Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quintos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2012

Costa Rica * **

[Fecha de recepción: 24 de octubre de 2014]

Índice

Párrafos Página

I.Introducción 1–213

Metodología14–215

II.Aspectos en relación con las disposiciones generales del Pacto; indicadores y estadísticas22–677

A.Normativa y aplicación judicial 30–338

B.Artículos 1 y 2: libre determinación, igualdad y no discriminación34–519

C.Normativa e institucionalidad a favor de los pueblos indígenas52–6713

III.Derechos económicos, sociales y culturales68–21215

Artículo 6: derecho al trabajo 68–8715

Artículo 7: derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias88–10019

Artículo 8: derecho a sindicalizarse y derecho a huelga10121

Artículo 9: derecho a la seguridad social10221

Artículo 10: derecho a la familia103–11621

Artículo 11: derecho a un nivel de vida adecuado117–14824

Artículo 12: derecho al más alto nivel posible de salud física y mental149–18129

Artículo 13: derecho a la educación182–19439

Artículo 15: derecho a la cultura195–21242

I.Introducción

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó en noviembre de 2007 los informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados de Costa Rica sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/CRI/4) y emitió sus observaciones finales (E/C.12/CRI/CO/4 y Corr.1).

El Comité le estableció a Costa Rica la fecha del 30 de junio de 2012 para que presentara su quinto Informe periódico sobre el Pacto. Para Costa Rica no fue posible presentar el informe en la fecha prevista debido, principalmente, a una ausencia de una plataforma institucional que lo permitiera. Adicionalmente, el país, una vez que se pudo dar inicio al trabajo de recopilación de información para el informe y contando con una nueva plataforma institucional, debió trabajar paralelamente en varios informes ante órganos de tratados, entre ellos el correspondiente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que debía ser presentado en fecha anterior al informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en enero de 2010). Esto es importante mencionarlo en virtud de que el enfoque de las recomendaciones del Comité en mucho es cercano al de las recomendaciones propuestas a Costa Rica por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Además, como se explica en párrafos siguientes, desde el año 2011 en el país se han desarrollado esfuerzos por mejorar las prácticas de elaboración de informes, así como proyectos en la lucha contra la discriminación racial que en una buena medida es el factor que se identifica como una especie de obstáculo en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales para un sector de la población nacional.

El seguimiento que el Estado ha dado a las recomendaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió en 2007 ha sido un proceso paulatino y que ha visto un progreso más sostenido a partir de 2011, con la creación de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Esto es pertinente mencionarlo ya que esta realidad hace que el informe periódico que Costa Rica debía presentar en 2012 sea oportuno presentarlo con esta nueva información en 2014. Entre los años 2007 y 2011 el país generó esfuerzos, como el de elaboración del primer informe nacional sobre el examen periódico universal, que procuraron seguir y mejorar el modelo utilizado para el informe combinado que el Comité conoció en 2007. Sin embargo, la plataforma institucional que se requería para poder contar con una coordinación interinstitucional constante y un trabajo sistemático en el seguimiento de las obligaciones de derechos humanos, no existió hasta la instalación en diciembre de 2011 de la CIIDDHH, sobre lo cual se profundiza más adelante.

Costa Rica quisiera hacer notar que debe actualizar su documento básico común, pero este es un proceso que se debe desarrollar con la plataforma institucional que se ha puesto al efecto. La etapa de elaboración de informes ante órganos de tratados se ha generado como un proceso continuo y ha coincidido con la preparación del segundo informe nacional de Costa Rica para el examen periódico universal. En razón de estas circunstancias, el documento básico común ante los órganos de tratados se actualizará para un momento posterior e idealmente de previo a los diálogos con dichos órganos.

Sin embargo, es pertinente recordar que el informe combinado (segundo, tercero y cuarto) de Costa Rica dio una visión general muy amplia, fundamentada y crítica de la situación del país. Con ello se buscaba generar un marco situacional que ayudara al mejor entendimiento del Comité en el análisis que hiciera del país en adelante. Sin embargo, hay aspectos circunstanciales que el país reconoce que han variado en los seis años que han transcurrido desde su diálogo con el Comité y sobre los cuales hará observaciones cuando sea pertinente en los temas concretos.

Vale la pena mencionar que el anterior informe periódico de Costa Rica y el proceso que lo generó tuvieron un impacto muy significativo para el tratamiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en el país. Fue precisamente la experiencia de elaboración del informe (2004-2006) y diálogo con el Comité en 2007 lo que permitió una mayor consciencia en la institucionalidad nacional, pero en especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para establecer una plataforma que sistemáticamente abordara esta responsabilidad. De hecho una recomendación directa que derivó del Comité Interinstitucional y la Unidad Coordinadora de la elaboración del informe en 2006 fue la de utilizar la plataforma interinstitucional ya creada para continuar con el seguimiento de las obligaciones de derechos humanos. Asimismo, se recomendó a las nuevas autoridades en ese momento que se pudiera trabajar en un sistema de indicadores de derechos humanos, bajo una lógica de construcción con la sociedad civil y así se le hizo una presentación oficial a quien entonces fungía como Vicepresidente de la República y a su vez Ministro de Planificación para introducir dichas ideas.

Es importante tener presente que, como el Comité puede conocer, el cumplimiento de los derechos humanos y los procesos que se lleva incluyen esfuerzos permanentes de concienciación, capacitación y coordinación del aparato estatal. En particular en tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales estos procesos resultan aún más complejos y deben perseguirse por un mediano y hasta largo plazo. Es por ello que, como se verá, el Estado costarricense paralelamente a haber continuado llevando adelante políticas y acciones para dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales, ha concentrado esfuerzos en generar una práctica institucional consecuente y consistente con la comprensión y las obligaciones de derechos humanos.

Por consiguiente, el avance que se ha tenido en los últimos años no todo se refleja en indicadores y estadísticas específicas en lo que atañe al cumplimiento general de los derechos económicos, sociales y culturales. Parte del progreso del país, que ha sido paulatino, se encuentra en los procesos y plataformas que ha venido estableciendo para impulsar un más efectivo cumplimiento de las obligaciones respectivas. Como se verá en las secciones relevantes, Costa Rica al día de hoy cuenta con nuevas e importantes herramientas prácticas para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, adoptadas una mayoría en el 2013. Así, se cuenta con la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia (2014-2025) y su I Plan de Acción, con la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (2013-2030) y su Plan de Acción, con la Política Nacional de Cultura y con la Política Migratoria. Todos estos instrumentos son hitos para el cumplimiento más efectivo y eficaz de las obligaciones derechos humanos.

El reto se encuentra en procurar que los esfuerzos que se desarrolla aceleren la ejecución de medidas y acciones que en la práctica garanticen el goce real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional. Como se desprende de resultados recientes, incluidas las Encuestas de Hogares e índices varios, Costa Rica debe encontrar mecanismos más eficaces para disminuir la desigualdad social, romper con el crecimiento de la inequidad y brindar un acceso más balanceado para todos y todas sus habitantes a condiciones de vida dignas.

Parte de los desafíos encontrados en el proceso anterior de aplicación de las recomendaciones del Comité (que el mismo Estado señaló y que han sido recordados por el Programa Estado de la Nación) incluyen mayor coordinación interinstitucional, mejor utilización de los recursos, optimización de las iniciativas existentes y agilización de las acciones comunes del Estado.

Por ello es que el trabajo que se ha venido generando con la creación en 2011 de la CIIDDHH es de suma importancia y es altamente necesario. La CIIDDHH coadyuva en el camino hacia la intensificación de sinergias institucionales para racionalizar y optimizar esfuerzos y, por tanto, generar una mejor coordinación interinstitucional. Paralelamente, ha sido necesario facilitar el acercamiento y el trabajo más constante y sistemático a través del diálogo con la sociedad civil que también se incluye como parte de las acciones esenciales de la CIIDDHH. Sobre este aspecto se hará referencia en el apartado de Metodología.

Teniendo en cuenta la amplitud y apertura con que se hizo el anterior informe periódico, el contenido del presente informe enfatizará en el seguimiento de las recomendaciones emanadas del Comité en 2007 y dará cuenta somera de algunos puntos altos de avance y desafíos que presenta Costa Rica en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

La estructura de este informe responde en la medida de lo posible a las directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto (E/C.12/2008/2). Con lo anterior en mente, el informe se organiza de la siguiente manera: una primera sección general donde se incluye un apartado de metodología y un acápite sobre aspectos relativos a las disposiciones generales del Pacto. Posteriormente, se encuentra la Sección sobre el Cumplimiento de los Derechos Específicos del Pacto. Es pertinente aclarar que las recomendaciones se irán abordando de acuerdo con la temática en el orden mencionado y no por la numeración de párrafos del documento de las anteriores observaciones finales del Comité.

Metodología

El proceso por medio del cual se han elaborado las respuestas a las recomendaciones del Comité ha sido innovador en el ámbito nacional. La creación de la CIIDDHH ha facilitado una mejor coordinación, más fluida, entre las instituciones estatales, para garantizar la implementación de las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La CIIDDHH se creó en 2011 como órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, con el objeto de coordinar la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones internacionales de derechos humanos, así como coordinar las acciones del país que se lleven a cabo a nivel internacional en materia de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de ellos.

Desde su creación, la CIIDDHH ha sesionado constantemente y sus esfuerzos han sido enfocados particularmente en la elaboración de una Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia. Igualmente, la CIIDDHH se abocó a la elaboración de los informes de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el examen periódico universal. La CIIDDHH sesionó en su primer año (2012) en ocho ocasiones, incluidos dos talleres de trabajo sobre la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia. En 2013 se reunió en nueve ocasiones.

Es importante destacar que el Decreto Ejecutivo por medio del cual se creó la CIIDDHH también establece la creación de una Entidad Permanente de Consulta con la Sociedad Civil, que norma y legitima institucionalmente en el país el necesario diálogo que debe tenerse con la sociedad civil en los procesos de discusión, elaboración de informes, definición de acciones, entre otros aspectos de derechos humanos. Por medio de este nuevo proceso, se ha procurado un mayor intercambio con y retroalimentación desde la sociedad civil. Sin embargo, este es un proceso que seguirá en evolución desde la CIIDDHH y, si bien se han establecido canales y mecanismos de diálogo más constantes y fluidos con la sociedad civil, lo cierto es que aún resta mucho camino por transitar y fórmulas por mejorar.

Esta nueva plataforma institucional facilita el trabajo sistemático de ministerios e instituciones autónomas, así como de la coordinación con los otros Poderes del Estado, bajo la lógica y el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y su compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos. La existencia y consolidación en los años por venir de este andamiaje, que tiene como fundamental contraparte y componente el diálogo y construcción con la sociedad civil, es el mecanismo idóneo para poder llevar adelante una adecuada difusión de las recomendaciones del Comité y de los órganos de derechos humanos en general. La difusión se ha venido dando paulatinamente en los últimos dos años en especial con los procesos que se ha descrito, pero aún debe seguirse trabajando en el establecimiento de sistemas de difusión más amplia y que abarque a sectores de la población más allá de la sociedad civil organizada.

De esa forma, las recomendaciones contenidas en los párrafos 53 y 54 de las anteriores observaciones finales del Comité (relativas a la difusión de las recomendaciones a las entidades estatales y a la sociedad civil), han venido siendo atendidas en los últimos años, pero aún se está en un proceso de consolidación de la plataforma que deberá desarrollar una más efectiva difusión de las recomendaciones. No obstante, se ha logrado una fuerte difusión de las recomendaciones en particular entre funcionarios/funcionarias de las instituciones públicas a través de la CIIDDHH.

Es importante indicar que el objetivo último de todos estos esfuerzos, que incluyen la difusión de las recomendaciones, es generar consciencia sobre la importancia de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta concienciación va más allá de la formalidad del cumplimiento de elaboración de informes periódicos y promueve el establecimiento de medidas que ayuden al país a generar herramientas y procesos para un más efectivo goce de los derechos humanos de sus habitantes. Al respecto, resulta conveniente mencionar que se percibe una mayor receptividad de parte de funcionarias y funcionarios públicos en relación con el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Igualmente, se evidencia una mayor comprensión desde la institucionalidad nacional sobre la directa relación entre los deberes y servicios institucionales y los derechos humanos de todas las personas en Costa Rica. De esa forma, se encuentra que en la última década se ha dado un importante cambio cultural y de mentalidad en la institucionalidad pública costarricense. Si bien aún queda mucho camino por andar para que todo el trabajo del funcionariado público tenga un mayor impacto en el goce de los derechos humanos de todas y todos, el conocimiento, experiencia, comprensión y receptividad de quienes llevan adelante el aparato institucional es un paso en la dirección correcta.

El presente documento se circuló entre organizaciones, asociaciones y representantes de la sociedad civil con el fin de que pudieran conocer su contenido de previo a su presentación al Comité.

II.Aspectos en relación con las disposiciones generales del Pacto; indicadores y estadísticas

Uno de los elementos transversales en cuanto a la información periódica y a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos es el aspecto de los indicadores y estadísticas que el país debe mantener y desarrollar. A este respecto, y habida cuenta de que es uno de los temas sobre los cuales el Comité está interesado, es importante mencionar que en general el país está haciendo significativos esfuerzos para establecer un sistema que refleje mejor las realidades de las poblaciones desde el punto de vista de género, edad, etnicidad y, en general, con una perspectiva de derechos humanos.

En primera instancia, resulta conveniente indicar que el último censo nacional (2011) vio un importante avance en la inclusión de una mayor perspectiva de derechos humanos. El Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos (INEC) realizó ajustes en la metodología censal utilizada en el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, con el propósito de realizar el monitoreo de los avances en el reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes.

De acuerdo con las recomendaciones internacionales emitidas por las Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) así como los tratados internacionales de los que Costa Rica es Parte, especialmente aquellos sobre derechos humanos, se implementó el enfoque de auto-identificación étnica, el cual se refiere al derecho de las personas a auto adscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea según tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad.

La propuesta de boleta censal fue sometida al estudio de un grupo de expertos, conformado por líderes o representantes de agrupaciones indígenas, organizaciones afrodescendientes, chinas y representantes de la Escuela de Antropología, de la Escuela de Estadística, del Centro Centroamericano de Población, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Consecuentemente, las estadísticas que emanan del Censo 2011 incluyen mayor información con perspectiva de derechos humanos por poblaciones, particularmente desde la perspectiva étnica y también desde las personas con discapacidad, comparadas con los datos que surgieron del censo 11 años antes.

