Naciones Unidas

E/C.12/QAT/CO/1

Consejo Económico y Social

Distr. general

6 de noviembre de 2023

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Observaciones finales sobre el informe inicial de Qatar *

1.El Comité examinó el informe inicial de Qatar en sus sesiones 42ª y 44ª, celebradas los días 2 y 3 de octubre de 2023, y aprobó las presentes observaciones finales en su 60ª sesión, celebrada el 13 de octubre de 2023.

A.Introducción

2.El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe inicial del Estado parte y la información complementaria proporcionada en sus respuestas a la lista de cuestiones. Asimismo, agradece el diálogo constructivo que mantuvo con la delegación del Estado parte.

B.Aspectos positivos

3.El Comité acoge con beneplácito las medidas legislativas, institucionales y de políticas adoptadas para aumentar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte, como la Ley núm. 17/2020, por la que se determina el salario mínimo de los trabajadores y empleados domésticos; el Decreto-ley núm. 19/2020, por el que se modifica la Ley núm. 21/2015 que regula la entrada, la salida y la residencia de expatriados, complementado por la Decisión Ministerial núm. 51/2020, que eliminó el requisito legal de que los trabajadores migrantes obtuvieran un certificado de conformidad de los empleadores para cambiar de trabajo; y las medidas que figuran en las presentes observaciones finales.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Aplicación interna del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

4.Si bien toma nota de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forma parte integrante del marco jurídico interno del Estado parte, al Comité le preocupa la falta de información sobre cómo se resuelven las posibles disconformidades entre la legislación nacional y el Pacto. También le preocupa que no existan casos en los que se haya invocado el Pacto ante los tribunales nacionales o que estos lo hayan aplicado de forma directa.

5. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que los derechos consagrados en el Pacto se incorporen plenamente a su marco normativo interno y por que las disposiciones del Pacto prevalezcan en cualquier posible conflicto con la legislación nacional. El Comité también recomienda al Estado parte que imparta formación a jueces, abogados y funcionarios públicos respecto de las disposiciones del Pacto y su carácter justiciable y que adopte medidas para dar a conocer el Pacto entre los titulares de derechos. En ese sentido, el Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 9 (1998), relativa a la aplicación interna del Pacto.

Reservas

6.Al Comité le preocupa que la reserva del Estado parte al artículo 3 y su declaración relativa al artículo 8 supediten las disposiciones del Pacto a su compatibilidad con la sharia o la legislación nacional y equivalgan a reservas de alcance general e indeterminado que, por lo tanto, son incompatibles con el objeto y el fin del Pacto.

7. El Comité recuerda que, en virtud de los artículos 19 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un Estado no puede formular una reserva que sea incompatible con el objeto y el fin de un tratado y no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un tratado. En ese sentido, el Comité recomienda al Estado parte que retire su reserva al artículo 3 con respecto a las cuestiones de herencia y nacimiento y su declaración relativa al artículo 8 sobre la interpretación del concepto de sindicato y sus cuestiones conexas, con miras a garantizar la aplicación plena y efectiva del Pacto.

Institución nacional de derechos humanos

8.El Comité acoge con satisfacción la aprobación por el Estado parte de la Ley núm. 12/2015 con vistas a reforzar la independencia del Comité Nacional de Derechos Humanos. No obstante, al Comité le preocupa que la institución todavía no se ajuste plenamente a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), entre otras cosas debido a la participación de representantes del Gobierno en su órgano decisorio.

9. El Comité recomienda al Estado parte que atienda las preocupaciones planteadas en octubre de 2021 por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y que siga adoptando medidas para que el Comité Nacional de Derechos Humanos se ajuste plenamente a los Principios de París, en particular velando por que cuente con una estructura de personal plural y diversa y por que sea independiente del Gobierno en lo que respecta a su estructura, composición, adopción de decisiones y método de funcionamiento.

Defensores de los derechos humanos y espacio para las organizaciones de la sociedad civil

10.El Comité está preocupado por la información recibida acerca de las restricciones a los viajes, el acoso y la detención arbitraria de que son objeto los defensores de los derechos humanos que trabajan en la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. También le preocupa que el Decreto-ley núm. 21/2020 restrinja gravemente la creación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado parte al permitir que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales les deniegue la inscripción sobre la base de requisitos poco claros y disuelva las organizaciones si se dedican a cuestiones políticas.

11. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil y proporcione un entorno seguro y favorable para que desempeñen su labor;

b) Lleve a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de restricciones a los viajes, acoso y detención arbitraria de que son objeto los defensores de los derechos humanos que trabajan en favor de los derechos económicos, sociales y culturales, y garantice que los responsables sean llevados ante la justicia;

c) Modifique el Decreto - l ey núm. 21/2020 y cualquier otra ley que pueda restringir indebidamente la creación y el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, incluidas las que se dedican a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales;

d) Tenga en cuenta la declaración del Comité sobre los defensores de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales .

Las empresas y los derechos humanos

12.Al Comité le preocupa que en el Estado parte no exista un marco jurídico y político específico que permita que las empresas que operen o estén domiciliadas en el Estado parte actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos y rindan cuentas por las vulneraciones de los derechos consagrados en el Pacto que se produzcan como consecuencia de sus actividades. El Comité observa que la Qatar Investment Authority, que dispone de más de 475.000 millones de dólares de activos bajo su gestión, realiza inversiones directas y de cartera en nombre del Estado parte, pero carece de un marco transparente que regule la gestión de sus inversiones y la toma de decisiones. Como fondo soberano e inversionista institucional, está sujeto a las obligaciones del Estado parte y las responsabilidades de las empresas contraídas en virtud del Pacto y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

13. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Elabore y adopte un plan de acción nacional mediante un proceso consultivo y participativo con las partes interesadas, en particular grupos como los trabajadores y las empresas propiedad de minorías, para aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que ofrecerá un marco coherente y sistemático para detectar las cuestiones nacionales prioritarias y prevenir y mitigar los abusos contra los derechos humanos que puedan cometer las empresas;

b) Adopte las medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar que las empresas actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro;

c) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas que operen o estén domiciliadas en el Estado parte asuman la responsabilidad por las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales resultantes de sus actividades y para proporcionar recursos efectivos a las víctimas;

d) Garantice que su fondo soberano e inversionista institucional, Qatar Investment Authority, observe el Pacto y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en particular mediante la integración de la diligencia debida en materia de derechos humanos en su política de inversiones y en la toma de decisiones, y facilite, de forma más transparente, la divulgación de información y la presentación de informes sobre su cartera y sus resultados no financieros, en especial sobre el impacto del fondo en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en lo que respecta a los lugares donde realiza sus inversiones;

e) Se guíe por la observación general núm. 24 (2017), sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales.

Cambio climático

14.El Comité toma nota con interés de la adopción del Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático. No obstante, al Comité le preocupa que el Estado parte no pueda cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional comunicadas en virtud del Acuerdo de París ni su objetivo de reducir en un 25 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, no solo porque sigue dependiendo en gran medida del gas natural, y en menor medida del petróleo, como principal motor económico y fuente de ingresos, sino también porque tiene previsto impulsar aún más su producción y comercio de gas natural licuado a través del proyecto de ampliación de North Field.

15. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para implementar su plan de contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París y para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en particular promoviendo aún más las fuentes de energía alternativas y renovables y respetando sus obligaciones en materia de derechos humanos en sus políticas de explotación y exportación de recursos naturales. El Comité remite al Estado parte a su declaración sobre el cambio climático y el Pacto .

Asistencia oficial para el desarrollo

16.Preocupa al Comité que la asignación de asistencia oficial para el desarrollo del Estado parte siga estando por debajo del objetivo de las Naciones Unidas del 0,7 % del ingreso nacional bruto.

17. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para alcanzar la meta acordada internacionalmente de destinar a la asistencia oficial para el desarrollo el 0,7 % del ingreso nacional bruto.

