Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

73 er período de sesiones

13 de febrero a 3 de marzo de 2023

Examen de los informes: informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Respuestas de Portugal a la lista de cuestiones relativa a su quinto informe periódico * **

[Fecha de recepción: 27 de mayo de 2022]

I.Información general

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (E/C.12/PRT/Q/5)

Casos en que los tribunales del Estado parte aplican o invocan disposiciones del Pacto, número de ocasiones en que se ha hecho y ejemplos

1.En Portugal, solo es posible hacer una búsqueda por términos en las bases de datos de jurisprudencia de los tribunales superiores. Los ejemplos que figuran a continuación reflejan todos los resultados obtenidos al buscar “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, cuando la referencia a este tratado internacional forma parte de la motivación de la sentencia y de las explicaciones de voto.

2.Caso núm. 1 del Tribunal Constitucional: El litigio se refería a la cuestión de una propiedad que era la vivienda habitual de ocho personas, entre ellas niños, en situación de fragilidad económica demostrada, para saldar una deuda derivada de un crédito personal. Uno de los jueces emitió un voto particular en el que hizo referencia al artículo 11, párrafo 1, del Pacto.

3.Caso núm. 2 del Tribunal Constitucional: En esta sentencia sobre la constitucionalidad de ciertas normas que suprimían el préstamo subvencionado y el préstamo subvencionado para jóvenes, el Tribunal Constitucional afirmó la importancia innegable del derecho a la vivienda que resulta de la dignidad humana, el cual es indispensable para hacer efectivos otros derechos humanos, de conformidad con el artículo 11, párrafo 1, del Pacto.

4.Caso núm. 1 del Tribunal Supremo: El demandante alegaba que se debía ordenar al Estado que lo indemnizase por los daños materiales y morales que sufrió cuando se le aplicó ilícitamente la prisión preventiva. El Tribunal dictaminó que la prisión preventiva era ilícita porque se había cometido un craso error al no haber pruebas que indicaran que el demandante hubiera cometido el delito. Uno de los magistrados, a pesar de estar de acuerdo con la condena de indemnización y la cuantía de la misma, emitió un voto particular concurrente en el que invocó el artículo 2, párrafo 2, del Pacto para justificar el derecho a la indemnización de conformidad con el régimen jurídico en materia de responsabilidad del Estado por hechos lícitos.

5.Caso núm. 1 del Tribunal de Apelación de Oporto: En la motivación de la sentencia, al tratar la cuestión del rango del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces también afirmaron la pertinencia constitucional del Pacto.

6.Caso núm. 2 del Tribunal de Apelación de Oporto: Basándose en el artículo 10, párrafo 1, del Pacto, y en otros instrumentos internacionales, la sentencia revocó la resolución del tribunal de primera instancia y fijó una medida de protección menos onerosa para un menor.

7.Caso núm. 3 del Tribunal de Apelación de Oporto: El Tribunal se basó en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto y en otros instrumentos internacionales para aclarar el concepto de vivienda que figuraba en un título constitutivo de la propiedad horizontal, en el que se establecía que una fracción se destinaba a vivienda. Considerando que una vivienda es el lugar en el que se materializan los derechos fundamentales inherentes a la personalidad física y jurídica, el Tribunal excluyó la posibilidad de que una fracción destinada a vivienda se utilizase con fines de alojamiento temporal (turístico o de alquiler).

8.Caso núm. 4 del Tribunal de Apelación de Oporto: Al pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de una interpretación literal del artículo 106, párrafo 1, del Código de Insolvencia y de Recuperación de Empresas por una vulneración del derecho a la vivienda, el Tribunal basó su decisión en el artículo 11, párrafo 1, del Pacto.

9.Caso núm. 5 del Tribunal de Apelación de Oporto: el Tribunal de Apelación invocó el artículo 10, párrafo 3, del Pacto para justificar la adopción de medidas especiales de protección y asistencia que garantizaran una protección judicial efectiva a todos los niños y adolescentes. El Tribunal revocó una resolución por la que se denegaba una solicitud de trasladar temporalmente la residencia del menor al extranjero, ya que esta decisión hacía peligrar el contrato de trabajo de la madre e impedía que el niño se incorporase a su debido tiempo al sistema escolar extranjero.

Grado de conocimiento general de los derechos recogidos en el Pacto entre la población del Estado parte y actividades llevadas a cabo para dar a conocer los derechos económicos, sociales y culturales, así como la posibilidad de invocarlos ante la justicia

10.La mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el Pacto también están consagrados en el Título III de la Constitución de la República Portuguesa y recogidos en el derecho común. Todos ellos pueden hacerse valer ante los tribunales nacionales.

11.La legislación nacional consagra el derecho a la información, que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos a la ciudadanía y a la libre determinación. Especial muestra de ello es la obligatoriedad de aplicar normas de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de sitios web de la Administración. Para mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad, se ofrece de forma generalizada interpretación a la lengua de señas e información en braille.

12.La Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar (2017‑2023), la Estrategia Nacional para la Promoción de los Derechos de la Infancia (2021‑2024), la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza (2021-2030) y la Estrategia Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2021-2025) pasaron un proceso de consulta pública durante su fase de elaboración y algunas contemplan medidas concretas para garantizar el acceso a la información de los grupos a los que van destinadas.

13.Todas las medidas legislativas en el ámbito social y laboral se debaten en el Consejo Económico y Social con los interlocutores sociales y otros representantes de la sociedad civil y se difunden ampliamente en el sitio web del Gobierno y en los medios de comunicación antes de ser aprobadas. Las entidades encargadas de la aplicación de la legislación suelen realizar actos y campañas de sensibilización en el ámbito nacional.

14.La educación cívica desempeña un papel fundamental a la hora de concienciar a los jóvenes y los niños en edad escolar acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. La Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a que desarrollen proyectos que, en particular, promuevan sociedades más inclusivas y justas en el marco de la democracia, el respeto de la diversidad y la defensa de los derechos humanos, y a que participen activamente en ellos. Además, el marco curricular integra el componente Ciudadanía y Desarrollo en toda la estructura educativa y formativa (desde la educación primaria hasta la educación secundaria de ciclo superior) y es una asignatura autónoma desde el quinto hasta el noveno grado.

15.En el ámbito de la cultura, se ha adoptado la Estrategia de Promoción de la Accesibilidad y la Inclusión en Museos, Monumentos y Palacios (2021-2025) con vistas a fortalecer la protección de los derechos humanos, a luchar contra todas las formas de discriminación y a promover la accesibilidad y la inclusión para todas las personas en los equipamientos y servicios ofrecidos por el Ministerio de Cultura.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

16.Desafortunadamente todavía no se ha aprobado el plan de acción. El proyecto de Plan Nacional de Acción sobre la Conducta Empresarial Responsable y los Derechos Humanos se encuentra en la fase final de validación política. Ha pasado por un proceso de consultas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyos miembros más relevantes han contribuido al mismo.

17.En Portugal se puede solicitar ante los tribunales, incluidos los competentes en materia civil, penal, administrativa y laboral, reparación por violaciones de los derechos humanos que se produzcan como resultado de los actos de empresas. Esto incluye los actos cometidos por empresas portuguesas en el extranjero.

18.En cuanto a los delitos cometidos fuera del territorio nacional en los que se hayan visto involucradas empresas, la legislación portuguesa solo podrá aplicarse cuando los hechos delictivos hayan sido cometidos por una empresa cuya sede se ubique en Portugal, o contra ella, y cuando la nacionalidad o residencia de la víctima no sea relevante.

19.Según el derecho civil, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición del Reglamento Bruselas I).

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

20.Portugal se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050 y ha fijado metas ambiciosas para 2030 respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética. Además, ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32 % en comparación con el año 2005 y ha logrado una cuota de energías renovables del 59 % en la generación de electricidad. En la actualidad, Portugal no utiliza el carbón como fuente de energía y está acelerando la adopción de energías renovables, en especial la solar, con la intención de alcanzar el 80 % de aquí a 2030.

21.Portugal hizo una contribución de 2 millones de euros para el Fondo Verde para el Clima en 2015 y otra de 1 millón de euros en 2019.

II.Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto (arts. 1 a 5)

Máximo de los recursos disponibles (art. 2, párr. 1)

Respuesta al párrafo 4 a), b), c), d) y e) de la lista de cuestiones

22.Véase el anexo 1.

No discriminación (art. 2, párr. 2)

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

23.Las autoridades portuguesas han establecido una serie de estrategias, programas y medidas para remediar las desigualdades desde distintas perspectivas y están aplicándolas actualmente.

24.Desde una perspectiva sectorial, cabe citar los siguientes ejemplos: la Estrategia Nacional para la Integración de Personas en Situación sin Hogar (2017-2023), la Estrategia Nacional para la Promoción de los Derechos de la Infancia (2021-2024), la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza (2021-2030), la Estrategia Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2021-2025), el Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil y las distintas políticas activas del mercado de trabajo.

25.Desde una perspectiva territorial, cabe citar los siguientes ejemplos: el Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio, los Enfoques Integrados de Desarrollo Territorial, la Estrategia de Cohesión Territorial, los Contratos Locales de Desarrollo Social y el Programa +CO3SO de Empleo en el Interior.

26.Desde una perspectiva mixta, el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se ha aprobado recientemente, integra medidas importantes para fortalecer la capacidad de respuesta de la economía y la sociedad portuguesas ante las repercusiones de la COVID-19. Este plan contempla medidas para mejorar la formación y la cualificación profesional de la población, lo que contribuye a la lucha contra las desigualdades. Estas medidas incluyen las siguientes:

Modernización de las instituciones de enseñanza y formación profesional. Se pretende expandir, mejorar y diversificar la capacidad pedagógica y técnica de los espacios de formación y educación, reforzar la calidad de la formación y la capacidad del Instituto de Empleo y Formación Profesional y de las escuelas profesionales para proporcionar respuestas formativas que a su vez mejoren la cualificación y las competencias de los jóvenes, con vistas a promover la competitividad de las empresas, lo que impulsaría la creación de empleo cualificado.

El programa Impulso Adultos, dirigido a mejorar la cualificación profesional de los adultos en el marco de la enseñanza terciaria.

El programa Impulso Jovens STEAM, que tiene como objetivo mejorar la cualificación profesional de los jóvenes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las humanidades y las matemáticas.