Por otra parte, en Costa Rica, tal y como se había referido en el anterior Informe combinado, existe el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible que brinda anualmente una serie de estadísticas compiladas sobre rubros macro en relación con los índices de pobreza del país, la equidad social, el acceso a la educación y al trabajo, condiciones laborales de algunas poblaciones, acceso a la salud y a la seguridad social, acceso a una vivienda digna, entre otros. Además de que los hallazgos del Programa Estado de la Nación alimentan la información disponible para el conocimiento del público en general, cuentan con importante credibilidad por ser difundidas por este programa dirigido por el Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas. Teniendo en cuenta que en su investigación el Programa utiliza datos y estadísticas que producen instituciones públicas y lo hace a través de un mecanismo más sistemático, la información que deriva del Estado de la Nación alimenta en buena medida el análisis para la toma de decisiones y acciones en las políticas públicas.

Gracias a procesos como el que deriva en el Informe Estado de la Nación y otros llevados a cabo por entidades como el INEC, se ha evidenciado que si bien se produce una importante cantidad de datos y estadísticas en Costa Rica sobre una amplia gama de aspectos relacionados con el disfrute a los derechos humanos, la forma de recoger y sistematizar dicha información no es consistente a través de la institucionalidad pública. Una parte de los datos emanan de los sistemas de información que cada Ministerio o institución autónoma ha diseñado individualmente, mientras que otras estadísticas derivan de los censos o encuestas que el INEC lleva adelante como ente rector en la materia, tales como las Encuestas de Hogares y los censos (sea los generales cada diez años o censos especializados como el Censo Agropecuario que se está desarrollando este 2014). Por ello, se ha comprendido que el Estado debe generar mayores y más coordinadas iniciativas para contar con un sistema de indicadores y estadísticas consistente en materia de derechos humanos.

Por esa razón, en el marco de la CIIDDHH se ha acordado que el INEC estará dirigiendo esfuerzos para establecer un sistema transversal e interinstitucional de generación de estadísticas y datos para contar con indicadores con perspectiva de derechos humanos. Con ese propósito, tal y como se desprende del I Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia (documentos que se anexa), se está dando inicio con el proceso de levantamiento de indicadores de derechos humanos para pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones de migrantes y refugiados.

A.Normativa y aplicación judicial

Seguimiento del párrafo 32 de las observaciones finales

Costa Rica cuenta con una fuerte estructura jurídica e institucional donde los derechos económicos, sociales y culturales se contienen en amplias disposiciones en la Constitución Pública, incluyendo normas acerca del bienestar general de sus habitantes, el derecho a un ambiente sano, la protección de la familia, la protección de la diversidad lingüística, el derecho a un trabajo digno, así como los derechos a la salud, a la educación y a la cultura, entre otras.

El artículo 7 de la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados por Costa Rica tienen una jerarquía superior a sus leyes. No obstante, la Sala Constitucional ha establecido que en la medida en que beneficien más a las personas u otorguen una mayor protección a sus derechos humanos, los convenios o tratados en esta materia tienen rango superior incluso a la propia Constitución Política. Esta jerarquía jurídica excepcional, implica que cualquier norma o práctica que se les oponga queda automáticamente sin efecto desde el momento de su entrada en vigor; que cualquier norma o medida posterior contraria a sus disposiciones sea absolutamente nula; y que es posible usar todos los recursos judiciales y administrativos disponibles para reparar violaciones a las disposiciones de instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Es precisamente en el marco de esa lógica que en el país todos los tratados internacionales de derechos humanos pueden ser invocados de manera directa y consecuentemente su aplicación también es directa en el ordenamiento jurídico nacional. Ese es precisamente el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (corte constitucional del país que conoce sobre eventuales violaciones de derechos humanos) se identifica constantemente la aplicación del Pacto de manera directa en el ordenamiento jurídico nacional.

Justamente Costa Rica se ha destacado frente a otros países por tener un sistema abierto a los tratados internacionales de derechos humanos donde al Estado directamente se le puede responsabilizar en las instancias judiciales nacionales (especialmente a través de la figura del recurso de amparo que resuelve la Sala Constitucional) por su eventual incumplimiento de los derechos contenidos, por ejemplo en el caso particular del Pacto. En esa línea de pensamiento es claro que Costa Rica ha instalado un sistema de acceso judicial adecuado y particularmente fuerte para los derechos económicos, sociales y culturales.

B.Artículos 1 y 2: libre determinación, igualdad y no discriminación

Esfuerzos contra la discriminación racial (recomendaciones 33 a 36 del Comité)

Como se mencionó, una parte significativa de los esfuerzos de la CIIDDHH se ha dedicado a la elaboración de informes, así como al proceso para construir una Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia. En particular el proceso de construcción de la Política ha permitido dar pasos importantes a lo interno de la institucionalidad nacional para comprender mejor y abordar mediante formas más adecuadas el tema de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia en el país. Desde luego que es un trabajo inacabado, pero se han tomado pasos importantes que permitirán avances mayores, más certeros y reales en este ámbito en el futuro del país.

También a través del proceso de construcción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo se ha logrado tener bases significativas para la elaboración de dos informes en particular: el relativo a la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el presente informe .

Precisamente el tema de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia es el que más se ha trabajado en los dos primeros años de existencia de la CIIDDHH. De esa manera, se ha generado un proceso de concienciación y sensibilización en las instituciones públicas, que empieza a derivar en una comprensión de mayor amplitud sobre la necesidad de políticas institucionales y acciones con enfoques particularizados hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes y refugiados.

Adicionalmente, una importante proporción de los esfuerzos institucionales desarrollados en los últimos años en Ministerios e instituciones autónomas se han enfocado en el trabajo con pueblos indígenas, afrodescendientes y personas migrantes y refugiadas. Como se verá en las informaciones sobre las acciones en relación con los derechos específicos del Pacto, instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la Dirección de Migración (DGME) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos han estado trabajando y dialogando con una o todas las poblaciones de referencia en diversos niveles .

En general, si bien no se puede afirmar que las instituciones del Estado cuentan con políticas institucionales amplias con enfoques diferenciados para estas poblaciones, es posible observar que hay grandes y diversos esfuerzos, algunos órganos específicos y programas concretos que velan principalmente por algunas comunidades indígenas y por sectores de migrantes y refugiados. Con la Política Nacional, sobre la cual se ha hecho referencia, se está procurando avanzar en un mejor abordaje a las tres poblaciones, incluyendo a las y los afrodescendientes, con esfuerzos integrados, construidos con las personas beneficiarias, que trasciendan los gobiernos y las acciones aisladas y sean una Política de Estado. Aún más, por lo que se propugna es por visibilizar a las poblaciones y, especialmente en lo que atañe a pueblos indígenas y afrodescendientes, evidenciar que frente al pasado, donde no han sido incluidos en las políticas institucionales de largo plazo, ahora es el tiempo de generar acciones institucionales dirigidas, con comprensión de las particularidades y atendiendo eficazmente a las personas, apegado el Estado a las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Un aspecto que es pertinente destacar en el contexto de los derechos humanos de los grupos étnicos es que en los procesos de diálogo con la sociedad civil, se ha tenido una interacción más abierta y amplia con pueblos indígenas y afrodescendientes, así como con sectores de interés de poblaciones de migrantes y refugiados. Esto es muy relevante para todos los informes de derechos humanos, pero en particular en lo que hace a los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente teniendo en cuenta que una proporción importante de los desafíos del país en relación con el goce de estos derechos, tanto identificados institucionalmente como por el Comité, impactan en las poblaciones de referencia.

En el marco del proceso de elaboración de la Política para una Sociedad Libre de Racismo, se ha venido desarrollando una importante dinámica de diálogo e intercambio con la sociedad civil. Entre mayo y diciembre de 2012 se llevaron a cabo 6 talleres regionales con indígenas, afrodescendientes y representantes y asociaciones de migrantes y refugiados y un taller participativo nacional, además de otras dinámicas de intercambio informales con individuos y grupos más pequeños. Estos talleres con sociedad civil y los diversos espacios de diálogo son la base para la recopilación de insumos con los cuales la CIIDDHH trabajó durante el primer semestre de 2013 en la elaboración y consolidación del borrador de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

Uno de los aspectos clave del proceso de recopilación de insumos, comprensión de visiones y construcción en la elaboración de la Política mencionada durante 2012, fue el importante aporte de los grupos e individuos de la sociedad civil (especialmente indígenas y afrodescendientes) en cuanto a comprender que la metodología del proceso debía mejorarse e idealmente redireccionarse por parte del Estado. Sobre la base de esas observaciones y comentarios durante los primeros meses de 2013, el Estado, a través de la CIIDDHH, se abocó a reorientar el proceso, tomándolo de manera firme desde las propias instituciones miembros de la Comisión.

En la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, documento anexo, se contiene una explicación más detallada del proceso y las acciones que tomó la CIIDDHH. Por lo pronto, vale la pena indicar que como resultado de las reflexiones y esfuerzos de la CIIDDHH y la Subcomisión que creó al efecto, en el primer semestre de 2013 se procuró generar nuevamente intercambios y facilitar mecanismos de participación diversos con el fin de atender de la mejor manera posible las solicitudes, inquietudes e intereses de la sociedad civil en el proceso de la Política. En el periodo mencionado se continuó con la participación de la sociedad civil, utilizando diferentes metodologías para contar con un documento para el direccionamiento del accionar del Estado, pero que tome en cuenta los intereses y preocupaciones de quienes son sujetos de derechos y eventuales víctimas del racismo y discriminación racial.

A Costa Rica le parece fundamental que el Comité conozca tanto la Política Nacional y su I Plan de Acción ya adoptados por el Estado, como el proceso que ha desarrollado en el seno de la Comisión Interinstitucional en relación con la construcción de dicha Política. Como se desprende de los párrafos que preceden, la Política Nacional es el primer marco jurídico-político en la institucionalidad costarricense que reconoce los desafíos y define las acciones que se debe tomar con el fin de generar mejores prácticas de goce de los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y personas migrantes y refugiadas. Consecuentemente, los desafíos que quedan por delante en materia de derechos económicos sociales y culturales de personas indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas, y sobre lo cual el Comité ha generado varias recomendaciones al país, se están empezando a abordar de manera más sistemática y desde el reconocimiento honesto del Estado, con la existencia de la Política desde enero de 2014.

Si bien en los últimos años ha habido importantes esfuerzos en particular en relación con pueblos indígenas en cuanto a acceso a la vivienda adecuada, a servicios de salud y a la educación, sobre lo cual se detalla en los apartados específicos, con la Política estos esfuerzos serán más sistemáticos y tendrán carácter permanente. Pero, lo que es aún más importante, serán acciones que el Estado debe tomar respetando el derecho a la consulta con estos pueblos.

Por otra parte, y solo a manera de ejemplo somero, cabe indicar que el Estado desde 2010, con la entrada en vigencia de la Ley de Migración 8764, adoptó una lógica contundente de derechos humanos en relación con el trato de personas migrantes y refugiadas en el país. De esa forma, estableció un mecanismo, que se ha estado evaluando en los años de vigencia, para el acceso más efectivo a la seguridad social por parte de personas migrantes. Adicionalmente, entre otros aspectos importantes, en el Consejo Nacional de Migración la sociedad civil organizada de personas migrantes y refugiadas tiene representación directa, con voz y voto. En ese marco en 2013 se adoptó la primera Política Migratoria de Costa Rica.

Ahora bien, en lo que hace a la recomendación del Comitécontenida en el párrafo 35de sus anteriores observaciones finales, es importante indicar que forma parte de las acciones que el Estado debe tomar de acuerdo con el I Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia. Como es evidente, la recomendación es una de muy amplio alcance, donde se incluye la necesidad de acciones en cuanto al derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al trabajo y derecho a la educación para pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la salud para pueblos indígenas.

Al respecto, se remite al I Plan de Acción, anexo, donde se contiene un número importante de acciones relacionadas con el fin de abordar las metas que plantea la recomendación de referencia del Comité. Solamente a manera de ilustración, las acciones contenidas en el Subeje 2 (agua potable, saneamiento, electricidad, comunicaciones, telefonía) del Eje VI (Derecho a un nivel de vida adecuado) del Plan de Acción incluyen el diseño y ejecución de planes y proyectos integrados procurando una aplicación holística e interinstitucional del derecho a un nivel de vida adecuado. De esa manera, el Plan de Acción, se divide en siete ejes, siguiendo el enfoque de derechos humanos: Eje I Fortalecimiento Institucional, Eje II Derechos Civiles y Políticos, Eje III Derecho a la Educación y a la Cultura, Eje IV Derecho a la Salud y Seguridad Social, Eje V Derecho al Trabajo y Derechos Económicos, Eje VI Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y Eje VII Derecho a un Medioambiente de Calidad y a la Territorialidad. Valga indicar que el enfoque de derechos humanos se conjugó con la perspectiva de los grupos en relación con los derechos y por eso se incluyó el derecho a la territorialidad junto con el de un medioambiente de calidad.

En cuanto a la recomendación recogida en el párrafo 36 de las observaciones finales del Comité, relativa a la participación de “minorías” en altos cargos públicos, el Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo también recoge acciones estratégicas con el fin de generar mecanismos para facilitar el empoderamiento de las poblaciones meta. De esa manera, en el subeje 3 “Participación Ciudadana”, contenido en el Eje II del Plan de Acción se incluye el diseño de mecanismos para la efectiva y permanente participación de pueblos indígenas y afrodescendiente, así como medidas para fomentar las capacidades en la participación para la toma de decisiones de estas poblaciones.

Tipificación del delito de racismo: El Comité en su recomendación contenida en el párrafo 33 indica que “se tipifique la discriminación racial como un delito específico y se sancione conformemente a la gravedad del delito”.

Actualmente, en Costa Rica no existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que busque la tipificación de las conductas delictivas señaladas en el artículo 4 de la Convención. Sin embargo, dentro del Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se ha identificado que una de las acciones específicas que debe ejecutar el Estado es “1.2. Formular un proyecto de ley para la tipificación del racismo como delito y para las sanciones de la discriminación racial en los diferentes niveles.”

Con este accionar, el Estado costarricense pretende darle cumplimiento tanto a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como a la equivalente del Comité para la Eliminación de la Discriminación RAcial, sobre la tipificación de los delitos contenidos en el artículo 4 de dicha Convención.

C.Normativa e institucionalidad a favor de los pueblos indígenas

Seguimiento del párrafo 34 de las observaciones finales

El Comité recomienda que “el Estado Parte adopte todas las medidas apropiadas para que los intereses de todas las comunidades indígenas estén plenamente representados en el órgano directivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y que esta institución reciba del Estado el apoyo financiero e institucional necesario para su funcionamiento.”

