Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuarto informe periódico que Nueva Zelandia debía presentar en 2017 en virtud de losartículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 17 de agosto de 2017]

Índice

Página

I.Introducción3

II.Cuestiones de particular importancia3

III.Aplicación del Pacto18

A.Artículo 1, párrafo 2: Derecho a disponer libremente de las riquezas y los recursosnaturales18

B.Artículo 2, párrafo 1: Obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursosdisponibles20

C.Artículo 2, párrafo 2: No discriminación23

D.Artículo 3: Igualdad de derechos entre hombres y mujeres25

E.Artículo 6: Derecho a trabajar26

F.Artículo 7: Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias32

G.Artículo 8: Derechos sindicales35

H.Artículo 9: Derecho a la seguridad social36

I.Artículo 11: Derecho a un nivel de vida adecuado37

J.Artículo 12: Derecho a la salud física y mental43

K.Artículos 13 y 14: Derecho a la educación47

IV.Buenas prácticas48

Anexo**

I.Introducción

1.El Gobierno de Nueva Zelandia tiene el agrado de presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en lo sucesivo el Comité) su cuarto informe periódico en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en lo sucesivo el Pacto). El informe abarca el período comprendido entre enero de 2011 y mayo de 2017.

2.El informe se ha preparado con arreglo al procedimiento simplificado de presentación de informes (resolución 68/268 de la Asamblea General) y en este se da respuesta, de forma consecutiva, a la lista de cuestiones preparada por el Comité con anterioridad a la presentación del presente informe (E/C.12/NZL/QPR/4). El informe debe leerse teniendo en cuenta el documento de base de Nueva Zelandia (HRI/CORE/1/Add.33).

3.Se puede obtener fácilmente información acerca del Parlamento, los tribunales, la legislación y la labor de la administración neozelandesa en Internet (www.govt.nz). La legislación que se menciona en el informe puede consultarse en www.legislation.govt.nz.

II.Cuestiones de particular importancia

Proceso de revisión constitucional

4.En 2010 se nombró un Grupo Consultivo Constitucional (en lo sucesivo el Grupo) para examinar cuestiones constitucionales, incluida la situación de la Ley de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia de 1990. El Grupo informó al Gobierno al respecto en diciembre de 2013.

5.Un tema que se reitera a lo largo de todo el informe es que las personas necesitan estar mejor informadas y participar en mayor grado en los debates sobre cuestiones constitucionales. La principal recomendación del informe es que el Gobierno apoye activamente un debate permanente sobre la Constitución.

Ley de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia de 1990

6.El Grupo obtuvo un amplio apoyo para estudiar los cambios en la Ley de Derechos Fundamentales y la mejora de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley.

7.El Grupo sugirió examinar algunas ideas, como la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales, la mejora del respeto de las disposiciones de la Ley por el poder ejecutivo y el Parlamento, y el otorgamiento a la judicatura de facultades para evaluar la legislación a fin de determinar su compatibilidad con la Ley.

8.El Gobierno no tiene previsto revisar la Ley de Derechos Fundamentales en esta etapa. Las recomendaciones del Grupo serán un punto de partida útil si dicho examen se lleva a cabo en el futuro.

Papel del Tratado de Waitangi

9.El Grupo subrayó la necesidad de continuar las conversaciones sobre la posición del Tratado de Waitangi en la Constitución. Recomendó elaborar una estrategia de educación sobre el Tratado que incluyera el papel y la condición actuales del Tratado y el proceso de arreglo pacífico de controversias del Tratado para que las personas pudieran conocer los derechos y obligaciones en virtud del Tratado.

10.La educación sobre el Tratado forma oficialmente parte del plan de estudios de Nueva Zelandia y se están celebrando conversaciones sobre la posición que ocupa en el ordenamiento constitucional.

Asegurar la compatibilidad de la legislación con los tratados internacionalesde derechos humanos, la Ley de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandiay el Tratado de Waitangi

11.Nueva Zelandia reconoce la importancia fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales garantizados en el Pacto. Hay diversos medios para garantizar que las leyes sean compatibles con los tratados internacionales, el Tratado de Waitangi y la Ley de Derechos Fundamentales.

12.Si bien los tratados internacionales no son directamente aplicables en Nueva Zelandia a menos que se hayan incorporado en la legislación nacional, en la medida de lo posible, la legislación nacional se interpreta y aplica de conformidad con el Pacto. Existe una presunción general de que, en ausencia de una clara intención en sentido contrario, la legislación (es decir, las facultades que confiere la ley) debe interpretarse de forma coherente con las obligaciones internacionales de Nueva Zelandia.

Redacción de leyes

13.Cuando se redacta una ley en Nueva Zelandia, los ministros deben confirmar que los proyectos de ley cumplen con determinadas normas u obligaciones jurídicas. En particular, los ministros deben llamar la atención sobre cualquier aspecto de un proyecto de ley que pudiera afectar, o verse afectado por:

a)Los principios del Tratado de Waitangi;

b)Los derechos y libertades contenidos en la Ley de Derechos Fundamentales y la Ley de Derechos Humanos de 1993;

c)Los principios de la Ley de Protección de la Vida Privada de 1993;

d)Obligaciones internacionales;

e)La orientación que figura en las Directrices del Comité Consultivo sobre la Legislación.

Divulgación de información

14.Un nuevo mecanismo para garantizar en mayor grado la compatibilidad de las leyes con las normas internacionales consiste en adjuntar información a todos los proyectos de ley del Gobierno. La información divulgada debe indicar la coherencia del proyecto de ley con diversas normas, como la Ley de Derechos Fundamentales, los principios del Tratado de Waitangi, las obligaciones internacionales pertinentes como el Pacto, así como la naturaleza y el alcance de las consultas externas.

15.La publicación de esta información tiene por objeto atraer una mayor atención hacia las expectativas actuales sobre la elaboración de legislación. En virtud del proyecto de ley por el que se modifica la legislación, que actualmente está ante el Parlamento, la divulgación de información será una obligación jurídicamente vinculante para la mayoría de los proyectos de ley del Gobierno y los instrumentos legislativos revocables.

16.El artículo 7 de la Ley de Derechos Fundamentales dispone que, cuando se presenta un proyecto de ley, el Fiscal General debe señalar a la atención de la Cámara de Representantes todo proyecto de ley que parezca incompatible con alguno de los derechos o libertades contenidos en la Ley de Derechos Fundamentales. Para ayudar al Fiscal General en el desempeño de esta función, el Ministerio de Justicia o la Oficina Jurídica de la Corona ofrecen asesoramiento sobre todos los proyectos de ley para verificar su compatibilidad con la Ley de Derechos Fundamentales.

17.En 2014 el Comité sobre Directivas Permanentes modificó las directivas permanentes del Parlamento. Ahora los informes del Fiscal General que indican la incompatibilidad legislativa de un proyecto de ley con la Ley de Derechos Fundamentales, automáticamente se remiten al Comité Parlamentario Especial para su examen. Este nuevo requisito añade otra instancia de escrutinio parlamentario a la Ley ya que los funcionarios ahora pueden ser convocados a comparecer ante el Comité en calidad de testigos para examinar los detalles del informe. Estas comunicaciones se imparten en audiencias públicas y pueden incluir a los medios de comunicación.

18.El Ministerio de Justicia sigue trabajando con otros organismos gubernamentales para garantizar que los derechos humanos fundamentales consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y en la legislación se tengan en cuenta en la formulación de políticas.

Tribunal de Waitangi

19.El Tribunal de Waitangi tiene competencia para determinar si las leyes, reglamentos u otros instrumentos, políticas o prácticas legislativos y acciones u omisiones de la Corona están en consonancia con los principios del Tratado de Waitangi. Cuando el Tribunal determina que una reclamación está bien fundada, puede formular recomendaciones a la Corona a fin de que se adopten medidas para contrarrestar o eliminar los prejuicios, o impedir que otras personas sean afectadas de forma similar en el futuro.

Revisión judicial de las decisiones legislativas

20.Podrá admitirse una solicitud de revisión judicial en los casos en que una persona con competencia normativa ejerza, deje de ejercer, tenga previsto ejercer o intente ejercer dicha competencia. En términos generales, se entenderá por “competencia normativa” (sin ánimo de exhaustividad), la competencia o facultad para elaborar disposiciones y normas y para adoptar decisiones legalmente vinculantes. La revisión judicial, en el contexto de los derechos reconocidos en el Pacto, se centrará principalmente en los derechos recogidos en una disposición legal concreta, si bien, cuando proceda, el Tribunal tendrá también en consideración la Convención.

Declaraciones de incompatibilidad en virtud de la Ley de DerechosHumanos de 1993

21.El artículo 92I de la Ley de Derechos Humanos de 1993 establece que uno de los recursos disponibles en el Tribunal de Derechos Humanos es una declaración de que el demandado ha infringido la Ley. Si el Tribunal considera que una norma legal es incompatible con el derecho a la no discriminación consagrado en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley de Derechos Fundamentales, el único recurso que el Tribunal podrá conceder es una declaración de incompatibilidad. La declaración no afecta a la validez de una ley.

22.Esta declaración es pública y permite la transparencia cuando se detectan violaciones del derecho a no ser objeto de discriminación. El Ministro responsable de la norma legal tiene 120 días para presentar la declaración, y la respuesta del Gobierno, a la Cámara de Representantes. Esto permite al Parlamento tener en cuenta el dictamen del Tribunal y la forma de resolver la incompatibilidad.

23.El Tribunal ha emitido cuatro declaraciones de incompatibilidad contra el Gobierno con arreglo a la Ley de Derechos Humanos. Estas declaraciones guardaban relación con la discriminación por motivos de edad, sexo, estado civil y discapacidad, y se examinan a continuación.

Howard c. el Fiscal General

24.La primera declaración de incompatibilidad se emitió en mayo de 2008 en la causa Howard c. el Fiscal General. El demandante alegó que había sido objeto de discriminación por edad al no poder obtener servicios de readaptación profesional de la Corporación de Indemnizaciones por Accidente, por ser mayor de 65 años. El Tribunal consideró que el artículo pertinente de la legislación de la Corporación de Indemnizaciones por Accidente era efectivamente discriminatorio contra el demandante por motivos de edad y que la discriminación no se justificaba. El Tribunal emitió una declaración de incompatibilidad. El 1 de octubre de 2008 el Gobierno respondió a la declaración eliminando de la legislación las limitaciones de edad para la readaptación profesional.

Ministerio de Salud c. Atkinson

25.En enero de 2010, el Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos emitió una declaración sobre la causa Ministerio de Salud c. Atkinson en relación con una política del Ministerio de Salud que afectaba a la forma en que se evaluaba a las personas con discapacidad que necesitaban servicios de apoyo por discapacidad financiados por el Ministerio. El Tribunal determinó que la política o práctica del Ministerio de pagar a proveedores externos para suministrar servicios de apoyo a personas con discapacidad en sus hogares, y negarse a pagar a los familiares que estuviesen dispuestos a suministrar esos servicios, era arbitrariamente discriminatoria en virtud de la Ley de Derechos Fundamentales. Esa decisión fue la primera en respuesta a una declaración de incompatibilidad formulada en relación con la política del Gobierno en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1993. Como resultado de ello, el Ministerio de Salud instituyó una nueva política en virtud de la cual se permitía emplear a familiares para prestar apoyo a sus familiares con formas de discapacidad graves.

Heads c. el Fiscal General

26.En mayo de 2015, el Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos emitió su tercera declaración de incompatibilidad en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1993. En la causa Heads c. el Fiscal General, el Tribunal llegó a la conclusión de que una disposición de la Ley de Indemnización en Caso de Accidente de 2001 discriminaba por razón de edad contra las personas mayores de 65 años. Cuando una persona que tiene cobertura por daños corporales muere a consecuencia de una lesión mortal, la Corporación de Indemnizaciones por Accidente paga al cónyuge supérstite una indemnización semanal durante 5 años. Sin embargo, si el cónyuge supérstite está en condiciones de percibir una jubilación de Nueva Zelandia, esa persona tiene derecho a una indemnización durante un período máximo de 12 meses desde el momento en que llega esa edad, a menos que se suspenda su pensión de jubilación durante el período restante.

27.El Gobierno tiene previsto introducir legislación por la que se modifica la Ley de Indemnización en Caso de Accidente a fin de que los jubilados puedan percibir tanto la pensión de jubilación de Nueva Zelandia como la indemnización semanal de cónyuge supérstite durante un período de cinco años.

Adoption Action Incorporated c. el Fiscal General

28.El Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos emitió su cuarta declaración de incompatibilidad en marzo de 2016. El Tribunal determinó que había algunas disposiciones de la Ley de Adopción de 1955 y de la Ley de Información sobre Adultos Adoptados de 1985 que eran incompatibles con el derecho a la protección contra la discriminación consagrado en el artículo 19 de la Ley de Derechos Fundamentales y emitió una declaración de incompatibilidad en virtud del artículo 92J de la Ley de Derechos Humanos de 1993.

29.El Gobierno no está de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de que las dos disposiciones siguientes son incompatibles con el artículo 19 de la Ley de Derechos Fundamentales:

El artículo 3, párrafo 2, de la Ley de Adopción de 1955, que dispone que una orden de adopción conjunta debe dictarse en favor de “dos cónyuges”

El artículo 7, párrafo 2 b), de la Ley de Adopción, que exige que el cónyuge de un único solicitante de una orden de adopción dé su consentimiento a dicha orden cuando los miembros de la pareja viven juntos

30.El Tribunal consideró que el término “cónyuge” excluye las uniones civiles y las parejas de hecho del mismo sexo a los efectos del artículo 3, párrafo 2, de la Ley de Adopción. Una decisión del Tribunal de Familia emitida después de la audiencia, pero antes de que se hubiese tomado la decisión en este procedimiento, determinó que las parejas de hecho entre personas del mismo sexo estaban comprendidas en la definición de “cónyuge”. Además, en 2010, el Tribunal Superior sostuvo que los miembros de una pareja de hecho de distinto sexo se enmarcaban en la definición de “cónyuge”. El Gobierno es consciente de otras decisiones posteriores del Tribunal de Familia que aplicaron esta conclusión al dictar órdenes de adopción conjunta en favor de parejas de hecho de distinto sexo.

31.La práctica actual del Gobierno reconoce a las parejas de hecho del mismo sexo como familia adoptiva legítima al seguir incluyendo tanto a las parejas de una unión civil como a las parejas de hecho en la lista de adoptantes. Incumbe al Gobierno y, en última instancia, a los tribunales, seguir aplicando la Ley de Adopción, de forma que se reflejen los contextos jurídicos y sociales modernos, y que, en la práctica, esto se traduzca en una solicitud acorde con los derechos.

Declaraciones de incompatibilidad en virtud de la Ley de DerechosFundamentales de Nueva Zelandia

32.La Ley de Derechos Fundamentales no contiene recursos específicos para casos de infracciones y a lo largo del tiempo los tribunales han formulado recursos apropiados. En julio de 2015, el Tribunal Superior emitió una declaración de incompatibilidad con la Ley de Derechos Fundamentales. Se trató de la primera vez que un Tribunal emitió una declaración oficial como recurso por una vulneración de la Ley.

33.En Taylor c. el Fiscal General, los demandantes solicitaron una declaración en el sentido de que el artículo 80, párrafo 1 d), de la Ley Electoral de 1993, en su forma enmendada, es incompatible con la Ley de Derechos Fundamentales porque se inhabilita a los reclusos condenados que se encuentran en la cárcel para registrarse como electores. La prohibición completa de voto de los reclusos condenados se instituyó por medio de la Ley de Enmienda Electoral (Inhabilitación de Reclusos Condenados) de 2010. Con anterioridad a la enmienda, los presos podían votar si estaban cumpliendo una pena de menos de tres años.

34.En 2010 el Fiscal General había informado a la Cámara de Representantes de que la nueva prohibición de voto de los reclusos parecía imponer una limitación injustificable al derecho de voto consagrado en el artículo 12 a) de la Ley de Derechos Fundamentales. La declaración del Tribunal Superior reflejaba la conclusión alcanzada por el Fiscal General en su informe al Parlamento.

35.Posteriormente, el Tribunal de Apelación afirmó que el Tribunal Superior tenía competencia para formular una declaración en el sentido de que una norma legal era incompatible con la Ley de Derechos Fundamentales. En la sentencia se confirma que la declaración de incompatibilidad es un recurso previsto por esa Ley. El Gobierno ha solicitado autorización para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, a fin de poner a prueba la base jurídica y el alcance de este nuevo recurso.

Jurisprudencia

36.Como se informó anteriormente, el Pacto no se ha incorporado expresamente en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, las facultades que confiere la ley deben interpretarse de forma coherente con las obligaciones internacionales (cuando resulta posible). Varios casos de inmigración se remiten al Pacto pero, por lo demás, la naturaleza de los casos es tal que probablemente la mejor forma de describirlos es en relación con los principios en que se basa el Pacto. A continuación se consignan algunos ejemplos de casos registrados en Nueva Zelandia entre 2012 y 2016 que guardan relación con el Pacto:

Ministerio de Salud c. Atkinson (artículo 2 del Pacto: no discriminación, y artículo 26: igualdad ante la ley)

Ministerio de Salud c. Spencer (artículo 2 del Pacto: no discriminación, y artículo 26: igualdad ante la ley)

Teitiota c. el Director General del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo (artículo 11 del Pacto: el derecho a alimentación, vestido y vivienda adecuados)

Harlen c. el Ministerio de Desarrollo Social (artículo 9 del Pacto: el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social; y artículo 11 del Pacto: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia)

Child Poverty Action Group Inc ( CPAG ) c. el Fiscal General(artículo 10, párrafo 2, del Pacto: obligaciones relativas a la familia)

Chan c. el Ministro de Inmigración (artículo 11 del Pacto: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados)

Entwistle c. el Ayuntamiento de Wellington (artículo 11 del Pacto: el derecho a alimentación, vestido y vivienda adecuados)

New Health New Zealand Inc. c. el Consejo de Distrito de South Taranaki(artículo 12 del Pacto: el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental)

M c. el Ministro de Inmigración (artículo 10 del Pacto: protección de la familia)

37.Nueva Zelandia ha adoptado un enfoque proactivo respecto de la consulta sobre los acuerdos de libre comercio, que incluye:

a)Un proceso de consulta interdepartamental. Un equipo integrado por funcionarios de todos los sectores del Gobierno se ocupa de la negociación de acuerdos de libre comercio. Durante las negociaciones se celebran consultas con otros departamentos pertinentes como preparación de la posición de negociación de Nueva Zelandia, incluido el Te Puni Kōkiri (el departamento del Gobierno encargado de las políticas públicas relativas a los maoríes y de prestar asesoramiento sobre políticas que afectan al bienestar de los maoríes);

b)Un proceso de consulta pública. El Gobierno lleva a cabo un amplio programa de consultas para sensibilizar al público acerca de las negociaciones y recabar las opiniones de los interesados. Esos programas de consulta suelen utilizar información impresa, información enviada por correo electrónico e información en línea, con el apoyo de reuniones informativas, debates y el intercambio de correspondencia con las principales partes interesadas en esferas concretas del acuerdo de libre comercio. En el caso de muchos acuerdos de libre comercio el Gobierno proporciona un punto de contacto especializado que está disponible para consultas del público durante las negociaciones;

c)Un proceso de consulta con los maoríes. La Estrategia de Colaboración con los Maoríes sobre Tratados Internacionales de 2001, prevista por el Gobierno,enumera el desarrollo de las esferas del derecho internacional de interés para los maoríes y alienta un enfoque que impulsa la participación en función de la naturaleza, el alcance y el peso relativo de los intereses maoríes. En términos generales, se prevé la participación maorí en toda actividad relacionada con tratados que afectan al control o el disfrute de los recursos maoríes o taonga(un objeto o recurso natural muy preciado), amparados en el Tratado de Waitangi.

38.Una vez concluidas las negociaciones, se lleva a cabo otro proceso de comunicaciones públicas en el marco del examen parlamentario y los procesos legislativos. Este conlleva:

a)El examen parlamentario de los tratados. Todos los acuerdos de libre comercio se presentan al Parlamento para su examen antes de la ratificación. El texto del acuerdo de libre comercio, junto con un análisis del interés nacional, se presenta al Parlamento y se remite al Comité Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio. El Comité Especial invita al público a formular observaciones e informa al respecto al Parlamento;

b)La aprobación por el Parlamento de la aplicación de la legislación nacional. La ratificación de un acuerdo de libre comercio no se produce hasta que los cambios legislativos necesarios para garantizar que Nueva Zelandia cumpla el acuerdo son aprobados por el Parlamento. Al igual que el caso de todas las leyes, el Ministro debe llamar la atención sobre cualquier aspecto de un proyecto de ley que tenga repercusiones para los principios del Tratado de Waitangi, los derechos y libertades contenidos en la Ley de Derechos Fundamentales y la Ley de Derechos Humanos de 1993, los principios de la Ley de Protección de la Vida Privada de 1993 y las obligaciones internacionales, como las que figuran en el Pacto, o que pueda verse afectado por estos. También debe formularse una declaración de divulgación de información.

Acuerdo de Asociación Transpacífico

39.El proceso de consulta para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) fue uno de los más amplios que el Gobierno ha emprendido respecto de una negociación comercial. Además, el Tribunal de Waitangi llevó a cabo una investigación urgente de dos cuestiones: la idoneidad de “la excepción del Tratado de Waitangi” en el Acuerdo de Asociación Transpacífico; y la participación y las aportaciones que se requieren de los maoríes sobre las medidas necesarias para ratificar el TPP. El 5 de mayo de 2016, el Tribunal dio a conocer su informe [1] en el que determinó que los principios del Tratado de Waitangi no se violaban en modo alguno mediante la inclusión de la cláusula de excepción del Tratado (artículo 29.6) del TPP en su forma actual. Llegó a la conclusión de que la cláusula de excepción ofrecía un “grado razonable de protección” de los intereses de los maoríes afectados por el TPP.

40.El Tribunal también examinó la colaboración con los maoríes sobre las medidas necesarias para ratificar el TPP, refiriéndose a la futura participación práctica, y solicitó más información acerca de la colaboración futura sobre la aplicación de la obligación del TPP relativa a los derechos sobre variedades vegetales. El Gobierno continúa asesorando al Tribunal acerca de la colaboración con los maoríes respecto de los derechos sobre variedades vegetales, conforme a lo dispuesto. El Tribunal no descubrió violaciones de los principios del Tratado de Waitangi en relación con el proceso de colaboración con el TPP.

41.El Gobierno sigue informando a los interesados acerca de la evolución de la situación respecto del TPP. El 12 de mayo de 2017, Nueva Zelandia cumplió las disposiciones reglamentarias, administrativas y jurídicas necesarias y ratificó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Las obligaciones relativas al TPP se harán efectivas cuando el acuerdo entre en vigor, no mediante la ratificación. Los Estados Unidos de América informaron a los signatarios del TPP en enero de 2017 de que no tenían la intención de adherirse al TPP. El Acuerdo no puede entrar en vigor sin la participación de los Estados Unidos.

42.El Gobierno ha informado al Tribunal, los demandantes y el público que las demás partes en el TPP, incluida Nueva Zelandia, actualmente están examinando posibles medidas futuras. Hay una serie de posibles escenarios relativos al TPP, incluidas opciones sin los Estados Unidos. En el momento de redactarse el presente informe, las conversaciones entre los demás países partes en el TPP no habían finalizado, de modo que no estaban claros los siguientes pasos. El Gobierno de Nueva Zelandia sigue informando a los interesados sobre los avances logrados en relación con el TPP, y en 2017 se prevé un conjunto de actividades de colaboración, en particular con los maoríes.

Futuras negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio

43.Actualmente se encuentra en una fase preparatoria el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Nueva Zelandia, y se prevé que las negociaciones oficiales se pondrán en marcha en 2017. A comienzos de 2016, Nueva Zelandia organizó una primera ronda de consultas públicas que incluyó la invitación a la población a presentar comunicaciones escritas sobre la perspectiva de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelandia. En el llamado a la presentación de comunicaciones se indicó que el Gobierno deseaba recibir aportaciones de los interesados en las futuras negociaciones, incluidas empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), maoríes y la población en general. Se recibieron 24 comunicaciones que pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Unión Europea llevó a cabo un proceso de consultas públicas similares y se alentó a los interesados de Nueva Zelandia a participar en este proceso.

44.El TPP coexistirá con otros acuerdos internacionales, y facilitará la labor de los Gobiernos para seguir promoviendo actividades en otras esferas para abordar cuestiones de importancia internacional. El artículo 1.2 del TPP reconoce expresamente la intención de las partes en que el TPP coexista con sus acuerdos internacionales en vigor.

45.El TPP incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE). Este mecanismo se aplica únicamente a las disposiciones relativas a la inversión en el TPP. Las disposiciones del TPP garantizan la protección de la capacidad del Gobierno de regular con fines legítimos de política pública, entre otras cosas, mediante la aplicación de los mismos tipos de salvaguardias que figuran en los acuerdos de libre comercio de Nueva Zelandia con el mecanismo de SCIE. En varias esferas el TPP incluye protecciones adicionales, incluida una disposición que permite al Gobierno abstenerse de aplicar el mecanismo de SCIE respecto de impugnaciones a las medidas de lucha contra el tabaco.

46.El capítulo sobre inversiones del TPP incluye expresamente ciertas salvaguardias para preservar el derecho del Gobierno a regular y evitar reclamaciones injustificadas de aplicación del mecanismo de SCIE, como las siguientes:

a)Excepciones a las normas que figuran en el capítulo sobre inversiones para limitar el alcance del capítulo y, por lo tanto, limitar el alcance del mecanismo de SCIE. En el caso de Nueva Zelandia, estas excepciones abarcan esferas de política importantes como la salud y otros servicios públicos, así como el control permanente de la inversión extranjera;

b)Una disposición que permite al Gobierno abstenerse de aplicar el mecanismo de SCIE respecto de impugnaciones a las medidas de lucha contra el tabaco. El Gobierno prevé ejercer este derecho;

c)Se han establecido obligaciones que imponen una elevada carga de la prueba a los inversores para determinar que un Gobierno parte en el TPP incumplió obligaciones como la de “expropiación” o del “nivel mínimo de trato”. Recae en el inversor la carga de la prueba de todos los elementos de sus reclamaciones en virtud del TPP;

d)La acción (o inacción) del Gobierno incompatible con las expectativas de un inversor no constituirá en sí una violación del capítulo sobre inversiones que lleve a la posible aplicación del mecanismo de SCIE, aunque suponga la pérdida o el perjuicio de la inversión comprendida en el Acuerdo;

e)El hecho de que el Gobierno no expida, renueve ni mantenga decisiones para modificar o reducir las subvenciones o donaciones no constituye por sí solo una infracción de expropiación o de la obligación del nivel mínimo de trato que lleve a la posible aplicación del mecanismo de SCIE;

f)Los procesos de consulta y negociación son obligatorios para cualquier posible caso de SCIE. Esto constituye una oportunidad para que ningún caso se resuelva antes de llegar a una audiencia arbitral plena;

g)Limitar los tipos de indemnización monetaria por daños y perjuicios que pueden reclamarse al Gobierno. El Gobierno no puede hacer frente a las reclamaciones de indemnización punitiva y las costas pueden también ser asignadas a un inversor si su reclamación resulta, en última instancia, infructuosa;

h)Además de los procedimientos arbitrales existentes, el Gobierno está expresamente autorizado para efectuar una contrademanda y obtener una indemnización por daños y perjuicios cuando el inversor está en infracción en virtud de un acuerdo sobre la inversión comprendida en el TPP;

i)Las disposiciones permiten a los Gobiernos partes en el TPP emitir interpretaciones vinculantes sobre tribunales de SCIE;

j)Las disposiciones prevén audiencias abiertas al público y que permitan a los tribunales aceptar alegatos de expertos y del público en general;

k)Procedimientos y normas que limitan la posibilidad de que se interponga una reclamación de SCIE. Las reclamaciones deberán presentarse antes de que hayan transcurrido tres años y medio, e inicialmente el inversor debe celebrar consultas y negociaciones para tratar de resolver la reclamación con el Gobierno. Toda inhibitoria de jurisdicción del Gobierno, por ejemplo, que la demanda excede la competencia de un tribunal o carece de todo fundamento jurídico, deberá resolverse antes de que comience el arbitraje propiamente dicho.

Salud

47.En Nueva Zelandia existen grandes disparidades en materia de salud entre los distintos grupos de población, y los niños maoríes, los niños de los pueblos del Pacífico y los niños de familias de bajos ingresos registran resultados de salud inferiores a los de los niños de la población general. El Gobierno se está ocupando de esta cuestión mediante la elaboración de políticas, arreglos estructurales y mecanismos de consulta que reconocen las disparidades en materia de salud que existen actualmente dentro de estos grupos. A continuación se enumeran algunos ejemplos.

Servicios universales de bienestar infantil o Tamariki Ora

48.El programa de bienestar infantil o Tamariki Ora (Well Child/Tamariki Ora) apoya y promueve el desarrollo saludable de los niños y sus familias, desde el nacimiento hasta los 5 años. Un componente fundamental de este programa es la prestación de servicios de visitas domiciliarias de enfermeros capacitados y kaiawhina (trabajadores sanitarios de la comunidad maorí). El Gobierno ha proporcionado financiación para mejorar la tasa general de matriculación en el programa Well Child/Tamariki Ora en todas las regiones.

49.En 2015 se registraron importantes mejoras en la puntualidad y el cumplimiento de las visitas a niños maoríes, a niños de los pueblos del Pacífico y a niños muy desfavorecidos, lo que permitió reducir la brecha de desigualdad que se había registrado en períodos anteriores. El análisis inicial indica que si se mantienen las tasas de mejora de niños maoríes, de pueblos del Pacífico y muy desfavorecidos, en 2018-2019 podrían alcanzarse tasas de cobertura equitativa y ejecución del programa para la población en general. El Gobierno ha iniciado un examen del contenido del programa, el cronograma de ejecución y formas de prestar apoyo a los logros previstos en las tasas de mejora de los servicios.

Vacunación infantil

50.El Gobierno está comprometido con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de ejecutar el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas y utiliza este marco para elaborar y reforzar su política nacional de inmunización. El Gobierno utiliza un sistema de información sobre inmunización que programa la vacunación y envía preavisos y recordatorios a los pacientes. Esto ha impulsado un provechoso avance en materia de salud para las comunidades maoríes y de los pueblos del Pacífico.

51.El Gobierno sigue centrándose en lograr una cobertura equitativa para todos los neozelandeses, incluidos los miembros vulnerables y marginados de la sociedad mediante la medición de la cobertura de inmunización de todas las etnias y grupos desfavorecidos. Desde 2008 las tasas de inmunización han mejorado considerablemente, y se ha avanzado hacia la igualdad en el ámbito de la salud. La serie primaria de inmunizaciones se aplica a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 5 meses. La cobertura de inmunización medida a los 12 meses revela que entre el 94% y el 95% de toda la población está ahora totalmente inmunizada. La cobertura de los maoríes a esta edad es de entre el 93% y el 94%, y en Asia y el Pacífico la cobertura se sitúa entre el 97% y el 98%. Los niños en los dos deciles más desfavorecidos tienen un 94% de cobertura de inmunización a la edad de 12 meses. En 2008 la tasa de cobertura de inmunización general de los maoríes era del 83% y a la edad de 12 meses ascendía al 76%.

52.A pesar de ello, el Gobierno sigue enfrentando el problema de asegurar que se cumpla el calendario de vacunación. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2016 la cobertura medida a los 8 meses era del 93%. La cobertura de los maoríes a esa edad era del 91%, y la de los pueblos del Pacífico era del 97%. Los niños en los dos deciles más desfavorecidos tenían una cobertura de inmunización del 92% a la edad de 8 meses. La medición de la cobertura por etnias y grupos desfavorecidos a los 2 años de edad arroja resultados similares.

53.Las desigualdades estructurales se reconocieron en una etapa inicial del período de inmunización, cuya meta de cobertura total podría verse reducida, en particular la cobertura de los niños maoríes y los que viven en las comunidades más desfavorecidas. Se elaboró un programa de divulgación para hacer frente a las consecuencias de las diferencias en la alfabetización sanitaria, y al peor acceso a la atención primaria de la salud y al transporte.

La salud de los jóvenes

54.El proyecto de Salud Mental de los Jóvenes, que se puso en marcha en 2012, es un proyecto interministerial que tiene por objeto mejorar los servicios a los jóvenes de 12 a 19 años con problemas de salud mental leves a moderados, o en riesgo de desarrollarlos. Consta de 26 iniciativas para mejorar la salud mental y el bienestar de los jóvenes. Un estudio realizado por la Dependencia de Evaluación e Investigación de Políticas Sociales en noviembre de 2016 llegó a la conclusión de que el proyecto de Salud Mental de los Jóvenes era una inversión financiera útil, que generaba beneficios a los sectores público y privado. En consecuencia, se dispone de más servicios y recursos para identificar, apoyar y tratar a los jóvenes con problemas de salud mental leves a moderados, o en riesgo de desarrollarlos. Hasta ahora se ha prestado ayuda a más de 180.000 jóvenes.

Educación

55.Desde hace muchos años, el sistema de enseñanza de Nueva Zelandia se ha caracterizado por niveles relativamente altos de disparidad. En todas las etapas, el sistema arroja peores resultados para los estudiantes maoríes, de los pueblos del Pacífico y de familias de bajos ingresos. El Gobierno ha abordado este problema mediante la formulación de políticas y programas que reconocen la disparidad. A continuación se consignan algunos ejemplos de estos programas y una evaluación de cómo se han abordado en ellos las desigualdades estructurales.

Programa de Participación en la Educación Preescolar

56.El Programa de Participación en la Educación Preescolar se concibió en 2010, para aumentar la participación de niños maoríes y de los pueblos del Pacífico y sus familias, que no habían recibido educación preescolar. El Programa de Participación en la Educación Preescolar apoya el objetivo de mejora de los servicios públicos del Gobierno de que el 98% de los niños que comienzan la escuela hayan recibido educación preescolar de calidad. El Programa tiene por objeto reducir y eliminar los obstáculos a la participación que estas familias enfrentan.

Participación de las familias prioritarias

57.Esta iniciativa brinda apoyo intensivo a las familias con hijos de 3 o 4 años de edad en las comunidades destinatarias para que los matriculen en la enseñanza preescolar, fomenta su participación en ella y apoya la transición sin tropiezos de los niños a la escuela. Actualmente el Gobierno contrata a 20 proveedores para la iniciativa. Estos proveedores se ocupan de casi 1.000 niños de 3 o 4 años de comunidades maoríes, de los pueblos del Pacífico y de familias de baja condición socioeconómica, y les prestan apoyo.

Grupos de juego asistidos

58.Los grupos de juego asistidos ofrecen la posibilidad de que numerosos niños de comunidades que no reciben enseñanza preescolar se beneficien de ella. Suelen ser atractivos para los padres de los niños más pequeños que desean acompañar a sus hijos cuando se les imparte enseñanza preescolar. El Gobierno apoya nueve grupos de juego en zonas seleccionadas con escasa participación en la enseñanza preescolar, y se han matriculado 265 niños.

Estrategia de Educación Maorí

59.La Estrategia de Educación Maorí Ka Hikitia: Acelerar el éxito 2013-2017 tiene por objeto asegurar que todos los estudiantes maoríes alcancen su potencial. Un principio rector de la Estrategia es que el idioma, la cultura y la identidad son importantes para que los estudiantes obtengan mejores resultados educativos.

Progresos de la Estrategia de Educación Maorí

60.La Estrategia ha dado lugar a algunos progresos en el logro de los objetivos del Gobierno para los niños maoríes. La participación en la enseñanza preescolar de los niños maoríes aumentó del 88,7% (junio de 2008) al 94% (junio de 2015).

61.En la figura 1 se observa que el porcentaje de alumnos maoríes con respecto a los estándares educativos nacionales de la enseñanza primaria mejoró ligeramente, aunque seguía estando aproximadamente un 10% por debajo de las tasas de las personas que se identificaban como europeos.

Figura 1

Proporción de alumnos de que han alcanzado o superado los estándareseducativos nacionales

( En porcentaje)

	Lectura	Matemáticas	Escritura
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maoríes	68,7	68,6	68,8	64,6	65,0	65,4	60,8	61,2	61,6
Europeos	84,0	84,3	84,3	79,8	80,5	80,7	76,3	76,8	77,3

Certificado Nacional de Resultados Escolares

62.El número de maoríes de 18 años que han obtenido un Certificado Nacional de Resultados Escolares de nivel 2 o equivalente aumentó a 67,7%, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales en los últimos tres años. Esto todavía está considerablemente por debajo de la meta del 85%.

63.La figura 2 muestra un aumento de los alumnos maoríes que terminaron la escuela y aprobaron el ingreso a la universidad entre 2009 y 2015. Si bien se ha producido un aumento significativo de la proporción de alumnos maoríes que terminaron la escuela que han alcanzado el nivel 3 o superior del Certificado Nacional de Resultados Escolares, la brecha de rendimiento entre los maoríes y los no maoríes se ha reducido apenas (0,7 puntos porcentuales) desde 2009. Es improbable que en 2017 se alcance el objetivo de la paridad entre los dos grupos.

Figura 2

Proporción de maoríes que terminaron la escuela y aprobaron elingreso a la universidad

( En porcentaje )

Año	Maoríes	No maoríes
2009	2015	2009	2015
Porcentaje	19,10	31,10	47,50	58,80
Punto porcentual	+12	+11,30

64.La figura 3 muestra una mayor proporción de maoríes que alcanzaron el nivel 4 o superior del Marco de Calificaciones de Nueva Zelandia a la edad de 25 años entre 2007 y 2014. El objetivo del programa Ka Hikitia de aumentar la proporción de maoríes que obtienen una calificación de nivel 4 o superior del Marco de Calificaciones de Nueva Zelandia antes de cumplir 25 años se ha alcanzado. Sin embargo, entre 2007 y 2014 se ha mantenido una diferencia sistemática de al menos 20 puntos porcentuales entre la proporción de maoríes y no maoríes de 25 años que han obtenido un título terciario de nivel 4 o superior del Marco de Calificaciones de Nueva Zelandia.

Figura 3

Maoríes que alcanzaron un nivel 4 o superior del Marco de Calificacionesde Nueva Zelandia a la edad de 25 años

( En porcentaje )

Año	Maoríes	No maoríes
2007	2014	2007	2014
Porcentaje	20	30	40	50
Punto porcentual	+10	+10

Plan de Educación de los Pueblos del Pacífico 2013-2017

65.Las comunidades del Pacífico tienen una larga historia y una importante presencia en Nueva Zelandia (el 7% de la población en 2013). El Gobierno tiene un Plan de Educación de los Pueblos del Pacífico a fin de asegurar que se preste una firme y constante atención a mejorar los resultados educativos de los niños, estudiantes y jóvenes de los pueblos del Pacífico.

66.El actual Plan de Educación de los Pueblos del Pacífico 2013-2017 se basa en esfuerzos anteriores y se centra en la aceleración del rendimiento. Ha adoptado el método de trabajo denominado “Pasifika” de colaboración con los organismos comunitarios y educativos, que reconoce la importancia de las alianzas, las relaciones y las responsabilidades colectivas.

67.A dos años desde el inicio de la aplicación del actual Plan de Educación de los Pueblos del Pacífico, se han producido cambios positivos para muchos alumnos de esas comunidades, aunque el ritmo es lento. A continuación se consigan algunos ejemplos:

La tasa de alumnos que participan en la enseñanza preescolar ha aumentado del 86,7% (2012) al 91,2% (30 de junio de 2015). El objetivo es aumentar la participación en la enseñanza preescolar de calidad al 98%.

El objetivo es que en 2017 el 85% haya alcanzado o superado los estándares educativos nacionales apropiados. Aunque el rendimiento de los pueblos del Pacífico en materia de lectura, escritura y matemáticas ha mejorado, es poco probable que, en función de las tasas actuales, se alcance la meta del 85%.

El número de alumnos de los pueblos del Pacífico que terminan la escuela y obtienen un Certificado Nacional de Resultados Escolares de nivel 1 de alfabetización y aritmética básica ha aumentado del 84,1% (2013) al 85,7% (2014) y la brecha entre los pueblos del Pacífico y el total de la población estudiantil fue de 2,9 puntos porcentuales.

El porcentaje de personas de 18 años de los pueblos del Pacífico que obtuvieron el Certificado Nacional de Resultados Escolares de nivel 2 o equivalente ha aumentado del 68,1% (2012) al 75% (2014).

Servicios sociales

68.Los servicios sociales brindan acceso a servicios de salud, educación y oportunidades de vivienda, y protegen y apoyan a los miembros más vulnerables de la sociedad. La necesidad de servicios sociales recae de forma desigual en la población. Hay grupos que registran de forma desproporcionada peores resultados sociales, como bajo rendimiento escolar y mala salud, que la población en general. Entre esos grupos figuran los maoríes y los que viven en zonas muy desfavorecidas.

69.En junio de 2014 el Gobierno solicitó a la Comisión de Productividad que examinara formas de mejorar la eficacia de los servicios sociales que financiaba. La Comisión de Productividad consideró que el sistema de servicios sociales tenía algunos atributos positivos, pero también tenía deficiencias. Formuló 61 recomendaciones sobre la forma de mejorar los servicios sociales. En particular, recomendó que se mejorara la forma en que se encomendaban los servicios, aumentando el empoderamiento de los beneficiarios respecto de los servicios a los que se accedía y cómo se recurría a ellos, mejorando la utilización de los datos y la innovación, así como la administración del sistema. Puso especialmente de relieve que debía haber otra manera de mejorar los resultados de los neozelandeses más desfavorecidos (los que tenían necesidades complejas y escasa capacidad para coordinar y acceder a los servicios). Recientemente el Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo modelo para mejorar los resultados de los neozelandeses vulnerables, por ejemplo prestando atención específica a la mejora de los resultados de los niños y los jóvenes maoríes y de los pueblos del Pacífico.

70.Nueva Zelandia emplea una gran diversidad de medidas para reducir la violencia contra todas las personas. Estas incluyen:

Medidas de prevención primaria para modificar las actitudes de la comunidad hacia la violencia; apoyo a las iniciativas comunitarias para reducir la violencia; e iniciativas para ayudar a las personas a protegerse, como la capacitación y la educación en materia de legítima defensa en las escuelas.

Intervenciones y servicios para ayudar a las personas a apartarse de situaciones violentas y modificar el comportamiento de los agresores.

Reformas legislativas sobre violencia doméstica.

Servicios para ayudar a las víctimas de la violencia a recuperarse, incluido el asesoramiento a víctimas de violencia sexual.

Medidas para ayudar a reducir las agresiones sufridas por los niños como mejores métodos de detección y el aumento de la capacidad de los trabajadores y las comunidades de primera línea para expresar sus preocupaciones acerca de los niños.

La Ley sobre Comunicaciones Digitales Perjudiciales, que tiene por objeto combatir los diferentes tipos de violencia y agresión en línea.

71.A fines de 2014 el Gobierno estableció un Grupo Ministerial integrado por los ministros competentes de 16 carteras comprometidas con la adopción de decisiones colectivas para mejorar sistemáticamente el sistema de lucha contra la violencia doméstica en Nueva Zelandia. El Grupo Ministerial ha establecido un programa de trabajo interministerial amplio con los siguientes objetivos:

Impedir que se produzca la violencia doméstica, reducir el daño causado por este tipo de violencia y romper el ciclo de revictimización y reincidencia.

Garantizar que los servicios relativos a la violencia doméstica se presten de manera eficiente, eficaz e integrada y las decisiones de inversión se coordinen y ajusten a objetivos comunes entre los organismos.

72.Actualmente se están probando en toda Nueva Zelandia nuevos enfoques y proyectos experimentales. Una vez que se hayan reunido datos sobre su eficacia, el Gobierno examinará nuevas inversiones para mejorar el sistema de lucha contra la violencia doméstica.

73.Además, el Gobierno ha llevado a cabo una importante revisión de la legislación sobre violencia doméstica en Nueva Zelandia. El proyecto de ley sobre violencia doméstica y whānau (familia extensa) se presentó al Parlamento en marzo de 2017 y actualmente es objeto de examen por el Comité Especial. En virtud de este proyecto de ley se aplican las decisiones anunciadas por el Gobierno en septiembre de 2016 con el fin de romper el círculo de violencia doméstica y reducir los daños y costos infligidos a las víctimas de la violencia y la sociedad neozelandesa en general, por ejemplo aumentando el acceso a los servicios y las evaluaciones de los riesgos y las necesidades, más exactamente el registro de delitos de violencia doméstica en el sistema de justicia penal, permitiendo la introducción de códigos de práctica y nuevas disposiciones sobre el intercambio de información.

74.Entre 2011 y finales de 2014 Nueva Zelandia logró reducir considerablemente los delitos violentos registrados, aunque informó de que estos habían aumentado ligeramente desde entonces. La mayor parte de este aumento proviene de la violencia por razones de vivienda, que guarda una estrecha relación con la violencia doméstica.

75.La tasa anual de violencia infligida contra la mujer por su pareja disminuyó del 8,6% en 2005 al 5,7% en 2013 y la tasa anual de violencia sexual experimentada por la mujer disminuyó del 5,2 % en 2005 al 2,9% en 2013. Desde 2005 se ha producido una disminución significativa de la tasa de violencia interpersonal contra las mujeres maoríes, independientemente de su relación con el autor (el 18,9% en 2013 frente al 29% en 2005).

76.El Gobierno ha instituido un nuevo servicio de intervención en relación con el maltrato de personas de edad de cobertura nacional para ayudar a mantener la seguridad de los neozelandeses de edad. La piedra angular de este servicio es su línea telefónica de ayuda gratuita y confidencial que funciona ininterrumpidamente y proporciona información, asesoramiento y remisión a los proveedores de servicios a fin de garantizar la seguridad y el acceso a los servicios para atender las necesidades de las víctimas.

Niños

77.El informe final del Grupo de Expertos sobre la Modernización del Sector de la Infancia, la Juventud y la Familia “Investing in New Zealand’s Children and their Families” (publicado el 7 de abril de 2016) examinó la forma de transformar la vida de los niños vulnerables.

78.El informe final del Grupo de Expertos determinó que el sistema actual no satisface las necesidades de los niños y jóvenes vulnerables, ni los ayuda a convertirse en adultos plenos. El Grupo llegó a la conclusión de que el sistema actual es fragmentado, carece de rendición de cuentas y no está bien establecido en torno a un objetivo común. Es importante destacar que el sistema en su conjunto es ineficaz para prevenir futuros daños, como lo demuestran las tasas elevadas de niños y jóvenes que vuelven al sistema.

79.El informe final del Grupo de Expertos también llegó a la conclusión de que es necesario abordar la excesiva representación de los niños maoríes en el sistema. Las posibles causas de esta excesiva representación son mayores niveles de privación en las familias maoríes, los prejuicios conscientes e inconscientes en el sistema, y la falta de modelos sólidos, culturalmente apropiados para el fortalecimiento de las familias y el desarrollo de los niños.

80.El Gobierno ha instituido importantes reformas en la atención estatal para mejorar los resultados a largo plazo para los niños más vulnerables en Nueva Zelandia, como el establecimiento del Ministerio de Niños Vulnerables, Oranga Tamariki, el 1 de abril de 2017. Será una instancia única de rendición de cuentas que garantizará que los organismos gubernamentales trabajen juntos a fin de prestar servicios coherentes y completos a estos niños, jóvenes y sus familias.

81.Los cambios legislativos incluyen enmiendas a la Ley de los Niños, los Adolescentes y sus Familias de 1989 para:

Ampliar el alcance de las disposiciones del sistema de atención y protección legal para que abarque a los jóvenes de 17 años.

Incorporar las opiniones de los niños y jóvenes a nivel individual y sistémico mediante el fortalecimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de los Niños, los Adolescentes y sus Familias sobre el apoyo a la participación de los niños y los jóvenes.

Apoyar el establecimiento de servicios independientes de promoción, con especial atención a los niños y jóvenes en centros de acogimiento, mediante una nueva obligación impuesta al director general del departamento que administra la Ley mencionada.

Permitir la participación de una mayor variedad de profesionales para que desempeñen un conjunto más amplio de funciones con arreglo a la Ley de los Niños, los Adolescentes y sus Familias a fin de ayudar a establecer y satisfacer las necesidades de los niños y los jóvenes vulnerables.

Personas transgénero

82.Se dispone de pocos datos sobre la violencia de que son víctimas los transexuales neozelandeses. Sin embargo, los datos que tenemos han demostrado que los jóvenes transexuales corren un mayor riesgo de sufrir violencia. El estudio de 2012 sobre la juventud abarcó 8.166 estudiantes de enseñanza secundaria, y el 50% de las personas que se identificaron como transgénero afirmaron haber sido golpeadas o maltratadas por otra persona (en comparación con el 33% de las que no se identificaron como transgénero). El estudio de 2012 sobre la juventud fue el primero en que se encuestó a jóvenes acerca del género.

83.Por ello, el Gobierno proporciona financiación a una serie de organizaciones de apoyo a la comunidad de jóvenes lesbianas, gais, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y personas que cuestionan su identidad sexual (LGBTIQ), tanto en el plano nacional como local. La financiación ha contribuido a apoyar:

Oportunidades de orientación y liderazgo. El Gobierno ha asignado 150.000 dólares a lo largo de tres años a la organización Rainbow YOUTH para desarrollar e incrementar los servicios de apoyo a los jóvenes de la comunidad LGBTIQ.

Proyectos dirigidos por jóvenes y proyectos elaborados mediante asociaciones con distintas comunidades.

Un proceso formulado conjuntamente por una ONG y jóvenes, a fin de promover la salud mental y el bienestar de la comunidad de jóvenes LGBTIQ y los que los apoyan, para facilitar la transición entre el momento en que dejan la escuela y comienzan la formación, el empleo o la educación posescolar.

Evaluación de la eficacia de las medidas de lucha contra la violencia haciapersonas con discapacidad en Nueva Zelandia

84.En la actualidad, no se dispone de datos sólidos y medidas adecuadas para combatir la violencia hacia las personas con discapacidad en Nueva Zelandia. Las personas con discapacidad reciben apoyo y asistencia cuando son víctimas de la violencia. Actualmente la dificultad radica en poder medir el nivel y la eficacia de la asistencia que se presta específicamente a las personas con discapacidad.

85.Se está trabajando para determinar la calidad de los datos y los indicadores de malos tratos y descuido de las personas con discapacidad en Nueva Zelandia.

III.Aplicación del Pacto

A.Artículo 1, párrafo 2: Derecho a disponer libremente de lasriquezas y los recursos naturales

86.El Tribunal de Waitangi ha informado sobre muchos temas, desde te reo Māori y el espectro radioeléctrico hasta el agua dulce, los recursos subterráneos y la pesca. Las recomendaciones del Tribunal de Waitangi son generalmente de carácter no vinculante. De conformidad con las disposiciones constitucionales de Nueva Zelandia, el Gobierno tiene derecho, después de examinar un informe, a decidir no seguir las recomendaciones o a rechazar una parte de sus conclusiones. Muchas de las recomendaciones que figuran en los informes del Tribunal de Waitangi han sido aplicadas por los Gobiernos. Los informes han contribuido a numerosas iniciativas y nuevas instituciones como Reo Irirangi (Radio Maorí), Te Taura Whiri i te Reo Māori (Comisión del Idioma Maorí) y Te Māngai Pāho (Agencia Financiera de las Emisiones en Maorí).

Tierras

87.En 2015 el Tribunal de Waitangi escuchó las reclamaciones de los propietarios de tierras maoríes con respecto a la modificación de la Ley Te Ture Whenua Māori de 1993. El Tribunal publicó su informe, He Kura Whenua Ka Rokohanga, el 11 de marzo de 2015 y llegó a la conclusión de que la Corona estaría incumpliendo los principios del Tratado si no garantizaba el apoyo debidamente fundamentado y amplio de los maoríes antes de proceder a la tramitación del proyecto de ley Te Ture Whenua Māori.

88.Con respecto a las disposiciones del proyecto de ley, el Tribunal señaló que los principios del Tratado no requieren un mecanismo de protección específico, siempre que este sea eficaz y cuente con el apoyo debidamente fundamentado y amplio de los maoríes. Sin embargo, el Tribunal llegó a la conclusión de que varias de las disposiciones del proyecto de ley anulaban o debilitaban los mecanismos destinados a asegurar la retención de la tierra maorí. Esto era incompatible con el deber de protección activa de la Corona. El Tribunal determinó asimismo que otros aspectos del proyecto de ley relativos a la sucesión y la solución obligatoria de controversias eran incompatibles con los principios del Tratado.

89.El Tribunal recomendó que la Corona evitara el menoscabo de los maoríes alentando una mayor participación de estos a nivel nacional mediante reuniones y comunicaciones escritas, tras cerciorarse de que los maoríes fueran debidamente informados mediante investigaciones empíricas. El Tribunal también formuló otras recomendaciones generales y específicas a la Corona en relación con el proceso de examen y reforma y el nuevo proyecto de ley.

90.Tras la publicación por el Tribunal del informe He Kura Whenua Ka Rokohanga, el Gobierno escuchó una amplia gama de opiniones de los maoríes sobre este (incluidos el Grupo Asesor Ministerial, Jefes de Iwi (tribus), la Federación de Autoridades Maoríes y los propietarios de tierras maoríes), y las conclusiones y recomendaciones del Tribunal, en particular las relativas a algunos aspectos concretos del proyecto de ley. El Gobierno llevó a cabo un amplio proceso de consultas y en todo momento actuó de manera razonable, justa y honesta.

91.Si bien algunas de las conclusiones (y las recomendaciones resultantes) sobre aspectos concretos del proyecto de ley se han abordado mediante la labor normativa reciente, el proceso legislativo proporcionaría un mecanismo apropiado para examinar las cuestiones pendientes. En vista de ello, el proyecto de ley se presentó el 14 de abril de 2016.

Agua

92.En marzo de 2012, el Tribunal de Waitangi accedió a una solicitud de celebrar una audiencia urgente en relación con dos reclamaciones relativas a derechos de propiedad sobre masas de agua dulce y recursos geotérmicos. La investigación se dividió en dos partes.

93.Tras la publicación de la primera parte del informe, la Corona y el Grupo de Jefes de Iwi colaboraron en relación con cuatro esferas de trabajo a fin de elaborar opciones para abordar los derechos e intereses de las iwi y los hapū (clanes) sobre el agua dulce: la mejora de la calidad del agua; el reconocimiento de las relaciones tribales tradicionales con las masas de agua; la participación de las iwi y los hapū en la gobernanza y la gestión del agua dulce; y la facilitación del desarrollo económico utilizando los recursos de agua dulce. En febrero de 2016 el Gobierno publicó un documento de consulta sobre las medidas previstas en relación con el agua dulce (“Next Steps for Fresh Water”) que incluyó ocho propuestas que se habían finalizado sobre las esferas de la calidad del agua, el reconocimiento y la gobernanza. Estas propuestas se basarán en el reconocimiento de los intereses de los maoríes en los ríos y lagos mediante arreglos ya alcanzados en virtud del Tratado.

94.La segunda parte de la investigación del Tribunal de Waitangi comenzará en noviembre de 2016. El Tribunal determinará una serie de cuestiones centradas en las propuestas que figuran en el informe “Next Steps for Fresh Water”. Mientras la Corona se prepara para la segunda parte de las audiencias, prosigue la labor sobre las propuestas contenidas en el informe mencionado y se están elaborando opciones para reformar el sistema de asignación del agua. La Corona se ha comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el Grupo de Jefes de Iwi sobre el agua dulce.

Recursos marinos

95.En lo que respecta al agua de mar, el Gobierno reconoce que los intereses de las iwi y los maoríes en los océanos incluyen la protección de “taonga and mahinga kai” (lugares de recolección de alimentos y recursos), las prácticas espirituales, los derechos consuetudinarios y la pesca comercial y deportiva.

Idioma, cultura, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual

96.El informe Ko Aotearoa Tēnei del Tribunal de Waitangi, de 2011 (conocido como Wai 262) versa sobre las leyes y las políticas neozelandesas que afectan a los conocimientos tradicionales, la cultura y la identidad maoríes. Se trata de un vasto informe que se publicó tras un largo proceso de investigación y deliberaciones del Tribunal. Las cuestiones de que trata el informe Wai 262 se inscriben en el marco más amplio de los trabajos en curso para fortalecer las relaciones entre la Corona y los maoríes.

97.En abril de 2016 se promulgó la Ley sobre el Idioma Maorí de 2016, Te Ture mō Te Reo Māori. Se trata de la primera Ley en Nueva Zelandia totalmente promulgada en Te Reo maori y en inglés, en que la versión maorí tiene preponderancia en caso de discrepancias entre las dos versiones. La Ley reconoce los efectos perjudiciales de las políticas y prácticas de la Corona hacia el idioma maorí y establece el compromiso permanente de la Corona de trabajar en colaboración con las iwi y los maoríes para seguir protegiendo y promoviendo activamente el idioma maorí para las generaciones futuras.

98.El propósito de la Ley es afirmar la condición del idioma maorí como lengua indígena de Nueva Zelandia, como un taonga (tesoro patrimonial) de las iwi y los maoríes, valorado por la nación, y un idioma oficial de Nueva Zelandia. Para contribuir al logro de este objetivo, la legislación establece una entidad oficial independiente, Te Mātāwai, que proporcionará liderazgo en nombre de las iwi y los maoríes en su función de kaitiaki (guardianes) del idioma maorí.

99.A continuación se consignan dos ejemplos de formas en que el Gobierno ayuda a preservar, promover y desarrollar los derechos de las iwi y los maoríes a su propia cultura, idioma y patrimonio cultural:

Whare Taonga: el Fondo de Políticas de Museos Regionales que asistirá a las iwi mediante la planificación activa de museos de las iwi (Whare Taonga) en el futuro. Estos whare taonga contendrán los iwi taonga (tesoros de las iwi), que serán de propiedad de las iwi, y estarán administrados o gestionados por ellas, conforme a las prácticas culturales maoríes.

Taonga tūturu recientemente encontrados: en virtud del artículo 11 de la Ley de Bienes Protegidos de 1975, los taonga tūturu recientemente encontrados son en primera instancia de propiedad del Gobierno hasta que el Tribunal de Tierras Maorí determine que son propiedad de las iwi o de otra parte. Entretanto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio Cultural es legalmente responsable del registro y la custodia de los taonga tūturu, facilitando las reclamaciones de propiedad y cualquier tratamiento necesario para su conservación. Una vez que se otorga la propiedad de los taonga tūturu a las iwi mediante el proceso del Tribunal de Tierra Maorí, estos le pertenecen legítimamente.

100.En el contexto general de las reivindicaciones y las recomendaciones relativas a los bienes considerados taonga y sus correspondientes derechos de propiedad intelectual, hay iniciativas como la promulgación de la Ley de Atribución del Haka Ka Mate de 2014 y avances legislativos y normativos en los regímenes de marcas comerciales e indicaciones geográficas.

101.Los planteamientos aplicados a los recursos genéticos y biológicos de las especies taonga han progresado gracias a la Ley de Patentes de 2013, y las disposiciones de los acuerdos de libre comercio (desde 2008) en los que Nueva Zelandia es parte, incluido el reciente Acuerdo de Asociación Transpacífico, protegen este espacio normativo.

B.Artículo 2, párrafo 1: Obligación de adoptar medidas hasta elmáximo de los recursos disponibles

Figura 4

Presupuesto por sectores relacionados con el empleo, la seguridad social, lasalud y la educación ( En miles de millones de dólares neozelandeses)

	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
Desarrollo social
Trabajo e ingresos (apoyo al empleo)	0,645	0,669	0,650	0,656	0,679
Jubilación	9 584	10 235	10 913	11 591	12 267
Principales prestaciones	4 920	4 790	4 568	4 441	4 471
Total de consignaciones seleccionadas	15 149	15 694	16 131	16 688	17 417
Educación
Total de consignaciones	9 154	9 476	9 693	10 244	10 742
Educación terciaria
Total de consignaciones	2 704	2 737	2 855	3 000	3 030
Salud
Total de consignaciones	13 549	13 866	14 387	15 034	15 407
Gasto total en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	40 556	41 773	43 066	44 966	46 469

Nuevas iniciativas para hacer frente a las desigualdades

102.Como parte del presupuesto de 2016, se elaboró un conjunto de medidas de inversión social para ayudar a los neozelandeses más expuestos a riesgos a llevar una vida mejor. El conjunto de medidas, que asignó 641,6 millones de dólares para financiar operaciones a lo largo de más de cuatro años y 10,5 millones de dólares de capital, incluyó apoyo adicional para niños vulnerables, así como iniciativas en instituciones penitenciarias, educación y salud. Estas iniciativas ponen las necesidades de los niños y las familias más vulnerables en el centro de las decisiones relativas a la planificación, los programas y la asignación de recursos.

103.Las consignaciones pertinentes al Pacto, como el apoyo al empleo, la jubilación, las principales prestaciones, la educación y la salud han ido aumentando en los últimos cinco años. El gasto consolidado de estas consignaciones de 2011-2012 a 2015-2016 asciende a un total de más de 216.000 millones de dólares.

Medidas para garantizar que las empresas privadas respeten los derechosreconocidos en el Pacto

104.Las empresas privadas deben cumplir las leyes nacionales de Nueva Zelandia en sus operaciones. Estas incluyen las disposiciones de la Ley de Derechos Humanos y las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales de 2000. Otras leyes de empleo también contienen derechos pertinentes al Pacto, por ejemplo la igualdad de remuneración y la licencia parental remunerada. La Ley de Relaciones Laborales prevé la aplicación de los derechos laborales, como las inspecciones del trabajo y la aplicación de la Ley, la mediación y el arbitraje, así como sanciones concretas por incumplimiento.

105.La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 2015 dispone la responsabilidad de las empresas privadas en Nueva Zelandia y su zona económica exclusiva (ZEE). La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo se promulgó en parte en respuesta a las preocupaciones sobre el trato de miembros de la tripulación de buques extranjeros y para ampliar la cobertura de la legislación de salud y seguridad de Nueva Zelandia a la zona económica exclusiva.

106.La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo protege explícitamente el derecho de los trabajadores a suspender o negarse a realizar trabajos peligrosos, así como el derecho de los representantes de salud y seguridad a disponer la suspensión del trabajo inseguro. Si una persona viola este derecho u otros derechos de los trabajadores en virtud de la Ley, deberá rendir cuentas y será pasible de sanciones concretas por el incumplimiento de la Ley impuestas por los tribunales de Nueva Zelandia.

107.En virtud de la Ley por la que se Modifica la Ley de Pesca (Buques Extranjeros y Otros Asuntos) de 2014 se exige que todos los buques de pesca de propiedad de extranjeros que operen en aguas de Nueva Zelandia a partir del 1 de mayo de 2016 habrán de hacerlo bajo el pabellón del país. Eso significa que Nueva Zelandia tendrá jurisdicción en ámbitos como el empleo y las condiciones de trabajo en todos los buques que pesquen en su zona económica exclusiva, con el fin de garantizar unas normas justas para las tripulaciones de todos los buques pesqueros que faenen en aguas de Nueva Zelandia.

108.El Gobierno de Nueva Zelandia también ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a reforzar el seguimiento y la aplicación de las normas neozelandesas en materia laboral y de pesca. Por ejemplo, actualmente hay observadores a bordo de todos los buques de bandera extranjera, y el Gobierno utiliza una empresa de auditoría especializada para llevar a cabo auditorías independientes de esos buques a fin de asegurar que se cumplan los requisitos establecidos en los visados de la tripulación, incluidos los salarios.

109.La Ley por la que se Modifica la Ley de Inmigración de 2015 tipifica como delito la explotación de los trabajadores migrantes temporales. Anteriormente, solo se consideraba delito la explotación de trabajadores ilegales. Los empleadores que exploten a los trabajadores temporales podrán ser sancionados con una pena de prisión de un máximo de siete años o una multa de hasta 100.000 dólares, o ambas penas. Asimismo, la Ley tipifica un nuevo delito, que se comete cuando un empleador que tiene trabajadores temporales regulares o clandestinos no se preocupa de la situación legal de estos trabajadores. Este delito conlleva una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de hasta 100.000 dólares, o ambas. Además, los empleadores con visados de residencia que cometan ese tipo de delitos podrán ser expulsados si la comisión del delito se produce durante los diez años siguientes a la obtención de la residencia.

110.El Gobierno dispone de varias políticas y programas para que las empresas privadas asuman su responsabilidad por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y las víctimas de la trata:

a)El Gobierno ha introducido cambios en las disposiciones sobre inmigración para alentar a los migrantes que han sido objeto de explotación en el lugar de trabajo a denunciar a los responsables y hacerles rendir cuentas;

b)El Gobierno está colaborando estrechamente con ONG en condiciones de ocuparse de posibles víctimas de la trata a fin de asegurar un enfoque de seguimiento consolidado de identificación y apoyo a las víctimas. Ese enfoque de asociación reconoce el importante papel que desempeñan las comunidades y el valor de la colaboración gubernamental y no gubernamental;

c)El Gobierno ha elaborado una política de inmigración para las víctimas de la trata a fin de ayudar a las víctimas identificadas y les permite permanecer legalmente en Nueva Zelandia, eliminando así el temor a la expulsión;

d)La industria del sexo y el trabajo en los sectores de la horticultura y la viticultura han sido identificados como de alto riesgo para la trata de personas en el contexto de Nueva Zelandia. El Gobierno desempeña un papel importante en la educación de los empleadores a fin de que sean conscientes de sus responsabilidades jurídicas y realiza actividades de aplicación de la ley en estos sectores para asegurar el cumplimiento de esta y otras leyes. Además, estos sectores se regulan por medio de políticas y leyes que permiten la transparencia y el acceso a estos por funcionarios públicos que, por lo tanto, están en condiciones de detectar posibles actividades de trata de personas;

e)Los organismos públicos están prestando especial atención a la región de Canterbury, donde se ha producido el ingreso de trabajadores migrantes para ayudar en la reconstrucción posterior al terremoto. La atención se centra principalmente en la identificación y prevención de la explotación laboral y el Gobierno ha destinado recursos adicionales para aumentar el número de inspectores del trabajo y funcionarios de inmigración que se ocupan de la reconstrucción de Canterbury;

f)También se está llevando a cabo una importante labor de educación y empoderamiento de los trabajadores migrantes y sus empleadores para que comprendan y ejerzan sus derechos y obligaciones. La Dependencia de Asentamiento del Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia ha elaborado guías especializadas para los trabajadores migrantes y los empleadores de los sectores del cuidado de las personas de edad, los productos lácteos y la construcción, y para las comunidades del Pacífico. Los recursos incluyen información sobre los derechos laborales mínimos, la salud y la seguridad, la mejora de las comunicaciones en el lugar de trabajo y dónde acudir para obtener más apoyo para el asentamiento.

Estrategia de Prevención de la Explotación de los Migrantes 2015-2018

111.La Estrategia de Prevención de la Explotación de los Migrantes 2015-2018 tiene por objeto apoyar la integridad del mercado laboral de Nueva Zelandia garantizando que los trabajadores migratorios reciban un trato justo. Las intervenciones en apoyo de los resultados de la Estrategia comprenden el suministro de una educación eficaz para los trabajadores migratorios y sus empleadores (incluidas las empresas privadas) a través de campañas de comunicación y guías especiales de empleo.

112.El Gobierno colabora con ONG, representantes de la comunidad y asociaciones que brindan apoyo y orientación a las víctimas de la explotación mediante el trabajo forzoso de migrantes y otros medios. El Gobierno invierte en actividades que aumentan las probabilidades de que los empleadores que no cumplen las normas rindan cuentas mediante la mejora de la capacidad de detectar, investigar y enjuiciar efectivamente a los empleadores que explotan a los migrantes y las cadenas de suministro de las que forman parte. Esto incluye la formulación de estrategias sectoriales y la detección mediante información de inteligencia proactiva de los empleadores que explotan a los migrantes.

Recursos de que disponen las víctimas de vulneraciones de los derechos comprendidosen el Pacto por las empresas privadas

113.En su calidad de miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Nueva Zelandia sigue las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Las Directrices exigen que los Gobiernos que se han adherido a ellas, a través de determinados puntos de contacto nacionales contribuyan a la solución de los problemas que surjan en relación con su aplicación en “casos concretos”. Las partes interesadas o afectadas pueden presentar denuncias de que las actividades de una empresa multinacional son contrarias a las disposiciones de las Líneas Directrices. En esos casos, la función de los Gobiernos es investigar y evaluar las acusaciones y, cuando se detectan cuestiones sustantivas, tratar de facilitar el diálogo entre las partes con miras a resolver las cuestiones planteadas.

C.Artículo 2, párrafo 2: No discriminación

114.La encuesta sobre discapacidad de 2013: resultados sociales y económicos para las personas con discapacidad, muestra que, en promedio, las personas con discapacidad registran peores resultados económicos y sociales a lo largo de su ciclo de vida que las personas sin discapacidad.

115.Los adultos con discapacidad tienen ingresos más bajos que los adultos sin discapacidad y menos probabilidades de obtener empleo. El 45% de los adultos con discapacidad están empleados, en comparación con el 72% de los adultos sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de obtener un título oficial, y el 67% de estas han obtenido un diploma de una institución escolar o de enseñanza terciaria. En comparación con ello, el 85% de los adultos sin discapacidad lo han obtenido. Las personas con discapacidad tienen menores probabilidades de gozar de un estado de salud muy bueno o excelente (el 10% de las personas con discapacidad frente al 33% de las personas sin discapacidad).

Estrategia Neozelandesa sobre la Discapacidad 2016-2026

116.En noviembre de 2016, el Gobierno publicó la versión actualizada de la Estrategia Neozelandesa sobre la Discapacidad 2016-2026 (en adelante la Estrategia). La Estrategia orientará la labor de los organismos gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad para los próximos diez años. Apoya la aplicación de las obligaciones de Nueva Zelandia en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el contexto nacional. La Estrategia fue concebida conjuntamente por las personas con discapacidad y los funcionarios públicos mediante un amplio proceso de consultas. La visión de la Estrategia se logrará a través de ocho esferas de resultados: la educación; el empleo y la seguridad económica; la salud y el bienestar; los derechos, la protección y la justicia; la accesibilidad; las actitudes; la elección; y el control y el liderazgo. El logro de estos resultados se llevará a cabo mediante actividades en el contexto del Plan de Acción sobre la Discapacidad. Un Marco de Resultados esbozará la manera en que se hará el seguimiento de los progresos alcanzados en relación con la aplicación de la Estrategia. Las metas e indicadores del Marco de Resultados se elaborarán durante 2017.

117.El Ministro de Asuntos de Discapacidad informa anualmente al Parlamento sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia.

Plan de Acción sobre la Discapacidad

118.El Plan de acción sobre la Discapacidad (en lo sucesivo el Plan) establece las prioridades de acción que promueven la participación de las personas con discapacidad y su contribución a la sociedad. Las prioridades para la acción del actual Plan cuadrienal (de 2014 a 2018) se elaboraron mediante consultas con personas con discapacidad y organizaciones de estas personas. Las organizaciones de personas con discapacidad siguen participando en la gobernanza del Plan y la aplicación de sus acciones.

119.El Plan actual tiene cuatro resultados comunes, a saber:

Aumentar las oportunidades laborales y económicas

Transformar el sistema de apoyo a la discapacidad

Garantizar la seguridad personal

Promover el acceso en la comunidad

Refugiados y solicitantes de asilo

120.En junio de 2016 el Gobierno aumentó el tamaño de la cuota para refugiados de 750 a 1.000 plazas por año a partir del 1 de julio de 2018.

121.Se otorga a los refugiados comprendidos en la cuota un permiso de residencia a su llegada a Nueva Zelandia y el mismo acceso al empleo, la educación, el apoyo a los ingresos y los servicios de salud que a los demás residentes o ciudadanos de Nueva Zelandia, y pueden solicitar la ciudadanía neozelandesa después de cinco años de residencia. Las personas que han sido reconocidas en Nueva Zelandia como refugiadas o personas protegidas por la Ley de Inmigración de 2009 tienen el mismo acceso al empleo, la educación, el apoyo a los ingresos y los servicios de salud pública, y pueden solicitar la residencia y la ciudadanía neozelandesa después de cinco años de residencia.

122.Los refugiados comprendidos en la cuota y las personas con estatuto de refugiado o persona protegida tienen derecho a solicitar el subsidio para estudiantes y los préstamos a estudiantes en las mismas condiciones que los ciudadanos de Nueva Zelandia, y podrá suspenderse el requisito de un período de residencia de dos años (en virtud del cual el solicitante tiene que haber vivido en Nueva Zelandia durante al menos dos años y ser residente permanente en el país).

123.Los solicitantes de asilo que han presentado una petición de asilo o el estatuto de protección y se encuentran legalmente en Nueva Zelandia pueden solicitar la Prestación de Emergencia y Apoyo Adicional Temporal, pero no otras prestaciones de seguridad social. Si tienen un visado de trabajo válido, pueden solicitar la asistencia del Estado para obtener empleo. Los solicitantes de asilo que han presentado una petición de asilo o el estatuto de protección tienen derecho a acceder a los servicios de salud pública.

124.Los solicitantes de asilo cuya petición es rechazada pueden apelar ante el Tribunal de Inmigración y Protección (en adelante el Tribunal), un órgano independiente que comenzó a funcionar en noviembre de 2010, tras la aplicación de la Ley de Inmigración de 2009. El Tribunal facilita un proceso de apelación racionalizado, que sustituye al Órgano de Apelación sobre la Condición de Refugiado, el Órgano de Revisión de las Órdenes de Salida, la Junta de Revisión sobre Residencia y el Tribunal de Revisión de las Expulsiones.

D.Artículo 3: Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

125.Una de las principales prioridades del Gobierno es la promoción de las mujeres en puestos de liderazgo. La adhesión de Nueva Zelandia a la Declaración de los Dirigentes del Pacífico sobre la Igualdad de Género ha sido un medio útil a través del cual Nueva Zelandia ha hecho un seguimiento del progreso para aumentar la participación de la mujer en funciones de liderazgo. Mediante su adhesión a la Declaración, Nueva Zelandia asumió el firme compromiso de apoyar a las naciones insulares del Pacífico a hacer un seguimiento de sus progresos y redoblar sus esfuerzos para impulsar la representación de la mujer en puestos de liderazgo.

126.Las mujeres neozelandesas han avanzado en forma sostenida en el ámbito de la representación a nivel de gobierno central y local, así como en consejos de administración. La representación en los más altos niveles del sector privado ha mejorado, pero sigue siendo relativamente baja.

Representación a nivel de gobierno central y local

127.La representatividad de género en el Parlamento ha aumentado considerablemente desde la introducción del sistema de votación de representación proporcional mixta en 1996, aunque todavía queda camino por recorrer hasta lograr que refleje el equilibrio de género imperante en la sociedad neozelandesa. Hay 41 diputadas (34%) en el 51er período de sesiones del Parlamento, la misma cifra que el resultado máximo logrado en el 49º período de sesiones del Parlamento en 2008. De los 27 ministros de la Corona (37%) y de los 20 Ministros del Gabinete (35%), 9 y 7, respectivamente, son mujeres. El Partido Verde y el Partido Maorí tienen como codirigentes a mujeres, ambas diputadas.

Gobierno local

128.La proporción de mujeres elegidas en órganos locales ha pasado del 25% al 33% en los últimos veinticinco años y ha aumentado asimismo el número de candidatas (al 31%). Las juntas de salud comunitarias y de distrito tienden a registrar mayores proporciones de candidatas en comparación con otros cargos electorales. En 2013 representaban el 37% y el 47%, respectivamente. El número de mujeres elegidas alcaldesas aumentó del 19% en 2007 al 31% en 2013.

Representación de mujeres en la función pública

129.El Gobierno continúa supervisando la participación de mujeres en la administración pública. La representación total de las mujeres en la función pública se mantuvo estable entre 2005 y 2015, en aproximadamente un 60%.

130.El número de directoras generales ha aumentado durante el período sobre el que se informa. Al 30 de junio de 2015, el 41% de los directores generales (12 de 29) eran mujeres, frente a un 24,1% en 2012. Las mujeres ocupaban el 44,2% de los puestos directivos superiores en la función pública (los tres niveles superiores de administración) en esa misma fecha.

Representación de las mujeres en los consejos de administración

131.El Gobierno sigue trabajando para aumentar la participación de las mujeres en los consejos de administración y para crear un entorno en el que los principales responsables de tomar decisiones reconozcan la importancia de designar a mujeres y de buscar de forma activa candidatas cualificadas.

132.El Gobierno ha alcanzado su meta de nombrar el 45% de mujeres en los consejos y los comités del sector público, el porcentaje más alto de la historia. En diciembre de 2016, las mujeres representaban el 45,3% de los consejos y comités del sector público. Esto denota un aumento importante frente al 43,4% registrado en 2015.

Aumento de la representación de mujeres en los consejos de administracióndel sector privado

133.En 2015 las mujeres constituían el 17% de los consejeros y el 19% de los directores ejecutivos y administradores superiores de las empresas que cotizaban en bolsa. El sector privado ha emprendido una serie de iniciativas para alentar a las mujeres a formar parte de los consejos del sector privado y ocupar puestos de responsabilidad.

E.Artículo 6: Derecho a trabajar

Figura 5

Tasa de desempleo por sexo, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Hombres	Mujeres	Total
2012	6,1	6,7	6,4
2013	5,2	6,4	5,8
2014	4,7	6,1	5,4
2015	4,9	5,9	5,4
2016	4,8	5,5	5,1

Figura 6

Tasa de desempleo por grupo de edad (años), por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 años o más	Total
2012	24,3	12,3	7,3	5,4	4,7	4,4	4,2	4,1	3,7	3,9	1,6	6,4
2013	22,7	10,6	6,7	4,7	4,5	3,9	3,7	3,4	3,7	3,6	1,6	5,8
2014	19,9	10,4	6,1	4,9	3,7	4,0	3,8	3,0	3,0	2,9	1,6	5,4
2015	20,3	9,9	6,2	4,6	3,3	3,6	3,3	3,6	3,5	3,1	1,5	5,4
2016	20,5	9,3	6,2	4,4	3,1	3,2	2,9	3,4	3,3	3,0	1,2	5,1

Figura 7

Tasa de desempleo por etnia, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Neozelandeses de origen europeo	Maoríes	Pueblos del Pacífico	Asiáticos	De Oriente Medio, latinoamericanos y africanos	Otras etnias	Total
2012	5,0	13,8	14,6	8,1	10,4	5,6	6,4
2013	4,6	12,5	14,3	5,7	9,2	4,1	5,8
2014	4,1	11,8	11,6	5,9	12,3	4,2	5,4
2015	4,1	11,7	10,9	6,3	9,4	3,6	5,4
2016	3,9	11,4	9,7	6,0	8,8	5,2	5,1

Figura 8

Tasa de desempleo por zonas urbanas y rurales, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total ambas zonas
2012	6,8	4,2	6,4
2013	6,0	4,5	6,0
2014	5,6	3,9	5,6
2015	5,6	3,6	5,6
2016	5,3	3,7	5,4

Figura 9

Tasa de desempleo por sexo, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Hombres	Mujeres	Porcentaje de ambos sexos
2012	2,6	6,0	4,2
2013	2,4	6,0	4,1
2014	2,6	5,9	4,1
2015	2,3	5,7	3,9
2016	2,6	6,2	4,3

Figura 10

Tasa de desempleo por edad, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 años o más
2012	15,7	6,8	3,6	3,5	3,0	3,5	3,5	3,3	3,2	3,6	1,9
2013	14,9	7,7	3,6	3,1	3,1	2,8	3,3	3,2	3,7	3,0	2,5
2014	16,7	6,7	3,1	3,0	3,0	2,9	3,5	3,8	3,4	2,7	2,1
2015	14,4	7,5	3,2	2,6	3,2	3,4	2,7	2,8	2,8	2,5	1,9
2016	17,6	7,3	4,1	3,6	3,1	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	2,5

Figura 11

Tasa de desempleo por etnia, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Neozelandeses de origen europeo	Maoríes	Pueblos del Pacífico	Asiáticos	De Oriente Medio, latinoamericanos y africanos	Otras etnias
2012	3,9	6,2	5,2	4,9	5,4	5,0
2013	4,0	6,1	5,3	3,9	5,3	4,5
2014	3,9	6,4	4,8	3,8	6,3	3,8
2015	3,6	5,6	4,3	4,1	5,1	4,7
2016	4,1	6,6	4,7	4,7	7,3	3,3

Figura 12

Tasa de desempleo por zonas urbanas y rurales, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total ambas zonas
2012	4,3	3,6	4,2
2013	4,2	3,4	4,1
2014	4,2	3,7	4,1
2015	4,0	3,2	3,9
2016	4,4	3,4	4,3

134.Solo se dispone de estadísticas sobre pluriempleo en Nueva Zelandia hasta marzo de 2015 (últimos datos disponibles al 20 de febrero de 2017). Porcentaje de todas las personas empleadas.

Figura 13

Pluriempleo por sexo

( En porcentaje)

Número de empleos	Total por sexo	Hombres	Mujeres
2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más
Trimestre
Mar zo de 2015	3,4	0,2	2,4	0,1	4,4	0,3
Dic iembre de 2014	3,8	0,3	2,6	0,2	4,9	0,4
Sept iembre de 2014	3,6	0,2	2,4	0,1	4,7	0,4
Jun io de 2014	3,6	0,2	2,5	0,1	4,8	0,4
Mar zo de 2014	3,4	0,2	2,4	0,1	4,5	0,3
Dic iembre de 2013	3,8	0,3	2,7	0,1	5,0	0,4
Sept iembre de 2013	3,6	0,2	2,5	0,1	4,8	0,4
Jun io de 2013	3,8	0,3	2,6	0,1	4,9	0,4
Mar zo de 2013	3,5	0,2	2,4	0,1	4,6	0,3

Figura 14

Pluriempleo por edad

( En porcentaje)

Trimestre	De 15 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 años o más	Total por edad
2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más	2	3 o más
Mar zo de 2015	4,9	0,3	2,9	0,2	2,7	0,2	3,3	0,3	3,3	0,3	2,8	0,3	3,4	0,2
Dic iembre de 2014	5,4	0,3	3,2	0,2	3,2	0,2	3,7	0,3	3,7	0,4	3,2	0,3	3,8	0,3
Sept iembre de 2014	4,7	0,2	3,1	0,2	3,1	0,2	3,7	0,3	3,6	0,3	3,0	0,3	3,6	0,2
Jun io de 2014	5,0	0,3	3,2	0,2	3,1	0,2	3,7	0,3	3,6	0,3	3,1	0,3	3,6	0,2
Mar zo de 2014	5,0	0,3	2,9	0,2	2,8	0,2	3,4	0,3	3,3	0,3	3,0	0,2	3,4	0,2
Dic iembre de 2013	5,5	0,3	3,3	0,2	3,2	0,2	3,8	0,3	3,7	0,4	3,3	0,3	3,8	0,3
Sept iembre de 2013	4,9	0,3	3,2	0,2	3,1	0,2	3,7	0,3	3,6	0,3	3,1	0,2	3,6	0,2
Jun io de 2013	5,1	0,3	3,3	0,2	3,2	0,2	3,8	0,3	3,7	0,3	3,3	0,3	3,8	0,3
Mar zo de 2013	5,0	0,3	2,9	0,2	2,9	0,2	3,5	0,3	3,4	0,3	3,0	0,2	3,5	0,2

135.Solo se dispone de estadísticas sobre la tasa de pluriempleo por zonas urbanas y rurales en Nueva Zelandia desde junio de 2016.

Figura 15

Tasa de pluriempleo por zonas urbanas y rurales (datos disponibles solo desdeel trimestre terminado en junio de 2016)

(En porcentaje)

Trimestre		Zonas urbanas	Zonas rurales	Total ambas zonas
Trimestre terminado en junio de 2016	Un solo empleo	87,7	12,3	100
Pluriempleo	79,0	21,0	100
Trimestre terminado en septiembre de 2016	Un solo empleo	88,2	11,8	100
Pluriempleo	77,9	22,1	100
Trimestre terminado en diciembre de 2016	Un solo empleo	88,3	11,7	100
Pluriempleo	77,4	22,6	100

136.Actualmente el Gobierno no cuenta con datos comparables sobre tasas de pluriempleo por etnias. La encuesta de hogares sobre la fuerza de trabajo fue rediseñada en junio de 2016 y ahora reúne datos más sólidos sobre pluriempleo. En el futuro se contará con una serie temporal que arrojará tasas de pluriempleo por etnia.

Figura 16

Personas que no estudian, no trabajan ni siguen cursos de capacitación,por sexo, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
2012	8,8	9,4	13,5	22,5	11,2	16
2013	7,5	9,0	10,4	20,7	9,0	14,9
2014	7,8	7,9	10,7	19,3	9,2	13,7
2015	7,1	7,4	11,6	18,8	9,4	13,3
2016	8,6	7,5	12,8	18,5	10,8	13,2

Figura 17

Personas que no estudian, no trabajan ni siguen cursos de capacitación,por edad, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años
2012	9,1	18	13,5
2013	8,3	15,5	11,9
2014	7,8	14,9	11,4
2015	7,3	15,1	11,3
2016	8,1	15,5	12,0

Figura 18

Personas que no estudian, no trabajan ni siguen cursos de capacitación, por etnia, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Europeos	Maoríes	Pueblos del Pacífico	Asiáticos
De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	Total de entre 15 y 24 años
2012	8,0	15,5	11,7	15,1	33,1	23,0	11,3	28,1	18,8	5,7	14,1	10,4
2013	6,4	13,6	9,9	16,4	31,4	22,9	14,0	27,8	20,1	4,0	6,8	5,7
2014	6,6	12,6	9,5	13,6	27,1	19,8	10,1	26,7	17,9	4,0	8,9	7,0
2015	6,0	12,5	9,3	13,5	29,5	20,8	8,3	25,2	16,2	4,4	9,3	7,3
2016	6,6	12,9	9,9	13,6	27,4	20,0	12,5	22,6	17,2	5,7	13,4	10,2

Figura 19

Personas que no estudian, no trabajan ni siguen cursos de capacitación,por zonas urbanas y zonas rurales, por año terminado en diciembre

(En porcentaje)

Año	Zonas urbanas	Zonas rurales	Total ambas zonas
2012	13,7	12,4	13,5
2013	11,9	12,3	11,9
2014	11,4	11,7	11,4
2015	11,4	10,3	11,3
2016	12,1	11,1	12,0

Efectos de las medidas adoptadas para promover el empleo adecuadode la mujer

137.En el trimestre terminado en diciembre de 2016 había 800 trabajadoras menos en el sector de la construcción en Canterbury que el año anterior en la misma época. Las mujeres constituían el 16,3% de los trabajadores de este sector (7.500) en Canterbury en dicho trimestre. Si bien el número de mujeres que trabajan en la construcción en Canterbury ha disminuido en el último año, las mujeres todavía representan un porcentaje mayor en la industria de la construcción que antes de los terremotos. En el trimestre terminado en diciembre de 2010 las mujeres constituían el 12,7% (3.000) de los trabajadores de este sector (7.500) en Canterbury.

Efectos de las medidas adoptadas para promover el empleo adecuadode los maoríes

Iniciativa de Formación Profesional para los Maoríes y los Pueblos del Pacífico

138.La Iniciativa de Formación Profesional para los Maoríes y los Pueblos del Pacífico tiene por objeto permitir que un mayor número de alumnos maoríes y de los pueblos del Pacífico de 16 a 40 años obtengan competencias prácticas a fin de acceder al empleo y la capacitación en el lugar de trabajo.

139.El análisis de los efectos muestra que se ha progresado satisfactoriamente en lo que respecta al desempeño y el avance de las personas que han participado en la Iniciativa. Las cifras de desempeño indican que el índice de finalización de cursos en 2014 fue un 7,6% superior en el caso de los alumnos que participaron en la Iniciativa que en el de los alumnos maoríes y de los pueblos del Pacífico que adquirieron las mismas competencias fuera de la Iniciativa.

Iniciativa de Pasantías del Ministerio de Desarrollo Maorí (Te Puni Kōkiri)

140.La Iniciativa de Pasantías del Ministerio de Desarrollo Maorí (Te Puni Kōkiri) se elaboró para mejorar el rendimiento maorí en calificaciones de nivel superior. El Gobierno colabora con los empleadores en sectores específicos como la energía, la infraestructura, las telecomunicaciones, el transporte y la logística, la elaboración de alimentos, la fabricación que requiere un uso intensivo de conocimientos o las industrias primarias (con exclusión del sector de la silvicultura) para fomentar la capacidad maorí y/o mejorar la resiliencia del mercado laboral maorí durante las recesiones económicas, aumentar la participación de los maoríes en las industrias estratégicas y/o en crecimiento, y establecer relaciones productivas con las comunidades maoríes.

141.Desde el establecimiento de la Iniciativa en 2009, 1.767 pasantes han participado en ella. El nivel de interés de los empleadores ha aumentado, a medida que el valor de la Iniciativa ha sido reconocido por los dirigentes del sector. En 2014-2015, 17 empleadores incorporaron a 350 pasantes. El número de pasantes contratados ha aumentado desde 2009, pasando del 71% al 100% en 2013-2014.

Efectos de las medidas adoptadas para promover el empleo adecuado de jóvenes

142.La Iniciativa de Creación de Lugares de Trabajo Seguros y Adecuados consolida las metas e iniciativas de Nueva Zelandia encaminadas a mejorar las competencias y los conocimientos especializados de sus habitantes, reducir el desempleo de largo plazo y fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo. Los principales resultados de la Iniciativa incluyen:

La mejora de los logros educativos de los jóvenes neozelandeses y el apoyo para que accedan a la educación, la capacitación o el empleo. Los resultados de los jóvenes siguen siendo insatisfactorios: el número de jóvenes de 15 a 24 años sin empleo, educación o capacitación ha aumentado ligeramente, del 11,3% en el año finalizado en diciembre de 2015 al 12% en el año finalizado en diciembre de 2016. El país está bien encaminado respecto del aumento de la proporción de personas de 25 a 34 años que han alcanzado el nivel 4 o superior del Marco de Calificaciones de Nueva Zelandia (es decir, calificaciones, diplomas y títulos avanzados de comercio).

Lograr que las personas dejen de recibir prestaciones y accedan al empleo. Desde que el Gobierno introdujo las reformas en el sistema de bienestar social del mercado de trabajo en 2012, el número de personas beneficiarias de una prestación principal ha disminuido. En diciembre de 2016 el número de personas que recibían una prestación principal ascendía a 297.010, una disminución respecto de las 350.932 que la recibían en diciembre de 2011.

Participación en cursos de aprendizaje. Un aumento de la matriculación y participación en los cursos de aprendizaje puede atribuirse al Plan de Readiestramiento que incluyó subvenciones para los empleadores por los gastos de formación y para las personas que se inscribían en un curso de aprendizaje. El Plan se extendió entre el 6 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 y tuvo por objeto mejorar el perfil de los cursos de aprendizaje de Nueva Zelandia, atraer nuevos aprendices con vocación comercial, y otorgar incentivos a los empleadores para que incorporaran nuevos aprendices. En total, se financiaron 20.000 plazas de aprendizaje.

Plan de Garantía para la Juventud

143.El Sistema de Garantía Juvenil se instituyó en 2009 como una iniciativa para mejorar el rendimiento escolar de los jóvenes de 16 y 17 años, en particular los que no se habían beneficiado adecuadamente de la enseñanza tradicional.

144.Las iniciativas de Garantía para la Juventud, especialmente para mejorar la obtención del Certificado Nacional de Resultados Escolares de nivel 2, sobre todo para los estudiantes maoríes y de los pueblos del Pacífico, ofrece vías para avanzar hacia la educación o formación avanzada mediante la transición hacia la enseñanza secundaria y terciaria. Se centró en el 70% de los jóvenes que no llegaron al nivel académico de grado, con especial atención a los grupos que corren el riesgo de no alcanzarlo.

Efectos de las medidas adoptadas para promover el empleo adecuado de personascon discapacidad

145.El Gobierno gestiona los casos de personas con discapacidad y personas con problemas de salud para ayudarlas a obtener y mantener un empleo. También ha puesto a prueba iniciativas para apoyar a esta cohorte a retomar el empleo, por ejemplo mediante la prestación de asistencia a jóvenes para la subsistencia.

146.El Gobierno financia una serie de organizaciones que prestan servicios especializados como el empleo protegido para personas con discapacidad y personas con problemas de salud. Las intervenciones de empleo especializado para personas con discapacidad han arrojado resultados desiguales. Algunas intervenciones son prometedoras. El Proyecto 300 fue una intervención regional iniciada en abril de 2015 encaminada a que 300 beneficiarios en los ámbitos de la salud y la discapacidad obtuvieran empleo. El Proyecto superó el objetivo: 505 personas obtuvieron trabajo a tiempo completo y 79 trabajo a tiempo parcial. A raíz de su éxito, el Proyecto 300 se extendió a todo el país con el nombre de “Empleabilidad”.

F.Artículo 7: Derecho a condiciones de trabajo equitativasy satisfactorias

147.El proyecto de ley de regulación de las normas de empleo incluía un conjunto de medidas para prevenir las prácticas injustas de empleo en el mercado de trabajo de Nueva Zelandia, como “contratos que no especifican un número de horas determinado”. En virtud de los cambios se prohíbe que:

Los contratos no especifiquen un número de horas determinado, prohibiéndose así las prácticas laborales injustas en que los empleadores no establecen un horario de trabajo, sino que esperan que los empleados estén disponibles cuando se los necesite sin la compensación adecuada.

Los empleadores exijan que los empleados trabajen más horas de las convenidas sin tener una verdadera razón basada en motivos razonables.

Los empleadores exijan que los empleados trabajen más horas de las convenidas sin compensar al empleado por el número de horas que debe estar disponible.

Los empleadores cancelen un turno de trabajo sin dar un aviso razonable o una compensación adecuada.

Los empleadores impongan restricciones irrazonables al empleo secundario.

Los empleadores efectúen deducciones indebidas de los salarios de los empleados.

148.Desde hace varios años el salario mínimo de los adultos en Nueva Zelandia es uno de los mayores de la OCDE. Actualmente es de 15,75 dólares por hora. El salario mínimo se revisa anualmente a fin de seguir aumentándolo a lo largo del tiempo para proteger los ingresos de los trabajadores que perciben una baja remuneración.

149.El salario mínimo de los adultos es la remuneración mínima a la que tienen derecho todos los empleados de 16 años o más. Hay otras dos escalas de salarios mínimos que se fijan en el 80% del salario mínimo de los adultos:

El salario inicial, que se aplica a los empleados de 16 a 19 años que reúnen las condiciones exigidas

El salario de capacitación, que se aplica a los empleados de 20 años o más que reciben un mínimo de formación especializada

150.El salario mínimo establece una base de remuneración mínima. El nivel del salario mínimo contrarresta la necesidad de asegurar que no se explote a los trabajadores de bajos ingresos frente a los posibles efectos negativos sobre el empleo que podrían tener los aumentos del salario mínimo.

151.Los ingresos disponibles de los trabajadores que perciben un salario mínimo están determinados por diversos factores, entre ellos su derecho a la asistencia financiera del Gobierno. Por ejemplo, los trabajadores de bajos ingresos también pueden tener derecho a créditos tributarios del programa Trabajo y Familia del Departamento de Hacienda y otras prestaciones sociales disponibles a través del Gobierno, como el suplemento de alojamiento (para ayudar a sufragar los costos de la vivienda).

152.Nueva Zelandia no tiene un indicador oficial de pobreza. El Gobierno publica cifras actualizadas todos los años para demostrar las tendencias de los indicadores de desigualdad y condiciones de vida difíciles.

Ley de Derechos Humanos de 1993

153.La Ley de Derechos humanos protege a las personas contra la discriminación en Nueva Zelandia. La Ley establece los comportamientos contrarios a la Ley y el proceso para la protección de los derechos de los neozelandeses. La Comisión de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) responde a las denuncias de la población en materia de derechos humanos a través de la mediación, y las resuelve. Si una denuncia no se resuelve por la mediación, el público puede interponer una acción judicial por conducto del Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos (en lo sucesivo el Tribunal).

154.En la figura siguiente se indican las consultas recibidas por la Comisión relativas a un motivo de discriminación prohibido, junto con las denuncias de discriminación ilícita. Las cuestiones relativas a la discriminación ilícita se dividen en dos categorías: el sector público (parte 1A de la Ley de Derechos Humanos de 1993), a la que se refieren el 30% de todas las consultas y denuncias, y el sector privado (parte 2 de la Ley de Derechos Humanos de 1993), a la que se refieren el 70%. Las denuncias recibidas por la Comisión en 2015-2016 se presentan en la figura 20, agrupadas por motivo.

Figura 20

Consultas y denuncias de discriminación ilícita (parte 1A y parte 2 de la Ley), agrupadas por motivo

Motivo	Número de consultas y denuncias
Discapacidad	455
Motivos raciales	282
Sexo	199
Edad	136
Situación de familia	103
Acoso sexual	93
Credo religioso	82
Acoso racial	80
Discordia racial	53
Orientación sexual	46
Estado civil	30
Situación laboral	27
Creencias éticas	23
Victimización	19
Opinión política	11

155.La Comisión informó de que el 92% de los interesados estaban satisfechos con el proceso de mediación en 2015-2016. El 91% de las denuncias de discriminación ilícita se resolvieron en el plazo de un año.

156.Los recursos disponibles quedan a discreción del Tribunal, y pueden incluir una orden de alejamiento para impedir que el demandado siga cometiendo la infracción, o la repita, el pago de daños, una orden que impida al demandado realizar cualquier acto especificado en la orden con miras a reparar las pérdidas o los daños sufridos por el demandante, una orden que obligue al demandado realizar un curso de capacitación especificado u otro programa, o la aplicación de una política o un programa determinados, a fin de apoyar o facilitar el cumplimiento por el demandado de las disposiciones de la Ley de Derechos Humanos, o cualquier otra reparación que el Tribunal estime conveniente.

Ley de Relaciones Laborales de 1992

157.La Ley de Relaciones Laborales de 1992 protege a los empleados contra la discriminación y el acoso sexual y racial. Los motivos de discriminación prohibidos son semejantes a los enunciados en la Ley de Derechos Humanos e incluyen el sexo, las creencias religiosas y el origen étnico o nacional, entre otros. La discriminación supone denegar o abstenerse de ofrecer a un trabajador las mismas condiciones de empleo o de trabajo, prestaciones suplementarias y oportunidades de formación, promoción y traslado que las concedidas a otros trabajadores con las mismas o semejantes calificaciones, experiencia o competencias, que hagan el mismo trabajo en las mismas circunstancias o circunstancias básicamente análogas.

158.La Ley de Relaciones Laborales también proporciona un medio para combatir la intimidación en el empleo. Las reiteradas agresiones verbales o psicológicas a un empleado pueden constituir una falta de buena fe, ya que el deber de actuar de buena fe exige que las partes en una relación de trabajo sean activas y constructivas en aras del mantenimiento de relaciones de empleo productivas.

159.El Gobierno ofrece servicios gratuitos de mediación en el empleo para ayudar a resolver problemas de relaciones laborales. En 2015 el Servicio de Mediación recibió 7.115 solicitudes, de las cuales 55 guardaban relación con la discriminación.

160.Si la mediación fracasa o se rechaza, los empleados pueden interponer una denuncia personal ante su empleador, en virtud de la Ley de Relaciones Laborales en relación con la discriminación, el acoso sexual o racial o la intimidación en el lugar de trabajo. Los trabajadores pueden iniciar actuaciones ante el Organismo de Relaciones Laborales y posteriormente, ante el Tribunal Laboral.

161.El Organismo de Relaciones Laborales o el Tribunal Laboral pueden otorgar diversas reparaciones, entre otras cosas la restitución del empleado al puesto que ocupaba o la asignación de este a un puesto no menos favorable, el reembolso al empleado de una cantidad equivalente a la totalidad o una parte del salario u otros haberes perdidos por este a consecuencia de la reclamación, una indemnización, y la imposición de medidas disciplinarias o de rehabilitación (en los casos de acoso sexual o racial).

Ley de Salud y Seguridad en el Empleo de 2015

162.En virtud de la Ley de Salud y Seguridad en el Empleo de 2015, el comportamiento de una persona puede considerarse un peligro cuando ese comportamiento puede causar la muerte, daños o enfermedad a una persona. Así pues, la intimidación en el lugar de trabajo que constituye un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores puede considerarse un riesgo de trabajo. La Ley de Salud y Seguridad en el Empleo exige que toda persona que tiene una empresa o realiza una actividad semejante debe hacer todo lo que sea razonablemente posible para eliminar o reducir al mínimo los riesgos de salud y seguridad. La incapacidad de gestionar el riesgo derivado de la intimidación en el lugar de trabajo puede dar lugar a la aplicación de medidas coercitivas por WorkSafe NZ.

G.Artículo 8: Derechos sindicales

163.La Ley por la que se Modifican las Relaciones Laborales de 2016 incluye cambios en la negociación colectiva que tienen por objeto aumentar las opciones y la flexibilidad de las partes en el marco de la negociación colectiva, reducir la negociación ineficaz y mejorar la equidad y el equilibrio de los requisitos de la negociación. Cabe señalar los siguientes cambios:

No es obligatorio celebrar un convenio colectivo, pero las partes deben negociar de buena fe. La Ley por la que se Modifican las Relaciones Laborales ofrecen algunas protecciones contra las partes que ponen fin a la negociación mediante el estancamiento respecto de una cuestión. Cualquiera de las partes puede solicitar una declaración del Organismo de Relaciones Laborales a los efectos de si ha concluido la negociación.

Se elimina la “norma de los 30 días” para los nuevos empleados. Anteriormente la legislación exigía que los nuevos empleados (que no estaban afiliados a un sindicato) se contrataran en las condiciones del convenio colectivo durante los primeros 30 días en el puesto de trabajo si su labor estaba amparada por un convenio colectivo. La eliminación de esta norma implica que los empleados que no están afiliados a un sindicato pueden negociar un acuerdo individual de la manera que consideren adecuada desde el comienzo de su empleo, incluso si existe un convenio colectivo que ampara su labor.

Los empleadores pueden optar por no participar en negociaciones tendientes a un convenio colectivo con una pluralidad de empleadores. Cuando un empleador opta por no participar, el empleador o el sindicato pueden iniciar negociaciones encaminadas a un acuerdo colectivo con un único empleador.

Se requiere una notificación por escrito con la antelación necesaria para todas las huelgas y cierres patronales. Este cambio significa que los sindicatos o los empleados deben comunicar por escrito toda medida prevista al empleador y al Jefe Ejecutivo del Ministerio de Empresas, Innovación y Empleo.

Deducciones en el pago por huelgas parciales. Los empleadores tienen la opción de reducir el pago que los empleados habrían recibido si no se hubiera realizado una huelga parcial. Los empleadores deben dar a los trabajadores una notificación por escrito antes de efectuar la deducción. Si los empleados consideran que su empleador ha efectuado o calculado una deducción en forma incorrecta, el sindicato debe pedir al empleador por escrito la información que han utilizado para calcular la deducción salarial. El empleador debe responder y si el sindicato considera que el empleador se equivocó, debe informar al empleador. Cuando el sindicato y el empleador no pueden resolver la cuestión, el sindicato puede recurrir al Organismo de Relaciones Laborales.

H.Artículo 9: Derecho a la seguridad social

Medidas adoptadas para que las reformas en materia de bienestar socialque se están realizando no perjudiquen aún más a las personas y losgrupos más marginados

164.La participación en el empleo ofrece la mejor oportunidad de aumentar los ingresos familiares en beneficio de los padres y los hijos. Las reformas en materia de bienestar social restablecen las expectativas de alentar a las personas en condiciones de trabajar a buscar activamente empleo. Quienes reciben una prestación principal deben cumplir las obligaciones laborales compatibles con su capacidad de trabajo. Las personas que tienen hijos también tienen la obligación de adoptar todas las medidas razonables para asegurar su acceso a servicios públicos esenciales para sus hijos, como la educación y la atención primaria de la salud. Las sanciones solo se aplican como último recurso y deben realizarse esfuerzos en todas las etapas para ayudar a los beneficiarios a volver a cumplir sus obligaciones.

165.Las reformas del sistema de bienestar social aumentan el apoyo a los que corren mayor riesgo de dependencia de las prestaciones a largo plazo. Las reformas han dado lugar a una mayor disponibilidad de la asistencia para el empleo y apoyo a la tramitación de casos para los que más probablemente sigan recibiendo prestaciones a largo plazo, por ejemplo, las familias monoparentales y las personas con problemas de salud o discapacidad. El número de prestaciones principales en junio de 2016 era inferior al correspondiente a junio de 2011.

Medidas de asistencia social en vigor para quienes ya no tienen derecho aprestaciones del seguro social

166.Nueva Zelandia no dispone de prestaciones del seguro social; en cambio, tiene prestaciones de bienestar social en función de criterios de elegibilidad basados en las necesidades que no están vinculados a las cotizaciones al seguro social. La elegibilidad a prestaciones de bienestar social no depende de las cotizaciones y no está limitada por plazos; por lo tanto, no se requieren medidas de asistencia social porque el derecho es permanente, a condición de que los beneficiarios cumplan las condiciones para recibir la asistencia.

167.El propósito de la reforma del sistema de bienestar social es mejorar los resultados para los neozelandeses garantizando que las personas en condiciones de trabajar busquen activamente empleo. Las reformas también aseguran que los beneficiarios con hijos están adoptando todas las medidas razonables para acceder a los principales servicios públicos como la atención primaria de la salud y la educación para sus hijos (obligaciones sociales). Es más probable que en el sistema de prestaciones las familias más desfavorecidas y vulnerables no participen plenamente en las iniciativas de educación y salud infantil.

168.Las sanciones solo se aplican cuando los beneficiarios no tienen una razón buena y suficiente para no cumplir sus obligaciones y la asistencia puede reanudarse siempre que el beneficiario cumpla sus obligaciones. El régimen de sanciones relativo a las obligaciones laborales es escalonado, y las sanciones aumentan si el beneficiario no cumple sus obligaciones en más de una ocasión. Una sanción reduce la cuantía de la prestación pagadera al beneficiario. Todos los beneficiarios que incumplen sus obligaciones tienen cinco días de preaviso para dar sus razones por el incumplimiento o volver a cumplir su obligación antes de que se imponga una sanción.

169.En el caso de beneficiarios con hijos a cargo, se aplica el 50% de protección en todos los niveles de sanciones, a fin de mantener un nivel de ingresos que permita prestar apoyo a los hijos, y se sigue pagando asistencia suplementaria. Las normas se han establecido para mantener un nivel de protección de los ingresos para los niños.

170.En caso de que los beneficiarios no adopten medidas razonables para cumplir sus obligaciones sociales, deben ser advertidos por lo menos cuatro veces antes de iniciar un procedimiento por incumplimiento de una obligación social. En cada una de estas oportunidades, el personal debe alentar y apoyar al beneficiario para que cumpla sus obligaciones sociales. Si un beneficiario no está de acuerdo con una sanción impuesta tiene derecho a solicitar una revisión de la decisión en cualquier momento dentro de los tres meses siguientes al momento en que se le informó de la decisión inicial.

I.Artículo 11: Derecho a un nivel de vida adecuado

171.Nueva Zelandia no tiene un indicador oficial de pobreza. El Gobierno publica una serie de indicadores, entre ellos indicadores tradicionales de ingresos e indicadores de condiciones de vida difíciles no vinculados a los ingresos. Diversos umbrales permiten al Gobierno comprender qué ocurre en diferentes niveles de desventaja.

172.Las cifras se basan tanto en los bajos ingresos de los hogares como en los indicadores de dificultades económicas. Los ingresos de los hogares se calculan antes y después de deducir los gastos de vivienda.

Ingresos antes de deducir los gastos de vivienda

173.Los ingresos de los hogares de todos los miembros de la familia de todas las fuentes después de pagar el impuesto sobre la renta dan una indicación de los diferentes niveles de recursos financieros de que disponen los distintos hogares, si no intervienen otros factores.

174.Hay muchos factores distintos de los ingresos corrientes que marcan la diferencia en la realidad cotidiana de los niveles de vida de los hogares. Por ejemplo, la partida más grande del presupuesto del hogar para muchas familias es el gasto de alojamiento. Normalmente el gasto de alojamiento no puede modificarse a corto plazo. A fin de comparar mejor el bienestar material de los hogares en cuanto al uso de los ingresos, también se utilizan los ingresos de los hogares después de deducir los gastos de vivienda.

Ingresos después de deducir los gastos de vivienda

175.Los ingresos después de deducir los gastos de vivienda son un indicador muy útil para comprender las diferencias reales de las posibilidades de consumo de los hogares al examinar únicamente los ingresos. Los ingresos después de deducir los gastos de vivienda a veces se denominan “ingresos residuales”.

176.Uno de los indicadores de bajos ingresos que utiliza el Gobierno es “el 50% de la mediana después de deducir los gastos de vivienda”, con el umbral fijo en términos reales en relación con un año de referencia (2007) para hacer el seguimiento de la situación de los niños en términos reales respecto de un valor fijo.

177.El Gobierno ha elaborado un indicador de asequibilidad a la vivienda que calcula los ingresos después de deducir los gastos de vivienda para los arrendatarios y posibles compradores de la primera vivienda utilizando datos administrativos del Gobierno. Esto da un panorama más claro de los cambios de tendencias de la asequibilidad a la vivienda para las familias y facilita al Gobierno un indicador más sólido de los ingresos que les quedan después de sufragar los gastos básicos del hogar.

178.Hay otros factores (además de los ingresos y los gastos de vivienda) que también contribuyen al bienestar material del hogar. El efecto combinado de todos estos factores en el bienestar material de un hogar puede comprenderse examinando más directamente las condiciones de vida reales y las posibilidades de consumo de los hogares.

Índice de bienestar material

179.El índice de bienestar material consta de 24 elementos que aportan información directa sobre las condiciones de vida cotidianas reales de los hogares. Se trata de aspectos básicos como alimentos, ropa, vivienda, electricidad, transporte, calefacción, funcionamiento adecuado de aparatos electrodomésticos, entre otros, y también de las posibilidades que las familias tienen de adquirir y consumir bienes no esenciales a los que normalmente aspiran.

180.En la figura 21 se consignan las tendencias de las tasas de bajos ingresos de los niños (0 a 17 años) de 2001 a 2015 y las tendencias de dificultades económicas de 2007 a 2015, utilizando un indicador y un umbral cercano al “estándar” de privación material de la Unión Europea.

Figura 21

Tendencias de las tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas, niños(de 0 a 17 años)

(En porcentaje)

Año	Bajos ingresos (antes de deducir los gastos de vivienda)	Bajos ingresos (después de deducir los gastos de vivienda)	Dificultades económicas
Umbral móvil (ingresos relativamente bajos)	Umbral móvil (ingresos relativamente bajos)	Umbral fijo (año de referencia: 2007)
50 %	60 %	50 %	60 %	50 %	60 %	50 %
2001	12	24	21	30	27	37	-
2004	14	26	19	28	23	31	-
2007	13	20	16	22	16	22	14
2010	14	23	20	30	19	26	20
2013	11	20	20	24	17	22	15
2015	13	21	20	28	15	21	14

181.En la figura 22 se comparan las tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas de los niños, las personas de edad neozelandesas (65 años o más) y de toda la población.

Figura 22

Tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas de los niños (0 a 17 años),las personas de edad neozelandesas (65 años o más) y de toda la población

(En porcentaje)

Año	Bajos ingresos (después de deducir los gastos de vivienda, mediana de 2007: 50%)	Dificultades económicas (utilizando el umbral estándar de la U nión E urop e a )
Niños	De 65 años o más	Toda la población	Niños	De 65 años o más	Toda la población
2001	27	7	18	-	-	-
2004	23	6	17	-	-	-
2007	16	7	13	14	4	10
2010	19	5	12	20	3	12
2013	17	3	12	15	2	9
2015	15	4	11	14	3	8

182.La figura 23 muestra las tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas de los niños (de 0 a 17 años) de los diferentes grupos étnicos y de toda la población.

Figura 23

Tasas de bajos ingresos y dificultades económicas de los niños (de 0 a 17 años)de los diferentes grupos étnicos y de toda la población

(En porcentaje)

Año	Bajos ingresos (después de deducir los gastos de vivienda, mediana de 2007: 50%)	Dificultades económicas (utilizando el umbral estándar de la U nión E uropea )
Niños	Toda la población	Niños	Toda la población
2012 a 2014 (promedio)	18	12	14	8
Europeos	12	9	9	6
Maoríes	26	20	26	21
Pueblos del Pacífico	21	17	41	34
Otros	23	19	6	4

183.La figura 24 muestra las tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas por situación de la familia y de toda la población. Sírvase observar que la categoría de los hogares monoparentales refleja únicamente dos de cada tres familias monoparentales ya que una de cada tres viven en hogares con otros adultos.

Figura 24

Tasas de bajos ingresos y de dificultades económicas por situación de lafamilia y de toda la población

(En porcentaje)

Año	Situación de la familia	Bajos ingresos (después de deducir los gastos de vivienda, mediana de 2007: 50%)	Dificultades económicas (utilizando el umbral estándar de la U nión E uropea )
Niños	Toda la población	Niños	Toda la población
2012 a 2014 (promedio)	Población	18	12	14	8
Monoparental	54	53	33	33
Biparental	10	10	7	7
Otros hogares con niños	12	11	17	17

Obstáculos para reducir la pobreza infantil

184.La pobreza infantil es un fenómeno dinámico y las causas son múltiples y variadas. El Grupo Consultivo de Expertos en Soluciones a la Pobreza Infantil establecido por el Comisionado de la Infancia indicó que los bajos ingresos del hogar son un aspecto importante de la pobreza infantil y son el resultado de una combinación de factores. Estos factores son, entre otros, las condiciones del mercado de trabajo, los bajos niveles de competencias o los conocimientos limitados, los problemas sociales y de salud, los gastos de vivienda, y las políticas y prioridades de gastos del Gobierno.

185.Las principales iniciativas del Gobierno para hacer frente a la pobreza infantil son las siguientes:

Promoción del crecimiento económico mediante una sólida gestión fiscal y macroeconómica

Reforma del sistema de bienestar, con miras a reducir la dependencia de las prestaciones a largo plazo y las consecuencias negativas asociadas a dicha dependencia

Aumento de las inversiones para reducir las dificultades de las familias con hijos, como incremento de las prestaciones, créditos tributarios familiares y asistencia para el cuidado de los hijos, y mayores expectativas de trabajo para los padres beneficiarios

Adopción de un enfoque de inversión, que implica invertir tiempo y recursos donde resulten más eficaces para reducir la recepción de prestaciones a largo plazo

Reformas de la educación, como normas nacionales destinadas a abordar la trayectoria de rendimiento escolar deficiente de Nueva Zelandia

Visitas gratuitas de médicos a los niños menores de 13 años, subsidios para el aislamiento térmico de las viviendas y desayuno escolar

La iniciativa Whānau Ora, que reconoce la necesidad de adoptar una visión holística de las cuestiones que afectan a las personas y a sus familias más amplias

186.El Gobierno está tomando medidas para mejorar el acceso de las familias vulnerables y de bajos ingresos a bienes y apoyo esenciales, especialmente familias de bajos ingresos con hijos a cargo.

187.En 2015 el Gobierno anunció un conjunto de medidas por un valor de 790 millones de dólares para prestar apoyo a los niños de familias con dificultades económicas. Las medidas incluían un aumento del apoyo financiero a los beneficiarios de prestaciones y a las familias de bajos ingresos que trabajaban, a fin de aliviar la presión sobre los presupuestos de estos hogares. Para mejorar el apoyo a esas familias, a partir del 1 de abril de 2016 el Conjunto de Medidas para Aliviar las Dificultades Materiales de los Niños suministró:

Un aumento de 25 dólares por semana (netos de impuestos) de las tasas de prestaciones básicas para las familias con hijos a cargo, el primer aumento sustancial de las prestaciones básicas desde 1972.

Un aumento de los créditos tributarios del programa Trabajo y Familia, de 12,50 dólares semanales del crédito tributario para trabajadores activos y de 12 dólares semanales del crédito tributario familiar mínimo.

Un aumento de la asistencia para el cuidado de los hijos mediante nuevos umbrales de bajos ingresos; la máxima tasa de asistencia para el cuidado de los hijos aumentó de 4 dólares a 5 dólares por hora.

188.Se prevé que el aumento del apoyo financiero tendrá una repercusión directa para ayudar a aliviar la presión sobre los presupuestos de las familias de ingresos más bajos con hijos. Este aumento de la ayuda financiera fortalecerá la situación de estos hogares para que estén en mejores condiciones de adquirir bienes esenciales para sus hijos, como alimentos y prendas de vestir.

Vivienda social

189.El acceso a una vivienda social se limita a los beneficiarios considerados en situación de riesgo (prioridad A) o en grave necesidad de vivienda (prioridad B). El Registro de Vivienda Social se divide en el Registro de Vivienda y el Registro de Cambio de Vivienda. El Registro de Vivienda incluye a los solicitantes que reúnen los requisitos para que se les asigne una vivienda adecuada. El Registro de Cambio de Vivienda se compone de las personas que ya ocupan viviendas sociales pero que han solicitado, y están en condiciones de que se les otorgue, otra vivienda. Al 30 de junio de 2016 había 3.877 familias en el Registro de Vivienda en condiciones de que se les asignara una propiedad adecuada.

Figura 25

Cifras del Registro de Vivienda Social, por Registro

190.Las principales solicitudes presentadas al Registro de Vivienda Social a junio de 2016 correspondían a:

Solicitantes individuales, ya sea un adulto soltero con hijos (35,3%) o un adulto soltero (45,2%)

Solicitantes de entre 25 y 39 años (34,4%)

Solicitantes que se autoidentificaban como maoríes (42,1%)

Viviendas de un dormitorio (41,3%)

191.El Sistema de Asignación Social es el instrumento de evaluación que se utiliza para tramitar las solicitudes de vivienda social. Se formula a los solicitantes una serie de preguntas a fin de determinar si reúnen las condiciones para recibir, y si necesitan, una vivienda social. Las preguntas están estructuradas de manera que permiten conocer la situación de vida actual del solicitante y si tiene la necesidad de mudarse, incluidas las condiciones de su hogar y si se registra violencia doméstica o hacinamiento.

192.Un segundo componente de la evaluación de las necesidades es la determinación de la necesidad de vivienda social de la persona. Esto no guarda principalmente relación con su actual situación de vivienda sino, más bien, con su capacidad de acceder a un alquiler privado, mantenerlo y tener medios suficientes para ello.

Programa de Reforma de la Vivienda Social

193.El Programa de Reforma de la Vivienda Social aumentará la diversidad y la oferta de vivienda social en Nueva Zelandia y alentará una mayor innovación y capacidad de respuesta a los arrendatarios. Esto incluye asegurar plazas de vivienda social para los que la necesitan mediante el pago de un Subsidio de Alquileres Ajustados en Función de los Ingresos a los proveedores de viviendas sociales y la facilitación del Subsidio a los proveedores de viviendas comunitarias.

194.El Gobierno ha aplicado con éxito una serie de iniciativas de gestión de la demanda para ayudar a las personas a acceder al mercado privado y reducir la necesidad de vivienda social. Estas iniciativas están dirigidas tanto a los inscritos en el Registro de Vivienda Social como a los que ocupan viviendas sociales, y tienen por objeto liberar plazas para los inscritos en el Registro. En 2016 el Gobierno asignó 144,5 millones de dólares para la oferta de nuevas viviendas sociales en Auckland, y 354 millones de dólares para viviendas de emergencia.

Asequibilidad

195.La asequibilidad de la vivienda es un problema importante para muchas familias, la economía y el Gobierno de Nueva Zelandia, ya que los elevados precios de la vivienda aumentan la desigualdad social y económica. El Gobierno ha puesto en marcha un programa de trabajo para mejorar la asequibilidad de la vivienda. La labor abarca cinco esferas principales:

La oferta de tierras

La regulación de la planificación, el desarrollo y la construcción

La provisión de infraestructura

El nivel de conocimientos técnicos e innovación en el sector de la construcción

La entrega de nuevas viviendas

196.Entre las principales iniciativas cabe señalar las siguientes:

La Ley de Acuerdos sobre Vivienda y Zonas Especiales de Vivienda de 2013.Esta Ley permite la racionalización de nuevas urbanizaciones en zonas especiales de vivienda que, según se prevé, permitirá disponer de 60.000 nuevas viviendas en Auckland solamente, una vez que las zonas se hayan desarrollado plenamente.

La Declaración Nacional de Políticas sobre Capacidad de Desarrollo Urbano. Se ha elaborado una Declaración Nacional de Políticas sobre Capacidad de Desarrollo Urbano para orientar a los consejos a fin de que proporcionen suficiente capacidad de desarrollo para viviendas y empresas en las zonas urbanas con necesidades de crecimiento. La Declaración Nacional de Políticas se ultimó el 31 de octubre de 2016 y comenzó a aplicarse el 1 de diciembre de 2016.

Legislación de Desarrollo Urbano. El Gobierno está estudiando la posibilidad de promulgar legislación que otorgue a las autoridades de desarrollo urbano de control público facultades para adquirir parcelas de tierra y luego planificar y supervisar el desarrollo necesario. Esto podría incluir viviendas, locales comerciales, infraestructura y servicios conexos, incluidos parques, espacios comunitarios o centros comerciales.

Facilitación directa de nueva oferta de vivienda. El Gobierno ha emprendido un programa de trabajo para facilitar la construcción de viviendas y la entrega de 34.000 viviendas nuevas especialmente construidas a lo largo de más de diez años, incluidas viviendas sociales más asequibles. Las casas se construirán en parcelas vacías o infrautilizadas de propiedad de la Corona en Auckland, y mediante la redefinición de la cartera de vivienda de Auckland de la Corporación de la Vivienda de Nueva Zelandia.

Fondo de Infraestructura de Vivienda. En septiembre de 2016 el Gobierno asignó 1.000 millones de dólares para ayudar a los consejos con alto crecimiento de la población urbana a promover proyectos de infraestructura importantes para aumentar la oferta de vivienda. Concretamente, el Fondo impulsará la construcción de infraestructura de abastecimiento de agua, aguas residuales, aguas pluviales y transporte para permitir el desarrollo de tierras y vivienda con mayor rapidez.

La Estrategia de Vivienda para los Maoríes . En 2014 el Gobierno publicó la Estrategia de Vivienda para los Maoríes. La Red de Viviendas para los Maoríes (que forma parte del Te Puni Kōkiri, el Ministerio de Desarrollo Maorí) se puso en marcha en octubre de 2015 para ayudar a más whānau a obtener acceso a viviendas seguras y saludables. Al 30 de abril de 2017 Nueva Zelandia ha contribuido al costo de 63 nuevas viviendas de alquiler asequibles de propiedad de colectivos maoríes, financiado proyectos de reparación de viviendas para 379 whānau, y susfragado el desarrollo de infraestructura de 176 viviendas.

Habitabilidad

197.Todas las viviendas de Nueva Zelandia deben cumplir los requisitos de la Ley de Salud de 1956, el Reglamento de Mejora de la Vivienda y, en el caso de nuevas construcciones y ciertas obras de renovación, el actual Código de Construcción. Los propietarios, incluidos los casos en que el Estado es el propietario, deben respetar la Ley de Alquileres de 1986, que establece que los propietarios deben entregar las instalaciones en un estado razonable de limpieza y reparación y cumplir todos los requisitos en lo que respecta al fomento de la salud y la seguridad.

198.La autoridad local expedirá un mandato de cierre o de limpieza a toda instalación considerada peligrosa o insalubre.

199.La Red de Viviendas para los Maoríes financia la mejora de la vivienda para whānau a fin de ayudar a los hogares a cumplir las normas mínimas de habitabilidad. Hasta la fecha, ha apoyado la reparación de 379 viviendas, por lo general en zonas rurales y en algunos casos lugares remotos. La Red también ha prestado apoyo a ocho proyectos de vivienda de emergencia para ayudar a whānau sin hogar.

200.Las modificaciones de la Ley de Alquileres de 2016 fortalecieron las facultades del Gobierno para investigar y adoptar medidas contra los propietarios que infringieran grave o sistemáticamente la Ley, cuando existiera interés público en ello. La Ley de Alquileres también prevé que los arrendamientos se rescindirán si los bienes inmuebles se consideran destruidos o tan gravemente dañados que resultan inhabitables. En esos casos, los propietarios deben dar a los inquilinos un preaviso de siete días; los inquilinos deben dar a los propietarios dos días de preaviso.

201.Las modificaciones de la Ley efectuadas el año pasado establecieron la obligatoriedad de que todas las propiedades en alquiler tengan alarmas contra incendios, a partir del 1 de julio de 2016 y que todas las propiedades en alquiler tengan aislamiento térmico debajo del piso y en el cielo raso según la norma establecida (cuando dicha instalación resulte posible) a más tardar el 1 de julio de 2019.

Seguridad de la tenencia

202.Con arreglo a la Ley de Alquileres de 1986, los propietarios y arrendatarios podrán negociar y firmar una tenencia por el período de tiempo que deseen. Al expirar el período de tenencia establecido, el alquiler pasa a ser periódico, a condición de que ninguna de las partes adopte medidas para renovar o poner fin al contrato de arrendamiento. En un alquiler periódico, si el propietario decide rescindir el contrato de arrendamiento debe dar el inquilino 90 días de preaviso (con algunas excepciones) y los inquilinos deben dar a sus propietarios 21 días de preaviso para rescindir el contrato de arrendamiento. En promedio, el 46% de los encuestados para el censo habían permanecido en la vivienda menos de dos años. El promedio de duración de la tenencia basado en datos sobre depósitos es de unos dos años.

203.Recientemente Nueva Zelandia ha actualizado su legislación sobre alquileres a fin de mejorar la seguridad de la tenencia para los inquilinos. La Ley por la que se Modifica la Ley de Alquileres, que entró en vigor el 1 de julio de 2016, ha aumentado el período de que disponen los inquilinos para recurrir una notificación de desahucio ante el Tribunal de Arrendamiento de 14 a 28 días. Además, la emisión de un aviso de desahucio ahora es un acto ilegal. Los propietarios que han emitido esta notificación pueden ser pasibles de una multa de hasta 4.000 dólares.

J.Artículo 12: Derecho a la salud física y mental

Plan de Salud y Bienestar para los Pueblos del Pacífico 2014-2018(‘Ala Mo’ui)

204.El Plan de Salud y Bienestar para los Pueblos del Pacífico 2014-2018 (‘Ala Mo’ui) es un plan de cuatro años para prestar servicios de salud de calidad que satisfagan las necesidades de los pueblos del Pacífico. Una evaluación del Plan realizada en 2015 señaló las esferas en que el sector de la salud estaba funcionando adecuadamente para los pueblos del Pacífico y aquellas en que se requerían más mejoras. Las figuras que se consignan continuación muestran el aumento de las tasas de acceso a los servicios.

Figura 26

Aumento de la tasa de acceso a los servicios de salud mental entre 2012-2013y 2014-2015

(En porcentaje)

	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015
Pacífico	2,90	2,89	3,13
Total de Nueva Zelandia	3,40	3,47	3,46

Figura 27

Aumento de la tasa de acceso a los servicios para alcohólicos y toxicómanosentre 2012-2013 y 2014-2015

(En porcentaje)

	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015
Pacífico	0,81	0,85	1,24
Total de Nueva Zelandia	1,00	1,01	1,03

Figura 28

Aumento de la tasa de adultos que se sometieron a evaluaciones del riesgo cardiovascular entre marzo de 2013 y septiembre de 2015

(En por c entaje)

	Mar zo de 2013	Jun io de 2013	Sept iembre de 2013	Dic iembre de 2013	Mar zo de 2014	Jun io de 2014	Sept iembre de 2014	Dic iembre de 2014	Mar zo de 2015	Sept iembre de 2015
Pacífico	65,3	74,3	75,5	78,5	80,7	86,4	86,7	87,3	87,9	89,2
Total de Nueva Zelandia	58,8	67,1	69,1	73,0	77,6	83,7	84,9	86,1	86,9	89,8

Intervenciones del Gobierno para mejorar el acceso a los servicios de salud.

Servicios gratuitos para menores de 13 años

205.Desde el 1 de julio de 2015, todos los niños menores de 13 años en condiciones de recibir servicios de salud financiados públicamente tienen derecho a consultas de medicina general gratuitas y la exención del copago sanitario de 5 dólares por receta. Las Juntas Sanitarias de Distrito también tienen la obligación de velar por que los menores de 13 años puedan acceder a la atención médica y los medicamentos recetados en forma gratuita fuera del horario laboral a una distancia razonable (una hora de viaje como máximo).

206.El promedio de consultas de menores de 13 años ha aumentado casi un 14% entre julio y diciembre de 2016, frente al mismo período de 2014. Los datos indican que un mayor número de niños maoríes y de los pueblos del Pacífico son atendidos por sus médicos de cabecera matriculados. Hubo un aumento del 14,9% de consultas de niños maoríes y del 11,1% de consultas de niños de los pueblos del Pacífico entre julio y diciembre de 2016 respecto del mismo período de 2014.

Intervenciones del Gobierno para corregir las desigualdades en materia de salud

Programa de Obesidad Infantil

207.El Programa incluye la meta de salud de crianza saludable de niños que se centra en la intervención en las primeras etapas de la vida para asegurar efectos positivos y sostenidos en la salud. La meta es que para diciembre de 2017, el 95% de los niños obesos identificados en el programa de reconocimiento escolar B4 tengan la posibilidad de remisión a un profesional de la salud para una evaluación clínica y nutrición familiar, y actividades e intervenciones sobre el estilo de vida. El cumplimiento de la meta garantizará que se ofrezca a los niños de 4 años considerados obesos por el programa B4 la posibilidad de una remisión para que reciban tratamiento por las complicaciones médicas y los servicios que ellos y sus familiares puedan estimar útiles en apoyo de una alimentación y actividad saludables.

208.Respecto de la meta del tercer trimestre, el 86% de los niños considerados obesos por el programa de reconocimiento escolar B4 fueron remitidos a un profesional de la salud para una evaluación clínica y nutrición familiar, y actividades e intervenciones sobre el estilo de vida. De esas remisiones, el 93% de los niños de los pueblos del Pacífico considerados obesos y el 83% de los niños maoríes identificados como obesos fueron remitidos a los servicios correspondientes. Los datos se basan en todas las remisiones reconocidas de niños obesos hasta el final del trimestre del programa B4 que se efectuaron durante los seis meses transcurridos entre el 1 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017.

Programa de Prevención de la Fiebre Reumática

209.Este programa tiene por objeto prevenir y tratar la faringitis estreptocócica, que puede provocar fiebre reumática. Se ha producido una disminución estadísticamente significativa del 23% desde que se inició el programa en 2012, hasta 2016. Desde 2012 no se han producido cambios en los ingresos hospitalarios por fiebre reumática respecto de los pueblos del Pacífico. El programa ha puesto en marcha una serie de iniciativas, entre ellas las estrategias de participación de los maoríes y los pueblos del Pacífico (concienciación), dispensarios gratuitos para casos de amigdalitis; una campaña nacional de sensibilización y la Iniciativa de Viviendas Saludables.

Reclusión de maoríes en servicios especializados de salud mental

210.En 2009 el Gobierno instituyó una política de reducción del aislamiento denominada Servicios de Salud y Discapacidad (Prácticas Seguras de Reducción de las Restricciones). Las directrices revisadas sobre la reclusión determinan las mejores prácticas para la utilización de la reclusión en dependencias de salud mental de hospitales. La intención es reducirlas progresivamente y limitar el uso de la reclusión en pacientes de los servicios de salud mental.

211.La reducción y (ulterior eliminación) de la reclusión es también uno de los objetivos del plan de desarrollo de los servicios públicos del Gobierno titulado Plan de Desarrollo de los Servicios de Salud Mental y Toxicomanía 2012-2017 (Afrontemos el reto).

212.La figura 29 muestra la proporción de maoríes recluidos en los servicios de hospitalización para adultos (de 20 a 64 años) entre 2007 y 2015. En ese plazo, el número de personas recluidas que se identifican como maoríes disminuyó en un 15%.

Figura 29

Proporción de maoríes recluidos en servicios de hospitalización de adultos

Agua

213.El abastecimiento de agua no se privatizó en Nueva Zelandia. La posición del Gobierno es que el agua dulce no tiene propietario: es un recurso que debe cuidarse en beneficio de todos los neozelandeses.

214.La legislación estipula que los servicios de abastecimiento de agua son responsabilidad del gobierno local y deben funcionar sin fines de lucro. Las tasas (impuestos) que cobran los consejos contribuyen a sufragar los servicios de recogida y tratamiento de agua, las tuberías y medidas de conservación del agua. En algunas zonas municipales de Nueva Zelandia, las viviendas tienen medidores individuales y pagan esos servicios según el volumen consumido, mientras que en otras los cargos se basan en el valor del inmueble y se incluyen en la tasa general. Las empresas, como las de embotellado de agua, cobran por la infraestructura de purificación y distribución de agua.

Medidas adoptadas para afrontar la contaminación del agua dulce a causade los cultivos agrícolas y las consecuencias

215.Los efectos sobre el agua dulce, de todas las fuentes, entre ellas la agricultura, se afrontan principalmente mediante la legislación sobre la gestión de los recursos nacionales y las políticas y reglamentaciones del gobierno regional. Las descargas de fuentes puntuales han sido objeto de reglamentación desde mediados de la década de 1960. Los controles de fuentes puntuales y difusas de descarga han evolucionado mediante el ulterior examen y perfeccionamiento de la legislación y la reglamentación.

216.En 2011 entró en vigor la normativa del Gobierno central mediante la Declaración de Política Nacional para la Ordenación de las Aguas Dulces, que exige a los consejos regionales establecer límites a la utilización de los recursos, fijar metas y plazos para eliminar una asignación excesiva y mantener o mejorar la calidad del agua para 2030.

217.La Declaración de Política Nacional para la Ordenación de las Aguas Dulces exige que los consejos regionales establezcan objetivos en sus planes regionales, sobre la base de los valores que son importantes a nivel local. Estos objetivos deben tener en cuenta la salud humana y del ecosistema. Por ejemplo, si una comunidad valora la posibilidad de nadar en un río, debe fijarse un objetivo relativo a los máximos niveles aceptables de Escherichia coli en la masa de agua. La Declaración de Política Nacional para la Ordenación de las Aguas Dulces define los niveles aceptables de Escherichia coli en el agua para que esta sea apta para nadar. Un consejo puede entonces dictar normas, como la exclusión del ganado, para que el río cumpla este requisito.

218.La Declaración dispone que antes de 2030 los consejos deberán establecer objetivos relativos al agua dulce y contar con normas que permitan alcanzarlos. El Gobierno espera que la mayoría, si no todos los consejos, habrán adoptado las medidas correspondientes antes de 2025. En 2015:

El 78% (20.588.307 ha) de grandes zonas de captación de aguas superficiales fluviales y el 36% (139.264 ha) de las cuencas de lagos en Nueva Zelandia tienen regímenes hidrológicos cuantificados que fijan límites.

El 8% (2.229.117 ha) de grandes cuencas fluviales y el 24% (92.159 ha) de las cuencas de lagos han cuantificado la política de ordenación de las tierras y las aguas que fija límites de calidad de las aguas superficiales.

K.Artículos 13 y 14: Derecho a la educación

219.Las cifras siguientes ofrecen información estadística sobre los niveles 1, 2 y 3 del Certificado Nacional de Resultados Escolares de los niños provenientes de hogares desfavorecidos y marginados, desglosada por género y origen étnico. También se proporciona información sobre las medidas de apoyo y financiación para promover la igualdad de acceso a la educación y los servicios.

Figura 30

Resultados en materia de educación de los niños provenientes de hogares desfavorecidos y marginados, desglosados por género (2015)

Género	Resultados en materia de educación
Nivel 1 del Certificado	Nivel 2 del Certificado	Nivel 3 del Certificado	Total
Hombres	6 048	4 867	2 211	13 126
Mujeres	6 165	5 196	3 017	14 378

Figura 31

Resultados en materia de educación de los niños provenientes de hogares desfavorecidos y marginados, desglosados por etnia (2015)

Etnia	Resultados en materia de educación
Nivel 1 del Certificado	Nivel 2 del Certificado	Nivel 3 del Certificado	Total
Maoríes	2 330	1 798	802	4 930
Pueblos del Pacífico	2 342	1 990	1 088	5 420
Asiáticos	451	418	287	1 156
Pakēhā /europeos	1 196	982	502	2 680

220.El Gobierno no posee datos estadísticos sobre los resultados en materia de educación de los niños provenientes de hogares desfavorecidos y marginados, desglosados por situación de familia.

Apoyo y financiación

221.El Gobierno proporciona subsidios para que todos los niños de 0 a 5 años reciban educación preescolar. Los padres de niños de 3, 4 y 5 años no pagan aranceles por un máximo de hasta 20 horas semanales de educación preescolar. Además, el Gobierno presta asistencia para el pago de los aranceles de educación preescolar a los padres de ingresos bajos y medianos mediante un subsidio para el cuidado de los hijos.

222.Todos los nacionales de Nueva Zelandia tienen derecho a matrícula y educación gratuitas en cualquier escuela pública o escuela asociada kura hourua durante el período que se inicia en el quinto cumpleaños de la persona y concluye el primer día de enero posterior al 19º cumpleaños de la misma. Este derecho está consagrado en la legislación.

223.El Gobierno financia el transporte escolar, como los autobuses escolares, para ayudar a los estudiantes a acceder a la educación pública y financia directamente a las escuelas para que presten apoyo a la mayoría de los niños con necesidades educativas especiales. El Gobierno también presta apoyo adicional mediante financiación, recursos y conocimientos a las escuelas que trabajan con refugiados y migrantes, incluido apoyo para el aprendizaje del inglés para hablantes de otras lenguas.

224.El sistema de financiación de las escuelas tiene por objeto promover la igualdad de acceso. Un componente de la financiación operacional de las escuelas se calcula sobre la base del número de alumnos y una calificación de deciles socioeconómicos para la escuela, que refleja las necesidades de la comunidad de la que provienen sus alumnos. Esto permite al Gobierno prestar apoyo adicional a las comunidades que se enfrentan con los mayores obstáculos para el rendimiento escolar.

225.Se dispone de una amplia gama de medios y mecanismos de financiación para prestar apoyo a los establecimientos de enseñanza secundaria que ofrecen un conjunto diverso de educación general y oportunidades de formación profesional a los estudiantes en sus últimos años. Los estudiantes cuyas necesidades no se adaptan a la enseñanza corriente o que corren el riesgo de fracasar en ese sistema de enseñanza tienen una gama de diferentes opciones, incluidos programas de educación alternativa para estudiantes de 13 a 15 años; las escuelas asociadas kura hourua, o unidades para padres adolescentes atienden a las necesidades de las alumnas embarazadas o los padres jóvenes.

226.Te Aho o Te Kura Pounamu, la enseñanza por correspondencia de Nueva Zelandia, proporciona educación a distancia a estudiantes desde la primera infancia hasta el nivel secundario que no pueden asistir a una escuela para acceder a la educación presencial porque viven en zonas alejadas o inaccesibles, porque se encuentran en el extranjero, porque están de paso, por enfermedad o por otras razones especiales.

227.Aunque la mayoría de los estudiantes pagan una tasa para acceder a la enseñanza terciaria, el Gobierno subvenciona aproximadamente el 71% del costo de la enseñanza terciaria a fin de garantizar el acceso equitativo a esta. Se presta apoyo a los estudiantes para aumentar su acceso a la educación terciaria mediante el Plan de Préstamos para Estudiantes de Nueva Zelandia y el Plan de Subsidios para Estudiantes de Nueva Zelandia.

IV.Buenas prácticas

228.Nueva Zelandia colabora de buena fe con el proceso de recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y los organismos gubernamentales trabajan de consuno para aplicar las recomendaciones, según proceda. En muchos casos, las recomendaciones se adaptan a los objetivos y las prioridades del Gobierno, como lo demuestran diversos ejemplos a lo largo de este informe.

Plan de Acción sobre Derechos Humanos preparado por la Comisión deDerechos Humanos

229.En las anteriores recomendaciones finales se pidió a Nueva Zelandia que siguiera colaborando con la Comisión de Derechos Humanos con miras a la elaboración y aplicación en línea del Plan de Acción sobre Derechos Humanos preparado por la Comisión de Derechos Humanos (http://npa.hrc.co.nz/#/). El Plan de Acción actual establece la aplicación y el seguimiento de las medidas que ha de adoptar el Gobierno para proteger y promover los derechos humanos resultantes de los compromisos contraídos en virtud de su segundo Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014. De las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos 78 se refieren a los derechos comprendidos en el Pacto, y el Gobierno aceptó 71 de estas.

Ley por la que se Modifica la Ley de Derechos Humanos de 2016

230.En las recomendaciones finales anteriores se pidió a Nueva Zelandia que garantizara que se estableciera con carácter permanente la figura de Comisionado de Discapacidad. En 2016 el Parlamento modificó la Ley de Derechos Humanos de 1993 para introducir cambios en la estructura y las funciones de la Comisión de Derechos Humanos. En virtud de la modificación se estableció el cargo de un comisionado encargado de los derechos de las personas con discapacidad. La modificación también otorga a la Comisión mayor flexibilidad para abordar nuevas cuestiones en materia de derechos humanos al permitir al Comisionado Principal de Derechos Humanos establecer nuevas responsabilidades de la cartera.

Grupo de Trabajo sobre Datos y Pruebas de Discapacidad

231.El Comité instó a Nueva Zelandia a reunir datos para vigilar el ejercicio por las personas con discapacidad de los derechos contemplados en el Pacto. En Nueva Zelandia no existe una única política ni una definición operacional de “discapacidad” o que defina a una persona con discapacidad. Esta falta de coherencia ha creado una serie de obstáculos para determinar con certeza si los esfuerzos a fin de garantizar los derechos previstos para estas personas en el Pacto son eficaces. El Gobierno ha establecido el Grupo de Trabajo sobre Datos y Pruebas de Discapacidad a fin de mejorar la reunión de datos e información sobre las personas con discapacidad en Nueva Zelandia.

232.El Grupo de Trabajo sobre Datos y Pruebas de Discapacidad ha elaborado un Plan de Datos y Pruebas de Discapacidad. Ahora se propone que la elaboración del Marco de Resultados de la Estrategia sobre la Discapacidad de Nueva Zelandia y el Plan de Datos y Pruebas de Discapacidad se combine en un único programa de trabajo que habrá de concluir antes de fines de 2017. Esto permitirá a Nueva Zelandia evaluar la eficacia de las medidas en vigor y seguir mejorando la combinación de servicios disponibles para las personas con discapacidad.

Asistencia oficial para el desarrollo

233.El Comité alentó al Gobierno a que aumentara su nivel de contribución a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a fin de alcanzar la meta del 0,7% del ingreso nacional bruto (INB).

234.Entre 2002 y 2009, Nueva Zelandia aumentó progresivamente su consignación presupuestaria a la AOD para incrementar el porcentaje del INB que se asigna a la AOD. Debido a considerables presiones fiscales derivadas de los terremotos en Christchurch, se distribuyeron durante un período más largo nuevos aumentos previstos hasta alcanzar una meta de 600 millones de dólares neozelandeses. Se prevé que la consignación de la AOD llegará a los 660 millones de dólares neozelandeses en 2017-2018. Desde 2009-2010, los aumentos presupuestarios de la consignación para la AOD se han basado en el desempeño y los resultados, y no en la meta del INB asignada a la AOD.

Marco Internacional de Derechos Humanos

235.El Comité recomendó al Estado parte que adoptara medidas tendientes a retirar su reserva al artículo 8 del Pacto. La posición de Nueva Zelandia no ha cambiado desde el período abarcado por el anterior informe. En los párrafos 183 y 184 del segundo informe periódico puede encontrarse más información sobre la reserva de Nueva Zelandia al artículo 8.

236.El Comité alentó al Estado parte a que ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto. Si bien el Gobierno no está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en esta etapa, esto puede revisarse más adelante.

237.El Comité también alentó al Estado a que considerara la posibilidad de firmar y ratificar:

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Nueva Zelandia no está considerando la posibilidad de ratificar esa Convención en esta etapa.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Gobierno examinará a finales de 2017 la posibilidad de ratificar esa Convención con sujeción al proceso de examen del Tratado establecido en el Parlamento.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Gobierno se ha adherido al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad permitiendo así el examen externo del disfrute o el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. El Gobierno inició el proceso tendiente a establecer una posición sobre la firma y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Derecho al saneamiento

238.En las últimas observaciones finales se recomendó que en el presente informe facilitara información sobre los efectos de las medidas adoptadas para garantizar el acceso a servicios de atención integral de la salud y mejores sistemas de alcantarillado entre las comunidades que vivían en zonas rurales y alejadas.

239.En 2002 el Gobierno de Nueva Zelandia estableció un plan de subsidios para alcantarillado a fin de ayudar a las comunidades pequeñas y medianas a mejorar o construir sistemas de tratamiento y eliminación de aguas residuales, en particular en las zonas rurales desfavorecidas. El plan de subsidios para alcantarillado finalizó el 30 de junio de 2013. Se llevaron a cabo 67 proyectos, por un valor total de 135,1 millones de dólares en subsidios. Otros 3 proyectos todavía no han concluido, pues tropezaron con dificultades de consulta y planificación y aún no se han iniciado las obras de construcción. Además, entre 2005 y 2015 funcionó un plan de subsidios para agua potable. Si todos los proyectos aprobados o en curso se completan con éxito, el Gobierno habrá aportado más de 96,5 millones de dólares (con exclusión del impuesto sobre bienes y servicios) para ayudar a las pequeñas comunidades desfavorecidas a mejorar su agua potable. Más de 130.000 personas tendrán un abastecimiento de agua más seguro y estable.