27.Otro objetivo principal del Plan de Recuperación y Resiliencia es luchar contra la precariedad y la segmentación del mercado laboral a través de la negociación colectiva, mejorar la formación y la cualificación y promover que la población tenga una remuneración adecuada e ingresos dignos. Para conseguir estos propósitos, el Gobierno ha puesto en marcha la medida de apoyo a la contratación Compromisso Emprego Sustentável, ya contemplada en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que tiene como fin la creación de empleo permanente a través de la prestación de apoyo directo al empleador.

Respuestas al párrafo 6 de la lista de cuestiones

Estadísticas y datos desglosados

28.En el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación 2021‑2025, el Instituto Nacional de Estadística de Portugal está realizando por primera vez una encuesta sobre las condiciones de vida, el origen y la trayectoria de la población residente. La encuesta piloto se llevó a cabo entre el 18 de octubre de 2021 y el 16 de enero de 2022, con el objetivo principal de poner a prueba un cuestionario que incluía una pregunta sobre la autoidentificación de los encuestados respecto a su origen étnico y módulos específicos sobre sus experiencias en materia de discriminación. Asimismo, la encuesta piloto se realizó con la intención de poner a prueba el diseño de muestreo para garantizar que en ella quedase representada la diversidad de la población residente, por ejemplo determinadas minorías étnicas.

29.El Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación también contempla las siguientes medidas relativas a la obtención de datos pertinentes y a la realización de estudios relevantes:

Crear el Observatorio Independiente del Discurso de Odio, el Racismo y la Xenofobia, con el fin de producir, recopilar, procesar y difundir información y conocimientos en los distintos ámbitos y sectores que abarca el plan.

Diseñar y poner en marcha una encuesta sobre diversidad e inclusión laboral en el empleo en la Administración pública.

Crear un grupo de trabajo intersectorial para examinar y poner en común los enfoques de recopilación de datos en la Administración pública, sobre la base de la encuesta sobre diversidad e inclusión, y para aplicar metodologías armonizadas.

Definir y poner en marcha un modelo para fomentar los proyectos de investigación, basado en modelos existentes, como el Perfil Escolar de Comunidades Romaníes.

Lanzar una convocatoria especial de licitación para apoyar proyectos de investigación sobre la memoria de la esclavitud y el colonialismo, y sobre la presencia histórica de grupos discriminados.

Profundizar en el conocimiento del nivel y los cauces de representación de los grupos que sufren discriminación en el Sistema de Promoción y Protección de la Infancia y la Juventud.

Profundizar en el conocimiento sobre el sistema penitenciario y la tutela educativa, en lo relativo a las trayectorias y la presencia de grupos que sufren discriminación.

Hacer un seguimiento de los indicadores relativos a la actividad de las fuerzas de seguridad.

30.Además, desde 2017 la Comisión de Igualdad y Lucha contra la Discriminación Racial elabora y publica un informe anual en el que se presentan las principales tendencias y datos estadísticos relativos a la discriminación por motivos de origen étnico y racial, nacionalidad, ascendencia y lugar de origen. En este documento pueden encontrarse datos desglosados según distintas categorías, como el sexo de la víctima, el tipo de discriminación o las expresiones más utilizadas para transmitir mensajes discriminatorios o racistas.

Documento de identidad

31.Portugal ha intentado simplificar los trámites requeridos para la obtención de un documento de identidad y ha velado por que las personas sin domicilio fijo puedan obtenerlo. La Ley núm. 61/2021 actualmente establece que un ciudadano que carezca de domicilio postal puede indicar, a los efectos de obtener un documento de identidad, la dirección del servicio de la seguridad social competente en el territorio o, en su defecto, del ayuntamiento, de una asociación o una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, o, si las demás alternativas resultan inviables, un apartado de correos, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

32.Estas medidas legislativas se centraban en particular en las comunidades que habitualmente no tienen domicilio fijo, es decir, las personas sin hogar y las comunidades con estilos de vida tradicionalmente nómadas, como las romaníes. Todavía no es posible evaluar el impacto que han tenido debido a que se trata de medidas muy recientes.

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (art. 3)

Respuestas al párrafo 7 de la lista de cuestiones

Proyecto “El valor del trabajo no remunerado de mujeres y hombres: trabajo de cuidados y tareas domésticas”

33.A continuación se detallan algunas de las conclusiones preliminares de este proyecto:

Es probable que en 2030 el peso relativo de los cuidados no remunerados que prestan las familias haya disminuido de un 44 % a un 34,5 % de las necesidades de cuidados.

Es posible que el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en Portugal represente, por lo menos, alrededor de 40.000 millones de euros al año (metodología basada en el salario mínimo nacional), 62.000 millones (metodología basada en la remuneración media de los profesionales que suelen realizar estas actividades), 65.000 millones (metodología basada en la remuneración media nacional) o casi 78.000 millones (metodología basada en el ingreso nacional medio).

Las mujeres son responsables de casi el 70 % del valor monetario de todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

La proporción de trabajo no remunerado oscilaría entre el 15,6 % y el 26,6 % del PIB total, según la metodología de cálculo utilizada.

Seguridad social

34.En un principio, los cuidados informales no remunerados se integraron en el sistema de la seguridad social a través de su inclusión en el subsistema de solidaridad del sistema de Protección Social de la Ciudadanía. En este subsistema, los cuidadores informales pueden recibir la Renta Social de Inserción y tienen derecho a una prestación para cuidadores informales, si procede, previa comprobación de sus recursos. También tienen la posibilidad de afiliarse al régimen voluntario del Seguro Social.

35.Durante 2020 y 2021, habida cuenta de las repercusiones de la pandemia, se adoptaron varias medidas de apoyo extraordinario y temporal vinculadas al trabajo de los cuidadores. Por ejemplo, se ofreció la posibilidad de utilizar el Servicio de Apoyo Domiciliario ( Serviço de Apoio Domiciliário ) y la Red Nacional de Cuidados Continuados Integrados para obtener recursos y apoyo. En 2022 se ha aprobado legislación para extender los proyectos piloto a todo el territorio nacional, introduciendo cambios que racionalizan y amplían el sistema de reconocimiento y las medidas aplicables a los cuidadores informales, lo que constituye una importante medida de política social. También cabe destacar la simplificación del proceso de reconocimiento de la condición de cuidador informal y la ampliación del reconocimiento de los cuidados que se prestan a más de un miembro de la familia.

36.Paralelamente, y en el contexto del apoyo a la progresión y el desarrollo de su actividad, se prevé promover la integración de los cuidadores informales en el mercado de trabajo, el acceso al reconocimiento, la convalidación y la certificación de competencias, el reconocimiento como estudiante-trabajador y la regulación de la conciliación entre la actividad profesional y la prestación de cuidados, con un régimen de ausencias, permisos y organización del tiempo de trabajo, así como medidas que favorezcan esa conciliación.

III.Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto (arts. 6 a 15)

Derecho a trabajar (art. 6)

Respuestas al párrafo 8 de la lista de cuestiones

37.La Constitución de la República Portuguesa garantiza el derecho fundamental a elegir libremente una profesión o un tipo de trabajo (art. 47). La libertad de ejercer cualquier trabajo, oficio o profesión se concibe en el texto constitucional como un derecho con una dimensión esencialmente negativa o defensiva, lo que implica, por un lado, el derecho de todo ciudadano a no ser forzado a trabajar y, por otro, el derecho a que no se le impida elegir y ejercer una profesión libre (cualquier actividad lícita para cuyo desempeño la ley no exige el cumplimiento de unos requisitos determinados) o regulada (para cuyo ejercicio la ley sí exige el cumplimiento de requisitos específicos).

38.Teniendo en cuenta el derecho fundamental a la libertad de elección del trabajo y otros derechos fundamentales, la esclavitud está prohibida y se considera un delito contra la libertad personal, previsto y castigado en el artículo 159 del Código Penal.

39.La lucha contra la trata de personas, que se considera una forma contemporánea de esclavitud, constituye una de las prioridades del Estado portugués y se encuentra prevista en el artículo 160 del Código Penal. Esta disposición, así como los sucesivos Planes Nacionales para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, forman parte de los compromisos formulados por Portugal en varios foros internacionales. La técnica legislativa empleada en la tipificación como delito de este fenómeno se basa en definir ejemplos comunes no restrictivos, a saber, la trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, esclavitud, extracción de órganos o explotación para otras actividades delictivas, y sancionar a todos aquellos que ofrezcan, entreguen, recluten, atraigan, acepten, transporten, alojen o acojan a una persona con fines de explotación.

Respuestas al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Ámbito digital

40.De conformidad con el Plan de Acción para la Transición Digital, se han fijado los objetivos del indicador relativo al porcentaje de mujeres especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones en un 25 % en 2025 y un 30 % en 2030.

41.Huawei, la asociación DNS.PT y la iniciativa INCoDe.2030 (de políticas públicas orientadas a promover las competencias digitales) firmaron un memorando de entendimiento en el que Huawei se compromete a poner en marcha un programa de becas que busca beneficiar a un total de 50 estudiantes portugueses de enseñanza superior en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las humanidades y las matemáticas. Portugal Digital y la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género realizarán un seguimiento de la gestión del programa a fin de fomentar la participación equitativa de alumnos y alumnas en la transición digital. El programa se puso en marcha en el último trimestre de 2021 y los estudiantes interesados pudieron presentar su solicitud en la página web oficial hasta el 1 de marzo de 2022.

42.El Proyecto Engenheiras por um dia, una iniciativa de la Secretaría de Estado de Ciudadanía e Igualdad, en el marco de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2018-2030, promueve los estudios de ingeniería y tecnología entre las estudiantes que cursan estudios en niveles inferiores al superior, mediante la realización de actividades con figuras de referencia y mentorías, con el fin de combatir la idea de que se trata de ámbitos masculinos. En él participan una red de 78 entidades asociadas (10 de las cuales son municipios), 46 escuelas de enseñanza básica y secundaria, y 16 instituciones de enseñanza superior. Desde su creación en 2017 han participado en este programa 10.411 alumnas de educación básica y secundaria mediante la realización de 460 actividades, entre las que se incluyen prácticas de laboratorio, sesiones con figuras de referencia y mentorías.

43.El proyecto “Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la alta dirección”, promovido por la Confederación Empresarial de Portugal tiene como objetivo identificar y desarrollar el talento femenino con potencial de liderazgo para fomentar la promoción de las mujeres a puestos de alta dirección en las empresas y contribuir así a reducir la brecha de género y derribar las barreras existentes en el acceso a puestos y funciones de liderazgo.

44.INCoDe.2030 también incluye iniciativas orientadas a garantizar el seguimiento del equilibrio de género, el desglose de datos y las medidas para aumentar la participación de las mujeres.

45.Además, el Programa de Inversión Pública en Investigación y Desarrollo 2021-2030, recientemente aprobado, prevé metas en materia de igualdad de género.

Despidos y licencias parentales

46.Aunque las trabajadoras embarazadas, puérperas o en período de lactancia y los trabajadores en licencia parental gozan de una protección jurídica especial, su despido no está prohibido por la ley.

47.Sin embargo, según la legislación nacional, debe comunicarse previamente a la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo que se tiene intención de despedir a estos trabajadores, para que compruebe si hay indicios de discriminación y emita un dictamen jurídico antes del despido. Si el dictamen de la Comisión es desfavorable al despido, el empleador solo podrá proceder al despido tras una decisión judicial en la que se reconozca que hay motivos para ello. Siempre se considerará improcedente todo despido por un hecho imputable a una trabajadora embarazada, puérpera o en período de lactancia, o a un trabajador en licencia parental.

48.La gran mayoría de los dictámenes jurídicos emitidos por la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo se refieren a casos relativos a mujeres. En más de la mitad de los casos, la Comisión se opuso al despido, considerando que se trataba de un acto discriminatorio por razón de género.

49.En lo que respecta a los contratos de trabajo de duración determinada, el Código del Trabajo establece en su artículo 144, párrafo 3, que debe comunicarse a la Comisión, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el motivo de la decisión de no renovar el contrato de duración determinada de una trabajadora embarazada, puérpera o en período de lactancia, o de un trabajador en licencia parental.

50.En los últimos cuatro años, el número de dictámenes jurídicos emitidos antes del despido, así como el número de notificaciones de decisiones de no renovar contratos de trabajo de duración determinada, registraron un aumento significativo solo en 2020, lo que puede explicarse por la situación económica derivada de la pandemia de COVID-19, que afectó especialmente a los trabajadores más expuestos a la precariedad laboral, como es el caso de las mujeres, que son aún más vulnerables cuando tienen responsabilidades familiares (y también son quienes más trabajan con contratos de duración determinada).

Respuestas al párrafo 10 de la lista de cuestiones

51.La situación de los jóvenes está marcada por problemas estructurales de inserción en el mercado de trabajo, en particular, por los costes de la transición entre la educación / formación y el mercado laboral, pero también porque están más expuestos a contratos de duración determinada, que presentan una mayor vulnerabilidad en períodos de crisis económica. La pandemia de COVID-19 afectó de manera particular a los jóvenes, principalmente debido a que ocupan un porcentaje desproporcionado de los puestos de trabajo con relaciones laborales precarias. Los jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación constituyen un grupo heterogéneo en varias aspectos, que van desde el nivel educativo y la cualificación profesional hasta la edad y el género, pasando por la ciudadanía y el grado de urbanización, por lo que deben aplicarse respuestas adaptadas.

52.En este sentido, hacer frente al desempleo juvenil y fomentar el empleo decente se encuentran entre las principales prioridades de Portugal y para ello se están adaptando las políticas activas del mercado de trabajo y la legislación laboral. El Gobierno recientemente ha aprobado una propuesta legislativa (que aún debe ser debatida y aprobada en el Parlamento) titulada “Agenda hacia el Trabajo Decente y la Valoración de la Juventud”. Esta propuesta retoma la reforma de la legislación laboral de 2019 e incluye medidas diseñadas específicamente para reforzar la protección de los trabajadores jóvenes y los contratados en prácticas, así como iniciativas más amplias para abordar la segmentación del mercado laboral y procurar que se recurra en menor medida a contratos de duración determinada y a agencias de trabajo temporal, lo que previsiblemente repercutirá en las prácticas de contratación, principalmente de los jóvenes, al ser estos más propensos a desempeñar formas atípicas de empleo.

53.El fortalecimiento del Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil se basa en seis ejes estratégicos: i) inserción en el mercado laboral; ii) competencias y cualificación; iii) transición verde y digital; iv) inclusión de personas vulnerables; v) sistema integrado de detección, orientación y acompañamiento; vi) modelo de gobernanza. El Plan se aplicará a través de medidas de política pública a nivel nacional, regional y local.

54.Las políticas activas del mercado de trabajo creadas inicialmente para reaccionar rápidamente ante los nuevos problemas que surgían en el ámbito laboral, así como para hacerles frente, se han mantenido y se han adaptado a la fase de recuperación de la pandemia de COVID-19 y a la reactivación progresiva de la actividad económica. Por ejemplo, ATIVAR.PT (Programa Reforzado de Apoyo al Empleo y a la Formación Profesional), diseñado para responder de forma adecuada y rápida con políticas activas, incluye las medidas recientemente aprobadas Incubadoras Sociales de Empleo ( Incubadoras Sociais de Emprego ) y Compromiso Empleo Sostenible ( Compromisso Emprego Sustentável ).

Respuestas al párrafo 11 de la lista de cuestiones

55.La Ley núm. 4/2019 prevé que el cumplimiento de las cuotas de empleo para personas con discapacidad en el sector privado sea obligatorio a partir del 1 de febrero de 2023 para los empleadores que tengan contratados a más de 100 trabajadores y desde el 1 de febrero de 2024 para aquellos que tengan entre 75 y 100 trabajadores.

56.Los prejuicios y la discriminación siguen siendo los principales obstáculos para hacer efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Existen otros obstáculos, como las barreras físicas y las relativas a la comunicación, además de, en algunos casos, la falta de destrezas y competencias.

57.La Ley núm. 93/2019, de 4 de septiembre de 2019, por la que se modifican el Código del Trabajo y el Código de Regímenes Contributivos del Sistema de Prestaciones por Desempleo de la Seguridad Social, introdujo medidas de acción afirmativa para los trabajadores con discapacidad o enfermedades crónicas. El empleador debe adoptar las medidas adecuadas para que la persona con discapacidad o una enfermedad crónica pueda acceder a un empleo, ejercerlo, progresar y recibir formación profesional.

58.Se facilita la transición del empleo protegido al empleo con apoyo en el mercado laboral abierto mediante un proceso de contratación y selección adaptado a las características de cada persona, como establece la Ley de Cuotas, que se complementa con ayudas económicas y medidas de información, evaluación y apoyo a la cualificación y el empleo, concretamente a través de la mediación y el seguimiento posterior a la contratación. Este proceso se lleva a cabo en los centros ordinarios de empleo de la red del Programa de Emergencia Social (Instituto de Empleo y Formación Profesional) y, más recientemente, también a través de una entidad específica, denominada Valor T, que se creó a partir de la asociación entre el Programa de Emergencia Social y la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Respuestas al párrafo 12 de la lista de cuestiones

59.La Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes sigue aplicándose con una tasa de ejecución general que pasó del 60,14 % en 2019 al 73,53 % en 2020. Las medidas que registran las tasas de ejecución más altas son aquellas contempladas en los objetivos estratégicos 2 (promover la ciudadanía inclusiva y la no discriminación), 5 (garantizar el acceso efectivo a la educación, el éxito académico y el aprendizaje permanente de la población romaní) y 6 (garantizar las condiciones para la participación plena e igualitaria de los romaníes en el mercado laboral y la actividad profesional).

60.Por lo que respecta a la integración social y profesional de la población romaní, el Alto Comisionado para las Migraciones ha aplicado las siguientes medidas:

Se ha puesto en marcha el Programa Operacional de Inclusión Social y Empleo, financiado por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de promover la integración social y profesional de la comunidad romaní a través de distintas acciones: asesoramiento profesional, formación (un mínimo de 400 horas, de las que 300 se dedican a formación en el empleo), información y sensibilización que contribuyan a promover el emprendimiento y la adquisición de competencias, así como actividades para los empleadores centradas en desmontar prejuicios y promover la igualdad de oportunidades. Se hizo una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población romaní y se aprobaron nueve proyectos.

El Alto Comisionado para las Migraciones también ofrece actividades de formación y sensibilización destinadas a entidades públicas y privadas (entre ellas posibles empleadores), que versan sobre la historia y la cultura romaníes, con el objetivo de luchar contra los prejuicios y promover prácticas inclusivas.

En 2019 el Observatorio de las Comunidades Romaníes (ObCig) creó el Premio ObCig a las Empresas Integradoras, dirigido a empresas que emplean a cinco o más personas romaníes con un contrato de trabajo.

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7)

Respuestas al párrafo 13 de la lista de cuestiones

61.Se necesita más tiempo para valorar el impacto de las medidas que se han adoptado recientemente, como las que se introdujeron en diciembre de 2021 en el proyecto revisado Garantía Juvenil.

62.El acuerdo tripartito firmado el 18 de junio de 2018 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, en el marco de la Comisión Permanente de Concertación Social, tenía como objetivo primordial luchar contra la precariedad, reducir la segmentación laboral y promover un mayor dinamismo en la negociación colectiva. En él, se comprometieron a desarrollar un conjunto de medidas, que incluían modificaciones del Código del Trabajo. Las principales medidas aplicadas con el fin de alcanzar este objetivo son las siguientes:

Se ha limitado por ley la posibilidad de recurrir a contratos de trabajo de duración determinada y se ha fomentado una mayor protección de los trabajadores al reducir de tres a dos años la extensión máxima de este tipo de contratos y de seis a cuatro años la de los de duración indeterminada.

Se han creado nuevas normas sobre la renovación de los contratos de duración determinada, haciendo coincidir la duración inicial del contrato con el período estrictamente necesario para satisfacer la necesidad temporal de la empresa sin que la duración total de las renovaciones pueda superar la duración del período inicial del contrato.

Se ha derogado la legislación que permitía ofrecer un contrato de duración determinada a personas que buscan trabajo por primera vez y a los desempleados de larga duración.

Se ha suprimido la posibilidad de que los convenios colectivos modifiquen el régimen jurídico de los contratos de duración determinada.

63.En los últimos años, Portugal ha aplicado una estrategia integral para superar el alto grado de segmentación del mercado de trabajo, en particular mediante la introducción de los cambios legislativos mencionados, así como a través de políticas activas del mercado de trabajo.

64.Uno de los principales objetivos de las reformas de la legislación laboral era combatir las ideas erróneas sobre los riesgos que plantea la contratación indefinida y sobre la concepción cultural de que los contratos temporales son una suerte de “período de prueba prolongado”. También se aspiraba a evitar los usos irregulares de los contratos temporales y, al mismo tiempo, estimular la contratación indefinida. Las nuevas normas entraron en vigor unos pocos meses antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y es posible que el efecto de esta en el mercado laboral distorsione el análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa, en particular aquellos relacionados con la disminución en 2020 de los contratos temporales, que podría explicarse en parte por la mayor exposición de los trabajadores con este tipo de contrato al desempleo. No obstante, se necesitan más series cronológicas de datos para evaluar correctamente las reformas de la legislación laboral, lo que se llevará a cabo en el marco del diálogo social. Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran una reducción gradual de la segmentación del mercado de trabajo, ya que la diferencia en términos porcentuales entre el nivel de Portugal y el de la Unión Europea pasó de 6,6 puntos en 2016 a 5,7 en 2019. Según los últimos datos disponibles (sobre empleados de 15 años o más), en 2020 la diferencia se redujo a 4,3 puntos.

65.Por lo que se refiere a los mecanismos para combatir el uso indebido de los contratos de prestación de servicios en las relaciones entre empleado y empleador, en el marco de las “falsas relaciones laborales”, si el inspector de trabajo constata que en la relación entre una persona que realiza una actividad y otra persona u otras personas que se benefician de la misma se cumplen los requisitos para que exista un contrato de trabajo, en los términos previstos en el artículo 12 del Código del Trabajo, deberá redactar un informe y notificar al empleador que debe regularizar la situación en un plazo de diez días o hacer una declaración. El procedimiento se archivará inmediatamente si el empresario demuestra que se ha regularizado la situación del trabajador, previa presentación del contrato de trabajo o de un documento que acredite la existencia de un contrato de trabajo en el que se indique la fecha de inicio de la relación laboral. Si una vez transcurridos esos diez días no se ha regularizado la situación del trabajador, el Organismo para las Condiciones de Trabajo enviará a los servicios de la Fiscalía de la localidad donde se desarrolle la actividad, en un plazo de cinco días, un informe en el que consten los hechos, junto con todas las pruebas recabadas, con objeto de interponer una demanda para que se reconozca la existencia de un contrato de trabajo.

66.En cuanto a los avances legislativos respecto a la economía del empleo ocasional, en octubre de 2021 se presentó un proyecto de ley para modificar la legislación laboral en el contexto más amplio del Programa de Trabajo Decente, que comprende una mayor regulación de las nuevas formas de trabajo que resultan de los cambios en el ámbito laboral y de la economía digital, como el trabajo en las plataformas digitales. Se ha propuesto presumir la existencia de un contrato de trabajo con el operador de la plataforma, así como reforzar las responsabilidades en materia de información y transparencia en lo relativo al uso de algoritmos y otros sistemas de inteligencia artificial.

Respuestas al párrafo 14 de la lista de cuestiones

67.Con la legislación aprobada durante la crisis de la COVID-19 se simplificó el régimen de reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo y de suspensión temporal del contrato de trabajo, ya previsto en el artículo 298 del Código del Trabajo. Además, se definió y reguló el apoyo financiero que reciben los trabajadores y las empresas que se acogen a estos regímenes y se reforzaron los medios y las competencias del Organismo para las Condiciones de Trabajo.

68.El Organismo, por iniciativa propia o a petición de alguna de las partes interesadas, podrá poner fin a la aplicación de la reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo o a la suspensión del contrato de trabajo de todos los trabajadores o una parte de ellos, en caso de que se produzca alguno de los siguientes supuestos:

Que el motivo alegado ya no proceda o que no se haya podido verificar.

Que haya habido falta de comunicación o una negativa a participar en el proceso de información y negociación por parte del empresario.

Que se haya incumplido alguno de los deberes enunciados en el artículo 303, párrafos 1 y 2.

69.En la decisión por la que se ponga fin a la aplicación de la medida deberán figurar los trabajadores a los que se les aplica y esta surtirá efecto desde el momento en que se le notifique al empleador.

70.Además, los trabajadores también tenían la posibilidad de recurrir, por la vía judicial, a la medida cautelar de suspensión del despido, prevista y regulada en el artículo 33-A y ss. del Código de Procedimiento Laboral, y a la impugnación del despido, contemplada en el artículo 98-B y ss. del Código. No obstante, el principal recurso jurídico a disposición de los empleados afectados es la posibilidad de solicitar la intervención de la inspección.

71.El seguimiento se realizaba y se realiza mediante inspecciones:

Como respuesta a las solicitudes de intervención dirigidas al Organismo para las Condiciones de Trabajo, a través de los distintos canales establecidos para ello (sitio web, servicio postal, correo electrónico, servicio de información).

Planificadas por los servicios descentralizados del Organismo que identifican las necesidades de intervención en el ámbito regional o local.

Planificadas por el servicio central del Organismo que identifica las necesidades de intervención en el ámbito nacional.

72.El Organismo para las Condiciones de Trabajo recibió 14.786 solicitudes de inspección en 2020 y realizó 34.816 inspecciones para evaluar la situación de 565.124 trabajadores.

73.En lo que respecta a los servicios de información, sensibilización y asesoramiento prestados a los trabajadores y empleadores, debido a las limitaciones en la asistencia presencial fue preciso movilizar recursos para reforzar la asistencia y los servicios por vía telefónica y escrita (por ejemplo, a través de las redes sociales).

74.Con objeto de potenciar el control de las medidas técnicas de prevención de los contagios en el lugar de trabajo, además de la actividad rutinaria, se llevaron a cabo cuatro acciones específicas:

La Acción Nacional COVID-19 (del 1 de marzo de 2020 al 14 de agosto de 2020), por la cual se realizaron aproximadamente 1.700 inspecciones.

La Acción Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales y de Reanudación de la Actividad Económica (del 1 de marzo de 2020 al 14 de agosto de 2020), por la cual se llevaron a cabo 1.000 inspecciones.

La Acción Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales (del 27 de julio de 2020 al 28 de agosto de 2020), por la cual se realizaron 1.200 inspecciones.

La Acción Local Obras de Lisboa (del 8 de junio de 2020 al 18 de julio de 2020), por la cual se realizaron aproximadamente 860 inspecciones.

75.Además, se creó la Acción Nacional de Teletrabajo (del 25 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020) para reforzar el control de las medidas administrativas destinadas a evitar el contagio en el lugar de trabajo. Por último, el Organismo para las Condiciones de Trabajo, teniendo en cuenta la situación económica provocada por la pandemia, también dedicó especial atención al seguimiento de situaciones de crisis empresarial (legalidad del proceso en casos de reducción o suspensión temporal de los contratos de empleo, cese y reducción temporal de la actividad, despido colectivo, extinción de puestos de trabajo, insolvencia y retrasos en el pago de salarios) y se llevaron a cabo 2.740 inspecciones a través de la Acción Nacional Despido (del 1 de abril de 2020 al 21 de septiembre de 2020).

Respuestas al párrafo 15 de la lista de cuestiones

76.En el marco del Plan Estratégico para la Migración (2015-2020) se adoptaron distintas medidas para combatir y poner fin a la trata y la explotación de trabajadores migrantes indocumentados en el sector agrícola y para fomentar el conocimiento, las herramientas de prevención y las mejores prácticas. Se obtuvieron los siguientes resultados al respecto:

El Organismo para las Condiciones de Trabajo y el Servicio de Inmigración y Fronteras realizaron 22.406 inspecciones con el fin de controlar a los empleadores y de prevenir y combatir la trata de personas, la explotación laboral, el trabajo forzoso y el trabajo sin contrato laboral.

El Alto Comisionado para las Migraciones y el Organismo para las Condiciones de Trabajo desarrollaron e impartieron conjuntamente 11 sesiones de capacitación sobre derechos y deberes laborales. Estaban dirigidas al personal de los Centros Nacionales de Apoyo a la Integración de los Migrantes y los Centros Locales de Apoyo a la Integración de los Migrantes, que trabajan directamente con la población migrante y con organizaciones de la sociedad civil. A estas sesiones asistieron 165 funcionarios.

En 2015 se publicó una Directriz sobre Actividades Estacionales en el sector agrícola, que ofrecía información sobre las oportunidades de trabajo existentes para mejorar la integración de los migrantes en el mercado laboral agrícola.

77.Además, el Organismo para las Condiciones de Trabajo desempeña un papel fundamental al facilitar la denuncia de las violaciones de los derechos laborales, no solo porque cumple una función mediadora, sino también porque los Centros Nacionales de Apoyo a la Integración de los Migrantes y los Centros Locales de Apoyo a la Integración de los Migrantes se consideran lugares seguros para los migrantes, también para los indocumentados. Asimismo, el Organismo colabora estrechamente con otras entidades públicas, municipios y organizaciones locales pertinentes con el fin de identificar las necesidades que van surgiendo y responder mejor ante ellas.

78.En el marco del Plan Nacional de Aplicación del Pacto Mundial para la Migración, aprobado en 2019, el Gobierno y varias entidades han venido adoptando diversas medidas orientadas a eliminar los obstáculos a la integración, a saber:

Se ha asignado a todos los trabajadores migrantes un número de identificación de la Seguridad Social, con el fin de favorecer el proceso de regularización. Por el momento, se han beneficiado de esta medida más de 230.000 ciudadanos.

Se ha creado una plataforma para renovar automáticamente los permisos de residencia, gracias a la cual se han renovado más de 163.000 permisos.

79.Durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores migrantes de temporada empleados en el sector agrícola estuvieron cada vez más expuestos a la explotación y a violaciones y abusos de derechos humanos. Por este motivo, el Organismo para las Condiciones de Trabajo trabajó junto con otras entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para aplicar las siguientes medidas: realizar inspecciones periódicas de las instalaciones en las que trabajan y residen los migrantes, llevar a cabo actividades de formación y sensibilización sobre el terreno, elaborar materiales informativos en distintos formatos (como carteles y vídeos) y en seis idiomas diferentes, mediar entre los migrantes y otras entidades privadas y públicas, ofreciéndoles información y apoyo para que los migrantes puedan ejercer de forma segura sus derechos (alimentación, salud, vivienda, seguridad social) y disfrutar de los servicios (vacunación, planes de apoyo de la seguridad social, regularización). Además, el personal del Organismo colaboró con diversas entidades para crear una bolsa de trabajo que contribuyera a integrar en el mercado laboral a los migrantes afectados por la pandemia y a aquellos que habían sido víctimas de explotación.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

Igualdad de remuneración por trabajo igual

80.Desde la entrada en vigor de la Ley núm. 60/2018, la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo ha recibido cinco solicitudes de información relacionadas con la discriminación salarial y dos denuncias de discriminación salarial por razón de género, una de ellas relativa a un trabajador y la otra, a una trabajadora. La Comisión emitió una opinión vinculante relativa al caso del trabajador, en la que concluía que se habían encontrado pruebas de discriminación salarial por razón de género. Comunicó su opinión vinculante al trabajador y al empleador, para que este pudiera, en un plazo de 180 días, impugnar las pruebas de discriminación o exponer las medidas correctivas adoptadas. Puesto que el empleador no lo hizo, se envió la opinión de la Comisión a la Inspección de Trabajo.

81.Con respecto a la denuncia presentada por la trabajadora, en la opinión vinculante de la Comisión también se concluyó que había pruebas de discriminación salarial por razón de género. Aún no ha concluido el plazo de 180 días para impugnar esas pruebas o exponer las medidas correctivas adoptadas por el empleador.

Trabajadores afrodescendientes

82.De conformidad con la Constitución, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (el servicio público de empleo de Portugal) no registra en sus sistemas de información la raza o el origen étnico de las personas en busca de empleo.

83.El Instituto de Empleo y Formación Profesional organiza programas de formación y otras actividades para fomentar la denominada contratación a ciegas entre su personal, los trabajadores de empresas de Recursos Humanos y los propios desempleados. Además, organiza sesiones de sensibilización en el ámbito de la contratación destinadas a los empleadores, en conjunción con los interlocutores sociales. El Instituto es miembro activo de la Carta Portuguesa para la Diversidad y asociado en la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación 2021-2025.

84.El Organismo para las Condiciones de Trabajo también participa en la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación 2021-2025. Para ello, pone en marcha medidas de apoyo a proyectos piloto que fomentan la intervención y representación de movimientos sindicalistas entre los trabajadores que se encuentran en contextos laborales más precarios y atípicos, y colabora con asociaciones de inmigrantes y de romaníes, así como de lucha contra el racismo, entre otras organizaciones pertinentes. Asimismo, ha desarrollado una lista de verificación que debe aplicarse en las inspecciones del Organismo para las Condiciones de Trabajo en relación con la no discriminación y lleva a cabo inspecciones específicas centradas en la no discriminación y en el desarrollo de mecanismos para la coordinación entre el Organismo para las Condiciones de Trabajo y otras entidades.

85.Finalmente, el Alto Comisionado para las Migraciones presentó una Guía para la Contratación Inclusiva, en el marco del Grupo de Trabajo para la Empleabilidad, con la promoción de la Asociación Portuguesa para la Diversidad y la Inclusión. El propósito del documento es ofrecer inspiración y herramientas para fomentar entornos laborales inclusivos y diversos. Desde 2021, el catálogo de formación del Alto Comisionado para las Migraciones también incluye un módulo sobre la legislación en materia de lucha contra la discriminación, que se centra en la Ley núm. 93/2017, por la que se estableció un nuevo régimen jurídico para la prohibición y prevención de la discriminación por motivos de origen racial o étnico, color, nacionalidad, ascendencia y territorio de origen, así como para la lucha contra esta. En 2021, participaron en el módulo 137 personas.

Trabajadores con sueldos inferiores al salario mínimo

86.En virtud del artículo 275 del Código del Trabajo, se les puede aplicar una reducción del salario mínimo mensual a pasantes, aprendices, contratados en prácticas o estudiantes de un programa oficial de formación profesional (un 20 % durante un máximo de un año, con sujeción a otros criterios) y a trabajadores con capacidad de trabajo reducida (la diferencia entre la capacidad de trabajo plena y el coeficiente de capacidad efectiva para la actividad contratada, siempre que la diferencia sea superior al 10 %, con un límite del 50 %).

87.Al margen de estas categorías, también se puede ganar menos que el salario mínimo por ser trabajador a tiempo parcial o por percibir un remuneración incompleta, por ejemplo, debido a una enfermedad.

Derecho a la seguridad social (art. 9)

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

88.Las prestaciones de apoyo social, entre ellas la cuantía mínima de las pensiones, se establecen sobre la base del índice de apoyo social. Se trata de valor de referencia que se actualiza cada año, teniendo en cuenta un conjunto de criterios pertinentes, en particular, la evolución de los precios y el crecimiento económico, de modo que se respete el principio de equidad intergeneracional y la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Cuando, debido a estos criterios, el índice de apoyo social tiene una evolución negativa, no se actualiza. Las cuantías de las prestaciones sociales abonadas durante la crisis de la COVID-19 se adecuaron a estas reglas.

89.La pandemia requirió la adopción de varias medidas excepcionales de protección social, con las que se reforzaron y ampliaron diversas prestaciones sociales y se crearon otras formas de apoyo. Por ejemplo, se pusieron en marcha medidas para brindar apoyo financiero extraordinario a los ingresos para empleados, trabajadores por cuenta propia y trabajadores del servicio doméstico, así como para sus familias, y para empleadores, miembros de órganos estatutarios o socios gerentes y trabajadores informales. Además, se crearon apoyos sociales específicos para los profesionales de las artes escénicas.

90.En lo que respecta a la lucha contra la pobreza, se llevaron a cabo las siguientes acciones: dentro del marco de las prestaciones familiares, se aplicaron mejoras en los criterios de acceso y se asignó una prestación complementaria anual “única” con un valor de base para los tres primeros tramos de renta; se duplicó la capacidad del Programa de Alimentos; se creó un régimen especial para acceder a la Renta Social de Inserción, cuya asignación no depende de un contrato de inserción y se efectúa sobre la base de los ingresos en el momento de la solicitud y no de los tres meses previos, además de que se puede complementar con una beca educativa, lo que fomenta la formación; se ampliaron las prestaciones mínimas de subsistencia cuya concesión o renovación finalizaba en una fecha determinada; se suspendió de forma extraordinaria la evaluación de las condiciones para conservar las prestaciones de la seguridad social; se concedió apoyo financiero a personas que no estaban obligatoriamente protegidas por el sistema de seguridad social y que declararon haber comenzado o reanudado una actividad por cuenta propia mantenida durante un mínimo de 24 meses tras dejar de cobrar la prestación, con sujeción a una comprobación de medios de vida.

91.En el ámbito de la protección contra el desempleo, se concibieron medidas temporales y excepcionales para la asignación de las diversas prestaciones, a saber, la reducción de los períodos de cotización y la posibilidad de acceder a ellas por períodos de tiempo más breves y sin tener en cuenta la edad o la carrera de cotización; la prórroga temporal y extraordinaria de los períodos en que se concede la prestación, permitiendo el acceso a otras ayudas al finalizar la prórroga; el aumento de la cuantía mínima y del monto de las prestaciones por desempleo, en caso de que se reúnan ciertas condiciones de carácter familiar.

92.Por lo que toca a la protección por enfermedad, se han asignado prestaciones por enfermedad profesional a empleados y a trabajadores por cuenta propia del sector de la salud que hayan tenido que cesar su actividad profesional debido a la COVID-19, con criterios que difieren de los aplicables a la prestación por enfermedad en lo que respecta a la cuantía y a la ausencia de un plazo de espera; además, se creó una prestación por COVID-19, que se concedía de forma inmediata sin necesidad de haber cotizado, por un período máximo de 28 días, y cuya cuantía era superior a la de la prestación ordinaria por enfermedad; esta ayuda ha estado vigente hasta acabar el año 2021.

93.A través de la digitalización de los procesos, con objeto de minimizar la intervención humana en el ciclo de gestión, asegurar la uniformidad en el procesamiento y simplificar el acceso de los solicitantes a las prestaciones, en los últimos años se han desarrollado proyectos y se han aplicado mejoras en diversos subsistemas de información digital, en particular en el ámbito de las prestaciones sociales para la inclusión. En la actualidad, los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar prestaciones a través del sitio web Seguridad Social Directa. Además, se ha digitalizado el proceso de concesión y gestión de las prestaciones.

94.En relación con la prestación por discapacidad, las asignaciones estaban pendientes de decisión debido a las modificaciones efectuadas en el régimen jurídico de las prestaciones familiares por la entrada en vigor del Decreto-ley núm. 136/2019, puesto que debían ser analizadas en función de los criterios que se definirían en lo relativo a la prueba de discapacidad; gracias a la labor llevada a cabo tras la publicación de la Orden Ministerial núm. 108/2021 y la Orden Ministerial núm. 5265-C/2021, se establecieron equipos multidisciplinarios de evaluación médico-pedagógica que evaluaron los casos pendientes desde octubre de 2019 y adoptaron resoluciones al respecto.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

95.La Prestación Social para la Inclusión es una prestación mensual en efectivo destinada a ciudadanos nacionales y extranjeros, refugiados y personas apátridas que tienen una discapacidad de la que se deriva un grado de incapacidad igual o superior al 60 %, constatado mediante una evaluación médica llevada a cabo atendiendo a una tabla exhaustiva de discapacidades físicas establecidas.

96.La prestación se articuló en tres componentes que cubrían todas las situaciones y se fijaron las condiciones de acceso y las cuantías de tal modo que, en la medida de lo posible, se ajustaran a las condiciones de vulnerabilidad de estas personas. La Prestación Social para la Inclusión comprende los siguientes componentes: un componente básico cuyo objetivo es compensar al beneficiario por los gastos generales adicionales que se derivan de la situación de discapacidad y fomentar la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad; un complemento que tiene por objeto combatir las situaciones de pobreza de estas personas; y un suplemento destinado a compensar al beneficiario por los gastos específicos derivados de la situación de discapacidad, que se regulará en una fase posterior.

97.La cuantía mensual de la Prestación Social para la Inclusión depende del grado de incapacidad, edad, ingresos y situación laboral del beneficiario. La cuantía mensual máxima del componente básico es de 275,30 euros (el 50 % si el beneficiario tiene menos de 18 años). Se tienen en cuenta todos los ingresos personales, que se deducen del valor de referencia anual de la prestación (3.303,58 euros). Existe un tratamiento especial en lo que respecta a los ingresos profesionales, puesto que es posible combinar los ingresos básicos con los profesionales hasta un máximo de 9.215,01 euros, para fomentar la participación laboral. La cuantía del complemento depende de la renta del hogar. La cuantía mensual máxima es de 438,22 euros, que se incrementa en un 75 % por cada miembro del hogar con derecho a recibir la prestación.

98.En la adecuación de los requisitos de admisibilidad y la cuantía de la Prestación Social para la Inclusión se tiene en cuenta la posibilidad de combinarla con otras prestaciones para personas en situación de necesidad socioeconómica, en particular la Renta Social de Inserción. Además, la cuantía del componente básico se incrementa en un 35 % si el beneficiario menor de 18 años forma parte de una familia monoparental.

99.Desde octubre de 2019, el ámbito de cobertura de la Prestación Social para la Inclusión se ha ampliado a los niños y los jóvenes con discapacidad, dando así comienzo a la tercera fase de aplicación de esa medida, pero manteniendo, no obstante, la posibilidad de que los niños menores de 11 años puedan seguir percibiendo la prestación por discapacidad. La medida sigue una lógica de ciclo vital, puesto que se ha diseñado para que se ajuste a las circunstancias de la persona y refuerza el apoyo que ya brindan otras prestaciones. Según los datos disponibles, ha habido un incremento continuo en la cantidad de beneficiarios desde que se aplicó esta medida. El máximo se alcanzó en octubre de 2021 (118.267 beneficiarios en total, un 0,2 % más que en septiembre de ese año y un 6,3 % más que en noviembre del año anterior).

100.Los graduados de la enseñanza superior que estén desempleados también tienen derecho a la Renta Social de Inserción, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos para ello previstos en la legislación. También pueden beneficiarse de políticas activas del mercado de trabajo especiales, como formación remunerada e incentivos a la contratación.

Protección de la familia y la infancia (art. 10)

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

101.Desde 2020, el programa nacional Radar Social ha procedido a la identificación y seguimiento de personas de edad a través de proyectos piloto, con el objetivo de fomentar el envejecimiento saludable y activo mediante servicios sociales en el domicilio. En 2021 el programa se extendió a todo el país para identificar a las personas de edad aisladas en situación de riesgo y hacer un seguimiento de estas.

102.El programa Adaptar Social +, que también se puso en marcha en 2020 y que estuvo en vigor hasta fin de año, creó un sistema de incentivos destinados a entidades con acuerdos de cooperación para desarrollar servicios sociales y a entidades privadas dedicadas a actividades de apoyo social autorizadas, con el objetivo de mitigar los costes añadidos de la reanudación del funcionamiento de los servicios sociales después de su interrupción debido a la pandemia. Esto se tradujo en apoyo para la adaptación de instalaciones sociales; cambios en los métodos de organización del trabajo, en la relación con los usuarios y familiares, entre otros, a fin de aplicar medidas preventivas contra el contagio, financiando los costes de adquisición de equipos de protección personal para trabajadores y usuarios, productos de higiene, contratos de desinfección, reorganización de lugares de trabajo y cambios en la disposición del equipamiento del servicio social, así como los costes generados por formar a los trabajadores.

103.En 2021, y hasta finales de ese año, el programa Adaptar Social + / Reactivación y Refuerzo, reforzó la aplicación de un conjunto de normas y condiciones especiales de seguridad en la organización y el funcionamiento de las instituciones dedicadas a servicios sociales, con objeto de brindarles apoyo para la adquisición de equipos de protección personal apropiados que garantizasen la seguridad de las personas mayores y las personas con discapacidad en el ámbito de los servicios sociales de tipo Estructura Residencial para Personas Mayores y de tipo Hogar Residencial. El apoyo que se brinda en el marco del programa consiste en una cuantía fija por usuario, siempre dentro del límite de la capacidad de cada servicio social.

104.En respuesta a la pandemia de COVID-19 y para contener la transmisión de la enfermedad en los centros penitenciarios, Portugal estableció el Régimen Excepcional de Flexibilidad en la Ejecución de Penas y Medidas de Gracia, por el que, entre otras medidas aplicables a la población penitenciaria en general, se fijó un régimen extraordinario de indultos dirigido específicamente a las personas mayores. En el marco de este régimen excepcional, el Presidente de la República tenía la facultad de indultar total o parcialmente de sus penas a reclusos de 65 años o más con enfermedades físicas o mentales o con un grado de autonomía incompatible con su permanencia en prisión en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este régimen excepcional de flexibilidad en la ejecución de penas y las medidas de gracia, en el contexto de la pandemia de COVID-19, quedó derogado en noviembre de 2021.

Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

105.Tras un proceso de consulta pública, el 29 de diciembre de 2021 se aprobó la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza en Portugal (2021-2030). Esta se estructura en torno a seis ejes de intervención: i) reducir la pobreza entre niños, personas jóvenes y sus familias; ii) fomentar la plena integración de los jóvenes adultos en la sociedad y reducir el riesgo de pobreza de este grupo de población; iii) impulsar el empleo y el perfeccionamiento profesional como factores para la eliminación de la pobreza; iv) reforzar las políticas públicas de inclusión social y promover la protección social para las personas y los grupos más vulnerables; v) fomentar la cohesión territorial y el desarrollo local; vi) hacer de la lucha contra la pobreza un objetivo nacional.

106.Esta nueva estrategia sitúa a los niños en el núcleo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, puesto que el primer eje está dirigido específicamente a ellos. La pobreza de las personas con empleo también se reconoce como un problema grave que tiene que ser solventado. En general, de aquí a 2030 se espera reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos 660.000 personas, entre ellas al menos 170.000 niños y 230.000 trabajadores.

107.A pesar de que la Renta Social de Inserción por sí misma no es suficiente para reducir el riesgo de pobreza, desempeña un papel importante en la mitigación de la intensidad y la gravedad de la pobreza en hogares de muy bajos ingresos. Desde 2016 se ha adaptado el marco jurídico de la Renta Social de Inserción para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida de los hogares con ingresos considerablemente por debajo del umbral de pobreza, en especial de los hogares de mayor tamaño con niños. Se han modificado y actualizado tanto la escala de equivalencia como el valor de referencia de la Renta Social de Inserción. La escala de equivalencia modificada de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que, según la legislación portuguesa, asigna un coeficiente de 1.0 al primer miembro del hogar, 0.5 por cada adulto adicional y 0.3 por cada miembro menor de 18 años, fue reemplazada por la escala de equivalencia de la OCDE, por lo que ahora se le asigna un coeficiente de 1.0 al primer miembro del hogar, 0.7 por cada adulto adicional y 0.5 por cada niño. Al usar esta escala se tienen en cuenta las diferencias en el tamaño y la distribución de edades entre hogares cuando los servicios de la seguridad social calculan la cuantía de la Renta Social de Inserción. El valor de referencia de la Renta Social de Inserción se fijó en un nivel más elevado (178,15 euros en 2016, 183,84 euros en 2017, 186,68 euros en 2018 y 189,66 euros desde 2019) y se simplificaron los procedimientos para reducir la no percepción (principalmente mediante la renovación automática).

108.Como consecuencia, entre 2016 y 2019 se redujo la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social, que llegó a un mínimo histórico (16,2 %). La mejora general de los indicadores de pobreza y exclusión social también va en consonancia con las mejoras del mercado de trabajo durante ese período, en particular con la caída prolongada de la tasa de desempleo. En 2020, los resultados de la encuesta de la Unión Europea sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC) indicaron que el 18,4 % de los residentes estaban en riesgo de pobreza. Esta evolución negativa (2,2 puntos más que en 2019) demuestra una reversión de la tendencia a la baja que se observaba desde 2015 y refleja el primer impacto social de la pandemia de COVID-19.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

109.La Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar (2017-2023) se basa en planes de acción bianuales. En junio de 2020 se inició un programa de inserción social con la puesta en marcha de los proyectos Housing first (324 plazas) y Pisos Compartidos – Housing led (260 plazas). En diciembre de 2021, casi 600 personas se habían acogido a estos proyectos. En marzo de 2022, la cifra total de plazas ofrecidas ascendía a 824.

110.Dentro del marco de coordinación de la Estrategia Nacional para la Integración de las Personas en Situación Sin Hogar (2017-2023), ya existente, la mayor parte de las medidas identificadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 se tomaron en cooperación con los municipios y las ONG. Desde la declaración del estado de emergencia se abrieron todos los centros de acogida de emergencia, incluidos aquellos concebidos solo para su uso temporal durante el invierno. Además, se crearon 21 centros de acogida nuevos en todo el país, por lo que se pudo albergar a 500 personas. En estas instalaciones se proporciona todo tipo de asistencia, principalmente atención de la salud, higiene, alimentos y ropa.

111.Para proteger a las familias durante la crisis de la COVID-19 y asegurarles una residencia estable y el cumplimiento de las condiciones necesarias para un confinamiento seguro, el Gobierno de Portugal suspendió los desalojos y las ejecuciones hipotecarias durante el estado de emergencia. Además, prohibió a los propietarios de inmuebles que exigieran cualquier forma de compensación por los retrasos en los pagos del alquiler.

112.Asimismo, para ayudar a las familias en situación de necesidad económica como resultado de la pandemia de COVID-19, el Gobierno puso en marcha un préstamo sin intereses para financiar los gastos de alquiler. En los casos de familias con ingresos muy bajos o que se enfrentaban a dificultades económicas persistentes, también era posible solicitar que el préstamo se convirtiera en un subsidio. Además, en caso de que los ingresos del hogar se redujeran en un 20 % o más debido a la pandemia y el alquiler representase más del 35 % de sus gastos, se concedían moratorias sobre los pagos del alquiler. Los pagos podían postergarse durante el estado de emergencia y el mes siguiente. Más adelante, a partir del segundo mes tras el fin del estado de emergencia, debía abonarse el monto de la deuda en cuotas mensuales (de una cuantía equivalente a la duodécima parte del monto total de la deuda).

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

113.La Ley núm. 37/2018 estableció el programa 1º Direito (Primer Derecho), con el objetivo de dar una respuesta a las familias en situación de déficit grave de vivienda y reforzar el sector de la vivienda pública. El programa tiene por objeto erradicar todas las situaciones de vivienda precaria e indigna, garantizando el acceso a la vivienda de todas las familias y ciudadanos que carecen de la capacidad financiera para acceder a una solución de vivienda adecuada.

114.El programa se basa en un esfuerzo cooperativo entre diferentes instancias gubernamentales, concretamente en el ámbito nacional y local, y asigna a los municipios la tarea de identificar el déficit de viviendas y las situaciones de vivienda indigna dentro de su territorio, así como de concebir soluciones para satisfacer esas necesidades. El Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana proporciona entonces financiación a los municipios y los hogares para el realojamiento, la rehabilitación y la construcción de viviendas nuevas o mejoradas. En la actualidad, el Instituto y los municipios han firmado 168 acuerdos de colaboración, además de 4 con empresas municipales de vivienda y 1 con una entidad del tercer sector, que abarcan 46.506 soluciones de vivienda para familias.

115.El programa experimental Da Habitação ao Habitat tiene por objetivo fomentar la integración socioterritorial y la cohesión de los barrios de alquiler social a fin de mejorar las condiciones generales de vida de sus residentes. El programa está diseñado para explorar e identificar soluciones innovadoras y buenas prácticas para gestionar los barrios de forma más integrada y participativa, con la colaboración y la implicación de actores y comunidades locales, en un proceso decisorio colaborativo.

116.En julio de 2019 se firmaron acuerdos de colaboración relativos a tres territorios (Ponte de Lima, Elvas y Vila Nova de Gaia). En mayo de 2020 los equipos de acción local del programa promocionaron una Sesión de Presentación y Discusión de Buenas Prácticas, en la que una de las entidades asociadas de cada barrio hizo un balance y expuso los conocimientos adquiridos en cada una de las tres intervenciones. Debido a la pandemia, se ha prorrogado el programa hasta diciembre de 2022.

Derecho a la salud física y mental (art. 12)

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

COVID-19

117.En 2020 se emitieron diversas recomendaciones internacionales y directrices estratégicas nacionales específicamente para promover la resiliencia del sector de la salud, mejorar las infraestructuras básicas, ofrecer una respuesta a las zonas geográficas y los grupos sociales más vulnerables, reforzar las inversiones en atención primaria y en salud mental y apoyar la promoción de la salud, los programas de estilo de vida saludable y las acciones intersectoriales orientadas a aumentar la equidad y la resiliencia en el ámbito sanitario.

118.En consecuencia, se está desarrollando un conjunto de estrategias y planes que buscan responder a estos retos. En el ámbito nacional, es importante resaltar las siguientes iniciativas:

La nueva Ley de Salud, aprobada en septiembre de 2019.

El Programa de Estabilización Económica y Social, aprobado en junio de 2020, que establece medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud, poner en valor a los profesionales que trabajan en él, así como la salud pública, e invertir en redes de sistemas de información en el ámbito de la salud.

El Plan Nacional de Salud 2021-2030, que se encuentra en fase de preparación.

La designación de una Comisión de Seguimiento de la Respuesta Nacional en Medicina Intensiva con el objetivo principal de mejorar la respuesta en este ámbito, junto con una inversión de 86 millones de euros en equipamiento, infraestructuras y apoyo a los profesionales de la salud.

La creación de un programa de financiación que refuerce y amplíe la red de diagnóstico.

La inversión en cibersalud, que contribuyó a incrementar el acceso a la atención, facilitó la comunicación y tuvo efectos considerables en la eficiencia y la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud.

119.Para reforzar la respuesta del sistema de salud ante la pandemia, el Gobierno de Portugal adoptó varias medidas entre 2020 y 2021 dirigidas a aumentar el número de profesionales de la salud y creó mecanismos excepcionales para gestionar a estos profesionales. Como resultado de estas acciones, en 2020 se registró un incremento de 9.193 profesionales de la salud respecto a las cifras de 2019. La compensación concedida a los trabajadores que participaron en la lucha contra la pandemia de COVID-19 cubrió a unos 25.000 profesionales sanitarios del Servicio Nacional de Salud y tuvo un coste de 23 millones de euros. Entre estas medidas cabe destacar:

Se reactivaron las estructuras de refuerzo para pacientes vulnerables que ya no necesitaban permanecer hospitalizados.

Se contrató a enfermeros jubilados para realizar el rastreo de contactos en el contexto de la COVID-19.

Se instauraron normas especiales para contratar personal médico y de enfermería para las unidades de cuidados intensivos y se aumentó el número de camas en esas unidades.

Se emitieron declaraciones de aislamiento a través del teléfono de asistencia del Servicio Nacional de Salud, que funcionaba las 24 horas del día.

Se creó un subsidio específico para compensar a los profesionales de la salud que participaron directamente en la respuesta a la pandemia, debido al incremento en el riesgo relacionado con su trabajo.

120.Desde 2019, Portugal tiene como objetivo estratégico la reducción y eliminación de las listas de espera para consultas de 9 meses o más y aquellas para cirugías de 12 meses o más. Tras analizar la actividad del Servicio Nacional de Salud, puede concluirse que en octubre de 2021 se recuperó la actividad en comparación con el año anterior, en especial en lo que respecta a las cirugías programadas (+27,9 %) y a las primeras consultas (+19,1 %). Además, en comparación con el mismo período de 2019, anterior a la pandemia de COVID‑19, ya se aprecia una respuesta muy similar o incluso mejor en el caso de las cirugías programadas (+1,3 %). En lo relativo a las listas de espera de nueve meses o más para consultas, ha habido una reducción continuada desde agosto de 2020, de tal modo que en la actualidad se han reducido casi a la mitad con respecto a diciembre de 2019. En cuanto a las cirugías, los valores son similares a los previos a la pandemia.

121.Debido a la importancia de la recuperación de las actividades de cuidados que no se llevaron a cabo por la pandemia, se diseñaron medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud, concretamente para la recuperación del acceso a la atención sanitaria (Programa de Estabilización Económica y Social, de junio de 2020). Cabe destacar el régimen excepcional de incentivos económicos, que prevé el aumento del pago máximo por producción adicional a los equipos correspondientes, en el contexto de la primera consulta y la cirugía, con el objetivo de incentivar el incremento de la actividad asistencial realizada en los centros y servicios del Servicio Nacional de Salud.

Migrantes indocumentados

122.El Servicio Nacional de Salud de Portugal está diseñado para que puedan acceder a él todas las personas, incluidas las más vulnerables. Se trata de un sistema de salud “universal, general y tendente a la gratuidad”, que ofrece cobertura universal y una gran variedad de prestaciones. El marco jurídico y constitucional de Portugal garantiza el acceso a la atención sanitaria a los migrantes tanto regulares como irregulares, por lo que son beneficiarios del Servicio Nacional de Salud.

123.Por lo tanto, el Ministerio de Salud promovió un conjunto de iniciativas que tenían como objetivo cualitativo la protección de la salud de ciertos grupos vulnerables, entre las que cabe destacar las siguientes:

La Orden Ministerial núm. 3863-B/2020 y posteriormente la Orden Ministerial núm. 4473-A/2021, en las que se establecía que durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021 todos los ciudadanos extranjeros que tuvieran procedimientos pendientes ante el Servicio de Extranjería y Fronteras se encontraban en situación regular en el territorio nacional. Por tanto, al presentar determinados documentos (prueba de haber pedido cita en el Servicio de Extranjería y Fronteras; documento de expresión de interés; solicitud emitida por las plataformas de registro del Servicio), era posible solicitar la asignación de un número nacional de usuario y acceder así a los mismos servicios de salud que tendría un ciudadano nacional.

En el marco del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, la Orden Ministerial núm. 6452/2020 dispuso la obligatoriedad de inscribir en el Registro Nacional de Usuarios a los pacientes nacionales y extranjeros que no dispusieran de un número nacional de usuario, con lo que se garantizó la identificación inequívoca en las notificaciones clínicas y de laboratorio que tuviesen que realizarse.

La Orden núm. 248/2017 estableció el modelo de gobernanza del Programa Nacional de Vacunación, además de otras estrategias de vacunación para la protección de la salud pública y de los grupos de riesgo o en circunstancias especiales. Tenía como objetivo asegurar criterios exigentes de efectividad y eficiencia y aportar mejoras en el ámbito de la salud a toda la población de Portugal. El Programa de Vacunación incluyó a los migrantes, con o sin residencia legal, a los solicitantes de asilo y refugiados y a los trabajadores migrantes de temporada que estuviesen inscritos en el registro y dispusiesen de un número de usuario del Servicio Nacional de Salud o que estuviesen inscritos provisionalmente en el registro del número nacional de usuario.

El documento informativo núm. 10/2020, de 8 de mayo, publicado por la Dirección General de Salud, reforzó el derecho de los migrantes y refugiados a la protección de la salud y al acceso a la atención sanitaria. En él también se hace mención de la eliminación de barreras administrativas para acceder al Servicio Nacional de Salud, al margen de la situación en que se encuentren los migrantes, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales.

El documento de orientación núm. 35/2020, de 30 de julio, publicado por la Dirección General de Salud, que estaba dirigido a poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social.

Se alentó a los migrantes a los que no se les había asignado un número de usuario del Servicio Nacional de Salud o que no contaban con la inscripción provisional del mismo porque nunca habían accedido a la red de atención sanitaria del Servicio Nacional de Salud a que se pusieran en contacto con grupos de apoyo a inmigrantes del ámbito regional y local, como los Centros Nacionales de Apoyo a la Integración de los Migrantes, los Centros Locales de Apoyo a la Integración a los Migrantes y el Alto Comisionado para las Migraciones. Estas estrategias han permitido la identificación y la prestación de apoyo para el plan de vacunación.

Respuestas al párrafo 24 de la lista de cuestiones

124.Para abordar las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la salud mental se adoptaron medidas según el modelo en cuatro pasos de la OMS. En el primer nivel (cuidado personal), el objetivo era aumentar el conocimiento de la población sobre las repercusiones de la pandemia a través de los medios de comunicación y las plataformas en línea; en el segundo nivel (comunidad), se crearon teléfonos de asistencia tanto para la población en general como para los profesionales de la salud; en el tercer nivel (atención primaria), se abrieron centros locales de salud mental dentro de la red de atención primaria, que estaban estrechamente ligados con los servicios de psiquiatría de esas zonas; en el cuarto nivel, se incrementó la oferta de servicios de salud mental para mantener un contacto cercano con los pacientes y para apoyar al personal que trabajaba en hospitales generales (UCI, pabellones generales). De todos los ámbitos médicos, en 2020 solo se pudo aumentar el número de consultas en psiquiatría.

125.En lo que respecta a las personas sin hogar con problemas de salud mental, se estableció una vía directa de acceso a los servicios de salud mental en todo el país.

126.Actualmente se está llevando a cabo una reforma organizativa y legislativa de la salud mental. Portugal está aumentando de forma progresiva la financiación y transformando los servicios de salud mental mediante las siguientes medidas:

La priorización de la salud mental dentro de la política de salud del Gobierno.

La mejora del acceso a la atención externa a través de la puesta en marcha de equipos comunitarios para adultos, niños y adolescentes.

La adopción de enfoques terapéuticos innovadores, como Open Dialogue.

La inclusión de los usuarios y las familias en el equipo del Programa Nacional de Salud Mental.

La supervisión independiente de los centros de salud mental.

La sustitución de las prácticas de interdicción e inhabilitación por un seguimiento centrado en la persona (nuevo marco jurídico).

La reforma del sistema forense mediante la creación de establecimientos de transición menos restrictivos, fomentando así la integración en la comunidad de los pacientes derivados por el sector judicial.

La actualización de la Ley de Salud Mental de acuerdo con los principios y normas establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derecho a la educación (arts. 13 y 14)

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

Escolarización, no discriminación y COVID-19

127.Las políticas educativas que garantizan el acceso equitativo a la escuela pública y fomentan el éxito escolar se han reflejado en un conjunto de principios rectores, a saber:

Promover la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Garantizar una escuela inclusiva que promueva la igualdad y la no discriminación.

Valorar la diversidad lingüística de la comunidad y los alumnos como una expresión de la identidad individual y colectiva.

Promover la educación para la ciudadanía y para el desarrollo de la participación personal, interpersonal y social a lo largo de toda la enseñanza obligatoria.

128.Para asegurar los principios de igualdad, equidad e inclusión para todos los niños y estudiantes, el Ministerio de Educación de Portugal adoptó una serie de medidas que constituyen el marco para la elaboración de planes de estudios adaptados al siglo XXI, con la aprobación de los siguientes documentos legales:

El Perfil del Alumno al Finalizar la Enseñanza Obligatoria, que establece la matriz de principios, valores y áreas de competencia a los que debe ajustarse el plan de estudios.

El Decreto-ley núm. 55/2018, que define la aplicación de una política educativa que prioriza el enfoque centrado en la persona, asegura el acceso igualitario a la educación pública y fomenta el éxito educativo y la igualdad de oportunidades para todos.

El Decreto-ley núm. 54/2018, que establece principios y normas que garanticen la inclusión, como proceso que busca dar respuesta a la diversidad de necesidades y al potencial de todos y cada uno de los alumnos, mediante el aumento de la participación en los procesos de aprendizaje y en la vida de la comunidad educativa.

129.Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Educación, junto con el canal nacional de televisión pública RTP, puso en marcha el proyecto #EstudoEmCasa (estudio en casa), a partir del 20 de abril de 2020, para asegurar la equidad, la inclusión y el éxito de todos los estudiantes en el acceso a la educación. El proyecto estaba dirigido a estudiantes de enseñanza primaria y secundaria. En abril de 2020 se publicó el documento Nueve principios de orientación para el seguimiento de los alumnos que asisten a #EstudoEmCasa. En él, se explicaba el objetivo del proyecto, esto es, poner los recursos educativos a disposición de los estudiantes sin acceso o con un acceso limitado a Internet y a un ordenador, independientemente de otras estrategias educativas empleadas por los profesores y las escuelas. Las clases que se emitían por televisión ofrecían otras actividades educativas, que los alumnos podían recibir en casa cuando fuera necesario. Además, los alumnos contaban con la estrecha supervisión de profesores-mentores de sus centros educativos, que tenían la responsabilidad de hacer un seguimiento de su aprendizaje.

Estudiantes romaníes

130.Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Romaníes es garantizar el acceso efectivo a la educación, el éxito académico y el aprendizaje permanente de la población romaní. Con ese fin, Portugal ha puesto en marcha programas específicos encaminados a mejorar el acceso a una educación de calidad de los niños y jóvenes romaníes, entre los que se incluyen dos programas nacionales de becas gestionados por el Alto Comisionado para las Migraciones. Se trata de la beca Roma EDUCA (dirigida a estudiantes de educación secundaria y educación secundaria superior) y la beca OPRE (dirigida a estudiantes de enseñanza superior).

En la primera edición de Roma EDUCA (durante el año escolar 2019/20) se concedieron 49 becas (13 niñas y 36 niños). Durante la segunda edición (2020/21) el número de becas concedidas ascendió a 120 (62 niñas y 58 niños). Dada la gran cantidad de solicitudes (446) y el interés por el programa, el Alto Comisionado para las Migraciones firmó un protocolo con una empresa que permitió que se concedieran otras 21 becas.

El programa OPRE financió a 37 estudiantes de origen romaní (19 niñas y 18 niños) en 2019/20 y a 41 estudiantes (19 niñas y 22 niños) en 2020/21. El programa, que actualmente está en su sexta edición, ha financiado a 39 estudiantes (17 niñas y 22 niños) en 2021/22.

131.Cada dos años, el Ministerio de Educación realiza un sondeo en escuelas públicas de todo el país para hacer un seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes romaníes. Los dos informes elaborados a partir del sondeo muestran que se ha mejorado en algunos ámbitos, ya que ha aumentado el número de niños romaníes en la enseñanza preescolar, ha mejorado el éxito académico y se ha reducido el abandono escolar prematuro.

132.Además, el Alto Comisionado para las Migraciones promueve el Programa Opciones, una iniciativa pública de ámbito nacional cuyo objetivo es impulsar la igualdad y la cohesión social mediante el fomento de la inclusión social de los niños y jóvenes de entre 6 y 25 años que proceden de entornos socioeconómicos más desfavorecidos, en particular de los provenientes de familias migrantes y romaníes. Actualmente se encuentra en su octava edición y se están llevando a cabo 105 proyectos en todo el país. Se prevé que en 2021-2022 participen en él 27.704 personas, de las que un 21 % provienen de la comunidad romaní.

133.Uno de los objetivos principales del Programa Opciones ha sido asegurar que las niñas romaníes no abandonen los estudios y evitar el abandono escolar temprano, en particular entre las niñas a partir de los 11-12 años. El programa ofrece mediación entre la escuela y la familia para concienciar sobre la importancia de la educación para el futuro de estas niñas y para prevenir los matrimonios y embarazos precoces.

Respuestas al párrafo 26 de la lista de cuestiones

134.En 2014/15 se concedieron 1.023 becas sociales de enseñanza superior a personas afrodescendientes y en 2018/19, 1.114. Estas cifras hacen referencia a beneficiarios de becas provenientes de hogares en los que alguno de los miembros fuese nacional de un país africano. En lo relativo a las personas con discapacidad, en 2017/18 se creó una beca específica para estudiantes de enseñanza superior con discapacidad (de un grado igual o superior al 60 %). En ese primer curso, se concedió esta beca a 524 estudiantes, cifra que ha seguido creciendo hasta alcanzar los 1.088 beneficiarios de becas en el actual curso 2021/22.

135.Respecto al número de candidatos que solicitaron la beca a través de la convocatoria especial para estudiantes de países africanos de habla portuguesa, hubo un total de 558 en 2014/15 y 1.273 en 2018/19. En cuanto a los que solicitaron la beca a través de la convocatoria nacional para el cupo especial de estudiantes con discapacidad, hubo un total de 129 en 2014/15 y 255 en 2018/19. En ambos casos se ha registrado un incremento considerable.

Derechos culturales (art. 15)

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

Promoción de actividades culturales dirigidas a las comunidades más desfavorecidas

136.Durante la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea y en el marco del Plan Nacional para las Artes 2019-2024 se desarrolló la Carta do Porto Santo, centrada en el papel que desempeñan los sectores de la cultura, las artes, el patrimonio y la educación en la promoción de la democracia. Contiene 37 recomendaciones que alientan a las autoridades europeas, las instituciones culturales y los ciudadanos a contribuir a la promoción de los derechos culturales de los ciudadanos.

137.A través del Programa de Cultura Escolar, la Academia PNA (una serie de actividades de formación) o el Plan Nacional de Cine, Portugal intenta promover la participación en actividades culturales de todos los ciudadanos, especialmente de las personas jóvenes y de las provenientes de las comunidades más desfavorecidas.

Recuperación de la COVID-19

138.Respecto a la manera de encarar la recuperación de la pandemia en el Plan Nacional para las Artes y otras políticas culturales, se pueden señalar las siguientes acciones:

La vuelta a la “normalidad” de las medidas de política planeadas, con un refuerzo de las acciones que promueven el acceso y la participación de las personas más vulnerables, centrándose en las situaciones de mayor fragilidad en el período posterior a la pandemia, como la salud mental y la pobreza.

La mejora de las soluciones virtuales desarrolladas en el contexto de la pandemia, por ejemplo ofreciendo recursos pedagógicos, películas y exposiciones, entre otros.

Medidas de apoyo como el Programa Garantizar la Cultura, un mecanismo de apoyo universal (sin licitación) no reembolsable, que tenía por objetivo mitigar las repercusiones de la crisis causada por la pandemia en el sector cultural y estimular la reanudación progresiva de la actividad, permitiendo la remuneración de las labores técnicas y apoyando las actividades de creación y programación artísticas, que se llevarán a cabo en formatos y contextos físicos o digitales.

La puesta en marcha, a finales de 2021, de un nuevo programa de apoyo en asociación por parte de la Dirección General de las Artes. En este contexto, destacan los proyectos Multiculturalismo, en asociación con el Alto Comisionado para las Migraciones, y Arte y Envejecimiento Activo, en asociación con la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Aplicación de la resolución 70/76 de la Asamblea General

139.Esta cuestión ha sido objeto de reflexión con miras a analizar y definir posibles medidas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna petición dirigida a Portugal, y concretamente a los Museos Nacionales, para la devolución de bienes culturales.