En relación con este tema es importante indicar al Comité que a partir de 2011 el país ha experimentado una intensificación en el análisis, acercamiento y diálogo con los pueblos indígenas en razón de diversas situaciones. Una de estas situaciones ha sido la visita del Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas en abril de 2011.

Ante las consultas del Relator sobre lo que estaba aconteciendo en Costa Rica en relación con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y su impacto en los territorios indígenas de la región, el país decidió extender una invitación directa al Relator para que visitara Costa Rica y constatara in situ la situación de los pueblos indígenas del área frente al PHED. Las recomendaciones del Relator fueron aceptadas por el Estado costarricense, entre las que se encontraba observaciones sobre un proceso mejorado para la consulta a los pueblos sobre el desarrollo del PHED, aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, recuperación de tierras indígenas y gobierno y representación de los pueblos indígenas. Esta última recomendación es la que se relaciona con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

Costa Rica expresó ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2011 la voluntad de buscar caminos de diálogo con las poblaciones indígenas para poder abordar aspectos de gran relevancia para estos pueblos. Es importante destacar lo anterior, pues establecer un ambiente de confianza que permita procesos adecuados de consulta y de construcción con los pueblos indígenas es uno de los aspectos fundamentales en los que el Estado se ha abocado a trabajar conjuntamente con estos pueblos.

Desde la visita del Relator Especial, sobre la base del seguimiento que se ha venido llevando adelante desde esa visita por Naciones Unidas y también teniendo en cuenta que se impulsó un procedimiento de alerta temprana en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el país se ha venido generando un proceso de intercambios y conocimiento más próximo entre el Estado y los Pueblos Indígenas. De hecho, en este momento existe instaurada una Mesa de Diálogo entre varios representantes de los pueblos indígenas, especialmente del sur de Costa Rica, y representantes del Gobierno, liderados por la Presidencia de la República y bajo la coordinación del Ministro de Bienestar Social.

Esta Mesa de Diálogo muy afortunadamente está siendo acompañada, en su calidad de observadores y garantes del proceso, por el Sistema de Naciones Unidas y por las Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Ambos actores son imparciales y generan una mayor confianza en el proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas.

El proceso entre representantes indígenas del sur del país y el Gobierno, cuyos principales esfuerzos se concentran ahora en la Mesa de Diálogo, surgió a partir de las preocupaciones generadas y el seguimiento dado por el Relator Especial y el sistema de las Naciones Unidas como un todo, a raíz del PHED. Sin embargo, sus implicaciones trascienden en mucho ese proyecto y su consulta. Por consiguiente, la agenda de diálogo ha pasado a abordar también, por acuerdo entre las partes, aspectos más estructurales y preocupaciones más generales que las surgidas a raíz del proyecto hidroeléctrico.

En la Mesa de Diálogo se ha abordado las preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con sus derechos, principalmente en lo que respecta a sus propias formas de Gobierno y la representatividad indígena y encontrar caminos para solucionar las problemáticas que surgen de la falta de una legislación respetuosa de las formas de gobierno indígena.

El diálogo abierto que existe actualmente busca no solamente resolver dificultades históricas del abordaje estatal hacia los pueblos indígenas, sino también establecer caminos que generen alguna fórmula para normar o reglamentar el derecho a la consulta previa, que, como tal, aún no está reglamentado en Costa Rica. En el mes de mayo de 2013 se realizaron varias reuniones con y capacitaciones a autoridades de Gobierno y funcionarios públicos, expertos independientes, Diputados, sociedad civil, con la participación de expertos internacionales y el apoyo de Naciones Unidas sobre este tema.

El Estado tiene a su haber una serie de normas de protección de los derechos indígenas entre las que está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989, la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento, pero reconoce que la existencia de un marco jurídico no es suficiente para la debida protección de los derechos indígenas, si ese marco no está acompañado de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado se ha obligado.

La existencia de la CONAI es uno de los mecanismos que el Estado estableció en la década de 1970 con el fin de procurar medidas para el bienestar de los pueblos indígenas. Su ley de creación la establece como una institución de derecho público conformada por una diversidad de órganos públicos y representantes de diferentes comunidades indígenas. Si bien parte de sus objetivos son institucionales o públicos, lo cierto es que uno de sus propósitos fundamentales es velar por que los intereses indígenas sean claramente considerados por las instituciones públicas y se lleve beneficio a los territorios y comunidades indígenas.

En consonancia con la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recomendaciones relacionadas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, así como por las preocupaciones que los propios pueblos indígenas han externado, se ha podido llegar a la conclusión de que la CONAI carece de efectividad en su trabajo.

De esa forma, el ente contralor costarricense que evalúa si las instituciones públicas cumplen con sus mandatos legales, principalmente desde el punto de vista administrativo y financiero, ha examinado el caso de la CONAI. En diciembre de 2011, la Contraloría General de la República emitió el Informe N° DFOE-PG-IF-11-2011 por medio del cual se analiza la actividad sustantiva y gestión financiera de la CONAI.

En este informe, el ente contralor concluyó que la relación entre el Estado y la CONAI no ha sido conducente a la creación de políticas públicas que aborden sustantivamente la problemática indígena. Esto ha sido producto de una falta de voluntad política de las distintas administraciones del Estado, las cuales han omitido referencias a los pueblos indígenas en sus diversos planes de desarrollo o no le han dado estabilidad a la rectoría del sector social, lo que le dificulta a la CONAI mantener canales de comunicación permanentemente abiertos.

Asimismo, la normativa interna de la CONAI no permite que la institución cuente con una misión y visión que refleje su trabajo a largo plazo, pues las mismas son modificadas cada dos años, al igual que su Junta Directiva. Igualmente, en el examen realizado por la Contraloría, quedó evidenciado que la CONAI no ha realizado las gestiones pertinentes para que el Estado se aboque a la emisión de políticas públicas dirigidas a las poblaciones indígenas.

El ente contralor concluyó que “hay claridad en las necesidades de las comunidades indígenas, lo que no se ha logrado es claridad en la CONAI para la búsqueda de los medios de coordinación necesarios entre las instituciones y las diferentes Asociaciones de Desarrollo que permitan una mejora en la calidad de vida de tales comunidades” (pág. 9).

Entre las obligaciones que se establece al Estado en la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se encuentra la reflexión y discusión en las instituciones y en consulta con los pueblos indígenas para identificar la mejor estrategia para superar la inoperancia e ineficacia de la CONAI. En este sentido, se debe encontrar un mecanismo permanente que no solamente facilite la representación de los pueblos indígenas sino también que pueda operar y ejecutar acciones que respondan a las necesidades e intereses concretos de los pueblos indígenas y aborden con el enfoque que se requiere los derechos de los pueblos indígenas.

III.Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 6: derecho al trabajo

Seguimiento del párrafo 37 de las observaciones finales

El Comité “recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para fomentar eficazmente una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y para garantizar la igualdad de las condiciones de trabajo, lo que incluye cobrar el mismo salario por el mismo trabajo.”

En los últimos años, se ha dado un marcado aumento en las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral. En 1980, el porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo con respecto a la población femenina era de solo 17,2% y 32 años después ha alcanzado a ser un 45,2%. Sin embargo, esto ha ido acompañado de tensiones y desequilibrios. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 la tasa neta de participación de las mujeres disminuyó en un 0,5%. No debe olvidarse que aunque las mujeres en el 2012 representan una proporción ligeramente mayor de la población (51,0%), representan solamente el 38,8% de la fuerza de trabajo y el 37,8% de las personas ocupadas.

Cuadro 1

Tasa neta de participación 2010-2012

Sexo	2010	2011	2012
Total	59 , 1	60 , 7	60 , 1
Hombres	75 , 9	76 , 8	76 , 0
Mujeres	43 , 5	45 , 7	45 , 2

Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2012 .

En el 2012 existen 759.953 mujeres ocupadas en el mercado laboral costarricense y 1.252.302 hombres. Las mujeres se desempeñan en actividades de servicios, especialmente en comercio, servicio doméstico, enseñanza e industria, y los hombres se ocupan en actividades de agricultura, comercio e industria.

Si se considera el subempleo por insuficiencia de horas, este afecta en mayor medida a las mujeres. En el 2011 136.340 mujeres que deseaban trabajar más horas y estaban disponibles para hacerlo, no lograron hacerlo; lo cual las coloca en una situación más desventajosa en su incorporación al mercado laboral.

En valores relativos, en el 2011 el 18,1% de las mujeres son afectadas por esta condición y un 10,6% de los hombres; ambos presentan incrementos en el porcentaje de ocupados con subempleo por horas trabajadas al comparar con el 2010, sin embargo la mayor afectación la presentan las mujeres.

A su vez, en ocupaciones relacionadas con la producción artesanal, construcción, mecánica, artes gráficas y manufacturas, las mujeres presentan una afectación de un 46,4% de subempleo por insuficiencia de horas. Por posición en el empleo, son las mujeres que laborar como cuenta propia las más afectadas en un 39,7%.

El siguiente cuadro muestra la brecha de ingresos para las principales ramas de actividad en que se insertaron las mujeres en el año 2011. En promedio, las brechas más altas se dan en comercio, donde los hombres perciben ingresos superiores al 42% en comparación con los de las mujeres; le siguen industria con 36% y hogares privados con servicio doméstico con 8%.

Cuadro 2

Ingreso promedio de las personas ocupadas por horas trabajadas semanalmente, según sexo y rama de actividad, 2011 (cifras en colones)

Rama de actividad en el empleo principal	Horas trabajadas por semana
Menos de 30 horas	30 a 39 horas	40 a 46 horas	47 o más horas	Total
Total	Hombre Mujer Brecha 1	193 . 505 , 9 131 . 506 , 6 32	310 . 040 , 5 320 . 885 , 5 -3	508 . 884 , 6 527 . 210 , 4 -4	419 . 435 , 0 391 . 938 , 2 7	401 . 663 , 9 346 . 039 , 6 14
Comercio	Hombre Mujer Brecha 1	150 . 140 , 7 102 . 866 , 9 32	316 . 509 , 7 257 . 331 , 8 19	411 . 906 , 5 341 . 594 , 1 17	430 . 455 , 3 286 . 667 , 9 33	392 . 064 , 6 229 . 343 , 8 42
Hogares privados con servicio doméstico	Hombre Mujer Brecha 1	79 . 241 , 0 73 . 109 , 5 8	111 . 178 , 9 137 . 790 , 8 -24	230 . 624 , 3 172 . 126 , 7 25	195 . 869 , 8 194 . 626 , 5 1	142 . 427 , 4 131 . 204 , 7 8
Enseñanza	Hombre Mujer Brecha 1	362 . 412 , 2 371 . 410 , 2 -3	627 . 491 , 0 571 . 829 , 8 9	733 . 306 , 3 672 . 359 , 7 8	574 . 185 , 6 639 . 968 , 5 1	601 . 720 , 3 599 . 279 , 6 0
Industria	Hombre Mujer Brecha 1	473 . 193 , 9 69 . 049 , 5 85	204 . 027 , 1 152 . 928 , 2 25	394 . 229 , 9 351 . 206 , 8 11	396 . 767 , 9 347 . 314 , 5 13	392 . 021 , 0 249 . 781 , 1 36

1 La brecha se calcula con la unidad menos el cociente de los ingresos de las mujeres sobre los ingresos de los hombres.

Fuente : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo, Observatorio del Mercado Laboral, con base en la Encuesta Nacional de Hogares, Julio 2011 .

Según el cuadro anterior, en industria, la brecha es mayor si se trabajan menos de 30 horas. Conforme aumenta el número de horas trabajadas la brecha disminuye. En comercio, la brecha es menor en jornadas de 30 a 39 y de 40 a 46 horas trabajadas (19 y 17% respectivamente). En los rangos extremos de las jornadas laborales (de menos de 30 trabajadas y de 47 horas o más) las brechas salariales se mantienen en poco más del 30%. En hogares con servicio doméstico en jornadas de 30 a 39 horas las mujeres ganan un 24% más que los hombres.

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha centrado sus esfuerzos en vigilar porque se respete la legislación laboral, en especial la relativa a los derechos económicos de las personas. En ese sentido, las Autoridades continúan orientando los esfuerzos hacia la promoción del empleo y la igualdad de oportunidades entre la población, con el fin de ir disminuyendo este tipo de inequidades y desigualdades en el mercado laboral.

Adicionalmente, es importante mencionar que el 10 de mayo de 2013 se presentó el Plan de Trabajo Público-Privado EMPLEATE 2013 a representantes de unas 20 empresas que se han aliado con esta estrategia público-privada. La presentación la hizo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Olman Segura Bonilla, en compañía del Director Adjunto de la Oficina Subregional de la OIT, Leonardo Ferreira y la Señora Silvia Lara, Directora Ejecutiva de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo AED.

El plan de trabajo contiene 6 ejes en donde cada una de las empresas y organizaciones aliadas han identificado áreas de trabajo que tendrán como principal objetivo mejorar la calidad de vida de miles de familias, a través de la promoción del empleo decente para las y los jóvenes beneficiarios. Estas áreas son: capacitación, voluntariado, visitas empresariales, participación en eventos masivos EMPLEATE, inserción laboral y comunicación.

Mediante el Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género (SIGEG), el INAMU ha venido impulsando el ingreso de las mujeres al mercado laboral, pero también al mejoramiento de la calidad de su empleo, en aspectos relacionados con la igualdad salarial, corresponsabilidad social, familiar y laboral, la salud integral (que incluye la salud sexual y la salud reproductiva), la contratación y selección de personal, entre otros. Con este modelo se han certificado dos grandes empresas (Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Scotiabank). No obstante, desde el 2011 el SIGEG se vienen reestructurando y no se aplica como tal, se espera que a partir del 2014 vuelva a operar.

También se ha venido trabajando en un proceso de intermediación de Empleo, mediante el cual se pretende permear el Sistema de Intermediación de Empleo con la perspectiva de género. Participan instituciones tales como municipios, MTSS, INA en coordinación con el INAMU. Se espera generar condiciones en las oficinas de empleo para que con más consciencia, mayor orientación e instrumentos, gestionen una mayor colocación de mujeres en puestos de trabajo.

Desde el 2012 se conformó una Mesa de Igualdad de Género en el sector empresarial, que tiene como propósito principal sentar las bases para trabajar la no discriminación y la promoción de las mujeres al mercado laboral y a un empleo digno. El año pasado alrededor de ocho empresas participaron en este proceso y en el 2013 están participando seis.

En el campo del fomento y apoyo a la empresariedad de las mujeres, en 2012 se llevaron adelante coordinaciones entre el INAMU y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el reconocimiento de la microempresa como un estadío más del desarrollo económico del país, en el cual hay un altísimo porcentaje de mujeres ejerciendo liderazgo. El objetivo es contar para finales del año 2016, con políticas y programas orientados a la microempresa, transversalizados con el enfoque de género. El marco de este trabajo es el Modelo Integral de Fortalecimiento al Emprendedurismo y la Empresariedad para la Autonomía Económica de las Mujeres en Costa Rica, como mecanismo de política pública que recopila la experiencia construida colectivamente con mujeres emprendedoras y empresarias para establecer un lineamiento que permita abordar el tema del autoempleo y la generación de ingresos por cuenta propia. Este constituye un mecanismo para el fomento e impulso de la autonomía económica de las mujeres, objetivo que persigue, entre otros la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) impulsada por el INAMU.

Además, se está construyendo un Sistema de Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales aplicables a micro y pequeñas empresas, cuyo propósito es reconocer a las micro y pequeñas empresas que apliquen buenas prácticas laborales, tomando en cuenta que estas unidades productivas agrupan el 90% de la población ocupada del país. Para el 2014 se pondrá en marcha un proyecto piloto con varias empresas.

En el ámbito rural, el INAMU impulsa el fomento de las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, como una esfera privilegiada donde las mujeres pueden insertarse satisfactoriamente en la economía local, articulando y facilitando el acceso de los servicios de apoyo a la MIPYME y a los recursos productivos. Es así como en el marco del Proyecto “€mprende: Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica”, financiado por la Unión Europea, el INAMU junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, trabajan para mejorar los niveles de desarrollo de las microempresas de mujeres en el ámbito rural, fortaleciéndolas, acompañándolas y capacitándolas para su exitosa inserción en los mercados locales y competitivos. Este proyecto está iniciando y se espera que para finales del 2016 se cuente con una política nacional de apoyo a la Mipyme de mujeres con un mejor acceso a los recursos productivos desde el nivel local.

En el marco del impulso de derechos económicos de las mujeres se desarrollan en las diversas regiones del país anualmente ferias de empleabilidad, ferias de empresariedad, y ruedas de negocios para impulsar las iniciativas de producción económica de las mujeres.

Seguimiento del párrafo 39 de las observaciones finales

“El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para reducir el desempleo de las personas y de los grupos marginados y desfavorecidos, adoptando medidas específicas como las siguientes: velar porque los tribunales, los gobiernos locales y las oficinas de trabajo apliquen estrictamente la legislación contra la discriminación; aprobar y aplicar en la práctica disposiciones jurídicas que obliguen a tener una repartición étnica equilibrada del personal en los sectores públicos y privado; y  mejorar la capacidad profesional y la oferta de empleo sostenible en las zonas alejadas donde vive la población indígena.”

El MTSS organizó un Taller sobre Derechos Humanos denominado “Acciones Institucionales en materia de discriminación racial”, el día 04 de diciembre de 2012. Dicha actividad se dirigió a funcionarios internos del MTSS con el fin de sensibilizar y divulgar aspectos relevantes sobre la participación del Ministerio dentro de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo relativo a la construcción de una Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

Se contó con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuto, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

El objeto del Taller fue divulgar el proceso de definición de acciones institucionales dirigidas a la población indígena, afrodescendiente y migrante, que ha liderado el Departamento de Asuntos Internacional del Trabajo, a funcionarios de esta cartera (en su mayoría a inspectores de trabajo de Oficinas Regionales), en aras de integrar estas metas dentro del quehacer institucional ordinario.

Artículo 7: derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

Una pieza fundamental en el esfuerzo por alcanzar condiciones de trabajo equitativas, ha sido la Campaña Nacional de Cumplimiento de los Salarios Mínimos (CNSM), la cual ha utilizado el diálogo, la asesoría, la divulgación de información y la inspección directa a las empresas, buscando impactar positivamente sobre los ingresos de las personas trabajadoras, en especial las de menor nivel de calificación.

Los datos que arrojan la CNSM y las encuestas de hogares resultan alentadoras, no solo porque permiten determinar que sí ha logrado una reducción del incumplimiento de pago del salario mínimo entre los trabajadores asalariados de la empresa privada, sino también porque comprueban que la acción inspectiva con fines preventivos sí funciona.

Debe señalarse también que para facilitar la acción inspectora desde mediados de 2010, se puso en funcionamiento el Sistema Electrónico de Casos (SEC) de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, el cual permite al inspector acceder en tiempo real y en cualquier lugar del país a los expedientes electrónicos de cada una de las empresas visitadas y de las personas afectadas por violación a sus derechos.

Además es importante reconocer que se ha tratado de un trabajo conjunto con la CCSS que ha puesto a disposición del MTSS importante información proveniente del Sistema Centralizado de Recolección (SICERE). Esto ha sido fundamental para identificar a patronos incumplidores, así como para instrumentalizar el nuevo proceso de inspección documental, que permite al inspector de trabajo verificar el pago de salarios mínimos y el cumplimiento de otros derechos a través de la revisión de planillas de seguro social, seguro de riesgos de trabajo, planillas internas y otros documentos de las empresas bajo investigación.

Desde el año 2010 que inició la CNSM, las actividades económicas más inspeccionadas han sido comercio y reparación, hoteles y restaurantes. Se han realizado 11.655 primeras visitas y 6.344 visitas de revisión a establecimientos en estas dos ramas.

En su recomendación número 38, el Comité “recomienda que el Estado parte adopte medidas eficaces para mejorar la situación de los trabajadores domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Pacto.”

Tanto a nivel nacional como internacional, ha habido un reconocimiento cada vez mayor del valor económico y social del trabajo doméstico y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores que se dedican a esta actividad.

Un avance significativo en Costa Rica se dio durante el año 2009 con ocasión de la aprobación y promulgación de la Ley número 8726, que reformó el Capítulo Octavo del Título Segundo del Código de Trabajo. Esa modificación legislativa vino a equiparar los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas con los derechos de los demás trabajadores y mejoró sus condiciones laborales. Así la limitación de la jornada diaria y semanal, el derecho a un descanso semanal y a los feriados son los mismos que los prescritos para el resto de la fuerza laborar nacional, además de que se estableció expresamente como edad mínima para el trabajo doméstico la edad de quince años, lo que permite erradicar el trabajo infantil en esa actividad, conforme lo disponen los Convenios 138 y 182 de la OIT, ratificados por Costa Rica.

En junio de 2011, se realizó la 100ª Reunión de la Conferencia de la OIT, en la cual se adoptaron normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras domésticas en el mundo, específicamente el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Las nuevas disposiciones de la OIT establecen que los trabajadores domésticos podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo el número de horas de trabajo y cuánto se supone que deben trabajar, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, cuándo y de qué manera recibirán su salario y un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, el Convenio estipula medidas especiales para hacer frente a las vulnerabilidades de grupos específicos de trabajadores domésticos, a saber: los trabajadores jóvenes, los trabajadores domésticos que residen en el hogar y los trabajadores domésticos migrantes.

Los Estados también deberán tomar medidas dirigidas a ofrecer una protección mínima en relación a la seguridad social, incluyendo los beneficios de maternidad, en condiciones no menos favorables que las aplicables a las otras categorías de trabajadores. El Convenio reconoce además el contexto específico en el que se realiza el trabajo doméstico, sea el hogar del empleador e impone un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a la protección y el derecho de los miembros del hogar al respeto de su vida privada.

De conformidad con los procedimientos establecidos por la OIT, todos los Estados Miembros tienen la obligación de someter los instrumentos internacionales adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo ante las autoridades nacionales competentes, a efecto de que la analicen en el marco de la realidad nacional, y eventualmente la aprueben como ley nacional.

Consecuentemente, el MTSS procedió en tiempo y forma a presentar el proyecto de aprobación del Convenio ante la Asamblea Legislativa, dentro de los términos apuntados, acompañado de una declaración en que se expresaron los puntos de vista del Gobierno acerca del curso que debiera darse al texto en cuestión, y habiendo realizado preliminarmente el trámite de consultas a las Instituciones competentes y a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores, en consonancia con lo dispuesto el Convenio N° 144 sobre la consulta tripartita.

En el mes de octubre de 2013, se firmó la Ley que da vida al Convenio 189 de la OIT, incorporándolo al ordenamiento jurídico nacional.

Artículo 8: derecho a sindicalizarse y derecho a huelga

En su recomendación número 41, el Comité “insta al Estado parte a que acelere el proceso de aprobación del actual proyecto de reforma del artículo 60 de la Constitución y haga lo necesario para que se respete el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse a ellos y participar en las actividades sindicales conforme a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 8 del Pacto.”

El Proyecto de reforma al artículo 60 de la Constitución, el cual pretende eliminar la prohibición establecida en el párrafo segundo de dicho artículo sobre la participación de extranjeros en los puestos de dirección de los sindicatos, se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo 17.804.

Artículo 9: derecho a la seguridad social

El Comité, en su recomendación número 42 “exhorta al Estado parte a que garantice las prestaciones de la seguridad social a todos los trabajadores en particular las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos y marginados. El Comité alienta también al Estado Parte a ratificar el Convenio N° 103 sobre la protección de la maternidad (revisado en 1952) y el Convenio N° 118 sobre la igualdad de trato en la seguridad social (1962) de la Organización Internacional del Trabajo.”

En relación con los Convenios N° 103 y N° 118, el MTSS los sometió a consideración de la Asamblea Legislativa, donde todavía se encuentran en estudio.

Artículo 10: derecho a la familia

Con el fin de atender las Directrices del Comité, en relación con el derecho a la familia, se remite a los párrafos contenidos bajo el título del derecho a un nivel de vida adecuado (párrs. 117 y ss. infra), en relación con un programa estatal (Red de Cuido) que busca facilitar el cuidado de los hijos y de personas mayores, en particular a favor de familias en situación de vulnerabilidad social.

En su recomendación número 44, “el Comité alienta al Estado Parte a que acelere la aprobación de las actuales propuestas para reformar el artículo 143 del Código de Familia y de la ley que se está tramitando para prohibir explícitamente todos los castigos corporales”.

Mediante la Ley 8654 de setiembre de 2008, se prohibió el castigo corporal como forma de establecer disciplina a las personas menores de edad en los ámbitos familiares, en centros educativos y en Centros de Atención de niños, niñas y adolescentes. Esta ley, reformó el artículo 143 del Código de Familia y agregó el artículo 19 bis al Código de Niñez y Adolescencia que establece la prohibición del castigo corporal.

En materia de protección de los derechos de las personas menores de edad, en su recomendación número 45, “el Comité insta al Estado Parte a tomar iniciativas eficaces contra la explotación sexual comercial, el turismo sexual y la trata de seres humanos, y recomienda que se apruebe, con este fin, una enmienda a la Ley contra la explotación sexual comercial.”.

La Ley N° 9095 denominada Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), representa la ley marco que regula la materia.

Esta ley reforma algunos delitos contemplados en el Código Penal y crea unos nuevos:

Reforma el artículo 376 del Código Penal, estableciendo penas de 8 a 20 años de prisión en el caso de tráfico de personas menores de edad;

Adición al artículo 377 bis del Código Penal, estableciendo penas de 8 a 16 años de prisión para tráfico ilícito de órganos, tejidos y/o fluidos humanos;

Adición al artículo 175 bis del Código Penal sancionando a propietarios, arrendadores, administradores o poseedores de establecimientos con penas de 3 a 5 años de prisión;

Adición del artículo 162 bis del Código Penal sancionando con penas de prisión de 4 a ocho años por turismo sexual;

Adición al artículo 189 bis del Código Penal sancionando con penas de 4 a 8 años de prisión por explotación laboral.

Asimismo, la misma recomendación “insta además al Estado Parte a registrar rigurosamente el número de mujeres y niños que cada año son objeto de trata hacia, desde y a través de su territorio, y a impartir formación obligatoria sobre la trata a las fuerzas de policía, los fiscales y los jueces.”

En la Unidad contra la Trata de Personas de la Sección contra la Integridad Física, Trata y Tráfico, en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, así como en la Oficina de Gestión de Trata y Tráfico de la Dirección General de Migración y Extranjería se mantienen bases de datos confidenciales sobre las víctimas abordadas, tanto las judicializadas como las que no han querido incorporarse por proceso judicial.

Las estadísticas de personas menores de edad víctimas de trata de personas se llevan dentro de la secretaría técnica del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), creado bajo el liderazgo de la Dirección de Migración y que incluye funcionarios (as) de otras instituciones para la atención integral de los casos.

Asimismo, dentro de la Comisión de Información, Análisis e Investigación de la CONATT, se está realizando la herramienta para la recolección de los datos.

En total, el equipo de respuesta inmediata ha acreditado 100 víctimas de trata de personas desde el año 2010, referidas tanto por instancias públicas como por ONGs y organismos internacionales. Además hubo cuatro casos que se valoraron pero no fueron acreditados por no reunir los requisitos mínimos para ello. Hasta el momento ha habido cinco condenas.

Las víctimas acreditadas se desglosan de la siguiente manera:

Cuadro 3

Víctimas de trata

Nacionalidad	Mujeres	Hombres	Fines	Mayores	Menores
China	1	0	Laboral	0	1
Colombia	1	0	Sexual	1	0
Costa Rica	3	0	Sexual	0	3
Honduras	1	0	Sexual	1	0
Nicaragua	8	0	Sexual / Laboral	8	0
República Dominicana	6	1	Sexual / Laboral	7	0
Sudáfrica	1	0	Delictiva	1	0
Total	21	1		18	4

Todas las personas anteriores recibieron la atención requerida por parte de las instituciones gubernamentales y ONGs que apoya esta causa.

Las instituciones estatales están realizando esfuerzos por crear bases de datos completas en este tema, de esta forma cumpliendo progresivamente con la recomendación del Comité, en la que “pide al Estado que en su próximo informe periódico incluya datos actualizados y desglosados por año sobre los casos de trata denunciados, las condenas y penas impuestas a los autores y los programas de asistencia y rehabilitación para las víctimas.”

La recomendación número 43 indica que “el Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas eficaces para aplicar la legislación vigente relativa a la violencia doméstica, que capacite a los agentes de policía, otros agentes del orden y los jueces con esta finalidad y que en el próximo informe periódico proporcione información sobre el número y los resultados de las causas judiciales relacionadas con la violencia doméstica”.

El INAMU, como ente rector de las políticas relativas a la Violencia contra las mujeres, realiza acciones de seguimiento de la aplicación de la legislación vigente a través de varios mecanismos: la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento de la Implementación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y la participación activa en la Comisión de Seguimiento de la Ley contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial.

La capacitación a los agentes de policía es una actividad permanente desarrollada por el Área de Violencia de Género del INAMU, a través de cursos especiales para los policías, la capacitación metodológica a funcionarios/as para que la propia institución policial asuma la realización de estos cursos y también mediante la participación de funcionarios/as policiales en los cursos básicos que se dictan desde el INAMU para las Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.