Corrupción

18.El Comité toma nota del fortalecimiento del marco institucional de lucha contra la corrupción del Estado parte, incluida la promulgación de la Ley núm. 20/2019, y de las medidas adoptadas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, al Comité le preocupan las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos del Estado, incluido el proceso de aprobación de los presupuestos.

19. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública y en la utilización de los recursos del Estado, entre ellas garantizar que la aprobación de los presupuestos se lleve a cabo de forma transparente y participativa;

b) Siga reforzando las competencias y la capacidad de los organismos encargados de combatir la corrupción para que puedan cumplir su mandato con independencia y eficacia;

c) Vele por que todos los casos de corrupción, en particular los que impliquen a funcionarios de alto nivel, se investiguen de forma exhaustiva e independiente y se enjuicien sin impunidad;

d) Establezca cauces seguros y accesibles para denunciar la corrupción y adopte medidas para garantizar la protección de los activistas anticorrupción, los denunciantes y los testigos.

No discriminación

20.Preocupa al Comité que en el Estado parte no exista una ley amplia de lucha contra la discriminación que abarque todos los motivos de discriminación en las distintas esferas que contempla el Pacto, en particular el origen nacional o social (art. 2, párr. 2).

21. El Comité recomienda al Estado parte que apruebe una ley amplia de lucha contra la discriminación que brinde protección suficiente contra la discriminación de conformidad con el artículo 2 del Pacto y que:

a) Incluya de forma expresa todos los motivos prohibidos de discriminación enumerados en dicho artículo y en la observación general núm. 20 (2009), relativa a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el origen nacional o social;

b) Defina la discriminación directa e indirecta de acuerdo con las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud del Pacto;

c) Prohíba la discriminación en el ámbito público y en el privado;

d) Prevea recursos efectivos en casos de discriminación.

No nacionales

22.El Comité está preocupado por las denuncias de discriminación racial estructural contra los no nacionales en el Estado parte, en especial las personas procedentes de Asia Meridional y África Subsahariana, lo que repercute negativamente en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la vivienda y a participar en la vida cultural (art. 2, párr. 2).

23. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte todas las medidas jurídicas y de política necesarias para prevenir y combatir la persistente discriminación contra los no nacionales, en especial las personas procedentes de Asia Meridional y África Subsahariana, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en virtud del Pacto;

b) Siga aplicando las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, tras su visita a Qatar en 2019 ;

c) Tenga en cuenta su Declaración sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los migrantes en virtud del Pacto .

Minorías religiosas

24.A pesar de que en la Constitución del Estado parte se prohíbe la discriminación por motivos religiosos, al Comité le preocupa la discriminación que sufren, en la legislación y en la práctica, las minorías religiosas por razón de su religión o sus creencias, lo que menoscaba su capacidad para disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Comité está especialmente preocupado por el requisito de inscripción en el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener una presencia oficial en el país, lo que expone a los miembros de grupos religiosos no registrados al riesgo de expulsión. Además, le preocupan las expresiones de discriminación que sufren los bahaíes, como los despidos discriminatorios, la falta de reconocimiento de sus documentos de matrimonio y estatuto personal, las expulsiones y la inclusión en listas negras, que les han acarreado consecuencias negativas como la pérdida de ingresos y la separación de las familias (art. 2, párr. 2).

25. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para derogar toda disposición jurídica discriminatoria que afecte indebidamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos e individuos religiosos, incluido el requisito de inscripción en el Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer una presencia oficial en el país. El Comité también recomienda al Estado parte que adopte medidas positivas para prevenir y combatir la discriminación que sufren las minorías religiosas, en particular los miembros de la comunidad religiosa bahaí, y para eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Apátridas

26.Al Comité le preocupa que la población bidún y los miembros apátridas del clan Ghufran del Estado parte sufran discriminación con respecto a su capacidad para disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial en lo que se refiere al acceso al trabajo, la educación y la atención de la salud (art. 2, párr. 2).

27. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y reducir la apatridia con miras a garantizar el acceso no discriminatorio de los apátridas a los derechos económicos, sociales y culturales, y que examine la posibilidad de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales

28.Al Comité le preocupa que las relaciones homosexuales consentidas entre adultos estén tipificadas como delito en el Estado parte. También le preocupa la prevalencia de la intimidación, el acoso, la violencia y el estigma contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales por su orientación sexual e identidad de género (art. 2, párr. 2).

29. El Comité recomienda al Estado parte que despenalice las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y asegure una protección efectiva contra todas las formas de discriminación y violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género, que obstaculizan el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Igualdad entre hombres y mujeres

30.A pesar de la reserva del Estado parte al artículo 3 del Pacto, a la que se hace referencia en los párrafos 6 y 7 de las presentes observaciones finales, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que las mujeres del Estado parte sean objeto de discriminación, en la legislación y en la práctica, en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos, la nacionalidad y la libertad de circulación. Asimismo, le preocupan las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados con respecto a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad (art. 3).

31. Si bien reconoce la diversidad en materia de buenas costumbres y culturas, el Comité señala que las leyes y prácticas nacionales deben regirse siempre por los principios de universalidad de los derechos humanos y no discriminación. Así pues, no puede justificarse el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto alegando consideraciones políticas, sociales, religiosas, culturales o económicas propias del Estado. En ese sentido, el Comité recomienda al Estado parte que modifique o derogue todas las leyes y normativas que sean discriminatorias o tengan un efecto discriminatorio contra las mujeres, incluidas las leyes relativas a la nacionalidad y la herencia. El Comité también recomienda al Estado parte que combata las actitudes patriarcales y los estereotipos de género arraigados, que podrían impedir a las mujeres disfrutar de los derechos consagrados en el Pacto en igualdad de condiciones con los hombres.

32.Al Comité le preocupa la criminalización de las relaciones sexuales extramatrimoniales ( zina ) en el Estado parte, debido a que, en la práctica, las mujeres corren un mayor riesgo de que se las condene por zina, ya que se utiliza el embarazo como prueba en su contra (arts. 3 y 10).

33.El Comité recomienda al Estado parte que despenalice las relaciones sexuales extramatrimoniales ( zina ) y que haga frente a los prejuicios sexistas y a las desigualdades que sufren las mujeres en las acciones judiciales.

Derecho al trabajo y derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo

34.Al Comité le preocupa que, a pesar de las medidas legislativas adoptadas por el Estado parte para abolir el sistema de kafala o patrocinio, los trabajadores migrantes, en particular los que perciben salarios bajos en los sectores de la construcción, los servicios y el trabajo doméstico, sufran con frecuencia impagos o retrasos en el pago de sus salarios y sigan teniendo dificultades cuando intentan cambiar de empleo. Asimismo, le preocupan los informes de los que se desprende que muchos trabajadores con bajos ingresos no acuden a la justicia para denunciar violaciones laborales debido a las amenazas de represalias de los empleadores, quienes podrían rescindir sus contratos o acusarlos de fuga, lo que se castiga con penas de prisión en virtud de la Ley núm. 21/2015 (arts. 6 y 7).

35. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aumente el número de inspectores de trabajo y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y siga reforzando sus capacidades para prevenir, detectar y atender eficazmente las vulneraciones de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, en particular de los que perciben salarios bajos en los sectores de la construcción, los servicios y el trabajo doméstico;

b) Intensifique la cooperación entre los países de origen y destino con vistas a reforzar la gobernanza empresarial y exigir a los empleadores, incluidos los subcontratistas y otros agentes empresariales y privados implicados en aspectos de migración laboral temporal, que rindan cuentas por las vulneraciones de los derechos laborales;

c) Siga mejorando el sistema de protección salarial mediante el fortalecimiento de sus mecanismos de control, aplicación y reparación a fin de garantizar que los empleadores paguen de forma puntual e íntegra los salarios de los trabajadores y se impongan sanciones a aquellos que no cumplan;

d) Modifique la Ley núm. 21/2015 para despenalizar los actos de fuga o abandono del trabajo sin permiso del empleador;

e) Adopte nuevas medidas que garanticen mecanismos accesibles para que los trabajadores puedan presentar denuncias sobre vulneraciones de los derechos laborales y, al mismo tiempo, se los proteja frente a las represalias de sus empleadores;

f) Promueva la concienciación de los trabajadores acerca de los procedimientos y las normas en materia de movilidad laboral;

g) Se guíe por la observación general núm. 23 (2016), sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y la aplique.

Trabajadores domésticos

36.El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley núm. 15/2017, de los Trabajadores Domésticos y otras medidas legislativas destinadas a salvaguardar los derechos de los trabajadores domésticos. Sin embargo, le preocupa que esta legislación no se aplique de forma adecuada, en particular debido a que se llevan a cabo pocas inspecciones de las condiciones de trabajo y de vida de esos trabajadores. El Comité está especialmente preocupado por la información recibida que señala que muchos trabajadores domésticos siguen sometidos a condiciones de trabajo abusivas, como jornadas laborales excesivas sin descansos ni días libres, confiscación de pasaportes y teléfonos móviles y, en algunos casos, agresiones físicas, verbales o sexuales. Asimismo, le preocupa que los trabajadores domésticos no estén cubiertos por el sistema de protección salarial, mecanismo que permitiría al Gobierno controlar los salarios y las prestaciones que se pagan a los trabajadores y detectar las vulneraciones (art. 7).

37. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aumente el número de inspectores de trabajo y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y refuerce sus capacidades, y elimine toda restricción legal y administrativa que impida controlar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos;

b) Vele por que los trabajadores domésticos estén protegidos, en la legislación y en la práctica, contra todas las formas de acoso sexual en el empleo y la ocupación, y prevea medios de reparación adecuados;

c) Proporcione mecanismos eficaces para que los trabajadores domésticos puedan denunciar los abusos o la explotación, teniendo en cuenta la dificultad que entraña para algunos de ellos el acceso a los medios de telecomunicación;

d) Investigue todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores domésticos;

e) Garantice que los trabajadores domésticos estén cubiertos por el sistema de protección salarial o por un mecanismo similar de control de salarios;

f) Ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) y el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190) de la Organización Internacional del Trabajo.

Seguridad y salud ocupacionales

38.El Comité acoge con satisfacción la adopción en 2020 de la Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales y de la Resolución Ministerial núm. 17/2021, en la que se especifican las medidas para proteger a los trabajadores del estrés térmico. Sin embargo, le preocupan los numerosos informes sobre muertes relacionadas con el trabajo que no se registraron como tales durante las obras de construcción de las sedes de la Copa Mundial de la Fédération Internationale de Football Association Qatar 2022.

39. El Comité recomienda al Estado parte que examine el enfoque adoptado para investigar las muertes y lesiones relacionadas con el trabajo, garantice la determinación precisa de sus causas y mejore su recopilación de datos. Asimismo, recomienda al Estado parte que supervise y asegure el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud ocupacionales y que promueva campañas de concienciación entre empleadores y trabajadores sobre la seguridad en el lugar de trabajo y la prevención de accidentes laborales. Además, el Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187) de la Organización Internacional del Trabajo.

Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores

40.Si bien el Comité acoge con agrado la creación del Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores, que responsabiliza económicamente a los empleadores y propietarios de empresas cuando no pagan la totalidad de los salarios y otras prestaciones a los trabajadores, le preocupa que la accesibilidad del Fondo sea limitada (art. 7).

41. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce la aplicación del Fondo de Apoyo y Seguro para los Trabajadores y que lo haga accesible a todos los trabajadores, en particular a los migrantes y a los del servicio doméstico, que no hayan recibido el pago de sus empleadores. Asimismo, recomienda al Estado parte que establezca para el Fondo un sistema de gestión de casos sólido y profesional, que garantice la tramitación sistemática y oportuna de las reclamaciones, la aportación de la financiación necesaria y la aplicación efectiva de las acciones de recuperación contra los empleadores.

Derechos sindicales

42.Si bien el Comité toma nota de la existencia de comisiones conjuntas en las empresas y de la legislación que permite a los trabajadores migrantes ser elegidos como representantes en dichas comisiones, le preocupa que no haya sindicatos independientes en el Estado parte (art. 8).

43. El Comité recomienda al Estado parte que permita a los trabajadores, incluidos los migrantes, fundar sindicatos y afiliarse a los de su elección, así como declararse en huelga y participar en negociaciones colectivas. Además, también recomienda al Estado parte que ratifique el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) de la Organización Internacional del Trabajo.

Comisiones de arreglo de controversias laborales

44.Si bien el Comité toma nota de la creación de comisiones de arreglo de controversias laborales, le preocupan los informes en los que se señala que los trabajadores enfrentan obstáculos para acceder a la justicia y obtener reparación a través de esas comisiones, en particular debido a las barreras lingüísticas, la excesiva prolongación de los procedimientos y los retrasos en el pago de las indemnizaciones (arts. 6, 7 y 8).

45. El Comité recomienda al Estado parte que mejore el acceso a la justicia en las comisiones de arreglo de controversias laborales aumentando la capacidad de interpretación y traducción y proporcionando fondos de asistencia, incluida la ayuda para los gastos de transporte, a los trabajadores que no perciben su salario durante las acciones judiciales. Asimismo, recomienda al Estado parte que siga aumentando el número de comisiones de arreglo de controversias laborales y de jueces que se ocupen de los casos y que considere la posibilidad de aceptar reclamaciones colectivas a fin de agilizar los procedimientos.

Derecho a la seguridad social

46.El Comité está preocupado por la falta de cobertura de seguridad social para los no nacionales, en particular en lo que respecta a los ingresos de jubilación (art. 9).

47. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas para ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, incluidos los ingresos de jubilación, a los no nacionales;

b) Adopte las medidas necesarias que permitan asegurar prestaciones de asistencia social de cuantía suficiente para cubrir el costo de la vida, entre otros medios estableciendo un sistema de indexación eficaz y transparente;

c) Tenga en cuenta su observación general núm. 19 (2007), relativa al derecho a la seguridad social.

Derecho a la vivienda

48.Al Comité le preocupan las políticas de vivienda y la legislación del Estado parte que impiden a los trabajadores migrantes, en particular a los de bajos ingresos procedentes de Asia Meridional o África Subsahariana, residir en determinadas zonas, lo que obstaculiza su derecho a la vivienda y a la libertad de circulación. Asimismo, le preocupa especialmente que en las leyes nacionales y municipales de Doha, incluida la Ley núm. 15/2010 sobre la prohibición de los campamentos de trabajadores dentro de las zonas residenciales familiares y la Resolución núm. 83/2011 del Ministro de Municipios y Planificación Urbana, se designen determinadas zonas como áreas familiares y se prohíba a los trabajadores migrantes alquilar propiedades en esas zonas (art. 11).

49. El Comité recomienda al Estado parte que garantice el derecho a la vivienda de los trabajadores migrantes, en particular de los de bajos ingresos procedentes de Asia Meridional o África Subsahariana, y que examine las leyes y políticas en materia de vivienda que les prohíben residir en determinadas zonas.

Derecho a la salud física y mental

50.El Comité está preocupado por:

a)Las dificultades que enfrentan apátridas y migrantes indocumentados para acceder a la atención sanitaria, ya que el Estado parte no permite que las personas sin documentos de identidad válidos accedan a la atención sanitaria esencial;

b)Las restricciones al acceso independiente de las mujeres a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva debido al sistema de tutela masculina (arts. 3 y 12).

51. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Garantice el acceso a la asistencia sanitaria a los apátridas y migrantes indocumentados;

b) Adopte medidas para garantizar que las mujeres puedan acceder a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva sin necesidad de contar con el permiso de un tutor o un certificado de matrimonio.

