Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Quinto informe periódico que Portugal debía presentar en 2019 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **
[Fecha de recepción: 2 de junio de 2020]
1.Las respuestas que figuran a continuación se refieren a las recomendaciones contenidas en las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico (E/C.12/PRT/CO/4), formuladas por el Comité en diciembre de 2014.
Respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales (E/C.12/PRT/CO/4)
2.El Programa de Emergencia Social (PES) estuvo en vigor entre 2011 y 2014. Desde 2015, la acción política se ha centrado en aumentar el empleo, restablecer los ingresos, brindar una mayor justicia, lograr la equidad fiscal, garantizar la cohesión social y defender y fortalecer el estado de bienestar, lo cual ha arrojado resultados positivos.
3.A fin de reducir la pobreza, especialmente en sus formas extremas, se ha puesto en marcha un proceso de eliminación gradual y sostenida de las medidas de austeridad y de refuerzo de unos niveles de cobertura adecuados. Se ha actualizado el índice de apoyo social, que es el valor de referencia que se utiliza para actualizar las pensiones y las prestaciones sociales; se ha establecido un mecanismo para la actualización anual de las pensiones y de las prestaciones familiares, por discapacidad y por dependencia; y se ha creado una nueva Prestación Social para la Inclusión, destinada a reforzar la protección y los derechos de las personas con discapacidad.
4.El comportamiento favorable de la economía —que presentó un crecimiento real del 2,2 % en 2019, por encima del promedio de la zona del euro y de la Unión Europea— se vio reflejado en la reducción de la tasa anual de desempleo, que en 2019 se situó en el 6,5 %, la cifra más baja de los últimos diez años. El número de personas empleadas alcanzó los 4,9 millones, y entre los años 2015 y 2019 se encadenaron unas tasas de crecimiento del 1,1 %, el 1,2 %, el 3,3 %, el 2,3 % y el 1,0 %.
5.Estos resultados han resultado cruciales tanto para la recuperación de la renta de los hogares como para la estabilización de la situación social. Permitieron el logro de importantes objetivos, a saber, la reducción del índice de riesgo de pobreza —que pasó del 19,5 % en 2014 al 17,2 % en 2018, lo que equivale a 190.000 personas menos en situación de pobreza monetaria— y la disminución de las desigualdades en la distribución de los ingresos.
6.Entre 2014 y 2017, los principales indicadores de la desigualdad registraron descensos:
La ratio S90/S10 se situó en 8,6 en 2018, 1,5 puntos menos que en 2015.
La ratio S80/S20 fue de 5,2 en 2018, 0,7 puntos menos que en 2015.
El coeficiente de Gini registró un valor del 31,9 % en 2018, 2 puntos menos que en 2015.
7.El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador que abarca a las personas que viven en riesgo de pobreza, con privación material grave o en hogares con una intensidad de empleo per cápita muy baja, disminuyó del 26,6 % en 2015 al 21,6 % en 2019, lo que equivale a 550.000 personas menos en situación de riesgo.
8.Continúa la labor de lucha contra la pobreza y la desigualdad que se emprendió en 2015-2016, con especial hincapié en reforzar las prestaciones sociales dirigidas a personas en situación de pobreza extrema, familias con hijos, personas de edad y trabajadores de bajos ingresos y en aumentar los ingresos familiares (cuadros 1 a 16 del anexo II).
9.La Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación Portugal + Igual 2018-2030 aspira a consolidar los progresos logrados hasta el momento y a prever el futuro de la acción gubernamental, con la vista puesta en el desarrollo sostenible del país que depende del logro de una igualdad sustantiva y transformativa, garantizando, al mismo tiempo, la adaptabilidad necesaria a la realidad portuguesa y su evolución hasta 2030.
10.El principal objetivo de esta estrategia es la eliminación de los estereotipos, por medio de medidas concretas que se llevarán a cabo en el primer período de aplicación, que durará hasta 2021, y está incorporado en tres planes de acción:
Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Plan de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
Plan de Acción para Combatir la Discriminación por Motivo de la Orientación Sexual, la Identidad y la Expresión de Género y las Características Sexuales.
11.Esta estrategia se asienta sobre tres líneas de acción transversales: la interseccionalidad, puesto que la discriminación es el resultado de la intersección de varios factores; la territorialización, en apoyo de la idea de que las políticas públicas deben adaptarse a las características y necesidades territoriales; y las alianzas, para el intercambio de prácticas, el reparto de responsabilidades y la puesta en común de maneras de optimizar los medios y las redes.
12.El IV Plan de Acción para la Prevención y la Lucha contra la Trata de Personas 2018-2021 tiene por objeto aumentar los conocimientos sobre la trata de personas, mejorar el acceso de las víctimas a sus derechos, capacitar a los equipos de intervención y promover la lucha contra las redes de la delincuencia organizada, en concreto mediante el desmantelamiento del modelo empresarial y la cadena de la trata.
13.La Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2013‑2020, publicada el 17 de abril de 2013 en la Resolución núm. 25/20138 del Consejo de Ministros, es el primer plan nacional encaminado a integrar a las comunidades romaníes, si bien estas, por ser comunidades vulnerables, están protegidas por varias medidas de otra índole.
14.Dadas las graves dificultades en materia de integración y marginalidad que experimentan estas comunidades portuguesas, resulta indispensable dar a esta cuestión una respuesta sólida, coherente y transversal que permita marcar el comienzo de una senda crucial para la cohesión social. La interculturalidad es también un eje fundamental de las distintas medidas del sector sanitario, que contribuyen a la mejora de la salud, apuestan por la prevención y sensibilizan a la comunidad y a los profesionales de la salud sobre la diversidad cultural, tendiendo puentes entre los servicios sanitarios y las comunidades romaníes y estableciendo alianzas dinámicas.
15.La Estrategia Nacional para los Derechos del Niño 2019-2022 incluye objetivos y metas específicos para hacer un seguimiento eficaz de los progresos realizados en la aplicación de los derechos de los niños y los jóvenes en todo el territorio.
16.La Ley de Salud Básica establece la universalidad de la cobertura de los servicios de salud como una de las características fundamentales del sistema sanitario portugués, estipulando que toda la población tiene derecho a acceder a los servicios públicos de salud. También define la equidad como el principio general del sistema sanitario, entendido como la garantía de que la disposición relativa al acceso a la atención sanitaria se aplica en condiciones de igualdad efectiva. Por último, otorga especial importancia al hecho de que los medios y las medidas del sistema sanitario están orientados, en primer lugar, a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
17.Esto implica una concepción integral de la salud e impone sobre los servicios sanitarios el desafío de poner en marcha estrategias que puedan contribuir a reducir las desigualdades en materia de salud y a aumentar la equidad en el acceso a dichos servicios, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos especialmente vulnerables.
18.El Ministerio de Salud participa, junto con otros sectores públicos, en varias estrategias integradas de políticas públicas relativas a la protección de las poblaciones vulnerables y la prevención de las desigualdades sociales y la violencia.
19.El Ministerio de Defensa Nacional también forma parte de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Portugal, por conducto del Grupo de Trabajo para la Igualdad del Ministerio, han participado activamente en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los tres planes nacionales de acción mencionados anteriormente. El propio Ministerio adoptó, en 2019, un Plan de Acción de Defensa para la Igualdad (2019-2021) que incorpora la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Este plan de acción se aplica, de conformidad con las referencias contenidas en la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, poniendo el énfasis en la creación de una Oficina para la Igualdad de Género a principios de 2020.
Respuesta a los párrafos 7 a) y b) de las observaciones finales
20.Los estudios relativos a las comunidades romaníes en Portugal se basan en las respuestas a las preguntas de autoidentificación contenidas en las encuestas de población.
21.En los últimos cinco años, se han llevado a cabo los siguientes tres estudios en el marco de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes, que está coordinada por el Alto Comisionado para las Migraciones.
Estudio Nacional sobre las Comunidades Romaníes, elaborado por el Observatorio de las Comunidades Romaníes
22.Entre enero y agosto de 2014, el Observatorio de las Comunidades Romaníes, en colaboración con el Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales de la Universidad Abierta de Portugal y el Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto Universitario de Lisboa, llevó a cabo el Estudio Nacional sobre las Comunidades Romaníes.
23.Este estudio, incluido en la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes, tenía por objeto recopilar información sobre el número de comunidades romaníes y su ubicación geográfica, así como datos relativos a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, a fin de elaborar y aplicar políticas públicas adaptadas a las necesidades de las comunidades romaníes.
24.El estudio abarcó 149 municipios, cuya colaboración permitió acceder a información importante sobre las comunidades romaníes en Portugal. En él participaron más de 24.000 romaníes, procedentes de la mitad de los municipios portugueses.
25.Entre las principales conclusiones del estudio cabe destacar las siguientes:
Salud: El 92 % de los encuestados señalaron que todos los miembros de su familia contaban con un médico de cabecera del Servicio Nacional de Salud.
Educación: El número de niños y jóvenes romaníes que han finalizado los ciclos segundo y tercero de la educación básica ha aumentado; el 57,5 % de los encuestados afirmaron que sus hijos o nietos asistían a la escuela.
Empleo: El 23 % de los encuestados trabajan por cuenta propia y el 15,8 % son asalariados; el 45,5 % de las mujeres romaníes son amas de casa, están desempleadas, están buscando su primer empleo o nunca han trabajado.
Ingresos: El 34,8 % de los encuestados revelaron que su principal fuente de ingresos era el Subsidio de Integración Social de Portugal, el 34,3 % dependen económicamente de su familia y el 9,5 % perciben rentas del trabajo.
Vivienda: El 66,6 % de los encuestados viven en una vivienda convencional, mientras que el 27,5 % viven en estructuras no convencionales; más del 90 % tienen acceso a los suministros públicos de agua y electricidad; el 73,2 % de los hogares tienen baño.
Relaciones con otras comunidades: El 77,2 % interactúan de manera regular con personas de comunidades no romaníes.
26.Cuando se prorrogó el período de ejecución de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes hasta 2022, se estableció como objetivo específico mejorar la información y los conocimientos sobre la situación de los romaníes, especialmente en lo que se refería a ámbitos como la educación, la salud, la inserción en el mercado laboral, las relaciones sociales entre los géneros (lo que incluía el matrimonio y el embarazo precoces), las experiencias de discriminación (incluida la discriminación interseccional), los territorios romaníes, la situación de los romaníes itinerantes y la mediación intercultural.
27.Para complementar este primer estudio nacional, el Observatorio de las Comunidades Romaníes llevó a cabo un segundo estudio —una versión actualizada del realizado en 2014—, en el que participaron los 308 municipios de Portugal, lo que permitió obtener más información sobre todo el territorio nacional.
Condiciones de Vivienda de las Comunidades Romaníes Residentes en Portugal (2015), elaborado por el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana
28.Esta encuesta se llevó a cabo para responder a la necesidad de contar con información sobre las condiciones de vivienda de las comunidades romaníes. El Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana y el Alto Comisionado para las Migraciones elaboraron un cuestionario que se remitió a los 308 municipios portugueses.
29.La encuesta reveló que los romaníes residentes en Portugal representaban, aproximadamente, el 0,35 % de la población total. De ellos, el 48 % viven en viviendas sociales y el 37 %, en estructuras no convencionales.
30.A raíz del estudio, el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana creó un proyecto especial de realojamiento en dos municipios portugueses (uno en Campo Maior, para 52 familias, y otro en Peso da Régua, para 11 familias) y procedió a la recalificación de otras dos zonas (una en Contumil, para 14 familias, y otra en Cabomor, para 12 familias).
Perfil Educativo de las Comunidades Romaníes (2016/17), elaborado por la Dirección General de Estadísticas sobre Educación y Ciencia
31.Este estudio ofrece información sobre los alumnos romaníes matriculados en las escuelas públicas portuguesas durante el año escolar 2016/17.
32.Los resultados revelan que, en total, 12.963 niños y jóvenes romaníes asistían a la escuela pública. De ellos, el 15 % se encontraban en nivel preescolar. El 85 % restante estaban repartidos en los cuatro niveles consecutivos de la educación obligatoria de Portugal, como se indica a continuación:
Educación básica, primer ciclo: 45,4 %
Educación básica, segundo ciclo: 23,7 %
Educación básica, tercer ciclo: 13,9 %
Educación secundaria y educación secundaria de ciclo superior: 2,0 %
33.El 67,3 % de los alumnos romaníes recibían apoyo socioeconómico, el 65 % de ellos al nivel más elevado.
34.Por lo que respecta a los logros educativos, la tasa de aprobados entre los niños y jóvenes romaníes que asistían a la escuela pública ascendió al 56,2 %, con cifras que oscilaban entre el 49,1 % en el segundo ciclo de la educación básica y el 64,0 % en la educación secundaria. No obstante, en los ciclos educativos segundo y tercero, el índice de abandono escolar entre las niñas fue muy superior al de los niños: 195 niñas frente a 131 niños en el segundo ciclo; y 93 niñas frente a 57 niños en el tercer ciclo.
35.Aunque el número total de jóvenes romaníes que llegaron a la educación secundaria y la educación secundaria de ciclo superior fue reducido (256), las niñas representaron el 46 % y los niños, el 54 %, lo que significa que, en este nivel educativo, las niñas presentaron menores tasas de abandono.
Respuesta al párrafo 7 c) de las observaciones finales
36.La Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes se aprobó inicialmente para el período 2013-2020. Entre 2013 y 2016, la tasa de ejecución de la Estrategia ascendió al 94,1 %, lo que se debió al elevado nivel de aplicación de las medidas del eje transversal y del eje de la salud, cuya tasa de implementación es superior a la prevista.
37.En el proceso de revisión de la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes, también se comprobó que había que modificar la definición de la Estrategia y redefinir las esferas de intervención prioritarias. Como consecuencia, se prorrogó su ejecución hasta 2022, a fin de poder profundizar en las labores de intervención y aplicar nuevas medidas (Resolución núm. 154/2018 del Consejo de Ministros).
38.Los principios por los que se rige la revisión de la Estrategia son la interculturalidad, la no discriminación, la cooperación y la participación, la territorialización y la igualdad de género.
39.Esta política pública establece las siguientes prioridades: aumentar los niveles de escolarización e integración profesional y mejorar las condiciones de vivienda de los romaníes; reconocer y mejorar la intervención en el ámbito de la mediación cultural; aumentar la información y los conocimientos; combatir la discriminación contra los romaníes; reforzar la integración de los romaníes en la agenda política y pública y coordinar a los distintos sectores que promueven esa integración; y poner de relieve el papel crucial que desempeñan las políticas locales a la hora de integrar a la población romaní vulnerable.
40.El Alto Comisionado para las Migraciones también se encarga de otras actividades.
Consejo Consultivo sobre las Comunidades Romaníes
41.Enmarcado en la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes, el Consejo Consultivo sobre las Comunidades Romaníes, anteriormente denominado Grupo Consultivo para la Integración de las Comunidades Romaníes, es un órgano que desempeña un papel importante en la mejora del proceso de seguimiento y evaluación de la Estrategia, así como en la labor de supervisión de la situación de las comunidades romaníes.
42.El Consejo Consultivo sobre las Comunidades Romaníes está integrado por miembros permanentes y no permanentes, entre los que se encuentran el Observatorio de las Comunidades Romaníes, instituciones que trabajan con la población romaní, asociaciones que representan a la población romaní, investigadores, los gobiernos regionales de las Azores y Madeira, la Asociación Nacional de Municipios Portugueses, la Asociación Nacional de Parroquias y representantes de distintas ramas del Gobierno (Ciudadanía e Igualdad, Justicia, Interior, Educación, Salud, Cultura, Trabajo, Solidaridad y Asuntos Sociales).
43.Como órgano de coordinación del Consejo Consultivo sobre las Comunidades Romaníes, el Alto Comisionado para las Migraciones tiene varias responsabilidades, entre ellas preparar el plan anual de actividades para la aplicación de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes, dirigir y supervisar a los órganos encargados de ejecutar las medidas y velar por la aplicación de la Estrategia y el correcto funcionamiento del Consejo.
Fondo de Apoyo a la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes
44.El Fondo de Apoyo a la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes financia proyectos destinados a combatir la discriminación contra las comunidades romaníes y apoyar su integración.
45.Desde su primera edición, en 2015, el Fondo ha aprobado 50 proyectos con un presupuesto de 400.000 euros. Los proyectos pueden tener una duración máxima de 18 meses y la subvención para los proyectos de naturaleza continua puede ascender a un máximo de 25.000 euros.
46.Los ámbitos de intervención del Fondo abarcan una gran variedad de cuestiones, entre las que se cuentan la lucha contra la discriminación, el emprendimiento, el desarrollo de competencias para el mercado de trabajo, la promoción de un diálogo intercultural entre las comunidades romaníes y la sociedad en general, el empoderamiento de las mujeres romaníes, la igualdad de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, la salud, el asociacionismo y la participación comunitaria.
47.La participación de las asociaciones y la sociedad civil romaníes constituye el principal activo del Fondo, tal como se puso de relieve en la evaluación externa que se llevó a cabo.
Programa de Apoyo a las Asociaciones de Romaníes
48.El Programa de Apoyo a las Asociaciones de Romaníes tiene por objeto contribuir de manera directa al logro de las prioridades de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes.
49.En su primera edición, en 2017, el Programa contó con un presupuesto de 43.500 euros y prestó apoyo a seis asociaciones de romaníes para sufragar gastos básicos, como las facturas de electricidad o de Internet, o financiar pequeños proyectos que encajaban en el marco de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes relativos, entre otras cosas, a la promoción de la historia y la cultura romaníes. En la presente edición, ha financiado proyectos centrados, principalmente, en la lucha contra la discriminación, el fomento del diálogo intercultural, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres romaníes, así como en la promoción, entre las comunidades romaníes, de los beneficios sociales que tienen la educación y la participación de los padres en las escuelas.
50.En 2018 y 2019 tuvieron lugar las ediciones segunda y tercera del Programa, con un presupuesto de 30.000 y 32.000 euros, respectivamente. En ambas ediciones se aprobaron ocho proyectos. Estos se centraron, principalmente, en la mediación intercultural por medio del fomento de la capacidad de la población romaní y la sensibilización de las instituciones públicas; en iniciativas que promovían el empoderamiento de las mujeres romaníes, contribuyendo así a la igualdad de género y a la conciliación de la vida laboral y personal; y en la promoción de la historia y la cultura romaníes.
51.Por lo que respecta a la rendición de cuentas, todas las propuestas de proyectos fueron evaluadas por un jurado integrado por expertos con experiencia en la elaboración, la aplicación y la evaluación de proyectos de base comunitaria. Los criterios de evaluación, la decisión y la calificación obtenida por cada solicitante se pusieron a disposición del público, junto con la decisión del jurado.
52.Los responsables de los proyectos seleccionados elaboraron informes sobre las actividades para su examen por los expertos del Alto Comisionado para las Migraciones, quienes también visitaron los proyectos para cerciorarse de que se estaban ejecutando y para analizar la posibilidad de prorrogar su ejecución o mejorar los resultados. Los proyectos también fueron sometidos a verificaciones de gastos y sus responsables tuvieron que presentar informes periódicos y un informe final consolidado.
Respuesta al párrafo 7 d) de las observaciones finales
53.El Programa Opciones, creado en 2001, es un programa nacional que promueve la inclusión social de los niños y los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos. Este programa se encuentra bajo la dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros y forma parte del Alto Comisionado para las Migraciones.
54.Los proyectos están diseñados por consorcios nacionales formados por instituciones públicas y privadas (entre ellas, organizaciones de comunidades migrantes y romaníes) y abarcan cinco categorías principales: 1) inclusión escolar y educación no formal; 2) formación profesional y empleabilidad; 3) participación de la comunidad y la ciudadanía; 4) inclusión digital; y 5) emprendimiento y empoderamiento.
55.Durante la sexta generación del Programa Opciones (que tuvo lugar entre 2016 y 2018), se promovieron varias actividades, por ejemplo:
La campaña “PareSer: Um Passo em Frente em Prol da Igualdade” (Ser/parecer: un paso adelante en pro de la igualdad), organizada por la comunidad romaní local de Braga en colaboración con la oficina de la Cruz Roja Portuguesa en la misma ciudad.
Diversos talleres destinados a ofrecer información y herramientas útiles a los grupos de consorcios locales a fin de lograr los objetivos del Programa Opciones. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: el taller sobre igualdad de género (57 participantes); el taller sobre matrimonios forzados o precoces (28 participantes); y el taller sobre el manual Alternativas, destinado a formar a los multiplicadores para prevenir y combatir el discurso de odio, y que nació como resultado del movimiento No Hate Speech, la campaña del Consejo de Europa contra el discurso de odio (28 participantes).
56.El Fondo de Apoyo a la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes financia proyectos destinados a combatir la discriminación contra las comunidades romaníes y apoyar su integración. A continuación se enumeran algunos ejemplos de los proyectos financiados por el Fondo:
Ediciones primera y tercera: “Sim!: Sensibilizar, Incluir, Mobilizar” (¡Sí!: Sensibilizar, Incluir, Movilizar), un programa de radio centrado en promocionar la cultura romaní.
Segunda edición: “Não Engolimos Sapos”, una campaña de sensibilización llevada a cabo en los servicios públicos y los establecimientos comerciales con el fin de eliminar las ranas de cerámica que, según la creencia popular, sirven para alejar a los romaníes, pues la comunidad considera las ranas como un símbolo de mala suerte.
Ediciones segunda y tercera: “Kit Romano Atmo Sobre Rodas”, una carpeta con material pedagógico para las escuelas sobre la historia y la cultura romaníes, creada por la Asociación para el Adelanto de las Mujeres Romaníes Portuguesas. Trata cuestiones como la lengua, la historia, los mitos, los hechos, las leyendas, los bailes y coreografías tradicionales y las personalidades romaníes. Más de 20 escuelas lo han utilizado.
Tercera edición: “Vídeo Campanha – Escola, para quê?” (Campaña de sensibilización en vídeo: Escuela, ¿para qué?), destinada a potenciar el valor de la escuela y derribar los estereotipos que existen entre las comunidades romaníes y no romaníes; “A nossa voz” (Nuestra voz), talleres de música y danza romaníes; y el “Festival Diálogo”, festival de música y danza destinado a poner en valor las distintas culturas y tradiciones, entre ellas la música y la danza romaníes.
57.El Programa de Apoyo a las Asociaciones de Romaníes tiene por objeto promover la movilización y la participación activa de la sociedad civil, en particular de las comunidades romaníes, en la aplicación en el ámbito local de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes. Los siguientes ejemplos ilustran las iniciativas llevadas a cabo en el marco del Programa:
Ediciones primera y segunda: “TUTOROMANI”, programa de refuerzo escolar para promover la asistencia de los alumnos romaníes a la escuela y alentar la transición de ciclo escolar.
Segunda edición: EtnoficciónEntre os Montes, cortometraje sobre la comunidad romaní basado en la historia real de Adérito Montes, un mediador romaní y referente para su comunidad romaní local.
Tercera edición: “ROMA TV – TV Cigana” (Televisión romaní), programas de televisión relacionados con la historia y la cultura romaníes, en los que se promueve la labor de las asociaciónes de romaníes en pro de la intervención social.
58.Se organizaron otras campañas, seminarios, talleres de sensibilización y premios de reconocimiento, como el Premio de Comunicación “Pela Diversidade Cultural” (por la diversidad cultural). Esta iniciativa, organizada por el Alto Comisionado para las Migraciones desde 2015, premia los trabajos de los medios de comunicación y los profesionales y estudiantes de este sector que promuevan la diversidad cultural, luchen contra la discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico, condición jurídica o religión y, en especial, apoyen la integración de las comunidades migrantes y romaníes en Portugal. En 2018, un total de 65 trabajos optaron al premio, la cifra más alta jamás registrada.
59.También cabe mencionar la recomendación de adhesión al principio de no referencia al origen racial y étnico, el color, la nacionalidad, la ascendencia, el lugar de origen y la situación documental, formulada por la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial. Con esta recomendación, que fue aprobada unánimemente por la Comisión en septiembre de 2018, se pretende que los medios de comunicación, que con frecuencia se utilizan para propagar los prejuicios y el racismo, aúnen fuerzas y asuman el papel que les corresponde en la lucha contra la discriminación racial, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia.
Respuesta al párrafo 8 a) de las observaciones finales
60.Entre 2013 y 2019, la tasa de desempleo en Portugal mantuvo un constante descenso (cuadro 17 y gráfico 1, anexo II).
61.El Decreto Ley núm. 13/2015, de 26 de enero, introdujo un nuevo marco jurídico para la política nacional de empleo, en el que se estipulaba que esta debía garantizar el derecho a trabajar, promover el pleno empleo y la calidad del trabajo, fomentar la especialización profesional y la cohesión social, prevenir y reducir el desempleo y el subempleo, apoyar la competitividad de la economía y estimular el emprendimiento. La política de empleo está constituida por programas generales y programas específicos.
62.En 2016, el Instituto de Empleo y Formación Profesional empezó a aplicar nuevas metodologías, como el Modelo Personalizado de Seguimiento del Empleo, que incluye un Plan Personal de Empleo y la figura del Gestor de Empleo. En 2018, en el marco del proyecto de la ventanilla única, se creó un nuevo portal para el servicio público de empleo que permitió adoptar un enfoque integrado respecto de cuestiones relacionadas con el empleo y la formación profesional.
63.Los datos de empleabilidad desglosados por tipo de medida muestran que las medidas más eficaces han sido las pasantías, los incentivos a la contratación y los programas de inserción laboral. Entre 2013 y 2018, 886.824 personas se beneficiaron de las medidas de empleo, lo que supuso una inversión de 2.116.832.677 euros (cuadro 18, anexo II). En el mismo período, 2.641.010 personas se beneficiaron de las medidas de formación profesional (especialización de jóvenes y adultos), que supusieron una inversión de 1.640.402.417 euros (cuadro 19, anexo II).
64.El Programa de Prácticas Profesionales existe desde hace mucho tiempo y se ha ido adaptando de manera periódica para ajustarse a las necesidades de la población y del mercado. Las modificaciones más recientes se introdujeron en 2017 y, posteriormente, se actualizaron en 2019. Esta medida de política tiene por objeto apoyar la inserción de los jóvenes de hasta 30 años y los desempleados de hasta 45 años en el mercado laboral. Incluye un segmento especial para la inserción de las personas con discapacidad.
65.Se ha diseñado una serie de medidas para incentivar la contratación de jóvenes, desempleados en general y desempleados de larga y muy larga duración en particular, como el “Prémio ao Emprego” (Premio al Empleo), el “Contrato Emprego” (Contrato Empleo), la exención del pago de contribuciones a la seguridad social, el “Contrato Geração” (Contrato Generación) y el programa “Converte +” (Conversión +).
66.Los programas de apoyo al emprendimiento se reforzaron mediante una medida horizontal de apoyo a la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento, y se introdujeron modificaciones en las medidas ya existentes, como los programas “Investe Artes e Ofícios” (Inversión en Actividades de Artesanía) y “Participação e organização em ações de promoção e marketing de artesanato” (Organización de Ferias y Actividades de Promoción de la Artesanía y Participación en Ellas).
67.Otros programas y medidas de apoyo que se han llevado a cabo tenían por objeto, por ejemplo, apoyar la movilidad geográfica; contribuir a la realización de trabajos necesarios para la sociedad por desempleados beneficiarios de la prestación por desempleo o la prestación social por desempleo, como los programas “Contrato Emprego-Inserção” (Contrato Empleo-Inserción) y “Contrato Emprego-Inserção+” (Contrato Empleo-Inserción+); promover la igualdad de género en el mercado laboral; y facilitar el retorno de los emigrantes a Portugal.
68.De entre todos los programas y medidas de formación profesional que se pusieron en marcha, los más importantes fueron el programa “Vida Ativa” (Vida activa) —vigente desde 2013, con distintas modificaciones—, destinado a reforzar la especialización profesional por medio de módulos de formación (unidades breves de capacitación), formación práctica en el lugar de trabajo y el reconocimiento, la convalidación y la certificación de las competencias; y el programa “Qualifica”, una estrategia integrada, vigente desde 2016, para la educación y la especialización de adultos. En el marco de dicho programa, se han creado los Centros Qualifica con el objetivo de detectar y reconocer las competencias no formales, reforzarlas y ofrecer servicios de asesoramiento.
69.Entre enero de 2017 y abril de 2019, se recibieron 332.000 solicitudes; se derivaron 272.000 casos a ofertas de empleo y formación profesional y a procesos de reconocimiento, convalidación y certificación de las competencias; más de 217.000 personas obtuvieron una titulación total o parcial (escolar o profesional); se aumentó el nivel educativo de 37.600 personas; y más de 22.000 personas alcanzaron el título correspondiente a la educación secundaria de ciclo superior y más de 13.000, el correspondiente a la educación secundaria de ciclo inferior.
70.Se ha modificado el Programa de Apoyo al Empleo y la Formación de las Personas con Discapacidad, creado en 2009, que ahora contempla una serie de medidas para que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias personales y profesionales y para sensibilizar a los empleadores a fin de que tengan menos reticencias a contratar a personas con discapacidad. Entre los principales cambios introducidos por ley en 2015, cabe citar el aumento de la duración del apoyo financiero y de las cuantías asignadas para apoyar los centros de recursos (para actividades de información, evaluación, orientación, formación y empleo), la adaptación de los lugares de trabajo y la eliminación de las barreras arquitectónicas. Se reforzó la medida ya existente del Premio de Mérito —un certificado para distinguir las prácticas de referencia de los empleadores y de las personas con discapacidad que trabajan por cuenta propia— mediante la creación del Premio de Mérito a la Marca Inclusiva.
71.A pesar de que, desde 2011, existe un sistema de cuotas de empleo para las personas con discapacidad en la administración pública, más recientemente, en 2019, se aprobaron nuevos instrumentos legislativos que estipulan unas cuotas mínimas para las personas con discapacidad en el sector privado. Dicha legislación prevé la prestación de asistencia financiera a los empleadores y un sistema de infracciones administrativas en caso de incumplimiento, que pueden llegar hasta la denegación del derecho a participar en licitaciones públicas durante un período de hasta dos años en caso de reincidencia.
72.En 2019, 1.321 personas se acogieron a las modalidades de “empleo con apoyo en el mercado laboral abierto” y “empleo protegido” (en un centro de trabajo protegido), lo que supuso una inversión de 6.630.190 euros. Ese mismo año, 3.441 personas se beneficiaron del programa de formación para personas con discapacidad (pasantías de inserción), con una inversión de 9.270.363 euros. Entre 2013 y 2018, un total de 143.178 personas se beneficiaron de las diferentes medidas de rehabilitación profesional, lo que supuso una inversión de 115.959.96 euros (cuadros 20 y 21, anexo II).
73.En 2018 se establecieron unos principios y normas para garantizar la educación inclusiva, con el fin de dar respuesta a la diversidad de necesidades y capacidades de todos y cada uno de los alumnos, mediante el aumento de la participación en los procesos de aprendizaje y en la vida de la comunidad educativa.
74.La medida “Promoción de la Igualdad de Género en el Mercado Laboral” aumenta las oportunidades de empleo de los grupos de mujeres desfavorecidos y marginados y forma parte de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación. Su objetivo es fomentar la contratación, en determinadas profesiones, de personas del género infrarrepresentado que estén inscritas como desempleadas, otorgando un 20 % adicional del apoyo financiero que se ofrece para los contratos laborales de duración determinada y un 30 % adicional del apoyo que se otorga para los contratos de empleo permanentes o para la conversión de los contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida. Desde 2015, aproximadamente 14.000 personas se han beneficiado de esta medida.
75.La protección de la parentalidad y el fomento del equilibrio entre la vida profesional, personal y familiar se han promovido mediante el mantenimiento de la discriminación positiva y el aumento del apoyo que se ofrece a los empleadores que contratan a progenitores solos, por ejemplo por medio de medidas como los incentivos de apoyo a la contratación, prácticas profesionales y el Contrato Emprego-Inserção +. Entre 2015 y 2019, más de 55.500 progenitores solos se beneficiaron de estas medidas.
76.Las víctimas de la violencia doméstica y otros grupos vulnerables tienen prioridad para acceder a algunas de las medidas de empleo. Entre 2014 y 2019, aproximadamente 1.400 víctimas se incorporaron al mercado laboral o se acogieron a medidas de empleo o formación.
77.En el marco de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2013-2020, el Instituto de Empleo y Formación Profesional deriva a los miembros de la comunidad romaní a las medidas más adecuadas a su situación personal. Las medidas más importantes son el Contrato Emprego-Inserção +, esto es, la inserción en instituciones socioeconómicas que realizan actividades necesarias para la sociedad, y las medidas de formación profesional (cuadros 22 y 23, anexo II).
78.En el marco de la Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar para 2009-2015 y 2017-2023, se llevaron a cabo medidas dirigidas a las personas sin hogar. El Instituto de Empleo y Formación Profesional, en colaboración con otras entidades, ha elaborado una Referencia de Formación 2017-2023 con el fin de garantizar la formación adecuada de los expertos que se ocupan de ese grupo de población. Teniendo en cuenta el perfil de empleabilidad de cada persona, el Instituto ofrece programas de fomento de la capacidad, educación, formación profesional e inserción laboral. Entre 2017 y 2019, 696 personas sin hogar se inscribieron en el programa, 48 se incorporaron al mercado laboral, 15 fueron derivadas a medidas de empleo y 81, a medidas de formación profesional. Desde noviembre de 2019, la legislación facilita el acceso de las personas sin hogar a los programas de “Contrato Empleo” y de prácticas profesionales.
79.Por lo que respecta a los migrantes, en el marco del Plan Estratégico de Migración 2015-2020, el Instituto de Empleo y Formación Profesional contribuye a la integración de los inmigrantes en la sociedad portuguesa por medio de programas de formación profesional y empleo. En colaboración con otros interesados, se creó una red de 11 Oficinas para la Inserción Profesional de los Migrantes, que ofrecen apoyo directo a los migrantes en general y a los migrantes y refugiados adultos desempleados en particular para incorporarse o reincorporarse al mercado laboral. Estas oficinas disponen de servicios de información profesional, apoyo para la búsqueda de empleo, asesoramiento personalizado en la fase de inserción laboral y remisión a ofertas de especialización (cuadros 24 y 25, anexo II). Desde enero de 2020, los ciudadanos extranjeros que deseen comenzar su actividad profesional reciben automáticamente un Número de Identificación de la Seguridad Social
Respuesta al párrafo 8 b) de las observaciones finales
80.Los principales objetivos de la estrategia del Gobierno para 2016-2020 eran:
a)Ampliar la base social que cursa estudios superiores;
b)Diversificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior;
c)Crear mejores puestos de trabajo, con una integración mayor y mejor entre la educación, la investigación y la innovación, en coordinación con las empresas, el sector productivo, la administración pública y las instituciones sociales; y
d)Estimular la formación sobre competencias digitales.
81.Los datos de desempleo ilustran los resultados positivos logrados en lo que se refiere a la reducción de las tasas de desempleo y la promoción de oportunidades laborales para los jóvenes:
La tasa de desempleo juvenil ha disminuido del 32,8 % al 18,1 %, lo que equivale a 25.100 jóvenes menos en situación de desempleo, y la tasa de desempleo de larga duración ha bajado del 7,6 % al 3,3 %, lo que corresponde a 220.300 desempleados de larga duración menos (fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal).
Las tasas de empleo han aumentado considerablemente entre las personas con niveles educativos equivalentes o superiores a la enseñanza secundaria, las cuales en la actualidad representan el 56 % de las personas empleadas en Portugal, y han registrado un incremento agregado del 20,1 %, que llegó al 20,7 % entre las personas con mayor nivel educativo (fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal).
Se ha registrado una evolución positiva en las tasas de empleo de los recién graduados en la enseñanza superior (niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación), que aumentaron del 77,8 % en 2016 al 85,9 % en 2018; la tasa de empleo de los recién graduados universitarios es del 85,9 %, superior al promedio de la UE-28 (85,5 %), y es 8,1 puntos superior a la de 2016 (fuente: Monitor de la Educación y la Formación).
82.Por lo que respecta a los graduados de la enseñanza superior, esto ha permitido cumplir la meta de empleo establecida para 2020 para los recién graduados, que estipulaba que al menos el 82 % de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años que hubieran completado algún nivel de la educación secundaria o la enseñanza superior debían encontrar empleo en un plazo de entre 1 y 3 años (fuente: Estado de la Educación 2018).
83.Se han puesto en marcha las siguientes medidas para aumentar el número de empleos científicos y el empleo juvenil:
Estimulación del empleo científico por medio del incremento de la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) —en estrecha colaboración con instituciones de I+D, empresas y la Administración pública—, el aumento de la colaboración con la Unión Europa y el establecimiento de acuerdos de colaboración con el sector productivo
84.En el marco del Programa de Estimulación del Empleo Científico, que se puso en marcha en 2017, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior aumentó las oportunidades laborales en el campo de las ciencias a un nivel sin precedentes en Portugal. Desde entonces, se ha contratado a 5.166 doctores investigadores de todas las áreas del saber.
Incentivos para la cooperación entre el sector privado y las instituciones de enseñanza superior
85.Los datos oficiales más recientes revelan que el gasto total en I+D en Portugal ascendió a 2.769 millones de euros en 2018, equivalente al 1,4 % del PIB, lo que significa que volvió a los máximos absolutos de 2009 y 2010. Las cifras correspondientes a 2018 superan en 184 millones de euros el gasto en I+D registrado en 2017, lo que equivale a un aumento de más del 7,1 %, superior al crecimiento relativo del PIB.
86.Cabe señalar también que el aumento del gasto en I+D fue especialmente pronunciado en el sector empresarial, el cual invirtió 121 millones de euros más en 2018, lo que supone un aumento de casi el 9,3 % con respecto a 2017 y de más del 37 % con respecto a 2015 (2017: 1.304 millones de euros; 2016: 1.157 millones de euros; 2015: 1.037 millones de euros). Este aumento está asociado con un gasto en I+D por parte de las empresas que representa el 0,70 % del PIB (2017: 0,67 % del PIB; 2016: 0,62 % del PIB; 2015: 0,58 % del PIB). El gasto de las empresas en I+D, junto con el gasto en instituciones privadas sin fines de lucro (equivalente al 0,02 % del PIB), representa, en total, casi el 53 % del gasto total en I+D del país.
87.La contratación de profesionales doctorados por parte de empresas que llevan a cabo actividades de I+D y a las que se concedieron subvenciones ha aumentado en un 30 % desde 2015, y registró un incremento superior al 10 % entre 2016 y 2017. En 2017, el número de investigadores empleados en el sector privado representó el 34 % del total de investigadores. Entre 2016 y 2017, el número de investigadores en el sector privado aumentó en 1.529 puestos equivalentes a tiempo completo, y registró un aumento del 11 % en las empresas. El número de empresas que llevan a cabo actividades de I+D y a las que se han concedido ventajas fiscales para la contratación de doctores investigadores ha aumentado en un 37 % desde 2015, y ascendió a 290 en 2017.
88.La nueva meta es mantener esa tendencia al alza en lo que se refiere a la inversión en I+D a fin de alcanzar un gasto total en esta esfera equivalente al 3 % del PIB en 2030, del cual un tercio esté financiado por el sector público y los otros dos, por el sector privado. Este objetivo implica un esfuerzo colectivo por multiplicar por 3,5 la inversión privada en I+D, lo que debería ir acompañado de la creación de aproximadamente 25.000 nuevos puestos de trabajo cualificados en el sector privado, y por duplicar la inversión pública en I+D de aquí a 2030, velando por que se aplique la Estrategia de Innovación Tecnológica y Empresarial para Portugal 2018-2030.
Promoción de los cursos de educación superior de corta duración, en particular los Cursos Técnicos Superiores Profesionales
89.El número total de estudiantes de enseñanza superior aumentó en un 4 % entre 2015 y 2018 (de 358.000 a 373.000 en instituciones públicas y privadas), entre los que figuran más de 9.000 estudiantes inscritos en programas de educación superior de corta duración (como los Cursos Técnicos Superiores Profesionales).
90.La asignación presupuestaria para las instituciones públicas de enseñanza superior aumentó en un 10 % entre 2016 y 2019 (de 1.002 millones a 1.105 millones de euros), y el número de becas sociales concedidas para cursar estudios superiores pasó de casi 64.000 en el año académico 2014/15 a aproximadamente 80.000 en 2018/19.
91.Los datos confirman el fortalecimiento y la diversificación de la enseñanza superior en los últimos años, lo que incluye los cursos de formación de corta duración (como los Cursos Técnicos Superiores Profesionales) que imparten los institutos politécnicos y que han creado nuevas vías de especialización para la población, en particular en colaboración con el sector productivo y las empresas, promoviendo nuevos programas de capacitación en cooperación con los empleadores, como los procesos de recualificación. En este breve período de tiempo, el número de nuevos matriculados en Cursos Técnicos Superiores Profesionales aumentó de 395 en 2015 a aproximadamente 10.025 en 2019.
92.La nueva meta es lograr que, de aquí a finales de 2023, el número de nuevas matriculaciones anuales ascienda a 12.000. Para conseguirlo, ha de promoverse una mayor cooperación con las instituciones que forman parte de las redes de innovación colectivas, como los polos de competitividad, los centros de enlace tecnológico y los laboratorios colaborativos, entre otros. La manera en que se determinan los fondos de la Unión Europea que se otorgarán por medio de los programas PT 2020 y PT 2030 para el apoyo competitivo de actividades de I+D e innovación está en consonancia con la necesidad de fomentar esas actividades, incluidas las destinadas a apoyar la creación de consorcios, promover las infraestructuras, aumentar la competitividad y el desarrollo económico y fomentar la cohesión territorial, así como a apoyar la creación de Cursos Técnicos Superiores Profesionales.
Fomento de la formación en competencias digitales, en particular por medio de la Iniciativa Nacional de Competencias Digitales (INCoDe.2030), en un esfuerzo colectivo de las instituciones de enseñanza superior en estrecha colaboración con el sector privado
93.En marzo de 2018 se aprobó la Iniciativa Nacional de Competencias Digitales sobre la base de tres grandes desafíos:
1)Generalizar la alfabetización digital;
2)Estimular la empleabilidad, la formación profesional y la especialización en el campo de las tecnologías y aplicaciones digitales, con miras a crear empleo más cualificado y una economía con mayor valor añadido;
3)Garantizar la participación del país en las redes internacionales de I+D y en la producción de nuevos conocimientos en todos los ámbitos relacionados con la revolución digital.
94.En el marco de la Iniciativa, pueden ponerse de relieve varios programas, como el desarrollado por los institutos politécnicos y el Instituto de Empleo y Formación Profesional, destinado a ofrecer programas de reorientación profesional a los graduados desempleados y darles formación en competencias digitales (presupuesto total: 3,5 millones de euros; seis institutos politécnicos; 294 participantes hasta la fecha; 94 empresas colaboradoras en actividades de enseñanza o pasantías), y el proyecto NAU: Enseñanza y Formación a Distancia para Grandes Audiencias.
95.NAU es la iniciativa nacional para la creación y puesta en marcha de una infraestructura técnica y operacional que permita la publicación de contenidos en forma de cursos en línea masivos y abiertos. El proyecto NAU, transversal a varios ministerios, permitirá organizar actividades de formación de mayor calidad, con mayor frecuencia y menos costos para un mayor número de empleados y ciudadanos. Desde principios de 2019, se han subido a la plataforma 14 cursos, los cuales cuentan con más de 17.000 alumnos activos matriculados. Actualmente hay una gran variedad de cursos en proceso de preparación, tanto por parte de órganos públicos (como instituciones de enseñanza superior) como de entidades privadas (como Microsoft o CISCO).
Mecanismos de seguimiento
96.Existen varios instrumentos estadísticos que hacen un seguimiento del camino que siguen los graduados de la enseñanza superior. El portal Infocursos pone esta información a disposición del público, incluidas las tasas de desempleo registradas en cada programa de estudios.
97.La mayoría de las instituciones de enseñanza superior cuentan con servicios para ayudar a sus egresados a incorporarse al mercado laboral y, además, recopilan y difunden información sobre su situación laboral, así como sobre sus trayectorias profesionales, cumpliendo así una obligación impuesta por ley.
98.El Observatorio de Empleo Científico es un proyecto piloto de seguimiento del empleo científico que tiene por objeto llevar un control de las ofertas de trabajo en instituciones públicas y privadas para doctores investigadores y profesores universitarios que se hayan publicado en el marco de los diversos incentivos para el empleo científico o de los concursos periódicos para la contratación de profesores universitarios o investigadores. También se encarga de hacer un seguimiento de la regulación relativa a los beneficiarios de las becas de gestión en el campo de la ciencia y la tecnología.
99.Aunque Portugal todavía no participa en el proyecto piloto de seguimiento profesional de los titulados de COM, sí que forma parte del grupo de expertos que da seguimiento al proyecto, y aspira a incorporarse a él tan pronto como sea posible.
100.Portugal participa en la iniciativa de asociación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con el apoyo de la Comisión Europea, sobre la adecuación al mercado de trabajo y los resultados, destinada a evaluar la adecuación al mercado de trabajo y los resultados logrados en este para el diseño de estrategias institucionales en la educación superior.
101.Por lo que respecta al uso de los datos para determinar las necesidades del mercado laboral y ajustarse a ellas, se ha informado de que, desde hace varios años, se han tomado en consideración los datos de desempleo para la creación de plazas en las titulaciones de grado y máster que forman parte del sistema público de educación superior.
La Garantía Juvenil
102.El proyecto europeo Garantía Juvenil, vigente en Portugal desde 2014, ha contribuido a reducir las tasas de desempleo juvenil, esto es, el número de personas que no están empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación. Su objetivo es velar por que todos los jóvenes menores de 30 años tengan acceso a una buena oportunidad de empleo, educación, formación en el centro de trabajo o pasantía en un plazo de cuatro meses contados a partir del momento en que queden desempleados o abandonen los estudios.
103.El Instituto de Empleo y Formación Profesional se encarga de gestionar el programa Garantía Juvenil y de coordinar las alianzas a todos los niveles y en todos los sectores del país. En la ejecución del proyecto intervienen ministerios, organizaciones juveniles, organizaciones comerciales, organizaciones sociales asociadas y otras instituciones pertinentes que trabajan en los campos de la educación y la formación profesional y la inclusión social.
104.Las redes locales organizan actividades tales como la identificación y registro de los jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación; la evaluación y diagnóstico de la situación de los jóvenes; la puesta en marcha de esas medidas, ya sea de manera directa o en colaboración con otros asociados; la prestación de apoyo para definir la vía de inserción del joven en el mercado laboral; y la derivación del joven a entidades que garanticen una respuesta adecuada, ya sea en el campo de la educación, la formación o el empleo.
105.Con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha diseñado la Estrategia Nacional de Información para los Jóvenes No Inscritos como Desempleados y los Jóvenes Inactivos. Por medio del proyecto “Make the future... today!” (El futuro... ¡es hoy!) (2017-2018), financiado por la Unión Europea, se amplió la red local de asociados, que pasó a contar con aproximadamente 1.500 miembros cuyo objetivo es ofrecer información a los jóvenes y difundir las ofertas que se enmarcan en el proyecto Garantía Juvenil.
106.Las principales vías de acceso al proyecto Garantía Juvenil son los servicios de empleo del Instituto de Empleo y Formación Profesional, su plataforma en línea, los centros especializados en la formación de adultos y el portal del programa Garantía Juvenil.
107.Desde su creación en 2014 hasta principios de octubre de 2019, el portal del proyecto Garantía Juvenil había recibido un total de 755.025 visitas. Entre las medidas aplicadas, las pasantías han ganado importancia como medio para que los jóvenes adquieran experiencia laboral y se incorporen al mercado de trabajo (cuadros 28 a 30, anexo II).
108.Se ha creado un sistema de seguimiento sobre la base de la metodología definida por la Comisión Europea en el Marco de Indicadores de Seguimiento de la Garantía Juvenil, centrado en el seguimiento directo y el seguimiento de control.
Respuesta al párrafo 8 c) de las observaciones finales
109.Desde 2012, la metodología que el Servicio Público de Empleo aplica a las personas en busca de empleo se centra en prevenir el desempleo de larga duración. Los desempleados y los desempleados de larga duración cuyo perfil indique que tienen mayor dificultad para incorporarse al mercado laboral cuentan con un gestor personal, en cumplimiento de las recomendaciones internacionales, en particular las formuladas por la Unión Europea.
110.En 2018 se reforzó el procedimiento para la prevención del desempleo de larga duración, en concreto mediante la introducción de un servicio de asesoramiento laboral, la organización de actividades de apoyo antes de que transcurran 18 meses de desempleo y el fomento de la utilización de los instrumentos ya existentes, como el Plan de Acción Individual y el Acuerdo de Inserción Laboral, por parte de otras entidades además del Instituto de Empleo y Formación Profesional.
111.El Plan de Acción Individual se revisa siempre que se produce un cambio en la situación de la persona interesada o cuando surge alguna oportunidad de empleo o de formación. En cualquier caso, los Planes de Acción Individual deben revisarse si, tras el período de seguimiento de cuatro meses, se determina que el interesado todavía no ha completado o emprendido ninguno de los procesos iniciales programados.
112.La metodología que el Servicio Público de Empleo aplica a las empresas también ha sido objeto de examen recientemente, y en la actualidad cuenta con la figura de un gestor encargado de desarrollar una labor de enlace con los empleadores pertinentes. Este gestor también se encarga de determinar las necesidades de contratación o formación de los empleadores. Esta interacción más estrecha con los empleadores facilitará la tarea de encontrar, entre los desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo, incluidos los desempleados de larga duración, el perfil que mejor se ajuste a las necesidades del empleador.
113.La nueva plataforma en línea del Servicio Público de Empleo, llamada “IEFP online”, también viene contribuyendo desde abril de 2018 a mejorar ese proceso gracias al aumento del alcance y la velocidad de difusión de las ofertas de empleo y las ofertas de colocación laboral.
114.Las políticas activas del mercado de trabajo y los programas de formación han desempeñado un papel fundamental en la reinserción de los jóvenes y los desempleados de larga y muy larga duración en el mercado laboral (cuadros 31 y 32, anexo II).
Respuesta al párrafo 9 de las observaciones finales
115.Por lo que respecta a la segregación vertical, Portugal ha aprobado leyes para promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos decisorios:
En la Ley núm. 62/2017, de 1 de agosto, se fijaron las proporciones mínimas de mujeres y hombres en los órganos de administración de las empresas públicas estatales y locales (el 33 % a partir del 1 de enero de 2018) y de las empresas cotizadas en bolsa (el 20 % a partir del 1 de enero de 2018 y el 33 % a partir del 1 de enero de 2020). Los resultados han sido positivos: entre agosto de 2017 y el segundo semestre de 2019, la proporción de mujeres en los órganos de administración subió del 12 % al 22 % en las empresas cotizadas en bolsa; del 28 % al 37 % en las empresas estatales; y del 20 % al 29 % en las empresas públicas locales.
Por medio de la Ley Orgánica núm. 1/2019, de 29 de marzo, se incrementó del 33,3 % al 40 % la proporción mínima de mujeres y hombres que deben formar parte de las listas electorales de los parlamentos nacional y europeo, los órganos electivos de los municipios y los miembros de los consejos distritales. En las elecciones generales de octubre de 2019, 89 mujeres (el 38,7 % del total) fueron elegidas al Parlamento nacional, una cifra histórica. El nuevo Gobierno tiene la cifra récord de un 40 % de ministras y un 36 % de secretarias de Estado.
En la Ley núm. 26/2019, de 28 de marzo, se fijó en el 40 % el porcentaje mínimo de mujeres y hombres entre los altos cargos de la administración pública, así como de las instituciones públicas de enseñanza superior y las asociaciones públicas. En diciembre, las mujeres representaban el 38 % de los altos cargos de la administración pública.
A fin de fomentar la participación de las mujeres en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Portugal ha puesto en marcha el proyecto “Ingenieras por un día”, dirigido a alumnas de la enseñanza secundaria y del tercer ciclo de la educación básica (cursos profesionales). En la segunda edición del proyecto (que tuvo lugar durante el año académico 2018/19) participaron 3.000 alumnas, 27 escuelas, 11 instituciones de enseñanza superior y empresas y organizaciones de la sociedad civil asociadas. En la tercera edición (durante el año académico 2019/20), ya han participado 2.000 alumnas, 30 escuelas, 11 instituciones de enseñanza superior y otros 41 asociados (entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y municipios).
116.Con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC (celebrado el 23 de abril de 2020), en el marco de ese proyecto se organizó una semana de actividades digitales (del 20 al 24 de abril) en escuelas de todo el país en las que participaron 70 mujeres profesionales de los campos de la ingeniería y las TIC. Dada su relevancia, este proyecto forma parte del Plan Nacional de Acción para la Transición Digital, aprobado en 2020, que incluye, entre sus indicadores prioritarios, el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de las TIC.
117.En noviembre de 2019, el Gobierno y las instituciones de enseñanza superior firmaron un acuerdo de financiación pública para el período 2020-2023, en el que las instituciones de enseñanza superior se comprometieron expresamente a combatir la segregación profesional de hombres y mujeres por medio de programas dirigidos a eliminar los estereotipos de género.
118.En el marco del programa de subvenciones del Espacio Económico Europeo (EEE), la Confederación Empresarial de Portugal está preparando el proyecto Promova, que se basa en el proyecto Promociona de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Su objetivo es fomentar el acceso de mujeres altamente cualificadas a puestos ejecutivos en entidades privadas. El programa, que comienza en 2020, tiene una duración de un año y comprende numerosos enfoques metodológicos, los cuales pueden aplicarse de manera simultánea o consecutiva (desde módulos de formación hasta actividades de coaching, mentoría cruzada y establecimiento de redes).
119.En el marco del programa de subvenciones del EEE, se están financiando los siguientes proyectos destinados a combatir la discriminación en el mercado laboral:
a)El proyecto Promova, creado por la Confederación Empresarial de Portugal para fomentar el acceso de mujeres altamente cualificadas a puestos ejecutivos de entidades privadas;
b)Proyectos de investigación-acción para combatir la segregación por sexo en las elecciones académicas y profesionales de los niños y los jóvenes, desde las primeras etapas educativas hasta la educación superior (lo que se traduce en segregación por sexo en el empleo), derribando los estereotipos de género asociados con los distintos campos de estudio y sus respectivas profesiones y alentando a los niños y los jóvenes a que elijan ámbitos en los que estén infrarrepresentados;
c)Proyectos de investigación-acción para combatir las distintas expresiones de la discriminación por motivos de sexo en el mercado laboral, que afectan principalmente a las mujeres, en particular la brecha salarial; la segregación por sexo en el empleo y en el acceso a él; la discriminación en lo que se refiere a las condiciones de trabajo y el adelanto profesional; la segregación vertical; la discriminación en el ejercicio de los derechos parentales; la discriminación en relación con la conciliación de la vida laboral y personal; y el acoso moral y sexual.
120.Por medio de la Ley núm. 60/2018, de 21 de agosto, se aprobaron medidas para promover la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo igual o de igual valor y se estipuló la obligación de facilitar, anualmente, información estadística sobre las diferencias salariales por empresa (balance) y por sector o actividad (barómetro). Las ediciones primera y segunda del barómetro, publicadas en junio de 2019 y el 6 de marzo de 2020, respectivamente, recogen la brecha salarial ajustada y sin ajustar. De acuerdo con la segunda edición del barómetro, en 2018 la brecha salarial por razón de género sin ajustar en Portugal fue del 14,4 %, mientras que la ajustada se situó en el 11,1 %.
121.Desde agosto de 2019, cualquier trabajador o representante sindical puede solicitar a la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo que emita una opinión vinculante sobre una situación de supuesta discriminación salarial, y las empresas deben contar con una política de remuneración transparente que se base en la evaluación objetiva de los componentes de la actividad laboral (en caso de que se presente una denuncia de discriminación, corresponde a la empresa demostrar que tiene una política de remuneración transparente y objetiva).
122.Tomando como base los balances, la Inspección de Trabajo solicita a las empresas que presenten un plan para evaluar las diferencias salariales. Las empresas deben ejecutar el plan e informar de los resultados en un plazo de un año; se considerarán discriminatorias las diferencias salariales que las empresas no justifiquen.
123.Se han emprendido varias campañas para promover la igualdad salarial entre mujeres y hombres, como la campaña “Merezco igual”, que la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo lanzó el 2 de septiembre de 2019 en la radio, la televisión, la prensa en línea y las calles.
124.Portugal se ha adherido a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC), creada a finales de 2017 bajo la dirección de la OIT, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la OCDE. Portugal fue el 11º país en sumarse a la EPIC. Para ser miembro de la EPIC, es necesario cumplir 11 criterios relativos a la existencia de legislación y medidas de política pública que promuevan la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres.
125.En el marco del programa de subvenciones del EEE, en 2019 Portugal lanzó una convocatoria, con un presupuesto de 650.000 euros, para la presentación de proyectos que pongan en marcha procesos para evaluar el valor del trabajo y la remuneración sin sesgos de género, los cuales pueden comprender el análisis comparativo de la remuneración acordada y la remuneración real de hombres y mujeres, a fin de combatir la discriminación salarial.
126.También al amparo de dichas subvenciones, la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y el Centro para la Igualdad de Género de Islandia, entre otros, ha emprendido un proyecto encaminado a elaborar una norma portuguesa en materia de igualdad salarial tomando como base la norma de Islandia de igualdad de remuneración (norma ÍST 85: 2012).
127.En 2013, un grupo de trabajo tripartito, coordinado por la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo, elaboró el “Manual de Prevención y Lucha contra el Acoso en el Lugar de Trabajo: Un Instrumento de Apoyo a la Autorregulación”.
128.Entre enero de 2014 y abril de 2016, la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo puso en marcha, en colaboración con una gran variedad de asociados, el proyecto “Acoso Sexual y Moral en el Lugar de Trabajo” y creó un sitio web dedicado al tema del acoso, que está en línea desde 2016. En 2017 se introdujeron en el Código del Trabajo nuevas disposiciones relativas al acoso sexual, lo que reforzó el marco legislativo para la prevención del acoso en el lugar de trabajo. En 2018, la Comisión preparó una guía para las empresas sobre la elaboración de un código de conducta para hacer frente al acoso sexual en el lugar de trabajo.
Respuesta al párrafo 10 a) de las observaciones finales
129.Los niveles de segmentación del mercado de trabajo de Portugal han sido señalados a menudo como uno de los principales desafíos del país. De acuerdo con los datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en 2017 y 2018 la proporción de empleados temporales representaba el 22 % del total de personas empleadas (trabajadores por cuenta ajena). En 2019, este porcentaje disminuyó hasta el 20,8 %.
130.En junio de 2018, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo tripartito para combatir la precariedad, reducir la segmentación laboral y promover un mayor dinamismo en la negociación colectiva. Esto dio lugar a la aprobación del Plan de Acción para Combatir la Precariedad y Promover la Negociación Colectiva y de la Ley núm. 93/2019, de 4 de septiembre, por la que se modificaron el Código del Trabajo y el Código de Regímenes Contributivos del Sistema de Prestaciones por Desempleo de la Seguridad Social (cuadro 36, anexo II).
131.La Ley núm. 93/2019:
Reduce de 3 a 2 años la duración máxima de los contratos de duración determinada, incluidas las renovaciones, y estipula que la duración total de las renovaciones no puede exceder la del contrato inicial (que solo se puede renovar hasta tres veces).
Reduce de 6 a 4 años la duración máxima de los contratos de duración determinada.
Deroga la regla que permite ofrecer un contrato de duración determinada para cubrir un puesto permanente a las personas que buscan trabajo por primera vez y a los desempleados de larga duración, si bien mantiene esa posibilidad para los desempleados de muy larga duración.
Estipula que el período de prueba aplicable a las personas que buscan trabajo por primera vez y a los desempleados de larga duración es de 180 días. A los efectos del período de prueba, se incluye en el cómputo la duración de las prácticas profesionales ejercidas antes de la celebración del contrato.
Refuerza la transparencia en lo que se refiere al uso del empleo temporal.
Deroga los regímenes del banco de horas y del banco de horas grupal derivados de acuerdos individuales, estipulando que los bancos de horas establecidos por medio de un acuerdo individual dejarán de existir en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas, y manteniendo la posibilidad de crear bancos de horas mediante los convenios acordados por medio de la negociación colectiva y los acuerdos grupales celebrados en consulta con los trabajadores (hasta 50 horas por semana y 150 horas por año).
132.Desde finales de 2015, se aplica un nuevo enfoque a las políticas activas del mercado de trabajo con el fin de reforzar la función que estas desempeñan en la creación de empleo efectivo, cualificado y sostenible, por medio de la ampliación de la cobertura y el fomento del equilibrio entre el apoyo directo al empleo y las medidas de formación. La evaluación de las políticas activas del mercado de trabajo dio lugar a cambios en las normas y los criterios, a la introducción de incentivos para la contratación y al refuerzo de las prácticas profesionales subvencionadas (cuadro 37, anexo II).
133.La medida “Converte +” se creó específicamente para apoyar la conversión de los contratos temporales en contratos permanentes. Gracias a ella, los empleadores pueden acceder a incentivos financieros para la conversión de contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida. El porcentaje de contratos permanentes pasó del 54 % al 87 %. Durante la primera convocatoria (del 20 de septiembre de 2019 al 6 de enero de 2020), el Servicio Público de Empleo recibió más de 17.000 solicitudes, correspondientes a aproximadamente 46.800 contratos de trabajo.
134.Asimismo, se han modificado las normas relativas a las prácticas profesionales para recompensar la celebración de un contrato permanente al término de la pasantía y garantizar una mejor selección de las entidades promotoras.
135.En el marco de la estrategia multianual para combatir la precariedad, se aprobó un Programa de Regularización Extraordinaria de los Contratos Precarios en la Administración Pública. Al 16 de septiembre de 2019, el Programa había regularizado 19.744 puestos de trabajo de las administraciones central y local (9.982 en la Administración central y 9.762 en la Administración local). En total, 20.978 trabajadores se beneficiaron del Programa. No se dispone de datos relativos al sector de las empresas públicas locales, pero se estima que el Programa benefició a entre 25.500 y 26.500 trabajadores.
136.El informe “Decent work in Portugal 2008-2018: From crisis to recovery”(Trabajo decente en Portugal 2008-2018: de la crisis a la recuperación) de la OIT señala los efectos positivos que tuvieron en Portugal el aumento de la negociación colectiva y la focalización de los esfuerzos en la creación de empleo permanente y protegido, especialmente desde 2015. Portugal ha demostrado que las medidas destinadas a promover las políticas de empleo y la protección de la cohesión social han ayudado a acelerar la recuperación económica.
Respuesta al párrafo 10 b) de las observaciones finales
137.La lucha contra el trabajo no declarado es un objetivo estratégico del Organismo para las Condiciones de Trabajo (cuadro 38, anexo II). Con tal fin, se ha aumentado el número de inspectores.
138.Por medio de la Ley núm. 63/2013, de 27 de agosto, se crearon mecanismos para combatir el uso indebido de los contratos de prestación de servicios en las relaciones entre empleado y empleador (cuadro 39, anexo II). En 2017, las modificaciones introducidas por medio de la Ley 55/2017, de 17 de julio, ampliaron el ámbito de aplicación de esos mecanismos a otras formas de trabajo, concretamente a formas de trabajo no declarado como las falsas pasantías y los falsos voluntariados.
139.En 2014-2015 y en 2019, el Organismo para las Condiciones de Trabajo emprendió una campaña nacional de lucha contra el trabajo no declarado en Portugal, destinada a combatir el trabajo no declarado, el falso trabajo por cuenta propia y el trabajo precario en el país mediante la implantación de medidas disuasorias y la promoción del cumplimiento (cuadros 40 y 41, anexo II).
Respuesta al párrafo 10 c) de las observaciones finales
140.Por medio del Decreto Ley núm. 2/2018, de 9 de enero, se modificó el régimen contributivo de los trabajadores por cuenta propia. El tipo contributivo se redujo del 29,6 % al 21,4 % (y del 34,75 % al 25,2 % en el caso de los trabajadores por cuenta propia que llevan a cabo una actividad comercial e industrial y de los propietarios de sociedades unipersonales con responsabilidad limitada, así como de los cónyuges o asociados de estos); se estableció una contribución mensual mínima de 20 euros y se redujo el período de ingresos que se tiene en cuenta para el cálculo de las contribuciones; se amplió el abanico de entidades contratantes obligadas a pagar las contribuciones de los trabajadores por cuenta propia económicamente dependientes y se aumentó el tipo contributivo que deben abonar (del 5 % al 7 % o el 10 %); y se aprobaron nuevas normas respecto de la combinación del trabajo por cuenta propia con el empleo (trabajo asalariado).
141.El objetivo de estos cambios era lograr un mayor equilibrio entre los derechos y deberes contributivos y la protección social efectiva y contribuir a una carrera de cotización estable, a fin de evitar la formación de lagunas de cotización y en lo que se refiere al apoyo social y de establecer una relación más justa, simple y transparente entre los trabajadores y el sistema de la seguridad social.
142.A través del Decreto Ley núm. 53/2018, de 2 de julio, se armonizó el régimen de protección social para los trabajadores por cuenta propia con el de los trabajadores asalariados. Los principales cambios fueron la introducción de dos prestaciones adicionales, para el cuidado de los hijos y para el cuidado de los nietos; la reducción a 360 días del período de cotización necesario para que un trabajador por cuenta propia económicamente dependiente pueda recibir el subsidio por cese de actividad; y la mejora de las condiciones de acceso a dicha prestación. Se modificó la fórmula utilizada para calcular las prestaciones de conformidad con los cambios introducidos en el régimen contributivo, y el plazo de espera para recibir la prestación por enfermedad se redujo de 30 a 10 días.
Respuesta al párrafo 11 de las observaciones finales
143.El Organismo para las Condiciones de Trabajo ofrece una base de datos actualizada con los instrumentos de regulación colectiva del trabajo a fin de facilitar el acceso de los empleadores y los trabajadores a estos documentos y ofrecerles información (cuadro 42, anexo II).
144.El derecho de los sindicatos y las asociaciones de trabajadores a suscribir convenios colectivos está consagrado en el Código del Trabajo. Los acuerdos concertados al nivel de la empresa son un instrumento de regulación colectiva del trabajo.
145.Puesto que los instrumentos de regulación colectiva del trabajo constituyen una fuente del derecho laboral, el Código del Trabajo prevé la posibilidad de que los acuerdos concertados a nivel de la empresa estén exentos de cumplir las normas que regulan los contratos de empleo, excepto cuando se trata de normas de obligado cumplimiento. El legislador ha establecido, respecto de varias cuestiones importantes, unos criterios mínimos legales susceptibles de ser eludidos siempre y cuando esto redunde en favor del trabajador, como los límites en lo que respecta a la duración de la jornada laboral y a la duración mínima de los períodos de descanso y vacaciones.
146.También hay una serie de cuestiones centrales que garantizan los derechos de los trabajadores y que deben estar recogidas en los acuerdos concertados a nivel de la empresa. Las más importantes son las siguientes:
a)Las relaciones entre las partes en lo que respecta al cumplimiento del acuerdo concertado a nivel de la empresa y los medios para resolver los conflictos colectivos que se deriven de su aplicación o revisión;
b)Las medidas destinadas a aplicar de manera efectiva el principio de igualdad y no discriminación;
c)Los procedimientos de solución de controversias derivadas de los contratos de trabajo, como la conciliación, la mediación o el arbitraje;
d)La creación de un comité mixto encargado de interpretar e integrar sus cláusulas.
147.La Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales es la responsable de depositar los convenios colectivos celebrados, incluidos los acuerdos concertados a nivel de la empresa, y de promover su publicación en el Boletín de Trabajo y Empleo. También es la encargada de fomentar la negociación colectiva y supervisar esos procesos, así como de prevenir los conflictos colectivos de trabajo.
148.Los datos estadísticos apuntan a un aumento en el número de convenios colectivos publicados desde 2013 (97 convenios). Pese a que en los últimos años se han negociado numerosos acuerdos a nivel de la empresa, esto no se ha traducido en una disminución del número de convenios colectivos de otra índole. Desde 2016 se viene observando un aumento en el número de procesos de negociación colectiva emprendidos, con la firma de 175 acuerdos en 2016, 226 en 2017 y 234 en 2018 (cuadros 43 y 44, anexo II).
149.El número total de trabajadores que podrían quedar amparados por acuerdos concertados mediante la negociación colectiva aumentó de 241.539 en 2013 a 900.382 en 2018 (cuadro 45, anexo II).
Respuesta al párrafo 12 de las observaciones finales
150.Entre octubre de 2014 y 2019, el salario mínimo nacional registró un aumento nominal de casi el 19 % y un aumento real de aproximadamente el 14 % (cuadros 46 a 48, anexo II).
151.A raíz del acuerdo alcanzado en 2016 con los interlocutores sociales, se convino, además de revalorizar el salario mínimo nacional, hacer un seguimiento periódico de los efectos de la actualización del salario mínimo, a partir de informes preparados por el Gobierno y sometidos al examen de los interlocutores sociales. Hasta finales de 2019, diez informes de seguimiento y un estudio apuntaron a que esta medida había tenido efectos mínimos o incluso nulos en el crecimiento del empleo. El crecimiento interanual del empleo se ha mantenido constante, y se situó en el 1,1 % en 2015, el 1,2 % en 2016, el 3,3 % en 2017, el 2,3 % en 2018 y el 1 % en 2019.
Respuesta al párrafo 13 a) de las observaciones finales
152.Portugal prioriza las políticas públicas encaminadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
153.En 2015, Portugal modificó el Código Penal para definir como delito autónomo la mutilación genital femenina, punible con una pena de entre dos y diez años de prisión, y tipificar el acoso (castigado con una pena de prisión de hasta tres años o multa) y el matrimonio forzado (castigado con una pena de prisión de hasta cinco años). También se introdujeron modificaciones en los delitos de violación y coacción y acoso sexuales, siempre de conformidad con las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).
154.En 2018, como parte de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, se aprobó un nuevo plan de acción para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en consonancia con el Convenio de Estambul. Entre sus objetivos estratégicos se encuentran la prevención, a nivel primario y secundario; la expansión y especialización de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica; la organización de programas dirigidos a los agresores; el refuerzo de la formación de los profesionales; y la prevención de las prácticas tradicionales nocivas, incluidas la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la lucha contra ellas.
155.Las fuerzas de seguridad de Portugal prestan especial atención a los grupos más vulnerables e indefensos de la sociedad. Tanto la Policía de Orden Público como la Guardia Nacional Republicana cuentan con varios programas policiales de proximidad y con programas especiales dirigidos a ofrecer el apoyo adecuado a estos grupos, entre los que se encuentran las víctimas de la violencia doméstica. Estos programas están en plena consonancia con la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2018‑2030) y con el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica y de Género y contemplan, entre otras cosas, actividades de sensibilización.
156.La Policía de Orden Público y la Guardia Nacional Republicana llevan a cabo diversas actividades de sensibilización. Entre 2018 y 2019, en el marco del programa “Escuela Segura”, la Policía de Orden Público emprendió un total de 9.123 actividades de sensibilización sobre la violencia doméstica y cuestiones conexas en las que participaron 74.468 niños y jóvenes menores de 30 años (36.299 de sexo masculino y 38.169 de sexo femenino). En el marco de ese programa, en 2019 la Policía organizó 1.335 actividades de sensibilización sobre la violencia doméstica y la violencia en el noviazgo.
157.Asimismo, en 2018 la Guardia Nacional Republicana llevó a cabo 451 actividades de sensibilización en las escuelas, en las que participaron 14.625 niños y jóvenes, con el fin de prevenir las conductas violentas. Ese mismo año, la Guardia Nacional Republicana organizó también actividades de sensibilización entre la comunidad escolar y grupos de personas de edad, en las que participaron un total de 27.645 ciudadanos. Estas sesiones se centraron en el uso de Internet y tenían por objeto prevenir comportamientos que exponen a las personas a distintos riesgos, especialmente los comportamientos violentos.
158.También se han llevado a cabo campañas de sensibilización más amplias que fomentan la responsabilidad social y repercuten en los comportamientos de los ciudadanos. Son muchas las campañas de este tipo que se han emprendido, pero cabe destacar las siguientes:
Desde el año académico 2014/15, la Policía de Orden Público organiza anualmente en las escuelas una campaña nacional de prevención de la violencia en el noviazgo titulada “No namoro não há guerra” (En el noviazgo no existe la guerra). Esta campaña llega a 15.500 alumnos cada año.
Desde el año académico 2014/15, la Policía de Orden Público organiza en las escuelas una campaña anual de prevención en el ámbito de Internet y las redes sociales titulada “Comunicar em Segurança” (Comunicación segura). Esta campaña llega a 33.000 alumnos cada año.
Entre el 25 y el 29 de noviembre de 2019, la Policía de Orden Público llevó a cabo la operación “La violencia queda en la puerta” con el objetivo de concienciar al público sobre la realidad de la violencia doméstica. Puesto que esta campaña se centró específicamente en informar a la población sobre la violencia doméstica, los organizadores también trataron de ponerse en contacto con las víctimas de este delito de manera individual. En el curso de esta operación, se contactó con 1.494 víctimas y se llevaron a cabo 191 actividades de sensibilización, en las que participaron 17.067 personas.
En 2019, la Guardia Nacional Republicana puso en marcha la campaña nacional “AmorAssimNão” (Amor así, no), en colaboración con la empresa Delta Cafés, para fomentar la denuncia de los delitos de violencia doméstica. En la campaña, se tomaron diez frases inspiradas en refranes populares y se modificaron para transmitir un mensaje pedagógico. Estos mensajes se imprimieron en 5 millones de sobres de azúcar que se distribuyeron por todo el país.
Del 11 al 15 de febrero de 2019, la Guardia Nacional republicana también llevó a cabo la operación “La violencia no es una opción” con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de prevenir las conductas violentas. Cada día se puso el foco sobre un tema diferente: la violencia entre iguales, la violencia doméstica, la violencia en el deporte, la violencia en el noviazgo y la violencia contra las personas de edad. En el marco de esta operación, se llevaron a cabo 559 actividades de sensibilización, en las que participaron 15.271 personas.
El 22 de diciembre de 2019, la Policía de Orden Público, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Coímbra, organizó un Foro de Policía de Proximidad en el campus universitario titulado “Distintos Contextos de Violencia Doméstica”. El objetivo de este evento era ofrecer una visión integral de la violencia doméstica, reuniendo a profesionales de distintos ámbitos para hablar sobre este problema.
159.Como parte de sus esfuerzos por sensibilizar a la población, las fuerzas de seguridad han integrado la comunicación estratégica en sus acciones. Actualmente, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público utilizan las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, como las redes sociales, para difundir sus campañas de prevención de la violencia contra grupos de población especialmente vulnerables.
160.En el marco del programa de subvenciones del EEE, se publicó una convocatoria, abierta del 8 de marzo al 31 de mayo de 2020, para la presentación de proyectos de investigación-acción destinados a informar, movilizar y empoderar a los niños y jóvenes varones para que desafíen las nociones estereotipadas de la masculinidad y los comportamientos de riesgo asociados con ellas, especialmente en lo que respecta a la salud, la educación, la delincuencia, la violencia y la seguridad vial y del conductor, entre otros.
161.Al amparo de la Resolución núm. 139/2019, se elaboró una guía en la que se establecían los requisitos mínimos que debían cumplir los programas de prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Esta guía incluye una sección dedicada a las medidas de intervención dirigidas a niños y jóvenes.
Respuesta al párrafo 13 b) de las observaciones finales
162.En virtud de la Ley núm. 112/2009, de 16 de septiembre, se creó la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica. En 2018, se aprobó un decreto por el cual se regulaban las condiciones de organización y funcionamiento de las estructuras de atención (centros de crisis y centros de acogida). El alcance de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica, que actualmente solo abarca el 71 % del territorio nacional, se ampliará de aquí a finales de 2020 para cubrir la totalidad del país.
163.En Portugal, cualquier víctima o testigo puede presentar una denuncia ante cualquier comisaría de policía o estructura de atención del Servicio de Inmigración y Fronteras, la Policía Judicial o el Ministerio Público o a través del sistema de denuncia electrónica.
164.Los sitios web institucionales de la Policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia explican cómo hacerlo. También se informa a las víctimas de que pueden acudir a organizaciones no gubernamentales (ONG) para que les presten la ayuda que necesiten con tal fin.
165.Por medio de la Resolución núm. 52/2019 del Consejo de Ministros, se creó una Comisión Técnica Multidisciplinar para prevenir y combatir el delito de violencia doméstica. Su objetivo es presentar propuestas para, entre otras cosas, reforzar y diversificar los modelos de formación, que deberían formar parte de los módulos y actividades comunes, implicando a los órganos de la policía criminal y a la judicatura.
166.Esta Comisión ya ha presentado una lista de propuestas destinadas a mejorar la coordinación entre las distintas entidades que están en contacto con la víctima y a acelerar la adopción de las medidas de protección habituales y el proceso de evaluación del riesgo, centrándose, especialmente, en la protección durante las 72 horas posteriores a la presentación de la denuncia.
167.Las fuerzas de seguridad intervienen en distintos niveles, proporcionando información, derivando a las víctimas a otros servicios y haciéndoles un seguimiento, ofreciendo protección, interactuando con las redes de apoyo, investigando los delitos cometidos contra víctimas especialmente vulnerables y colaborando con la judicatura mediante el seguimiento de los casos, la evaluación del riesgo y la asignación de la condición de víctima. Cada órgano de las fuerzas de seguridad cuenta con una red de oficinas de atención y apoyo equipadas con las instalaciones adecuadas, entre otras cosas en materia de privacidad, para prestar asistencia a las víctimas. Las víctimas especialmente vulnerables pueden acogerse a medidas especiales de protección.
168.Cabe señalar que, en 2019, la Guardia Nacional Republicana aumentó hasta 558 (485 hombres y 63 mujeres) el número de militares asignados al servicio especializado en víctimas de violencia doméstica. Actualmente, la infraestructura de la Guardia Nacional Republicana cuenta con 24 dependencias de investigación y apoyo a víctimas específicas (Núcleos de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas) y con 304 salas de atención a las víctimas (lo que representa más del 66 % de las instalaciones territoriales de la Guardia Nacional Republicana) preparadas para ofrecer atención especializada a esas personas.
169.La Policía de Orden Público cuenta con un total de 944 agentes del orden con formación para tratar con víctimas especialmente vulnerables; de ellos, 553 están especializados en violencia doméstica. En la actualidad, la Policía de Orden Público dispone de 155 salas de atención a las víctimas.
170.En total, la Policía de Orden Público y la Guardia Nacional Republicana tienen casi 460 salas de atención a las víctimas. Cabe señalar que las comisarías de policía recién construidas o renovadas deben contar con una sala de atención a las víctimas.
171.A fin de mejorar y reforzar los servicios que se ofrecen a las víctimas de la violencia doméstica, la Policía de Orden Público y la Guardia Nacional Republicana colaboran con otras entidades, entre las que se encuentran ONG, los servicios de salud y las autoridades locales, para ofrecer servicios multidimensionales conjuntos a las víctimas.
172.La Inspección General de la Administración Interna es la responsable de vigilar y evaluar la aplicación efectiva de las directrices jurídicas y políticas en el seno de las fuerzas de seguridad. La Inspección General lleva a cabo inspecciones no anunciadas en las comisarías de policía a fin de evaluar la manera en que los agentes del orden que se encuentran sobre el terreno tratan a las víctimas, ejercen sus funciones y gestionan casos concretos.
Inspecciones no anunciadas de la Inspección General de la Administración Interna
|
Año |
Guardia Nacional Republicana |
Policía de Orden Público |
Total |
|
2012 |
36 |
16 |
52 |
|
2013 |
48 |
9 |
57 |
|
2014 |
52 |
24 |
76 |
|
2015 |
38 |
19 |
57 |
|
2016 |
48 |
7 |
55 |
|
2017 |
42 |
20 |
62 |
|
2018 |
15 |
32 |
47 |
|
2019 |
20 |
31 |
51 |
|
Total |
299 |
158 |
457 |
173.En las evaluaciones que se realizan durante una inspección no anunciada, se presta especial atención, por ejemplo, a aspectos como las condiciones físicas que ofrecen las comisarías de policía (en lo que se refiere a la existencia de una sala de servicio y atención específica para las víctimas) y se comprueba si los documentos demuestran que el nivel de protección que requieren las víctimas está garantizado.
174.El 23 de abril de 2020, a raíz de las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), se aprobó un proyecto de ley por el que se modifica la Ley núm. 112/2009, que actualmente está siendo examinado en el Parlamento. A modo de resumen, el proyecto de ley dispone lo siguiente:
El Ministerio Público o la policía judicial deben evaluar, en un plazo de 72 horas, el riesgo de que se cometan nuevos actos de violencia contra la víctima o contra otras personas de su entorno.
Se confieren a los tribunales penales competencias en asuntos civiles para emitir decisiones provisionales urgentes destinadas a proteger a la víctima, como la regulación provisional del ejercicio de la responsabilidad parental, el uso provisional del domicilio familiar y la custodia de los animales de compañía; estas decisiones han de comunicarse inmediatamente al fiscal jefe del tribunal competente.
Se amplía el número de delitos que se incluyen en la nueva base de datos sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que se está mejorando, armonizando y actualizando mediante la adaptación y la armonización de los mecanismos de recopilación de datos y los sistemas de información.
175.Portugal ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de las víctimas de la violencia doméstica y seguir ofreciéndoles apoyo ante el aumento del riesgo de violencia que lleva consigo el confinamiento impuesto para contener la enfermedad por coronavirus (COVID-19), como las siguientes:
La difusión masiva en los medios sociales, la televisión, la radio y la prensa de información sobre los servicios de apoyo y los teléfonos de asistencia, consejos de seguridad y alertas, como la campaña “#SegurançaEmIsolamento” (Seguridad en aislamiento). Estos materiales también se encuentran disponibles en distintos idiomas, así como en lengua de señas.
El refuerzo y la diversificación de los canales disponibles para que las víctimas pidan ayuda, como la creación de una línea telefónica nacional de asistencia (800 202 148; gratuita y disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana), una nueva dirección de correo electrónico (violencia.covid@cig.gov.pt) y una nueva línea para el envío de mensajes de texto (3060).
Medidas destinadas a garantizar el funcionamiento y el refuerzo de las estructuras y servicios de apoyo a las víctimas. Se han abierto dos nuevos centros de acogida de emergencia con 100 plazas.
La definición de un procedimiento específico por parte de la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género y el Instituto Nacional de Emergencias Médicas para responder a presuntos casos de COVID-19 dentro de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica.
Todos los servicios que forman parte de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica han adoptado planes de contingencia (incluidas salas de aislamiento) y planes de acción con medidas urgentes.
176.El Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social financia las respuestas sociales para las víctimas de la violencia doméstica por medio de la suscripción de acuerdos de cooperación social con ONG e instituciones privadas de solidaridad, concretamente con centros de acogida y de atención para víctimas de la violencia doméstica.
177.También presta apoyo a los Centros de Apoyo a la Vida para mujeres embarazadas (cuadros 49 a 51, anexo II) y a la Línea Nacional de Emergencia Social, cuyo objetivo es garantizar una respuesta inmediata frente a emergencias sociales. Se trata de un servicio público gratuito que funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día, todos los días del año. En 2018, el porcentaje de emergencias que se inscribieron en la categoría de violencia doméstica fue del 37 %, lo que corresponde a 579 situaciones.
178.Las Comisiones para la Protección de los Niños y los Jóvenes son instituciones oficiales no judiciales con autonomía funcional que se encuentran repartidas por todo el país. La Comisión Nacional para la Promoción de los Derechos y la Protección de los Niños y los Jóvenes supervisa esas Comisiones y les presta apoyo proporcionándoles las orientaciones técnicas pertinentes. Las Comisiones son las encargadas de poner en marcha procesos de protección cuando haya niños o jóvenes en peligro, de intervenir en ese tipo de situaciones y de colaborar con los tribunales.
Respuesta al párrafo 13 c) de las observaciones finales
179.Las fuerzas de seguridad portuguesas han realizado importantes esfuerzos para mejorar y reforzar su formación especializada en lo que se refiere a la investigación de delitos de violencia doméstica y el apoyo a sus víctimas.
180.En los últimos 15 años, la Guardia Nacional Republicana ha invertido en la prevención de la violencia doméstica y de género por medio del diseño y la ejecución del proyecto de Investigación y Apoyo a Víctimas Específicas, que se centra especialmente en las víctimas vulnerables (mujeres, niños, personas de edad, personas con discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y minorías étnicas).
181.A diciembre de 2018, la Guardia Nacional Republicana había asignado un total de 534 militares (437 hombres y 97 mujeres) al proyecto de Investigación y Apoyo a Víctimas Específicas, de los cuales 98 trabajaban en el Centro de Investigación y Apoyo a Víctimas Específicas y 436, en las Secciones de Investigación de los Puestos Territoriales.
Formación especializada en materia de violencia doméstica (Guardia Nacional Republicana)
|
Año |
Núm ero de actividades |
Núm ero de alumnos |
|
2013 |
221 |
5 665 |
|
2014 |
401 |
7 348 |
|
2015 |
72 |
740 |
|
2016 |
12 |
349 |
|
2017 |
5 |
155 |
|
2018 |
8 |
990 |
|
Total |
719 |
15 247 |
182.En 2018 se organizaron las siguientes actividades formativas específicas sobre la prevención de la violencia doméstica y el apoyo y la protección de las víctimas de este delito para el personal militar de la Guardia Nacional Republicana:
a)El 12º Curso de Investigación y Apoyo a Víctimas Específicas, de 30 horas de formación específica, al que asistieron 48 personas (4 oficiales, 7 sargentos y 37 guardias), entre ellos 14 mujeres y 34 hombres;
b)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de 18 horas de duración, en el Séptimo Curso de Investigación Penal para Sargentos, al que asistieron 21 personas (2 mujeres y 19 hombres);
c)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de cinco horas de duración, en el 19º Curso de Ascenso a Capitán, al que asistieron 26 personas (6 mujeres y 20 hombres);
d)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de cinco horas de duración, en el 19º Curso de Formación de Oficiales, al que asistieron 37 personas (6 mujeres y 31 hombres);
e)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de tres horas de duración, en el 24º Curso de Formación de Sargentos, al que asistieron 75 personas (3 mujeres y 72 hombres);
f)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de dos horas de duración, en el Primer Curso de Ascenso a Cabo, al que asistieron 107 personas (2 mujeres y 105 hombres);
g)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de dos horas de duración, en el Segundo Curso de Ascenso a Cabo, al que asistieron 87 personas (3 mujeres y 84 hombres);
h)Se incluyó un módulo de formación específica en este ámbito, de tres horas de duración, en el 40º Curso de Formación de Guardias, al que asistieron 589 personas (36 mujeres y 553 hombres).
183.La Guardia Nacional Republicana también ha reestructurado las secciones del Programa Especial de Prevención de la Delincuencia y de Policía de Proximidad (352 dependencias militares) y mejorado la actuación y formación del personal militar mediante el curso específico de especialización sobre Prevención de la Delincuencia, Policía de Proximidad y Derechos Humanos.
184.La Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público cuentan con profesionales que gozan de formación especializada en el campo de la investigación y el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, en particular en lo que se refiere a la violencia contra la mujer.
185.Entre 2012 y 2018, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público impartieron varias sesiones de formación sobre la cuestión de la violencia doméstica, en las que participaron aproximadamente un total de 26.500 agentes (unos 14.500 de la Guardia Nacional Republicana y casi 12.000 de la Policía de Orden Público).
186.En 2019, un total de 2.014 agentes de la autoridad (1.773 hombres y 241 mujeres) recibieron formación sobre la intervención en casos de violencia doméstica.
187.La Guardia Nacional Republicana ofreció los siguientes cursos a su personal militar:
Curso de Prevención de la Delincuencia, Policía de Proximidad y Derechos Humanos: 85 participantes (69 hombres y 16 mujeres).
Curso de Investigación y Apoyo a las Víctimas Específicas, que forma parte de la red de cursos de la Escuela Iberoamericana de Policía (IBERPOL): 34 participantes (25 hombres y 9 mujeres).
Curso de Investigación y Apoyo a las Víctimas Específicas: 35 participantes.
188.Además, otros diez cursos —nueve de formación inicial y uno de adelanto profesional— incluyeron un módulo específico sobre la cuestión de la violencia doméstica. En total, 1.087 agentes del orden (995 hombres y 92 mujeres) participaron en esos módulos.
189.De la misma manera, en 2019 la Policía de Orden Público organizó dos ediciones del nuevo Curso de Capacitación de Formadores sobre la Prevención de la Violencia Doméstica, a las que asistieron 51 agentes (44 hombres y 7 mujeres).
190.La violencia doméstica es uno de los temas que se tratan de manera específica en los programas de formación inicial y continua de la Policía de Orden Público. En 2019, 733 agentes de la policía (629 hombres y 104 mujeres) asistieron a talleres de capacitación en los que se trató el tema de la violencia doméstica.
191.También se han realizado algunos avances en lo que respecta a la revisión y mejora de los materiales de formación. En 2019, la Guardia Nacional Republicana elaboró el Manual para la Actuación Policial en el Ámbito de la Violencia Doméstica y el Manual de Evaluación del Riesgo.
192.Al mismo tiempo, se están revisando los materiales de formación sobre violencia doméstica que se utilizan en las distintas esferas gubernamentales a fin de normalizar y armonizar los conceptos y garantizar una mayor coordinación entre los actores que intervienen en el proceso. La Secretaría General del Ministerio del Interior, junto con la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público, está revisando los contenidos formativos relativos a la cuestión de la violencia doméstica que figuran en el Manual para los Órganos de las Fuerzas del Orden.
193.No obstante, la versión actual del Manual ya aborda la cuestión de la reunión de pruebas y la importancia de ese proceso para aumentar las probabilidades de que el caso sea enjuiciado.
194.La Secretaría General del Ministerio del Interior también colabora en la preparación de una herramienta de evaluación del riesgo (tomando como base la que utilizan las fuerzas del orden), una labor coordinada por la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género. El objetivo es crear una herramienta que pueda ser utilizada por todas las organizaciones que forman parte de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Así pues, esta labor debe promover la puesta en marcha de procesos interinstitucionales en materia de evaluación y gestión del riesgo.
195.En colaboración con la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público, la Secretaría General del Ministerio del Interior evaluará el funcionamiento de las redes y estudiará la manera de mejorar su labor (desde el punto de vista de las fuerzas policiales). El objetivo es formular una propuesta para definir y poner en marcha prácticas sistemáticas interinstitucionales de evaluación y gestión del riesgo.
196.El Plan Nacional de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica prevé la presentación de una propuesta, que se ultimará a finales de 2021, para la creación de equipos interinstitucionales en el ámbito local con el fin de mejorar las prácticas de evaluación y gestión del riesgo.
197.Por invitación del Ministerio Público, la Secretaría General del Ministerio del Interior organizó tres talleres de formación sobre la evaluación y gestión del riesgo en el ámbito de la violencia doméstica, que se centraron específicamente en la utilización de la herramienta de evaluación y gestión del riesgo que actualmente emplean las fuerzas de seguridad. Los talleres se celebraron en 2019 y en ellos participaron 52 funcionarios de los tribunales, fiscales y otros profesionales judiciales.
198.La Secretaría General del Ministerio del Interior también está reforzando los análisis de datos, y colabora con el Ministerio de Justicia para incluir más información en su publicación anual sobre la violencia doméstica.
199.En julio de 2019, la Policía de Orden Público impartió el primer curso de formación para la prevención de la violencia doméstica y la intervención policial en esas situaciones. El curso se diseñó e impartió en colaboración con la Secretaría General del Ministerio del Interior y otros interesados y ha formado a 40 personas.
200.A fin de promover la aplicación de las políticas de igualdad de género consagradas en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 2019 la Guardia Nacional Republicana creó una Comisión Interna de Igualdad de Género. Esta Comisión tiene el cometido de evaluar las situaciones que deben corregirse y tratar de encontrar soluciones adecuadas, por ejemplo para la conciliación de la vida laboral y familiar.
201.La formación de los agentes de policía también constituye un eje importante de los objetivos estratégicos y operacionales de la Inspección General de la Administración Interna. A lo largo de los años, este objetivo se ha ido actualizando, si bien se han mantenido las siguientes directrices en lo que respecta al diseño del programa de formación:
Consolidar, por medio de actividades de formación, los procedimientos de control de la legalidad y de la acción policial a fin de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Promover actividades de formación conjuntas que permitan consolidar los conocimientos sobre el uso de los nuevos medios de investigación, a fin de habilitar a los agentes de policía para que puedan operar de manera eficiente y eficaz.
Proporcionar a los agentes de policía directrices, manuales y otros instrumentos necesarios para el desarrollo de las capacidades y la consiguiente mejora de su actuación que se ajusten mejor al grado de exigencia de los ámbitos de intervención de los servicios de policía.
202.Siempre en colaboración con los institutos de educación superior y otras instituciones educativas de las fuerzas de policía, la Inspección General de la Administración Interna ha mantenido una serie de módulos de formación sobre los distintos temas:
Control externo de las actuaciones policiales: la función de la Inspección General de la Administración Interna.
Derechos humanos y control e inspección de las fuerzas de seguridad.
Derechos humanos y discriminación.
203.En 2019, la Inspección General aprobó un proyecto relativo a un módulo de formación sobre victimología dirigido a agentes de la policía y centrado especialmente en el contexto de la violencia doméstica. El módulo consta de dos partes: la primera aborda la formación inicial, mientras que la segunda se centra en la formación continua, siempre en estrecha colaboración con las fuerzas de policía, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público.
204.El módulo de formación de la Inspección General aspira a servir de hoja de ruta para la organización de actividades de formación en los ámbitos de la victimología y la violencia doméstica, y es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades y oportunidades que surgen en el contexto de la formación de los agentes de policía. El plan va acompañado de material de apoyo (bibliografía esencial, referencias legislativas y material de lectura) que se consideró útil cuando se empezaron a preparar las sesiones de capacitación.
205.La cuestión de la violencia doméstica se ha incluido en todos los planes anuales del Centro de Estudios Judiciales para la formación, tanto inicial como continua, de jueces. Cabe señalar que, en el año académico 2017/18, se organizaron 1 seminario, 3 talleres y 1 coloquio sobre el tema y que, en 2019, se celebraron actividades de formación en colaboración con el Equipo de Análisis Retrospectivo de los Homicidios en el Contexto de la Violencia Doméstica.
206.El Centro de Estudios Judiciales también ha preparado materiales sobre la cuestión, como el libro electrónico sobre teleasistencia a las víctimas de la violencia doméstica y el libro electrónico sobre la evaluación y el control del riesgo en el ámbito de la violencia doméstica, así como un manual multidisciplinar sobre las implicaciones de este fenómeno. La Fiscalía General de la República ha trabajado en la elaboración de un manual práctico sobre buenas prácticas dirigido a los fiscales encargados de casos de violencia doméstica.
207.En el marco de la colaboración entre el Gobierno, la Fiscalía General de la República y ONG, se ha suscrito un protocolo que contempla un conjunto de actividades de capacitación especializada en los ámbitos de la evaluación y la gestión del riesgo y la intervención en beneficio de las víctimas en situaciones de especial vulnerabilidad dirigidas a la judicatura y al personal del Departamento de Investigación y Acción Penal.
208.También está previsto adoptar otras medidas de empoderamiento de los profesionales de la administración pública, además de las establecidas en el marco del Plan de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (2018-2021), a fin de mejorar y diversificar los modelos de formación, que deberían integrar módulos y acciones comunes que incluyan a la policía judicial y a la judicatura, y mejorar el análisis de cada caso.
209.En el ámbito de la violencia sexual, cabe mencionar la formulación del proyecto sobre la violencia sexual en las relaciones de pareja, financiado por la Comisión Europea y promovido por la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género. Entre sus asociados se encuentran los ministerios de Salud, Interior, Justicia, Educación y Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social. El objetivo del proyecto es sensibilizar a grupos estratégicos (de los asociados) acerca del fenómeno de la violencia sexual en las relaciones de pareja (profesionales de la administración pública, los cuales se considera que se encuentran en el centro de las labores de prevención). Se espera que los destinatarios del proyecto aprendan a reconocer, en sus ámbitos de intervención, el problema de la violencia sexual en las relaciones de pareja y adapten sus actitudes, respuestas y comportamientos a ese fenómeno.
210.Además, se debe señalar que se han concluido los siguientes protocolos:
a)El protocolo de cooperación entre la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género, la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Administración de Justicia, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Orden Público, suscrito el 9 de julio de 2018 con el fin de:
Diagnosticar las necesidades de formación de los funcionarios judiciales: encuesta en línea realizada en octubre de 2018.
Impartir formación sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en la fase de investigación (funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad): diciembre de 2018.
Formular orientaciones técnicas y buenas prácticas, estableciendo procedimientos comunes y coordinados: previsto para 2019.
b)El protocolo de cooperación entre la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género y el Colegio de Abogados, suscrito el 6 de julio de 2018 con el fin de capacitar a los abogados para que puedan ofrecer un servicio de apoyo jurídico más eficaz a las víctimas de la violencia doméstica por medio de:
La formación especializada de abogados sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
La elaboración de un listado de abogados que ofrezcan asistencia jurídica en casos relacionados con la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
La elaboración de un listado de abogados con formación sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
c)El protocolo de cooperación entre la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género y el Centro de Estudios Judiciales, suscrito el 16 de enero de 2019 con el fin de promover, en el marco de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, la colaboración interinstitucional en materia de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, trata de personas y delitos de odio por medio de la creación de módulos y referencias de formación y manuales de buenas prácticas.
211.En 2015, se aprobó una línea de financiación de 3,5 millones de euros con la que se sufragaron aproximadamente 100 actividades organizadas por ONG en el ámbito de la igualdad de género, la violencia doméstica y de género y la trata de personas en las regiones del Norte, del Centro y del Alentejo.
212.En marzo de 2019 se aprobó una nueva línea de financiación (de 3,5 millones de euros) para la formación de grupos de población estratégicos (profesionales) en lo que se refiere a la trata de personas y los ámbitos que abarca la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación.
213.El Ministerio de Salud ha promovido una cultura de no violencia y detección temprana de un posible riesgo de violencia, en especial en las relaciones de familia y de pareja, por medio de:
La Acción de Salud para Niños y Jóvenes en Situación de Riesgo, establecida en virtud de la Orden Ministerial núm. 31292/2008, de 5 de diciembre.
La Acción de Salud sobre el Género, la Violencia y el Ciclo de la Vida, establecida en virtud de la Orden Ministerial núm. 6378/2013, de 16 de mayo.
El examen de los factores de riesgo y de protección al evaluar los entornos en que viven las personas y los niños como parámetro que ha de tenerse en cuenta en las consultas de control de la salud enmarcadas en los distintos programas de salud, como el Programa Nacional de Salud Infantil y Juvenil, la Norma núm. 10/2013 de la Dirección General de Salud y el Programa Nacional para la Vigilancia de los Embarazos de Bajo Riesgo de la Dirección General de Salud.
214.Las acciones y programas mencionados también están diseñados para que puedan ser aplicados en el seno de las comunidades, incluidas las escuelas, a fin de sensibilizar sobre la promoción de los derechos humanos y de una cultura de no violencia por conducto de la red local de asociados.
215.Mediante estas órdenes jurídicas se han establecido mecanismos para promover los derechos del niño y prevenir la violencia infantil (Centros de Apoyo para Niños y Jóvenes en Situaciones de Riesgo) y para prevenir la violencia interpersonal entre adultos (Equipos de Prevención de la Violencia entre Adultos), los cuales prevén respuestas específicas para situaciones de violencia doméstica, maltrato de personas de edad, trata de personas y mutilación genital femenina, entre otras.
216.Esta red nacional formada por 453 equipos multidisciplinarios, presentes tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales, está integrada por médicos, personal de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, y tiene distintas competencias, por ejemplo:
Contribuir a obtener la información que se ofrece a la población y sensibilizar a los profesionales de diferentes servicios acerca de los problemas de los niños y los jóvenes en situación de riesgo, las estadísticas de género y la prevención de la violencia a lo largo de todo el ciclo vital.
Difundir información jurídica, normativa y técnica acerca de la prevención de la violencia a lo largo de todo el ciclo vital.
Aumentar el nivel de formación y preparación de los profesionales de la salud en lo que se refiere a la promoción de los derechos humanos, la prevención de la violencia interpersonal y la intervención en esas situaciones.
217.Los profesionales de la salud disponen de guías técnicas y reciben formación general y específica sobre la prevención de la violencia contra los niños y la violencia interpersonal, en las que se especifican estrategias de prevención, maneras de abordar esas situaciones y diagramas de flujo que facilitan el diagnóstico y la intervención en todos los servicios sanitarios (tanto en la atención primaria como en la hospitalaria), así como intervenciones integradas de las redes de asociados.
218.Estos documentos constituyen una herramienta esencial para ayudar a reconocer los factores y contextos de riesgo y protección, intervenir en beneficio de las víctimas y derivar los casos de violencia a distintos servicios, incluido el servicio judicial. También se han elaborado protocolos relativos a la obligación de denunciar delitos y a la manera de reunir pruebas que permitan identificar al agresor e iniciar el proceso penal en los tribunales.
219.Desde el establecimiento de la Acción de Salud sobre el Género, la Violencia y el Ciclo de la Vida, y tomando como base esas referencias técnicas, se han organizado 60 sesiones de formación inicial y avanzada sobre la violencia interpersonal, principalmente la violencia doméstica, en las que han participado 1.065 profesionales de la salud. También se han celebrado siete conferencias y seminarios, a los que han asistido 1.300 profesionales de la salud y de otros sectores.
220.Más recientemente, estas acciones de salud se incluyeron en el nuevo Programa Nacional de Prevención de la Violencia en el Ciclo de la Vida (Orden Ministerial núm. 9494/2019, de 21 de octubre), cuyos principales objetivos son:
Garantizar la detección temprana de los factores de riesgo y de las situaciones de violencia interpersonal.
Garantizar una intervención adecuada, oportuna y coordinada en situaciones de violencia interpersonal.
Promover los conocimientos en materia de derechos humanos en el contexto de las relaciones interpersonales y una cultura de no violencia.
Respuesta al párrafo 13 d) de las observaciones finales
221.La legislación portuguesa proporciona un marco jurídico bien fundado para la investigación y la sanción de los delitos de violencia doméstica. Este delito está tipificado en el artículo 152 del Código Penal y abarca los actos de violencia física, sexual y psicológica. Pese a no estar mencionados de manera expresa, los actos de violencia económica, como las amenazas de privar a la pareja sentimental de medios económicos, también están incluidos en este tipo delictivo.
222.La definición de violencia doméstica que recoge la legislación portuguesa engloba los actos de violencia perpetrados contra cualquier persona dentro del círculo familiar o del círculo más cercano del agresor. Esto incluye al cónyuge o excónyuge, a las personas en una relación análoga al matrimonio o al noviazgo, incluso cuando no exista convivencia, y al progenitor o cualquier otra persona con la que el agresor conviva.
223.La violencia doméstica es un delito público, por lo que no está supeditado a que la víctima inicie el procedimiento de denuncia penal. Las denuncias por delitos de violencia doméstica se pueden presentar en persona o mediante un formulario en línea, y son varias las entidades competentes para recibir denuncias y remitirlas al Ministerio Público.
224.El marco penal previsto para este delito consiste en una pena de prisión de entre 1 y 5 años. No obstante, la legislación portuguesa también contempla circunstancias agravantes de la pena, por ejemplo cuando los actos se cometen contra un menor de edad, en presencia de un menor de edad, en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o cuando implican una invasión de la vida privada de la víctima, en particular mediante la divulgación de información personal en Internet. También se considera que existen circunstancias agravantes cuando los actos cometidos provocan graves daños corporales (lo que se castiga con una pena de hasta 8 años) o causan la muerte (con hasta 10 años).
225.Asimismo, cabe señalar que, además de la pena de prisión, también se pueden imponer penas accesorias destinadas a garantizar la protección de la víctima, como la prohibición de ponerse en contacto con la víctima, la prohibición de utilizar o portar armas y la obligación de asistir a programas específicos de prevención de la violencia doméstica. La prohibición de ponerse en contacto con la víctima conlleva el alejamiento del domicilio o del lugar de trabajo de la víctima, y su cumplimiento debe supervisarse por medios técnicos de control remoto.
226.Por último, la legislación prevé la inhabilitación del agresor para el ejercicio de la patria potestad, la tutela o la curatela en caso de condena por violencia doméstica.
227.Además, al determinar la pena que se impondrá al condenado por el delito de violencia doméstica, para lo cual se examina el grado de culpa del agresor, también se toman en consideración el grado de ilegalidad de los actos, la manera en que se ejecutaron y la gravedad de sus consecuencias. Para establecer la magnitud de la pena, los tribunales siempre deben tener en cuenta todas las circunstancias a favor y en contra del acusado, en particular los sentimientos expresados cuando cometió el delito y los motivos y fines que le llevaron a hacerlo. El hecho de que el delito responda a sentimientos de odio motivados por el género también constituye una circunstancia agravante para multitud de delitos: asesinato, daños corporales, amenazas, coacción, hostigamiento criminal, matrimonio forzado y actos preparatorios.
228.Por lo que respecta al régimen especial para la prevención de la delincuencia y la protección y asistencia de las víctimas, la Ley núm. 112/2009 establece un régimen jurídico específico aplicable a la prevención de la delincuencia y a la protección y asistencia de las víctimas. Se trata de un régimen sólido que establece un estatuto específico para las víctimas de este tipo de delitos y prevé la creación de una red nacional de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. El procedimiento penal para los casos de violencia doméstica tiene carácter urgente y los actos procesales pueden celebrarse en días no laborables, fuera del horario de oficina y durante los períodos de vacaciones judiciales.
229.La Ley núm. 121/2015 reforzó el acceso efectivo a los mecanismos de denuncia e indemnización al tipificar la violencia doméstica como un delito violento y al prever el pago por adelantado del monto total de la indemnización cuando la víctima se encuentre en una situación de privación económica. Los derechos de las víctimas se han visto reforzados gracias al nuevo Estatuto de la Víctima y a la eliminación de las costas judiciales para las víctimas de la violencia doméstica y la mutilación genital femenina.
230.En virtud del artículo 4-A de la Ley núm. 112/2009, de 16 de septiembre, y la Orden núm. 280/2016, de 26 de octubre, se creó el Equipo de Análisis Retrospectivo de los Homicidios en el Contexto de la Violencia Doméstica. Este Equipo realiza análisis retrospectivos de los casos de homicidio ocurridos en el contexto de la violencia doméstica sobre los cuales se haya dictado una sentencia firme o emitido una decisión de archivo o de sobreseimiento de la causa. El objetivo es extraer conclusiones que permitan aplicar nuevos métodos de prevención a nivel de los respectivos procedimientos y formular recomendaciones a las entidades públicas y privadas que intervienen en este ámbito.
231.La prevención y la investigación de los delitos de violencia doméstica se han considerado como una de las prioridades de la política penal de Portugal. La Ley núm. 72/2015, de 20 de julio de 2009, y la Ley núm. 96/2017, de 23 de agosto de 2006, establecen los objetivos, prioridades y orientaciones de la política penal para los bienios 2015-2017 y 2017-2019, respectivamente.
232.El Ministerio Público se ha fijado como prioridad aumentar la capacidad de investigación de estos delitos promoviendo una coordinación eficaz y estrecha entre las investigaciones abiertas y utilizando los mecanismos permitidos por la ley para proteger de manera efectiva a las víctimas, en particular las más vulnerables, como las mujeres y los niños.
233.A fin de garantizar una mejor investigación y el enjuiciamiento de las causas, la Fiscalía General de la República ha determinado que las investigaciones relativas a delitos de violencia doméstica o contra la libertad sexual deben asignarse a secciones o jueces especializados por medio de una distribución concentrada.
234.El número de causas y condenas relacionadas con el delito de violencia doméstica ha aumentado considerablemente desde 2014. Esto se explica esencialmente por la labor de sensibilización emprendida por el Gobierno portugués para combatir este fenómeno (cuadro 57, anexo II).
Respuesta al párrafo 14 a) de las observaciones finales
235.En 2013, la Ley de Presupuestos del Estado dispuso un aumento del 10 % en las prestaciones por desempleo cuando, en un mismo domicilio, ambos cónyuges o miembros de la pareja sean beneficiarios de esas prestaciones y tengan hijos a cargo o cuando, en una familia monoparental, el progenitor único reciba dicha prestación. Este aumento sigue vigente.
236.Desde 2016, se han venido actualizando anualmente las prestaciones familiares, por discapacidad y por dependencia. Se ha aplicado una medida extraordinaria para prorrogar, durante un período de seis meses, el pago del 80 % de la prestación por desempleo con el objetivo de dar apoyo a los desempleados de larga duración.
237.En 2017, 2018 y 2019 se aumentó el valor del Índice de Apoyo Social en un 0,5 %, un 1,8 % y un 1,6 %, respectivamente, lo que se tradujo en un incremento automático de la cuantía de las prestaciones sociales por desempleo, paternidad y maternidad, las pensiones y los complementos sociales.
238.En 2017, el Gobierno, en el marco del subsistema de protección familiar, inició un proceso para igualar, de manera progresiva y equitativa, la cuantía de la prestación familiar otorgada por hijos a cargo de entre 12 y 36 meses a la de la prestación concedida por hijos a cargo de hasta 12 meses, lo cual se logró en 2019.
239.En 2016 se empezó a aplicar de nuevo la norma que exige la actualización anual de las pensiones y los complementos sociales. En 2017, 2018 y 2019, se llevaron a cabo actualizaciones extraordinarias de las pensiones con el fin de aumentar los ingresos de los pensionistas, garantizar su estabilidad y compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la suspensión del mecanismo de actualización de las pensiones entre 2011 y 2015.
240.La Orden núm. 71/2019, de 28 de febrero, estableció los valores del nuevo complemento extraordinario para las pensiones mínimas por invalidez y vejez del sistema de la seguridad social, que se empezaría a pagar a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de equiparar las cuantías de esas pensiones con el monto que reciben los pensionistas que se han beneficiado de las actualizaciones extraordinarias. Este complemento también se aplica a las pensiones del régimen especial de actividades agrícolas, del régimen no contributivo y regímenes análogos y de los regímenes transitorios para trabajadores agrícolas, así como a las pensiones mínimas del régimen de protección social convergente.
241.Por medio del Decreto Ley núm. 126-B/2017, de 6 de octubre, y del Decreto Ley núm. 73/2018, de 17 de septiembre, se estableció un nuevo régimen de jubilación anticipada, pensado para las personas con carreras de cotización muy largas y para los pensionistas que empezaran a cotizar a una edad muy temprana, que contempla el pago de la pensión sin penalizaciones para estos grupos de beneficiarios.
242.En 2017, se empezó a actualizar periódicamente el valor de referencia del Complemento Solidario para las Personas de Edad sobre la base de la evolución de los precios, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. El valor aumentó en un 0,5 % en 2017, en un 1,8 % en 2018 y en un 1,6 % en 2019. En la Ley núm. 114/2017, de 29 de diciembre, también se estipuló que las personas que se hubieran acogido a los regímenes de jubilación anticipada podrían acceder al Complemento Solidario para las Personas de Edad. Los beneficiarios de dicho Complemento también tienen derecho a recibir prestaciones adicionales para servicios médicos y gozan de descuentos en los precios del gas natural, la electricidad y el transporte público. En 2017 se estableció la Prestación Social para la Inclusión. Esta medida está dirigida a las personas mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 60 %. En octubre de 2018, se acordó la creación de un complemento financiero dirigido a las personas con discapacidad que se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad por tener graves necesidades económicas.
243.Más recientemente, se amplió el ámbito de cobertura de la Prestación Social para la Inclusión a los niños y jóvenes con discapacidad, dando así comienzo a la tercera fase de aplicación de esa medida, que reforzó el apoyo que ya se brindaba con otras prestaciones, en particular con el Complemento para Niños con Discapacidad, e introdujo un enfoque de la longevidad integrado y coherente que permite que, en caso necesario, una persona con discapacidad goce de la Prestación Social para la Inclusión durante toda la vida.
244.Por medio de la Ley núm. 100/2019, de 6 de septiembre, se aprobó el Estatuto del Cuidador Informal, que regula los derechos y deberes de los cuidadores y de las personas atendidas estableciendo las respectivas medidas de apoyo, y se introdujeron las correspondientes modificaciones en el Código de Regímenes de Cotización del Sistema de la Seguridad Social.
245.Gracias a los protocolos del Compromiso de Cooperación del Sector Social y Solidario para los bienios 2017-2018 y 2019-2020, los niveles de participación pública en las instituciones de la red de apoyo social para ampliar los servicios para el cuidado infantil y los servicios y equipos para las personas de edad registraron un aumento del 2,1 % con respecto a 2016, del 2,2 % en 2018 y del 3,5 % en 2019. A cambio, las instituciones deben dar acceso prioritario a los niños de familias con ingresos bajos y cumplir las normas relativas al cálculo de los reembolsos familiares. En 2018 y 2019, se ofreció apoyo financiero complementario a fin de satisfacer las necesidades adicionales de los beneficiarios, por ejemplo mediante la adaptación de los horarios o la asignación de más recursos humanos, entre otras medidas.
246.Por medio de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017 se eliminó la reducción del 10 % que se aplicaba a las prestaciones por desempleo una vez transcurridos seis meses desde el primer pago y se redujo de 360 a 180 días el período tras el cual una persona puede solicitar la prestación por desempleo prevista en la Medida Extraordinaria de Apoyo a los Desempleados de Larga Duración.
247.Por medio del Decreto Ley núm. 72/2017, de 21 de junio, se establecieron incentivos para la contratación de personas que buscan un primer empleo y de desempleados de larga y muy larga duración, consistentes en la concesión de exenciones totales o parciales a los empleadores en el pago de las contribuciones sociales derivadas de los contratos permanentes.
248.Por medio de la Ley núm. 90/2019, de 4 de septiembre, se reforzaron los derechos parentales. Mediante esa ley se estableció una licencia parental obligatoria de 20 días laborables (desde 2015 ese permiso era de 15 días laborables), de los cuales 5 deben tomarse de manera consecutiva tras el parto y los otros 15 pueden tomarse, de manera consecutiva o no, en un plazo de seis semanas tras el nacimiento. El padre (titular del derecho) también tiene derecho a una licencia parental de cinco días (consecutivos o no), que deben tomarse una vez transcurrido el período obligatorio y coincidiendo con la licencia parental inicial de la madre. En caso de que el niño tenga que permanecer hospitalizado inmediatamente después del período de hospitalización recomendado tras el nacimiento, la duración de la licencia parental inicial se aumentará hasta un máximo de 30 días. Los trabajadores tienen derecho a recibir prestaciones de la seguridad social durante el período de licencia.
249.Por medio del Decreto Ley núm. 53/2018, de 2 de julio, se amplió el régimen de protección social de los trabajadores por cuenta propia. Este régimen ha pasado a incluir dos prestaciones más: la prestación para el cuidado de los hijos (para atender a los hijos en caso de enfermedad o accidente) y la prestación para el cuidado de los nietos (para prestar ayuda tras el nacimiento de un nieto o para cuidar de él).
250.Por medio de la Ley núm. 133/2015, de 7 de septiembre, se creó un mecanismo para la protección de las mujeres trabajadoras embarazadas, que acaban de dar a luz y lactantes (cuadro 52, anexo II).
251.En 2017 se aprobó una nueva Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar (2017-2023), una vez concluida su primera edición, vigente durante el período 2009-2015. Según lo previsto, la ejecución de la Estrategia Nacional se lleva a cabo de conformidad con planes de acción bienales que deben ser preparados por un grupo interinstitucional integrado por organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro (el Grupo de Aplicación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia), encargadas de hacer un seguimiento de la aplicación de la Estrategia Nacional en estrecha colaboración con las Dependencias Locales de Planeamiento e Intervención en el Contexto de la Falta de Hogar, y aprobados por una comisión interministerial. Esta estructura de gobernanza, en la que se encuentran representados todos los ministerios, es la responsable de velar por que la definición, coordinación y aplicación de las políticas públicas en sus respectivas esferas de competencia estén en consonancia con los objetivos y metas de la estrategia en lo que se refiere a la falta de hogar.
252.En la Estrategia se establece claramente el objetivo de promover las soluciones de alojamiento para las personas y las familias, dando prioridad a las soluciones de alojamiento permanentes. Este plan de acción multidimensional aspira a acabar con la falta de hogar de aquí a 2023, sobre la base de los principios de no discriminación e igualdad.
253.El Ministerio del Mar participa en el grupo de trabajo sobre formación del Grupo de Aplicación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia, encargado de la preparación del Plan de Formación y del Curso de Prevención, Intervención y Apoyo para la Resolución de la Problemática relacionada con las Personas en Situación Sin Hogar en Portugal, así como de su celebración, seguimiento y difusión. En septiembre de 2017, estableció una alianza con For-Mar (Centro de Formación Profesional sobre la Pesca y el Mar) a fin de lograr los objetivos y metas estratégicos fijados en el Primer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar (2017-2023). El objetivo es empoderar a las personas sin hogar por medio de formación profesional e insertarlas en el mercado de trabajo, especialmente en profesiones relacionadas con el mar.
Respuesta al párrafo 14 b) de las observaciones finales
254.El Índice de Apoyo Social se mantuvo en 419,22 euros entre 2010 y 2017, cuando se reanudó el régimen de actualizaciones (que ya se había aplicado, parcialmente, en la actualización de las pensiones de 2016). En 2019, el Índice de Apoyo Social se incrementó hasta los 435 euros.
255.Esta actualización repercutió en varios regímenes de apoyo vinculados a la “condición de recursos”, como el valor de referencia de la renta social de inserción, la cuantía de la Prestación Social por Desempleo —dirigida a hogares de bajos ingresos—, los valores mínimos y máximos de la Prestación por Desempleo, la prestación familiar —al definir y fijar los límites de los tramos de renta de los hogares—, el límite mínimo para la prestación por enfermedad y la cuantía del subsidio por fallecimiento o por gastos de sepelio.
256.Entre 2014 y 2019, el salario mínimo nacional registró un aumento nominal de, aproximadamente, el 19 %, lo que representa un aumento real del poder adquisitivo del 14 %.
257.Entre 2013 y 2017, el porcentaje de personas empleadas pero en riesgo de pobreza se redujo del 10,7 % al 9,7 %. No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal correspondientes a 2018 muestran un repunte hasta el 10,8 %, por lo que el Gobierno está formulando nuevas medidas para hacer frente a este fenómeno.
Respuesta al párrafo 14 c) de las observaciones finales
258.Por medio del Decreto Ley núm. 1/2016, de 6 de enero, se introdujeron cambios en la Renta Social de Inserción; en concreto, se revirtió el recorte del 25 % que se había aplicado a la cuantía del valor de referencia y se modificó la escala de equivalencia aplicable. Estos cambios se tradujeron en un incremento del porcentaje de la cuantía que se otorga a cada adulto, que pasó del 50 % al 70 % del valor de referencia de la Renta Social de Inserción, y a cada menor de edad, que subió del 30 % al 50 % de ese mismo valor.
259.En 2017, se actualizó la cuantía de la Renta Social de Inserción, que pasó a representar el 43,634 % del valor del Índice de Apoyo Social, esto es, 183,84 euros, y se introdujeron varios cambios más en los requisitos, los niveles de ingresos y otras condiciones que deben cumplir los beneficiarios de la Renta Social de Inserción a fin de abarcar a un mayor número de personas.
260.En 2018 y 2019, se volvió a actualizar la Renta Social de Inserción, que actualmente se sitúa en 189,66 euros, lo que equivale al 43,525 % del Índice de Apoyo Social (cuadros 53 a 56, anexo II).
Respuesta al párrafo 15 a) de las observaciones finales
261.En 2013, con el fin de estudiar las condiciones de vivienda de las comunidades romaní y gitana en Portugal, se creó una encuesta que cada ayuntamiento debía responder sobre las comunidades presentes en su espacio geográfico.
262.Ese estudio, publicado en 2015, mostró que había 7.456 hogares ocupados por romaníes, de los cuales más de 1.900 eran asentamientos informales o viviendas inadecuadas.
263.Como resultado, en 2015 el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana puso en marcha un plan especial de realojamiento para esta comunidad en Campo Maior y en Peso da Régua. El programa nació como resultado de una alianza entre varias autoridades nacionales, regionales y locales.
264.En Campo Maior, el proyecto de realojamiento dio lugar a la construcción del barrio de São Sebastião, integrado por 53 viviendas que dieron hogar a unas 220 personas, lo que supuso una inversión total de aproximadamente 1,5 millones de euros, procedentes de fondos de la Unión Europea. En Peso da Régua, las 12 familias que vivían en un campamento cerca de la represa de Bagaúste fueron reubicadas en el barrio de Alagoas, resolviendo así un problema ambiental y social que llevaba existiendo en las orillas del río Duero desde hacía más de 30 años. También se rehabilitaron otras 11 viviendas vacías a fin de volver a hacerlas habitables, lo que supuso una inversión de aproximadamente 110.000 euros.
265.En 2016 se actualizó este estudio: por un lado, el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana creó registros municipales sobre las viviendas y asentamientos precarios en los que vivían las familias romaníes y, por el otro, se procedió a la georreferenciación de esos asentamientos utilizando Google Earth.
266.La mayoría de esos asentamientos degradados se encuentran en zonas metropolitanas y abarcan distintos tipos de alojamientos no convencionales (tiendas de campaña, campamentos, caravanas y estructuras prefabricadas). También se reunió un número considerable de fotografías de estos núcleos urbanos a fin de hacer una evaluación lo más detallada posible de esas situaciones.
267.En la Resolución núm. 48/2017 del Parlamento, de 20 de marzo, se estipuló que el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana debía coordinar la realización de una encuesta nacional de las necesidades de vivienda de cada municipio centrada en la precariedad. El documento resultante es el Diagnóstico de las Necesidades de Realojamiento en Portugal, que recoge toda la información recopilada por los municipios portugueses en su labor de identificación de las familias que presentan una situación de vivienda poco satisfactoria.
268.Este documento puso de manifiesto que:
Hay más de 25.000 familias cuya situación de vivienda es claramente insatisfactoria, al no presentar las condiciones necesarias en lo que se refiere a seguridad y comodidad.
La exclusión en materia de vivienda es un fenómeno que se da en todo el territorio nacional, si bien se observa una mayor concentración (el 74 % de las familias) en las zonas metropolitanas de Lisboa y Oporto.
Las situaciones de precariedad en lo que se refiere a la vivienda deberían ser objeto de un análisis más detallado a fin de determinar las opciones que se adaptan a las familias y a los contextos locales.
Deberían asignarse recursos financieros suficientes para dar respuesta a las necesidades graves y urgentes de vivienda mediante la eliminación de las situaciones indignas en las que siguen viviendo algunas familias.
269.Los datos recopilados contribuyeron a la formulación de un nuevo programa público llamado “1º Direito” (Primer derecho), encaminado a ofrecer soluciones a estas familias necesitadas.
Respuesta al párrafo 15 b) de las observaciones finales
270.En octubre de 2017, la Secretaría de Estado de Vivienda presentó una nueva generación de políticas de vivienda, aprobadas por medio de la Resolución núm. 50‑A/2018, de 2 de mayo, del Consejo de Ministros. En ella, se hacía un llamamiento a garantizar una vivienda adecuada a todas las personas cuya situación de vulnerabilidad y falta de recursos les impidiera acceder a ella.
271.Los programas previstos en esta nueva generación de políticas entraron en vigor en 2018, y tenían la misión de garantizar el acceso a una vivienda adecuada, entendida en el sentido amplio de hábitat y centrada en las personas, mediante la ampliación, con apoyo público, del número de beneficiarios y de las dimensiones del parque de viviendas.
272.El programa “Da Habitação ao Habitat” (De la vivienda al hábitat), establecido por medio de la Resolución núm. 56/2018, de 7 de mayo, del Consejo de Ministros, promueve la cohesión y la integración socioterritorial de los barrios de alquiler social con el objetivo de mejorar las condiciones generales de vida de sus residentes.
273.Este programa se basa en intervenciones piloto que se asientan sobre soluciones innovadoras para la gestión integrada y participativa, la coordinación de los objetivos y las medidas de los distintos ámbitos de gobierno, la puesta en marcha de procesos colaborativos de toma de decisiones y el establecimiento de compromisos de acción.
Respuesta al párrafo 16 de las observaciones finales
274.El programa “1º Direito”, que forma parte de la nueva generación de políticas de vivienda, es un proyecto nuevo destinado a garantizar las condiciones de acceso a una vivienda adecuada para las personas que viven en condiciones indignas y que carecen de capacidad financiera para acceder a una solución de vivienda adecuada. Si bien el origen étnico de la familia no es un criterio que se tenga en cuenta, un número considerable de familias pertenecen a la comunidad romaní.
275.A fin de poner en marcha este programa, el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana ha adoptado un enfoque colaborativo para que los municipios puedan reconocer el déficit de viviendas en su territorio y buscar las soluciones más adecuadas para dar respuesta a esas necesidades. El Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana proporciona financiación tanto a los municipios como a la población para el realojamiento, la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas. A febrero de 2020, los municipios habían presentado soluciones para 15.682 familias necesitadas.
Respuesta al párrafo 17 de las observaciones finales
276.Desde 2015, el Gobierno de Portugal viene asignando gran prioridad a la cuestión del abandono escolar prematuro. Se han tomado muchas medidas para hacer frente a ese desafío, como por ejemplo:
La puesta en marcha del Programa Nacional de Promoción del Éxito Académico, en el marco del cual se ofrecen más de 100 millones de euros para la adopción de medidas destinadas a prevenir el fracaso escolar, un factor clave para predecir el abandono escolar prematuro.
El fortalecimiento del presupuesto asignado a la Acción Social Escolar, a fin de dar apoyo a los estudiantes provenientes de familias pobres.
La creación del programa de tutorías individuales, dirigido a todos los alumnos que hayan repetido más de un curso en su trayectoria académica.
La aprobación de la Ley de Educación Inclusiva (Decreto Ley núm. 54) y la reorganización de los planes de estudios (por medio del Decreto Ley núm. 55), medidas con las que se ha reforzado el papel que desempeña la escuela en la integración de todos los alumnos.
277.Estas medidas, entre otras, han sido decisivas para la disminución progresiva de las tasas de abandono escolar prematuro, que pasaron del 17,4 % en 2014 al 10,7 % en 2019. Durante el mismo período, en el promedio de la Unión Europea las tasas de abandono escolar prematuro bajaron solamente del 11,1 % al 10,2 %.
Respuesta al párrafo 18 de las observaciones finales
278.El sistema educativo portugués no permite la creación de clases separadas por motivos de origen, raza, origen étnico o cultura.
279.Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes es garantizar la igualdad en el acceso de las comunidades romaníes a la educación. Cuando empezaron a surgir voces a favor de la segregación escolar, el Alto Comisionado para las Migraciones y otros organismos públicos, como el Ministerio de Educación y el Defensor del Pueblo de Portugal, adoptaron medidas inmediatas en sentido contrario.
280.El abandono escolar prematuro es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las comunidades romaníes. A fin de prevenir y hacer frente a este obstáculo, la integración de los niños y jóvenes romaníes se aborda como un proceso bidireccional en el que intervienen tanto la comunidad romaní como el sistema educativo. Por consiguiente, en los últimos años se ha promovido un número considerable de actividades de sensibilización dirigidas a los niños y jóvenes romaníes.
281.En 2016, el Ministerio de Educación realizó una encuesta periódica para hacer un seguimiento de la situación de las comunidades romaníes en las escuelas portuguesas. De acuerdo con el informe resultante (disponible en el sitio web de la Dirección General de Estadísticas sobre Educación y Ciencia), aproximadamente el 70 % de los alumnos romaníes reciben apoyo financiero para sufragar los gastos relacionados con la educación. Todos los alumnos pueden beneficiarse de este fondo, en función de la declaración de del impuesto sobre la renta de sus progenitores. La cuantía de las becas se aumentó para cubrir nuevos gastos, como las visitas y viajes de estudios y las comidas diarias durante los recesos. Según ese mismo informe, también se registró un aumento importante —y equilibrado en cuanto al género— de las tasas de escolarización de los niños romaníes en los niveles de preescolar y de la enseñanza secundaria de ciclo superior, lo cual refleja una mayor conciencia de la importancia de la educación entre las familias romaníes.
282.Puesto que la educación constituye una esfera básica, la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2013-2020 incluía un pilar dedicado exclusivamente a este asunto: la prioridad núm. 22, relativa a la prevención del abandono escolar prematuro.
283.Esta prioridad se centraba en dos cuestiones: por un lado, en la necesidad de concienciar a las escuelas acerca de la importancia de flexibilizar los programas educativos y formativos, de modo que se adaptaran a las necesidades individuales de los alumnos, y de combatir la repetición sucesiva de cursos; por otro lado, en la importancia de velar por que las familias romaníes se involucraran en la educación de sus hijos, por medio de un seguimiento estrecho adaptado a las necesidades de cada alumno. Las metas generales eran:
Reducir las tasas de abandono escolar prematuro entre los niños romaníes en un 40 % para 2016 y en un 60 % para 2020.
Lograr la implicación del 30 % de las familias romaníes en la educación de sus hijos e hijas para 2016 y del 60 % para 2020.
284.Otro de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes era el fortalecimiento de las competencias básicas y la formación de los adultos romaníes, en especial promoviendo su matriculación en los Centros Qualifica para recibir orientación profesional y realizar cursos de educación o formación profesional.
285.Entre los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2018-2022, se encuentra el de garantizar el acceso efectivo a la educación, el éxito académico y el aprendizaje permanente de la población romaní (objetivo estratégico núm. 5), el cual se divide en los siguientes objetivos específicos:
Promover y reforzar la capacidad de las escuelas agrupadas y no agrupadas para asegurar la integración y el éxito académico de los niños y jóvenes romaníes en la enseñanza primaria y secundaria (objetivo específico 5.1).
Promover la integración y el éxito académico de los alumnos romaníes matriculados en la enseñanza superior (objetivo específico 5.2).
Reforzar las competencias básicas de los hombres y mujeres romaníes analfabetos (objetivo específico 5.3).
Impartir formación al personal de la seguridad social y de los servicios de protección infantil (objetivo específico 5.4).
286.En lo referente a la medida 5.1.4 (refuerzo de la participación de las personas romaníes en actividades de la educación no formal), se superaron las metas establecidas para los indicadores asignados al Alto Comisionado para las Migraciones: 5.013 personas (entre niños y jóvenes romaníes y sus familiares) han participado en el Programa Opciones (se ha superado en un 25,33 % la meta fijada para 2018); se han organizado 34 actividades en el marco del Programa Opciones para promover el acceso a la cultura romaní (la meta fijada para 2018 era de 20 actividades).
287.De manera simultánea, se han puesto en marcha varias actividades y proyectos, tanto de la mano del Alto Comisionado para las Migraciones como en el marco del Programa Opciones, para hacer frente a este problema.
288.El Programa Opciones tiene por objeto promover la inclusión social de los niños y jóvenes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos, en particular los provenientes de familias migrantes y romaníes.
289.Puesto que el abandono escolar prematuro tiene más probabilidades de ocurrir en estas comunidades, una de las esferas estratégicas de intervención de este Programa es la educación y la formación, la cual incluye una medida destinada a fomentar la inclusión escolar y la educación no formal y a estimular la formación profesional y la especialización.
290.En total, 4.843 niños y jóvenes romaníes participaron en la sexta generación del Programa Opciones (2016-2018). De los 112 proyectos llevados a cabo en el marco del Programa, 100 preveían estrategias y actividades de intervención centradas en la educación y la formación. Para medir los indicadores se tiene en cuenta a todos los participantes en los proyectos, y los datos muestran que, en total, 34.435 niños y jóvenes se beneficiaron de esta medida, lo que se tradujo en una tasa general de aprobados del 81,3 %.
291.Durante su primer semestre de ejecución (de enero a junio de 2019), 12.594 personas participaron en la séptima generación del Programa Opciones, de los cuales 10.407 eran niños y jóvenes (el 54 % de sexo masculino y el 46 % de sexo femenino), 2.213 de ellos de la comunidad romaní. De un total de 103 proyectos, 95 se centraron en la esfera estratégica de la educación, la formación y la especialización.
292.En el marco del Programa Roma Educa, se otorgan becas a alumnos romaníes de enseñanza secundaria, preferentemente a aquellos que viven en territorios en los que se ejecutan proyectos financiados a través del Programa Opciones, a fin de prevenir el abandono escolar y ayudar a los alumnos que cursan estudios superiores. En el año académico 2019/20 se concedieron 58 becas.
293.El Programa Operacional para la Promoción de la Educación presta apoyo a los alumnos pertenecientes a comunidades romaníes para acceder a la universidad y permanecer en ella. Su objetivo es reducir las barreras existentes entre esas comunidades y el sistema educativo formal, así como prevenir el abandono prematuro en este ciclo de estudios.
294.Los participantes y sus familias no solo disfrutan de una beca, sino también de acceso a actividades de formación, tutoría y seguimiento. Un componente innovador de este Programa es el requisito que exige una representación mínima del 40 % de cada sexo entre los beneficiarios, a fin de fomentar la paridad de género. Otorgamos mucha importancia a lograr que las niñas romaníes participen ampliamente en este Programa.
295.Primera edición (2016/17):
24 becas
13 mujeres, 11 hombres
Procedentes de diversos ámbitos académicos, pero principalmente las ciencias sociales
Tasa de aprobados: 71 % (77 % entre las mujeres y 64 % entre los hombres)
296.Segunda edición (2017/18):
32 becas
28 becarios concluyeron el programa
12 mujeres, 16 hombres
Procedentes de diversos ámbitos académicos, pero principalmente las ciencias sociales
Tasa de aprobados: 64 % (75 % entre las mujeres y 56 % entre los hombres)
297.Tercera edición (2018/19):
33 candidatos
17 mujeres, 16 hombres
Tasa de aprobados: 88 % (82 % entre las mujeres y 94 % entre los hombres)
298.La cuarta edición del Programa Operacional para la Promoción de la Educación se puso en marcha en enero de 2020. Se concederán 40 becas.
299.La inserción socioprofesional es fundamental para los procesos de inclusión de las comunidades romaníes. Puesto que las comunidades romaníes se enfrentan a problemas tales como bajos niveles de asistencia escolar y discriminación en el mercado de trabajo, en 2018 se puso en marcha el Programa de Inserción Socioprofesional de las Comunidades Romaníes para dar respuesta a esos desafíos.
300.Este Programa, que se enmarca en el programa operativo para Portugal relativo a la inclusión social y el empleo del Fondo Social Europeo y cuenta con un presupuesto total de 1.500.000 euros, estaba dirigido a participantes de las regiones del Norte, Centro y Alentejo. Se han presentado 11 solicitudes, de las cuales se han aprobado 9.
Respuesta al párrafo 19 de las observaciones finales
301.Portugal ha aprobado una política de cooperación para el desarrollo que contempla la defensa de los derechos humanos y mantiene el compromiso de cumplir sus metas en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD).
302.No obstante, dado que la economía todavía no ha exhibido signos firmes y persistentes de crecimiento desde la reciente crisis económica, resulta prematuro fijar un calendario para aumentar la AOD. Además, la situación creada por la pandemia por coronavirus tendrá efectos inciertos, pero sin duda muy negativos, en la economía.
Respuesta al párrafo 20 de las observaciones finales
303.Las principales estrategias y programas que se aplican en Portugal cuentan con un sistema de seguimiento integrado por una serie de indicadores, así como con estudios para evaluar las medidas previstas. El Programa Nacional de Reformas es un ejemplo de esa práctica. Además de la labor de seguimiento y evaluación que se lleva a cabo para el cumplimiento de las metas de la Estrategia Europa 2020, el Programa Nacional de Reformas ofrece información sobre los estudios de evaluación previstos para algunas de esas medidas.
304.Por lo que respecta a las políticas sociales y de empleo, la Oficina de Estrategia y Planificación del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social realiza estudios, en particular estudios prospectivos y evaluaciones de las políticas, que contribuyen a definir, mejorar y estructurar las estrategias, políticas, prioridades y objetivos. Algunos ejemplos son el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Salario Mínimo; el Programa de Apoyo a las Personas Más Necesitadas; el Sistema de Seguimiento de la Estrategia para la Igualdad Salarial; y los ejercicios y estudios de evaluación de la sostenibilidad social y financiera de la Seguridad Social. La labor de supervisión de la aplicación de las políticas activas del mercado de trabajo recae en el Instituto de Empleo y Formación Profesional y en el Servicio Público de Empleo, y el Ministerio realiza estudios sobre los efectos de esas medidas en la empleabilidad de los distintos grupos a los que están dirigidas.
305.Más recientemente, el Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social empezó a ofrecer una serie de indicadores para hacer un seguimiento de la estrategia concebida para hacer frente a los efectos sociales y económicos en el mercado de trabajo de la pandemia de COVID-19, lo que incluye el seguimiento de las medidas y los programas de apoyo social dirigidos a las empresas, los trabajadores y las familias en este contexto.
306.El Organismo para el Desarrollo y la Cohesión se encarga de evaluar las medidas relativas a las políticas sociales y de empleo financiadas por los Fondos Estructurales Europeos en Portugal.
307.Durante el proceso de seguimiento de la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2013-2020, el Alto Comisionado para las Migraciones llevó a cabo un examen en profundidad de dicha Estrategia por medio de un amplio proceso de consulta, similar a los talleres de reflexión. En este proceso participativo intervinieron gobiernos locales, coordinadores de la Estrategia, asociaciones y representantes de las comunidades romaníes. Los resultados han revelado la necesidad de modificar la definición de la Estrategia y redefinir las esferas de intervención prioritarias. A fin de alcanzar esos objetivos, el período de ejecución de la Estrategia se prorrogó hasta 2022.
308.El Ministerio de Economía elaboró el proyecto de Plan Nacional de Acción sobre la Conducta Empresarial Responsable y los Derechos Humanos 2020-2022. Su principal objetivo es promover la adopción de prácticas de gestión basadas en la responsabilidad social empresarial y que estén en sintonía con un enfoque basado en los derechos humanos que se asiente sobre los marcos jurídicos y las directrices europeos e internacionales relativos al respeto de los derechos humanos. El Plan tiene en cuenta la importancia de las dimensiones económica, social, cultural y ambiental del concepto de responsabilidad social empresarial y les asigna diversos indicadores con el fin de evaluar los resultados y efectos de estas medidas entre 2020 y 2022.
309.En un sentido más amplio, este Plan aspira a crear una conciencia más tangible acerca de cuestiones de derechos humanos en el seno de las organizaciones y, al mismo tiempo, estimular la creación de redes colaborativas, en organizaciones tanto públicas como privadas, que se centren en la ejecución de los planes y actividades en materia de responsabilidad social y derechos humanos.
310.El Ministerio de Salud también cuenta con planes destinados a prevenir y combatir todos los tipos de violencia intersectorial, que incorporan sus propios métodos para el seguimiento y la evaluación de las medidas propuestas.
311.El Programa Nacional de Salud para la Prevención de la Violencia en el Ciclo de la Vida (Orden Ministerial núm. 9494/2019, de 21 de octubre) comprende la Acción de Salud para Niños y Jóvenes en Situación de Riesgo y la Acción de Salud sobre el Género, la Violencia y el Ciclo de la Vida. Establece modelos de respuesta en el contexto de la violencia interpersonal —desde el punto de vista del ciclo de la vida— que están en consonancia con la normativa y los marcos jurídicos nacionales e internacionales y con las políticas públicas nacionales, con el fin de integrar las medidas recomendadas en la estrategia de salud para la prevención de la violencia y en otros programas y servicios de salud.
312.Los planes de actividades y los informes de evaluación del Programa Nacional de Salud para la Prevención de la Violencia en el Ciclo de la Vida refuerzan la interseccionalidad al recopilar las medidas relativas al sector de la salud que se describen en la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes, el IV Plan de Acción para la Prevención y la Lucha contra la Trata de Personas y la Estrategia Nacional para los Derechos del Niño 2019-2022 (fase de consultas públicas).
313.A principios de 2020, el Ministerio de Defensa Nacional creó una Oficina para la Igualdad de Género, a la que asignó las siguientes funciones:
Supervisar la elaboración de políticas sobre igualdad de género a nivel nacional e internacional.
Coordinar la planificación, seguimiento y evaluación de los planes nacionales de acción que forman parte de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación.
Coordinar la planificación, seguimiento y evaluación de los planes nacionales de acción para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Planificar, vigilar y evaluar la ejecución de los Planes de Acción de Defensa para la Igualdad.
314.Portugal se ha esforzado por garantizar a todas las personas el acceso a los derechos culturales y su ejercicio. En la actualidad, se está trabajando por promover el disfrute y la organización de actividades culturales y la participación en ellas, especialmente entre las comunidades más vulnerables y marginadas. Con tal fin, se han formulado medidas para consolidar un clima de tolerancia y respecto de la diversidad cultural.
315.La ejecución del Plan Nacional para las Artes (2019-2029), entre otros, representa la aspiración política de integrar el arte y la cultura para fomentar el acceso a la diversidad. Estas también resultan fundamentales para la inclusión y la formación ciudadana permanente, así como para la construcción de comunidades cohesionadas, integradoras y participativas.
316.El Plan de Acción Estratégica del Plan Nacional para las Artes gira en torno a tres ejes:
Eje A: Política cultural
Eje B: Empoderamiento
Eje C: Educación y acceso
317.En cada uno de estos ejes se definen las medidas, compromisos, acciones, entidades involucradas en la ejecución, indicadores de resultados y calendarios de aplicación.
318.El diseño de este plan de acción cumple los objetivos del Plan Nacional para las Artes, entre los cuales cabe destacar la importancia que se otorga al objetivo de hacer un seguimiento y una evaluación continuos de los resultados y los efectos de los programas y medidas a fin de obtener un análisis más adecuado de la realidad, para así poder adaptar las fases posteriores del plan de acción.
Respuesta al párrafo 21 de las observaciones finales
319.La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Portugal, creada en virtud de la Resolución núm. 27/2010, de 8 de abril, del Consejo de Ministros, es un órgano de coordinación interministerial que tiene por misión adoptar un enfoque integrado de los derechos humanos y concertar un plan de acción para las entidades públicas y privadas.
320.La Comisión se encarga de coordinar los distintos Ministerios con el fin de definir la posición del país en los órganos internacionales de derechos humanos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los instrumentos internacionales en esta esfera.
321.Asimismo, tiene la responsabilidad de fomentar la producción y divulgación de documentación sobre las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales, en este ámbito, además de promover y difundir conocimientos en lo que se refiere a los derechos humanos.
322.Hasta la fecha, los miembros de la Comisión han publicado indicadores respecto de los siguientes derechos humanos: el derecho a la educación; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; y la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer.