Período de sesiones sustantivo de 2003

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Informes iniciales presentados por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Adición

REPÚBLICA DE MOLDOVA*

[28 de febrero de 2003]

_______________

* La información presentada por Moldova de conformidad con las directrices relativas a la parte inicial de los informes de los Estados Partes figura en el documento básico (HRI/CORE/1/Add.114).

Los anexos mencionados en el presente informe pueden consultarse en la Secretaría.

GE.03-41195 (EXT)

ÍNDICE

Párrafos Página

I.INFORMACIÓN GENERAL1-55

II.ESTRUCTURA POLÍTICA Y MARCO NORMATIVO

GENERAL ARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS6-6010

A.Historia breve. Presentación general6-4910

B.Información y publicidad50-6017

III.APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ARTÍCULOS DEL PACTO61-62619

Artículo 161-10419

Artículo 2105-13327

Artículo 3134-15136

Artículo 4152-15440

Artículo 5155-15840

Artículo 6159-18541

Artículo 7186-20249

Artículo 8203-21255

Artículo 9213-40258

Artículo 10403-466129

Artículo 11467-500145

Artículo 12501-528154

Artículo 13529-591160

Artículo 14592174

Artículo 15593-627174

Lista de cuadros

1. Población urbana y crecimiento de la población

2. Indicadores de desarrollo humano

3. Desarrollo humano – datos generales

4. Perfil demográfico

5. Indicadores de desarrollo humano

6. Principales indicadores demográficos

7. Principales indicadores de aprovechamiento de los recursos naturales y protección del ambiente, 1999

8. Principales indicadores de desarrollo social

9. Vacantes registradas en las Bolsas de Trabajo, enero a septiembre de 2000

10.Evolución del desempleo en la República de Moldova, 1991-2000.Medidas de protección social tomadas

11.Redistribución de la mano de obra por sector de la economía

12. Estructura del empleo en la República de Moldova, 1995-1999

13. Escala de sueldos

14.Datos sobre la evolución del salario mínimo en relación con el presupuesto de consumo mínimo

15. Remuneración de los empleados según la forma de propiedad

16. Evolución del salario mensual medio, 1994-1999 (lei)

17. Número de víctimas de accidentes de trabajo, 1995-1999

18. Edad de jubilación, 1999-2008

19. Edad de jubilación de las madres de cinco o más hijos

20. Edad de jubilación de las personas que trabajan en condiciones muy difíciles y peligrosas

21. Período de aportación necesario

22. Edad de invalidez y período de aportación

Lista de cuadros ( continuación )

23. Tasas de aportación al seguro (porcentaje del fondo de salarios)

24. Situación de la seguridad de las pensiones, 1992-2000

25. Beneficiarios de pensiones y suplementos

26. Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia

27. Programa de protección social de los inválidos

28. Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997

29.Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo, 1999-2001

30. Número de niños inválidos

31. Indicadores de nivel de vida

32. Tasa de mortinatalidad y mortalidad infantil en las zonas rurales y las zonas urbanas

33. Población que recibe servicios comunales

34. Porcentaje de niños vacunados

35. Seguro médico de los niños

36. Situación de la educación preescolar

37. Gastos del Estado en educación

38. Gastos para los niños con impedimentos mentales o físicos

39. Niños y adolescentes entre 7 y 16 años que no asistían a la escuela al principio del año lectivo

40. Instituciones extracurriculares para niños (al fin del año)

41.Distribución de las escuelas y los alumnos por idioma de enseñanza (excluidas las escuelas para niños con deficiencias intelectuales o físicas y las escuelas de balnearios)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con las directrices sobre la forma y el fondo de los informes iniciales de los Estados Partes, se presenta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el presente informe sobre las medidas tomadas por la República de Moldova para aplicar el Pacto y sobre los progresos hechos entre el 25 de febrero de 1993 y el 1º de enero de 2000.

2.La República de Moldova ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 28 de julio de 1990, por decisión N° 217-XII del Parlamento, que entró en vigor el 26 de abril de 1993.

3.La siguiente información estadística se refiere a la República de Moldova:

Nombre oficial del país: República de Moldova

Situación geográfica: la República de Moldova está situada en la Europa sudoriental, entre Rumania y Ucrania, en la cuenca de los ríos Prut y Nistru (Dniéster)

Superficie: 33.800 km2

Población: 4.264.000 (al 1° de enero de 2001)

Densidad de población: 126 habitantes por km2

Capital: Chisinau (aproximadamente 780.000 habitantes al 1° de enero de 2001)

Fiesta nacional: el 27 de agosto, Día de la Independencia

Bandera nacional: tres franjas verticales de igual anchura, una roja, una amarilla y una azul, con el escudo de la República de Moldova en el centro

Forma de gobierno: república parlamentaria

Legislatura nacional: parlamento unicameral, compuesto de 101 miembros elegidos directamente por representación proporcional

Jefe del Estado: Presidente

Divisiones administrativas: 10 condados, 1 Unidad Territorial Administrativa, 15 municipios, 43 ciudades, 663 comunas y 1679 localidades

Fecha de admisión en las Naciones Unidas: 2 de marzo de 1992

Distribución de la población:

Zona urbana45%

Zona rural55%

Cuadro 1

Población urbana y crecimiento de la población

Población urbana (% del total)	Tasa de crecimiento de la población (%)
1960	1997	2000	1960-1997	1997-2000
23	46	46	2,95	-0,35

Deuda externa: 1.300 millones de dólares de los Estados Unidos en 1998. La deuda externa administrada por el Gobierno ascendía a 749,9 millones de dólares al 1° de abril de 2000.

En 1999 el producto bruto interno (PIB) ascendía a 12.322 millones de lei de Moldova, cifra que equivale aproximadamente al 96,6% (en precios comparativos) del PIB de 1998.

La tasa de desempleo era 7,3% en 2000 según la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La población económicamente activa constituía el 46,1% de la población total del país, y la población empleada el 41,0% de la población total y el 54,5% de la población mayor de 15 años. Al 1° de enero de 2000 había 34.900 personas oficialmente inscritas como desempleadas, 187.000 según la clasificación de la OIT.

Tasa de inflación: 18,4% en 2000

Porcentaje de la población que asiste a la escuela: 71%

Tasa de educación de adultos: 96,4%.

Cuadro 2

Indicadores de desarrollo humano

Esperanza de vida al nacer (años), 1999	67,8
Tasa de alfabetización de adultos (%), 1998	96,4
Matriculación neta en todos los niveles de educación (%), 1998	2.042
Indicador de educación, 1998	0,880
Indicador del PIB, 1998	0,507
Índice de desarrollo humano, 1998	0,698

4.Los indicadores de desarrollo humano tienen tres elementos básicos: la duración de la vida, el nivel de educación y el nivel de vida. La duración de la vida se mide por la esperanza de vida al nacer. El nivel de educación se obtiene calculando la media aritmética combinada de la tasa de alfabetización de la población (con un peso de dos tercios) y la tasa de matriculación neta en todos los niveles de educación (con un peso de un tercio). El PIB por habitante, calculado según la paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares de los Estados Unidos, se usa para medir el nivel de vida.

5.Cada componente del cuadro 2 se compara con valores fijos mínimos y máximos establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como sigue: 25 y 85 años para la esperanza de vida al nacer; 0 y 100% para la tasa de alfabetización; 0 y 100% para la tasa de matriculación neta en todos los niveles de educación; y 100 y 40.000 dólares de los Estados Unidos para el PIB por habitante. Para los tres primeros componentes, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo produce los siguientes indicadores:

Esperanza de vida al nacer: (67,4 – 25) / (85 – 25) = 0,707

Tasa de alfabetización: (96,4 – 0,0) / (100,0 – 0,0) = 0,964

Matriculación neta en todos los niveles de educación: (71,2 – 0,0) / (100,0 – 0,0) = 0,712

Nivel de educación calculado con los dos índices precedentes:

(2 × 0,964 + 0,712) / 3 = 0,880

PIB por habitante: (log 2033 – log 100) / (log 40.000 – log 100) = 0,507

El índice de desarrollo humano se calcula como el promedio de los tres elementos básicos, que reciben un mismo peso: (0,707 + 0,880 + 0,507) / 3 = 0,698.

E/1990/5/Add.52página 8 Cuadro 3

Desarrollo humano – datos generales

Esperanza de vida al nacer (años)	Población con acceso a	Consumo diario de calorías por habitante	Tasa de alfabetización de adultos (%)	Matriculación bruta en todos los niveles de educación (%)	Publicaciones (ejemplares por persona)	Aparatos de televisión (por 100 habitantes)	PIB por habitante (PPA en dólares)	PIB por habitante (dólares EE. UU.)
1999	Servicios médicos (%) 1999	Agua potable (%) 1998	Servicios sanitarios* (%) 1998	1998	1989	1998	1998	1998	1998	1998
67,4	…	51,9	46,0	1 775	96,4	71,2	136	15	2 042	474

*Acceso a agua corriente.

Cuadro 4

Perfil demográfico

Población (millones)	Tasa anual de aumento de la población (%)	Población rural (% de la población total)	Tasa general de natalidad	Tasa generalde mortalidad	Tasa general de fecundidad	Tasa de uso de un método anticonceptivo (%)
1960	1998	2000	1960-1998	1998-2000	2000	1999	1999	1999	1999
3,0	4,3	4,3	0,85	(–) 0,45	55	10,1	11,4	1,37	28*

* Incluye las mujeres registradas como usuarias de métodos anticonceptivos intrauterinos u orales; porcentaje de las mujeres entre 15 y 49 años.

Cuadro 5

Indicadores de desarrollo humano

Esperanza de vida al nacer (años)	Mortalidad infantil(por 1.000 nacidos vivos)	Tasa de alfabetización de adultos (%)	Matriculación bruta en todos los niveles de educación (% de la población entre 7 y 22 años)	Adultos analfabetos (de 15 años o más) (millones)	Mujeres analfabetas (de 15 años o más) (millones)	Niños no matriculados en la escuela primaria (miles)	Niños muertos antes de los 5 años (miles)
1959	1999	1960	1999	1989	1998	1989	1989	1998	1999
68,1	67,4	48,2	19,1	96,4	71	0,1	0,09	17,5	0,9

Fuente (cuadros 2 a 5): Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República de Moldova - Informe de 1999.

Cuadro 6

E/1990/5/Add.52 página 9

Principales indicadores demográficos

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Población total	4 366,3	4 334,4	4 320,0	4 304,7	4 293,0	4 281,5
Hombres (miles)	2 082,0	2 071,0	2 064,5	2 057,5	2 057,5	2 046,5
% del total	47,7	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
Población urbana (miles)	2 073,6	2 004,1	1 995,3	1 987,7	1 976,3	1 968,5
% del total	47,5	46,2	46,2	46,2	46,0	46,0
Estructura de la población por edad
Personas menores de la edad mínima de empleo (%)	29,7	28,6	28,2	27,6	26,7	25,7
Personas en edad de empleo (%)	54,9	55,6	56,0	56,4	57,2	58,3
Personas en edad de jubilación (55 años para las mujeres; 60 para los hombres)	15,4	15,8	15,8	16,0	16,1	16,0
Tasa de crecimiento natural de la población	8,0	0,8	0,5	0,0	- 0,2	- 1,3
Tasa de natalidad	17,7	13,0	12,0	11,9	10,9	10,1
Tasa de mortalidad	9,7	12,2	11,5	11,9	11,1	11,4
Tasa de nupcialidad	9,4	7,5	6,0	6,1	6,0	6,5
Tasa de divorcio	3,0	3,4	3,1	3,1	3,0	2,7
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	19,0	21,2	20,2	19,9	17,8	19,1

II. ESTRUCTURA POLÍTICA Y MARCO NORMATIVO GENERAL

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Historia breve. Presentación general

6.Con la adopción de la Declaración de Soberanía de la República Socialista Soviética de Moldavia (23 de junio de 1990) y la Declaración de la Independencia de la República de Moldova (27 de agosto de 1991), la República de Moldova se convirtió en Estado soberano e independiente, lo cual permitió la entrada en la escena internacional.

7.Como parte de la URSS, la Moldova soviética sufrió el horror del genocidio político, que se manifestó en deportaciones en masa, hambre organizada y desnacionalización forzada. El idioma ruso se impuso como lengua oficial.

8.En el último decenio, la República de Moldova inició sus actividades políticas y culturales para democratizar la vida social y política y emancipar la población. La República de Moldova sancionó la Ley del restablecimiento del alfabeto latino (N° 362-XI), la Ley del idioma oficial (N° 3464-XI) y la Ley del uso de los idiomas hablados en la República de Moldova (N° 3465-XI, de 31 de agosto de 1989), la decisión del Parlamento sobre la sanción del Reglamento relativo a la bandera de la República Socialista Soviética de Moldavia y la Ley sobre el himno nacional de la República de Moldova. Se estableció el cargo de Presidente del país (3 de septiembre de 1990). También eligió los símbolos antiguos – el águila y la cabeza de uro – como escudo del Estado (3 de noviembre de 1990). Se cambió el nombre de “República Socialista Soviética de Moldavia” por el de “República de Moldova” (23 de mayo de 1991). Hasta ahora la República de Moldova ha establecido relaciones diplomáticas con 140 Estados.

9. Al mismo tiempo el proceso de consolidación del Estado ha sido gravemente afectado por la actividad separatista de ciertas fuerzas de la parte oriental del país. A lo largo de los siglos se formó una población multinacional y algunas de las naciones se concentraron en la parte meridional del país (gagausos (turcos ortodoxos) y búlgaros, que forman cerca del 3,2% de la población). Para evitar que la República de Moldova se separara de la esfera soviética, esas fuerzas decidieron usar el separatismo nacionalista como medio de chantaje. Como consecuencia de la política coordinada de los líderes separatistas en los distritos de la ribera izquierda del río Nistru, la ciudad de Bender y la región gagausa se convirtieron en partes de un nuevo Estado unitario e independiente. El objetivo era conservar las viejas orientaciones ideológicas, políticas y económicas. En consecuencia, los diputados elegidos por los distritos orientales de la República de Moldova (Transnistria) celebraron una reunión el 2 de septiembre de 1990 en la aldea de Parcani. En la reunión se sancionó la Constitución de “la República Socialista Soviética Moldava de Transnistria como parte de la URSS”.

10.Este acto fue la base del conflicto político por la soberanía de la República de Moldova. En consecuencia, las fuerzas políticas de la república proclamada tomaron la iniciativa y emplearon la fuerza para alcanzar sus fines.

11. Un número cada vez mayor de esos 64 diputados, por propia iniciativa o bajo presión de las fuerzas extremistas de Transnistria, dejó de participar en las sesiones del Parlamento de Moldova. El extremismo político se convirtió en la “norma” de Transnistria en detrimento del pluralismo de la opinión y el diálogo.

12.Como consecuencia de la aplicación de procedimientos políticos inconstitucionales, determinada y favorecida en gran medida por las fuerzas políticas de Moscú que abogaban por el mantenimiento de la Unión Soviética, se cometieron violaciones de los derechos humanos fundamentales en los distritos orientales de la República de Moldova.

13.En la República de Moldova existe una clara tendencia a crear los mecanismos y factores fundamentales para aplicar un sistema de promoción y respeto de los derechos humanos, basado particularmente en los principios jurídicos internacionales. El título II de la Constitución de la República de Moldova (“Derechos, libertades y deberes fundamentales”) está dedicado a ellos y tiene en cuenta su importancia y esencia.

14.La reforma del ordenamiento jurídico nacional se inició en la República de Moldova desde que se obtuvo la independencia en enero de 1993. La ratificación de varias leyes que modificaron el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal dio a la República de Moldova la oportunidad de acercarse a las normas internacionales, especialmente a las europeas.

15.La República de Moldova ha firmado y ratificado un conjunto de instrumentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (resolución 47/135, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992); las decisiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que implican compromisos sobre la protección de las minorías étnicas: el Acta Final de las reuniones de Madrid y Viena y el Acta de la Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana; la Carta de París para una nueva Europa; el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales, ratificado por el Parlamento de la República de Moldova el 22 de octubre de 1996.

16.La Comisión Europea para la Democracia por la Ley (Comisión de Venecia) examinó varios proyectos de constitución y el texto de la nueva constitución, sancionado el 29 de julio de 1994.

17.La contribución de los expertos internacionales fue importante. Gracias a sus aclaraciones y correcciones, se elaboró una constitución moderna de conformidad con los requisitos para garantizar un sistema jurídico que respondiera a las exigencias actuales en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

18.El artículo 1 dice que la República de Moldova es un Estado democrático regido por la ley, en el cual la dignidad de la persona, sus derechos y libertades, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político son valores supremos que están garantizados:

“La democracia en la República de Moldova se ejerce en condiciones de pluralismo político, que es incompatible con la dictadura o el totalitarismo, y el Estado no adoptará ninguna ideología oficial” (art. 5).

La unidad nacional “constituye el fundamento del Estado”, que es “la patria común e indivisible de todos los ciudadanos” (art. 10).

Las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos y las libertades se interpretan y ejecutan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con las convenciones y demás tratados en que es parte la República de Moldova (art. 4, párr. 1).

De conformidad con los nuevos principios, la Constitución regula lo relativo a las relaciones económicas dentro de la sociedad, garantiza el derecho a la propiedad y estipula su buen uso para eliminar la usurpación de la propiedad y el menoscabo de los derechos, las libertades y la dignidad de la persona (art. 9).

19.En suma, se puede decir que las principales disposiciones de la Constitución son las siguientes: el pluralismo político, la separación y la colaboración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el derecho de todos los ciudadanos a la protección, el desarrollo y la expresión de su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa.

20.No hay duda de que la ley constitucional es la única que puede determinar la forma de aplicar los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Aquí el legislador, teniendo en cuenta la importancia del respeto de los derechos y libertades fundamentales, destacó la supremacía del derecho internacional de derechos humanos y, en el artículo 8 de la Constitución, la República de Moldova se compromete a respetar la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales en que es parte.

21.La prioridad de los tratados internacionales también fue reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, que, tras estudiar la aplicación de esas disposiciones constitucionales, adoptó el 30 de enero de 1996 la decisión “sobre la práctica judicial relativa a la aplicación de algunas disposiciones de la Constitución de la República de Moldova” (N° 2, de 30 de enero de 1996). El párrafo 3 obliga a los tribunales, “en los casos en que la legislación interna sea contraria a un instrumento internacional, a aplicar las disposiciones del instrumento internacional en que la República de Moldova es parte”.

22.Conforme a lo dispuesto en la Constitución, la mayoría de los textos legislativos de la República de Moldova estipulan la supremacía del derecho internacional: el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código del Matrimonio y la Familia, etc.

23.El Tribunal Constitucional tiene un papel especial en esta esfera: tras recibir notificación, el Tribunal examina la constitucionalidad de los tratados internacionales en que es parte la República de Moldova. En este contexto, debe notarse que el Tribunal Constitucional aplica las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 de la Constitución, que dice así: “En caso de discrepancia entre el ordenamiento interno y las convenciones y tratados sobre derechos humanos fundamentales firmados por la República de Moldova, se dará prioridad a las normas internacionales”.

24.La Constitución de la República de Moldova reproduce, en gran medida, los derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reafirma que “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ideal del ser humano libre, dotado de libertades civiles y políticas y liberado del temor

y de la miseria, no puede lograrse a menos que se creen las condiciones necesarias para que toda persona goce de sus derechos civiles y políticos, así como de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

25.Los derechos económicos, sociales y culturales son la base del desarrollo complejo y pleno del ser humano. No son menos importantes que los derechos civiles y políticos, pero su ejercicio depende también de los recursos de que disponga la sociedad. Sin embargo, esto no significa que no sea responsabilidad del Estado garantizarlos, velando por su ejercicio progresivo. Por esta razón, se considera necesario que los órganos internacionales hagan hincapié en el derecho al desarrollo. El propio concepto de desarrollo debe perfeccionarse y desarrollarse.

26.La aplicación no abusiva de estas disposiciones está incluida en los compromisos que la República de Moldova contrajo al ingresar, como miembro de pleno derecho, en el Consejo de Europa. Las autoridades nacionales asumieron la responsabilidad de imponer restricciones a ciertos derechos y libertades y a ejercer los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 54 y 55 de la Constitución de la República de Moldova sólo en los casos estrictamente determinados por la ley, como la defensa de la seguridad nacional y el orden, la prevención de calamidades y catástrofes, etc. En estos casos, las restricciones que se impongan no deben afectar la existencia de ese derecho o libertad (Constitución, art. 54, párr. 2).

27.Cuando las disposiciones legislativas sean contrarias a la Constitución o a las convenciones internacionales de derechos humanos, los tribunales aplicarán directamente las disposiciones de éstas.

28.Cabe notar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, los dos pactos internacionales de derechos humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos admiten, en ciertas circunstancias, la existencia de ciertas limitaciones y restricciones, que no se especifican por separado pero se formulan con respecto a ciertos derechos y libertades según su contenido. Esto significa que sólo pueden aplicarse por disposición expresa de la ley. Estas restricciones son necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, los derechos y libertades ajenos, etc., y deben ser proporcionales a la causa que motive su imposición.

29.De conformidad con el artículo 15 de la Constitución, los ciudadanos de la República de Moldova, los extranjeros y los apátridas tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos de la República de Moldova y, salvo en los casos que determine la ley (art. 19), son reconocidos como dotados de los derechos, libertades y obligaciones constitucionales.

30.Cuando los Estados partes se adhirieron a los pactos internacionales de derechos humanos, se comprometieron a respetar y garantizar a todas las personas que estuvieran en su territorio y estuvieran sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en los pactos, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2, párr. 1).

31.Desde la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, se reconocen, conforme al artículo 1 del Convenio, a “todo individuo” que esté “bajo la jurisdicción” de las partes signatarias los derechos y libertades definidos en él. Este principio también es válido para los derechos y libertades reconocidos en los Protocolos Nos. 1, 4, 6 y 7. La República de Moldova, como todos los Estados partes en el Convenio, reconoce estos derechos y libertades no sólo a sus ciudadanos, sino también a los ciudadanos de otros Estados signatarios y también a los ciudadanos de un Estado que estén sujetos a la jurisdicción de un tercer Estado que no sea parte en el Convenio, y también a los apátridas (Comisión Europea de Derechos Humanos, decisión N° 788/60, de 11 de enero de 1961).

32.La norma general formulada en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) estipula que un tratado internacional se aplicará en todo el territorio del Estado signatario. Teniendo en cuenta que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que los derechos y libertades se reconocerán a todos los individuos “bajo la jurisdicción” de las partes signatarias, es claro que un Estado no puede ser responsable de las violaciones de los derechos humanos que se cometan en una parte de su territorio sobre la cual no ejerce una jurisdicción real, como sucede en el caso de la República de Moldova. El artículo 63 de la Convención permite excluir una parte determinada del Estado signatario del ámbito de aplicación de la Convención.

33.En vista de la situación reinante en el territorio de la ribera izquierda del río Nistru (región oriental de la República de Moldova), y de las disposiciones del punto 11 de la notificación 188 (195) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Parlamento de la República de Moldova, al ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, consideró necesario formular una declaración por la cual la República de Moldova declinaba responsabilidad con respecto a los actos cometidos en el territorio de la autoproclamada República Nistria y declaraba que esta situación se mantendría hasta la solución definitiva del conflicto en esa región.

34.La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se declaró a favor de la creación y consolidación de instituciones de derechos humanos. En los documentos aprobados en la Conferencia se dice que cada Estado tiene derecho a establecer las estructuras que correspondan plenamente a sus necesidades.

35.En los dos últimos años, los órganos legislativo y ejecutivo de la República de Moldova han prestado atención especial a cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos y libertades constitucionales y también a la protección de estos derechos y libertades por el Estado en caso de violación. Podemos afirmar que las reformas legislativa y judicial tienen por objeto en primer lugar mejorar en el país la protección de los derechos humanos por los tribunales.

36.La modificación de las estructuras judiciales y la forma de constituirlas y del papel y las funciones del fiscal lo confirman. Además, se ha sancionado una nueva Ley de notariado y se ha redactado el proyecto de una nueva ley de promoción.

37.En los períodos de sesiones último y penúltimo del Parlamento, la comisión de derechos humanos, minorías étnicas, cultos y otras comunidades externas colaboró con las otras comisiones permanentes.

38.Desde 1991, el Departamento de Relaciones Nacionales e Idiomas (art. 27) ha funcionado dentro del Gobierno. Las funciones básicas de este departamento son las siguientes:

a)promover la política estatal en relación con problemas nacionales;

b)representar los intereses de los principales grupos étnicos y también de grupos étnicos minoritarios dentro de los órganos de la administración pública;

c)garantizar, sobre la base de una legislación lingüística válida, el uso del idioma oficial y otros idiomas que se hablan en el territorio del país;

d)apoyar la actividad relativa al estatuto de las estructuras étnicas y culturales del país;

e)facilitar la ejecución de programas relativos a la cultura nacional de personas nacidas en la República de Moldova que viven fuera de ella, ayudándoles a establecer relaciones con su patria.

39.En la primavera de 1996 se celebró el Segundo Seminario Internacional sobre Instituciones de Defensor del Pueblo y Derechos Humanos en la ciudad de Chisinau. Se examinaron los problemas relacionados con la creación de instituciones para proteger los derechos humanos en diversos países. La celebración de tan prestigiosa reunión en la República de Moldova aceleró la elaboración de un proyecto de ley de protección de los derechos humanos en nuestro país. En la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta la experiencia de varios países europeos en la materia.

40.En octubre de 1997 el Parlamento sancionó la Ley del Defensor del Pueblo. De conformidad con esta ley, el Parlamento nombró tres Defensores del Pueblo, que, junto con su personal, formaron el Centro de Derechos Humanos, institución jurídica independiente, que puede tener oficinas en distintos lugares del país. La actividad de los Defensores del Pueblo garantiza el respeto de los derechos y libertades constitucionales por la administración pública, central y local, por las instituciones, organizaciones y compañías con diferentes formas de propiedad, y también por las organizaciones no gubernamentales. Los Defensores del Pueblo contribuyen a la restitución de los derechos de los ciudadanos, al progreso de la legislación en materia de derechos humanos y al aumento de la cultura jurídica de la población.

41.En su actividad, los Defensores del Pueblo se guían por la Constitución y otras leyes de la República de Moldova, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en que es parte la República de Moldova. Los Defensores del Pueblo examinan las peticiones que reciben de ciudadanos de la República de Moldova, de extranjeros que viven temporal o permanentemente en el país y también de personas apátridas, relativas a la violación de sus derechos e intereses legítimos en la República de Moldova. Los Defensores del Pueblo pueden iniciar una investigación por iniciativa propia para determinar los casos de violación de derechos y libertades. Cuando se establece que ha habido violación de los derechos del demandante, el Defensor del Pueblo presenta sus conclusiones al órgano o persona que debe decidir, con recomendaciones para la restitución inmediata de esos derechos. Además, puede recurrir a los tribunales para pedirles que protejan los intereses de los ciudadanos.

42.Sobre la base de las conclusiones a que llega después de examinar la petición del ciudadano, el Defensor del Pueblo puede presentar al Parlamento una propuesta de mejora de la legislación vigente y, si se determinan violaciones graves de los derechos y libertades constitucionales, puede presentar al Parlamento un informe durante el período de sesiones y proponer la creación de una comisión parlamentaria para que examine el asunto.

43.El Defensor del Pueblo puede pedir al Tribunal Constitucional que determine la constitucionalidad de la legislación sancionada por el Parlamento, el Presidente o el Gobierno, sobre la base de su conformidad con los principios generales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

44.Cada año el Centro de Derechos Humanos presenta al Parlamento un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la República de Moldova. El informe se refiere a las esferas de las relaciones sociales en que se ha registrado la mayoría de las violaciones graves de los derechos y libertades humanos, a sus causas y a las medidas adoptadas para eliminarlas, a la mejora de la legislación y a la educación jurídica de la población. El informe se comunica a la ciudadanía mediante la publicación en el Boletín Oficial de la República de Moldova.

45.De conformidad con el artículo 39 de la Ley del Defensor del Pueblo, se ha creado dentro del Centro de Derechos Humanos un Consejo de Expertos, compuesto de especialistas en los derechos y libertades constitucionales, para que preste asesoramiento. El Consejo elabora recomendaciones sobre proyectos de reforma de la legislación de derechos humanos y sobre su conformidad con los instrumento jurídicos internaciones ratificados por la República de Moldova. El Consejo propone y elabora proyectos de colaboración con las organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos, trabajando activamente con los medios de información y las organizaciones no gubernamentales.

46.De conformidad con la citada ley, se han abierto oficinas del Centro en las ciudades de Baltsi y Comrat.

47.Para cumplir las obligaciones de la República de Moldova como Estado parte en las convenciones de las Naciones Unidas y en otras convenciones de derechos humanos, se ha formado una Comisión Nacional de Problemas Sociales, encabezada por uno de los Vice Primeros Ministros. La función de la Comisión es elaborar los informes iniciales y los informes periódicos de la República de Moldova. Como Estado parte en las convenciones de las Naciones Unidas y en otras convenciones internacionales de derechos humanos, la República de Moldova debe presentar informes a los órganos internacionales autorizados y en los plazos fijados por las convenciones. Además, la Comisión tiene la tarea de coordinar las actividades de educación jurídica y de formar a la población en la esfera de los derechos humanos.

48.A este respecto, informamos a las Naciones Unidas de que la mencionada Comisión no recibe ninguna financiación de fuentes externas. En el contexto de la crisis económica profunda que afronta nuestro país en esta etapa de la transición a la economía de mercado, el apoyo financiero de los órganos internacionales para tales actividades contribuiría mucho a la efectividad de las convenciones internacionales y al proceso de presentación de informes, y sería muy apreciado por el Gobierno de la República de Moldova.

49.También cabe notar que el 18 de junio de 1998 se celebró en Chisinau la primera Conferencia Nacional de Derechos Humanos, bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Moldova, el Centro Nacional de Derechos Humanos y la oficina de Chisinau del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Participaron en ella representantes del Gobierno, el Parlamento, la Oficina del Presidente, organizaciones no gubernamentales, universidades, organizaciones internacionales y también representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en Chisinau. En los cuatro grupos de trabajo de la Conferencia se preparó el informe nacional de la República de Moldova, “Derechos humanos: hacia un desarrollo sostenible”, que después se presentó a la conferencia internacional de Yalta (1° a 4 de septiembre de 1998).

B. Información y publicidad

Aspectos generales

50.El mercado de la información de la República de Moldova es diverso y pluralista, de acuerdo con el papel y la posición que deben tener los medios de información en un Estado regido por la ley. Los medios de información deben desempeñar un amplio conjunto de funciones relacionadas con la creación de un sistema eficaz de control público de las autoridades del Estado.

51.La prensa, la televisión y la radio son los principales beneficiarios del derecho a la información. Estas funciones públicas imponen a los medios de información una responsabilidad igual a la del Estado de observar y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El derecho del ciudadano a la información, al libre acceso a la información pública, es un elemento indispensable de los ideales democráticos. Hoy los ciudadanos de la República de Moldova no se sienten aislados y manipulados como durante el régimen soviético.

52. El derecho a la información es un derecho humano fundamental, que determina la capacidad social, económica y política de una persona de ejercer las libertades que le reconoce la Constitución, incluso la libertad de pensamiento, de opinión, de creación, de expresarse libre y públicamente, etc.; lo cual supone también la posibilidad de recibir información sobre la vida social, política, económica, científica y cultural, etc.

53.Es indudable que no se pueden separar los medios de información de masas y el debate sobre el acceso a la información. Fórmulas como “el libre acceso a la información” o “el derecho a la información” tienen un sentido cada vez más claro para los ciudadanos.

54.También debe admitirse que en la República de Moldova la mentalidad de ciertos sectores sociales no está lo bastante emancipada para alentar la valentía y la insistencia en conseguir información pública. Y es difícil estimularlos a usar esta información para intervenir en actividades públicas, porque su existencia depende de estas actividades. Éste es un proceso de cambio permanente. En este contexto, podemos decir que la capacidad de la sociedad de controlar las instituciones del Estado, que depende de la medida en que la opinión pública conoce la sustancia de sus actividades y decisiones, ha aumentado continuamente desde la aprobación de la Declaración de Independencia.

55.Tras la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se publicaron los textos de las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos firmados por la República de Moldova, entre ellos el Pacto mismo. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores publicaron una edición completa en 26 volúmenes coordinada por expertos del Centro Jurídico.

56.Es muy importante la eliminación de la doctrina tergiversada que dominó la conciencia de las masas durante todo el período de la dictadura comunista, según la cual el Estado era considerado “dador” y no “protector” de los derechos humanos.

57.Una información exacta, detallada y accesible sobre las tendencias y realidades de la sociedad de información moderna, característica de todas las democracias consolidadas, no puede sino ser bien recibida por toda la sociedad. Hoy puede decirse con certeza que la República de Moldova se incluye, con más confianza, en un espacio dedicado a los principios del suministro, la circulación y la recepción libres de información y del acceso libre a ella, en condiciones de respeto de otros valores fundamentales.

58.Por desgracia, en la región oriental de la República de Moldova, controlada por el régimen separatista de Tiraspol, los medios de información funcionan de manera esencialmente distinta. El derecho de expresión y de acceso a la información está allí en situación más precaria. Las autoridades inconstitucionales de esta región en general reprimen los medios de información que no convienen a la política del régimen separatista. No hay partidos políticos ni periódicos que se opongan abiertamente al régimen de esta región. La circulación de publicaciones nacionales es muy baja. La libre circulación de la información será posible en esta región sólo cuando el conflicto transnistrio se haya resuelto definitivamente, la Federación Rusa haya retirado sus tropas y armas y la independencia y la soberanía de nuestro Estado se hayan consolidado.

El marco jurídico actual y su evolución

59.El 11 de febrero de 1999, el Parlamento de la República de Moldova adoptó la decisión N° 277-XIV, relativa al concepto de apoyo y promoción de los medios de información por el Estado de 1999 a 2003, propuesta por la Unión de Periodistas de la República de Moldova, y la consideró un progreso hacia el objetivo del Estado de consolidar la libertad y la independencia de los medios de información en el país. Según el párrafo “Legislación” del “Concepto”, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil, incluida la Unión de Periodistas, han llegado a un acuerdo y deben redactar y aprobar un conjunto de normas encaminadas a promover una política nacional básica en esta materia.

60.El Parlamento está reexaminando la Ley de prensa, vigente desde 1995. Además, se ha sancionado la Ley de acceso a la información N° 982-XIV, de 15 de mayo de 2000 (Boletín Oficial de la República de Moldova, 2000, N° 88-90, artículo 664). En cuanto a la Ley de organización y funcionamiento de la radio y la televisión de la República de Moldova, el Parlamento ya está examinando un proyecto de ley; la Ley “de la institución pública de los medios audiovisuales” se incluirá como párrafo aparte de dicha ley.

III. APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ARTÍCULOS DEL PACTO

Artículo 1

61.El 23 de junio de 1990, en las circunstancias de la desintegración de la Unión Soviética, el cuerpo legislativo de la República Socialista Soviética de Moldavia, el Soviet Supremo, adoptó una declaración sobre la soberanía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Expresando la voluntad del pueblo, el Soviet Supremo admitió que todas las personas son iguales y tienen un derecho inalienable a la vida, la libertad y la prosperidad y se comprometió a respetar el derecho de todos los pueblos a la soberanía. La soberanía se declaró a fin de establecer la justicia, la legalidad, la protección y la estabilidad social, y se declaró que la fuente y el portador de la soberanía es el pueblo y que esta soberanía es ejercida en beneficio de toda la nación por el cuerpo supremo representativo del poder del Estado. Para garantizar la seguridad socioeconómica, política y jurídica de la soberanía, el Soviet Supremo estableció el pleno poder del Estado en la solución de todos los problemas de la vida estatal y pública, y la supremacía de la Constitución y de otras leyes de la República en todo su territorio.

62.Asegurando posibilidades jurídicas iguales de tomar parte en el ejercicio de las funciones estatales y públicas a todos los ciudadanos, partidos políticos, organizaciones públicas, movimientos sociales y organizaciones religiosas, la declaración estipulaba que “ninguna parte de la población, ningún grupo de ciudadanos, ningún partido político ni organización pública ni cualquier otra organización y ningún particular podrá asumir el derecho de ejercer la soberanía”. La Declaración también garantizaba los derechos y libertades de los extranjeros y los apátridas que vivieran en el territorio del país, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en otras leyes internas, y también en las normas universalmente reconocidas del derecho internacional.

63.Los decretos del Soviet Supremo de la RSS de Moldavia sobre la bandera del Estado (27 de abril de 1990), sobre el escudo del Estado (3 de noviembre de 1990) y sobre el poder del Estado (27 de julio de 1990) también contribuyeron a consolidar la soberanía. En virtud del tercero de estos actos legislativos, se ofreció al pueblo todo el poder de la República, que se realiza directamente con ayuda de los cuerpos representativos del pueblo. Fue la primera vez que el poder del Estado se separó en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, y se declaró que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y los tribunales”.

64.En la consolidación del autogobierno tuvo especial importancia en ese momento la decisión del Parlamento de 28 de julio de 1990 sobre la adhesión de la República de Moldova a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

65.El 23 de mayo de 1991 el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Moldova sancionó una ley para cambiar el nombre del Estado soberano de la República Socialista Soviética de Moldova por el de “República de Moldova” y el del Soviet Supremo por el de “Parlamento de la República de Moldova”.

66.La primera fase del proceso de autogobierno culminó en la Ley del 27 de agosto sobre la Declaración de la Independencia de la República de Moldova. Debe notarse que la Declaración de Independencia fue sancionada por un Parlamento surgido por primera vez de elecciones libres y democráticas. En sus actividades, el Parlamento procede sobre la base del movimiento democrático de la liberación nacional del pueblo, que reafirmó la aspiración de libertad, independencia e integridad nacional, reconociendo al mismo tiempo la igualdad de derechos de las personas y su derecho al autogobierno, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y las normas del derecho internacional. La Declaración reafirmó los principios básicos del Estado, y se proclamó en nombre de toda la población que “la República de Moldova es un Estado soberano, independiente y democrático, libre de decidir su presente y su futuro, sin injerencia externa, según los ideales y las sagradas aspiraciones del pueblo dentro del espacio histórico y étnico de su evolución nacional”.

67.La Declaración de soberanía de 23 de junio de 1990, la Declaración de Independencia de 27 de agosto de 1991 y otra legislación interna sirvieron de base para la adopción de la Constitución de la República de Moldova de 1994.

68.El primer artículo de la Constitución estipula que la República de Moldova es un Estado soberano e independiente, integrado e indivisible, y que su forma de gobierno es la república, que es “un Estado democrático regido por la ley, en el cual la dignidad, los derechos y las libertades humanos, el desarrollo libre de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político representan valores supremos y están garantizados”. Se subraya que la soberanía nacional pertenece al pueblo y que ninguna parte de la población y ningún grupo social, partido político o particular tiene el derecho de ejercer el poder del Estado en su nombre.

69.Moldova es una república parlamentaria. El parlamento unicameral es el cuerpo representativo supremo del pueblo de la República de Moldova y la única autoridad legislativa del Estado (Constitución, art. 60). Está compuesto de 101 diputados. Los diputados son elegidos de listas presentadas por los partidos, por sufragio universal, igual, directo, secreto y expresado libremente. Desde la reforma de la Constitución (Ley Nº 1115, de 5 de julio de 2000), el Presidente de la República de Moldova es elegido por el Parlamento.

70.Conforme a la Constitución de la República de Moldova, el mercado, la iniciativa económica libre y la competencia leal son los elementos fundamentales de la economía (art. 9). En la base del desarrollo humano duradero se pone una economía de mercado con orientación social, basada en la propiedad privada y la propiedad pública, con libre competencia (art. 126). Para ello fue necesario crear una base legislativa que correspondiera a las normas jurídicas internacionales y emprender la reforma estructural de las esferas económica y social. La Constitución regula las relaciones económicas en la sociedad, establece el derecho de propiedad y dice que la propiedad no puede usarse en detrimento de los derechos y libertades humanos ni de la dignidad humana.

71.Diez años después de la Declaración de Independencia, todavía no se ha resuelto la cuestión de la integridad territorial, social y económica de la República de Moldova. El 2 de septiembre de 1990 la región situada en la ribera izquierda del río Nistru se autoproclamó “la República Socialista Soviética Nistria de Moldavia” con la ciudad de Tiraspol por capital, bajo la presión de algunos líderes separatistas locales y con el apoyo directo del poder central de Moscú. A la larga las palabras “Socialista Soviética” dejaron de formar parte del nombre, pero la esencia no ha variado. Desde entonces la lucha política con respecto a la soberanía de la República de Moldova se ha sacado de los límites jurídicos y constitucionales.

72.Por tanto hay ahora dos sistemas ejecutivos, legislativos, judiciales, administrativos, económicos, sociales y educativos, uno constitucional y el otro no, en la República de Moldova. En la ribera derecha del Nistru la democratización de la vida sociopolítica está en marcha y se procura promover y proteger realmente los derechos y libertades humanos; en cambio, en la ribera izquierda continúa el proceso de establecimiento de un sistema autoritario, con medios tomados del arsenal del pasado totalitario.

73.Las autoridades de la República de Moldova no tienen control sobre Transnistria y no influyen en ella. Por esta razón, en el momento de la ratificación de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (que entró en vigor en la República de Moldova el 1º de febrero de 1998), el Parlamento de la República de Moldova declaró que el cumplimiento de las disposiciones de la Convención no podía garantizarse con respecto a “las omisiones y actos que cometan los cuerpos de la autoproclamada República Nistria en el territorio controlado por esos cuerpos hasta el momento de la solución definitiva del conflicto de la región”. Esta declaración vale también para otros tratados y convenciones internacionales en que es parte la República de Moldova.

74.Las autoridades de Chisinau han tomado medidas concretas para resolver el problema y para asegurar la independencia y la integridad territorial del país. Se mantienen contactos directos y un diálogo político con la administración de Tiraspol. Desde 1992 ambas partes han firmado muchos documentos encaminados a crear un ambiente político adecuado para la solución pacífica del conflicto. Se estableció un mecanismo de trabajo (el Comité Unificado de Control, grupos de expertos para elaborar el estatuto de Transnistria, etc.) que tiene por objeto la realización práctica de los acuerdos firmados.

75.La comunidad internacional apoya las medidas tomadas por la República de Moldova. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y dos Estados mediadores, Rusia y Ucrania, participan en el proceso de solución del conflicto. El 21 de julio de 1992 el presidente de la República de Moldova y el presidente de la Federación de Rusia firmaron en Moscú un acuerdo importante, destinado a superar el punto muerto en la negociación del conflicto. Los líderes separatistas de Tiraspol también firmaron el acuerdo, pero después el cuerpo administrativo de Tiraspol obstruyó abiertamente la aplicación de las disposiciones acordadas.

76.El 20 de marzo de 1998 se firmó en Odessa el Acuerdo sobre medidas de fomento de la confianza y desarrollo de contactos entre la República de Moldova y Transnistria. El Acuerdo estipula en particular la desmilitarización de la zona de seguridad, la disminución del número de puestos de guardia fronterizos y la creación de condiciones favorables al movimiento de personas y al comercio de bienes y servicios. Desde entonces los separatistas han seguido infringiendo claramente las disposiciones del Acuerdo.

77.La elaboración del estatuto especial de la región transnistria es el principal objetivo de las negociaciones para la solución del conflicto. Las autoridades de Chisinau han indicado muchas veces que están dispuestas a conceder, previo acuerdo sobre la soberanía y la integridad territorial del país, un estatuto autónomo a la población residente en la ribera izquierda del Nistru, compuesta en su mayoría de rusos y ucranianos. Se han elaborado y propuesto muchos proyectos con este fin, pero cada vez los separatistas los han rechazado.

78.El 6 de abril de 2000 un grupo de expertos de Chisinau presentó un nuevo proyecto de estatuto especial para Tiraspol, que concedería amplia autonomía a la región. Sin embargo, la condición principal sigue siendo la misma: el respeto de la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldova. Los Estados mediadores, Rusia y Ucrania, lo mismo que la misión de la OSCE, consideran el nuevo proyecto adecuado en conjunto para las negociaciones. El proyecto se ajusta a lo dispuesto en los documentos de la reunión de alto nivel celebrada en Kíev en julio de 1999, que trató de determinar los elementos fundamentales de la noción del “Estado común”. Hay cinco principios básicos: espacios económicos, jurídicos, de defensa y sociales comunes y unas mismas fronteras. Con esta solución la República de Moldova desea asegurar el respeto de la soberanía y la integridad territorial del país sobre la base de un marco legislativo común y algunas instituciones estatales comunes.

79.La solución del conflicto de Transnistria, a juicio de Chisinau, tiene que incluir los siguientes tres elementos, que deben adoptarse juntos: un estatuto especial para esta región dentro de la República de Moldova; la elaboración de medidas para la ejecución del acuerdo y para la observancia de sus disposiciones; y el establecimiento de nuevas fuerzas de mantenimiento de la paz con mandato de la OSCE. Pero los separatistas desean una unión de dos Estados soberanos, ligados por una serie de acuerdos bilaterales. En la visión de los líderes separatistas, “el Estado común” debe estar compuesto de dos entidades estatales iguales y soberanas. El proyecto de acuerdo propuesto por la parte transnistria es un típico documento para regir las relaciones entre dos sujetos de derecho internacional y evidentemente no puede ser aceptado por las autoridades de la República de Moldova.

80.La Declaración de la Cumbre de la OSCE celebrada en Estambul presenta como posibilidad la elaboración del estatuto de la región transnistria sobre la base de la soberanía y el respeto de la integridad territorial de la República de Moldova, y reitera el llamamiento a las partes y especialmente a la administración de Tiraspol para que demuestren su voluntad política en las negociaciones para la eliminación definitiva de las consecuencias del conflicto.

81.En las negociaciones las autoridades de la República de Moldova hicieron concesiones suficientes, pero la política flexible, la buena voluntad y espíritu de conciliación demostrados por Chisinau chocaron cada vez con la intransigencia de los líderes separatistas. La presencia de tropas rusas en la región transnistria constituye un apoyo decisivo para el comportamiento extremista de los líderes de Tiraspol. Esto contraviene a la Constitución de la República de Moldova, que “no permite el estacionamiento de tropas de otros Estados en el territorio de la República de Moldova” (art. 11, párr. 2). Según los documentos de la Cumbre de Estambul de la OSCE y el Acta Final de la Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, la Federación de Rusia se compromete a retirar y destruir las armas y el equipo convencionales sometidos a las restricciones del Tratado antes del fin de 2001, y a retirar completamente las tropas rusas del territorio de la República de Moldova antes del fin de 2002. Debe notarse que las decisiones de la Cumbre de Estambul sobre el retiro completo de las tropas y armas rusas del territorio de la República de Moldova no dependían de la solución política del conflicto. No obstante los compromisos contraídos, este proceso se prolongó sin éxito a causa de la falta de una voluntad política fuerte de la Federación de Rusia. Además, ciertas fuerzas políticas y económicas rusas influyentes, especialmente la Duma de la Federación de Rusia, alimentan continuamente el extremismo de los líderes de Tiraspol. Los funcionarios de Moscú subrayaron la condición de la “sincronización” del retiro de las tropas rusas con la solución del conflicto de

Transnistria. La posición oficial se expresó en la declaración de la Duma de 20 de noviembre de 1999, y también en la declaración de 21 de diciembre de 1999 del representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.

82.El 10 de diciembre de 2000 se celebraron elecciones para el Soviet Supremo de la autoproclamada República Nistria de Moldavia. Cinco diputados de la Duma de la Federación de Rusia llegaron a Tiraspol como observadores. El diputado Gheorghi Tihonov declaró en una conferencia de prensa que la Duma había creado una comisión para la solución del conflicto de Transnistria. Las posiciones de esta comisión diferían de las de la comisión del Presidente Putin. El diputado declaró que las decisiones de la Cumbre de Estambul de la OSCE sobre el retiro de las tropas y armas rusas de Transnistria antes del fin de 2002 no tenían fuerza de ley, porque no habían sido ratificadas por la Duma.

83.También debe notarse que el 19 de diciembre de 2000, por tercer año consecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución titulada “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa” (55/179) que incluye un párrafo relativo a la República de Moldova: “La Asamblea General ... apoya plenamente las actividades de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa encaminadas a resolver los problemas de la región del Transdniéster en la República de Moldova, recuerda el compromiso asumido por la Federación de Rusia de completar la retirada de las fuerzas rusas del territorio de la República de Moldova antes de que finalice el 2002, según se convino en la Cumbre de Estambul, y acoge con beneplácito la decisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la República de Moldova de facilitar ese proceso, de acuerdo con sus capacidades respectivas y dentro del plazo acordado” (párr. 19).

84.De hecho, la realidad demuestra abundantemente que los acuerdos concluidos entre la República de Moldova y la parte transnistria, lo mismo que el incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por la Federación de Rusia con respecto al retiro de sus fuerzas militares de esa zona de la República de Moldova, son usados por los separatistas de Tiraspol a fin de ganar tiempo para consolidar la situación. Decididos a mantener sus antiguas orientaciones ideológicas, jurídicas y económicas, siguen una política que se opone a la formación de un Estado unitario e independiente.

85. La República de Moldova está dispuesta a continuar el diálogo y los contactos directos con la administración de Tiraspol, pero la posición intransigente de los separatistas ha conducido en la práctica a la suspensión unilateral de las negociaciones. La actividad de los grupos de expertos en la elaboración del estatuto especial de esa región (en cuyas reuniones participan representantes de los Estados mediadores y la misión de la OSCE) está en un punto muerto. La Comisión Unificada de Control no cumple sus tareas (establecida en los documentos firmados) y no puede, de hecho, controlar ni influir en la situación de la zona de seguridad. A falta de la transparencia necesaria, los observadores militares no tienen acceso a los objetos militares controlados por los separatistas. A causa de la tolerancia demostrada por las llamadas Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, bajo el Mando Militar Unificado, las autoridades de Tiraspol siguen reforzando su presencia militar en la zona de seguridad. Las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la región reciben ese nombre sólo por convención, porque no satisfacen los criterios aceptados por la comunidad internacional, no tienen el mandato pertinente de las Naciones Unidas ni de la OSCE y no pueden ser imparciales.

86.En esta situación, la República de Moldova considera que es necesaria una participación más activa y más eficiente de los órganos internacionales competentes en el proceso de asegurar la soberanía y restablecer la integridad territorial del país. Entre tanto, en la ribera izquierda del río Nistru siguen cometiéndose violaciones masivas y flagrantes de los derechos y libertades de los ciudadanos: del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; del derecho al libre acceso a la justicia y a un juicio equitativo e imparcial; del derecho a elegir y a ser elegido; del derecho a la información; de la libertad de opinión y de expresión; de la libertad religiosa; del derecho a la libre circulación; de la libertad de asociación; del derecho al trabajo; del derecho a la propiedad; del derecho a la educación; y de otros derechos y libertades.

87.Las disposiciones jurídicas para el uso de los recursos naturales son, según la Constitución: la Ley de recursos naturales, la Ley de protección del ambiente, el Fondo para las Zonas Naturales Protegidas por el Estado, la Ley de propiedad, el Código de Agua, el Código del Subsuelo, el Código de Tierras, el Código de Bosques, el Código Penal, el Código Administrativo y otras. En total, las cuestiones del ambiente y del uso de los recursos naturales se rigen por unas 35 leyes y reglamentos.

88.En la República de Moldova hay propiedad pública y propiedad privada, que se dividen en propiedad material y propiedad intelectual. El mercado, la iniciativa económica libre y la competencia leal son los factores básicos de la economía. El derecho de propiedad no puede ejercerse en forma contraria a los derechos y libertades humanos ni a la dignidad humana (Constitución, art. 9).

89.El Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de comercio y de empresa, proteger la competencia leal, crear un ambiente favorable a la producción y estimular la investigación científica, la explotación racional de la tierra y de otros recursos naturales y la restauración y protección del ambiente y asegurar la inviolabilidad de las inversiones de las personas naturales y de las personas jurídicas (ibíd., art. 126). El párrafo 3 del artículo 127 de la Constitución dice que la propiedad pública pertenece al Estado o a órganos administrativo-territoriales. Todas las riquezas del subsuelo, el espacio aéreo, las aguas y los bosques de utilidad pública y los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental son exclusivamente propiedad pública.

90.Los recursos naturales que pueden ser de propiedad privada pertenecen a personas naturales o a personas jurídicas con derecho de posesión, uso y disposición. Conforme a la Ley de propiedad, pueden ser de propiedad privada las tierras, el subsuelo, las aguas, la flora y la fauna. La legislación limita el derecho de propiedad sobre recursos naturales. La Ley dice que los recursos naturales pueden ser arrendados o concedidos por un período definido o indefinido, pero prohíbe el subarriendo y la hipotecación de recursos naturales, por ser de propiedad pública.

91.Conforme al principio del interés común y a las normas del derecho internacional, sólo el Parlamento tiene derecho a aprobar las grandes directrices de la actividad económica externa (Constitución, art. 129). La legislación nacional que rige el uso de los recursos naturales (Ley de protección del ambiente (art. 95), Ley de recursos naturales (art. 32, párr. 2)) establecen los procedimientos para el uso, la protección y la reproducción de los recursos naturales, con miras al desarrollo sostenible del país. La Ley de recursos naturales dice que pueden usarse como medios de trabajo, fuentes de energía y materias primas o directamente como bienes de consumo y de recreo, como banco de genes o como fuente de información sobre el mundo (art.1, párr. 2).

92.Los recursos naturales se clasifican como sigue: renovables y no renovables; nacionales y locales; destinados a la explotación; de reserva; protegidos; curativos; transfronterizos. Las leyes respectivas enuncian los principios básicos para la administración financiera de los recursos naturales. El objeto de la administración es:

asegurar la utilización no degradante de los recursos naturales;

sostener actividades dirigidas a la utilización racional de dichos recursos;

prevenir los efectos negativos de la actividad económica;

garantizar la prioridad del derecho internacional en la utilización transfronteriza de los recursos naturales.

93.Conforme al párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de protección del ambiente, el Parlamento ejerce el derecho de administrar todos los recursos naturales. Esta Ley determina los derechos y obligaciones de las personas naturales y las personas jurídicas con respecto a la utilización y la protección del ambiente y los recursos naturales y a la conservación de la diversidad biológica, los recursos de agua y los ecosistemas acuáticos, y regula el tratamiento de los desechos, sustancias tóxicas, fertilizantes minerales y plaguicidas y la responsabilidad de las infracciones de la legislación en esta materia.

94.El Inspector Estatal de Ecología (arts. 26 a 29) fue nombrado para ejercer la vigilancia estatal del respeto de las leyes y otras normas relativas a los problemas ambientales y a la utilización de los recursos naturales.

95.La solución de las cuestiones de propiedad y utilización de los recursos naturales públicos compete al Estado y se ejerce mediante los órganos competentes y las autoridades administrativas públicas locales. Para mantener el potencial de los recursos naturales en el nivel conveniente, el Estado fija un porcentaje mínimo del producto interno bruto, que se invierte en la regeneración y la protección del ambiente.

Cuadro 7

Principales indicadores de aprovechamiento de los recursos naturales

y protección del ambiente, 1999

Indicadores	Medida	1998	1999
Inversiones de capital para la protección del ambiente(incluso partidas presupuestarias)	Miles de leiMiles de lei	4 289 3 617	5 893 4 265
Pagos para la explotación del subsuelo y recursos naturales, incluso: Para agua Para recursos minerales	Miles de leiMiles de leiMiles de lei	10 338 10 000 338	10 330 10 000 330
Pago para la prevención de la contaminación del ambiente	Miles de lei	338	1 000
Construcción de estructura antierosivas	Miles de lei	1 742	2 700
Consolidación de tierras que se hunden	ha	3,8	4
Relabrado de tierras	ha	20,5	21
Consumo de agua,incluso para producción	Millones de m3Millones de m3	1 176 767	920 590
Agua contaminante residual insuficientemente limpia	Millones de m3	12	10
Volumen de sustancias nocivas emitidas en la atmósfera por fuentes estacionarias	Miles de toneladas	30,5	20,4
Forestación	ha	1 100	1 000
Plantación de franjas boscosas para protección de llanuras	ha	400	300

96.La legislación de la República de Moldova establece la responsabilidad civil, administrativa o penal de las personas declaradas culpables de infringir las leyes de recursos naturales o de protección del ambiente.

97.Conforme al artículo 2 del Código Civil, los códigos, leyes y otras normas en esta materia establecen la protección de tierras, bosques y aguas. El Código de Contravenciones Administrativas establece la responsabilidad con respecto a la contaminación de las tierras destinadas a la agricultura y otras tierras; la destrucción de suelos fértiles y la falta de medidas para prevenir la erosión de suelos; el emplazamiento, la construcción y la explotación de objetos que contaminen el suelo; y la infracción de las normas para el mantenimiento, el almacenamiento y el uso de sustancias radioactivas, biológicas, químicas y de otro tipo (arts. 52 y 53).

98.El Código Penal fue sancionado por la ley de 24 de marzo de 1961. El sexto capítulo, “Delitos económicos” (arts. 166 a 171 y 173), establece diversas penas para el daño intencional o el daño por imprudencia de bosques, la caza ilegal, las empresas de pesca y otra explotación de aguas y la infracción de las normas de lucha contra las plagas.

99.Según la legislación vigente, la Inspectoría Ecológica Estatal es un órgano del Ministerio del Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene por objeto aplicar las leyes y prevenir y detectar las infracciones en esta materia. En 1999 inspeccionó 14.017 empresas y elaboró 5.393 informes, impuso penas por valor de 29.703 lei y expidió órdenes de reparación de daños por valor de 782.049 lei.

100.El suelo tiene valor económico especial en la República de Moldova. Los suelos más extensos son tierras negras (chernosiom), que forman el 70% de la superficie del país. En los tres últimos decenios la superficie dedicada a la agricultura ha disminuido considerablemente a causa del crecimiento de la población, la construcción, la urbanización, etc. Las tierras cultivables, los henares y los pastizales se han reducido.

101.Los ecosistemas naturales forman sólo el 20% del territorio, y están divididos y degradados. Los bosques forman sólo 9,8% del territorio. Cerca de un tercio de los bosques se plantaron en los últimos 40 o 50 años. Según las estadísticas, cerca de un quinto de los bosques son atacados por plagas cada año. La República de Moldova tiene recursos minerales que podrían explotarse industrialmente. Están registrándose y explorándose algunos yacimientos de minerales no metalíferos. Los terremotos, las inundaciones, la erosión extensa del suelo y la elevación del nivel freático en las zonas urbanizadas constituyen un peligro grave en la República de Moldova.

102.El Estado garantiza la participación de la población en las decisiones sobre la utilización de los recursos naturales y en el ejercicio del control público de la forma en que las personas, naturales y jurídicas, respetan la legislación sobre la protección de la naturaleza, sobre la base de una amplia información de la población y del acceso a la información de interés público (Constitución, arts. 34 y 37; Ley de recursos naturales, art. 29; Ley del acceso a la información de 11 de mayo de 2000). La República de Moldova ha ratificado la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia sobre cuestiones ambientales.

103.La utilización y el mantenimiento eficientes de los recursos naturales, la protección del ambiente y la aplicación consecuente de los instrumentos de ordenación del ambiente son muy difíciles de lograr cuando faltan las condiciones necesarias para la integridad territorial, jurídica y económica.

104.La República de Moldova no es responsable de la administración de territorios autónomos o bajo administración fiduciaria.

Artículo 2

105.Partiendo de la idea de que el desarrollo económico, social y cultural es la base del desarrollo pleno y diverso del ser humano, la Constitución de la República de Moldova incorpora una serie de garantías estatales sobre:

el derecho al trabajo (art. 46);

el derecho a la propiedad privada y a su protección (art. 46);

el derecho a la negociación colectiva (art. 43, 4);

el derecho a condiciones justas y favorables de trabajo (art. 43, 1);

el derecho a la seguridad e higiene del trabajo (art. 43, 2);

el derecho a la remuneración (art. 43, 2);

el derecho de huelga (art. 45);

el derecho de herencia (art. 46, 6);

el derecho a la asistencia y a la protección social (art. 47);

el derecho a un nivel de vida digno (art. 47, 7);

el derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica (arts. 48 y 49);

el derecho de los huérfanos a la protección (art. 49);

el derecho de la madre, del niño y del joven a la protección (art. 50);

el derecho de los impedidos a protección especial (art. 51);

el derecho de fundar un sindicato y de asociarse a un sindicato (art. 42);

el derecho a la atención médica (art. 36);

el derecho a un ambiente salubre (art. 37);

el derecho a la educación (art. 35);

el derecho a la libertad de creación artística y científica (art. 33, 1);

el derecho a la propiedad intelectual (art. 33, 2);

el derecho al desarrollo y a la propagación de logros culturales y científicos (art. 33, 3);

el derecho a elegir el idioma de enseñanza (art. 35, 2).

106.Según el artículo 47 de la Constitución, el Estado se compromete a tomar medidas para que todos tengan un nivel de vida digno que asegure la salud y el bienestar del individuo y de su familia, incluso bienes, ropa, asistencia médica y los servicios sociales necesarios (véase también la sección sobre el artículo 11 infra).

107.Desde la Declaración de Independencia, la República de Moldova ha logrado crear un marco legislativo que satisface en gran medida las normas universalmente aceptadas sobre el desarrollo económico, social y cultural del país. Entre los principales actos jurídicos que sentaron la base para la transformación de la economía nacional en el sentido de las relaciones de mercado pueden mencionarse la decisión del Parlamento “sobre el concepto de la transición a una economía de mercado” (1990) y el Programa para la transición a una economía de mercado en Moldova (1991). El cuerpo legislativo supremo sancionó en seguida la Ley de propiedad, la Ley de privatización, el Código Agrario y otras leyes. Esto contribuyó a la reforma en muchos campos, y se dio prioridad a los sectores agrario comercial, agrícola e industrial, con miras a la estabilización macroeconómica y a la elevación del nivel de vida de la población.

