el divorcio y entender el divorcio como ruptura de los vínculos matrimoniales no necesariamente con el objetivo de contraer un nuevo matrimonio sino también como recurso para conseguir la paz mental y facilitar la búsqueda del pleno desarrollo humano.

134.En la causa República de Filipinas c. Cipriano Orbecido III, GR núm. 154380, promulgada el 5 de octubre de 2005, el Tribunal Supremo, decidió unánimemente que el párrafo 2 del artículo 26 del Código de la Familia debería interpretarse de manera que un ciudadano filipino divorciado de un cónyuge que hubiera adquirido la ciudadanía extranjera y hubiera vuelto a casarse tuviera la posibilidad de casarse de nuevo.

135.En el caso de las familias de bajos ingresos, las partes que solicitan la anulación de su matrimonio pueden utilizar los servicios jurídicos gratuitos del Colegio de Abogados de Filipinas, el Centro de Derecho de la Universidad de Filipinas, el Ateneo de Derechos Humanos y la Oficina de la Fiscalía, entre otros.

136.Entre las medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo en caso de separación oficiosa y que garantizan la inscripción de los nacimientos de niños en el país se incluyen la atención parental alternativa mediante la iniciativa de Adopción, Tutela Legal y Familias de Acogida y el Programa de Inscripción Gratuita de los Nacimientos.

Fortalecimiento de la protección de las mujeres con respecto al delito de violación

137.En el 15º Congreso, una de las prioridades del Programa Legislativo Prioritario de las Mujeres era un proyecto de ley contra la violación (proyecto de ley de la Cámara núm. 6170), por el que se modifica la Ley de la República núm. 8353 o Ley contra la Violación de 1997. La ley actual no exime al marido de responsabilidad penal, aun cuando sea perdonado por su esposa.

138.El proyecto de ley contra la violación (proyecto de ley de la Cámara núm. 6170), por el que se modifica la Ley de la República núm. 8353 o Ley contra la Violación de 1997, se presentó el 15 de mayo de 2012 y está siendo examinado por el Comité de la Mujer y de Igualdad de Género desde el 22 de mayo de 2012. El proyecto de ley presenta una definición nueva del delito de violación incluyendo en el núcleo de su definición el elemento de "ausencia o falta de consentimiento". La medida propuesta enumera los seis casos en los que se presupone falta de consentimiento, lo que significa que el acusado debe probar que la relación sexual con la víctima fue por consenso. Igualmente deroga la disposición que exonera al violador si posteriormente se casa con la víctima o el esposo‑violador es perdonado por la esposa. Por ello, este proyecto de ley no exime de responsabilidad penal al marido o a la persona acusada a pesar del perdón de la esposa o del matrimonio con la víctima.

139.En cuanto a la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales, se han propuesto medidas para elevarla a los 15 o 16 años, mientras que la normativa (Código Penal Revisado y Ley de la República núm. 8353) fija esa edad en los 12 años. Esas medidas se están adoptando también en paralelo con las relativas a la edad de discernimiento fijada en la Ley de Justicia y Bienestar Juvenil (Ley de la República núm. 9344), es decir los 15 años. El proyecto de ley volvió a presentarse en el 16º Congreso.

Lucha contra la trata de personas

140.El Ministerio de Trabajo y Empleo publicó la Orden núm. 02 en mayo de 2012 (Manual sobre la tramitación de denuncias de trata de personas, contratación ilegal y trabajo infantil) para lograr una gestión organizada y eficaz de los casos de trata de personas, contratación ilegal y trabajo infantil en la aplicación de las normas laborales del Código del Trabajo y de otras leyes, como la Ley de la República núm. 9231 (Protección Especial de los Niños contra los Malos Tratos, la Explotación y la Discriminación), la Ley de la República núm. 9208 (Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003), la Ley de la República núm. 10022 (Ley de los Trabajadores Migratorios) y otras leyes conexas.

141.El Manual contiene procedimientos detallados sobre la tramitación de las denuncias o casos por la red de la Oficina de Trabajadores Filipinos en el Extranjero distribuida en todo el mundo, la Administración del Empleo en Ultramar y la Red de Oficinas Regionales del Ministerio de Trabajo y Empleo en el país. La elaboración del Manual es uno de los programas y estrategias contra el trabajo infantil esbozados en el Plan de Trabajo y Empleo de Filipinas (2011-2016) con el fin de impulsar los esfuerzos del país para eliminar y prevenir el trabajo infantil. El Plan incluye también la organización, reactivación y fortalecimiento de los comités de trabajo infantil y la elaboración de un sistema de denuncias de trabajo infantil utilizando un sitio web de intercambio de conocimientos sobre el trabajo infantil.

142.En virtud de la Ley de la República núm. 10364 recientemente promulgada (Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas, de 2012), la cobertura de la trata incluye ahora la tentativa de trata. La nueva ley establece también la responsabilidad del cómplice o encubridor, lo que significa que se incluye un número mayor de actos y personas. Por ejemplo, la contratación so capa de empleo doméstico o en el extranjero con fines de explotación sexual, trabajo forzado o servidumbre por deudas se considera ahora como tráfico de personas.

143.Las penas y sanciones previstas en la nueva ley se han endurecido. Las personas culpables de la trata pueden recibir una condena de 6 a 40 años de cárcel y multas que oscilan entre 50.000 y 5 millones de pesos.

144.Una disposición importante de la ley prohíbe la divulgación del nombre y circunstancias personales de las víctimas de la trata, mientras que se dará a conocer la identidad de personas acusadas de trata de personas, para advertir a las posibles víctimas.

145.El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, con sus grupos de trabajo interinstitucionales, ha adoptado las siguientes medidas para combatir la trata de personas, con inclusión de mujeres y niños.

Creación de mecanismos estructurales

146.El Consejo Interinstitucional contra la Trata es el organismo creado para coordinar y supervisar la aplicación de la Ley de la República núm. 9208, conocida también como "Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003". Está integrado por sendos jefes del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo como presidente y copresidente, respectivamente, y otros organismos. El Consejo cuenta con representación en las regiones y provincias.

147.Desde su creación, el Consejo ha estado en el primer plano de la prolongada lucha contra la trata de personas. Con el apoyo decidido de una gran variedad de asociados, desde el Gobierno hasta el sector privado, la sociedad civil, y las organizaciones internacionales de desarrollo y de observancia de la ley, ha realizado importantes avances en la campaña del Gobierno de Filipinas contra la trata de personas.

148.En 2012, un total de 102 presuntos culpables de la trata de personas fueron condenados con ayuda del Consejo Interinstitucional contra la Trata. Otros programas establecidos por el Consejo, como el equipo nacional de lucha contra la trata, el equipo de tareas regional y diversos grupos que operan en los puertos de entrada al país, intensificaron la detección de víctimas potenciales de la trata y contribuyeron a sus actividades de prevención.

149.El Consejo dirigió varias misiones de rescate y asistencia a las víctimas que requirieron cooperación internacional. En 2012, 6 víctimas fueron rescatadas y asistidas en Malasia, y 5 en China. En 2013, 10 víctimas fueron liberadas y recibieron ayuda en Singapur. Además, en el contexto de las iniciativas para agilizar la resolución de los casos de trata de personas, se estableció una base de datos completa de todos los casos relacionados con ese delito. El Ministerio de Justicia-Consejo Institucional contra la Trata creó un equipo encargado de supervisar y realizar el inventario de los casos pendientes regionales del país. El equipo de supervisión del Consejo registra los casos pendientes durante más de cinco años, determina la causa del retraso e informa al Ministerio de Justicia para que adopte las medidas oportunas.

150.El Sistema Nacional de Remisión para la Recuperación y Reinserción de las Víctimas de la Trata es un sistema establecido para reforzar la red de remisión de los organismos que se ocupan de la trata de personas con el fin de establecer un marco para la intervención y los servicios en favor de las personas víctimas de la trata. Contiene formularios de notificación y documentación para garantizar la uniformidad de los documentos y evitar entrevistas repetitivas de las víctimas. Contiene también datos de referencia para la Base Nacional de Datos sobre la Recuperación y la Reinserción, que es un sistema de información sobre las personas víctimas de la trata elaborado por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo.

151.En 2012, se establecieron 90 nuevas redes para el Servicio Nacional de Remisión. Esas redes han contribuido al éxito de las operaciones de rescate, a la adopción de medidas contra los presuntos autores y a la prestación de servicios en forma de refugios temporales, asesoramiento y asistencia letrada para las víctimas y supervivientes.

Ejecución de programas y prestación de servicios

152.El Programa de Recuperación y Reintegración de las Personas Víctimas de la Trata es un programa amplio que garantiza la prestación de servicios adecuados de recuperación e reintegración a las víctimas de la trata. Utiliza un enfoque multisectorial y presenta una gama completa de servicios que tienen en cuenta las necesidades psicosociales, sociales y económicas de los clientes. Entre esos servicios se incluyen actividades de concienciación y capacitación de las familias de las víctimas supervivientes y las comunidades en las que se reintegrarán.

153.En 2012 el programa ofreció ayuda a un total de 949 víctimas de la trata de personas procedentes de 17 regiones.

154.El proyecto Servicios Internacionales de Asistencia Social para los Ciudadanos Filipinos se propone institucionalizar un sistema de envío de agregados y pasantes de asistencia social a otros países con una tasa elevada de trabajadores migratorios filipinos con el fin de ofrecer servicios completos de bienestar social y protección a los trabajadores vulnerables y desfavorecidos y a sus familias.

155.Dicho proyecto está destinado a los migrantes y trabajadores filipinos en el extranjero que se encuentran en situaciones difíciles o de crisis, en particular a los expulsados y repatriados que son víctimas de la trata u otras formas de maltrato.

156.Los Servicios de Protección son servicios habituales prestados por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo para atender las necesidades de las víctimas de la violencia, en particular mujeres y niños. Dichos servicios pueden ser centralizados y comunitarios.

157.El Consejo Interinstitucional contra la Trata ha organizado programas de fomento de la capacidad de las fuerzas del orden (agentes de los servicios de inteligencia, funcionarios de los servicios de inmigración e incluso miembros de la infantería de marina), fiscales, jueces, trabajadores sociales, funcionarios del trabajo, funcionarios del gobierno local y miembros de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la administración pública; se han impartido 104 cursos y seminarios de formación para reforzar los enfoques y respuestas de la lucha contra la trata en las respectivas áreas de competencia.

158.Las misiones diplomáticas de Filipinas en el extranjero ofrecen también servicios de orientación psicológica a las víctimas de la trata y a los trabajadores filipinos en el extranjero. En 2010, el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, intensificó los programas de formación sobre la lucha contra la trata de personas con destino a los miembros del cuerpo diplomático destinados a países con un número significativo de incidentes de trata. Se ha impartido formación a proveedores de servicios, entre ellos miembros del equipo de lucha contra la trata, del Ministerio de Justicia, miembros de la Policía Nacional Filipina y funcionarios de la División de Lucha contra la Trata de Personas de la Oficina Nacional de Investigaciones, para mejorar su capacidad de realizar actividades de vigilancia, rescatar a las víctimas de la trata y reunir y supervisar datos sobre casos de trata de personas.

159.De la misma manera, en lo que respecta a las actividades de capacitación obligatoria para los agentes del orden, fiscales y jueces acerca de las leyes de lucha contra la trata, el Tribunal Supremo, a través de la Academia Judicial, promovió un programa de capacitación con esos fines. Ha realizado un total de 36 programas de capacitación sobre la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, con inclusión de sus Normas y Reglamentos de Aplicación, desde su introducción en 2002. En ese número se incluyen 24 cursos sobre capacitación de jueces y personal judicial sobre la tramitación de los casos de maltrato infantil y trata de personas, impartidos entre 2008 y 2013. El objetivo es mejorar las competencias de los jueces, fiscales y personal judicial de los tribunales de familia y juzgados de sala única para la sustanciación de los casos de abuso sexual y explotación sexual con fines comerciales.

Lucha contra el trabajo infantil

160.Con el fin de intensificar los esfuerzos contra el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo y Empleo promulgó los siguientes documentos:

Orden Ministerial núm. 115-A de septiembre de 2012: Directrices operacionales sobre la expedición de certificados tripartitos de cumplimiento de las normas laborales. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario de las Normas Laborales Generales, las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacionales y la Ley de Lucha contra el Trabajo Infantil.

Orden Ministerial núm. 115-B de 5 de diciembre de 2012: Directrices operacionales sobre la expedición del sello de centro o zona libre de trabajo infantil. Estas Directrices regulan el procedimiento de concesión de dicho sello, con el fin de promover prácticas comerciales acordes con las normas y socialmente responsables. En lo que respecta a los establecimientos, el Sello del Ministerio de Trabajo y Empleo se obtendrá mediante un Certificado de Establecimiento sin Trabajo Infantil; en el caso de las zonas, se concede un Indicador de Zonas sin Trabajo Infantil.

Circular Ministerial núm. 02, Serie de 2012: Manual de procedimientos para la sustanciación de denuncias de trata de personas, contratación ilegal y trabajo infantil. El Manual, aprobado el 7 de mayo de 2012, se propone conseguir una gestión organizada y eficaz de los casos relacionados con la trata de personas, la contratación ilegal y el trabajo infantil. Contiene medidas para facilitar y apoyar el procesamiento de los infractores, así como ofrecer a las víctimas posibilidades de protección, rehabilitación y reintegración en la sociedad.

161.El Ministerio de Trabajo y Empleo contrató también funcionarios adicionales encargados de hacer cumplir la legislación laboral (inspectores de trabajo) para complementar las necesidades de mano de obra en la actual estructura de inspectores de trabajo de las oficinas regionales y de garantizar el cumplimiento de las normas laborales, incluidas las medidas contra el trabajo infantil.

Multas y sanciones penales a las personas que se aprovechan del trabajo infantil ilegal

162.La Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas protege a los niños frente al peligro de la trata con disposiciones más rigurosas que incluyen también la tentativa de trata y la responsabilidad del cómplice o encubridor.

163.El Ministerio dispone en el país de 16 unidades de intervención en situación de crisis y 30 centros residenciales para niños cuyo objetivo es hacer frente a situaciones de crisis, incluidos los casos de maltrato infantil. En cuanto al personal, se asigna al menos un funcionario dedicado a ese objetivo específico en cada oficina regional para que participe en las operaciones de rescate realizadas previa petición de la Policía Nacional de Filipinas.

Formación obligatoria de los agentes del orden, fiscales y jueces

164.La Academia Judicial ofrece actividades de formación para magistrados, jueces, personal judicial, abogados y aspirantes a puestos judiciales. Imparte un programa de educación judicial y realiza seminarios, talleres y otros programas de formación destinados a mejorar los conocimientos jurídicos, la idoneidad moral, la integridad, la eficiencia y la capacidad. En los programas habituales y especiales de la Academia se incluyen temas relacionados con el derecho internacional, la mujer y los niños.

165.Ya en 1998, el Tribunal Supremo promovió el fortalecimiento de la protección jurídica de los niños mediante seminarios-talleres de la Academia Judicial en 1998 y 1999. Posteriormente, se organizaron seminarios-talleres multisectoriales regionales sobre la justicia relativa a los menores y las relaciones domésticas. El programa tiene como objetivo: a) examinar los derechos de las familias, las mujeres y los niños en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otras normas de las Naciones Unidas; b) describir la función de otros pilares de la justicia en el sistema de justicia juvenil; c) establecer los medios para que cada tribunal de familia, por cuenta propia y junto con otros pilares, pueda responder a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las normas de las Naciones Unidas, la Ley de Tribunales de Familia y leyes conexas de Filipinas; y d) familiarizar a los participantes con las leyes recientes y las Normas del Tribunal Supremo relativas a las mujeres, los niños y la familia. Los jueces y el personal judicial reciben también información periódica sobre las leyes, las normas y la jurisprudencia que afectan a los niños a través de programas habituales y especiales de la Academia Judicial, que son de asistencia obligatoria.

166.En enero de 2013, el Ministerio de Trabajo y Empleo, en coordinación con otros organismos, como el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo y el Ministerio del Interior y de Administración Local, pusieron en marcha un programa para hacer frente a las peores formas de trabajo infantil en el país no más tarde de 2016. El programa ofrecerá apoyo educativo, como transporte, uniformes y material escolar, subsidios para las comidas y medios de subsistencia para los padres de los niños que trabajan. De acuerdo con las estadísticas nacionales, están trabajando aproximadamente 3 millones de niños con edades comprendidas entre 5 y 17 años.

167.El Ministerio de Trabajo y Empleo realizó también grandes avances en 2012 en la lucha contra el empleo infantil mediante una campaña comunitaria de barangayes sin trabajo infantil. La campaña, iniciada el 18 de mayo de 2012, se propone contribuir a hacer realidad la visión de "Filipinas sin trabajo infantil". El objetivo es trasladar a los barangayes, unidad geopolítica básica, la campaña contra el trabajo infantil, fomentar una comprensión común y lograr el apoyo público al Programa de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil emprendido por el Ministerio de Trabajo y Empleo.

168.Al 30 de abril de 2013, 129 barangayes distribuidos en todo el país fueron seleccionados por las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y Empleo para su transformación en barangayes sin trabajo infantil. La mayoría de ellos se encuentran en las regiones VIII (14 barangayes), la Región Administrativa de la Cordillera (11) y V (11). Del total de 129, 65 están ubicados en 31 municipios pertenecientes a 609 municipios seleccionados por la Comisión Nacional de Lucha contra la Pobreza. Dos se incluyen en el proyecto de World Vision "Medios de subsistencia, educación, promoción y protección para reducir el trabajo infantil en las zonas de cultivo de la caña de azúcar", y 26 en el proyecto del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo.

169.Los niños trabajadores de esos barangayes destinatarios se dedican principalmente a la venta, recolección manual de desperdicios, agricultura (hortalizas, arroz y caña de azúcar), pesca y minería en pequeña escala. Algunos trabajan como panaderos, conductores de bicitaxis, trabajadores domésticos y acarreadores de troncos.

170.Unos 1.802 niños trabajadores y otros niños expuestos a formar parte de ese grupo recibieron apoyo educativo en forma de material escolar, carteras y subsidios escolares. Algunos niños trabajadores recibieron ayuda para matricularse en el sistema de aprendizaje alternativo, programa escalonado y modular de educación extraacadémica para niños que han abandonado la escuela primaria o secundaria y niños no escolarizados. Otros niños recibieron cursos de acreditación y equivalencia durante las clases de verano.

Sagip Batang Manggagawa

171.En 2012, se rescataron 223 niños trabajadores, lo que significa que los equipos de acción rápida de Sagip Batang Manggagawa han rescatado ya a un total de 3.270 niños trabajadores desde su inicio en 1993. Los niños rescatados trabajaban en bares de karaoke y club nocturnos dedicados a la prostitución, en la industria maderera como acarreadores de troncos, en las plantaciones de caña de azúcar como sacadas, en obras de construcción como peones, en puertos marítimos como estibadores y pescadores y en compañías manufactureras como obreros.

172.En 2012, el Ministerio de Trabajo y Empleo cerró definitivamente en la Región de la Capital Nacional cuatro bares de karaoke, en los que 28 menores estaban empleados en actividades relacionadas con la prostitución. Son ya un total de 33 los centros clausurados por el Ministerio de Trabajo y Empleo desde que en 2003 se aprobara la Ley de la República núm. 9231. Hasta ahora se ha rescatado a un total de 147 menores expuestos a la prostitución empleados en esos 33 establecimientos.

Proyecto Angel Tree

173.Unos 6.271 niños trabajadores y niños expuestos a convertirse en niños trabajadores recibieron asistencia educativa a través del proyecto Angel Tree. Son ya un total de 34.146 los niños que se han beneficiado de ese proyecto desde su inicio en 2006. La asistencia educativa se ha ofreció en forma de material escolar, carteras, paraguas, chubasqueros, vasos, zapatillas y artículos de tocador. Unos 111 han recibido becas escolares.

La Fundación San Miguel, Inc. de la región 4-A ofreció becas hasta el nivel universitario a cuatro niños trabajadores rescatados.

El Mountain View College de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Región X aceptó en su programa de becas a 85 niños trabajadores de explotaciones de caña de azúcar de Valencia City; 61 de ellos se encontraban en el nivel elemental.

La Universidad Central de Mindanao concedió becas a 22 niños trabajadores rescatados para el curso de asociados en gestión y producción de azúcar. Otros diez niños trabajadores de plantaciones de caña de azúcar recibieron capacitación sobre reflexología.

Medios de subsistencia, educación, promoción y protección para reducir el número de niños trabajadores en las zonas productoras de caña de azúcar

174.Este proyecto, iniciado el 29 de febrero de 2012, tiene como objetivo reducir el trabajo infantil en condiciones de explotación en 11 provincias productoras de caña de azúcar, a saber, Batangas y Camarines Sur, en Luzón; Capiz, Iloilo, Cebu, Leyte, Negros Oriental y Negros Occidental, en Visayas; y Bukidnon, Davao del Sur y North Cotabato en Mindanao, mediante un enfoque multisectorial que incluye los siguientes componentes: servicios directos de educación y contactos para 52.000 niños y 25.000 hogares, con el fin de reforzar la capacidad de las instituciones locales y nacionales, promoción normativa, concienciación, mayor compromiso de los asociados gubernamentales y del sector privado e investigaciones para suministrar datos fiables sobre el trabajo infantil. La ejecución del proyecto es dirigida por World Vision junto con Child Fund y Asistencia para Investigación y Desarrollo Educacional.

175.Hasta diciembre de 2012, el proyecto ofreció apoyo educativo a 10.717 niños; el 99% (10.609) eran niños trabajadores y el 1% eran niños en situación de riesgo. En cuanto al nivel de instrucción, 6.209 se encuentran en el nivel elemental y 4.313 en el de enseñanza superior, 64 adoptaron el sistema de aprendizaje alternativo y de formación profesional y 131 se encuentran en el nivel preescolar.

Encuesta Nacional sobre la Infancia de 2011

176.La Encuesta Nacional sobre la Infancia de 2011, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, revela que los niños trabajadores se encontraban predominantemente en la agricultura (62,4%) y en los servicios (30,1%). Una proporción pequeña (7,6%) trabajaba en el sector industrial. Asimismo, según la Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo, obra también de la Oficina Nacional de Estadística, los niños trabajadores se encontraban también en gran parte en los sectores de la agricultura y los servicios, y en proporción muy pequeña en la industria.

Iniciativas de erradicación de la pobreza

177.El Ministerio de Bienestar y Desarrollo Social está utilizando actualmente la estrategia de Convergencia o TATSULO para armonizar sus programas básicos de revisión de la pobreza: el Programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo (Pantawid Pamilya), el Programa de Prestación General e Integrada de Servicios Sociales (KALAHI‑CIDDS), y el Programa de Medios de Vida Sostenibles. Al identificar quiénes son y dónde se encuentran los pobres, a través del Sistema Nacional de Selección de Hogares para la Reducción de la Pobreza, puede conseguirse una mejor utilización de los recursos y la prestación oportuna, eficaz y eficiente de los servicios.

Programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo (Pantawid Pamilyang Pilipino)

178.Al 31 de marzo de 2013, el número total de hogares registrados (desde la puesta en marcha del programa en 2007) era de 3.967.517, es decir, el 104,14% de los 3.809.769 hogares previstos en las metas 1 a 6 para 2013. Como se observa en el gráfico 1, actualmente hay 3.901.017 hogares protegidos por el Programa de Transferencias ordinario y 66.500 incluidos en el Programa modificado.

Datos estadísticos básicos sobre la aplicación del Programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo

179.Cobertura geográfica: 1.627 ciudades y municipios en 79 provincias de todas las regiones.

Gráfico 1

Beneficiarios del Programa de Transferencias ordinario y del Programa modificado

3.901.017(98,3%)66.500(1,7%)Programa de Transferencias ordinarioPrograma de Transferencias modificado

Gráfico 2

Coeficiente entre mujeres y hombres cabezas de famili a beneficiarios del Programa de  Transferencias Condicionadas

3.574.488(91,6%)326.529(8,4%)MujeresHombres

Gráfico 3

Niños beneficiarios del Programa de Transferencias Cond icionadas, por grupo de edad

1.955.926 139.745 7.206.3130 a 2 años3 a 5 años6 a 14 años

Gráfico 4

Número de hogares beneficiarios del Programa de Transferencias Condicionadas pertenec ientes o no a pueblos indígenas

3.520.282(90,2%) (9,8%) 380.735Hogares no pertenecientes a pueblos indígenasHogares pertenecientes a pueblos indígenas

Gráfico 5

Número de hogares con personas con discapacidad e n el total de beneficiarios del  Programa de Transferencias Condicionadas

201.857(5,2%) 3.699.160(94,8%)Hogares sin personascon discapacidadHogares con personascon discapacidad

Gráfico 6

Número de hogares con padres sin pareja en el total d e beneficiarios del Programa de  Transferencias Condicionadas

Hogares con padres con parejaHogares con padres sin pareja 3.651.307(93,6%) 249.710(6,4%)

Conclusiones clave de la evaluación sobre los efectos del Programa de 2012

180.De acuerdo con los resultados de la evaluación de los efectos realizada por el Banco Mundial y publicada el 22 de enero de 2013, el Programa lleva camino de alcanzar sus objetivos clave en la forma siguiente.

a)Educación infantil

1.Mejora en la matriculación de los niños pobres:

En edad de enseñanza preescolar/guardería (3 a 5 años; 10,3%);

En edad de enseñanza elemental (6 a 11 años; 4,5%).

2.Mejora la asistencia de los niños pobres:

En edad de enseñanza elemental (6 a 11 años; 3,8%);

En edad de enseñanza superior (12 a 14 años; 4,0%);

En edad de enseñanza terciaria (15 a 17 años de edad; 7,6%).

b)Salud infantil

1.El Programa mejora la nutrición de los niños pobres por los siguientes medios:

Reducción del retraso grave del crecimiento de los niños de 6 a 36 meses de edad (10,1%);

(Gracias al mayor consumo de alimentos ricos en proteínas, como huevos y pescado).

2.El Programa mejora la utilización de los servicios de salud de los niños pobres:

Pesado periódico de los niños de 0 a 5 años de edad (15%);

Suministro de comprimidos antiparasitarios a los niños de 0 a 5 años de edad (6,7%);

Suministro de vitamina A a los niños de 0 a 5 años de edad (6,2%);

Suministro de comprimidos antiparasitarios a los niños de 6 a 14 años de edad (4%).

c)Subsidios

181.Se están ofreciendo subsidios a los hogares pobres destinatarios, que reciben aproximadamente el 11% del consumo per ca pita y día (la previsión inicial era de aproximadamente el 23% de los ingresos per c a pita de los hogares pobres).

1.El Programa aumenta las inversiones de los hogares en:

Educación per ca pita (34%);

Gastos de salud (38%);

Mejora de la cobertura de PhilHealth (10,8%).

2.El Programa mejora la utilización de los servicios de salud materna de la población pobre:

Mayor utilización de los servicios de atención prenatal (10,5%);

Mayor frecuencia de los servicios de atención prenatal (0,6 veces);

Mayor uso de los servicios de atención posnatal (10%).

Programa de Prestación Amplia e Integrada de Servicios Sociales (KALAHI-CIDSS)

182.KALAHI-CIDSS es un proyecto comunitario de desarrollo impulsado por la demanda cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios mediante el desarrollo de su capacidad para diseñar, aplicar y gestionar actividades de desarrollo local que reduzcan la pobreza y refuercen su participación en la gobernanza local.

183.Permite a las comunidades seleccionar, proponer y planificar proyectos de barangayes aislados o grupos de barangayes mediante la planificación basada en la participación y una intensa preparación social. Entre las actividades del proyecto se incluyen las de infraestructura en pequeña escala y las actividades económicas y sociales.

KALAHI-CIDSS – Financiación Adicional (KCAF)

184.En el primer trimestre de 2013, el proyecto había llegado ya a 4.058 barangayes de 176 municipios ubicados en las 27 provincias más pobres.

a)Actividades de preparación social, fomento de la capacidad y apoyo a la aplicación

1.Intervienen 2.414 barangayes de 99 municipios. De los 153 municipios incluidos en 2012, 53 han terminado ya la operación sobre el terreno;

2.La participación en las asambleas de barangayes oscila entre el 69% y el 75%; elevada participación de las mujeres.

b)Concesión de subsidios comunitarios o financiación inicial para la aplicación comunitaria de sus subproyectos

185.Hasta finales de marzo de 2013, KCAF había financiado 2.209 subproyectos comunitarios, con un costo total estimado de 2.500 millones de pesos. Esos subproyectos conseguirán beneficios para unos 503.945 hogares de 2.283 barangayes. Del total de subproyectos financiados, 1.425 (65%) están ya terminados y suman 1.500 millones de pesos; se han beneficiado 364.999 hogares.

186.A continuación se señalan los principales tipos de subproyectos financiados y los porcentajes del subsidio total de KCAF asignado a cada tipo:

1.Servicios sociales básicos: sistemas comunitarios de abastecimiento de agua, construcciones escolares, guarderías, centros de salud de barangay, electrificación y viviendas/albergues tribales (48,59%);

2.Infraestructura básica de acceso: camino de acceso, puentes pequeños/pasarelas y senderos de acceso (34,08%);

3.Instalaciones comunitarias de producción, apoyo económico y servicios comunes; subproyectos de capacitación de empresas económicas comunitarias, equipo y materiales, instalaciones para actividades anteriores y posteriores a la cosecha y con objetivos múltiples y riego en pequeña escala (4,98%);

4.Protección y conservación ambiental: drenaje, control fluvial y de las inundaciones, dique marítimo, santuario en arrecife de coral artificial y servicios de saneamiento (12,30%);

5.Otros (0,04%).

KC – Millennium Challenge Corporation (KC-MCC)

187.En el primer trimestre de 2013 el proyecto se estaba llevando a cabo en 152 municipios, que contenían 3.535 barangayes.

a)Actividades de preparación social, fortalecimiento de la capacidad y apoyo a la aplicación

1.El segundo bloque de los 70 municipios seleccionados al azar recientemente está realizando las actividades iniciales de la fase de ejecución del subproyecto.

2.La participación en asambleas de barangayes en todos los ciclos oscila entre el 51% y el 89%; hay una elevada participación de mujeres (6% a 65%). En cuanto a los voluntarios comunitarios, la tasa de participación de las mujeres se sitúa entre el 47% y el 58% y la de los hombres entre el 42% y el 53%.

b)Prestación de subsidios comunitarios/financiación inicial para la aplicación comunitaria de sus subproyectos

188.En el actual trimestre, las dependencias de gobierno local municipales y de barangayes han dado prioridad a 1.587 subproyectos, que serán financiados con una donación de KC-MCC. Se terminaron en total 809 subproyectos, que aportarán beneficios a unos 244.444 hogares de 1.621 barangayes.

c)Principales tipos de subproyectos financiados y porcentajes de la donación total de KCAF para cada tipo

1.Servicios sociales básicos: sistemas comunitarios de abastecimiento de agua, construcciones escolares, guarderías, centros de salud de barangay, electrificación y viviendas/albergues tribales (42%);

2.Infraestructura básica de acceso: camino de acceso, puentes pequeños/pasarelas y senderos de acceso (37%);

3.Instalaciones comunitarias de producción, apoyo económico y servicios comunes; subproyectos de capacitación de empresas económicas comunitarias, equipo y materiales, instalaciones para actividades anteriores y posteriores a la cosecha y con objetivos múltiples y riego en pequeña escala (5%);

4.Protección y conservación ambiental: drenaje, control fluvial y de las inundaciones, dique marítimo, santuario en arrecife de coral artificial y servicios de saneamiento (16%).

Programa de Medios de Vida Sostenibles

189.El Programa de Medios de Vida Sostenibles es una iniciativa de base comunitaria. Su objetivo es mejorar la situación socioeconómica de la población pobre mediante un programa de fortalecimiento de la capacidad que desarrolle las aptitudes empresariales y técnicas de los hogares pobres identificados a través del Sistema Nacional de Selección de Hogares para la Reducción de la Pobreza, permitiéndoles gestionar microempresas sostenibles y vinculándolos con empleos localmente disponibles a fin de mejorar su acceso a los servicios sociales básicos y su nivel de vida.

190.En el marco de este Programa puede accederse a múltiples fuentes de ingresos por un doble conducto: a) el desarrollo de las microempresas a través de SEA-K y b) la facilitación del empleo.

191.En marzo de 2013 el Programa de Medios de Vida Sostenibles prestaba servicios a un total de 203.026 hogares pobres. Según las estimaciones, el 82% (165.583) del total de los hogares atendidos son beneficiarios del Programa Pantawid Pamilya, y el restante 18% (37.443) recibieron ayuda de otra procedencia. Del número total de hogares atendidos, 60.816 recibieron ayuda en el primer trimestre de 2013. El 98% de los beneficiarios se acogieron al mecanismo de desarrollo de la microempresa y el 2% encontraron trabajo gracias al sistema de facilitación del empleo. Los participantes recibieron asistencia financiera para poner en marcha y gestionar microempresas sostenibles y tuvieron acceso a posibles empleos a través de contactos con diversos organismos e instituciones asociados.

Desarrollo de la microempresa

192.Hasta la fecha, 198.392 hogares ha participado en varias actividades de desarrollo de la microempresa; 160.949 son hogares acogidos al Programa Pantawid Pamilya y 37.443 han recibido otro tipo de ayuda. El 78% de los hogares (154.831) acogidos al mecanismo de desarrollo de la microempresa recibieron ayuda financiera a través de SEA-K; 30.114 (15%) fueron remitidos a contactos de interés y financiados por instituciones de microfinanciación asociadas; y el restante 7% (13.447) se autofinanció.

a)Beneficiarios

1.Hogares acogidos al Programa Pantawid Pamilya

193.Hasta ahora, un total de 117.388 hogares han recibido asistencia financiera por un total de 912.864.516 pesos. Los 19.064 hogares que recibieron ayuda en el primer trimestre acumularon un total de 159.611.527 pesos en concepto de asistencia financiera.

2.Hogares no acogidos al Programa Pantawid Pamilya

194.Hasta ahora, un total de 37.443 hogares no acogidos al Programa Pantawid recibieron asistencia financiera por valor de 298.824.107 pesos; de ese total, 3.674 hogares recibieron asistencia financiera el primer trimestre de 2013 por valor de 21.273.250 pesos.

b)Hogares que recibieron ayuda de fondos de instituciones de microfinanciación

195.Hasta ahora, 30.114 hogares fueron remitidos a contactos pertinentes y recibieron financiación de instituciones de microfinanciación y otras instituciones crediticias oficiales.

c)Hogares que recibieron ayuda de las actividades de capacitación del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo

196.En la oficina sobre el terreno de Caraga, 13.447 hogares acogidos al Programa Pantawid Pamilya optaron por la asistencia no financiera del Ministerio y recibieron capacitación sobre actividades agrícolas y producción.

Facilitación del empleo

197.Hasta marzo de 2013 consiguieron trabajo 4.634 beneficiarios, que obtuvieron empleo garantizado de diversos asociados públicos y privados del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo.

198.Otras estrategias del Departamento para la reducción de la pobreza que garantizan la plena integración de los derechos socioeconómicos de los sectores vulnerables son las que se exponen a continuación.

Programa de Pensiones Sociales

199.La pensión social es una asistencia financiera ofrecida a los ciudadanos de edad indigentes, que les permite recibir un estipendio mensual de 500 pesos para aumentar sus medios de subsistencia diaria y atender otras necesidades médicas.

200.En el año 2012, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo entregó 90.500.500 pesos a 181.001 ciudadanos de edad indigentes de 77 o más años.

Cuadro 14

Número de beneficiarios previstos de la pensión social y número de beneficiarios efectivos en 2011 y 2012

Año

Destinatarios

Cifras reales

2011

138 960

134 417 (96,74%)

2012

185 914

181 001 (97,35%)

Alimentación complementaria

201.El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo está realizando el Programa de Alimentación Complementaria a través de sus servicios centralizados y comunitarios con el fin de mejorar la ingestión alimentaria de los niños de 3 a 12 años de edad. Se ofrece alimentación complementaria a los niños que acuden a las guarderías y a sesiones de juego supervisadas en la vecindad, además de las comidas habituales que reciben de casa. Las comidas calientes complementarias se sirven a los niños beneficiarios durante el horario previsto con ese fin cinco días a la semana por un total de 120 días.

202.El Programa refuerza las actividades de los programas de alimentación infantil en las comunidades y zonas de guarderías o juego supervisado gestionadas por dependencias de la administración local utilizando alimentos autóctonos o de elaboración local equivalentes a un tercio de la ingesta recomendada de energía y nutrientes. Además, contribuye a mejorar los conocimientos, aptitudes y prácticas de los niños, padres y cuidadores con actividades de educación intensiva sobre nutrición y salud y mejora y mantiene el estado nutricional de todos los niños destinatarios.

203.En el año 2012, 1.552.258 niños recibieron alimentación en 43.003 guarderías de 1.230 ciudades/municipios. La financiación total fue de 2.378.030.435.515,42 pesos.

Iniciativas para promover una vivienda adecuada

204.Para atender las necesidades de vivienda se necesitan recursos enormes, y la asignación gubernamental con destino a la vivienda ha sido limitada. Este año, dicha asignación no representa más que el 1,16% del presupuesto nacional, es decir, solo 23.200 millones de pesos. No obstante, a pesar de su pequeño volumen en comparación con las necesidades, se trata con diferencia del mayor presupuesto otorgado al sector. En esas cifras se incluyen asignaciones para el reasentamiento de familias que viven en viviendas provisionales de zonas peligrosas, en particular en la Gran Manila (10.000 millones de pesos anuales hasta 2016), y viviendas para los miembros de bajos ingresos de las fuerzas armadas de Filipinas, la Policía Nacional de Filipinas y otros organismos gubernamentales.

205.El Gobierno de Filipinas llevó a cabo los siguientes programas de reforma de activos con el fin de atender las necesidades de vivienda de los habitantes de asentamientos precarios:

El Programa de Hipotecas Comunitarias tiene como objetivo facilitar el acceso de los grupos de bajos ingresos a la tierra y el crédito. Es un programa de financiación hipotecaria de la Sociedad de Financiación de la Vivienda Social, que ayuda a las asociaciones legalmente organizadas de ciudadanos desfavorecidos y sin hogar a comprar y acondicionar parcelas de tierra de acuerdo con el concepto de propiedad comunitaria. Entre 2009 y 2012, un total de 42.293 familias sin tierras recibieron asistencia financiera por valor de 1.725 millones de pesos para la adquisición de tierra en el marco de dicho Programa.

Proclamación: Implica la declaración de las tierras gubernamentales ocupadas por habitantes de asentamientos precarios como lugares de vivienda socializados, para ponerlos a disposición de los beneficiarios que cumplan las condiciones exigidas.

206.Desde 2001, se han publicado 116 proclamaciones presidenciales, que han afectado a una superficie total de 27.284 hectáreas y han beneficiado a 271.505 hogares.

207.El objetivo del Programa de Proclamaciones Presidenciales es ofrecer seguridad de tenencia a los colonos beneficiarios informales. El Consejo Coordinador de la Vivienda y el Desarrollo Urbano otorga a los beneficiarios que reúnen los debidos requisitos para la adjudicación de parcelas un certificado que se considera como prueba de garantía de la tenencia, en espera de la expedición de un título de propiedad que los beneficiarios solo pueden recibir después de haber pagado en su totalidad la parcela adjudicada; este proceso puede durar años, según los medios a disposición de los beneficiarios.

El Programa de Reasentamiento implica la adquisición de tierras y el acondicionamiento del lugar por la Administración Nacional de Vivienda para ofrecer parcelas urbanizadas a familias desplazadas de lugares destinados a proyectos de infraestructura del Gobierno, o que ocupan zonas peligrosas, como cursos de agua, esteros o vías de ferrocarril, o que reúnen los requisitos para recibir asistencia destinada a la reubicación y reasentamiento en virtud de la Ley de la República núm. 7279 o Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de 1992.

208.Entre 2009 y 2012, un total de 100.285 hogares han recibido parcelas urbanizadas y servicios de vivienda básicos en virtud del programa de reasentamiento por un total de 24.513 millones de pesos.

209.Para garantizar la aceptabilidad de las zonas de reasentamiento, el sector de la vivienda ha aprobado las siguientes medidas:

a)Adopción de un sistema orientado por los beneficiarios para seleccionar y acondicionar los lugares de reasentamiento;

b)Adopción de un sistema de traslado dentro de la misma ciudad o el mismo pueblo con el fin de reducir al mínimo la deslocalización, cuando sea posible;

c)Prestación de servicios básicos, como escuelas, abastecimiento de agua potable y electricidad, en los lugares de reasentamiento; y

d)Institucionalización de los comités interinstitucionales locales/de proyecto integrados por ejecutivos locales, organismos gubernamentales competentes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares y asociaciones comunitarias para formular las Normas y Reglamentos de Aplicación, que regularán y supervisarán las actividades de reasentamiento.

210.Continuó la aplicación del artículo 18 de la Ley de la República núm. 7279, en el que se dispone que los urbanizadores de los proyectos de subdivisión propuestos deben asignar el 20% de la superficie de la parcela o del costo del proyecto para vivienda social, con alguna de las siguientes modalidades:

a)Nuevo asentamiento mediante a) un proyecto conjunto del promotor con su filial o con otra Junta de Reglamentación de la Vivienda y el Uso del Suelo y urbanizadores acreditados para la creación de nueva vivienda social; b) contribución del promotor en los nuevos proyectos de vivienda social de organizaciones no gubernamentales acreditadas por la Junta; y c) ofrecimiento de instalaciones educativas y sanitarias y centros de productividad y medios de subsistencia, así como otros servicios básicos previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley de la República núm. 7279, en los proyectos de vivienda social;

b)Mejora de los barrios de tugurios o renovación de las zonas de urbanización prioritaria mediante programas de mejora de esos barrios y de reasentamiento emprendidos por la Administración Nacional de Vivienda;

c)Programa de hipotecas comunitarias: el promotor puede ofrecer una parcela de tierra a un proyecto de dicho programa, suministrar o acondicionar un derecho de paso o camino de acceso, así como líneas de transporte, y ofrecer o mejorar los servicios e instalaciones en los emplazamientos del programa;

d)Proyectos comunes con dependencias del gobierno local o alguno de los organismos de vivienda mediante a) la elaboración de proyectos de vivienda social o reasentamiento o la apropiación por la Junta de Reglamentación de la elaboración de los proyectos de vivienda; b) la adquisición de bonos de vivienda social aprobados por la Junta; c) la rehabilitación de los activos de vivienda social improductivos; d) el suministro de servicios educativos y sanitarios, centros de productividad y medios de subsistencia y otros servicios básicos previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley de la República núm. 7279 en los proyectos de vivienda social.

211.Entre 2009 y 2012, la Junta concedió 830.547 licencias para la venta a proyectos de vivienda social de conformidad con el artículo 18 de la Ley de la República núm. 7279. La Junta ha ofrecido también asistencia técnica a las dependencias de la administración local para la preparación de planes amplios de aprovechamiento de las tierras. En marzo de 2013, 1.448 de un total de 1.635 dependencias de la administración local habían aprobado dichos planes. La Junta ha incorporado también la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el plan amplio y los planes de vivienda locales.

212.Para conseguir la aplicación eficaz de la Ley de la República núm. 7279, conocida también como Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de 1992, todos los organismos gubernamentales encargados en virtud de la ley establecieron un mecanismo para prohibir la demolición ilícita o forzada y los desahucios de familias desfavorecidas y sin hogar. Asimismo, el Ministerio del Interior y de Administración Local envió directivas a la Policía Nacional para exigir la prestación de asistencia policial antes de la conferencia previa a la demolición, tal como se específica en el artículo 28 de la Ley de la República núm. 7279, y solicitó a la Comisión Presidencial para los Pobres de las Zonas Urbanas que presidiera la conferencia.

213.En cuanto al fortalecimiento del mandato de la Comisión Presidencial como único organismo encargado de las demoliciones y desahucios en virtud de la Orden Ejecutiva núm. 152 (1992), esta se modificó en virtud de la Orden Ejecutiva núm. 708 (2008), que delega esa función de la Comisión Presidencial a las respectivas dependencias de la administración local con competencia territorial sobre las actividades propuestas de demolición y desahucios de los organismos gubernamentales. No obstante, la Comisión Presidencial continuó realizando sus funciones de supervisión e información, y retuvo las facultades y funciones enumeradas en el artículo 1 de la Orden Ejecutiva núm. 112 (2002).

214.En cuanto a la observación final de "entablar consultas abiertas, participativas y específicas con los residentes de las comunidades afectadas antes de llevar a cabo proyectos de construcción y de renovación urbana", el Presidente firmó el 29 de marzo de 2012 la Orden Ejecutiva núm. 69 Fortalecimiento de la Comisión Presidencial para los Pobres de Zonas Urbanas, en virtud de la cual la Comisión formula, junto con otros organismos (Consejo Coordinador de la Vivienda y el Desarrollo Urbano, Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y de Administración Local, Comisión Nacional de Lucha contra la Pobreza y Comisión de Derechos Humanos), las normas y reglamentos para garantizar el estricto cumplimiento del artículo 28 de la Ley de la República núm. 7279.

215.Además, la Comisión Presidencial ha recibido, en virtud de la Orden Ejecutiva núm. 69, el mandato de realizar actividades de preparación social en relación con los proyectos gubernamentales a través de organismos locales interinstitucionales creados dentro de las dependencias de la administración local. Entre esas actividades se incluyen las consultas, la divulgación de información y el fortalecimiento de la capacidad.

216.En respuesta a la nueva necesidad de reasentamiento o reubicación de las familias desplazadas en los incontables desahucios forzados, como consecuencia de órdenes de demolición por orden judicial o de demoliciones administrativas, de las que la Junta Presidencial tenga conocimiento, las personas afectadas son remitidas a sus respectivas dependencias de la administración local y a la Administración Nacional de Vivienda para que sean reubicadas o reciban asistencia financiera de inmediato. No obstante, la falta de disponibilidad de fondos que puedan utilizarse como asistencia para el reasentamiento en esas circunstancias "no programadas" ha impedido a las dependencias de la administración local y a la Administración Nacional de Vivienda ofrecer servicios de reubicación adecuados y decentes en el período establecido en virtud de la legislación (Resultados de la Cumbre Nacional sobre los Pobres de Zonas Urbanas, 2012).

217.Así pues, la Comisión Presidencial pudo desviar fondos de la Oficina del Presidente través de su fondo social presidencial para ofrecer a las familias afectadas asistencia financiera a través del Programa de Emergencia para la Cesión de Tierras con Destino a las Víctimas de Desahucios y Demoliciones, iniciado en 2008. En la actualidad, la Comisión Presidencial está proponiendo otras medidas de financiación para atender la necesidad de seguridad de tenencia de las familias desfavorecidas y sin hogar afectadas por estas circunstancias.

218.Dado que la Comisión Presidencial, en virtud de la Orden Ejecutiva núm. 82 (1986), ha recibido el mandato de evaluar los proyectos de alojamiento terminados y en curso emprendidos por el Gobierno en las zonas de reasentamiento en consulta con las comunidades beneficiarias, se puede garantizar la prestación de servicios básicos a las familias afectadas antes de que tenga lugar el reasentamiento.

VII.Información en virtud del artículo 12 del Pacto

Derecho al más alto nivel posible de salud

219.El Seguro Médico Universal, o Kalusugan Pangkalahatan, es la estrategia adoptada por el Gobierno para mejorar el acceso a atención de la salud asequible y de calidad para todos los filipinos, en particular los pobres. Depende del marco de rendición de cuentas del país, en el que se incluyen la cobertura universal del seguro médico de los pobres, la mejora de los servicios de salud para garantizar un mejor acceso a los hospitales y centros de atención primaria que ofrezcan servicios de alta calidad, y el logro de los ODM relacionados con la salud. Todos los programas de salud pública tienen como objetivo conseguir que todos los filipinos tengan acceso a atención de calidad reduciendo la carga financiera sobre los pobres mediante la cobertura universal del seguro médico, garantizada con una inscripción subvencionada al 100% de las familias pobres en el Programa Patrocinado de PhilHealth. Esta medida debe ayudar al país a alcanzar los ODM.

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas

220.La política de aplicación de reformas sanitarias para reducir rápidamente la mortalidad materna y neonatal incluye los embarazos planificados y deseados y los partos atendidos en centros de salud. De esa manera se conseguirá una reducción sustancial de los coeficientes de mortalidad materna y de mortalidad de niños de menos de 5 años para 2015. Lo que se pretende es lograr embarazos y partos más seguros y modificar la dinámica social fundamental que influye en la toma de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con el embarazo y el parto, al mismo tiempo que se introducen servicios de obstetricia y neonatales de emergencia en los 252 centros de asistencia terciaria y secundaria y los 1.824 de asistencia primaria más próximos a los lugares de residencia. De esa manera, se garantiza que los más necesitados de atención de la salud de calidad ofrecida por médicos, enfermeros y parteras competentes tengan acceso fácil a esos servicios.

221.El Congreso de Filipinas promulgó la Ley de la República núm. 10354, conocida también como Ley de Paternidad Responsable y Salud Reproductiva. Esta autoriza al Ministerio de Salud y a las dependencias de la administración local a aplicar todos los elementos importantes de la salud reproductiva en virtud del Programa Universal de Atención de la Salud y adoptar los medios para que la salud reproductiva sea universalmente accesible.

222.Con respecto al Programa Pantawid Pamilya Pilipino, los requisitos establecidos para recurrir a los mecanismos que garantizan la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres filipinas pobres y marginadas son los siguientes:

a)Las mujeres embarazadas pueden recibir atención prenatal y posnatal y contar con la ayuda de un asistente de parto o profesional de la salud capacitado

223.Uno de los requisitos establecidos en el Programa es que las mujeres embarazadas deben recibir atención prenatal y posnatal y, durante el parto, contar con la ayuda de un asistente del parto o profesional de la salud capacitado. Se asigna un subsidio en efectivo de 6.000 pesos al año o 500 pesos al mes por hogar para gastos de salud y nutrición con destino a dichas beneficiarias.

224.La institucionalización de ese subsidio ha aumentado el número de mujeres que reciben atención de la salud prenatal y posnatal, de conformidad con una evaluación del impacto realizada por el Banco Mundial y publicada el 23 de enero de 2013.

b)Asistencia a sesiones de desarrollo de la familia

225.Asimismo, la asistencia a sesiones de desarrollo de la familia es otro de los requisitos del Programa. Dichas sesiones adoptan metodologías de aprendizaje encaminadas a empoderar y proteger a las familias mediante la realización de actividades educativas en los barrios con destino a los hogares beneficiarios.

226.Se elaboró una guía modular sobre las sesiones de desarrollo de la familia para orientar los enlaces urbanos y municipales, a los enlaces de las dependencias de la administración local y a los asociados intermunicipales en la realización de las sesiones. Entre los temas tratados en ellas se incluyen la comprensión de uno mismo como persona y como padre, las funciones y deberes de los padres, las leyes sobre las obligaciones parentales, los derechos y deberes de los padres y niños, la salud y la nutrición, la administración del hogar y el desarrollo desde la perspectiva del género. En las sesiones se logra una mayor conciencia, comprensión y valoración de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las relacionadas con los temas mencionados resaltan la importancia de la igualdad de derechos del hombre y la mujer en la creación de la familia y la comunidad con el fin de conseguir una sociedad desarrollada. La capacitación sobre la perspectiva de género, que forma parte de las sesiones, refuerza en particular la conciencia de los beneficiarios sobre las cuestiones de género y las leyes que abordan las preocupaciones de la mujer, por ejemplo, la Carta Magna de la Mujer.

227.Las sesiones se ofrecen al menos durante dos horas una vez al mes. Se imparten en zonas y lugares accesibles y que no exijan gastos de transporte a los beneficiarios de los hogares, para garantizar la asistencia y puntualidad.

228.En cuanto a las cuestiones relacionadas con el aborto, este es absolutamente ilegal en el país.