En cuanto a los procesos de formación de los funcionarios/as judiciales, el Poder Judicial cuenta con sus propios programas, a través de la Escuela Judicial; el INAMU apoya estos procesos cuando es demandado como parte de las coordinaciones interinstitucionales y, además, se incluye a funcionarios/as judiciales en los cursos básicos organizados por las Redes Locales.

Artículo 11: derecho a un nivel de vida adecuado

El derecho a un nivel de vida adecuado es uno de los contenidos en el Pacto para cuya implementación quizás se presentan mayores desafíos en muchos países, incluida Costa Rica. Sin embargo, precisamente por ser uno de los principales retos en términos amplios, es un ámbito donde en Costa Rica se han tomado una importante serie de medidas que procuran el combate a la pobreza como un primer objetivo fundamental.

Desde el año 1987, la metodología aplicada en el país y con base en la cual se hacen los cálculos oficiales de pobreza, es el Método de Línea de Pobreza o Método de Ingreso, cuyos parámetros son los que se actualizan a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) del 2004 y los datos de ingreso de la nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Según este enfoque la pobreza ocurre cuando los ingresos son menores que el costo de una canasta de bienes y servicios esenciales, que permita alcanzar los umbrales de satisfacción de ciertas necesidades básicas. El umbral cuantitativo aplicado en Costa Rica al 2013 para la medición de la pobreza es de 100.943 colones (aproximadamente 200 dólares de los Estados Unidos) por persona en la zona urbana y de 77.401 (aproximadamente 160 dólares) en la zona rural.

De acuerdo con las más recientes estadísticas nacionales, derivadas de la última ENAHO de 2013, el porcentaje de hogares pobres se ha mantenido en los últimos dos años en alrededor de un 20% en el país, que equivale a 285.467 hogares (alrededor de un millón de personas). Dentro de este porcentaje se incluye el 6% del total de hogares que viven en extrema pobreza en el país, lo cual es una proporción que no ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, para el Estado ha resultado complejo erradicar la pobreza, más aún la extrema, y así ha visto cómo la desigualdad es un factor difícil de disminuir. En la época más reciente el índice de Gini se ha mantenido en alrededor de 0,52.

Frente a esta situación el Estado de forma determinada ha tomado medidas concretas especialmente en la última década. En particular, los programas e iniciativas adoptadas buscan apoyar la inserción a la educación o al mercado laboral de un sector de la población que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad social. Entre las acciones más recientes en el combate a la pobreza, destacan programas estatales como:

“Avancemos” que es un Programa Social de Gobierno, donde intervienen varias instituciones, ejecutado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Su objetivo es promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos en el sistema educativo por causas económicas. El Programa es una “Transferencia Monetaria Condicionada” por lo que la familia firma un contrato donde se compromete a cumplir con los compromisos definidos por el IMAS. AVANCEMOS contribuye a incrementar los ingresos de las familias, favorecer el acceso a la educación y la universalización de la secundaria, reducir la pobreza, revertir los procesos de rezago, evitar el fracaso escolar y prevenir el trabajo infantil;

“Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”: creada desde 2010 y que ha sido elevada a una iniciativa con rango de ley en este 2014. Además de los centros de atención integral para niños y niñas, está conformada por los diferentes actores sociales, públicos y privados, que tienen un mandato legal o un interés legítimo en materia de atención integral, protección y desarrollo infantil, incluidos los propios niños y niñas; las organizaciones de padres y madres o encargados; el personal, los directores y supervisores de los servicios de cuido; grupos profesionales de diferentes disciplinas; entidades gubernamentales y no gubernamentales;

El programa social ha pretendido, durante el cuatrienio 2010-2014, duplicar la cobertura de los servicios de cuido de niños y niñas en jornada de diez horas o más, que ofrecen los CEN-CINAIS, de tal manera que al final del periodo al menos 8.000 niños y niñas tengan acceso a estos servicios, frente a la atención adecuada que se le brindaba a 4.000 niños y niñas en 2010. También se ha buscado incrementar en un 25% la cobertura del mismo programa en jornada reducida de cuatro horas, hasta llegar, en el año 2014, a un total de 25.000 niños y niñas;

De esa forma, hoy 31.407 niños y niñas disfrutan de servicios de cuido y desarrollo infantil, incorporados en las diferentes alternativas que comprende la Red: centros infantiles con niños y niñas subsidiados por el IMAS, alternativas del PANI y CEN-CINAI;

Además se busca impulsar programas que incentiven a la empresa privada a suministrar servicios de cuido infantil para que se puedan beneficiar así sus empleados y empleadas trabajadoras;

Red de Cuido de Personas Mayores: La fortaleza de este programa reside en el desarrollo y fomento de las capacidades locales para resolver las necesidades de cuido en la vejez, por lo que a la fecha se cuenta con 41 Redes Locales de Cuido para Personas Adultas Mayores, ejecutando el programa en igual número de localidades, de las cuales 20 están ubicadas en comunidades identificadas por el Gobierno como prioritarias de intervención;

Las 41 Redes Locales conformadas están integradas por un total de 245 actores sociales, representantes de Instituciones como la CCSS, IMAS, Ministerio de Salud, Gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales (principalmente Hogares de Ancianos, Centros Diurnos y Asociaciones de Desarrollo Específico) organizaciones comunales, iglesias y personas adultas mayores;

Para el año 2011, se otorgó beneficios a 3.528 personas, destacándose principalmente el apoyo en alimentación básica, en tanto que para el año 2012 se brindó apoyo a 4.961 personas, con lo que se duplicó la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Red de Cuido y Desarrollo Infantil tiene como importante resultado facilitar a las mujeres jefas de hogar en vulnerabilidad social tener mayores oportunidades para capacitarse y acceder al mercado de trabajo.

Existen otras iniciativas que lleva adelante el Estado con el propósito de facilitar el acceso de personas y familias en situación de pobreza a mejores condiciones de vida, tales como los Comedores Escolares en centros educativos en el país donde miles de niños y niñas acceden a la alimentación. Así también, el Bono Familiar de la Vivienda que ha dado acceso a la vivienda en las últimas décadas a miles de familias que habitan en el país. Adicionalmente, el Régimen no Contributivo de Pensiones permite el acceso a un ingreso para la sobrevivencia a personas que no tienen posibilidad de ingreso alguno y que no han contribuido al régimen de pensiones, el caso de personas indigentes es un ejemplo de los beneficiarios de este programa.

Costa Rica posee una de las inversiones más altas de su Producto Interno Bruto (PIB) destinada a la inversión social, llegando al 2,5%. Solo para el año 2013 el monto en colones destinado a programas e iniciativas en el combate a la pobreza alcanzó los 491.221 millones de colones (alrededor de 900 millones de dólares). Se tiene el cálculo que la inversión que el país realizó incrementó en un 21,3%.

Costa Rica reconoce que la inversión económica no es suficiente en la lucha contra la pobreza. Tanto desde las mismas instituciones como de análisis realizados por universidades públicas y el Programa Estado de la Nación, se ha evidenciado que los programas existentes y las iniciativas que se desarrolla en el sector social deben llevarse a cabo con una mayor coordinación interinstitucional, evitando duplicidades y generando esfuerzos más consistentes y enfocados. Por ello, un aspecto que podrá coadyuvar en la optimización de estos esfuerzos es la generación de estadísticas más sistematizadas y el trabajo común, interconectado del aparato estatal, lo cual también debe traducirse en mejores líneas de trabajo con sectores no estatales.

En su recomendación número 35, “el Comité exhorta al Estado Parte a adoptar todas las medidas apropiadas para reducir los niveles de pobreza, analfabetismo y desempleo de las comunidades indígenas y la población de ascendencia africana y para que las comunidades indígenas tengan el acceso adecuado al agua, la vivienda, la salud y la educación.”

Tal y como se había adelantado en el apartado sobre Aspectos de las Disposiciones Generales del Pacto, al respecto de la recomendación arriba señalada, si bien se han venido dando esfuerzos institucionales para cumplir con los aspectos que se indica, se está dando inicio a la generación de medidas institucionales relevantes más coordinadas, sistemáticas y permanentes con el I Plan de Acción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

En lo que se refiere a la educación, la salud y el trabajo se remite a los apartados respectivos sobre el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo párrafos más abajo.

Acceso al agua

En términos generales, para Costa Rica el acceso al agua se encuentra inserto en la rectoría del sector salud que coordina el Ministerio de Salud. Sin embargo, con el fin de abordar una parte de la recomendación del Comité que se refiere párrafos arriba y considerando que el acceso al agua está íntimamente relacionado con el goce de un nivel de vida adecuado, se aborda este aspecto en los párrafos que siguen. En lo que respecta al derecho a la salud más integralmente se hace referencia en el acápite destinado al efecto bajo el artículo 12 del Pacto.

Es pertinente mencionar que Costa Rica reconoce el acceso al agua como un derecho humano gracias al desarrollo jurisprudencial de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y lo integra como parte del Derecho constitucional a la Salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ambos protegidos por el artículo 50 de nuestra Constitución Política y ambos exigibles en la vía jurisdiccional. Además, en el mes de marzo fue aprobada en primer debate la nueva Ley del Recurso Hídrico y en este momento se encuentra en consulta en laSala Constitucional, para asegurar que las medidas allí previstas no tengan vicios de inconstitucionalidad. Este proyecto de ley fue presentado por iniciativa popular en mayo del 2010 acompañado por 150.000 firmas, correspondientes al 5% de padrón electoral. Esperamos en los próximos meses contar con esta nueva ley.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha construido sistemas de agua potable en los territorios indígenas del país, abasteciendo a una población promedio de 1.700 habitantes. Los proyectos construidos son los siguientes:

Paso Marcos de Turrialba;

Alto Ñari de Turrialba;

Ñari Ñak de Turrialba;

Roca Quemada;

Jameikari N° 1;

Jameikari N° 2;

Cerere de Talamanca;

Ujarrás de Buenos Aires;

Booqueri de N° 1;

Booqueri de N° 2;

Karku N° 1;

Karku N° 2;

Tolot Satku de Matina;

Bajo Bley Talamanca;

Boca Coehn.

Para el año 2013, se tiene previsto iniciar las obras de construcción del acueducto de Alto Chirripó, el cuál atenderá la demanda de agua de una población de 160 habitantes.

El Programa de la Cuenca Binacional atenderá los problemas de carencia total de agua potable o mejoras en acueductos. Las localidades incluidas en el programa son del cantón de Talamanca:

Sibuju;

San Vicente y San Miguel;

Sibudi;

Suretka;

Watsi (Uatsi o Volio);

Akverie, Chase y Batallón;

Coroma, Cohen y Wawet Shiroles.

También se realizan estudios técnicos para determinar la viabilidad hídrica para el desarrollo de los proyectos en las comunidades de:

San Rafael de Cabagra;

Zapatón de Puriscal;

Térraba de Buenos Aires en su segunda etapa.

El AyA ha identificado que a través de los proyectos construidos, se ha mejorado la calidad de vida de la población, ya que antes carecían parcial o totalmente del abastecimiento de agua potable. Igualmente se ha logrado el acompañamiento de las comunidades beneficiarias en la construcción de las obras. Dichas acciones se han realizado al amparo del proyecto elaborado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo fin está direccionado a desarrollar e implementar una metodología de inserción y capacitación para las comunidades indígenas, que les permitirá gestionar eficaz y eficientemente el recurso hídrico a nivel local.

El AyA destaca que se ha encontrado con una población plenamente consciente de la necesidad de disponer de agua potable intradomiciliar, así mismo identificada con el desarrollo de los proyectos y su administración.

Lo anterior, propiciado por un clima de participación de las y los beneficiarios de los proyectos, lo que permitió establecer lazos de cooperación entre la institución y la comunidad.

También, a través de la construcción de los sistemas, se generó de manera ocasional la contratación de trabajadores de la comunidad beneficiaria, lo que generó empleo temporal dándoles la oportunidad a las familias de obtener ingresos.

Dentro de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, se llevaran acciones destinadas a construir sistemas de agua potable asequibles en su tecnología para las comunidades indígenas, asimismo se les brindó asesoría para la administración, y durante la fase constructiva, se capacitó a los dirigentes comunales en aspectos de la operación de los sistemas. Dichos dirigentes fueron capacitados a través del personal técnico destacado en el proyecto.

El difícil acceso a muchas de las comunidades indígenas, aunado a que las mismas se encuentran dispersas y alejadas de los centros de población, caminos de acceso no convencionales e incluso intransitables de manera terrestre, teniendo que acudirse a la vía aérea para llegar y trasladar los materiales de construcción de acueductos, es el principal desafío que enfrenta el AyA.

No obstante, el AyA tiene el compromiso y el deber de atender las necesidades de agua potable de estas comunidades, para que puedan tener una mejor calidad de vida y disminuir de alguna manera la brecha con el resto de la población.

Acceso a la vivienda

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) desde hace varios años viene desarrollando proyectos específicos en territorios indígenas, facilitando el acceso a viviendas a personas pertenecientes a pueblos indígenas. Sin embargo, se ha llegado a evidenciar que si bien las personas reciben bonos de vivienda y se ven beneficiadas con la construcción de casas de su propiedad, las condiciones de dichas viviendas no han venido respondiendo a la realidad y cosmovisión de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Por ello, de previo a la entrada en vigencia de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, el MIVAH venía emprendiendo esfuerzos para responder de mejor forma a las necesidades e intereses de los pueblos indígenas en relación con su visión de una vivienda adecuada. A partir del I Plan de Acción de la Política Nacional mencionada se podrá facilitar esfuerzos interinstitucionales y del propio MIVAH con una comprensión particular de los pueblos indígenas y también de las poblaciones afrodescendientes.

Sobre las personas afrodescendientes, es pertinente indicar que de previo al proceso de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia el MIVAH no reconocía la necesidad de particularizar a la población en sus abordajes institucionales, mientras que en la actualidad ya ha incorporado iniciativas al menos para impulsar en la institución la discusión y el análisis al respecto.

Finalmente en cuanto al Acceso a la Vivienda Adecuada en términos amplios, valga la pena mencionar que el país cuenta desde el 2013 con una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH) 2013-2030 y su Plan de Acción. La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos nace luego de un proceso de reflexión y análisis participativo, se basó en la situación actual del país, en el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos y en las tendencias, ocurridas en este sector, durante los últimos años.

Durante la formulación de la Política, se incorporaron las percepciones y opiniones de las personas responsables de políticas públicas sectoriales, de las y los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), de representantes de diversos sectores sociales y de la cooperación internacional; pero principalmente, de las propias familias beneficiarias de los programas de vivienda.

En el enfoque de esta Política, se prioriza la emisión de lineamientos dirigidos hacia facilitar el acceso a vivienda digna, para personas y hogares de todos los estratos socioeconómicos, observando con especial interés la población en condiciones de pobreza, riesgo, vulnerabilidad y exclusión social. En la Política se propone la facilitación de espacios de participación y acciones estructuradas, en un esquema de coordinación entre las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con el propósito de avanzar hacia proyectos comunes.

Los temas de la Política van, desde la atención del déficit habitacional, hasta los aportes del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, pasando por el fortalecimiento y sustentabilidad del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

Con la Política, también se aspira a que las instituciones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, principalmente el MIVAH, el INVU y el BANHVI, fortalezcan su capacidad de coordinación y gestión, mediante la creación del Sistema Nacional del Hábitat Humano (SNH), el cual promueve la participación activa y coordinada de los actores clave y simplifica la gestión administrativa y de los flujos de información.

La Política se formula siguiendo los enfoques de derechos humanos, desarrollo sostenible, igualdad y equidad de género. Tiene un énfasis en el impulso a la vivienda adecuada, polifuncional, los asentamientos humanos que promuevan la integración, la cohesión social y el hábitat participativo, inclusivo y sustentable. Se funda en los principios de universalidad, integralidad, transparencia, solidaridad y participación social.

Artículo 12: derecho al más alto nivel posible de salud física y mental

Seguimiento de la recomendación del párrafo 35 de las observaciones finales

Primeramente, cabe destacar que, como un esfuerzo nacional, el Ministerio de Salud se encuentra liderando el proceso de construcción del Plan Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas e Indígenas Migrantes (PNSPI), el cual estará listo a finales de 2014. Por medio de este documento se cumplirá por primera vez con la obligación acordada por medio del Convenio 169 de la OIT en cuanto a la participación y consulta a los pueblos indígenas, dado así igual cumplimiento a la participación social descrita en el Modelo Conceptual y Estratégico del Ministerio de Salud, el cual define que para que la participación social sea efectiva, es necesario que la comunidad intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas, como una acción colectiva, deliberada, democrática y concertada de los individuos, los grupos sociales y sus organizaciones en:

a)La identificación y expresión de sus necesidades, preocupaciones y expectativas.

b)La determinación de prioridades.

c)El diseño y negociación de estrategias y propuestas de desarrollo.

d)La implementación y ejecución de acciones viables en el plano económico y logístico.

El Plan será una guía de trabajo para el Sector Salud, en función del cual se deberán construir los planes institucionales en el tema indígena.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), fundamentándose en la legislación vigente referente al marco jurídico y político de Atención en Salud a Poblaciones Indígenas a nivel internacional, nacional e institucional, ha buscado de manera progresiva extender el régimen de Seguridad Social y los servicios de salud adecuados y coordinados con las personas interesadas; en este sentido y dando respuesta a las recomendación 35 del Comité, se pueden indicar las distintas acciones.

Por ejemplo, la CCSS en su política 2007-2012 aprobada por la Junta Directiva, deja claro su interés y voluntad para dar respuesta a estas poblaciones, determinando que “la prestación de servicios de salud debe estar basada en procesos de planificación e investigación, considerando los principales problemas de salud de la población, los cambios en los perfiles demográficos y los factores condicionantes de la salud, con énfasis en los grupos en desventaja social y comunidades indígenas, en coordinación con diferentes actores sociales.”

A la fecha, se cuenta con una capacidad instalada de atención en salud a la población indígena e indígena altamente móvil, en las diferentes regiones del territorio nacional, que busca cubrir los 24 territorios y 8 pueblos indígenas, o en su defecto, a la población indígena que se encuentra en territorio costarricense. Al 31 de diciembre de 2012 se cuenta con:

19 Áreas de Salud;

48 EBAIS conformados;

5 sedes de área;

36 sedes de EBAIS y 82 Puestos de Visita Periódica que atienden a esta población indígena.

Los Equipos Básicos de Atención en Salud, se desplazan a las diferentes zonas indígenas del país para buscar acciones en promoción, prevención, generar referencias de atención y rehabilitación en caso de requerirse. Estos equipos, atienden las necesidades y problemas de salud prioritarios identificados en la población indígena, tales como: desnutrición en niños menores de 6 años, problemas psicosociales – como por ejemplo violencia, adicciones, abuso sexual, entre otros – haciendo referencia a las instancias competentes.

La información de medicamentos se entrega mediante pictogramas, los cuales han sido diseñados en función de la cultura y cosmovisión de dicha población, a fin de facilitar la comprensión de las instrucciones así como la adherencia al tratamiento.

En cuanto a la cobertura de la Maternidad, Enfermedad y la Atención de la Salud, es menester indicar que en función de las políticas de cobertura universal, el Código de la Niñez y la Adolescencia y los convenios internacionales relacionados con los derechos de la población indígena, a esta población se le brinda aseguramiento por el Estado, el cual es renovable cada cinco años.

Con respecto al acceso equitativo de los niños indígenas a los servicios de salud, es importante señalar que se realizan visitas comunitarias mensuales por parte del EBAIS de San Pablo. La misma se realiza una vez al mes. Además se da el traslado del personal para brindar atención médica a las comunidades más alejadas. Se cuenta con la especialidad de pediatría a al que son referidos los niños desde el I Nivel y atendidos a corto plazo. También se cuenta con el servicio de urgencias 24 horas, se realizan campañas de vacunación. Se brinda atención en el escenario escolar y a la población migrante en los lugares donde viven y trabajan. Por último, conviene agregar que a estos niños se les brinda consultas en sedes de EBAIS independientemente de la condición de asegurados.

Se realizan campañas de vacunación en el cordón fronterizo para la población indígena y a fin de asegurar el acceso a los servicios de salud, se cuenta con tres sedes de EBAIS y cinco casas de visita periódica en el cordón fronterizo.

La institución cuenta con coberturas en: Vacunación, Atención Prenatal, Crecimiento y Desarrollo de niños. La cobertura de vacunación de niños en los últimos dos años se encuentra en un 90%. Sin embargo, las coberturas de Crecimiento y Desarrollo en niños es baja, ya que a pesar de que se visitan estas comunidades cada mes, aún quedan lugares muy aislados y de difícil acceso, por lo que los padres, sólo llevan a consultar a sus hijos, cuando éstos muy enfermos; situación que afecta las coberturas de vacunación. Conviene agregar, que las coberturas de adolescentes y adulto mayor, oscila en un 65% y un 70% respectivamente en los dos últimos años.

En la actualidad, la CCSS está trabajando con campañas de aseguramiento por el Estado, para cubrir a ésta población, no obstante, aún falta mucha más población por cubrir.

El Área de Salud de Santa Cruz, se cuenta con el Programa radial semanal “Salud para Todos”.

En la comunidad de coordinación, perteneciente al Área de Salud La Cruz, en coordinación con el IMAS se desarrollan proyectos de Promoción de la Salud en estilos de vida saludable, actualmente se cuenta con 5 grupos.

Las unidades ejecutoras de la CCSS realizan acciones con la finalidad de que los grupos desfavorecidos tengan acceso a la seguridad social y a la prestación efectiva de servicios de salud. A continuación se detallan las acciones y resultados en cada una de las regiones.

Cuadro 4

Acciones de la CCSS

Región Brunca, Zona de Coto Brus

Acción	Resultado
Creación de una unidad de servicios amigables en idioma ngobere en la comunidad de La Casona, adecuada a las necesidades culturales	Una atención fundada en los enfoques de interculturalidad y Derechos Humanos en el proceso de generación de infraestructura y atención a la salud de estas personas
Conformación de un Equipo Básico en Atención en Salud (EBAIS) para la población altamente móvil, generándose una modalidad de atención la que se hace desplazamiento a las fincas donde se encuentras estas poblaciones móviles laborando	El proyecto “Finca Sana” redirige el servicio de prevención y atención salud hacia el lugar de trabajo de estas personas, logrando una mayor captación
Capacitación en ngobere y formación de asesores culturales	Mediación entre el personal de salud y la población indígena de tal modo que se supera la barrera idiomática y cultural para ofrecer una mejor atención en salud, en temáticas como la prevención de enfermedades y atención materno-infantil
Preparación de jóvenes Ngobe a partir de la coordinación y protección de sistemas locales	Capacitación de docentes indígenas y capacitación de jóvenes en la promoción de derechos
Generación de una base de datos según canal endémico y tratamiento estrictamente supervisado	Registro y seguimiento de casos
Realización de campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Capacitación en hábitos de higiene de manos, bucal. Capacitación en nutrición y seguridad alimentaria
Capacitación de parteras Ngobe	Una preferencia de atención para estas parteras y mejoramiento de la salud materno-infantil. Generación de un “kit” para parteras que disminuye el riesgo de infecciones
Creación de la iniciativa denominada “bolsas semáforo”	Que las mujeres en estado de gestación asistan regularmente a sus citas y generar una mayor salud materna-infantil
Realización de visita domiciliar el recién nacido	Visita domiciliaria al recién nacido
Implementación de la estrategia “abuelos y abuelas cuentacuentos”	Transmisión del conocimiento y mantenimiento de su democracia cultural
Realización de charlas sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes Ngobe	Prevención del embarazo adolescente
Existen comisiones y proyectos con organizaciones internacionales en pro de la población indígena y diferentes nacionalidades, que tienen como objetivo brindar una atención integral en salud a toda la población indígena del país. Entre estas se pueden indicar: Comisión de Educación Permanente, Comisión de Atención Integral a la Población Indígena, y Promoción de la Salud	Disminución de atenciones a la población indígena en el servicio de emergencia, así como en los ingresos hospitalarios y consultas en el EBAIS
Apoyo de una profesional en Trabajo Social, quien dentro de sus funciones está desarrollando un plan de promoción y prevención de la salud, este último también en colaboración de enfermería, odontología y médicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población Ngobe. Se aprovecha las visitas mensuales para realizar campañas de divulgación como tomas de PAP, atenciones prenatales, vacunación, educación sexual, a las escuelas y colegios.	Se mejora el nivel de educación de la población, logrando que se erradiquen malos estilos de vida como el fumado, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Por otro lado se incentiva a la práctica del deporte y prevención de la drogadicción ya que al ser un lugar limítrofe, existe problemas con el narcotráfico.

Región Huetar Atlántica

Acción	Resultado
Fuente Comunitaria en la comunidad indígena de Boca Cohen	Fuente comunitaria con agua potable ya en funcionamiento en la comunidad Boca Cohen
Acueducto rural en la comunidad indígena de Cerere	Acueducto con agua intradomiciliar ya terminado y dando servicio de agua potable a la comunidad indígena de Cerere
Fluido eléctrico para las comunidades de Gavilán, Jabuy y Boca Cohen	Estas comunidades cuentan con energía eléctrica desde el año 2012
Calle lastreada en la comunidad indígena	Ya se encuentra terminado el lastreado para Cerere, Gavilán, Jabuy y Boca Cohen; y seguirá avanzando hasta Alto Cohen según la programación definida
EBAIS en Gavilán	La consulta médica del EBAIS se estaba brindando fuera de territorio indígena en la comunidad Vecina de Vesta, pero se planteó la necesidad de que la consulta se brindara en territorio indígena, por tanto se gestionó con la Iglesia Católica para que permitiera utilizar un centro parroquial que se tenía en Gavilán para habilitarlo como EBAIS.
Construcción de EBAIS dentro de territorios indígenas	Mayor población indígena accesando a los servicios de salud de la CCSS en sus entornos, facilitando la desconcentración en EBAIS ubicados en zonas urbanas
Construcción de puestos de visita periódica en comunidades indígenas de difícil acceso	La construcción de estos puestos de visita periódica ha facilitado el acceso a los servicios de salud a poblaciones de alto riesgo
Establecimiento de puestos de visita periódica en comunidades indígenas de difícil acceso	El establecimiento de puestos de visita en estas comunidades ha permitido establecer un panorama claro de las necesidades particulares en la que la atención es de resorte interinstitucional
Creación de la unidad de atención a poblaciones indígenas y vulnerables de la Región Huetar Atlántica	La unidad ejercer función de enlace regional
Construcción de puestos de visita periódica en Palmera, Chumico y Espabel Arriba	Construcción de puestos de atención periódica en Palmera, Chumico y Espabel Arriba
Proyecto Yawalá Senacia Bay, para que los niños vivan en paz	Manual educativo para ser aplicado en las comunidades indígenas con diversos actores sociales
Hacia una vivienda saludable, adaptación al territorio indígena Bajo Chirripó- Cabecar	Mejoramiento del entorno de las viviendas indígenas del Bajo Chirripó
Feria de Salud Convenio CCSS y Hacienda Ojo de Agua	Convenio activo, apoyo a la comunidad Nairi-Awari
Tratado Binacional Costa Rica – Panamá	Gracias al cual se cuenta con acuerdos en cuanto a los mecanismos de acceso a los servicios de salud, logrando así una vigilancia Epidemiológica Binacional, así como el transporte de medicamentos, materiales, equipos, funcionarios y pacientes entre ambos países en el cordón fronterizo

A partir del año 2012, la CCSS se ha dedicado a incluir en sus políticas institucionales, acciones concretas dirigidas a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, a partir del 14 de noviembre de 2012, se le asignó al Área de Atención Integral a las Personas, de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, la responsabilidad de conducir un proceso técnico para avanzar hacia una atención diferenciada en salud a los pueblos indígenas e indígenas altamente móviles en el ámbito de las competencias de la CCSS, generándose la propuesta de un programa con su consecuente Plan Institucional 2013-2017, documento que actualmente se encuentra en proceso de análisis de parte de la Gerencia Médica. Los ejes desarrollados en este Plan, pueden ser apreciados en el Anexo número 1.

Además, mediante oficio DJ-00751-2013 del 13 de marzo de 2013 denominado “Informe sobre buenas prácticas o acciones que se estén llevando a cabo en la CCSS en relación con la lucha contra la discriminación racial”, la Dirección Jurídica de la institución le recomendó a la Presidencia Ejecutiva las siguientes acciones a efectos de que dentro de la institución se dé todo un proceso de sensibilización ante la población afrodescendiente, indígena y migrante:

“1. Propiciar talleres de capacitación a efectos de sensibilizar a los funcionarios de la institución con el fin de eliminar cualquier tipo de discriminación en la atención a los usuarios. Para lo cual, se hace necesario tratar de conciliar espacios con la sociedad civil (población afrodescendiente, indígena y migrante) a fin de obtener información de primera mano, sobre la manera de cómo estas personas sufren discriminación, a efectos de realizar talleres a los funcionarios de la CCSS, y lograr evitar esas actuaciones.

2. Divulgar la información con la que ya cuenta la institución en relación con las acciones que se están realizando para la atención de estas poblaciones.”

Mediante oficio P.E. 24.677-13 del 17 de abril de 2013 la Presidencia Ejecutiva instruyó a las Gerencias Administrativa y Médica para que en forma conjunta, elaboren un plan de acción y divulgación, tendiente a cumplir con las propuestas de la Dirección Jurídica.

En su recomendación número 49, el Comité “recomienda que se mejoren las instalaciones y la oferta de bienes y servicios de atención de salud en las zonas alejadas y rurales, y que se faciliten datos desglosados por año sobre este particular en el próximo informe periódico.”

Al respecto, la CCSS da mantenimiento a las instalaciones actuales y al mismo tiempo desarrolla proyectos de mejoramiento de la atención en salud.

La CCSS realiza el mantenimiento adecuado de las 40 casas de visita periódica y ocho sedes de EBAIS en el Área de Salud de Coto Brus, y también se ha dado a la tarea de construir un nuevo EBAIS en el territorio indígena de Coto Brus (ya finalizado) y la construcción del puesto de Atención EBAIS Frontera. Además se ha fortalecido el proyecto Atención a la Población Indígena Altamente Móvil.

En el Área de Salud de Golfito, actualmente se cuenta con una casa de visita periódica de la CCSS en territorio indígena Progreso de Comte, Alto Comte. Asimismo, se cuenta con espacios proporcionados por los centros de salud indígenas, que con ayuda de ONGs, la comunidad ha podido levantar obra física que reúne los requisitos para poder brindar la atención en salud. Por ejemplo, en Alto Carona se han construido módulos multifuncionales al servicio de la comunidad en donde todos los meses se brinda atención en salud, también en Rancho Quemado, la comunidad facilita un espacio para la prestación de los servicios de salud.

En el Área de Salud de Corredores, la CCSS y el Ministerio de Salud se encuentran en el proceso de planificación para la construcción de un consultorio médico en la aduana de Paso Canoas.

En la Región Huetar Norte, se cuenta con los puestos de salud de Veracruz y la Virgem, sedes construidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el Área de Salud de los Chiles. Además se construyó la sede de EBAIS Saino. También se realizan giras comunales a Boca Cureña, en el Área de Salud Pital, y gracias a la donación de parte de la Embajada de Japón se pudo construir la sede de PVP en Río Celeste.

En la Región Huetar Atlántica se construyó un EBAIS dentro de los territorios indígenas Amubri, Sambú, Katsi y China Kichá. Asimismo, se encuentra en proceso de construcción el EBAIS de Sepecue, ubicado en el territorio indígena Bribrí. Por último, se creó la Unidad de Atención a Poblaciones Indígenas Vulnerables de la Región Huetar Atlántica.

Igualmente, en esta región se han construido los siguientes puestos de visita periódicas dentro de los territorios indígenas:

En territorio indígena Bajo Chirripó, en el Área de Salud de Matina se construyeron los puestos de visita periódica Palmera, Pozo Azul, Espabel Arriba, Chumico y se encuentra en construcción el de Namaldi;

En el territorio indígena Nairi Awari se construyó el puesto de visita las Brisas de Pacuarito;

En el territorio indígena Tauni, del Área de Salud de Valle La Estrella, se cuenta con los puestos de visita de Alto Cohen, Gavilán, Jabuí y Boca Cohen;

En el territorio indígena Bribrí Talamanca se construyó el puesto de visita Kekoldi y Corriente grande de Yorking;

Establecimientos de puestos de visita periódica en comunidades indígenas de difícil acceso, entre los que encontramos los puestos de visita periódica de Bajo Biey y Alto Telire.

Construcción de EBAIS en el Litoral de Las Barras de Parismina, Tortuguero, Colorado Norte y Colorado Sur. Unidad que funge como enlace entre los usuarios, equipos básicos, áreas de salud, instituciones y Dirección Regional. El objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y la calidad de vida de los pueblos indígenas y vulnerables con acciones que garanticen el respeto a su identidad cultural.

Se han realizado remodelaciones y adecuaciones de la infraestructura con el fin de brindar atención con las facilidades requeridas por las especificaciones técnicas reglamentarias (rampas, pasamanos, señalizaciones visuales y táctiles); así como para el cumplimiento de medidas de seguridad, comodidad y privacidad de las instalaciones para atención preferencial.

En materia de acceso a medicamentos, el Comité en su recomendación número 48 dice que “recomienda que el Estado Parte adopte las medidas necesarias para evaluar las posibles consecuencias negativas de los compromisos que ha contraído en virtud del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) en los derechos económicos, sociales y culturales, y para que no se vean afectados los derechos enunciados en el Pacto, en particular (…) el acceso a la salud, a la seguridad social y los medicamentos genéricos (…).”

En el año 1982, Costa Rica tomó la decisión de establecer una política de medicamentos esenciales, que en el año 2012 cumplió 30 años de vigencia y que consiste en garantizar los medicamentos necesarios para resolver las principales causas de enfermedad y mortalidad que afectan a la población costarricense.

Desde que se negoció el CAFTA, se indicó que no existían razones para suponer que ante una eventual aprobación del TLC, la CCSS debería cambiar su Política Institucional de Medicamentos Esenciales, y que por el contrario era de esperar que esta política se mantendría incólume, basándose en los mismos criterios de selección, con su misma estructura y basamento legal, respondiendo al patrón de morbimortalidad del país, y con una dinámica gradual de inclusión de aproximadamente 10 productos por año a la Lista Oficial de Medicamentos (LOM). Al respecto, interesa mencionar lo siguiente:

Las disposiciones respecto a los procesos de compra de instituciones del Estado, regidas por el Capítulo 9 del CAFTA —referentes a la contratación pública— son consistentes con los que existen actualmente en la legislación nacional sobre contratación administrativa;

La cláusula “Trato Nacional” para empresas domiciliadas en otro país parte del CAFTA, podría propiciar un incremento en el número de oferentes de medicamentos esenciales y una disminución de su precio, lo cual beneficiaría a la CCSS y a los asegurados;

El CAFTA no endurece los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), pues no obliga a patentar métodos terapéuticos, de diagnóstico y/o quirúrgicos, ni a otorgar patentes de segundo uso; no limita el otorgamiento de licencias obligatorias, no prohíbe las importaciones paralelas y mantiene la Cláusula Bolar;

La disposición de otorgar 5 años de protección a los datos de prueba no sería retroactiva, y que por tanto, no afectaría a los medicamentos ya existentes;

El período otorgado de 5 años para la protección de los datos de prueba es congruente con el observado en el contexto internacional, y con respecto a esta medida, el tratado permite que Costa Rica pueda optar por un sistema de registro automático de medicamentos basado en evidencia, de forma tal, que en el momento en que un medicamento se registre en un país (de Norteamérica, Europa o Asia), y reúna los requisitos adecuados para proteger a la salud, se realice el registro automático en el mismo momento en Costa Rica;

En promedio, los medicamentos que se incluyen en la LOM de la CCSS han tenido más de cinco años de existencia en el mercado internacional, y para casos en que no se ha cumplido esta condición, el registro automático de medicamentos toma relevancia, dado que con esta fecha, si el medicamento no llegara al país en cinco años, perdería su protección;

El registro automático de medicamentos basado en evidencia, no solo permitiría anular el riesgo de incurrir en compensaciones por atrasos injustificados en el trámite de solicitudes de registro, sino también, garantizar que los atrasos de los laboratorios farmacéuticos innovadores en traer sus productos al país, no se conviertan en una extensión calculada de su protección;

El CAFTA es independiente de los grandes desafíos que en materia de medicamentos enfrenta la CCSS. La atención de tales desafíos, que se relacionan con: a) la relativa escases de oferentes de ciertos principios activos y presentaciones farmacéuticas incluidos en la LOM; b) la inexistencia de medicamentos genéricos para algunas patologías de alto costo, como por ejemplo el cáncer; c) las deficiencias internas de la cadena de abastecimiento de medicamentos, forma parte de la agenda institucional, con o sin TLC.

De acuerdo a lo anterior, y a los estudios que se han realizado en la institución, se concluye que con el TLC o sin el TLC, los desafíos que se enfrentan actualmente se mantendrán, y que el poder seguir ofreciendo un acceso de los medicamentos a la población, garantizando la sostenibilidad del sistema es el seguir garantizando los medicamentos esenciales. Siendo, el ajuste entre las necesidades de salud pública y la disponibilidad de medicamentos en el sistema de salud nacional, el principio guía que sigue la CCSS para seleccionar los medicamentos que brinda a la población.

Entre los logros obtenidos tras la implementación de la Política de Medicamentos Esenciales de la CCSS, se registran los siguientes:

a)Universalidad de la cobertura de patologías. En la actualidad, la lista LOM incluye 638 presentaciones farmacéuticas que corresponden a 449 principios activos, los cuales han sido seleccionados rigurosamente por un comité de expertos – Comité Central de Farmacoterapia –, conformado por 13 especialistas en medicina de los distintos hospitales nacionales, y técnicos de la Dirección de Farmacoepidemiología; ello en función del patrón de morbimortalidad del país, y conforme a los criterios de la OMS. La LOM posibilita tratar al 98% de la totalidad de las patologías que padece la población, lo cual ubica a Costa Rica dentro del rango de países con mayor desarrollo en este campo. Los medicamentos incorporados en esta lista se clasifican según su acción farmacológica y terapéutica con las especialidades de cada unidad programática y en forma acumulativa. Los niveles de usuario se designan con las letras A-B-C-D (siendo que A corresponde a la mayor complejidad) y los números I, II y III, que corresponden al nivel de atención;

b)De conformidad con los estándares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el acceso a medicamentos esenciales que en forma sostenida ofrece la CCSS a la población, es considerado “óptimo” (cobertura poblacional que oscila entre 95% y 100%), logro equiparable al observado en países desarrollados como Alemania, Australia, Canadá, Corea, Francia y Suecia;

c)Relativa estabilidad en el gasto de medicamentos. La robusta estructura de selección de medicamentos esenciales que posee la CCSS, ha propiciado el gasto en el que anualmente incurre la institución por concepto de compra de medicamentos esenciales sea relativamente estable, ubicándose alrededor del 8% del presupuesto total del Seguro de Salud. Estudios puntuales llevados a cabo por la Dirección de Farmacoepidemiología de la Gerencia Médica señalan que buena parte de este logro está explicado por el efecto que se presenta en la dinámica de inclusión de nuevos medicamentos a la LOM (ver a continuación);

d)Efecto cantidad: tal como se ha explicado, la selección de los principios activos y/o presentaciones farmacéuticas que integran la LOM se realiza en estricto apego tanto a los criterios de la LOM, como al perfil de morbimortalidad del país. Debido a que los primeros permanecen incólumes desde la década de los 70 y a que el segundo no cambia abruptamente de un año a otro, la inclusión anual de nuevos principios activos y/o presentaciones farmacéuticas a la LOM es muy gradual.

De acuerdo a lo planteado, posterior a la entrada en vigencia del TLC, podemos señalar los siguientes elementos que nos indican que la institución sigue garantizando el acceso a los medicamentos con base a criterios epidemiológicos, de farmacología y de sustentabilidad del sistema.

a)Porcentaje del gasto en medicamentos, del gasto en el Seguro Social, en el cual se evidencia la estabilidad del presupuesto y gasto de medicamentos:

En el 2008, representaba el 8,5%;

En el 2009, representaba el 7,1%;

En el 2010, representaba el 7,0%;

En el 2011, representaba el 7,9%;

En el 2012, representaba el 7,5%;

b)Selección de medicamentos: desde el año 2008 al 2012 se han incluido en la LOM 13 principios activos, lo que da un promedio de 2.6 medicamentos por año. De los medicamentos incluidos sólo un caso – el Tenofovir fumarato de 300 mg – tiene protección de datos. Se han incluido en ese periodo de tiempo, 26 presentaciones farmacéuticas, lo que da un promedio de 5 presentaciones nuevas por año.

c)Accesibilidad a los medicamentos esenciales:

Egreso hospitalario de medicamentos recibidos como promedio:

2008: 11,91 medicamentos;

2009: 10,44 medicamentos;

2010: 11,12 medicamentos;

2011: 12,29 medicamentos;

Consulta externa. Promedio de medicamentos despachados:

2008: 3,35 medicamentos;

2009: 3,60 medicamentos;

2010: 4,84 medicamentos;

2011: 5,06 medicamentos;

Consulta de urgencias: promedio de medicamentos despachados:

2008: 1,96 medicamentos;

2009: 2,08 medicamentos;

2010: 2.12 medicamentos;

2011: 2.05 medicamentos.

d)Otro dato interesante a considerar es que un estudio de los 59 medicamentos de mayor consumo en la institución, relacionado con los recursos económicos necesarios para su adquisición muestra que:

En el año 2008, se adquirieron 20.741.830 unidades con una erogación de 77.827.406 dólares, lo que significa un promedio de adquisición por unidad de volumen de 3,71 dólares;

En el año 2011 se adquirieron 18.203.352 unidades con una erogación de 58.361.114 dólares, lo que significa un promedio de adquisición por unidad de volumen de 3,21 dólares.

Lo planteado revela la importancia que ha tenido para el país, que se tenga una política de medicamentos esenciales, basada en la selección de medicamentos que respondan a criterios epidemiológicos, de farmacología clínica y de sustentabilidad del sistema, que ha permitido seguir garantizando el acceso a los medicamentos a la población con el porcentaje de presupuesto asignado a medicamentos dentro del presupuesto de salud.

Artículo 13: derecho a la educación

En su recomendación número 35, “el Comité exhorta al Estado Parte a adoptar todas las medidas apropiadas para reducir los niveles de (…), analfabetismo (…) de las comunidades indígenas y la población de ascendencia africana (…).” En la misma línea, el Comité emitió la recomendación número 50, alentando al Estado a “seguir mejorando la aplicación efectiva de la legislación, las políticas, los programas vigentes para erradicar el analfabetismo en las comunidades indígenas”.

El avance más significativo en cuanto al acceso a la educación de pueblos indígenas es la promulgación del Decreto N° 37801-MEP, publicado en La Gaceta N° 135 el 15 de julio del 2013. Dicho documento establece la reforma del subsistema de educación indígena establece las particularidades de la educación indígena en términos de objetivos, idiomas, enfoque, organización administrativo-territorial y recursos humanos. Igualmente se definen los procedimientos de consulta y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de las decisiones que les competen en materia educativa.