Derecho a la educación

52.Al Comité le preocupan las barreras que enfrentan los hijos de los no nacionales para acceder a la educación, entre ellas los elevados costos asociados a la matriculación en las escuelas y la limitada capacidad de matriculación en las escuelas públicas. Asimismo, le preocupan los informes de los que se desprende que el personal administrativo y docente extranjero de las escuelas y universidades públicas recibe aproximadamente la mitad del salario que sus homólogos qataríes (art. 13).

53. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación y en la práctica, el acceso no discriminatorio a la educación primaria y secundaria obligatoria y gratuita a todos los niños, en particular a los hijos de los no nacionales. Además, recomienda al Estado parte que respete el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y vele por que el personal administrativo y docente extranjero de las escuelas y universidades públicas reciba el mismo salario que sus homólogos qataríes.

Derechos culturales

54.El Comité está preocupado por las restricciones que se imponen a las minorías religiosas en el ejercicio de sus prácticas culturales y la organización de actividades culturales de carácter religioso, como la celebración de reuniones y actos religiosos y el acceso a material bibliográfico religioso. Le preocupan también las dificultades a las que se enfrentan los miembros de la comunidad religiosa bahaí para acceder al patrimonio cultural y a los lugares de memoria, incluidas las restricciones y los retrasos administrativos en su intento de restablecer su cementerio actual en un terreno cedido por el municipio de Doha después de que las autoridades lo destruyeran en 2009 (art. 15).

55. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas adecuadas para proteger la diversidad cultural y las prácticas y actividades culturales de las minorías religiosas, como las prácticas religiosas de la comunidad bahaí, entre otras cosas protegiendo y restaurando los lugares religiosos. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 21 (2009), relativa al derecho de toda persona a participar en la vida cultural.

D.Otras recomendaciones

56. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

57. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar los instrumentos fundamentales de derechos humanos en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. El Comité recomienda también al Estado parte que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que firmó en 2007.

58. El Comité recomienda al Estado parte que tenga plenamente en cuenta sus obligaciones dimanantes del Pacto y vele por el pleno disfrute de los derechos en él reconocidos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el plano nacional, también en lo que respecta a la recuperación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se vería considerablemente facilitada si el Estado parte estableciera mecanismos independientes para supervisar los progresos y tratara a los beneficiarios de los programas públicos como titulares de derechos a los que pueden acogerse. La consecución de los Objetivos sobre la base de los principios de participación, responsabilidad y no discriminación permitiría que nadie se quedara atrás. A este respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte su declaración sobre la promesa de no dejar a nadie atrás .

59. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, también a nivel municipal, en particular entre los parlamentarios, los funcionarios públicos y las autoridades judiciales, y que, en su próximo informe periódico, lo informe de las medidas que haya adoptado para aplicarlas. El Comité hace hincapié en el papel crucial que desempeña el Parlamento en la aplicación de las presentes observaciones finales y alienta al Estado parte a que vele por su participación en futuros procedimientos de presentación de informes y de seguimiento. El Comité alienta al Estado parte a que siga colaborando con el Comité Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil en el seguimiento de las presentes observaciones finales y en el proceso de consultas en el plano nacional antes de la presentación de su próximo informe periódico.

60. De conformidad con el procedimiento de seguimiento de las observaciones finales aprobado por el Comité, se pide al Estado parte que proporcione, en un plazo de 24 meses a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 7 (Reservas), 13 a), c) y d) (Las empresas y los derechos humanos) y 35 a), c) y d) (Derecho al trabajo y derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo).

61. El Comité pide al Estado parte que presente su segundo informe periódico en virtud del artículo 16 del Pacto a más tardar el 31 de octubre de 2028, a menos que se le informe de un cambio en el ciclo de examen. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 68/268 de la Asamblea General, la extensión máxima del informe será de 21.200 palabras. Además, invita al Estado parte a que actualice su documento básico común, según corresponda, de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos .