Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Informe inicial que la República Democrática Popular Lao debía presentar en 2009 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto *
[Fecha de recepción: 1 de diciembre de 2022]
Parte I Introducción
1.La República Democrática Popular Lao firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 7 de diciembre de 2000, lo ratificó el 13 de febrero de 2007 y este entró en vigor el 13 de mayo de 2007.
2.El presente informe ha sido preparado y redactado de conformidad con las Directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2008/2). Se encomendó a un Comité Técnico integrado por representantes de la Asamblea Nacional, los ministerios competentes, los organismos equivalentes a ministerios, el órgano judicial, el Frente Lao para el Desarrollo Nacional y las organizaciones de masas la recopilación de datos para incorporarlos a este proyecto de informe nacional.
3.El informe se ha elaborado tras la celebración de 10 reuniones de consulta del Comité Técnico mantenidas conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores como organismo principal para consolidar y redactar el informe y 5 reuniones de consulta con otras partes interesadas. El informe se presentará junto con el documento básico común al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los datos y estadísticas que se han incluido en el presente informe son datos oficiales recopilados por la Oficina Nacional de Estadística y los sectores pertinentes entre 2009 y 2019.
Parte II Aplicación del Pacto
Artículo 1 Derecho de libre determinación
4.La República Democrática Popular Lao reconoce plenamente el derecho de libre determinación de la nación de conformidad con el propósito y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata del legítimo derecho colectivo de las naciones que lucharon por la liberación nacional contra las viejas formas de colonialismo y neocolonialismo, por la independencia del país y por la determinación de la comunidad nacional de elegir sus regímenes políticos, económicos y sociales en consonancia con las circunstancias internas del país, sin injerencias en los asuntos internos.
5.Tras la plena liberación del país, el 2 de diciembre de 1975 se proclamó la República Democrática Popular Lao, con un régimen político, económico y social acorde con las particularidades históricas y el nivel de desarrollo del país, y que respondía a las aspiraciones del pueblo multiétnico laosiano. Este pueblo es el auténtico dueño de la nación y disfruta colectivamente del derecho de libre determinación, como se refleja claramente en el último párrafo del preámbulo de la Constitución de Lao, que afirma: “esta Constitución es fruto del proceso de debate popular en todo el país. Expresa las aspiraciones de larga data y la firme determinación de la comunidad nacional de esforzarse conjuntamente por alcanzar el objetivo de construir un país de paz, independencia, democracia, unidad y prosperidad”. La República Democrática Popular Lao es un Estado democrático en el que todos los poderes pertenecen al pueblo, son ejercidos por el pueblo y en interés de la población multiétnica de todos los estratos sociales, cuyos componentes fundamentales son los trabajadores, los agricultores y los intelectuales.
6.El disfrute de los derechos del pueblo multiétnico a ser el dueño del país se expresa a través de sus representantes en la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales Populares. La Asamblea Nacional es el órgano representativo de los derechos e intereses del pueblo multiétnico laosiano. Es el órgano supremo del poder del Estado como órgano legislativo que cumple la función de aprobar la Constitución y las leyes, tomar decisiones sobre asuntos fundamentales del país y supervisar la aplicación de la Constitución y las leyes de los órganos del Estado. Las Asambleas Provinciales Populares son los órganos representativos de los derechos e intereses del pueblo multiétnico laosiano en representación de los órganos estatales locales; cumplen la función de aprobar legislación importante, tomar decisiones sobre asuntos fundamentales y supervisar las actividades de los órganos estatales a nivel local. Todos los ciudadanos laosianos, sin discriminación alguna por motivos de sexo, etnia, creencias, condición social o ubicación geográfica que han cumplido los 18 años tienen derecho a votar, y los que han cumplido los 21 años tienen derecho a ser elegidos miembros de la Asamblea Nacional. Los votantes tienen derecho a destituir a sus representantes si se comportan de forma indebida y el pueblo no confía en ellos. En las elecciones nacionales para elegir a los miembros del noveno órgano legislativo de la Asamblea Nacional participaron 3.973.017 personas con derecho a voto, lo que representó el 98 % del total de personas con derecho a voto. Esto es una muestra de la unidad y la confianza en el régimen democrático popular, y del disfrute del derecho del pueblo multiétnico laosiano a ser el dueño del país y sus derechos democráticos de libre determinación.
7.La República Democrática Popular Lao comprende 50 grupos étnicos que coexisten pacíficamente y viven dispersos en todo el país. Los grupos étnicos en su conjunto constituyen la comunidad nacional, poseen la nacionalidad laosiana y gozan de igualdad de derechos y obligaciones en virtud de la Constitución y las leyes. No se discrimina contra ningún grupo étnico y ninguno de ellos se considera indígena o tradicional. La Constitución del país no permite ningún tipo de discriminación entre grupos étnicos ni dentro de ellos. La discriminación entre grupos étnicos constituye un delito penal. La Constitución establece claramente que “la República Democrática Popular Lao es un país independiente, con soberanía e integridad territorial. Es un país unido que pertenece a todos los pueblos multiétnicos y es indivisible”.
8.El artículo 3 de la Ley de Tierras afirma inequívocamente que las tierras de la República Democrática Popular Lao son propiedad de la comunidad nacional. El Estado representa al titular de la propiedad y gestiona la asignación de tierras de forma centralizada y uniforme a través de los planes de asignación de tierras, la planificación del uso de la tierra y la ordenación territorial. El Estado otorga derechos de uso de la tierra seguros y de largo plazo a los ciudadanos laosianos, así como a personas jurídicas, colectividades y organizaciones de ciudadanos laosianos. Esta ley también reconoce los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra, en particular el artículo 130, sobre la adquisición del derecho consuetudinario de uso de la tierra en relación con el derecho a la adquisición por los ciudadanos laosianos de las tierras que han ocupado y utilizado por medio de la limpieza, el desarrollo, la protección y el uso regular durante más de 20 años antes de que esta ley entrara en vigor sin ningún documento que acredite la adquisición de la tierra, con sujeción a la certificación de las autoridades administrativas de la aldea y los propietarios de las parcelas adyacentes sobre la ocupación y el uso continuos de la tierra sin ningún tipo de conflictos, o conflictos ya resueltos. Aunque todavía no se haya llevado a cabo el registro de tierras para la expedición de títulos de propiedad individuales, el Estado reconoce y protege el derecho consuetudinario de uso de la tierra de las personas y procede al registro de los títulos de propiedad de conformidad con las leyes.
9.Según la información del Departamento de Tierras del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, desde 2018 se han registrado 2.916.954 parcelas de tierra en todo el país, y se han expedido 1.215.108 títulos de propiedad permanentes. La Asamblea Nacional ha aprobado el Plan Maestro Nacional de Asignación de Tierras. A fin de garantizar los derechos de la población sobre la tierra, reducir las disputas sobre la tierra y garantizar los ingresos generados por el uso de la tierra, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha finalizado la asignación de tierras provinciales en 1 provincia (Luang Prabang), la asignación de tierras de distrito en 2 distritos y la asignación de tierras de aldea en 108 aldeas de todo el país; ha realizado encuestas y registros y ha expedido títulos de propiedad en todo el país, ha introducido información sobre la tierra en el sistema de registro de tierras, ha elaborado mapas para la evaluación de tierras y ha mejorado el sistema de gestión de tierras mediante la aplicación de sistemas informáticos para la recopilación de datos sobre tierras (por ejemplo, censo de la tierra, arrendamiento de la tierra, concesión de la tierra, registro de la tierra, catastro y evaluación de la tierra).
10.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao concede importancia a la protección y promoción de los derechos de la comunidad local a participar en el desarrollo socioeconómico. En particular, las personas afectadas por proyectos de desarrollo tienen la oportunidad de participar en la consulta sobre la viabilidad del proyecto, abordar las repercusiones socioambientales y participar en la toma de decisiones sobre la ejecución del proyecto. Este derecho ha sido garantizado por las leyes y los reglamentos pertinentes, a saber, la Ley de Aguas y Recursos Hídricos, en relación con la participación de las personas en el proceso de estudio dentro de la zona del proyecto, la asignación de humedales y la planificación de la protección, el desarrollo y la restauración de tierras, la Ley de Reasentamiento y Formación Profesional, que establece el derecho de las personas reasentadas a recibir información sobre los proyectos de desarrollo, los beneficios previstos y las repercusiones, incluidos los progresos en el reasentamiento de las personas, la indemnización y la recuperación de los medios de subsistencia durante la ejecución del proyecto, el derecho a recibir una indemnización y garantías de que las iniciativas de reasentamiento y recuperación de los medios de subsistencia siguen el plan aprobado oficialmente. Las personas reasentadas tienen derecho a presentar propuestas por escrito a los titulares de proyectos, al promotor del proyecto y al Comité de Reasentamiento y Formación Profesional para abordar cuestiones relacionadas con el proyecto de desarrollo; pueden participar en las consultas, formular observaciones sobre el plan de reasentamiento, el plan de indemnización y el plan de medios de subsistencia, como se definen en las leyes, y ejercer otros derechos previstos por la Ley; las personas reasentadas tienen derecho a recibir información sobre los beneficios y las repercusiones ocupacionales, a presentar propuestas por escrito a titulares de proyectos, a promotores de proyectos y al Comité de Reasentamiento y Formación Profesional para abordar cuestiones relacionadas con su empleo; a participar en consultas y a hacer aportaciones al Plan de Empleo. El Decreto sobre Indemnización y Reasentamiento de las personas afectadas por un proyecto de desarrollo define los principios fundamentales de la indemnización y el reasentamiento, a saber: “proteger los derechos e intereses legítimos de las personas afectadas; disfrutar de igualdad, corrección, transparencia, apertura y justicia; garantizar la coordinación, la consolidación y la participación de los titulares de proyectos, las personas afectadas, las organizaciones públicas y las partes interesadas pertinentes”. El Decreto sobre la Evaluación del Impacto Ambiental dispone la inclusión social en todas las fases de los proyectos y actividades de inversión, a saber, la preparación y planificación de proyectos, la construcción y explotación de proyectos y la terminación de proyectos, en los que el Sector de Recursos Naturales y Medio Ambiente, otros sectores encargados de proyectos de inversión, las autoridades locales y el titular del proyecto asumen la responsabilidad conjunta de garantizar y crear condiciones propicias para que todas las entidades sociales participen en la evaluación del impacto ambiental. Además, el titular del proyecto debe elaborar un Plan de Participación de las Partes Interesadas para la evaluación periódica del impacto ambiental junto con los análisis de la participación de las partes interesadas, en particular en relación con los grupos étnicos, de género y los grupos vulnerables y marginados afectados por los proyectos y actividades de inversión.
11.Además, los ministerios competentes también aprobaron legislación secundaria como complemento para el ejercicio de esos derechos, como las instrucciones del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente sobre la participación pública en el proceso de evaluación del impacto ambiental de las inversiones (núm. 707/MONRE/2013) y las instrucciones sobre el proceso de evaluación del impacto socioambiental y natural de los proyectos y actividades de inversión (núm. 030/MONRE/2013).
Artículo 2 Medidas adoptadas para hacer efectivos gradualmente los derechos reconocidos en el Pacto
12.La República Democrática Popular Lao acaba de concluir la aplicación de su octavo Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y ha comenzado a aplicar el noveno Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 a fin de crear condiciones propicias para que el pueblo multiétnico laosiano ejerza gradualmente todos sus derechos económicos, sociales y culturales. El Gobierno ha asignado el presupuesto y ha fijado metas y orientaciones para centrar su fuente de financiación en el desarrollo con miras a alcanzar las siguientes metas establecidas: la inversión del presupuesto del Estado tendrá principalmente por objeto la mejora y construcción de la infraestructura económica social básica necesaria, a saber, carreteras, sistemas de riego, escuelas, hospitales, dispensarios, alcantarillado, centros técnicos agrícolas y promoción de las competencias y el desarrollo de las zonas rurales y remotas. Además, el Gobierno ha asignado préstamos y subvenciones de los asociados para el desarrollo, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas a inversiones en el desarrollo social, especialmente el desarrollo de recursos humanos, junto con la mejora de los medios de subsistencia de la población y la mitigación de la pobreza, la lucha contra la malnutrición y la mejora del saneamiento. La inversión nacional y extranjera directa se centrará en el desarrollo de sectores económicos combinados con las responsabilidades ambientales y el desarrollo social, a saber, la construcción de presas hidroeléctricas, el desarrollo de zonas económicas especiales y específicas, la inversión en industrias de transformación, industrias de materiales de construcción y maquinaria, el fomento del turismo, la construcción de ferrocarriles, entre otras. Además, el Gobierno ha formulado una política fiscal y monetaria (créditos del sector de la banca y movilización de fondos de la Bolsa) para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con el fin de apoyar y promover la producción agrícola, las industrias de transformación y el comercio, las artesanías y los servicios, con miras a reforzar y diversificar la base de producción, crear empleo y mitigar la pobreza de la población.
13.En la ejecución del octavo Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, toda la sociedad pudo aportar fondos para el desarrollo, por una cuantía de 169.744,6 mil millones de kip. El valor de la inversión procedente del presupuesto del Estado asciende a 17,0999 billones de kip, lo que equivale al 10,1 % de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD): 29,6661 billones de kip, es decir, el 17,5 %; las inversiones directas nacionales y extranjeras: 86,1276 billones de kip, es decir, el 50,7 %; y la inversión del sector financiero o monetario asciende a 36,851 billones de kip, es decir, el 21,7 % de la inversión total. De la aplicación del Plan en los últimos cinco años, se observa que la economía nacional sigue creciendo a una tasa media del 5,8 % anual (respecto de 2011-2015, con una tasa media de crecimiento del 7,9 % anual). Esto incluye la tasa media de crecimiento del sector agrícola: 2,1 %; del sector industrial: 9,1 %; del sector de los servicios: 4,8 %; y del sector fiscal: 5,2 %. El producto interno bruto (PIB) per cápita aumentó de 2.025 dólares de los Estados Unidos en 2016 a 2.664 dólares en 2020. En general, se observa que la economía se ha reorientado hacia los sectores industrial y de los servicios, incrementándose así la creación y generación de ingresos en consonancia con una mejor calidad de vida y una orientación sostenible, y también mejorándose en forma continua el desarrollo sociocultural.
14.La República Democrática Popular Lao aplica una política de promoción de la igualdad social y ha tomado medidas contra todas las formas de discriminación, en particular contra las mujeres, las personas desfavorecidas y las personas con discapacidad, lo que se ha reflejado en la legislación nacional, como la Constitución, que prohíbe la discriminación contra los grupos étnicos (art. 8), la discriminación religiosa y las divisiones del pueblo (art. 9). Los ciudadanos laosianos son iguales ante la ley, independientemente de su género, condición social, nivel educativo, creencias y grupo étnico, (art. 35); y los ciudadanos de ambos géneros gozan de los mismos derechos en las esferas política, económica, cultural y social (art. 37). Además, todas las formas de discriminación se consideran delitos y están sujetas a enjuiciamiento, de conformidad con el Código Penal, sobre discriminación contra la mujer (art. 224), las personas con discapacidad (art. 225), los niños (art. 226) y los grupos étnicos (art. 227). Asimismo, muchas leyes establecen principios de no discriminación, como la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, la Ley de Prevención del Uso de la Violencia contra Mujeres y Niños, la Ley del Sindicato de Mujeres de Lao, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Infancia, el Código del Trabajo, la Ley de Educación, la Ley de Higiene e Inmunización y la Ley de Personas con Discapacidad, entre otras.
15.La República Democrática Popular Lao reconoce y protege los derechos económicos y sociales de las personas extranjeras, no nacionales y apátridas, de conformidad con la ley. La Constitución dispone además que los derechos y libertades de las personas no nacionales y apátridas están protegidos por la ley; estas tienen derecho a proponer e interponer denuncias ante los tribunales, presentar peticiones con otras organizaciones interesadas, y tienen la obligación de respetar la Constitución y las leyes nacionales. Los extranjeros que han hecho contribuciones destacadas a la protección y el desarrollo del país tienen derecho a solicitar la condición de residentes permanentes en la República Democrática Popular Lao y recibir el título de ciudadanos honorarios.
16.Además, los derechos de los inversores extranjeros están plenamente protegidos por la Ley de Promoción de Inversiones, como los derechos de gestión y administración de las actividades de inversión (art. 68), los derechos a emplear mano de obra (art. 69), los derechos de los inversores extranjeros y los miembros de su familia, los técnicos y expertos por establecerse en el país (art. 70) y los derechos de los inversores a remitir su capital, activos e ingresos a sus respectivos países (art. 71). La libertad de los ciudadanos extranjeros, las personas no nacionales y apátridas ante la ley y los tribunales en procedimientos civiles y penales está garantizada por la Ley de Procedimiento Civil (art. 10) y la Ley de Procedimiento Penal (art. 13).
17.Además de la legislación nacional, la República Democrática Popular Lao también firmó acuerdos bilaterales y multilaterales con muchos países, en relación con las disposiciones sobre la protección de los ciudadanos extranjeros que residen u operan en la República Democrática Popular Lao, en particular, acuerdos comerciales, de protección de la inversión y de eliminación de la doble imposición.
Artículo 3 Igualdad de género en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales
18.La República Democrática Popular Lao tiene una política clara por la que concede importancia a la promoción de la igualdad de género. En el ámbito internacional, desde el 14 de agosto de 1981 es parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Hasta la fecha, ha cumplido regularmente sus obligaciones de presentación de información en virtud de la Convención. El 3 de agosto de 2017 presentó sus informes periódicos octavo y noveno combinados, y el 2 de noviembre de 2018 participó con éxito en la presentación de dichos informes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Todas las recomendaciones formuladas por el Comité durante la presentación de los informes en el marco de la Convención se han puesto en práctica y se aplican de forma continuada. Además, la República Democrática Popular Lao también participó en la aplicación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y presentó con éxito el informe correspondiente al 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
19.A nivel nacional, se ha establecido un mecanismo interno para promover el adelanto de la mujer, la paridad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Comisión Nacional para el Adelanto de las Mujeres, las Madres y los Niños, que actúa como secretaría del Gobierno en este ámbito. Además, el Sindicato de Mujeres de Lao se desempeña como organización central de masas y el Grupo de Mujeres Parlamentarias como mecanismo legislativo. Todos esos mecanismos han establecido sus estructuras desde el nivel central hasta el nivel local de base y han contribuido de forma significativa al adelanto de la mujer. Asimismo, la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres se han integrado en los Planes Quinquenales Nacionales de Desarrollo Económico y Social octavo y noveno y se han plasmado en una visión sobre la promoción del adelanto de las mujeres, la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres para 2030, la Estrategia Nacional para el Adelanto de las Mujeres 2016-2025 y el tercer Plan de Acción Nacional Quinquenal para la Igualdad de Género 2016-2020. En particular, el Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género establece 11 objetivos, entre otros:
Las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones dentro de las organizaciones estatales y las organizaciones de masas deberían representar más del 20 %.
La tasa de mortalidad materna debería reducirse a 180 por cada 100.000 nacidos vivos.
El empleo de mujeres que se integran en la población activa y trabajan en función de las demandas del mercado laboral debería representar el 44,59 %.
Debería aplicarse el 50 % de las recomendaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos octavo y noveno de la República Democrática Popular Lao sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El número de mujeres con acceso a la tierra para su subsistencia, concretamente en los sectores de la agricultura y la ganadería, debería aumentar hasta el 50 %.
El número de mujeres con acceso a financiación para servicios debería aumentar hasta el 50 %, en el marco de las posibilidades locales.
El número de mujeres con acceso a financiación para la producción comercial gradual debería aumentar hasta el 50 %, en el marco de las posibilidades locales.
Debería mejorarse en un 95 % la estructura de la Comisión Nacional para el Adelanto de las Mujeres, las Madres y los Niños en todos los niveles; y debería mejorarse en un 80 % el mecanismo de apoyo en todos los niveles.
La Comisión Nacional para el Adelanto de las Mujeres, las Madres y los Niños debería traducir su octavo Plan Nacional Quinquenal de Acción para la Igualdad de Género 2016-2020 y todas las Comisiones para el Adelanto de las Madres y los Niños deberían implementar el 80 % del Plan.
20.De la aplicación misma del Plan de Acción se desprende que la promoción de la igualdad de género ha mejorado continuamente. En 2018 la República Democrática Popular Lao ocupó el puesto 26º de 149 países en el índice mundial de disparidad entre los géneros, una mejora respecto de 2017, año en que el país ocupó el puesto 64º. Lo que es más importante, la República Democrática Popular Lao ocupó el primer puesto en relación con la participación y las oportunidades económicas, lo que redujo la disparidad entre los géneros hasta el 91 %. En la aplicación de la octava Estrategia Nacional Quinquenal para el Adelanto de la Mujer 2011-2015, se observa que el número de mujeres en puestos de toma de decisiones ha aumentado: del número total de 149 miembros del órgano legislativo de la octava Asamblea Nacional, 41 son mujeres, es decir, el 27,5 %, lo que equivale a un aumento del 2,5 % respecto del número de miembros del órgano legislativo de la séptima Asamblea Nacional (33 parlamentarias del total de 134 miembros de la Asamblea Nacional, o el 25 %). El logro más destacado fue la presidencia por mujeres de los órganos legislativos de las Asambleas Nacionales séptima y octava. De los 68 puestos de personal directivo superior a nivel ministerial y de gobernador o equivalente, 5 están ocupados por mujeres; de los 190 puestos a nivel de viceministro, vicegobernador o equivalentes, 24 están ocupados por mujeres. El país tiene un total de 66.828 funcionarios, de los cuales 20.770 son mujeres; de los 324 funcionarios que ocupan el cargo de Director General, 38 son mujeres; de los 2.255 funcionarios que ocupan el puesto de Director General Adjunto o equivalente, 373 son mujeres; de los 6.968 funcionarios que ocupan el cargo de jefe de división o equivalente, 1.293 son mujeres; de los 12.640 funcionarios que ocupan el puesto de jefe adjunto de división o equivalente, 3.041 son mujeres; de los 222 jefes de distrito o equivalente, 30 son mujeres; de los 682 jefes adjuntos de distrito, 99 son mujeres; del total de 8.577 jefes de aldea, 225 son mujeres; y del total de 17.474 jefes adjuntos de aldea, 1.497 son mujeres. Enel sector de Asuntos Exteriores, del total de 24 Embajadores, 3 son mujeres; de los 8 Ministros Consejeros, 3 son mujeres; de 12 Consejeros, 1 es mujer; de los7 Cónsules Generales, 1 es mujer.
21.La Asamblea Nacional y el Gobierno aprobaron una serie de leyes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, como el artículo 35 de la Constitución de la República Democrática Popular Lao, que establece que “todos los ciudadanos laosianos son iguales ante la ley, con independencia de su género, condición social, grupo étnico o nivel educativo”. El artículo 37 de la Constitución dispone que “los ciudadanos de ambos géneros gozan de los mismos derechos en las esferas política, económica, cultural y social, así como en relación con cuestiones familiares”. El artículo 224 del Código Penal tipifica como delito la discriminación contra las mujeres, a saber: “Toda persona que discrimine contra las mujeres o impida, obstruya o restrinja la participación de una mujer en cualquier actividad política, económica, científica, sociocultural o familiar, por razón de su género, será objeto de crítica pública, reeducación sin privación de libertad o se la condenará a una pena de prisión de entre uno y tres años y se le impondrá una multa de entre 3.000.000 de kip y 10.000.000 de kip”. La Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer describe detalladamente las libertades de que goza la mujer, en particular igualdad de género (art. 13), libertad política (art. 14), libertad económica (art. 15), libertad sociocultural (art. 16), libertad familiar (art. 17) y derecho a solicitar e interponer denuncias (art. 18). Además, la Ley del Presupuesto del Estado define los principios básicos para la formulación y ejecución del presupuesto del Estado, que debe garantizar la igualdad de género (art. 6 11)). Asimismo, el principio de género también está prescrito en una serie de leyes y legislación secundaria, en particular, la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica contra Mujeres y Niños, la Ley de Familia, el Código del Trabajo, la Ley de Educación, la Ley de Higiene e Inmunización, el Decreto de Desarrollo Familiar y Aldeas Culturales en relación con la igualdad de género y la violencia no doméstica contra mujeres y niños, y otras leyes. En 2019 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Igualdad de Género que establece los principios, normas y medidas sobre la igualdad de género en la esfera de la gobernanza política, en los sectores de la economía, la educación y el deporte, la salud, el trabajo y el bienestar social, la ciencia, la tecnología y la información, la familia, la defensa nacional y la seguridad pública, las relaciones exteriores, la igualdad para presentar una petición a fin de aumentar la igualdad de género, promover la implicación, eliminar todas las formas de discriminación, divisiones, restricciones o negación de la paridad de género en todos los ámbitos y crear condiciones propicias para que las mujeres y los hombres disfruten de los mismos derechos en todas las esferas.
Artículos 4 y 5
22.No se presentó información.
Artículo 6 Derecho a trabajar
Políticas y estrategias laborales
23.El Estado tiene la política de promover el empleo mediante la creación de puestos de trabajo con el fin de establecer condiciones y oportunidades propicias para que los ciudadanos de Lao tengan un empleo permanente y seguro y condiciones de vida de calidad, ejerzan profesiones liberales o tengan opciones de empleo basadas en las demandas de los mercados de trabajo nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, el Estado aplica la política de creación de mano de obra cualificada de calidad dotada de conocimientos, competencias y disciplina laboral en consonancia con una estructura económica que fomente la industrialización y la modernización. Esto requiere la participación amplia de todas las partes interesadas con miras a crear mano de obra cualificada que sea más competitiva y reconocida a nivel regional e internacional, y establecer y mejorar la infraestructura, incluidas las instalaciones para la promoción de trabajadores cualificados en los diferentes niveles, desde el nivel central hasta el local. Además, el Estado tiene la política de desarrollar un sistema de base de datos del mercado laboral nacional para la planificación y el ajuste laborales a nivel macro, para determinar la fuerza de trabajo de conformidad con los sectores económicos, el nivel educativo, la cualificación y la experiencia, incluida la información sobre la fuerza de trabajo extranjera para garantizar el equilibrio entre la demanda y la oferta en el mercado laboral, establecer una red de información laboral en las provincias y garantizar la integración armonizada entre los sectores público y privado, para facilitar el acceso de la sociedad a la información del mercado laboral para su uso amplio y sencillo.
24.Con miras a aplicar esta política, el Gobierno establece periódicamente planes estratégicos en materia de trabajo, entre ellos la Estrategia Decenal de Fomento del Trabajo y el Bienestar Social 2016-2025, el Plan Estratégico de Promoción del Sector de la Educación y el Deporte 2016-2020, que tiene por objeto alentar a los graduados del primer ciclo de enseñanza secundaria a cursar estudios de formación profesional, el Plan Estratégico de Promoción del Empleo Rural en la República Democrática Popular Lao, para ayudar a los trabajadores rurales a obtener un empleo seguro, bien remunerado y justo, y el Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema de Información del Mercado de Trabajo para 2025 a fin de establecer y gestionar el sistema nacional del mercado laboral. Cabe destacar especialmente que el octavo Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 prevé esferas prioritarias de establecimiento de mano de obra de calidad y empleo asegurado (quinta esfera prioritaria) con las siguientes metas: mantener la tasa de desempleo en un nivel del 2 %; establecer una fuerza de trabajo cualificada de 658.000 trabajadores; crear nuevos puestos de trabajo y aumentar la población activa hasta establecer una fuerza de trabajo de 716.200 personas, modernizar el Centro de Desarrollo de Competencias de la provincia de Oudomxay para convertirlo en un centro piloto de certificación de mano de obra cualificada, modernizar el Centro de Desarrollo de Competencias de la provincia de Attapeu; construir centros de desarrollo de competencias en las provincias de Borkeo y Xayabouly; elaborar normas de trabajo cualificado para 25 profesiones; otorgar de manera experimental la certificación estándar cualificada de 10 profesiones en el ámbito de la construcción, 7 profesiones en el de la maquinaria, 6 profesiones en el ámbito de la tecnología de la información y 4 profesiones en el sector turístico; registrar la mano de obra de las unidades de trabajo que tengan más de 100 trabajadores para cubrir las 306 unidades; y organizar concursos nacionales y provinciales de competencias al menos una vez al año.
Medidas jurídicas y mecanismo de aplicación
25.La Constitución de la República Democrática Popular Lao reconoce la importancia del fomento de competencias, el respeto de la disciplina laboral, la promoción de la carrera profesional y el empleo de las personas, y la protección de los derechos e intereses legítimos de la mano de obra (art. 27), y garantiza los derechos al trabajo y la ocupación que no estén en conflicto con las leyes del país (art. 39). Además, la Asamblea Nacional y el Gobierno han aprobado una serie de leyes y legislación secundaria para plasmar el contenido de la Constitución en leyes y legislación secundaria, a saber, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Educación, la Ley de Educación Técnica y Profesional, la Ley de Sindicatos, la Ley de Artesanías, la Ley de Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, el Decreto sobre Desarrollo de Competencias, el Decreto sobre Exportación de Mano de Obra de Lao, la Decisión sobre el Desarrollo de Aldeas Laborales y Bienestar Social y otras leyes. Todas ellas constituyen medidas jurídicas sistemáticas que sirven de referencia básica para la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos al empleo.
26.En particular, el Código del Trabajo establece de forma clara y completa la gestión de la mano de obra en la República Democrática Popular Lao. En tal sentido, el Estado promueve el empleo de la mano de obra laosiana en el país y en el extranjero, gestiona la labor de los trabajadores extranjeros que ocupan los puestos que la mano de obra laosiana no puede ocupar con el fin de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra (art. 4, párr. 3) y crear oportunidades de empleo con los objetivos principales de permitir a la mano de obra encontrar empleo local para hacer frente al desempleo, la migración de las zonas rurales a las urbanas y la migración transfronteriza ilegal, favorecer las condiciones para que la mano de obra tenga múltiples opciones de empleo, generar ingresos y mitigar la pobreza (art. 32). El componente de oportunidades de empleo incluye la promoción de profesiones liberales, el trabajo a domicilio, la contratación de mano de obra desfavorecida, mujeres, personas con discapacidad y personas de edad, la contratación rural, de jornaleros, la mano de obra por contrata, la fuerza de trabajo temporal y la mano de obra capacitada; la reserva de algunas profesiones para los ciudadanos laosianos, por ejemplo, las profesiones tradicionales de larga data del pueblo multiétnico laosiano, las profesiones que promueven la cultura laosiana, los conocimientos especializados locales, las profesiones y empresas que no requieren altas cualificaciones ni financiación y las organizaciones especializadas en ferias de empleo (art. 33), junto con la promoción de servicios de contratación nacionales (art. 36) y servicios de contratación en el extranjero (art. 38) para crear condiciones apropiadas y facilitar el empleo.
27.El Gobierno ha establecido un mecanismo interno específico con el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social como organización central para la aplicación de este mecanismo. Tiene las funciones y obligaciones de la macrogestión del sector laboral y de bienestar social. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social lidera la creación de condiciones propicias y un entorno para el empleo, como el establecimiento de agencias de contratación, el desarrollo de un sistema de información sobre el mercado laboral (www.lmi.molsw.gov.la/index.php), la creación de un sitio web de contratación pública (www.pes.molsw.gov.la) y la organización de ferias de empleo como medios para ayudar a los desempleados y a las personas interesadas a inscribirse fácilmente para la búsqueda de empleo y facilitar el seguimiento y el suministro de información sobre la demanda de mano de obra de diferentes unidades laborales para la contratación. Además, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social también firmó varios memorandos de entendimiento sobre cooperación laboral e intercambio de mano de obra, por ejemplo entre la República Democrática Popular Lao y Tailandia, la República Democrática Popular Lao y el Japón y la República Democrática Popular Lao y Corea del Sur, para satisfacer la demanda de mano de obra y crear más oportunidades de empleo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha tomado medidas adicionales para promover el empleo, en particular la elaboración de un plan de utilización de mano de obra, la mejora de las agencias de empleo y la ampliación de la red de contratación a todo el país (actualmente, el país tiene 26 agencias de contratación, incluido 1 centro de contratación pública, 23 agencias de contratación extranjeras, 2 agencias de contratación nacionales y puntos de contratación en 9 provincias, y tiene previsto ampliarlos a todas las provincias). El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha mejorado su normativa para agilizar los procedimientos. También ha reducido las tasas y los cargos por servicios e impartido formación sobre creación de capacidad al personal encargado de la contratación y difundido ampliamente información a la sociedad para facilitar a los solicitantes de empleo el acceso a los servicios de contratación y a los puestos de trabajo, así como para crear las condiciones necesarias para la integración regional e internacional de los servicios de contratación, como la aplicación de la declaración de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el logro del empleo bien remunerado y justo, de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alcanzar los objetivos fijados.
Estadísticas laborales
28.Los resultados de la encuesta laboral realizada en 2017 muestran que la República Democrática Popular Lao tiene una población total de 6,9 millones de habitantes. De esta cifra, 4.758.031 personas (el 68,8 %) están por debajo de la edad de trabajar (15 años o más). De esta cifra, aproximadamente 1.940.230 personas, es decir, el 40,8 %, constituyen la población activa; de estas, 1.757.732 están empleadas o contribuyen a la generación de ingresos, en tanto que 182.497 personas, o el 9,4 %, están desempleadas. En cuanto a la población en edad no laboral, unos 2.817.801 de personas pertenecen a la categoría “sin efectos económicos” (unos 362.473 estudiantes, alumnos y jubilados con discapacidad) y unos 2.455.338 son trabajadores por cuenta propia. En general, se observa que la tasa de desempleo sigue siendo excesivamente alta en comparación con la encuesta de 2010 (en que la tasa de desempleo era del 1,9 %), ya que la mayoría de los laosianos son agricultores (plantación, ganado para el propio consumo) y trabajadores por cuenta propia, pero la encuesta laboral de 2017 no incluyó la mano de obra ni el empleo.
29.En 2019, un total de 75.769 trabajadores laosianos, incluidas 33.709 mujeres, recibieron formación y desarrollaron sus competencias; en el sector agrícola, 19.063 personas, incluidas 8.909 mujeres; en el sector industrial, 19.322 personas, de las cuales 4.609 son mujeres; en el sector de los servicios, 37.370 personas, de las cuales 2.791 son mujeres. En total, 61.377 personas, de las cuales 29.991 son mujeres, han obtenido empleo; de este total, 7.286 personas, de las cuales 2.968 son mujeres, obtuvieron empleo en el mercado nacional, y 54.091 personas, de las cuales 20.023 son mujeres, en el extranjero.
Protección y promoción de los derechos de las mujeres al empleo
30.El artículo 4, párrafo 2 del Código del Trabajo establece claramente que el Estado concede importancia a que las personas pobres, desfavorecidas, con discapacidad, desempleadas y con dificultades sociales desarrollen sus competencias laborales y tengan acceso a los servicios de empleo para encontrar trabajo, generar ingresos y obtener justicia en relación con la mitigación de la pobreza. Las trabajadoras tienen derecho al empleo y al ejercicio de una profesión en todos los sectores de la producción, los negocios y los servicios, de conformidad con la ley, y a adquirir capacitación, mejorar sus habilidades y competencias y recibir sueldos o salarios por el mismo trabajo en condiciones de igualdad con los hombres, excepto en el caso de algunos trabajos que afectan a la salud reproductiva de la mujer y que requieren protecciones específicas (art. 96); está prohibido verificar si las trabajadoras están embarazadas antes de contratarlas, crear condiciones que obstaculicen o denieguen la contratación de trabajadoras casadas o embarazadas o crear condiciones para la rescisión del contrato de trabajo por embarazo (art. 100). Además, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer garantiza los derechos de las mujeres a recibir formación profesional a fin de crear condiciones para que las mujeres accedan al mismo empleo que los hombres (art. 12) y disfruten de los mismos derechos económicos mediante la política de promoción de los derechos de las mujeres a la producción, los negocios y los servicios en el marco de la ley; y tengan derecho a elegir profesiones, obtener empleo, remuneración y prestaciones por su trabajo. Las mujeres que tienen los mismos cargos, deberes y responsabilidades que los hombres tienen derecho a recibir la misma remuneración y prestaciones y la sociedad y las familias deben crear las condiciones para que las mujeres disfruten de beneficios económicos (art. 15).
31.En 2018 el Centro de Capacitación del Sindicato de Mujeres de Lao organizó una formación de formadores sobre el desarrollo de las mujeres dirigida a los comités del Sindicato de Mujeres de Lao en los ministerios competentes, los organismos y las provincias (presidentas y vicepresidentas de los comités del Sindicato de Mujeres de Lao) y las principales funcionarias del Sindicato de Mujeres de Lao, a la que asistieron un total de 54 participantes. Al término de la formación de formadores, 6 provincias organizaron su propia formación para sus respectivos organismos, a la que asistieron 692 participantes (660 mujeres y 32 hombres). Además, se organizaron cursos de formación profesional de 3 meses de duración 2 o 3 veces al año y, en los últimos 3 años (2016 a 2018), se realizaron con éxito cursos de formación para 558 mujeres: 105 mujeres del sector de la transformación de la madera, 123 mujeres del sector de la confección, 120 mujeres de actividades relacionadas con la belleza, y 210 mujeres participaron en cursos de formación breves (datos del Sindicato de Mujeres de Lao).
Protección y promoción de los derechos de los trabajadores jóvenes
32.El Código del Trabajo establece las condiciones y prohibiciones del empleo de los trabajadores jóvenes: los empleadores pueden aceptar personas menores de 18 años, pero no menores de 14; sin embargo, se les prohíbe cumplir horas extraordinarias. Cuando se considera necesario, el empleador puede emplear a trabajadores menores de 14 años, aunque no menores de 12, y debe garantizar un trabajo ligero, que no repercutirá negativamente en el desarrollo físico, mental e intelectual del niño; un trabajo que no le impida asistir a la escuela, la orientación profesional o la formación profesional (art. 101); también se prohíbe el empleo de trabajadores jóvenes en actividades, tareas y lugares inseguros, peligrosos para la salud física, mental e intelectual, como trabajo forzoso, servidumbre por deudas, trata de personas y otros, definidos en el artículo 102. Además, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social también establece 32 categorías de trabajos peligrosos en los que está prohibido emplear a jóvenes menores de 18 años, como se dispone en el artículo 3 de la Decisión Ministerial sobre Trabajos Peligrosos para Empleados Jóvenes (núm. 4182/MOLSW/2016); también se establecen excepciones para trabajadores menores de 18 años, aunque no menores de 14 años, como las siguientes: deben recibir formación e instrucciones técnicas suficientes, asesoramiento adecuado y suficiente sobre el uso de uniformes de protección individual, y estar sujetos a la evaluación y el permiso de las autoridades laborales y patronales, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Decisión.
Protección y promoción del derecho al empleo de las personas con discapacidad
33.En 2018 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Personas con Discapacidad que se ha modificado y mejorado con respecto al anterior Decreto sobre Personas con Discapacidad como una base importante para definir los principios, reglamentaciones y medidas sobre la gestión y supervisión del trabajo de las personas con discapacidad con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de estas, eliminar todas las formas de discriminación contra ellas, facilitarles condiciones propicias para el desarrollo personal, la autosuficiencia y la participación en actividades sociales con el objeto de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de libertad política, las leyes, los derechos económicos, culturales y sociales para la integración regional e internacional y contribuir así al desarrollo socioeconómico del país. Esta Ley describe específicamente la política, el marco y las medidas para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad al empleo y al desarrollo profesional; el Estado alienta y estimula a las personas con discapacidad a que ejerzan profesiones adecuadas, establezcan organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad y fondos para estas personas, y eduque y sensibilice a la sociedad para que comprenda, apoye y proteja los derechos de las personas con discapacidad (art. 4); las personas con discapacidad gozan de igualdad de derechos en materia de actividades económicas como los negocios, el comercio y los servicios, en función de sus condiciones y capacidades reales (art. 22); las personas con discapacidad disfrutan de los derechos básicos a la educación, la formación profesional, el empleo, el bienestar social, el acceso a edificios, al transporte público y a la información, al uso de su creatividad y talento en las investigaciones científicas, las tecnologías modernas y la producción de servicios sociales; también disfrutan de desgravaciones o reducciones impositivas, exención de tasas y cargos por servicios y otras obligaciones de conformidad con las leyes y la normativa pertinentes (art. 25); las personas con discapacidad pueden acceder a la formación profesional y al desarrollo de aptitudes en centros de formación profesional públicos y privados con instalaciones apropiadas que se adapten a sus necesidades, como el lugar, el equipamiento, el plan de estudios, los métodos de enseñanza y aprendizaje y formación profesional y desarrollo de aptitudes para mejorar sus conocimientos, capacidad y técnicas adecuadas (art. 36); las personas con discapacidad disfrutan de la política de exención o reducción de las tasas de matrícula, los gastos de residencia y el uso de equipo en la formación profesional y el desarrollo de aptitudes, reciben asesoramiento sobre las opciones y profesiones adecuadas (art. 37); las personas con discapacidad pueden acceder a las unidades de trabajo y a las organizaciones públicas y privadas, incluidas las internacionales, en la República Democrática Popular Lao. Se crearán las condiciones para que las personas con discapacidad busquen empleo y reciban un trato prioritario al ser consideradas para un empleo, en función de su competencia y experiencia, y se proporcionarán instalaciones básicas para estas personas en su lugar de trabajo (art. 38); se informará a las personas con discapacidad que dirijan su propia empresa, formen parte de un grupo de producción o de servicios, sobre las políticas para acceder a financiación, ampliar su inversión, desgravaciones impositivas y aduaneras, incluidas la transferencia y las instrucciones técnicas, y las tecnologías de producción, servicios y comercialización que se consideren apropiadas. En cuanto al acceso a la financiación, pueden contraer préstamos en bancos comerciales u otras instituciones financieras de la República Democrática Popular Lao de conformidad con la legislación pertinente; en lo que respecta a los derechos de aduana, gozan de la exención de estos derechos sobre materias primas, piezas de repuesto y equipo para la producción directa. En relación con la política fiscal, disfrutan de la exención del impuesto sobre ganancias, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre consumos especiales con arreglo a la legislación pertinente; los detalles de la política de acceso a la financiación, ampliación de las inversiones, y la política fiscal y aduanera se establecen en un reglamento distinto (art. 39).
34.El Gobierno ha creado el Comité Nacional para las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad dentro del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que funciona como ministerio coordinador principal. El Gobierno también creó centros de desarrollo de aptitudes laborales para personas con discapacidad, a fin de facilitarles el acceso al empleo y a oportunidades de trabajo adecuadas.
35.El Código del Trabajo establece medidas para ayudar a las personas desempleadas a acceder a oportunidades de reempleo, especialmente las mujeres que trabajan y las personas desempleadas de larga data. En este caso, los empleadores deben notificar previamente por escrito y explicar el motivo de la rescisión del contrato de trabajo: 30 días para los trabajadores manuales y 45 días para los oficinistas (art. 80). Durante el período de preaviso, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de licencia por semana para buscar un nuevo empleo y a percibir el mismo salario o sueldo que durante el período ordinario de trabajo (art. 85). Además, los trabajadores desempleados reciben protección y asistencia con arreglo a la Ley de Seguridad Social: a percibir prestaciones de desempleo a condición de haber cotizado a la Caja de Seguridad Social durante más de 12 meses, o haber quedado desempleados debido a la quiebra de unidades laborales o la movilización para trabajos comunitarios dentro de un período de desempleo a partir de los 30 días debidamente certificados (art. 66). Los trabajadores desempleados que reúnan los requisitos necesarios percibirán prestaciones por desempleo sobre una base mensual equivalente al 60 % del salario mensual durante un período de 3 a 12 meses, según el caso (art. 67). Además, se asesorará a los trabajadores que reciban prestaciones por desempleo sobre formación profesional (art. 68) y se les ofrecerá asistencia para el empleo mediante orientación e información (art. 69).
36.Según la segunda Encuesta de Población Activa de 2017 en la República Democrática Popular Lao, el empleo informal incluye dos tipos de empleo. El primero comprende a los empleados en empresas del sector informal que no están registradas ni llevan contabilidad de sus negocios, y los trabajadores no se benefician de protección social ni de prestaciones laborales. La segunda categoría abarca a las personas que están empleadas de manera informal fuera del sector informal, es decir, en el sector formal y en el hogar. Sus empleadores no aportan cotizaciones de protección social y los trabajadores no reciben prestaciones laborales, como licencias remuneradas o de enfermedad. Se considera dentro del empleo informal a las personas que trabajan para ayudar a sus familias, independientemente de que sea en el sector formal o informal.
37.Según los resultados de la Encuesta mencionada, se estima que 1,5 millones de personas tienen empleo informal, es decir, el 82,7 % de la tasa total de empleo informal. Los trabajadores por cuenta propia representan el 33,5 %, es decir 485.000 personas en condiciones de empleo informal, y las personas que trabajan en una empresa familiar representan otro 46,3 %, es decir 673.000 personas. La tasa de empleo de las mujeres en el sector informal y en los hogares (85,9 %) es superior a la de los hombres (79,9 %). A su vez, la mano de obra rural (88,8 %) es mayor a la de las zonas urbanas (75 %). Estos datos estadísticos muestran que la proporción de trabajadores que realizan trabajo informal sigue siendo muy elevada, lo que podría ser consecuencia de la situación y el nivel de desarrollo socioeconómico del país. Por consiguiente, el Gobierno adoptó una serie de medidas necesarias para ajustar el empleo informal e integrarlo en el sistema y reducir el número de trabajadores informales, y encomendó al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social que coordinara con los sectores pertinentes el apoyo para la creación de más puestos de trabajo y más oportunidades de empleo, la reducción de la importación innecesaria de mano de obra extranjera, la organización de formación profesional en sectores de demanda del mercado interno y una mayor promoción de las pequeñas y medianas empresas.
38.Los trabajadores gozan de protección frente al despido ilegal. El Código del Trabajo establece claramente los principios sobre las actividades laborales que deben basarse en un contrato de trabajo entre el empleado y el empleador, garantizando los beneficios mutuos de ambas partes sin discriminación alguna (art. 5 1)). Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato de trabajo de plazo indeterminado en cualquier momento mediante la notificación previa a la otra parte, en tanto que el contrato de plazo fijo puede rescindirse con el consentimiento de ambas partes o cuando una de las partes incumple el contrato, y esta última está obligada a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados (art. 80). El empleador puede rescindir el contrato de trabajo, pero debe pagar una indemnización al trabajador en los siguientes casos: si el trabajador cumple un servicio nacional conforme a la ley, o es retenido, detenido o restringido a una zona determinada. La duración de la suspensión no podrá exceder un año; los demás casos se determinarán con arreglo a la legislación laboral. Tras la suspensión o el aplazamiento del contrato de trabajo, el trabajador no percibirá remuneración ni otras prestaciones. No obstante, el empleador debe aceptar al empleado cuando retorna al trabajo y permitirle ocupar su puesto (art. 81). Si el trabajador carece de conocimientos especializados o no goza de buena salud (con certificación médica), y tras permitirle realizar otro trabajo más adecuado a su capacidad o estado de salud, sigue incapacitado para trabajar, o si el empleador considera necesario reducir el número de trabajadores para mejorar las condiciones de la unidad de trabajo tras la celebración de consultas con el sindicato, representantes de los trabajadores o la mayoría de los empleados, el empleador debe informar al Organismo de Administración del Trabajo y presentar la debida notificación por escrito detallando las razones de la rescisión del contrato con antelación (art. 82). En algunos casos, el trabajador tiene derecho a solicitar la rescisión del contrato de trabajo y recibir una indemnización del empleador, por ejemplo, si el trabajador no goza de buena salud tras recibir un tratamiento certificado por personal médico, y se lo ha asignado a un nuevo puesto pero sigue sin poder trabajar; si el empleador no cumple el contrato de trabajo tras múltiples recordatorios del trabajador; si el trabajador no puede desempeñar sus funciones debido al cambio del lugar de trabajo, con la debida certificación por escrito del sindicato o del representante de los trabajadores y de la autoridad de la aldea, o se produjeron abusos sexuales, hostigamiento o acoso sexual por parte del empleador en el lugar de trabajo (art. 83).
39.El Código del Trabajo no autoriza la rescisión del contrato de trabajo sin la aprobación del Organismo de Administración del Trabajo en los siguientes casos: las empleadas embarazadas o con hijos menores de un año, los empleados que estén en tratamiento médico o rehabilitación y hayan presentado un certificado médico, los empleados que sean representantes de trabajadores o representantes sindicales dentro de la unidad laboral, los empleados implicados en procedimientos judiciales o que han sido detenidos o estén a la espera de una decisión judicial, los empleados lesionados y en tratamiento que han presentado certificado médico, o que recientemente han sido víctimas de un desastre, los empleados que están tomando vacaciones anuales o de licencia con permiso del empleador, los empleados que realizan trabajos en otros lugares por asignación del empleador, y los empleados que han presentado una reclamación o emprendido acciones judiciales contra el empleador, o que están cooperando con funcionarios gubernamentales en relación con el Código del Trabajo y con conflictos laborales dentro de la unidad laboral a la que pertenecen (art. 87). En caso de que el contrato de trabajo se rescinda sin motivos suficientes, el empleador abuse de su poder, directa o indirectamente, o viole los derechos básicos del trabajador de forma que este no pueda realizar su trabajo, que el empleador incumpla el contrato de trabajo tras recibir una reclamación del trabajador o de su representante, pero no resuelve la situación ni introduce ningún cambio, obligando así al trabajador a dimitir, esto se considerará rescisión ilegal del contrato de trabajo (art. 88). En estos casos, los trabajadores tienen derecho a solicitar la reincorporación a su antiguo puesto o a que se les asigne a otro puesto adecuado. Si el empleador no reincorpora al trabajador, o este ha dejado de trabajar, el empleador debe pagarle una indemnización, así como otras prestaciones pendientes, de conformidad con el contrato de trabajo y la ley (art. 89). Si los empleados observan que sus derechos e intereses se han vulnerado en el caso de un conflicto laboral, tienen derecho a solicitar una reparación a través de un mecanismo de solución establecido por ley, es decir, por medio de la avenencia, la solución de controversias administrativas, el comité de solución de conflictos laborales, la decisión judicial o la solución de controversias con arreglo a los protocolos internacionales (art. 148).
40.El Gobierno ha puesto en marcha numerosos proyectos que ofrecen oportunidades de capacitación y perfeccionamiento de la mano de obra desfavorecida. El Ministerio de Educación y Deportes está ejecutando el proyecto de Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) con el objeto de promover a los estudiantes desfavorecidos o que han abandonado los estudios, y se los alienta a proseguir su educación mediante la elaboración de un plan de enseñanza y aprendizaje y formación profesional en varios niveles. Hay diversas formas de enseñanza y aprendizaje, en particular el aprendizaje basado en la escuela y el aprendizaje híbrido basado en el desempeño. Además, se dispone de un plan de estudios de formación profesional para los ciclos primero y segundo de la enseñanza secundaria, y este proyecto ha ofrecido oportunidades a personas desfavorecidas o que viven en zonas remotas de adquirir una profesión con conocimientos técnicos que les permitirá encontrar empleo o ejercer una profesión que les genere ingresos.
41.Con respecto al desarrollo de aptitudes, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha implementado un proyecto de desarrollo de aptitudes que satisface las demandas del mercado de trabajo (2016-2020) con el objetivo general de desarrollar la mano de obra de Lao para dotarla de competencias, habilidades, actitudes y una estricta disciplina laboral que favorezca la producción industrial nacional y aumente la preparación de los trabajadores migrantes para obtener empleo en el extranjero. Este proyecto tiene por objeto el logro de la excelencia de los trabajadores cualificados a fin de satisfacer la demanda del mercado de trabajo dentro y fuera de los centros de desarrollo de aptitudes y formación itinerante. Las actividades del proyecto consisten en desarrollar mano de obra cualificada itinerante básica en los distritos más pobres de las provincias, proporcionar formación para la sustitución, cambios de ocupación, cambio de puestos vacantes e impartir capacitación a la mano de obra que desee encontrar empleo, en el país y en el extranjero, y capacitar y desarrollar mano de obra cualificada de expertos que nunca han recibido formación. Así pues, como resultado de este proyecto, se promoverá la mano de obra de Lao en función del desarrollo de aptitudes, con centros de capacitación itinerantes y permanentes, en particular para el grupo de destinatarios que el Estado promueva en relación con las demandas del mercado laboral. Además, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ha puesto en marcha la fase II del proyecto de apoyo al empleo de las personas con discapacidad 2016-2018 con el apoyo financiero de la Asian People’s Disability Development Organization y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.
Artículo 7 Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
42.Los salarios mínimos y el mecanismo para fijar la remuneración mínima se han definido claramente en el Código del Trabajo. Los sueldos y salarios son la retribución del trabajo del empleado que el empleador debe abonar de conformidad con un contrato de trabajo, por día, mes, horas, en forma de suma global o en función de la unidad de producción (art. 104). El salario mínimo es el nivel de sueldo o salario que anuncia periódicamente el Gobierno para garantizar la subsistencia básica de los empleados (art. 105). El Estado fija periódicamente el nivel del salario o sueldo mínimo basándose en los resultados de una consulta tripartita (entre los empleadores, los trabajadores y el Gobierno). El Estado no autoriza al empleador a fijar un salario o sueldo mínimo inferior al establecido periódicamente. El salario o sueldo mínimo puede fijarse para cada esfera o sector (art. 108).
43.El Gobierno concede importancia a los sueldos o salarios justos. Los salarios mínimos cambian periódicamente en función del nivel o desarrollo socioeconómico y el aumento del nivel de vida, junto con la gestión del precio de mercado de las materias primas, el crecimiento del PIB, la tasa de inflación (y el tipo de cambio) y la competitividad. De conformidad con la Notificación de la Oficina del Primer Ministro (núm. 560/PMO/2018), el salario mínimo de los trabajadores se incrementó de 900.000 kip a 1.100.000 kip por persona por mes. El empleador no está autorizado a fijar un salario o sueldo mínimo inferior al establecido por el Estado, pero tiene derecho a definir un salario o sueldo superior al establecido por el Estado basándose en las siguientes condiciones: equiparar las competencias de los diferentes grupos sociales o el nivel de desembolso o los sueldos de otras unidades laborales, los valores de las tareas desempeñadas, los requisitos materiales y morales para la subsistencia de los trabajadores, el nivel de vida y la fluctuación periódica de este, y las prestaciones de la asistencia social y la seguridad social de los trabajadores. Las unidades laborales, las líneas de producción y los servicios que paguen sueldos o salarios inferiores a los fijados por el Gobierno serán multados con 2 millones de kip por vez y deberán calcular los sueldos o salarios completos que se pagarán a los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 4, de la Decisión (núm. 4277/MOLSW/2016).
44.Los empleados en condiciones de percibir un sueldo mínimo establecido por el Gobierno son los trabajadores no cualificados con ocupaciones no permanentes, que trabajan en el ámbito de los negocios, la producción y los servicios, que realizan actividades económicas de conformidad con la legislación del país. Los trabajadores cualificados con ocupaciones seguras y los funcionarios que trabajan para el Gobierno no tienen derecho a percibir el salario mínimo establecido por el Gobierno.
45.La República Democrática Popular Lao aplica un mecanismo que fija periódicamente los salarios mínimos establecidos por el Gobierno mediante consultas y la aprobación del comité tripartito formado por la Cámara de Comercio e Industria Nacional de Lao, que representa a los empleadores, el Sindicato de Lao, que representa a los trabajadores, y el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que representa al Estado. La definición del salario mínimo de los trabajadores no tiene un índice específico, sino que se basa en la consulta tripartita y las preocupaciones de las partes, a propuesta de los representantes de los trabajadores, así como del Sindicato, antes de presentar las propuestas al Gobierno para su examen periódico y aprobación. El sueldo de los funcionarios, el personal militar y los agentes de policía se calcula en función del índice que el Gobierno adopta periódicamente a propuesta del Ministerio de Finanzas.
46.El derecho de los empleados a condiciones de empleo justas y equitativas está garantizado en el artículo 39 de la Constitución, y determinadas leyes, como el Código del Trabajo, en su artículo 51, disponen que la jornada laboral normal de los trabajadores en todas las unidades laborales no debe exceder los 6 días por semana, 8 horas al día, o no superar las 48 horas semanales y que la pausa para el almuerzo no debe ser inferior a 60 minutos y no debe descontarse de las horas de trabajo. Podrían determinarse horarios de trabajo específicos para profesiones o sectores económicos en los que se considere necesario, con la aprobación de la autoridad de administración laboral tras una consulta tripartita y el consentimiento unánime de las partes. En cuanto a la jornada laboral para trabajos peligrosos, no debe superar las 6 horas diarias o las 36 horas semanales, como en el caso de trabajos con exposición a radiaciones o enfermedades infecciosas peligrosas, exposición a vapores o humos peligrosos para la salud, exposición directa a materiales o productos químicos peligrosos, como explosivos, trabajo en pozos o túneles subterráneos, bajo el agua o a gran altura, trabajo en lugares anormalmente calurosos o fríos, y trabajo regular directo con equipo vibratorio. Los demás trabajos peligrosos deben definirse en un cuadro separado. El horario normal de trabajo podrá reducirse según sea necesario si se observan trabajos peligrosos que no pueden protegerse o controlarse. El artículo 53 también dispone que los empleadores pueden pedir a los empleados que trabajen horas extraordinarias si es necesario, con la aprobación previa del sindicato, o del representante del empleador, o de la mayoría de los empleados; se permite trabajar horas extraordinarias que no superen las 45 horas, o 3 horas diarias. Está prohibido trabajar horas extraordinarias más de cuatro días consecutivos, salvo en caso de emergencia, como la lucha contra desastres naturales, o de fuerza mayor que causen graves daños a sus unidades laborales. Cuando los trabajadores deban trabajar horas extraordinarias, los empleadores deberán notificarlo y explicarlo previamente a los trabajadores, y el pago de las horas extraordinarias deberá efectuarse conforme a lo establecido en la legislación; si es necesario hacer horas extraordinarias más de 45 días al mes, los empleadores deberán solicitar la aprobación del Organismo de Administración del Trabajo con el acuerdo del Sindicato, el representante de los empleados, o la mayoría de los empleados de las unidades de trabajo. El Código del Trabajo define los días festivos como aquellos en los que los trabajadores siguen percibiendo su sueldo o salario, como los fines de semana, al menos un día a la semana (art. 54); los días festivos o tradicionales, como el Día Nacional, el 2 de diciembre, el Año Nuevo Internacional, el 1 de enero, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo (día libre para las mujeres), el Año Nuevo de Lao (3 días libres), el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo (día libre), el Día Nacional del Maestro, el 7 de octubre (día libre) para los docentes y administradores escolares. Los trabajadores extranjeros tienen derecho a su Día Nacional libre. En caso de que los días feriados oficiales coincidan con días libres en una semana determinada, se elegirá un día de compensación. Las vacaciones regulares estarán sujetas al acuerdo entre el empleador y el trabajador (art. 55); así como las licencias de enfermedad (art. 56), licencias anuales (art. 57) y motivos personales (art. 58). Además, las mujeres laosianas gozarán del derecho especial a un día festivo todos los años con motivo de la fundación del Sindicato de Mujeres de Lao el 20 de julio, como se establece en el artículo 48 de la Ley sobre el Sindicato de Mujeres de Lao.
47.El artículo 96 del Código del Trabajo establece claramente que “las empleadas tienen derecho al empleo y el ejercicio de la profesión en todos los sectores de producción que no estén en conflicto con la ley, la empresa y la gestión, incluida su participación en la formación, el perfeccionamiento del trabajo cualificado, la competencia técnica y a percibir sueldos o salarios iguales por un trabajo similar al de los hombres, con excepción de algunas formas de trabajo que tengan efectos negativos sobre la salud reproductiva de la mujer”. Además, la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, en su artículo 15, establece que el Estado tiene la política de promover el derecho de la mujer a dedicarse a la producción, los negocios y los servicios de conformidad con las leyes, el derecho a elegir su profesión, su empleo, a percibir una remuneración y a recibir prestaciones laborales; las mujeres con cargos, funciones, trabajos y responsabilidades similares a los de los hombres tienen derecho a igual remuneración y prestaciones, y la sociedad y las familias deben crear las condiciones para que las mujeres puedan ejercer y percibir esos beneficios económicos.
48.El Código del Trabajo ofrece protección a los trabajadores, en particular a los que sufrieron abusos sexuales, hostigamiento o acoso sexual por parte del empleador, o este ignora si se ha producido alguno de estos actos. El empleador tiene derecho a rescindir el contrato de trabajo, y está obligado a otorgar una indemnización y a pagar los sueldos, salarios y las demás prestaciones con arreglo al contrato (art. 83); el empleado que vulnere los derechos de otros empleados, en particular de las empleadas, será objeto de una advertencia y los empleadores tienen derecho a cancelar o rescindir el contrato de trabajo sin indemnización alguna, sin solicitar la aprobación del Organismo de Administración del Trabajo, como se establece en el artículo 86.
49.La República Democrática Popular Lao no tipifica como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo, si bien el artículo 259 del Código Penal tipifica el ultraje como delito. Toda persona que realice cualquier acto que cause vergüenza de naturaleza sexual a otra persona en contra de la voluntad de esta será condenada a una pena de prisión de entre tres meses y dos años o a reeducación sin privación de libertad, y se le impondrá una multa de entre 3.000.000 de kip y 10.000.000 de kip. En caso de ultraje al pudor contra niños, el autor será condenado a una pena de prisión de seis meses a tres años y se le impondrá una multa de entre 5.000.000 de kip y 20.000.000 de kip.
50.El artículo 117 del Código del Trabajo define la seguridad y la salud en el trabajo como las actividades conjuntas entre el empleado y el empleador para garantizar la seguridad y la salud ocupacionales en el lugar de trabajo, lo que incluye la evaluación de los riesgos ambientales, las medidas adecuadas para reducir los peligros y los riesgos, los métodos de protección contra los accidentes laborales, la prevención de lesiones y enfermedades profesionales y la promoción de la cultura de seguridad en el lugar de trabajo. Las partes interesadas tienen la obligación de garantizar la seguridad y la salud ocupacionales, a saber: las obligaciones del Estado (art. 118), las obligaciones del empleador (art. 119), las obligaciones del trabajador (art. 120), las obligaciones de los diseñadores, los productores, los importadores, los proveedores y los instaladores (art. 121); el personal encargado de la seguridad y la salud ocupacionales en las unidades de trabajo (art. 123), el personal médico de las unidades de trabajo (art. 124) y el reconocimiento médico de los trabajadores (art. 126).
51.Además del Código del Trabajo, el Gobierno también aprobó una serie de leyes secundarias para garantizar un lugar de trabajo seguro y libre de efectos sobre la salud de los empleados, a saber: Decisiones sobre la lista de enfermedades profesionales (núm. 3002/MOLSW/2018), Decisión sobre la Organización y las Actividades del Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacionales (núm. 4321/MOLSW/2009), Decisiones Ministeriales sobre Seguridad y Salud Ocupacionales en Obras de Construcción (núm. 3006/MOLSW/2013), Ordenanza sobre el Nombramiento de Personal y Unidades Encargadas de la Seguridad y la Salud Ocupacionales en el Lugar de Trabajo (núm. 2159/MOLSW/2015), Decisión sobre el Trabajo Peligroso por la que se Prohíbe el Uso de Empleados Jóvenes (núm. 4182/MOLSW/2016) y Decisión sobre Trabajo Ligero para Empleados Jóvenes (núm. 4183/MOLSW/2016).
Artículo 8 Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a estos
52.La República Democrática Popular Lao asigna importancia a la labor del sindicato como organización de masas y representante de la protección de los derechos e intereses de los afiliados a este, los trabajadores y otras fuerzas laborales definidas en la Constitución y en numerosas leyes pertinentes. El derecho de los trabajadores a fundar sindicatos se establece en la Ley de Sindicatos de Lao (art. 24). Las unidades laborales, los grupos de producción con más de diez trabajadores y las fuerzas de trabajo pueden fundar sus propios sindicatos. En caso de que no puedan establecerse sindicatos de base, los trabajadores pueden elegir a sus representantes temporales de los sindicatos de sus unidades o departamentos, que supervisarán y aprobarán de conformidad con las leyes y reglamentos de los sindicatos de Lao. El Código del Trabajo (art. 166) indica que, en caso de que una unidad laboral aún no haya establecido un sindicato de base, los trabajadores pueden elegir o nombrar a sus propios representantes. Las unidades laborales que tengan entre 10 y 50 trabajadores deben tener un representante, y las que tengan entre 51 y 100 trabajadores deben tener dos representantes, además de un representante por cada 100 trabajadores adicionales. Asimismo, el artículo 21 de la Ley de Sindicatos de Lao también define las medidas y los criterios para afiliarse, a saber: ser funcionarios, estudiantes, intelectuales, trabajadores registrados y no registrados u obreros, tener nacionalidad laosiana y ser mayores de 18 años, sin discriminación alguna por motivos de género, etnia, nivel educativo, creencias, condición política y socioeconómica; los afiliados deben tener conocimientos jurídicos, seguir los reglamentos de las unidades de trabajo, respetar los reglamentos de los sindicatos nacionales y participar en las actividades sindicales; seguir un código de ética, tener deseos de progresar y disciplina, formarse y educarse a través del trabajo administrativo y afiliarse al sindicato de forma voluntaria.
53.Los sindicatos de todos los niveles, desde el central hasta el de base, llevan a cabo sus actividades teniendo en cuenta el papel, los derechos y las obligaciones definidos en la Ley de Sindicatos de Lao y otras leyes pertinentes. Los sindicatos nacionales tienen derecho a interactuar y cooperar con los sindicatos de países amigos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, como se define en el artículo 12 (párr. 14), así como con los sindicatos de los ministerios competentes, los órganos, las provincias y la capital, Vientián, conforme a la definición que figura en el artículo 13 (párr. 13). En la actualidad, los sindicatos laosianos son miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional y el Consejo Sindical de la ASEAN.
54.El mecanismo de negociación colectiva está garantizado en el artículo 169 del Código del Trabajo, que define la negociación colectiva como la consulta y negociación entre los empleadores y los representantes de los empleados o los sindicatos sobre las condiciones de trabajo y empleo, la remuneración, el bienestar y otras prestaciones que no estén en conflicto con las leyes y reglamentos fundamentales, sobre la base del principio de la igualdad y el beneficio mutuo. El mecanismo de negociación colectiva conduce al establecimiento de un contrato colectivo de trabajo o de documentos acordados conjuntamente para su aplicación en cumplimiento de la legislación. El contrato colectivo de trabajo debe presentarse al Organismo de Administración del Trabajo para verificar su coherencia, y ser registrado o legalizado por el tribunal para su uso oficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 170. Con respecto a los derechos y deberes de los sindicatos de base, los representantes de los empleados y la fuerza de trabajo lideran la negociación colectiva, redactan el contrato colectivo de trabajo y formulan comentarios sobre el establecimiento y la modificación de los reglamentos internos de las unidades de trabajo conforme a la definición contenida en el artículo 15 (párr. 3) de la Ley de Sindicatos de Lao.
55.La libertad de reunión que no sea contraria a la ley está garantizada por la Constitución, en su artículo 44. Las restricciones al derecho de reunión y las medidas penales impuestas a los infractores se definen en la legislación pertinente, como la Ley de Sindicatos de Lao, que en su artículo 43 establece que “está prohibido que el Consejo Ejecutivo, los afiliados a los sindicatos y los representantes laborales dirijan, movilicen, organicen, reúnan grupos, dividan la solidaridad, protesten o realicen cualquier acto que cause daños, inseguridad o perjuicio a las organizaciones, la vida y la salud, los bienes del Estado y los bienes colectivos e individuales, incluidos los de las unidades laborales”. El artículo 154 del Código del Trabajo de Lao dispone además que “en caso de un conflicto laboral que aún esté en proceso de resolución, conforme a la definición del artículo 148 de esta ley, los empleados deben continuar realizando su trabajo habitual y los empleadores deben poner a disposición el lugar de trabajo, salvo en casos graves y mediante consultas tripartitas, de suspender temporalmente el trabajo a fin de evitar daños mayores. En caso de que el conflicto laboral no pueda resolverse, se podrá autorizar la huelga con arreglo a la ley”. Las medidas penales se definen en el artículo 124 del Código Penal, que dispone que: “toda persona que organice o participe en la reunión de grupos de personas para llevar a cabo protestas, marchas, manifestaciones u otras actividades con la intención de causar desórdenes sociales será sancionada, cuando dicha acción cause daños a la sociedad, con penas de prisión de 1 a 5 años y una multa de entre 5.000.000 de kip y 50.000.000 de kip. También se sancionará toda preparación o tentativa de cometer tal delito”.
Artículo 9 Derecho a la protección social, incluida la seguridad social
56.El derecho a disfrutar del bienestar social está garantizado en el artículo 5 del Código del Trabajo de Lao, que establece que las actividades relacionadas con el trabajo se llevarán a cabo sobre la base de principios que garanticen la seguridad de las condiciones de trabajo de los empleados, el pago justo y equitativo de los sueldos o salarios y el cumplimiento de todas las obligaciones relativas al seguro social de los empleados. El artículo 71 del Código del Trabajo de Lao establece, además, que todas las unidades de trabajo y los empleados deben estar asegurados y cotizar a la Caja Nacional de Seguridad Social para recibir prestaciones de seguridad social de todo tipo, como se definen en la Ley de Seguridad Social. En caso de que los empleadores y los trabajadores no hayan cotizado a la Caja Nacional de Seguridad Social o ya lo hayan hecho pero no cumplan los criterios para recibir prestaciones, los empleadores deben asumir sus obligaciones de conformidad con la ley y los reglamentos.
57.El artículo 2 de la Ley de Seguridad Social establece que la seguridad social tiene por objeto que la persona asegurada y los miembros de su familia reciban prestaciones de la Caja Nacional de Seguridad Social que garanticen un nivel de vida básico, en caso de que requieran asistencia sanitaria, tengan un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, parto, pérdida de la capacidad laboral, enfermedad, jubilación, fallecimiento, familiares a cargo de la persona asegurada y prestaciones de desempleo, de conformidad con los criterios definidos para cada caso. Las categorías de prestaciones de seguridad social establecidas en el artículo 9 incluyen prestaciones de asistencia sanitaria, prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, prestaciones por parto, prestaciones por enfermedad, prestaciones por pérdida de la capacidad laboral, jubilación, pago en caso de fallecimiento, prestaciones a un familiar del asegurado y prestaciones de desempleo.
58.El artículo 19 de la Ley de Seguridad Social enumera los grupos destinatarios de las prestaciones de la seguridad social, a saber: funcionarios, personal militar y agentes de policía, con derecho a las prestaciones de seguridad social establecidas en la parte III de la Ley, las personas empleadas en las unidades laborales tendrán derecho a las prestaciones de seguridad social establecidas en la parte IV de la Ley y las personas aseguradas voluntariamente tendrán derecho a las prestaciones de seguridad social establecidas en la parte IV de la Ley, con excepción de las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional y desempleo. El cónyuge y los hijos de las personas aseguradas tendrán derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria, al pago en caso de fallecimiento y a las prestaciones de familiares de las personas aseguradas, los progenitores de la persona asegurada tendrán derecho a percibir prestaciones de familiares, y los cuidadores de las personas que hayan perdido su empleo tendrán derecho a prestaciones de la seguridad social y al pago en caso de fallecimiento.
59.Además, la Ley de Seguridad Social define el ajuste de la prestación de jubilación y debe seguir el ajuste periódico del valor del índice salarial de los funcionarios (art. 37), y el ajuste de la prestación de jubilación de las empresas y de las personas aseguradas voluntariamente se realiza en función de la fluctuación de las cuotas medias del seguro de todas las personas aseguradas en el mes de enero de todos los años (art. 60). El ajuste de la cotización y la definición de los ingresos mensuales máximos se establecerán del siguiente modo: la fijación de los ingresos máximos se basará en la volatilidad económica y en la necesidad de calcular el seguro, y la base mínima del seguro se establecerá en función de la remuneración mínima que fija periódicamente el Estado (art. 77).
60.De conformidad con la Ley de Seguridad Social, las personas no afiliadas o que no hayan cumplido sus obligaciones en relación con el proyecto de seguridad social no tendrán los mismos derechos que las afiliadas, aunque el Gobierno tiene una política de apoyo al tratamiento médico en el marco del proyecto del Ministerio de Salud Pública en beneficio de las personas desfavorecidas que no están afiliadas a la Caja Nacional de Seguridad Social y que no hayan cotizado a esta.
61.Además del régimen de seguridad social antes mencionado, la República Democrática Popular Lao también tiene regímenes de seguridad social privados bajo la supervisión directa del Ministerio de Finanzas y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Uno de sus objetivos es recopilar datos sobre el alcance de este régimen de seguridad social para la consolidación de las cifras totales sobre la ampliación de la cobertura del seguro de salud y los regímenes de seguridad social a nivel nacional. El artículo 2 de la Ley de Seguros cubre los riesgos de las personas aseguradas que han pagado una prima anual a la compañía de seguros con arreglo a lo acordado en el contrato correspondiente. Los seguros pueden ser de vida y generales. Los seguros generales incluyen los seguros de bienes, los seguros de responsabilidad civil frente a terceros y otros seguros distintos del seguro de vida, que se definen en los artículos 8 y 12.
62.La República Democrática Popular Lao aplica una política de igualdad de derechos en relación con la jubilación, sin discriminación alguna entre hombres y mujeres, garantizada por la Ley de Seguridad Social. En particular, el artículo 15 establece que por jubilación se entenderán las prestaciones mensuales abonadas a los asegurados que cumplan todos los criterios para percibir la jubilación, y que aquellos que no cumplen todos los criterios para percibirla recibirán una prestación por única vez. El artículo 34 establece que quienes perciban prestaciones de jubilación del sector público deberán cumplir la siguiente condición: haber alcanzado la edad de jubilación de 60 años y haber prestado 25 años de servicios o más. El artículo 58 dispone que toda persona que contrata voluntariamente un seguro tiene derecho a una jubilación si cumple las condiciones establecidas: los hombres, tener más de 60 años; las mujeres que desean percibir una jubilación anticipada, tener más de 55 años; los hombres y las mujeres que han trabajado con sustancias químicas tóxicas, nocivas para la salud de forma continuada durante cinco años o más en condiciones peligrosas, con la debida certificación médica, tener más de 55 y 50 años, respectivamente; las personas que han cotizado a la Caja de Seguridad Social durante por lo menos 180 meses; y las personas aseguradas que se afiliaron al régimen de seguridad social antes del 1 de octubre de 2014 y han cotizado 60 meses o más, de conformidad con todos los criterios, pero si tienen tres años menos de la edad de jubilación, tienen derecho a percibir la jubilación con una reducción del 1 % del número de años por debajo de la edad de jubilación, con la debida certificación de las autoridades pertinentes. El artículo 35 establece cuatro categorías que definen la proporción de la jubilación que perciben los trabajadores del sector público: la categoría I comprende a quienes se afiliaron al Movimiento de la Revolución Nacional en 1954 o antes, que perciben del 80 % al 100 % de la jubilación; la categoría II comprende a quienes se afiliaron al Movimiento de la Revolución Nacional entre 1955 y 1974, que perciben del 75 % al 90 % de la jubilación; la categoría III comprende a quienes se afiliaron al Movimiento de la Revolución Nacional en 1975 o después, que perciben del 70 % al 85 % de la jubilación; y la categoría IV comprende a las personas que han trabajado en el sector público desde el 1 de enero de 2018, que perciben del 60 % al 75 % de la jubilación. El artículo 37 establece que la prestación de jubilación para el sector público se ajustará periódicamente por el índice salarial de los funcionarios. El artículo 60 dispone que la jubilación para empleados de empresas y particulares asegurados voluntariamente se ajustará en el mes de enero de cada año por la variación media de las primas de seguridad social de todas las personas aseguradas. El artículo 38 establece que en el sector público las personas que no cumplan las condiciones necesarias para percibir la jubilación recibirán por única vez una prestación de jubilación equivalente al 1,5 de su salario asegurable del último mes de trabajo multiplicado por el número de años trabajados.
63.En el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social, relativo a las prestaciones de seguridad social, se establece que las prestaciones del seguro de salud permiten a las personas aseguradas, incluidos los hijos, cónyuges, miembros de la familia y cuidadores de las personas aseguradas, acceder a los servicios de atención sanitaria siguientes: reconocimiento y diagnóstico médicos, tratamiento médico, rehabilitación física, servicios durante el embarazo y el parto, y tratamiento en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El artículo 20 establece que toda persona asegurada tiene derecho a las prestaciones del seguro de salud pública si es funcionario, miembro de las fuerzas armadas o agente de policía, cónyuge no asegurado o hijo de una persona asegurada, menor de 18 años, o no mayor de 23 años si estudia, sea casado o soltero, y su cónyuge no es una persona asegurada. En caso de fallecimiento de una persona asegurada, su cónyuge supérstite y sus hijos también tienen derecho a prestaciones de asistencia sanitaria durante tres meses a partir de la fecha del fallecimiento. Por lo que respecta a las prestaciones del seguro de salud para las empresas y las personas aseguradas voluntariamente, el artículo 43 dispone que toda persona asegurada tiene derecho al seguro de salud en las siguientes condiciones: en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y durante el embarazo y el parto, debe haber cotizado a la Caja de Seguridad Social al menos un mes; para otros tipos de accidentes y otras enfermedades generales, debe haber cotizado a la Caja de Seguridad Social al menos tres meses. Esto incluye también a cónyuges no asegurados e hijos menores de 18 años, y no mayores de 23 años si estudian, sean casados o solteros, y su cónyuge no es una persona asegurada. En caso de fallecimiento de una persona asegurada, su cónyuge supérstite y sus hijos también tienen derecho a prestaciones de asistencia sanitaria durante tres meses a partir de la fecha del fallecimiento. El artículo 13 establece que la persona asegurada, su cónyuge y sus hijos tienen derecho a prestaciones de salud en los centros de asistencia sanitaria de conformidad con el sistema de atención médica previsto en la Ley de Atención de la Salud. La enfermedad con certificación médica que requiere servicios de tratamiento médico en el extranjero y el tratamiento de enfermedades crónicas se definen en un reglamento aparte.
64.El artículo 12 de la Ley de Seguridad Social establece que las prestaciones por parto incluyen la atención durante el alumbramiento, el aborto, la muerte fetal o la adopción de un recién nacido de menos de tres meses. El artículo 24 establece que toda persona asegurada tiene derecho a las prestaciones por parto del sector público si es funcionaria, forma parte de las fuerzas armadas, es agente de policía o esposa de un funcionario, de un miembro de las fuerzas armadas o un agente de policía no asegurados y cursa un embarazo de dos meses o más, en cuyo caso tiene derecho a las prestaciones por parto y al sueldo regular en caso de parto, aborto o muerte fetal con certificación médica. En caso de aborto ilegal o espontáneo, no tiene derecho a las prestaciones por parto. El artículo 47 establece que toda persona asegurada voluntariamente tiene derecho a las prestaciones por parto con cargo a los proveedores de servicios de salud si reúne las siguientes condiciones: haber cotizado o aportado a la Caja de Seguridad Social durante más de 6 meses o más en los últimos 12 meses a partir de la fecha del parto o alumbramiento del niño, aborto o muerte fetal, en cuyo caso percibirá la prestación por única vez; haber cotizado o aportado a la Caja de Seguridad Social durante 9 meses en los últimos 12 meses a partir de la fecha del parto o alumbramiento del hijo, aborto, muerte fetal o adopción de un recién nacido de menos de 3 meses, en cuyo caso percibirá prestaciones mensuales por parto; y cursar un embarazo de más de seis meses, aborto o muerte fetal con certificación médica. Las mujeres aseguradas que cursan un embarazo de entre 2 y 5 meses que tienen un aborto espontáneo, recibirán una subvención por parto. La persona asegurada que adopte legalmente un recién nacido de menos de tres meses percibirá una subvención por parto correspondiente al período de licencia real, no mayor de tres meses. La esposa de una persona asegurada que no está afiliada al Régimen de Seguridad Social también percibirá la prestación por parto en función de los derechos del cónyuge. En caso de aborto ilegal o espontáneo, no se percibirán prestaciones. El artículo 48 establece que la asignación por hijo se calculará sobre la base del 10 % del salario de la persona asegurada por hijo. La esposa de una persona asegurada, sin actividad profesional, que dé a luz o aborte, percibirá una prestación por hijo conforme al párrafo 1 de este artículo. El cálculo de las prestaciones correspondientes a las personas con actividades profesionales y voluntarias en condiciones de percibir una subvención por parto o aborto se consigna en un reglamento aparte. El artículo 49 establece que si la persona asegurada que da a luz o tiene un aborto espontáneo no goza de buena salud y continúa su licencia por maternidad para recuperarse, percibirá prestaciones mensuales calculadas sobre la base del 80 % del salario promedio de los últimos 6 meses pero que no exceda los 3 meses. En caso de que la persona asegurada siga enferma, deberá someterse a un nuevo reconocimiento médico y a una nueva evaluación con certificación médica para poder percibir las prestaciones de enfermedad o de invalidez.
65.El artículo 15 de la Ley de Seguridad Social define la prestación de jubilación como una prestación que se otorga mensualmente a la persona asegurada desde que se retira. El artículo 34 establece que toda persona asegurada tiene derecho a percibir una jubilación si cumple los requisitos siguientes: haber alcanzado la edad de jubilación de 60 años en el caso de los hombres y de 55 años en el caso de las mujeres y haber trabajado 25 años o más; haber trabajado antes de 1975, con categorías de invalidez 1 a 4, y haber trabajado de forma ininterrumpida durante 5 años o más en condiciones peligrosas hasta alcanzar la edad de jubilación de 55 años en el caso de los hombres y de 50 años en el de las mujeres, y haber trabajado al menos 20 años; haber cotizado a la Caja de Seguridad Social durante 20 o 25 años en el caso de funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y agentes de policía. Si una persona asegurada ha cotizado a la Caja de la Seguridad Social durante más de 25 años pero su estado de salud es precario y le faltan entre 1 y 3 años para alcanzar la edad de jubilación, también tendrá derecho a las prestaciones de jubilación y su porcentaje de pensión se reducirá en un 1 % por cada año que le falte para llegar a la edad de jubilación; esto incluye a los trabajadores de las unidades laborales, los profesionales independientes y las personas aseguradas voluntariamente que hayan cotizado a la Caja de Seguridad Social durante 15 años completos o más, que poseen permiso de jubilación certificado. El artículo 35 establece tres categorías para calcular el porcentaje de las prestaciones de jubilación de los funcionarios, los miembros de las fuerzas armadas y los agentes de policía: quienes han trabajado desde 1954 percibirán del 80 % al 100 % de la jubilación; quienes trabajaron de 1954 a 1974 percibirán del 75 % al 90 % de la prestación de jubilación; y quienes han trabajado desde 1975 percibirán del 70 % al 85 % de la jubilación. En el caso de los trabajadores de las unidades laborales, los profesionales independientes y las personas aseguradas voluntariamente, para el cálculo de las prestaciones de jubilación se utilizará la puntuación de jubilación, el salario o sueldo y el índice promedios.
Artículo 10 Protección de la familia
66.La protección de la familia está garantizada en la Constitución, las leyes y la legislación pertinente de la República Democrática Popular Lao. El artículo 29 de la Constitución afirma que “el Estado, la sociedad y la familia prestan la mayor atención a la aplicación de la política de desarrollo y promoción del adelanto de la mujer, y la protección de los derechos e intereses de la mujer y el niño”. El artículo 144 del Código Civil establece que “el Estado aplica una política encaminada a promover que todas las organizaciones estatales, sociales, las empresas y todos los ciudadanos laosianos contribuyan al fomento de familias felices, modernas, cultas, progresistas, armoniosas, cálidas, justas y prósperas”.
67.El Gobierno asigna importancia a la promoción de la igualdad de género en todos los aspectos, comenzando por la familia como columna vertebral de la sociedad. La libertad de los ciudadanos laosianos para contraer matrimonio está garantizada en el Código Civil y en la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer; en particular el artículo 141 del Código Civil establece que “el Estado protege la libertad del hombre y la mujer para contraer matrimonio”. Las mujeres y los hombres que alcanzan la edad de 18 años gozan de libertad para elegir a su pareja, sobre la base de su consentimiento y amor, para convertirse en marido y mujer en el marco de las valiosas tradiciones de la nación. El Estado no permite que personas, familias u organizaciones impongan o impidan el matrimonio de niños, otros miembros de la familia, funcionarios o personal bajo su responsabilidad”. El artículo 142 establece que “el matrimonio se rige por el sistema de la monogamia entre los hombres y las mujeres que han alcanzado la edad para contraer matrimonio”. El Estado no permite a hombres ni mujeres la práctica de la poligamia. Además, el artículo 17 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer establece que “el Estado y la sociedad promueven y protegen la igualdad entre mujeres y hombres en la familia. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos en todas las cuestiones relativas a las relaciones familiares. Las mujeres mayores de 18 años tienen libertad para elegir una pareja y formar una familia. La esposa tiene derecho a elegir el apellido de su marido o a conservar el propio. La esposa tiene los mismos derechos que su marido sobre los bienes gananciales. Los cónyuges tienen los mismos derechos en materia de consulta, toma de decisiones y resolución de asuntos familiares para llegar a un acuerdo sobre la elección de un lugar de residencia, sus respectivas profesiones, si tener hijos y otros asuntos. La esposa y el esposo deben amarse y respetarse, y cuidarse y ayudarse mutuamente. Juntos deben cuidar y educar a sus hijos y educarse mutuamente para convertirse en una familia con elevados valores culturales, unida, armoniosa y progresista. Las hijas y los hijos tienen los mismos derechos a heredar bienes y a recibir la educación prevista en las leyes”.
68.Las personas empleadas y las aseguradas, así como sus familiares, perciben distintos tipos de prestaciones según lo previsto en las leyes pertinentes de la República Democrática Popular Lao. Además, el Gobierno aplica la política de Bienestar Social para garantizar el apoyo y los servicios necesarios a las personas aseguradas que son víctimas de desastres o a las personas desfavorecidas de la sociedad, con la contribución del Estado, los particulares, las comunidades y las organizaciones nacionales y extranjeras, como se establece en el Decreto sobre Seguridad Social (núm. 169/Gov/ 2013). De conformidad con el artículo 7 del Decreto, las siguientes personas son beneficiarias de la Asistencia Social: los huérfanos, los niños abandonados menores de 18 años que no tienen alojamiento ni cuidadores o viven en el seno de familias pobres; las personas con discapacidad física e intelectual o que no pueden valerse por sí mismas y carecen de cuidadores o viven en el seno de familias pobres; las personas de edad, de 60 años o más que viven aisladas, en condiciones de pobreza o con familias pobres; las víctimas de la trata de personas o de enfermedades infecciosas perjudiciales para su salud y su vida; y las personas o familias víctimas de desastres naturales. El artículo 9 establece el tipo de apoyo social, que incluye ayuda en efectivo o en especie y el reasentamiento en lugares más seguros y protegidos; apoyo a los medios de subsistencia y la salud y apoyo a la formación profesional. El artículo 10 define las categorías de apoyo, incluida la provisión y construcción de nuevos lugares de residencia y el suministro de servicios públicos; apoyo médico; apoyo jurídico, apoyo educativo, apoyo profesional y desarrollo de aptitudes y empleo; y apoyo para gastos de sepelio.
69.Se protegen los derechos y los intereses de la madre y el niño: “el Estado y la sociedad reconocen el carácter prioritario de la protección de los derechos y los intereses legítimos de la madre y el niño cuando los cónyuges conviven, dejan de convivir o están divorciados” (art. 143 del Código Civil). El artículo 3, párrafo 3, de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Infancia establece que los derechos de los niños deben ser reconocidos y respondidos por sus progenitores y no pueden ser separados de ellos a menos que sea necesario para proteger los intereses del niño. El artículo 24 dispone además que los progenitores tienen la obligación conjunta de cuidar y criar a sus hijos, independientemente de su estado civil. El artículo 20 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer establece “los derechos e intereses de la mujer en la familia, a saber: cuando la esposa está embarazada o el recién nacido tiene menos de un año, el marido no puede solicitar el divorcio. Sin embargo, la esposa tiene derecho a hacerlo. En caso de divorcio, la esposa tiene prioridad en cuanto al cuidado de los hijos; si un hombre y una mujer mantienen una relación sexual y el hombre no contrae matrimonio con la mujer o tienen un hijo fuera del matrimonio, la mujer tendrá derecho a reclamar una indemnización al hombre y solicitar gastos para el cuidado del hijo hasta que este cumpla los 18 años. En caso de división de una herencia, la madre tiene derecho a representar a su hijo nonato para heredar y administrar dicho patrimonio”.
70.El artículo 176 del Código Civil también establece las causas de divorcio y otorga los mismos derechos a hombres y mujeres para solicitarlo. El artículo 178 afirma que “el marido no tiene derecho a solicitar el divorcio durante el embarazo de su mujer o cuando el recién nacido tiene menos de un año, excepto si la mujer solicita el divorcio” y el artículo 20 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer establece una disposición similar. El artículo 179 del Código Civil dispone, en relación con la tutela de los hijos que “si el marido y la mujer no se ponen de acuerdo sobre la tutela de sus hijos después del divorcio, el tribunal decidirá si el padre o la madre se hará cargo de ellos teniendo en cuenta los intereses del niño de conformidad con las leyes, y determinará la pensión alimenticia que se les proporcionará hasta la mayoría de edad. El artículo 180 otorga los mismos derechos al marido y a la mujer para solicitar una pensión alimenticia para los hijos tras el divorcio. El artículo 181 dispone la forma de reparto de los bienes previos al matrimonio y de los bienes gananciales tras el divorcio, a saber: “los bienes previos al matrimonio de cualquiera de las partes pertenecerán a sus propietarios originales; los bienes gananciales de la pareja se dividirán en partes iguales entre los cónyuges, a menos que exista una decisión judicial en el sentido de que el marido o la mujer han cometido adulterio, fraude o apropiación indebida de los bienes gananciales, en cuyo caso la parte culpable sólo tendrá derecho a un tercio de los bienes gananciales. En caso de que un hijo menor de edad quede al cuidado de cualquiera de las partes, esa parte tendrá derecho a un tercio de los bienes gananciales para la crianza del hijo. En caso de que la pensión alimenticia sea insuficiente conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Civil, el padre o la madre que no conviva con el hijo continuará cumpliendo esa obligación hasta que el hijo alcance la mayoría de edad, y el resto de los bienes gananciales se dividirá en dos partes iguales”. El artículo 215 del Código Civil establece las obligaciones del padre y la madre para la protección de los derechos e intereses de los hijos de la siguiente manera: “los progenitores tienen los mismos derechos y obligaciones de proteger los derechos e intereses de los hijos”; el artículo 217 amplía el contenido de la igualdad de obligaciones del padre y la madre hacia sus hijos y afirma que “los progenitores tienen la obligación de cuidar a sus hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, incluidos los que la han alcanzado, pero carecen de la capacidad de trabajo. La obligación de cuidar a los hijos debe cumplirse independientemente de que los padres vivan juntos o se hayan divorciado”.
71.Las embarazadas reciben cuidados especiales antes y después del parto. El artículo 87 del Código del Trabajo establece que está prohibido rescindir el contrato de trabajo de las empleadas embarazadas o que tengan un hijo menor de un año. El artículo 96 sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo establece excepciones respecto de algunas formas de trabajo que tienen efectos negativos sobre la salud reproductiva de la mujer, que debe ser especialmente protegida en todos los casos. El artículo 97 describe el tipo de trabajo que no se permite hacer a las mujeres embarazadas o a las que cuidan de niños menores de un año, a saber: trabajo en un local situado a una altura mayor de 2 metros; levantar y transportar a mano objetos, cargarlos sobre los hombros, llevar objetos en una pértiga o cargas superiores a 10 kg; realizar trabajo nocturno, horas extraordinarias o trabajar durante los días libres; trabajos que requieren permanecer de pie durante más de dos horas consecutivas y tareas incluidas en la lista de trabajos peligrosos. En el caso de las empleadas embarazadas o con niños menores de un año a su cuidado, el empleador les asignará temporalmente un nuevo puesto más adecuado y mantendrá el mismo salario o la misma escala salarial.
72.Con arreglo al artículo 98, “las empleadas tendrán derecho a una licencia de maternidad de al menos 105 días; no obstante, al menos 42 días de esta licencia deberán tomarse después del parto. En caso de parto de mellizos, la licencia de maternidad será de al menos 120 días. Durante la licencia de maternidad, la trabajadora percibirá la totalidad del sueldo o salario. En caso de que las trabajadoras se tomen una licencia que exceda el período autorizado para recibir tratamiento y rehabilitación después del parto, pueden seguir percibiendo prestaciones conforme a la Ley de Seguridad Social. Un año después del parto, la trabajadora tiene derecho a ausentarse durante una hora al día para alimentar o cuidar a su hijo y hacerlo vacunar conforme a la normativa. Las trabajadoras que han tenido un aborto espontáneo o muerte prenatal tienen derecho a una licencia certificada por un médico y a percibir el sueldo o salario habitual”. Con arreglo al artículo 99: “Las mujeres empleadas tienen derecho a percibir prestaciones por nacimiento, aborto espontáneo o muerte prenatal, conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Social”. Según el artículo 100, están prohibidos los siguientes actos: examen médico previo a la contratación, creación de condiciones que impidan o denieguen la contratación de mujeres casadas o embarazadas y creación de condiciones para rescindir el contrato de trabajo por motivos de estado civil o embarazo. La Ley de la Función Pública dispone que la licencia de paternidad o de aborto espontáneo no superarán los 15 días.
73.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao otorga importancia a la protección de la infancia y la adolescencia. El Estado previene y combate la tortura y la explotación del niño mediante la adopción de medidas para proteger y ayudar a los niños expuestos a la tortura o la explotación, asignando al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social el liderazgo de la coordinación con los sectores pertinentes, como los de la salud, la educación, la justicia, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la Fiscalía del Pueblo, las organizaciones de masas y otras organizaciones pertinentes. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social publica reglamentos e instrucciones sobre la protección y asistencia a la infancia y ha establecido un comité encargado de la protección y asistencia a la infancia para aplicar, supervisar, inspeccionar y fomentar la protección y asistencia (art. 35 de la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Infancia, núm. 05/NA/2006).
74.El artículo 101 del Código del Trabajo permite que “los empleadores contraten personas menores de 14 años, aunque no menores de 12, y deben asegurarse de que el trabajo sea ligero y de que no tenga consecuencias físicas, emocionales o intelectuales negativas, que no obstaculicen la asistencia a la escuela, la orientación profesional o la formación profesional; los trabajos ligeros figuran en un cuadro separado”. También se prohíbe el empleo de trabajadores jóvenes en actividades, tareas y lugares inseguros, peligrosos para la salud física, emocional e intelectual, como trabajo forzoso, servidumbre por deudas, trata de personas, o engaño con fines de prostitución para la producción de fotografías o imágenes pornográficas, y el comercio o engaño para la elaboración, el transporte o la posesión de drogas o sustancias ilícitas (art. 102). Además, el Código Penal establece que los delitos contra menores, personas de edad, personas vulnerables o materialmente a cargo de otras personas o subordinadas al autor del delito son agravantes de la responsabilidad penal (art. 65, párr. 6). Asimismo, las relaciones sexuales con niños, la prostitución forzada, el turismo sexual infantil y el tormento de mujeres y niños constituyen delitos y son punibles en virtud del Código Penal.
75.El Código Penal también garantiza el derecho de las personas de edad en su artículo 261, que reza: “Toda persona que no asuma el cuidado de sus hijos menores, de sus progenitores necesitados o de su cónyuge enfermo o con discapacidad, de conformidad con una decisión judicial, será condenada a una pena de prisión de entre 3 meses y 1 año o a reeducación sin privación de libertad, y se le impondrá una multa de entre 1.000.000 de kip y 5.000.000 de kip”.
76.Además, el Gobierno ha creado un Comité Nacional para las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad, cuya secretaría se encuentra en el Departamento de Políticas sobre Personas de Desempeño Destacado, Personas con Discapacidad y Personas de Edad, que depende del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Todos los años, en coordinación con el Ministerio de Salud, se organizan exámenes médicos gratuitos para personas de edad y otras actividades para darles la oportunidad de acceder a la atención de salud física y mental.
77.De conformidad con la Constitución de la República Democrática Popular Lao, todo ciudadano extranjero que sea objeto de persecución a causa de su lucha por la libertad, la justicia y la paz, y su labor científica, puede solicitar asilo en el país, en virtud del artículo 51.
78.La República Democrática Popular Lao aprobó una serie de leyes para luchar contra la violencia doméstica, como la Ley de Desarrollo y Protección de la Mujer, que define la violencia doméstica contra las mujeres y los niños en su artículo 29, según el cual “por violencia contra la mujer y el niño, o violencia doméstica, se entiende todo acto u omisión cometidos por un miembro de la familia que tenga consecuencias físicas, mentales, patrimoniales o económicas, independientemente del lugar en que se produzca”. El artículo 30 define el uso de la violencia que tiene consecuencias físicas; el artículo 31 el uso de la violencia que tiene consecuencias emocionales; y el artículo 32 el uso de la violencia que tiene consecuencias patrimoniales. Estos tres tipos de violencia constituyen delitos por los que los infractores son objeto de educación y advertencia y, en caso de violencia grave clasificada como delito, los infractores son sancionados en virtud del artículo 50 del Código Penal.
79.El Código Penal también dispone que los delitos relacionados con la violencia doméstica conllevan sanciones penales, como las relaciones sexuales forzadas con la cónyuge (art. 252), el incumplimiento de las obligaciones con los hijos menores de edad, los progenitores o el cónyuge (art. 261), la tortura de mujeres y niños (art. 263) y el abandono forzado de niños (art. 265).
80.La trata de personas está tipificada como delito y es punible con arreglo al Código Penal de la República Democrática Popular Lao (art. 215). La Ley contra la Trata de Personas establece los componentes, las consecuencias, la prevención, el procedimiento en los casos de trata de personas, la protección, la asistencia a las víctimas, la cooperación internacional y el mandato del comité encargado de las actividades contra la trata de personas, entre otras cosas.
81.El Gobierno ha establecido un mecanismo interno para supervisar y llevar a cabo las actividades de lucha contra la trata de personas, que comprende el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, el Departamento de Prevención de la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, y los Centros de Asesoramiento para Mujeres, dependientes del Sindicato de Mujeres de Lao, que desempeña un papel importante y contribuye significativamente a la lucha y prevención de la trata de personas, incluidas la protección y asistencia a las víctimas. Además, el país también es parte en numerosos tratados y protocolos regionales e internacionales en el ámbito de la lucha y la represión de la trata de personas y el proxenetismo, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La República Democrática Popular Lao ratificó la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Asimismo, el país también ha concertado memorandos de entendimiento bilaterales con 4 países: China, Viet Nam, Australia y Tailandia.
Artículo 11 Derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia
82.El Gobierno ha definido el umbral de pobreza o las normas de mitigación de la pobreza mediante el establecimiento de criterios socioeconómicos básicos que miden las familias empobrecidas y las aldeas para reflejar la situación real y periódica del país. En 2013 el Gobierno aprobó el Decreto (núm. 309/PM/2013) sobre Pobreza y Normas de Desarrollo 2012-2015 cuyo artículo 2 definía la pobreza como “la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas diarias como: alimentos que suministran al menos 2100 kcal por persona por día, ropa, vivienda, asistencia médica básica, acceso a la educación básica y acceso a la infraestructura social básica”. Las unidades de cálculo de las normas de pobreza tienen en cuenta los ingresos medios calculados en kip por persona por mes sin discriminación por género o edad, sobre la base del ingreso medio nacional de 192.000 kip por persona por mes; desglosado por zonas rurales (180.000 kip por persona por mes) y zonas urbanas (240.000 kip por persona por mes), como se definen en el artículo 3. Las normas de pobreza y desarrollo se ajustan en función de la tasa de inflación, el costo de la vida y el crecimiento socioeconómico periódico, y están sujetas a revisión, auditoría y evaluación cada cinco años, como se dispone en el artículo 12 del Decreto.
83.En 2017 el Gobierno publicó el Decreto sobre Empobrecimiento y Normas de Desarrollo (núm. 348/Gov/2017) y las Directrices de Instrucción relativas al Empobrecimiento y la Aplicación de las Normas de Desarrollo (núm. 0830/2018) como base para mitigar la pobreza de los beneficiarios, en particular las familias, las aldeas y las grandes ciudades rurales en desarrollo como unidades integralmente fuertes para poner en práctica la política de mitigación de la pobreza en el contexto actual.
84.En 2003 el Gobierno de la República Democrática Popular Lao aprobó la Estrategia de Crecimiento y Mitigación de la Pobreza como una importante estrategia de desarrollo que establece las directrices y el alcance de la elaboración y aplicación de iniciativas de mitigación de la pobreza y el mantenimiento de un crecimiento económico sostenible con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo de largo plazo para sacar gradualmente al país de la condición de país menos adelantado en 2020 como meta inicial. Esta Estrategia se ha traducido en programas y proyectos periódicos de desarrollo rural y mitigación de la pobreza.
85.El Gobierno se ha esforzado en la mayor medida posible por abordar los problemas de la pobreza y ha considerado este asunto una de sus principales prioridades. Ha invertido en el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza en todo el país, centrándose en los 47 distritos más pobres seleccionados por el Gobierno. Esto incluye el desarrollo rural integral como base de la producción (seguridad alimentaria y cosecha), servicios sociales (escuelas, dispensarios, arte, bibliotecas y parques públicos) y los conocimientos de la población para utilizar los recursos naturales y sus competencias tradicionales. Al mismo tiempo, el Gobierno se ha esforzado por crear zonas piloto avanzadas como modelos para el desarrollo rural en todo el país, en particular la creación del Fondo para la Reducción de la Pobreza y el Fondo para el Desarrollo de las Aldeas a fin de mitigar la pobreza en las zonas remotas.
86.El Gobierno ha centrado sus iniciativas en el desarrollo de las provincias como unidades estratégicas, los distritos como unidades de integración amplia y las aldeas como unidades de desarrollo agilizando la asignación de tierras para la subsistencia, desarrollando grandes aldeas para convertirlas en pequeñas ciudades, proporcionando la infraestructura necesaria y promoviendo competencias técnicas y concediendo créditos a través del Banco de Promoción de Políticas, que otorgó créditos por valor de 1,69755 billones de kip en 2016‑2020. Esto incluyó préstamos destinados a aldeas pobres por valor de 1,2861 billones de kip, al Gobierno y a las zonas de interés local por valor de 214,88 billones de kip; en favor la política de descentralización o Sam Sang, asignó 196,57 billones de kip para fomentar la producción y permitir a las personas acceder a los servicios básicos, generar ingresos y mejorar sus medios de subsistencia.
87.La tasa de pobreza de la población de la República Democrática Popular Lao ha disminuido en forma sostenida. Según los resultados de la encuesta sobre la pobreza con arreglo a las normas definidas en el Decreto núm. 309/PM del Gobierno, en 2019 seguían en la pobreza 62.384 familias, o el 5,16 % del número total de familias pobres. Además, en 2018-2019, la Oficina Nacional de Estadística realizó la sexta Encuesta de Gasto y Consumo (LECS6) y se observó que la tasa de pobreza era del 18 % (una disminución del 23,2 % respecto de la quinta Encuesta de Gasto y Consumo de 2012-2013) o del 13,5 % de los hogares.
Derecho a una alimentación adecuada
88.Para garantizar la seguridad alimentaria y el consumo adecuado de nutrientes, en los últimos cinco años el Gobierno ha centrado sus iniciativas en la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria, proyectos de nutrición, asistencia para el parto y atención a menores de 5 años y la ejecución de actividades para incorporar la promoción de la nutrición en la comunidad y la atención sanitaria básica basada en la nutrición para reducir la malnutrición crónica mediante el consumo de complementos alimenticios por las mujeres embarazadas, los niños menores de 2 años y los lactantes de entre 6 y 23 meses para prevenir la malnutrición durante los primeros 1.000 días de vida.
89.Como resultado del noveno Plan Quinquenal Nacional de Desarrollo Económico y Social, se han logrado avances considerables en muchos aspectos de la seguridad alimentaria y la nutrición; así pues, la producción de alimentos como carne, huevos y pescado ha aumentado y la tasa de consumo de estos alimentos pasó de 55 kg por persona por año en 2016 a 63 kg por persona por año en 2019, y llegó a los 65 kg por persona por año en 2020; la tasa de malnutrición se redujo del 42,8 % en 1990 al 18,5 % en 2015. Esta última es uno de los indicadores del índice de capital humano para la graduación del país de la categoría de países menos adelantados. Además, la tasa de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal disminuyó del 26,6 % en 2012 (LSIS1, Encuesta de Indicadores Sociales de la República Democrática Popular Lao 1) al 21,1 % en 2017 (LSIS2), al 20,8 % en 2019 y al 20,3 % en 2020, y la tasa de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento disminuyó del 44,2 % en 2012 (LSIS1) al 33 % en 2017 (LSIS2), al 32,7 % en 2019 y al 32,3 % en 2020.
90.Por otra parte, el Ministerio de Educación y Deporte, junto con los sectores pertinentes, ha aplicado activamente la política de promoción de la nutrición, en particular la política de almuerzos escolares mediante el suministro de alimentos a 25 internados de todo el país; la promoción de la producción agrícola escolar o huertos escolares, junto con la integración de los huertos escolares y la nutrición en los programas de estudios escolares; y el tratamiento vermífugo y la distribución de medicamentos con hierro en las escuelas.
Derecho al agua limpia
91.El Gobierno ha formulado políticas y medidas a fin de crear las condiciones para que las personas tengan acceso a agua limpia y apta para el consumo, como la Política de Agua, Saneamiento e Higiene en las Zonas Rurales, conforme a lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene en las Zonas Rurales 2019‑2020 (núm. 215, de 30 de enero de 2019), la Decisión sobre la Gestión de las Normas Técnicas para el Abastecimiento de Agua en las Zonas Rurales (núm. 0738, de 4 de mayo de 2017) y la Directriz para la Aplicación del Abastecimiento de Agua en las Zonas Rurales.
92.Asimismo, se organizaron cursos de capacitación sobre agua apta para el consumo en 17 provincias y se llevó a cabo un seguimiento de la calidad del agua en 17 provincias, y en la capital, Vientián, se elaboraron planes presupuestarios y propuestas de proyectos para el abastecimiento de agua limpia a 100 localidades con las subvenciones de China, y se han integrado programas de agua apta para el consumo en el programa de prevención de la esquistosomiasis en algunas provincias destinatarias.
93.En el sector de la educación, se ha prestado atención a la concienciación sobre la conservación y el uso de agua limpia en la primera infancia, incorporando los contenidos sobre agua limpia, protección de las fuentes de agua y reducción de las aguas residuales en los planes de estudios de los jardines de infancia y los centros de enseñanza preescolar. En los jardines de infancia se ha concienciado sobre el uso de agua limpia, la protección de las fuentes de agua y el ahorro de agua.
94.Sobre la base de los resultados de las LSIS1 y LSIS2, se observó que la tasa de consumo de agua limpia había aumentado del 69,9 % en 2011-2012 al 83,9 % en 2016-2017. En 2020, la Asamblea Nacional aprobó un plan con la meta de alcanzar el 90 %. Sin embargo, se alcanzó el 88,5 % de la meta. La principal razón de no haber podido alcanzar la meta anual es el cambio climático, que ha provocado inundaciones, corrimientos de tierras y destrucción de fuentes de agua. Algunas fuentes de agua se secaron durante las estaciones secas y durante las estaciones lluviosas se produjeron graves inundaciones que afectaron a la consecución de las metas de consumo de agua limpia.
Derecho a una vivienda adecuada
95.El Gobierno ha asignado importancia a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y se esfuerza por proporcionar viviendas y tierras a los funcionarios en el marco del presupuesto del Estado. El Gobierno mantiene una política de desarrollo de aldeas y agrupaciones de aldeas mediante la asignación de lugares de residencia a la población y el reasentamiento de los habitantes de zonas remotas y montañosas dispersas en nuevas aldeas, dotadas de la infraestructura y los servicios necesarios. La política de reasentamiento del Gobierno tiene por objeto crear condiciones para que las personas tengan ocupaciones seguras y un acceso más fácil a la educación y la sanidad. La aplicación de políticas para alentar a las personas a trasladarse de las zonas montañosas a las llanuras y para el desarrollo de aldeas y agrupaciones de aldeas desempeña un papel importante en el apoyo a las iniciativas del Gobierno para mitigar la pobreza de la población. Estas políticas forman parte de la política general de desarrollo del Gobierno que tiene por objeto dotar de servicios públicos a todas las personas y prestar apoyo adecuado a las personas afectadas por grandes proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Reasentamiento y Formación Profesional de 2018.
Artículo 12 Derecho al disfrute de la salud
96.La salud pública es una de las prioridades del Gobierno definidas en los Planes Quinquenales Nacionales de Desarrollo Económico y Social octavo y noveno, el octavo Plan Quinquenal del Sector de la Salud y la Estrategia de Reforma Sanitaria 2013-2025, que se han traducido en 8 grandes programas, 42 subprogramas y 97 proyectos prioritarios, junto con la aplicación de la política de subvenciones por parto y tratamiento gratuito de niños menores de 5 años y la política de “los 5 aspectos positivos y 1 satisfactorio” en los servicios sanitarios (buena acogida, limpieza de las instalaciones, diagnóstico preciso, tratamiento y satisfacción del cliente).
97.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao ha adoptado la cobertura sanitaria universal teniendo en cuenta la higiene, la prevención y la recuperación de la salud física y mental como componentes principales, tomando en consideración el tratamiento, la calidad, la justicia y la igualdad de los servicios sanitarios universales como componentes importantes, la reforma y modernización del sistema sanitario integral, el establecimiento de servicios sanitarios de calidad respetando el código de ética del personal médico, el fortalecimiento de la protección social universal mediante un seguro de salud universal que proteja a las personas en materia de prevención, promoción de la salud y tratamiento, al tiempo que se llevan a cabo actividades de promoción de la salud, sensibilización sobre la atención de la propia salud y el cuidado de la familia y la comunidad.
98.El régimen nacional de salud de la República Democrática Popular Lao comprende tres sistemas: el seguro de salud popular, el seguro de salud dentro del régimen de seguridad social y el seguro de salud dentro del sistema de seguro establecido en la Ley del Seguro Médico. El seguro de salud popular garantiza a los ciudadanos laosianos afiliados a la Administración Nacional de Seguridad Social el acceso a tratamiento mediante la cotización a la Caja Nacional de Seguridad Social. Las personas pobres están exentas de cotizar a la Caja Nacional de Seguridad Social y reciben prestaciones médicas y no médicas conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley. El seguro de salud dentro de un régimen de seguridad social garantiza a la persona asegurada el derecho a recibir tratamiento médico mediante la concesión de las prestaciones sanitarias definidas en la Ley de Seguridad Social, y el seguro de salud dentro de un sistema de seguro garantiza el derecho de la persona asegurada que voluntariamente contrata una prima de salud a recibir tratamiento médico con arreglo a la Ley de Seguridad Social.
99.En 2012 el Gobierno autorizó la creación del Fondo Nacional de Seguro Médico para que los ciudadanos laosianos y las personas aseguradas puedan acceder al tratamiento médico básico necesario. El Fondo comprende planes de seguros sistemáticos y armonizados para comunidades, funcionarios, empresas, el Fondo para la Salud de la Población en Situación de Pobreza y otros planes de seguros, con el objeto de crear condiciones favorables que garanticen que todos los ciudadanos laosianos dispongan de servicios básicos de salud de calidad, en particular tratamiento médico universal y equitativo.
100.Con respecto al informe sobre los progresos realizados en la implementación del Plan de Desarrollo del Sector de la Salud, desde septiembre de 2020 el sistema de seguro de salud cubre al 94 % de la población total (el Fondo Nacional de Seguro Médico cubre el 73,6 %, el Fondo Público de Seguro Social el 6,5 %, el Seguro Social de las Empresas el 3,5 %, el Seguro Social del Ministerio de Seguridad Pública el 1,1 %, el Ministerio de Defensa Nacional el 7,0 %, y los afiliados al seguro de salud comunitario y a la política de gratuidad del parto y el tratamiento de niños menores de 5 años constituyen el 2,2 %). El Fondo Nacional de Seguro Médico está establecido en 17 provincias y 139 distritos, excepto en la capital, Vientián.
101.Se ha reforzado la Política de Salud Universal, centrada principalmente en el cuidado de la salud. El sistema de protección de la salud abarca todas las provincias y permite a las madres y los niños pobres acceder a servicios de salud gratuitos que sientan las bases para alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2025.
102.El Gobierno otorga importancia a la ampliación y el desarrollo de la infraestructura médica, el equipamiento, la calidad de los servicios y el tratamiento por personal médico desde el nivel central hasta el local, con el objeto de ampliar y modernizar gradualmente la red sanitaria universal, tanto cualitativa como cuantitativamente, garantizando al mismo tiempo la observancia del código de ética profesional del personal médico. El octavo Plan Quinquenal del Sector de la Salud 2016-2020 contiene el programa de servicios de salud que consta de los siguiente subprogramas: el programa sobre el establecimiento de la red de escalas y niveles de servicios de salud, el programa sobre el establecimiento de servicios profesionales (tratamiento), el programa sobre la prevención y el control de enfermedades transmisibles y el programa sobre el fomento de la calidad y las normas de los servicios de salud (tratamiento). Esto incluye múltiples proyectos prioritarios, en particular el Proyecto de Reforma de la Red a diferentes escalas y niveles, el Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (tratamiento) a diferentes escalas y niveles de tratamiento, el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Remisión Sanitaria a todos los niveles, y el Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Salud.
103.Básicamente, la Salud Pública ha crecido y se ha ampliado continuamente en lo que respecta a la infraestructura, el equipo médico, la calidad del servicio y el tratamiento por personal médico desde el nivel central al local; se han construido hospitales de todos los niveles de calidad mejorada, a saber, el nuevo edificio del Hospital Mittaphab, el Hospital Setthathirat, el nuevo Hospital 103, el Hospital Maternoinfantil y el nuevo edificio del Hospital Mahosot. También se han modernizado y construido nuevos hospitales provinciales y comunitarios, como el Hospital Provincial de Huaphanh y el Hospital Provincial de Xiengkhouang. El sistema de servicios de tratamiento se centra en la mejora de las competencias técnicas, la ética del personal médico y la aplicación de la política nacional de “los 5 aspectos positivos y 1 satisfactorio”.
104.En relación con el informe sobre la aplicación del Plan de Desarrollo del Sector de la Salud 2020, el país tiene 1.213 hospitales, incluidos 5 hospitales centrales (1.158 camas); 17 hospitales provinciales (1.760 camas), 135 hospitales comunitarios (2.084 camas) y 1.056 dispensarios. Esto incluye la mejora de 172 dispensarios (860 camas) que cumplen los criterios de la categoría A. Además, los hospitales centrales se han modernizado y ampliado y tienen la capacidad para prestar servicios modernos a cargo de especialistas a fin de convertirse en un centro de servicios de excelencia. El nuevo edificio de cuatro plantas del Hospital Mittaphab, con capacidad para 600 camas, ha comenzado a prestar servicios de cuidados intensivos, en caso de accidentes, cirugía ósea, cirugía cerebral, hemodiálisis y centro oncológico. Se ha construido un nuevo y moderno edificio de nueve plantas donde funciona el Hospital Mahosot, con capacidad para 600 camas y se está construyendo un nuevo edificio para el tratamiento de enfermedades transmisibles con capacidad para 300 camas en el hospital Setthathirath.
105.En todo el país los hospitales provinciales están dotados de infraestructura adecuada, instrumentos y equipo médicos, y personal con competencias técnicas actualizadas en el uso de tecnologías médicas modernas en servicios básicos de tratamiento como cirugías generales y de urgencia, y tratamiento en cuatro ámbitos: hospitalización, consultas externas, ginecología y pediatría con el objeto de garantizar la salud universal de la madre y el niño. Además, algunos hospitales provinciales se han modernizado para prestar servicios especializados en algunas zonas, de la misma calidad que los servicios que prestan los hospitales centrales, para convertirse en hospitales regionales en el futuro. Actualmente están en construcción el Nuevo Hospital Provincial de Houaphanh, con capacidad para 200 camas, y el Hospital Provincial de Xiengkhouang, con capacidad para 200 camas. También se han modernizado los hospitales comunitarios y los dispensarios, y se han construido dos nuevos hospitales comunitarios en el distrito de Namor, provincia de Oudomxay, y en el distrito de Khong, provincia de Champasak, que prestan servicios sanitarios universales de calidad.
106.El Estado concede importancia a la mejora de la calidad del tratamiento y de todo el sector de los servicios de salud en consonancia con la reforma del sistema de salud y el plan estratégico periódico para el tratamiento y la promoción de los servicios de tratamiento mediante la combinación de la medicina moderna y la tradicional a fin de garantizar que todos los ciudadanos laosianos, en particular las madres y los niños, las personas pobres, las personas que viven en zonas remotas, las personas con discapacidad e invalidez y las personas de edad se mantengan sanas (Ley sobre Tratamiento de 2014, art. 4).
107.Para que los ciudadanos laosianos dispongan de un tratamiento universal accesible y asequible, el Gobierno ha incorporado en el sistema de la Caja Nacional de Seguridad Social una política de tratamiento pago o gratuito coherente con el contexto real de las subvenciones al parto y el tratamiento gratuito de los niños menores de 5 años, en particular los que están en situación de pobreza. En la actualidad, la Caja Nacional de Seguridad Social o el proyecto “30.000 kip para todos los tratamientos”, que incluye el tratamiento de enfermedades crónicas de alto costo disponible en los hospitales públicos, se ha extendido a todo el país con excepción de la capital, Vientián. Cubre todos los gastos de tratamiento de las personas en los dispensarios y hospitales públicos en las siguientes condiciones: al recibir los servicios, el paciente debe presentar documentos certificados como el libro de familia, el documento nacional de identidad, certificación de la aldea, documentos expedidos por los hospitales y aportar una contribución financiera de hasta el 50 % de las primas del seguro o la cantidad de 5.000 kip por vez para los pacientes ambulatorios que reciben tratamiento en los dispensarios, 10.000 kip por vez para pacientes ambulatorios en hospitales de distrito, 15.000 kip por vez para los pacientes externos de hospitales provinciales y 30.000 kip por vez para los pacientes ambulatorios de hospitales de distrito y provinciales. En caso de que el pago se efectúe por asistencia ambulatoria que se transforma en asistencia hospitalaria, solo se abonarán 30.000 kip. Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, los monjes y las personas pobres están exentos del pago. Además, los pacientes pobres reciben prestaciones para comidas y transporte.
108.Asimismo, el Estado fomenta y promueve la contribución del sector privado para proporcionar un tratamiento moderno que permita a la población tener más opciones y alienta a las personas físicas, jurídicas y las organizaciones nacionales y extranjeras a invertir y establecer o participar en negocios de seguros como el establecimiento de compañías de seguros, oficinas de representación e intermediarios con incentivos fiscales y aduaneros definidos en la legislación. El Estado alienta a los ciudadanos laosianos a que utilicen los diferentes servicios de seguros previstos en la Ley de Seguros.
109.El Estado concede importancia a los medicamentos y productos médicos y ha aprobado la Ley de Medicamentos y Productos Médicos que establece los principios, normas y medidas relativos a la calidad, eficacia, uso seguro, gestión, supervisión e inspección de los medicamentos y productos médicos con miras a garantizar su disponibilidad a precios adecuados para prevenir enfermedades y posibilitar el tratamiento. Los medicamentos y productos médicos que se fabriquen, exporten, importen, distribuyan, pongan en circulación y utilicen en la República Democrática Popular Lao se autorizarán de conformidad con la lista de medicamentos y productos médicos y estarán sujetos al control de la calidad y debidamente registrados por el Departamento de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud, siguiendo los procedimientos, criterios y normas internacionales y regionales para garantizar la calidad, eficacia y seguridad previstas en la Ley de Medicamentos y Productos Médicos, la disposición sobre la producción de medicamentos y productos médicos, y Buenas Prácticas de Fabricación y Control de la Calidad de los Medicamentos.
110.De los 8 centros nacionales de producción de medicamentos 5 se mejoraron en 2016 para cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación. La República Democrática Popular Lao tiene una planta de equipo médico, 89 empresas de importación-exportación de medicamentos, y 3.134 droguerías, cuyo número se ha incrementado en 703 locales nuevos desde 2016, y 1.865 artículos médicos registrados, cuyo número se ha incrementado en 210 artículos desde 2016.
111.El Gobierno concede importancia a promover y garantizar la calidad y la seguridad siguiendo el principio de “buenas prácticas de fabricación y buena venta al por mayor y al por menor”. El Ministerio de Salud aplica un mecanismo para supervisar y controlar periódicamente la calidad de los medicamentos y productos médicos tras su comercialización en el país que incluye verificaciones en los puestos de control de las fronteras internacionales y la imposición de medidas estrictas a los infractores. Según el informe sobre la aplicación del octavo Plan Quinquenal de Desarrollo del Sector de la Salud 2016-2020, se realizaron inspecciones en 17.855 fábricas públicas y privadas de medicamentos y productos médicos, farmacias, hospitales, clínicas médicas y droguerías, y se congelaron y confiscaron 1.666 artículos médicos no registrados, 136 medicamentos prohibidos, medicamentos caducados y medicamentos falsificados. Se congelaron 1.666 medicamentos no registrados y se destruyeron varios productos médicos, cosméticos y complementos alimenticios caducados.
112.El Ministerio de Salud considera el perfeccionamiento del personal una prioridad a fin de mejorar continuamente los conocimientos técnicos y la ética del personal médico, centrándose en la aplicación de programas de gestión, perfeccionamiento del personal e investigaciones científicas sobre salud, gestión de la educación sanitaria, proyectos de desarrollo y ampliación, proyectos de mejora y elaboración del plan de estudios de educación sanitaria y otros proyectos relevantes. En la actualidad, el país tiene 11 institutos de educación sanitaria: la Universidad de Ciencias de la Salud, el Instituto de Ciencias de la Salud y Enfermedades Tropicales, las Facultades de Ciencias de la Salud (Luang Prabang, Savannakhet y Champassak), las Escuelas de Salud (provincias de Oudomxay, Xieng Khouang y Khammouane), la Escuela Provincial de Enfermería Técnica de Vientián y el Centro de Desarrollo y Formación Sanitaria (provincias de Salavan y Attapeu), a los que se ha encomendado la labor de mejorar la capacidad y ofrecer formación al personal médico y a los investigadores.
113.La dotación de todo el sector sanitario comprende 20.510 personas, de las cuales 13.274 son mujeres. En total, 3.751 personas trabajan a nivel central, 4.421 a nivel provincial, 7.474 a nivel de distrito, 4.375 en dispensarios y 106 a nivel de aldea. En 2020 el Ministerio de Salud aprobó 934 solicitudes de formación de departamentos y centros dependientes del Ministerio de Salud para personal del sector sanitario, con la asistencia de 8.390 participantes. Se organizaron 27 cursos en el extranjero con 78 participantes por sesión de formación y se convocó una reunión nacional para el personal encargado del desarrollo de los recursos humanos de todo el Sector de la Salud para 2020-2021 a la que asistieron 134 participantes. Además, algunos miembros del personal del Sector de la Salud han sido nombrados puntos focales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y han participado en consultas, talleres y formaciones periódicas sobre derechos humanos organizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde desempeñan un papel importante en la difusión de la promoción de los derechos humanos en el Sector de la Salud.
114.La salud de la madre y el niño es una prioridad del Ministerio de Salud que se ha implementado en todos los niveles y provincias del país para hacer frente a la tasa de mortalidad infantil de niños menores de 1 año y de 5 años y la tasa de mortalidad materna existente, que sigue siendo alta, a pesar de que el país alcanzó los ODM en 2015. La ejecución de la labor de promoción de la salud maternoinfantil es administrada y supervisada a nivel macro por el Departamento central de Higiene y Promoción de la Salud y el Centro de Salud Maternoinfantil como operadores técnicos en relación con las enfermedades o muertes de las madres y los niños, e incluye la vacunación de las madres y los niños menores de 1 año. El Centro de Salud Maternoinfantil administra cinco proyectos principales: el Proyecto de Inmunización, el Proyecto de Salud Reproductiva y Juvenil, el Proyecto de Parto Gratuito y Tratamiento de Niños Menores de 5 Años en Centros de Salud, el Proyecto de Prevención de la Transmisión de Enfermedades de la Madre al Niño y el Proyecto de Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI).
115.El Proyecto de Inmunización es uno de los más importantes de la sexta Estrategia y constituye la base de la promoción de la salud maternoinfantil en todo el país, del nivel central al provincial, de distrito, de dispensario y de aldea. El ciclo normal de las actividades de inmunización es de 4 a 6 veces al año. Para las zonas de alto riesgo y difícil acceso, se debe preparar una planificación específica con servicios itinerantes integrados y actividades de salud maternoinfantil. Si se compara con los resultados de la LSIS1 de 2011-2012 y de 2016‑2017 (LSIS2), la tasa de vacunación contra la varicela aumentó del 63,7 % (LSIS1) al 66,0 % (LSIS2). La tasa de inmunización con la vacuna pentavalente de 2016-2020 superó las expectativas con una tasa media del 87 % al 97 %. En 2020, la campaña de vacunación se vio afectada debido a la pandemia de COVID-19 y no pudo alcanzar las metas propuestas, llegando solo al 89,9 %, lo que está por debajo del objetivo fijado del 95 %. En el futuro se tomarán medidas para alcanzar esas metas.
116.La salud reproductiva y la planificación familiar dirigida a jóvenes se han implementado en todo el país, desde el nivel central hasta el de los dispensarios y las comunidades, y están vinculadas a los servicios generales de salud maternoinfantil. Se ha completado la modificación de la política de salud reproductiva, se han suministrado medicamentos y equipo, y se ha establecido la planificación familiar junto con la distribución de medicamentos y productos médicos con el objetivo de evitar la disminución y la escasez de existencias de anticonceptivos en los centros de servicios. En colaboración con el Centro de Promoción de la Salud de Vientián, se llevó a cabo una campaña de información sobre salud reproductiva y planificación familiar entre los jóvenes, centrada en los estudiantes del segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Además, se organizaron actividades de capacitación para el personal médico sobre la detección temprana del cáncer fetal y se elaboró una directriz sobre su detección precoz. La tasa de consumo de anticonceptivos entre las mujeres de 15 a 49 años aumentó del 49,8 % en 2011-2012 al 54,1 % en 2016; la tasa de reproducción descendió del 3,2 % al 2,7 % por madre, es decir, el promedio de hijos por madre es tres.
117.Los proyectos de Servicios Gratuitos de Parto y Atención a Niños Menores de 5 Años en Centros de Salud guardan relación con la importante política de reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil, y promueven la atención necesaria de las mujeres y los niños en los centros de salud aplicando la política nacional de servicios gratuitos, especialmente en las zonas remotas, con el objeto de reducir la tasa de mortalidad materna e infantil. Las personas pobres y las que viven en zonas remotas también reciben subsidios adicionales para comida y transporte, según lo dispuesto en el Decreto sobre Prestaciones por Parto y Tratamiento de Niños Menores de 5 Años. Se ha completado el traspaso de las tasas de servicio a la oficina del Seguro Médico Nacional. El número de mujeres embarazadas que recibieron servicios gratuitos aumentó notablemente en 2019 si se compara con 2016, de 344.233 (2016) a 520.157 personas (2019), lo que representa un incremento del 51 % (175.924 personas) y un descenso de la tasa de mortalidad maternoinfantil. La tasa de mujeres embarazadas a las que se practicó un primer reconocimiento médico aumentó del 84,8 % en 2016 al 97,5 % en 2019; la tasa de mujeres embarazadas a las que se practicó un cuarto reconocimiento médico aumentó del 56,25 % al 72,3 % y la tasa de examen postnatal (dos días después del parto) aumentó del 35,6 % al 82 %. A nivel nacional, según los datos del sistema DHIS2, la tasa de asistencia durante el parto siguió aumentando todos los años desde 2016 hasta 2020, pasando del 57,4 % al 64,7 %, al 67 %, al 69 % y al 72,8 %, respectivamente. La tasa de mortalidad materna sigue siendo elevada, pero se registra una tendencia a la disminución, de 83,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 2017 a 66,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 2020. Sobre la base de la LSIS1 y la LSIS2, se observa que la tasa de mortalidad de los recién nacidos disminuyó de 32 por cada 1.000 nacidos vivos en 2012 a 18 por cada 1.000 nacidos vivos en 2017. La tasa de mortalidad de niños menores de 1 año descendió de 68 por cada 1.000 a 40 por cada 1.000 y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de 79 por cada 1.000 a 46 por cada 1.000. Si se compara con los datos del sistema DHIS2 en 2020, la tasa de mortalidad de niños menores de 1 y 5 años siguió disminuyendo, a razón de 12 por cada 1.000 y 13,5 por cada 1.000 niños vivos, respectivamente.
118.Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud asigna importancia a la promoción de la salud, en particular a través de proyectos de educación sanitaria, mediante el establecimiento de puntos de comunicación para la salud y la educación, de modo que la población pueda acceder a información relacionada con las madres y los niños, la nutrición, incluidas las enfermedades estacionales, a través de 240 programas de la televisión nacional laosiana, 720 programas de radio y 376 anuncios de televisión, 8 anuncios de radio, 7.860 anuncios de radio, 1.200 revistas, 7 anuncios de publicidad durante festivales, en paradas de autobús y ferias, medios de televisión sobre salud a través de 861 fotografías, audios y medios impresos producidos por organismos públicos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Además, en algunas zonas, las personas pueden acceder a información sobre cuidados sanitarios a través de pantallas de cristal líquido, altavoces y tarjetas de memoria que contienen videoclips sobre cuidados sanitarios.
119.El Gobierno da importancia a la prevención y el control de la malaria. En 2016 el Ministerio puso en marcha la Estrategia de Control y Eliminación de la Malaria. Se detectaron 15.465 personas afectadas por la malaria, y se registró 1 fallecimiento. La prevalencia se situó en 2,51 por 1.000 y en 2020 se detectaron 2.553 casos de malaria, y ninguna muerte; ese año la prevalencia fue de 0,148 ‰, lo que representó un descenso del 83 % respecto de 2016. Actualmente, 13 provincias han pasado a la fase de preparación de la campaña de erradicación de la malaria a más tardar en 2025, y 5 provincias meridionales son zonas de control de la malaria. En cuanto a las medidas de control, además de impartir educación sanitaria a través de altavoces, radio, televisión, distribución de carteles, revistas, y otros medios con el fin de proporcionar información sobre la prevención de la malaria a la población multiétnica de la República Democrática Popular Lao para acceder a un tratamiento rápido, se distribuyeron 1.418.952 mosquiteros para proteger a 2.270.323 personas en situación de riesgo (1,5 personas por mosquitero).
120.Para la prevención del dengue, con el objeto de destruir las fuentes de reproducción del mosquito, se han controlado regularmente el índice de vivienda (IV) y el índice de Breteau (IB) y en 2016 el valor promedio del IV fue de 21,18 y el IB de 46,66 y en 2019, el IV fue de 17,17 y el IB de 22,147. Cabe señalar que la densidad de larvas disminuyó respecto de 2016, aunque es superior a la norma (IV<5,IB<10). Además, se ha impartido ampliamente educación sanitaria basada en el contenido de los cinco principales aspectos positivos como emisiones de radio, megafonía, televisión, distribución de carteles, medios impresos, introducción de peces cíclidos, distribución de productos para eliminar larvas y trajes de protección. En caso de una pandemia de dengue, se fumigan los productos y se controla a los mosquitos.
121.El control de parásitos también es importante y, cuando se produjeron nuevas infecciones, se pusieron en marcha operaciones de vigilancia para eliminar la elefantiasis (en 2020) y la esquistosomiasis (en 2030), y para garantizar que hasta el 75 % de los alumnos de enseñanza primaria, y el primer ciclo de enseñanza secundaria de todo el país reciban tabletas antiparasitarias (la meta es el 90 %), para controlar la opistorquiasis, la hepatitis C y la triquinosis, manteniendo niveles bajos y evitando que se conviertan en problemas de salud. La prevalencia de la elefantiasis en 2016 fue del 0,08 % y en 2019 no se registró ningún caso; las tasas de infección de opistorquiasis en 2016 fueron del 70 % y del 77 % en 2019.
122.En la actualidad, al igual que muchos países del mundo, la República Democrática Popular Lao se enfrenta al brote de COVID-19 que afecta significativamente, de forma directa e indirecta, a la economía, la sociedad y la vida cotidiana del pueblo multiétnico laosiano. Según datos del Centro de Información de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud, de marzo de 2020 al 4 de enero de 2022, el número de casos acumulados de infecciones en todo el país asciende a 113.951 personas, con un total de 403 fallecimientos. En este sentido, con el apoyo del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 y de países amigos, el Gobierno asigna importancia a la aplicación estricta de medidas preventivas y de control para hacer frente a la pandemia de COVID-19, junto con el rápido suministro y la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 para generar la inmunidad de la población laosiana. En este sentido, el Gobierno establece planes y metas para vacunar al 50 % de la población antes de finales de 2021 y llegar al 87,25 % en 2022. Según datos suministrados por el Centro de Información de Educación Sanitaria, al 3 de enero de 2022, 4.590.479 personas, o el 62,56 % habían recibido al menos una dosis y 3.643.020 personas, o el 49,65 % de la población total habían recibido la serie completa de dos dosis. Además, el Gobierno ha aprobado la vacunación de los niños de 12 a 17 años y ha empezado a administrar la dosis de refuerzo al grupo destinatario de alto riesgo y a las personas que ya han recibido la segunda dosis hace cinco meses.
Medidas contra el alcoholismo
123.El Gobierno controla y restringe las bebidas alcohólicas mediante las leyes y los reglamentos pertinentes, en particular la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas, aprobada en 2014. A este respecto, el artículo 4 establece claramente que “el Estado controla el consumo de bebidas alcohólicas adoptando medidas para identificar los lugares que prestan servicios, producen, procesan, distribuyen o comercian bebidas alcohólicas y restringe la publicidad de estas, proporciona personal, vehículos, equipo, el presupuesto necesario y recauda derechos de aduana, impuestos y tasas de conformidad con las leyes y reglamentos. El Estado asigna importancia a la educación de las personas bajo diversas formas y medios con el fin de sensibilizar a la sociedad, en particular a las mujeres embarazadas, los niños, los adolescentes y los jóvenes sobre el peligro de las bebidas alcohólicas y alienta a los particulares, a las personas jurídicas y a todas las partes a colaborar y contribuir directa e indirectamente, al control de las bebidas alcohólicas, incluido el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas y de las personas afectadas por las bebidas alcohólicas”. Además, el sector sanitario también ha creado dependencias de asesoramiento y presta asistencia a quienes desean superar el alcoholismo, como se define en los artículos 51 y 52 de la Ley. Por otra parte, el Ministerio de Información, Cultura y Turismo emitió una notificación (núm. 196/MICT/ /2019) sobre el cese de la publicidad en los medios de comunicación y los anuncios de todo tipo de bebidas alcohólicas.
Medidas preventivas sobre el tabaquismo
124.La República Democrática Popular Lao aprobó una serie de leyes y legislación secundaria sobre medidas de gestión, vigilancia y control de la producción, importación y distribución del tabaco. Las medidas para proteger la salud de las personas del peligro de los productos de tabaco incluyen la Ley de Control del Tabaco, el Decreto sobre el Fondo para el Control del Tabaco y el Decreto sobre la Publicación de Advertencias en las Cajetillas de Cigarrillos. En este sentido, la Ley de Control del Tabaco, en su artículo 4, dispone claramente que: “el Estado controla el consumo de cigarrillos estableciendo políticas y medidas como el aumento de los impuestos y los derechos de aduana, el establecimiento de zonas de no fumadores, lugares de distribución, comercio de cigarrillos y promoción entre los agricultores de cultivos alternativos al tabaco. El Estado concede importancia a la promoción y a la educación de toda la sociedad bajo diversas formas para despertar la conciencia sobre el peligro del tabaco y su consumo. El Estado alienta a los particulares, a sus familias y a todas las partes a participar en el control del tabaco, incluida la rehabilitación de quienes desean dejar de fumar, proporcionando tratamiento a quienes se han visto afectados por el tabaco con el objetivo de reducir el tabaquismo entre los grupos étnicos, disminuir las enfermedades y los costos innecesarios del consumo de tabaco con vistas a promover la salud de las personas, y asigna el presupuesto necesario, proporciona vehículos y equipo para el control del tabaco”. Además, la República Democrática Popular Lao ratificó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS).
Medidas de prevención de las drogas ilícitas
125.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao considera que los estupefacientes son un grave peligro que afecta a la seguridad política y obstaculiza el desarrollo socioeconómico y el orden social. Por ello, es necesario adoptar medidas estrictas para combatir las drogas ilícitas. La producción, la transformación, el comercio, la distribución, el transporte, la posesión o la importación y exportación de drogas ilícitas o sustancias psicotrópicas están prohibidos y sujetos a sanciones penales, como se establece en el Código Penal y la Ley de Estupefacientes. Además, las personas drogodependientes reciben tratamiento, rehabilitación sanitaria y formación profesional en el Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependientes, que incluye el tratamiento en los centros de detención indicados en la Ley de Estupefacientes y la normativa pertinente.
126.La Asamblea Nacional ha adoptado una agenda de carácter nacional para 2021-2023 por la que se abordan los asuntos relacionados con las drogas como cuestión de gran importancia, necesidad y urgencia. Todos los esfuerzos deben centrarse en este problema y todos los estratos sociales deben cumplir sus deberes y obligaciones y asumir sus responsabilidades con el fin de mejorar la comprensión adecuada de las consecuencias adversas y el peligro de las drogas ilícitas en las familias, la sociedad y el país a través de la educación bajo diversas formas y medios para acceder a los grupos destinatarios desde el primer momento y evitar así que se conviertan en víctimas de las drogas ilícitas. Esto tiene por objeto introducir cambios concretos para prevenir, combatir y reducir los problemas relacionados con las drogas en la República Democrática Popular Lao y lograr que el país esté libre de drogas, eliminando todos los fenómenos negativos, mejorando los medios de vida de la población y garantizando la seguridad y el orden social, a fin de crear las condiciones propicias para la preservación y el desarrollo del país. Además, en cooperación con la comunidad internacional para esta labor, la República Democrática Popular Lao se ha adherido a los siguientes tratados internacionales: 1) Convenio para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de los Estupefacientes; 2) Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado; 3) Convención Internacional del Opio; 4) Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente; 5) Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención; 6) Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas; 7) Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; 8) Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas; 9) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; y 10) Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Medidas de prevención del VIH/sida
127.La República Democrática Popular Lao aprobó la Ley de Control y Prevención del VIH/Sida, cuyo artículo 5 establece una política clara según la cual el Gobierno se compromete a luchar contra el VIH/sida mediante el establecimiento de políticas, la redacción de leyes y la creación de estructuras orgánicas, y el suministro de la dotación de personal y el presupuesto necesarios, medicamentos y otro equipo esencial. Además, el Gobierno también alienta a los particulares, las familias y las organizaciones locales e internacionales a participar en el control, la vigilancia, el seguimiento y la lucha contra el VIH/sida. El Gobierno reconoce la importancia de impartir, transmitir y promover diversos enfoques entre el público en general, para que los miembros de la sociedad, en particular las poblaciones destinatarias y los grupos vulnerables, tengan conciencia de los daños y las repercusiones del VIH/sida, y para fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre la forma de prevenir la infección por el VIH y dónde buscar apoyo para tratar la enfermedad. El Gobierno aplica diversas medidas para prevenir el aumento de la infección por el VIH entre la población en general y los grupos destinatarios, centrándose en el tratamiento, la atención y el apoyo de las personas que viven con el VIH/sida sin estigmatización ni discriminación. El Gobierno crea un entorno favorable para las personas que viven con el VIH/sida y las afectadas por el virus a fin de prestar apoyo a su empleo en la medida de lo posible.
128.Los principales enfoques y medidas para la prevención del VIH/sida establecidos en la Ley son: el control del VIH mediante la promoción y la educación, la prevención del VIH a través de la transmisión sanguínea, la prevención a través de la transmisión sexual, la prevención del virus a través de la transmisión de madre a hijo y la prevención a través de un análisis de sangre (arts. 14 a 18, respectivamente). En relación con la promoción y la educación sobre el VIH/sida, el objetivo es aumentar la difusión, la información y la educación sobre el VIH, en particular en el primer ciclo de la enseñanza secundaria, las escuelas de formación profesional, las universidades, las unidades laborales, los centros de detención, los centros de reeducación y los grupos destinatarios vulnerables, la promoción utilizando diferentes enfoques, como los medios de comunicación masiva, entre otros, el aumento de los conocimientos sobre los daños que causa el VIH/sida, los medios de transmisión, los métodos de prevención, el tratamiento, los cuidados y la coexistencia sin discriminación ni estigmatización contra las personas afectadas por el VIH.
129.El tratamiento de las personas que viven con el VIH/sida y las que tienen infecciones oportunistas debe ajustarse a las instrucciones del personal médico e incluir medicamentos antirretrovíricos de conformidad con la Ley de Control y Prevención del VIH/Sida (art. 19).
130.Las personas que viven con el VIH/sida y las que tienen infecciones oportunistas deben recibir atención del personal médico en igualdad de condiciones con los demás pacientes en todos los centros de tratamiento general. Las sociedades y las comunidades deben ocuparse de las personas que viven con el VIH/sida y darles apoyo, atención y aliento, incluida educación para que no transmitan el virus del VIH a otras personas y vivan una vida normal junto a los demás. El Estado promueve el establecimiento de fundaciones, asociaciones, fondos e instalaciones para la atención de las personas que viven con el VIH y el sida en la comunidad, de conformidad con los artículos 22 a 24 de la Ley de Control y Prevención del VIH/Sida. A su vez, las personas que viven con el VIH/sida reciben distintos tipos de apoyo, a saber: asesoramiento y apoyo económico y social para crear las condiciones que les permitan llevar una vida normal con otros miembros de la comunidad sin discriminación ni estigmatización, de conformidad con los artículos 25 a 27 de la Ley de Control y Prevención del VIH/Sida.
131.El Ministerio de Salud ha puesto en marcha el Programa de Prevención del VIH/Sida y las Enfermedades de Transmisión Sexual, que consta de dos proyectos principales: el Proyecto de Ampliación de la Cobertura de Calidad y Prevención, Servicios, Atención, Asistencia y Tratamiento del VIH/Sida, y el Proyecto de Gestión del VIH/Sida y las Enfermedades de Transmisión Sexual. Además, el Proyecto de Prevención de la Transmisión Maternoinfantil, ejecutado conjuntamente por el Centro de Salud Maternoinfantil y el Centro de Prevención del VIH y las Enfermedades de Transmisión Sexual, desempeña un papel importante en la detección de la prevalencia del VIH en mujeres embarazadas y sus parejas para que todas las partes puedan participar plenamente en la prevención. Sobre la base del informe del octavo Plan Quinquenal de Desarrollo del Sector de la Salud, en los últimos cinco años se observan progresos en muchos aspectos, en particular la aprobación de la Estrategia Nacional de Prevención del VIH 2016-2020, el cumplimiento de la Estrategia Nacional 2021‑2030 y los Planes de Acción 2021-2025, la finalización de la Directriz para el Tratamiento Antirretrovírico, la Directriz para el Asesoramiento Rápido, la Directriz para el Tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual, la Directriz sobre el Análisis de Sangre para la Detección del VIH, y la publicación de las directrices, formularios y carteles, para su distribución a los grupos destinatarios. El Comité Nacional para el VIH también se ha modernizado para desempeñar más eficazmente sus funciones. Cabe destacar especialmente que la República Democrática Popular Lao logró mantener una baja prevalencia del VIH: en general, en la población de 15 a 49 años es inferior al 0,28 %, entre las mujeres del sector de los servicios es inferior al 2 % y en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, es inferior al 3 %. Actualmente funcionan 189 centros de asesoramiento y análisis de sangre en todo el país (45 a nivel central y provincial, 122 a nivel de distrito y 2 dispensarios), y 11 centros de tratamiento del VIH en 8 provincias.
Garantizar el acceso a medicamentos básicos asequibles
132.El Gobierno prioriza y garantiza a la distribución efectiva de medicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Medicamentos y Productos Médicos, que establece que la medicación debe ajustarse a los principios de aseguramiento de la calidad, eficacia, seguridad y precios asequibles en lo que respecta al suministro y almacenamiento de medicamentos y productos médicos. El artículo 21 dispone además que el precio de los medicamentos y productos médicos debe ser razonable y ajustarse al mecanismo de comercialización bajo el control del Sector de la Salud y los organismos públicos pertinentes para que todos los ciudadanos utilicen medicamentos y productos médicos para la prevención y el tratamiento. El artículo 22 establece que el Sector de la Salud y los organismos públicos competentes tienen la obligación de controlar los precios de los medicamentos y productos médicos para mantenerlos en un nivel adecuado, especialmente en casos de desastre y epidemias. Los comerciantes minoristas de medicamentos y productos médicos, incluidos los laboratorios privados y los hospitales, deben aplicar los precios instituidos por el Estado.
133.Además, la Ley de Inmunización garantiza los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su género, grupo étnico, raza, nacionalidad, religión o situación socioeconómica, en particular las mujeres y los niños, a recibir vacunas, información y asesoramiento sobre inmunización y el deber de preservar su vida reproductiva, su familia y su comunidad mediante la contribución, cooperación y participación en la campaña de inmunización (art. 6). Para que todos los ciudadanos puedan acceder a los medicamentos básicos conforme a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado establece dos formas de vacunación preventiva, la obligatoria y la voluntaria. Esto incluye vacunas obligatorias para grupos destinatarios, según la edad y el género, que deberán recibir todas las vacunas dispuestas por el Gobierno y los organismos internacionales, a saber: los recién nacidos, los niños menores de 1 año, los niños de 1 a 5 años, los hombres y las mujeres jóvenes de 9 a 14 años, y las mujeres en edad reproductiva de 15 a 45 años, incluidas las embarazadas. Las vacunas obligatorias son: la antituberculosa (BCG), las vacunas contra la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la hepatitis B, (antihaemophilus influenzae de tipo B), la vacuna antineumocócica conjugada, contra la encefalomielitis japonesa, el sarampión, la rubéola, el rota virus, el papilomavirus humano, la vacuna antitetánica y contra la difteria entre las mujeres embarazadas y en edad reproductiva. Podría ser necesario aumentar estas vacunas obligatorias en función de una necesidad real. En caso del brote de una enfermedad que pueda convertirse en pandemia, todos los ciudadanos que viven en zonas pandémicas serán vacunados previa aprobación del Gobierno y de las organizaciones internacionales (art. 14). En cuanto a la vacunación voluntaria, esta se aplica a los ciudadanos que desean recibir las vacunas obligatorias pagas o gratuitas en los centros de servicios públicos o privados según el tipo de vacunas, como las de la gripe estacional, la rabia y otras vacunas autorizadas por el Ministerio de Salud (art. 15).
134.El procedimiento de acceso a los medicamentos antirretrovíricos de pacientes con VIH y enfermedades de transmisión sexual ya se ha mencionado anteriormente.
135.En la República Democrática Popular Lao se asigna importancia al tratamiento y la rehabilitación de las personas con enfermedades mentales. Estas pueden recibir tratamiento en los hospitales públicos y en centros de tratamiento específicos, a saber, el Hospital Mahosot y el Hospital 103, que han creado departamentos específicos para tratar enfermedades mentales. Asimismo, los asociados para el desarrollo y las organizaciones internacionales colaboran mediante la difusión de información a las familias de personas con enfermedades mentales para que reciban la atención adecuada.
136.Además, el derecho de los infractores con enfermedades mentales a recibir tratamiento está garantizado en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Penal, en particular en el artículo 82 del Código Penal, que dispone que las personas que cometen delitos en un estado de alteración mental o los infractores en pleno uso de sus facultades durante la comisión del delito que tengan una enfermedad mental antes de que el tribunal les imponga una condena o durante el cumplimiento de esta, podrán beneficiarse de medidas relativas al tratamiento médico, como su remisión a hospitales psiquiátricos o a centros de tratamiento específicos. Después de recuperarse de la enfermedad que afectó a su estado de salud mental, el infractor debe comparecer nuevamente ante los tribunales y ser condenado, o la sentencia debe ser ejecutada si la denuncia presentada o la decisión del tribunal sigue siendo válida. La duración del tratamiento médico debe incluirse en el cálculo del período de ejecución de la pena y se fija teniendo en cuenta la duración de la pena. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, se aplican medidas de tratamiento humanitarias a los detenidos, acusados y presos en el centro de detención que tienen enfermedades mentales, infecciosas u otras, remitiéndolos a un centro de salud para que puedan recibir tratamiento, conforme a lo establecido en el artículo 265.
Artículos 13 y 14 Derecho a la educación
137.El Gobierno siempre ha considerado la educación una esfera prioritaria que cumple una función central en el desarrollo de los recursos humanos. El artículo 4 de la Ley de Educación dispone que la educación es un factor básico para el desarrollo de los recursos humanos y promueve el acceso a la educación de las personas de todas las edades y etnias. Los derechos de los ciudadanos laosianos a la educación están claramente definidos en el artículo 38 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley de Educación, según los cuales todos los ciudadanos de la República Democrática Popular Lao, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, religión, etnia, género, edad, estado físico o situación socioeconómica, tienen derecho a una educación de calidad y a un aprendizaje permanente en igualdad de condiciones, de conformidad con las leyes y las normas.
138.Con arreglo a la Ley de Educación, el contenido de la educación nacional debe garantizar tres características y cinco principios educativos junto con la integración regional e internacional. El Ministro de Educación y Deporte emitió la decisión ministerial núm. 856/MoES de fecha 6 de marzo de 2013 sobre el uso de tres características y cinco principios educativos.
139.En este sentido, las características de la educación se han convertido en principios rectores o la visión para el desarrollo educativo de la República Democrática Popular Lao en las últimas décadas, con el siguiente contenido:
Nacionalismo: se debe educar a la nación para que sea autónoma, autosuficiente y contribuya al desarrollo, traiga felicidad a las personas y prosperidad y progreso al país.
Ciencia moderna: la educación tendrá una base científica, el contenido de la enseñanza se basará en las buenas costumbres, la ciencia con enfoques claros de aplicación y estudios del progreso. El contenido de la enseñanza y el aprendizaje reflejará los resultados y el progreso científico, la modernidad global junto con la promoción de las valiosas tradiciones y prácticas de la nación.
Orientada a las personas: la educación debe estar orientada a las personas, es decir, la educación debe ser para todos, participativa, apoyada por las personas y al servicio de los intereses de las personas.
Los cinco principios educativos son los principios u objetivos básicos de la educación que tienen por objeto que la nueva generación reciba una educación física, psicológica e intelectual integral y armoniosa en consonancia con el desarrollo socioeconómico de la nación, con el siguiente contenido.
La educación cívica tiene por objeto que los alumnos se conviertan en buenos ciudadanos con un comportamiento recto y características basadas en necesidades ideológicas, actitudes, valores y actos fidedignos. La educación cívica desempeña un papel importante en la creación de buenos ciudadanos para el país, para que la sociedad disfrute de prosperidad y justicia, seguridad sin conflictos y menos fenómenos negativos.
La educación intelectual imparte conocimientos, competencias, inteligencia y habilidades necesarias para la educación superior, la subsistencia, el empleo y el aprendizaje permanente, pero hace hincapié en los alumnos y se basa en que todas las personas pueden aprender y desarrollarse según su propia capacidad. La educación intelectual desempeña un papel importante en la creación de personas competentes para la sociedad y la nación.
La educación para el trabajo dota a los alumnos de conocimientos, competencias y habilidades para utilizar su fuerza y capacidad técnica con una organización clara y eficiencia. Tiene por objeto desarrollar competencias laborales mediante la formación profesional básica de la fuerza de trabajo no cualificada y desarrollar competencias para dotar a la mano de obra de conocimientos técnicos disponibles para adquirir competencias y satisfacer las demandas periódicas del mercado laboral. La educación para el trabajo desempeña un papel importante en el desarrollo de los alumnos para que dispongan de competencias profesionales y especializadas, autosuficiencia en su vida cotidiana, puedan generar ingresos y contribuir al desarrollo de la sociedad y del país.
La educación física ayuda a fortalecer el estado físico. Se centra en la actividad física, los ejercicios, los juegos (bajo diversas formas) y los deportes como medio para el desarrollo físico, mental, anímico, social e intelectual. La educación física tiene por objeto mejorar la sanidad y la higiene, prevenir enfermedades y mantener la salud de la persona. La educación física dota a los alumnos de conocimientos, valores y comportamientos y aplica enfoques de cuidado de la salud para su crecimiento y desarrollo en consonancia con su edad.
La educación artística conlleva el aprendizaje de las artes, con atención especial a los alumnos con conocimientos y aptitudes artísticas y musicales, pasión por la belleza, sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad artística, percepción y utilización de los valores artísticos en su vida cotidiana.
140.Además, el Gobierno aprobó la Estrategia y el Plan de Acción Nacional de Educación Conjunta 2011-2015 y la capacitación que se impartirá a los encargados de elaborar planes de estudios y libros de texto. Prevé el suministro de material didáctico centrado en un mayor aprendizaje participativo en particular en materia de derechos humanos, el derecho de los niños, la paridad de género, la diversidad cultural y la riqueza de los grupos étnicos y la aceptación de las diferencias sociales. Al mismo tiempo, las escuelas organizan actividades para promover el derecho de los niños a participar en el proceso de aprendizaje, expresión y pensamiento a fin de capacitarlos para que puedan resolver cada vez más problemas por sí solos. En la actualidad, esos derechos se han incorporado en los planes de estudios de todos los niveles de aprendizaje, principalmente en la enseñanza primaria, respecto del derecho a recibir educación cívica, y en el primer ciclo de la educación secundaria, en relación con el derecho y las obligaciones de aprendizaje, la protección del patrimonio y las distintas culturas, el derecho a poseer bienes y el respeto de los bienes de los demás, la protección del patrimonio de la nación, el derecho a hacer negocios, fijar impuestos aduaneros, los derechos y obligaciones de los ciudadanos a trabajar. La enseñanza en los niveles universitarios compete a las facultades, por ejemplo, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional imparte conocimientos fundamentales sobre derechos humanos.
141.El Estado concede importancia a la aplicación de la política nacional de educación al desarrollo de los ciudadanos laosianos para que se conviertan en buenos ciudadanos dotados de virtudes, conocimientos, competencias y profesionalidad, imparte activamente una educación de calidad y ofrece oportunidades y condiciones para que las personas reciban una educación universal, especialmente las que viven en zonas remotas, las personas de grupos étnicos, las mujeres, los niños, las personas marginadas y las personas con discapacidad, e impulsa y alienta al sector privado a invertir en la educación nacional de conformidad con las disposiciones de la Constitución (art. 22).
142.La Ley de Educación (art. 4, párr. 2) dispone claramente que la educación obligatoria es gratuita, a menos que se disponga lo contrario. En tal sentido, el Estado considera la enseñanza primaria la base de la educación y la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos básicos para el futuro empleo y la vida social y también para sentar las bases del nivel de aprendizaje superior, como se define en el artículo 27. Todos los ciudadanos deben finalizar sus estudios, como se dispone en el artículo 28 de la Ley de Educación, y cursar 9 años de estudios, a partir de los 5 años en la escuela primaria, y 4 años en el primer ciclo de la enseñanza secundaria.
143.Además, el Ministerio de Educación y Deporte adoptó una serie de políticas y medidas a fin de crear las condiciones para que todas las personas reciban educación universal, en particular las familias pobres desfavorecidas, a saber: la eliminación de las tasas de matriculación para el jardín de infancia, la escuela primaria, el primer ciclo de la enseñanza secundaria y el segundo ciclo de la enseñanza secundaria general (Ordenanza núm. 1293/MoES/2012). Todos los años, el Ministerio de Educación y Deporte proporciona financiación a las instituciones educativas de los distintos niveles para cubrir las tasas administrativas escolares, desde la educación preescolar hasta la formación profesional, en función de las unidades de valor calculadas para apoyar la planificación escolar y garantizar el equipo básico.
144.El Ministerio de Educación y Deporte aplica una política de distribución gratuita de libros de texto y manuales a los profesores del sector educativo y de otros sectores, tanto de escuelas públicas como privadas, proporcionando un juego por alumno en el caso de la enseñanza pública obligatoria gratuita, y un juego por cada dos alumnos en el caso de la enseñanza pública no obligatoria gratuita según lo dispuesto en la decisión (núm.3965/MoES/2018).
145.El Gobierno aplica una política especial hacia los alumnos pobres y desfavorecidos en la educación general, en particular los alumnos de familias pobres, los huérfanos, los niños abandonados, los niños que carecen de alojamiento, los alumnos que viven en zonas remotas, los niños con discapacidad, las niñas de grupos étnicos y los niños y niñas talentosos con excelentes resultados de aprendizaje en las aldeas, los distritos más pobres y las zonas seleccionadas del Gobierno en todo el país, mediante subsidios mensuales a los alumnos hasta su graduación de la escuela primaria y el primer ciclo de la enseñanza secundaria, con especial atención a las niñas y los niños de grupos étnicos, como se establece en el Decreto sobre Prestaciones para Alumnos Pobres y Desfavorecidos.
146.El Gobierno dispone que la educación desde la escuela primaria hasta el primer ciclo de la enseñanza secundaria es obligatoria y gratuita para todos según la Ley. En 2010 el Gobierno aprobó una política de educación común a fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos de la sociedad a la igualdad de acceso a una educación de calidad, reducir y eliminar las brechas que afectan a las personas desfavorecidas, en particular las niñas, las mujeres, los alumnos de grupos étnicos, las personas con discapacidad y las personas con dificultades socioeconómicas para finalizar sus estudios; eliminar las barreras internas y externas del sistema educativo centrándose en las particularidades y las distintas necesidades de los alumnos pobres; mejorar la calidad y la adecuación del sistema educativo a todos los niveles, crear condiciones propicias para el aprendizaje eficaz de los alumnos con dificultades de aprendizaje, promover la participación de los alumnos, las familias, las escuelas, las comunidades y toda la sociedad.
147.El Ministerio de Educación y Deporte aplica una política de eliminación de las tasas de inscripción y derechos de matrícula en las escuelas públicas de enseñanza primaria y el primer ciclo de la enseñanza secundaria para que las escuelas preescolares y las escuelas primarias tengan cinco niveles de clases con alumnos de distintos grados utilizando en forma sistemática distintas aulas y docentes sin aula fija, ajustando los calendarios y horarios escolares al contexto local y garantizando la disponibilidad de edificios y servicios adecuados para los estudiantes con discapacidad, incluidas las escuelas y centros de educación especial para las personas con una discapacidad grave que no pueden acceder a las instituciones de educación general.
148.En 2019 el Gobierno aprobó la Ley de Educación Técnica y Profesional que enuncia la política del Estado en materia de educación profesional, en particular el artículo 4, que señala: “el Estado promueve el derecho de los ciudadanos laosianos a recibir educación, formación profesional en una esfera determinada en función de la situación y las condiciones reales de las personas y las familias mediante la concesión de becas a los estudiantes que han obtenido excelentes resultados de aprendizaje, los alumnos con dificultades y los estudiantes de profesiones promovidas por el Estado. El Estado asigna fondos del presupuesto a los centros de formación profesional creados por el Gobierno, fomenta y promueve políticas de crédito, exenciones o reducciones tributarias conforme a las leyes, para invertir en actividades profesionales con un plan y un enfoque claros, incluidos préstamos en condiciones favorables para alumnos y estudiantes”.
149.En 2015 el Gobierno aprobó el Decreto sobre Educación Secundaria como base para la organización y gestión de la educación secundaria en la República Democrática Popular Lao de manera uniforme para garantizar la calidad y la eficacia, satisfacer las necesidades del desarrollo socioeconómico nacional y la integración regional e internacional. A este respecto, el artículo 4 define la política del Estado en materia de enseñanza superior de la siguiente manera: el Estado promueve el acceso de todos los ciudadanos laosianos a la enseñanza superior en función de las competencias y las condiciones reales de los alumnos sobre la base del aprendizaje permanente mediante la promoción del acceso a la enseñanza superior y la concesión de becas a los estudiantes sobresalientes, los grupos destinatarios pobres, las mujeres, los grupos étnicos y las personas desfavorecidas, y fomenta y facilita la participación de personas físicas, jurídicas u organizaciones, unidades laborales y organizaciones nacionales y extranjeras, en el desarrollo de la educación superior. Además, por aprendizaje y enseñanza con enfoques múltiples se entiende el aprendizaje a tiempo completo, actividades extracurriculares y educación abierta, conforme a lo enunciado en el artículo 20 del Decreto.
150.El Gobierno se centra en la reforma de la educación nacional con miras a mejorar y aumentar la eficacia del desarrollo de los recursos humanos, aspirando a ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos, aumentar la calidad de la educación, mejorar los servicios y gestionar el sector educativo para que se ajuste y sea coherente con la participación básica de la población. Esta reforma se lleva a cabo en dos fases: la fase I (2006‑2010), centrada en la educación general pública y privada, y la fase II (2011-2015), centrada en la reforma de la formación profesional y la educación superior.
151.Los logros más importantes fueron la elaboración de planes de estudios, la ampliación de las escuelas de formación profesional, las facultades y las universidades, y el fortalecimiento de la formación profesional y la educación superior para satisfacer las demandas del mercado laboral. El Ministerio de Educación y Deporte anuncia el nuevo plan de estudios de los centros de formación profesional e imparte formación a los profesores para mejorar la educación básica en consonancia con los objetivos de desarrollo socioeconómico. Según la información del Centro de Estadística de Educación y Deporte, en el año escolar 2019/20, en el país hay 5 universidades y 100 institutos de formación profesional, incluidas 40 instituciones públicas y 60 privadas. El país tiene un total de 67.607 alumnos de formación profesional (34.243 mujeres) matriculados en centros públicos y privados. Además, en el curso escolar de 2019 hasta mayo de 2020, 6.963 estudiantes laosianos (3.433 mujeres) han cursado estudios superiores en el extranjero.
152.El Gobierno ha adoptado medidas para promover la alfabetización de diversas formas. Además de la educación en el sistema escolar, el Estado también facilitó la educación informal con el objeto de crear condiciones y oportunidades para que la población multiétnica laosiana que no puede acceder al sistema escolar tenga acceso a la educación universal. La educación informal es un aprendizaje y enseñanza semejante a la educación formal que tiene contenidos curriculares y grados correspondientes al sistema escolar con diferentes enfoques de aprendizaje y enseñanza, y horarios en función de la capacidad y disposición de los alumnos. El aprendizaje debe ir acompañado de una formación profesional básica.
153.La Ley de Educación define la educación informal como la educación extraescolar que sigue el sistema regular y la educación voluntaria con tres formas de aprendizaje y enseñanza: presencial, itinerante y en línea. En este sentido, la educación informal en el sistema regular tiene tres niveles: la erradicación del analfabetismo, mediante el aprendizaje y la enseñanza para grupos destinatarios desfavorecidos que carecen de oportunidades de aprendizaje, con el objetivo de que los alumnos aprendan a leer y escribir en el idioma lao y adquieran nociones básicas de aritmética (art. 21); la educación por grados es el proceso de aprendizaje y enseñanza posterior a la erradicación del analfabetismo que permite la matriculación en escuelas primarias, secundarias o superiores con el objetivo de dotar a los alumnos de los conocimientos y las competencias técnicas superiores que les permitan mejorar sus medios de vida (art. 22) y, por último, la educación profesional básica, que conlleva el desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias y capacidad profesional, incluidas las profesiones tradicionales mejoradas, con el objeto de desarrollar la seguridad propia y de las familias (art. 23). La educación voluntaria incluye un amplio contenido de aprendizaje sin restricciones, como el aprendizaje y la investigación emprendidos libremente, entre otras cosas, por diferentes medios sin limitación de tiempo, contenido ni lugar de aprendizaje. Se alienta a todos los ciudadanos laosianos a adquirir educación voluntaria, como se describe en el artículo 24 de la Ley de Educación.
154.Además, el Gobierno valora y promueve el aprendizaje permanente, una combinación entre la educación escolar y la educación informal, para que todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, disfruten de un aprendizaje a lo largo de toda la vida que les permita adquirir conocimientos basados en las necesidades de desarrollo definidas en el artículo 26 de la Ley de Educación. En 2020 el Gobierno aprobó el Decreto sobre Aprendizaje Permanente que establece los principios, normas y medidas para la gestión, supervisión, inspección, apoyo y promoción del aprendizaje permanente para que el aprendizaje y la enseñanza, la evaluación, el reconocimiento, la certificación o la transferencia de los resultados del aprendizaje de las escuelas, la educación informal y la educación voluntaria sigan enfoques uniformes y de calidad con el objeto de que todos los ciudadanos laosianos tengan la oportunidad de mejorar su educación, conocimientos y competencias profesionales.
155.De conformidad con el sexto resultado de alto nivel del Plan de Desarrollo del Sector Educativo 2021-2025, ha aumentado la tasa de alfabetización de adultos y la paridad de género. El Ministerio de Educación y Deporte ofrece a los jóvenes un plan de estudios equivalente para que todos puedan acceder a la educación universal. La tasa de alfabetización de adultos (mayores de 15 años) aumentó del 73 % en 2005 al 84,7 % en 2015. La encuesta sobre el índice de progreso social de Lao realizada en 2017 mostró que un tercio de la población del país de edades comprendidas entre los 15 y los 30 años sabe leer y escribir, y la mayoría adquirió esos conocimientos en la escuela. Además, también se determinó que la tasa de analfabetismo disminuyó rápidamente en las distintas generaciones hasta llegar al 11 % entre los hombres y el 17 % entre las mujeres (del grupo de edad de 15 a 17 años), lo que concuerda con los datos sobre el aumento de las tasas de matriculación en todos los niveles educativos.
156.De conformidad con la Constitución de la República Democrática Popular Lao, el idioma y el alfabeto lao se definen como la lengua oficial y todos los ciudadanos laosianos tienen la obligación de aprenderlos y comprenderlos. La Ley de Educación también dispone que el idioma y el alfabeto lao sean el medio oficial utilizado en el aprendizaje y la enseñanza en las instituciones educativas.
157.En el caso de los niños de grupos étnicos, el Gobierno asigna importancia a la aplicación de políticas adecuadas de apoyo y promoción a fin de crear las condiciones necesarias para que los niños de grupos étnicos reciban una educación de calidad en igualdad de condiciones con los demás. El Gobierno aprobó la Estrategia y el Plan de Acción Nacional de Educación Conjunta que asignan importancia a los internados étnicos, a los enfoques más eficaces de aprendizaje y enseñanza en idioma lao para los alumnos de grupos étnicos, por ejemplo, cursos intensivos de idioma lao a fin de preparar a los alumnos de esos grupos para asistir a la escuela primaria, utilizar el idioma lao y materiales didácticos en ese idioma con los alumnos de grupos étnicos de 1º a 3er grados, impartir cursos de apoyo de idioma lao a los alumnos de 1º a 3er grados, e impartir cursos intensivos de idiomas étnicos necesarios y apropiados para los docentes que vayan a enseñar en zonas habitadas por grupos étnicos. Además de mejorar la calidad de la enseñanza, el Gobierno también promueve y crea las condiciones para que los niños reciban educación preescolar de diversas formas para ayudarlos a mejorar sus competencias de lectura y escritura, especialmente aquellos cuya lengua materna no es el lao.
158.Todos los años, el Ministerio de Educación y Deporte dicta instrucciones sobre la selección de estudiantes y funcionarios para cursar estudios superiores, dando prioridad en primer lugar a los distritos más pobres y después a otros distritos. Se da prioridad a las mujeres, los grupos étnicos y las personas desfavorecidas de conformidad con los sectores de los distritos que requieren desarrollo socioeconómico, y se encomienda a los Departamentos Provinciales de Educación y Deporte que coordinen con las Oficinas de Educación y Deporte de los Distritos la determinación de sus necesidades reales. Además, se da prioridad a los docentes y alumnos provenientes de las aldeas más marginadas como destinatarios de la “política de descentralización de tres niveles ( Sam Sang )”.
159.El Gobierno aplica una política de igualdad de educación para todos garantizada por la Constitución y la Ley de Educación. Además, tiene una política especial para promover el acceso a la educación de las mujeres, los grupos étnicos, las personas con discapacidad, los miembros de familias pobres y las personas desfavorecidas. El Estado concede importancia al desarrollo de un entorno social mediante la sensibilización contra la discriminación, el establecimiento de normas para un aprendizaje conjunto de calidad y la promoción de valores, tradiciones y actitudes positivas hacia las mujeres, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y distintos tipos de personas desfavorecidas. Además, se han adoptado medidas para garantizar que las niñas, las mujeres y las personas desfavorecidas tengan acceso a la educación, concretamente asignando el 20 % de las cuotas de educación a las mujeres para algunos planes de estudios de gran exigencia que abarcan las ocupaciones de “obreros o trabajadores de fábricas” y sigue aplicándose el programa de becas (destinado específicamente a mujeres). Según el Plan de Desarrollo del Sector de la Educación y el Deporte 2021-2025, el índice de igualdad de género en relación con la matriculación en quinto grado es de 0,90, mientras que el índice de igualdad de género respecto de la matriculación en los grados cuarto y séptimo es de 0,97 y 0,90, respectivamente.
160.La tasa de abandono escolar en la enseñanza primaria y secundaria sigue siendo elevada, y el Gobierno ha desplegado incansables esfuerzos para reducirla. El examen de mitad de período de 2018 del Plan de Desarrollo del Sector de la Educación y el Deporte 2016-2020, indicó que las razones del abandono escolar son, entre otras, la pobreza, la distancia, la dificultad de los programas y el número excesivo de asignaturas, la escasa preparación de los alumnos de primer ciclo de la enseñanza secundaria, así como la falta de incentivos, la falta de percepción de los valores de la educación secundaria y la falta de docentes con conocimientos especializados y capacidad de enseñanza para la educación secundaria.
161.El Gobierno adopta periódicamente medidas para reducir las tasas de abandono escolar. En los últimos años, ha asignado un presupuesto anual al sector educativo (que representa entre el 1 % y el 15 % del presupuesto del Estado) a los servicios, el desarrollo de infraestructura educativa y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje desde la educación preescolar hasta la educación superior. Al mismo tiempo, las iniciativas se centraron en la consecución de los ODM, en particular la promoción de la escolarización de los niños de 6 años para que asistan a la escuela primaria y el fomento de la escolarización de los niños que finalizan la educación primaria para que asistan a la escuela secundaria mediante la ejecución de más proyectos a nivel local, en particular proyectos de desarrollo de la educación de calidad, infraestructura educativa, construcción de residencias para estudiantes y distribución de complementos alimenticios y almuerzos escolares.
162.El Ministerio de Educación y Deporte aprobó el Plan de Desarrollo del Sector Educativo 2021-2025 que contiene una serie de prioridades derivadas de los resultados de la reunión del Grupo de Trabajo de Alto nivel de Educación y Deporte celebrada en noviembre de 2019, en particular el enfoque de las escuelas primarias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza mediante una asignación presupuestaria a este sector, la ampliación de la educación secundaria eficaz y realista, la determinación de las aptitudes y competencias del personal del sector educativo, la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, en particular la alfabetización y la aritmética, así como el aumento de las oportunidades de acceso a la educación preescolar y la reducción de la disparidad en los resultados del aprendizaje de los alumnos mediante una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos para agilizar los servicios educativos, especialmente en 40 distritos desfavorecidos señalados por el Ministerio de Educación y Deporte.
163.Actualmente, en todo el país, el número de escuelas (incluidos los jardines de infancia, las escuelas de enseñanza preescolar y las escuelas primarias) ha aumentado de 2.807 en el año escolar 2015/16 a 3.496 en el año escolar 2019/20 y el número de estudiantes ha aumentado de 186.624 (92.947 niñas) en el año escolar 2015/16 a 245.849 (121.842 niñas) en el año escolar 2019/20. La proporción de población de 5 años que accede a la educación preescolar se incrementó del 70,9 % en el año escolar 2015/16 al 82,7 % en el año escolar 2019/20.
164.Para el año escolar 2019/20, el país cuenta con un total de 8.822 escuelas de enseñanza primaria. Un número total de 760.566 alumnos (367.111 niñas) asiste a 7.256 escuelas primarias. El porcentaje de nuevos alumnos que ingresan a primer grado desde el jardín de infancia o la escuela preescolar era del 69,8 % (70,36 % de niñas, 69 % de niños), y el porcentaje de abandono escolar en la enseñanza primaria era del 4,2 % (3,7 % de niñas, 4,7 % de niños). La tasa de permanencia aumentó del 77,9 % (79,1 % de niñas, 76,6 % de niños) en el año escolar 2015/16 al 80,1 % (82,7 % de niñas y 77,4 % de niños) en el año escolar 2019/20.
165.El país tiene un total de 1.818 escuelas secundarias, de las cuales 967 son de primer ciclo, 34 de segundo y 815 generales. En el primer ciclo de la enseñanza secundaria están matriculados 429.150 alumnos (207.879 niñas y 211.271 niños), la tasa de escolarización general es del 83,3 % (81,9 % de niñas y 84,6 % de niños); la tasa de abandono escolar durante el primer ciclo de la enseñanza secundaria es del 10,3 % (9,7 % de niñas y 10,8 % de niños). La tasa de permanencia en los grados sexto a décimo es del 68,9 % en las escuelas de enseñanza secundaria superior, el número total de alumnos es 205.574 (96.347 niñas y 109.227 niños), la tasa de escolarización general es del 54,8 % (81,9 % de niñas y 84,6 % de niños), la tasa de abandono escolar es del 8,8 % (9,7 % de niñas y 10,8 % de niños) y la tasa de permanencia en los grados 6º a 12º es del 78,7 % (78,6 % de niñas y 78,8 % de niños).
166.Además, el Ministerio de Educación y Deporte también adoptó una serie de políticas y medidas que contribuyen a crear las condiciones para que todas las personas reciban educación universal, en particular las familias pobres desfavorecidas, a saber: la eliminación de las tasas de matriculación para el jardín de infancia, la escuela primaria, la escuela secundaria inferior y la escuela secundaria superior de educación general (Ordenanza núm. 1293/MoES/2012). Todos los años, el Ministerio de Educación y Deporte aporta financiación a las instituciones educativas de los distintos niveles para sufragar las tasas administrativas escolares, desde la educación preescolar hasta la formación profesional, en función de las unidades de valor calculadas para apoyar la planificación escolar y garantizar el equipo básico.
167.El Ministerio de Educación y Deporte aplica una política de distribución gratuita de libros de texto y manuales a los profesores del sector educativo y de otros sectores, tanto de escuelas públicas como privadas, proporcionando un juego por alumno en el caso de la enseñanza pública obligatoria gratuita, y un juego por cada dos alumnos en el caso de la enseñanza pública no obligatoria gratuita según lo dispuesto en la decisión (núm. 3965/MoES/2018).
Artículo 15 Derecho a participar en la vida social y a gozar de los beneficios del progreso científico
168.El Gobierno de la República Democrática Popular Lao concede gran importancia a la información y la cultura y reconoce que la cultura es la base espiritual de la sociedad, un factor fundamental para la solidaridad nacional, la seguridad nacional, una fuerza que impulsa el desarrollo socioeconómico y un objetivo y factor para el ajuste del desarrollo y la integración internacional. El Gobierno ha establecido el Ministerio de Información, Cultura y Turismo como organismo central que supervisa y gestiona las actividades conexas a escala nacional mediante la vinculación de la organización desde el nivel central al local.
169.Los medios editoriales y de comunicación desempeñan un papel importante en la transmisión y la comunicación para facilitar y garantizar el acceso a la información sobre la cultura y las tradiciones nacionales en todo el país, incluidos los grupos étnicos o los habitantes de zonas remotas. El Gobierno asigna prioridad a la formulación y difusión de la normativa y legislación pertinentes y la capacitación del personal del Ministerio de Información, Cultura y Turismo a nivel central, provincial y de distrito. Fomenta y promueve la creación de asociaciones, como la Asociación de Periodistas de la República Democrática Popular de Lao, la Asociación de Escritores de Lao, la Asociación de Editores de Lao y la Asociación de Bibliotecas de Lao, que pueden llevar a cabo actividades para su desarrollo y crecimiento. Hay unas 84 imprentas, 7 de nivel central y 77 de nivel local, y 17 editoriales (2 públicas y 15 privadas), 152 medios de comunicación impresos, 33 periódicos (11 diarios), 115 revistas y 4 boletines de noticias, 16 librerías y empresas de medios de comunicación (1 pública), 9 bibliotecas (incluida la Biblioteca Nacional y 12 bibliotecas locales, 5 bibliotecas universitarias, 61 bibliotecas de facultades y 20 bibliotecas especializadas), 1.628 salas de lectura, 8.500 bibliotecas itinerantes, 8.585 bibliotecas itinerantes equipadas con bolsas de libros, 5 bibliotecas itinerantes en automóviles y 3 bibliotecas itinerantes (locales) en barcos. Además, se dispone de servicios de información por Internet que, con la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, transmiten noticias directamente a los abonados telefónicos. Los periódicos laosianos en idiomas extranjeros son miembros de Asian Newspapers Network Organizations, lo que facilita el intercambio de noticias e ilustraciones entre todos los miembros, la organización de cursos de capacitación sobre noticias y la rotación de representantes permanentes de agencias de noticias en Bangkok (Tailandia).
170.A fin de aumentar el número de medios para que las personas tengan acceso exhaustivo a la información, el Gobierno ha ampliado las redes de radio y televisión de todo el país. Hay 82 emisoras de radio (3 centrales y 78 locales), que emiten a través de frecuencias de los sistemas AM y FM y cubren el 90 % del territorio total de la República Democrática Popular Lao. Además, la difusión por satélite e Internet cubre el 100 % del territorio del país. La Empresa Nacional de Radiodifusión emplea diversos idiomas para el doblaje, entre ellas el lao, el hmong y el khmu, así como idiomas extranjeros como el tailandés, el camboyano, el inglés y el francés. Hay 45 canales de televisión (6 centrales, 3 privados y 33 locales) y 7 digitales que emiten imágenes en el 80 % de la superficie del país. Las grandes ciudades disponen de servicios de televisión digital y por cable que permiten captar más de 50 canales lao y extranjeros, y la red de altavoces se ha extendido a pueblos y zonas remotas, con 5.918 puntos instalados en 148 distritos de todo el país. Además, los medios de comunicación en línea son muy populares y facilitan un flujo de información rápido y más amplio, tanto dentro como fuera del país.
171.La labor cultural también se ha mejorado y ampliado continuamente a través de la campaña de promoción sobre el desarrollo de familias y aldeas culturales, y una planificación adecuada de los medios de subsistencia. En septiembre de 2020, hay en todo el país 957.198 familias culturales, es decir, el 76,15 % del número total de familias, y hay 6.375 aldeas culturales, es decir, el 75,52 % del número total de aldeas. El Estado concede importancia a la preservación, publicidad, promoción de actividades y participación en la vida social, cultural y artística del pueblo multiétnico laosiano. En la actualidad, el país tiene 27 museos, 10 salas de exposición que exhiben las tradiciones lao, 7 salas culturales (1 sala cultural nacional y 6 salas culturales locales), 6 compañías de artistas profesionales, 6 compañías de espectáculos, 13 salas de cine y 28 salas públicas y privadas de proyección de películas.
172.El Gobierno concede importancia a la participación de los niños en la vida cultural mediante el establecimiento de Centros Culturales Infantiles como puntos de servicios para actividades culturales y artísticas con el fin de mejorar las competencias e intercambiar experiencias y también para su utilización como lugares de recreación para los niños. En 2019, en todo el país había 37 Centros Culturales Infantiles (1 de nivel central y 36 de nivel local), 186 Centros Infantiles de Formación Cultural (31 de nivel central y 156 de nivel local), en los que trabajaban 173 voluntarios (41 de nivel central y 132 de nivel local), y 33.229 niños habían visitado los centros culturales, que habían registrado 885 actividades y 1.349.137 visitantes.
173.La Constitución establece claramente que el Estado garantiza el derecho de los pueblos étnicos a proteger y afianzar sus valiosas tradiciones y culturas y las de la nación (art. 8). El Estado promueve la conservación de las valiosas tradiciones de los pueblos étnicos y de la nación junto con las culturas avanzadas del mundo, promueve también actividades culturales, artísticas y creativas, gestiona y protege el patrimonio cultural, histórico y natural, y restablece y rehabilita lugares históricos. Concede importancia a mejorar y potenciar la labor de los medios de comunicación al servicio del desarrollo y la protección de la nación y prohíbe realizar actividades culturales o utilizar medios de comunicación que perjudiquen los intereses nacionales o destruyan las valiosas tradiciones o la dignidad del pueblo laosiano (art. 23). El Estado y la sociedad promueven y facilitan el desarrollo del turismo cultural, histórico y ecológico a fin de crear una industria turística única por sus destinos, que contribuya a la economía de la nación. Está prohibido impulsar formas de turismo que degraden las valiosas tradiciones de la nación o infrinjan la ley (art. 30).
174.El artículo 4, párrafo 2 de la Ley de Patrimonio Nacional, dispone que el Estado promueve y crea las condiciones para que las personas y las organizaciones dentro y fuera del país contribuyan a la protección, conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio nacional de forma sostenible. El Estado promueve la investigación, la innovación y la transmisión de los valores nacionales, públicos y avanzados del patrimonio, al tiempo que restringe y elimina los obstáculos para el adelanto del pueblo multiétnico laosiano y de la nación. El Estado reconoce y protege los bienes legalmente registrados que constituyen el patrimonio nacional pertenecientes a organizaciones, personas físicas o jurídicas. El artículo 6 establece que los ciudadanos laosianos, extranjeros o apátridas residentes en la República Democrática Popular Lao tienen la obligación de proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio nacional. Los extranjeros y los turistas que visitan la República Democrática Popular Lao, incluidos los laosianos que viven en el extranjero, también tienen la obligación de contribuir a la protección y conservación del patrimonio natural. El artículo 8 establece que el Estado promueve las relaciones internacionales, la cooperación regional e internacional y en relación con el patrimonio nacional, el intercambio de experiencia, información, investigación científica, formación técnica sobre la difusión de culturas, la organización de exposiciones, la búsqueda de financiación y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en virtud de tratados, convenciones y convenios internacionales en los que la República Democrática Popular Lao es parte.
175.El Gobierno asigna importancia al fomento del turismo cultural para difundir ampliamente la cultura lao en el extranjero. Se fomenta la protección y promoción de las tradiciones históricas y la valiosa cultura del pueblo étnico laosiano, en particular el arte, la literatura, la artesanía, el tejido en telar, la alfarería, el tallado, la pintura y la joyería en plata y oro, que forman la importante identidad de la nación. Asimismo, se promueve la rehabilitación de yacimientos arqueológicos, lugares históricos, antigüedades, templos y bellos paisajes del país, en particular los 10 lugares históricos registrados, entre los que se incluyen 3 lugares históricos que figuran en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Luang Prabang, Vat Phou Champassak y el Páramo de las Tinajas ( Plain of Jars ) de la provincia de Xieng Khouang. La flauta tradicional laosiana o khen se incluyó en la lista de patrimonio cultural material de la humanidad a finales de 2017 y la cadena montañosa cárstica Hin Nam No de la provincia de Khammouane ha sido propuesta como Sitio del Patrimonio Mundial natural.
176.El Gobierno promueve y alienta a los ciudadanos laosianos a participar plenamente en la creación literaria. El país tiene 161 autores o escritores, de los cuales 30 son mujeres. Desde 1998 hasta la actualidad, 2 escritores, entre ellos 3 mujeres, han recibido los premios Sea Write; 31 escritores, entre ellos 4 mujeres, han recibido los premios Mekong; 25 escritores, entre ellos 2 mujeres, han recibido los premios Sinxay; 1 escritora ha recibido el premio tailandés Sun Thone Phou; 1 escritora ha recibido el premio ASEAN para escritores jóvenes; 10 escritores, entre ellos 1 mujer, han sido nombrados Artistas Nacionales, y 20 Artistas Destacados, entre ellos 3 mujeres.
177.En la actualidad, la República Democrática Popular Lao tiene 5 escuelas e instituciones educativas de arte y cultura: la Escuela Nacional de Arte, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Superior de Bellas Artes Tradicionales de Luang Prabang, la Escuela Secundaria de Bellas Artes de Savannakhet y la Escuela Secundaria de Bellas Artes de Champassak, que cumplen una importante función en la promoción y el fomento de estas profesiones.
178.El Estado promueve y estimula la publicación y distribución, tanto cualitativa como cuantitativamente, alienta la creatividad, la recreación y el aprendizaje integral a través de una serie de políticas como el desarrollo y despliegue de personal, la asignación de presupuesto, créditos, vehículos y tecnología moderna, otorga títulos y estipendios a los artistas, y aplica la desgravación o la reducción impositiva de conformidad con las leyes del país. Cabe señalar en particular la Ley de Publicaciones de 2008 y la Ley de Propiedad Intelectual de 2017, que en su artículo 4 establece que el Estado reconoce la propiedad intelectual y los resultados de invenciones, la creatividad de particulares, personas jurídicas u organizaciones y protege los intereses de los titulares de la propiedad intelectual que no sean contrarios a las leyes, la cultura y las valiosas tradiciones de la nación, la defensa nacional, la seguridad pública, la salud y el medio ambiente. La protección de la propiedad intelectual en la República Democrática Popular Lao sigue los principios básicos definidos en el artículo 5 de la Ley, a saber: garantizar el cumplimiento de las directivas, las políticas, la Constitución, las leyes, las estrategias y el Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico, reconocer, respetar, proteger y garantizar la equidad hacia el titular de la propiedad intelectual, proteger la propiedad industrial y las nuevas variedades vegetales registradas conforme a la ley, proteger los derechos de autor y los derechos conexos, garantizar que los titulares de los derechos concedan su autorización antes de la explotación de la propiedad intelectual y cumplir los tratados o acuerdos internacionales en los que la República Democrática Popular Lao es parte. Por otra parte, las personas que no respetan la propiedad intelectual son pasibles de sanciones penales y civiles según lo prescrito en la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal (art. 246).
179.El artículo 24 de la Constitución establece claramente que el Estado promueve la creatividad en la investigación y el uso de la ciencia y la tecnología y la innovación, y protege la propiedad intelectual junto con el desarrollo y la mejora de la ciencia para fomentar el proceso de industrialización y modernización. El artículo 45 garantiza la libertad de los ciudadanos laosianos para investigar y utilizar los resultados científicos e innovadores, y crear productos literarios y actividades culturales que no estén en contradicción con la legislación. Además, la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 3, establece los derechos de las personas de llevar a cabo actividades científicas y tecnológicas, y su derecho a investigar para mejorar creativamente sus capacidades intelectuales, utilizar el progreso científico y tecnológico, proteger la propiedad intelectual, transferir, entregar, publicar, difundir resultados científicos y tecnológicos, incorporar los resultados de la investigación como capital en la producción y la empresa, y recibir información y formación para la creación de capacidad, promoción, asistencia y orientación técnica de los sectores público y otros. No obstante, el ejercicio de esos derechos debe ajustarse a los principios y el ámbito de aplicación definidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, de modo que las personas físicas y jurídicas y las organizaciones no pueden realizar actividades científicas y tecnológicas prohibidas por la ley, crear obstáculos, impedir la promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, importar tecnología que afecte a los recursos naturales, alterar o destruir el medio ambiente haciendo caso omiso de las normas, cometer cualquier acto de plagio, o modificar indebidamente documentos técnicos causando perjuicios sociales, o cualquier otro comportamiento contrario a la ley (art. 45).
180.El artículo 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología afirma que el Estado concede importancia a la investigación y el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología avanzadas como medio altamente eficaz para apoyar e impulsar el desarrollo socioeconómico nacional de forma continua, coherente y sostenible, garantizando la seguridad y la protección nacionales, y para mejorar los medios de vida materiales y espirituales de todo el pueblo laosiano. El Estado proporciona infraestructura de investigación científica y tecnológica, educación, perfeccionamiento y empleo de recursos humanos, asigna cargos, títulos honoríficos y cualificaciones y premios científicos, apoya y promueve el uso de los resultados de la investigación, aporta fondos presupuestarios, establece y otorga acceso a fuentes de capital y provee información científica y tecnológica. El Estado promueve las actividades y la inversión de personas físicas, jurídicas y organizaciones nacionales y extranjeras en el ámbito científico y tecnológico estableciendo políticas de crédito, exención o reducción de derechos de aduana e impuestos de conformidad con las leyes y los reglamentos. Además, las personas físicas y jurídicas y las organizaciones que realicen actividades científicas y tecnológicas tienen prioridad para la financiación del Fondo de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico. El artículo 7 de la Ley de Cooperación Internacional dispone que el Estado promueve la cooperación bilateral, regional e internacional en relación con las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras mediante el intercambio de experiencia e información y entre investigadores y científicos, y la transferencia tecnológica, la organización de ferias, exposiciones y talleres científicos a diferentes niveles y asistencia técnica y financiera, incluido el cumplimiento de las convenciones y acuerdos internacionales en los que la República Democrática Popular Lao es parte. Además, el artículo 15 de la Constitución garantiza la promoción de la inversión extranjera en el país y crea un entorno propicio para la búsqueda de financiación, tecnología, innovación y gestión progresista de la producción, los negocios y los servicios. Los bienes jurídicos y el capital de los inversores en la República Democrática Popular Lao no pueden ser objeto de expropiación, confiscación ni transferencia por parte del Estado.