Valga la pena indicar que el Decreto fue el resultado de un proceso de diálogo y construcción conjunta, apegándose a los parámetros del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que se llevó a cabo por casi tres años de trabajo entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y los pueblos indígenas en todo el país.

En materia de infraestructura, el Ministerio de Educación Pública tiene en ejecución un proyecto en los diferentes territorios indígenas de Talamanca de Limón, Buenos Aires de Puntarenas, Coto de Ciudad Neily y Chirripó de Turrialba. Dicha iniciativa es financiada por un préstamo con el Banco Mundial y ejecutada a través del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE) y consiste en la construcción de 84 Centros Educativos, dotados con mobiliario y equipo tecnológico, deportivo y artístico en territorios indígenas.

Las obras de construcción cuentan con 50 Centros Educativos ya construidos, 31 centros educativos en proceso de construcción y tres pendientes de iniciar.

A través de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, se implementa acciones en procura de garantizar el acceso a la educación de la población indígena o rural tales como: transferencias económicas a los y las estudiantes para solventar costos de transporte garantizando su asistencia a las aulas; además transferencia de recursos económicos a las Juntas de Educación para fortalecer los comedores escolares a saber: compra de alimentos y servicios preparados por un monto de alrededor de 1.110.273.547 colones (entre los años 2010 y 2012), equipamiento (que pasó de 27.996.204 colones en 2010 a 58.700.567 colones en 2012); establecimiento de huertas escolares y pago de personal capacitado para la atención de los comedores por un monto promedio anual de 158.906.878 colones de 2010 a 2012.

La inversión en alimentación por estudiante en las zonas indígenas la más alta que se da en el país. Además, se han realizado gestiones con agencias regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para que realicen las capacitaciones necesarias sobre manipulación de alimentos a las cocineras de los centros indígenas.

En materia curricular, el Departamento de Educación Intercultural, creado a partir del Decreto N° 37801-MEP, está impulsando la reforma educativa que dicta dicho cuerpo normativo. Para tal efecto se ha creado un mecanismo de participación como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La implementación del decreto ha implicado la realización de una serie de consultas en territorios indígenas. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase final, estudiándose los resultados de la consulta.

El Estado reconoce que la educación es una prioridad para el desarrollo integral del ser humano, y el bienestar de la colectividad, así como el principal instrumento para enfrentar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Igualmente, reconoce que la sociedad del conocimiento global exige la consolidación de un sistema educativo flexible, dinámico e integrado, capaz de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades inherentes al desarrollo social, económico, cultural, científico y tecnológico a nivel local, nacional e internacional.

En materia de deserción escolar, el Comité emitió la recomendación número 51, por medio de la cual “recomienda que el Estado Parte redoble sus esfuerzos para luchar contra el aumento de la tasa de deserción escolar en la enseñanza secundaria. Además, el Estado Parte debería aplicar los programas vigentes para elevar la calidad de la enseñanza secundaria”.

Al respecto, el Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando en diferentes aristas para enfrentar el problema de la deserción, y al mismo tiempo, aumentar la cobertura en secundaria. Sus esfuerzos se ven reflejados en la disminución de la tasa de deserción en secundaria, pasando de un 13,2% en el 2006 a un 11,1% en el 2011 y un aumento en la cobertura de 66,9% en el 2006 a un 86,4% en el 2012.

Algunas de las acciones estratégicas para alcanzar estas cifras son:

Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien, mediante la transformación de la enseñanza en las matemáticas, español, pensamiento científico y la transformación y fortalecimiento del 15% de las bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje (CRA) en el 2012. Los CRA tienen como tarea importante incorporar las tecnologías digitales en la educación costarricense para contribuir a dinamizar los centros educativos como “Centros Educativos de Calidad”, en los que se generan experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes y docentes, que favorezcan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, hasta lograr culminar los procesos de formación asumiendo nuevos y mejores roles en relación con el aprendizaje.

Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el desarrollo del conocimiento mediante la actualización de los programas de secundaria en educación para el hogar (vida cotidiana) y artes industriales, implementación de los contenidos de educación sexual en el programa de ciencias y el fortalecimiento de actividades estudiantiles como el festival de las artes, gobiernos estudiantiles, juegos deportivos, etc.

La creación del Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos, mediante Decreto Ejecutivo N° 36779, cuyo objetivo es orientar y articular, acciones que las comunidades educativas emprendan a favor de la formación en valores de convivencia: respeto por la diversidad, participación activa en la comunidad, colaboración, autonomía y solidaridad. Este Programa aplica a todos los centros educativos del país.

Programas de fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible y una vida saludable: participación del 30% de los centros educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica al 2012 y la implementación del Programa de Baños Escolares.

Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación: mediante el otorgamiento de 157.828 becas a estudiantes de escasos recursos en el 2012 por medio del Fondo Nacional de Becas (FONABE), los cuales representan el 37% de estudiantes de primaria; 619.715 estudiantes beneficiados con el servicio de alimentación en el 2012, los cuales cubren el 76,23% de 812.926 de estudiantes y 99.849 estudiantes con servicio de transporte los cuales representan el 12,8% de la población estudiantil, siendo las zonas rurales las más beneficiadas.

Programa de mejoramiento de la calidad de los docentes, aumentando el porcentaje de educadores capacitados en los nuevos programas de estudio;

Plan de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo: este programa para el 2013 va a invertir $90,3 millones de dólares en inversión efectiva en obras construidas, inversión efectiva en terrenos e inversión efectiva en mobiliario;

Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes mediante la creación de 90 nuevos servicios en educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta de educación técnica, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo. Del 2011 al 2013 se han abierto 96 servicios educativos en educación técnica.

En su recomendación número 48, el Comité recomienda “que el Estado parte adopte las medidas necesarias para evaluar las posibles consecuencias negativas de los compromisos que ha contraído en virtud del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) en los derechos económicos, sociales y culturales, y para que no se vean afectados los derechos enunciados en el Pacto, en particular los derechos al trabajo, el acceso a la salud, a la seguridad social y los medicamentos genéricos y los regímenes de propiedad intelectual.”

En relación con los derechos de los trabajadores, resulta difícil para las autoridades determinar que ciertas situaciones que se denuncian han surgido con ocasión de la entrada en vigencia del CAFTA. Para ello se requiere de algún tipo de investigación que profundice en el impacto que dicho instrumento ha tenido en la económica nacional.

Sin embargo, es importante aclarar que Costa Rica ha potenciado sus aspiraciones de desarrollo, inclusión social y equidad, a través del desarrollo económico y la efectiva inserción en la economía internacional.

En ese sentido, el eje central de la política de comercio exterior del país es promover la integración de la economía costarricense a los mercados internacionales, con el in de generar crecimiento económico, y con ellos procurar un mayor desarrollo del país, lo ha cual resultado en un balance positivo.

Artículo 15: derecho a la cultura

El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar y promover el derecho a la cultura, apoyándose en las normas nacionales e instrumentos jurídicos internacionales que ha ratificado. En el país se han venido desarrollando importantes esfuerzos en términos generales para que todos/todas sus habitantes gocen de la vida cultural y esto se evidencia en la diversidad de iniciativas y actividades que se lleva a cabo en el país a lo largo del año.

Uno de los esfuerzos más importantes que se han dado en los últimos años tiene relación con la promoción de una Ley General de Cultura y una Política Nacional de Cultura. Además, una proporción significativa de los esfuerzos que se han venido llevando adelante en el ámbito cultural tienen relación con el disfrute del derecho a la cultura de los pueblos indígenas y afrodescendiente.

En materia cultural, existen tres niveles de acción:

Actividades realizadas por las instancias del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) dirigidas a la población indígena, afrodescendiente y migrante como población meta;

Actividades orientadas a que la comunidad se empodere y asuma la gestión de su cultura, contando para ello con el apoyo del MCJ;

Actividades en las que el tema sea el arte o la cultura de esas poblaciones como parte de la diversidad cultural nacional y su puesta en valor, así como la divulgación al resto de la sociedad nacional.

En relación con el nivel 1, y tomando en cuenta conclusiones de un diagnóstico realizado, el MCJ ha comenzado la generación de protocolos de trabajo con la población indígena y la población afrodescendiente, que sean respetuosos y adecuados a la legislación vigente y a las particularidades de estas poblaciones. Asimismo, las diversas instancias internas del Ministerio han dado inicio a un proceso de articulación para actuar sujetos a los nuevos lineamientos. Es importante destacar que dichos protocolos están diseñados para que toda acción e inversión de la institución que afecta a las poblaciones tenga que ser decidida en el marco de un proceso de diálogo y participación de parte de estas poblaciones y sus instancias representativas.

En relación con el punto 2, se ha evidenciado la necesidad de crear espacios de diálogo y de construcción conjunta de planes de trabajo, en una vía que permita articular las actividades que se realiza no sólo desde el MCJ, sino también de la mano con otras instituciones, en un plan de acción estratégica o política con una metodología participativa formulada en atención de las necesidades, intereses y expectativas de las poblaciones indígenas, en apego a sus derechos y según sus diversas cosmovisiones.

En este proceso, en relación con los pueblos indígenas, resulta necesario que sean estos mismos pueblos quienes planteen sus demandas ante la atención gubernamental. De esta forma, el MCJ trabaja activamente en la consolidación de mecanismos que permitan proteger y fomentar el goce de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Para ello, durante los años 2011 y 2012 se contrató los servicios de un profesional indígena para desarrollar un plan de trabajo en las diversas comunidades indígenas. Igualmente, durante el año 2013 se contrató los servicios de un profesional indígena en sociología, para desarrollar talleres en tres comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires, con el objetivo de construir una estrategia de trabajo conjunto entre representantes comunitarios e instituciones estatales (MCJ, Instituto Nacional de Aprendizaje – INA –, IMAS), para el planteamiento de proyectos culturales que respondan a las realidades y demandas de cada una de estas comunidades.

En el caso de la población afrodescendiente, se ha generado un programa específico, denominado Corredor Cultural Caribe, orientado a favorecer el legado de esta población en el Caribe centroamericano desde el punto de vista de la cultura y el reconocimiento de lo específico de esta cultura, cuya matriz ha sido desde su nacimiento, supranacional.

El programa Corredor Cultural Caribe (CCC) fue presentado por el Ministerio de Cultura y Juventud en noviembre de 2010 a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), realizada en El Salvador y que contó con el apoyo de la UNESCO.

El Corredor busca promover los emprendimientos, la comunicación, la cooperación, la investigación, la formación y el diálogo cultural; fortalecer el patrimonio histórico y el legado pluricultural, así como contribuir a la integración y al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana.

Para su desarrollo los países firmantes de la Declaración han conformado en cada uno de ellos a las Comisiones Nacionales del Corredor con la participación del Ministerio de Cultura o su homólogo y de aliados estratégicos, tales como, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otros; orientando su accionar hacia fortalecer este Corredor, en las ciudades definidas por ellos mismos como emblemáticas de la cultura caribeña.

En Costa Rica, las comunidades definidas como emblemáticas son: Tortuguero, Limón Centro y Cahuita, lo que permite cubrir el área norte, central y sur del Caribe limonense.

Ley General de Cultura y Política Nacional de Cultura

En los años recientes el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) desarrolló un proceso para la construcción de la Ley General de Cultura (LGC) y la Política Nacional de Cultura (PLC), como estrategias para impulsar la construcción de herramientas que generen acciones para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en Costa Rica.

Después de la fase de diagnóstico, llevada a cabo por el Despacho del Ministro, la Dirección de Cultura y la Secretaría de Planificación y Asesoría Legal, se concluyó que a pesar de que diversas instancias desarrollan actividades dirigidas a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, estas actividades tienen un alcance pequeño y no corresponden a lineamientos claros y específicos, y en el caso de poblaciones indígenas, no existe norma alguna que aborde la especificidad de estos pueblos.

Asimismo, vale destacar que hasta este momento, el MCJ no había mantenido una relación de comunicación directa y fluida con las comunidades indígenas; por esta razón es que durante el proceso de elaboración de la LGC y la PLC se ha mantenido un diálogo constante con las comunidades metas.

Al inicio del proceso de construcción de la LGC y la PNC no fue posible aplicar los mecanismos adecuados para garantizar la participación indígena, de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, el MCJ está consciente de la importancia de construir conjuntamente mecanismos culturalmente pertinentes, razón por la cual se entabló un dialogo entre el Estado y representantes indígenas, transparente y honesto, que permitió diseñar la metodología de consulta para la construcción participativa de la LGC y la PNC.

Atendiendo a la importancia de la participación indígena, un primer paso fue definir conjuntamente con las poblaciones indígenas la forma de realizar la consulta sobre la LGC y PNC, para lo cual se realizaron:

Reuniones informativas en comunidades indígenas a nivel nacional sobre LGC y PNC: celebradas desde junio a diciembre de 2012, con el objetivo de desarrollar una estrategia de socialización que permite informar a los pueblos indígenas el proceso desarrollado en torno a la formulación de la LGC y PNC. Se sostuvieron varias reuniones con líderes indígenas en varios territorios, agrupados en bloques conformados por ellos mismos (bloque RIBCA (Red Indígena Bribri-Cabécar), Unión Ngäbe, bloque Huetar, territorios Maleku y territorios indígenas de Buenos Aires);

Reuniones de concertación con representantes indígenas de los territorios para acordar una propuesta de metodología para realizar la consulta: En esta segunda etapa que se desarrolló en los meses de febrero y marzo de 2013, tuvieron lugar 5 reuniones con dirigentes de los siguientes organizaciones indígenas y bloques organizativos: Mesa Nacional Indígena (MNI), Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA), Territorios Indígenas de Buenos Aires, Unión Regional Ngäbe y a los Territorios del Bloque Central Norte, se contó con la participación del equipo consultor y del MCJ.

Estas reuniones han sido consideradas como encuentros de construcción conjunta entre el Equipo Consultor- MCJ y los dirigentes indígenas, que han sido espacios de dialogo de buena fe y respeto. Los resultados de estos encuentros pueden resumirse en los siguientes puntos:

Anuencia para el proceso de construcción conjunta de una propuesta metodológica de cómo realizar la consulta;

Invitar a otros actores para que se sumaran al proceso;

La conformación de un Comité Coordinador del proceso de consulta;

La realización de la consulta basada en tres momentos:

Etapa de información previa;

Etapa de pre consulta;

Etapa de consulta (que incluye el Foro Nacional de Consulta).

Estas etapas estuvieron en constante revisión y pudieron ser modificadas mediante consenso de las partes cuando no contravinieran los derechos de los pueblos indígenas. Estas etapas se inscribieron en un esfuerzo del MCJ por construir un proceso inclusivo y participativo, atendiendo las particularidades socioculturales de los pueblos indígenas sin menoscabo de sus derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.