108.Está en curso una privatización en masa. El proceso de transferir la propiedad de la tierra a los agricultores ha comenzado. Se ha establecido una moneda nacional. El mercado y el comercio se están liberalizando y la actividad de los contratistas crece. El Gobierno, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, elaboró el primer programa sustancial de estabilización de una economía en transición, encaminado a la aceleración de las actividades económicas, que incluye todas las condiciones necesarias para la estabilización macroeconómica, la liberalización de los precios y el comercio, la adopción de un marco jurídico duradero y fiable en esta materia y la transferencia de bienes del sector público al privado, y da impulso a la creación de un sector financiero. Después, para responder a la necesidad de aplicar una estrategia a largo plazo para el desarrollo del país, el Gobierno de la República de Moldova adoptó las “Orientaciones estratégicas para el desarrollo socioeconómico de la República de Moldova hasta 2005” (noviembre de 1998).

109.En diciembre de 1998 el Consejo de Seguridad Nacional, teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias, planteó el problema de la seguridad económica y social del país. El Consejo mencionó los peligros que creaban las condiciones internas – como las consecuencias de la economía en transición, la consolidación del Gobierno, la falta de equilibrio social, la creación de una sociedad civil – y la situación externa – la acumulación de una gran deuda externa y la dependencia del extranjero con respecto al suministro de electricidad, entre otras cosas. En consecuencia, con el apoyo de la oficina del PNUD en Moldova, se elaboró una “Estrategia nacional para el desarrollo duradero de la República de Moldova”. Este documento se concentra en los principios de la Declaración de Río y hace hincapié en la consolidación de los esfuerzos para mejorar la calidad de la vida de la generación actual, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus necesidades. Los objetivos de la estrategia son los siguientes:

a)prestar servicios sociales, médicos y educativos de acuerdo con la necesidad de conservar y regenerar los recursos naturales y con las necesidades de seguridad de las generaciones futuras;

b)crear el potencial competitivo para reactivar y estabilizar el crecimiento económico y el desarrollo humano duradero;

c)alcanzar un nivel de vida digno;

d)establecer un capital humano que corresponda a las exigencias científicas, técnicas, informativas y morales;

e)fortalecer la estructura del sistema socioeconómico sobre una base duradera, de acuerdo con los criterios para la integración en la Unión Europea;

f)renovar el sistema de seguridad social;

g)seguir vigilando los indicadores de desarrollo y ajustándolos al funcionamiento de los sectores económico y social y al de la protección ambiental.

110.El proyecto se ejecutará en dos etapas. La primera abarca el período 2000-2005. En este período se tiene la intención de superar la crisis socioeconómica y política, hacer la transición a una fase de crecimiento económico, mejorar la calidad de la vida y lograr la estabilización del gobierno, y después hacer reformas estructurales y macroeconómicas, terminar la creación del marco legislativo para la transición a la economía de mercado y asegurar el funcionamiento de los mecanismos económicos. La segunda etapa abarca el período 2006-2020 y tiene los siguientes objetivos: alcanzar la seguridad económica; aumentar la riqueza nacional en condiciones de funcionamiento normal de la economía de mercado; utilizar racionalmente el ambiente; restaurar la capacidad de regeneración de los recursos naturales; conservar los ecosistemas básicos; mejorar el nivel de vida, la atención médica, el acceso a la educación y la protección social; crear un ambiente salubre para el trabajo, la vida y el descanso; y consolidar una sociedad civil abierta.

111.La República de Moldova afronta una serie de problemas, aunque ha tomado todas las medidas necesarias para promover y dar seguridad económica, alimentaria y pública y proteger el ambiente.

112.La economía del país sigue sufriendo una crisis, que se manifiesta en el descenso de la producción y la productividad en todas las ramas de la economía, la disparidad entre la demanda y la oferta y la insuficiencia crónica de las inversiones internas y externas, que afecta gravemente la producción. También hay deficiencias en el sistema financiero, y el ingreso real de la población disminuye. El desequilibrio financiero genera una crisis de solvencia y bloqueo de pagos. No hay recursos financieros para la producción agrícola, lo cual reduce las posibilidades de desarrollo y modernización de este sector.

113.Los indicadores estructurales de la economía nacional siguen siendo deficientes. La economía sigue abarcando distintas ramas y está orientada principalmente a la exportación de materias primas. El producto interno bruto (PIB) bajó 34% en 1999 en cifras reales (y 6,5% en 1998). El análisis de los componentes del PIB indica una reducción continua y sustancial del valor añadido de la agricultura y la industria y un aumento del de otras actividades (comercio, la esfera social, etc.) y también de los impuestos sobre los productos importados, lo cual conduce a la desindustrialización de la economía. La estructura de la economía no corresponde a las necesidades efectivas – le faltan competitividad y rentabilidad.

114.La disminución del volumen de producción de la agricultura se debe en parte a la insuficiencia de los recursos financieros para comprar combustible, fertilizantes químicos, medios de protección de plantas, repuestos, etc. Al mismo tiempo el sector agrario carece de la infraestructura necesaria para funcionar con eficiencia en una economía de mercado. Hoy la agricultura es un sector muy importante de la economía nacional: 42% de la población económicamente activa trabaja en este sector, que aporta cerca del 30% del PIB. La importancia del sector puede indicarse diciendo que una persona económicamente activa alimenta a 1,5 personas más. Se ha registrado cierto progreso en el establecimiento de un sector agrario privado gracias a la reforma agraria. Con la ejecución de programa de tierras con apoyo financiero y humano de los Estados Unidos, cerca de 90% de las granjas colectivas y sovjoses fueron transformados en

empresas de otro tipo, basadas en la propiedad privada. Pero todavía no son eficientes. Los dueños no tienen el equipo técnico necesario y el Estado no puede concederles las subvenciones o préstamos esenciales que les darían el impulso necesario para acelerar su actividad.

115.En 1996 la República de Moldova adoptó una política industrial para la reorganización y el reajuste de las empresas industriales. A causa de la crisis general, la mayoría de las empresas industriales han quebrado o quebrarán pronto. Su contribución al PIB sufrió un descenso vertiginoso, a 16,2% en 1999, frente a 38,9% en 1990. El resultado de este descenso es el mantenimiento de tecnología antigua y el desempleo de mano de obra experimentada. La tasa de inflación sigue subiendo. Los precios al consumidor suben a causa del gran aumento de los aranceles sobre los recursos de energía. La República de Moldova importa el 98% de su electricidad y su combustible. La crisis financiera afectó gravemente la moneda nacional, que se depreció más de 50%. La estructura de los servicios ha cambiado a causa del ascenso de los precios y los impuestos. Los ingresos de la población bajan, lo mismo que el número de las personas empleadas. Este indicador económico es proporcional a la reducción del volumen de la producción. El número de desempleados, oficialmente 37.000 personas en 1998, fue causado por los despidos de las empresas, que redujeron su actividad o quebraron. Los impuestos indirectos constituyen cerca del 60% de la renta del Estado y los impuestos directos un tercio, y el 50% de ellos se dedican a fines socioculturales. Las importaciones y las exportaciones están disminuyendo.

116.No obstante esta situación, las transformaciones democráticas son irreversibles; pero no han llegado a la etapa decisiva que aseguraría el autodesarrollo del país. Más del 80% de la población vive con un ingreso de un dólar o menos. En comparación con 1999, el coeficiente de Gini, que indica el grado de desigualdad en la distribución del ingreso disponible de los ciudadanos, se ha duplicado, y está cerca del límite crítico de 0,8.

117.El descenso del PIB entraña costos sociales considerables que siguen aumentando. Toda la población siente las consecuencias negativas de estos costos, pero las clases sociales más desfavorecidas son las más afectadas: los niños, los ancianos y los impedidos. Según una encuesta de opinión, hecha por el Centro de Investigaciones y Reformas Estratégicas de la Fundación Soros de Moldova, sólo 5% de la población de la República considera que las reformas han tenido una influencia favorable en su vida. La diferenciación social de los ciudadanos ha producido una polarización de la sociedad como consecuencia de la discrepancia entre los compromisos sociales del Estado y sus posibilidades financieras efectivas.

118.Hay una discrepancia considerable entre las intenciones declaradas y la vida real. El Parlamento ha sancionado un conjunto de leyes, pero otras están en la etapa inicial (sobre el seguro médico obligatorio, las pensiones estatales, el mínimo de servicios médicos garantizado por el Estado, las cajas privadas de pensiones, el seguro social y otras materias) y el Gobierno ha elaborado muchas normas sobre seguro social para diversas categorías sociales. A pesar de las medidas que dispone la legislación, la salud de la población de la República de Moldova ha empeorado. La crisis económica persistente, que ha reducido considerablemente el nivel de vida, ha aumentado la inseguridad social y el estrés.

119.La tasa de natalidad ha disminuido y la de mortalidad aumentado. Entre 1990 y 1999 la tasa de mortalidad aumentó 17,5%, y es mayor en las zonas rurales (entre 40 y 45%), y la tasa de natalidad disminuyó 42,9%. La mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres.

120.La salud de las mujeres, especialmente la de las embarazadas, ha empeorado. La salud de los niños, especialmente la de los niños menores de 14 años, está en descenso continuo. La proporción de médicos es 39,6 por 10.000 habitantes, que debería ser suficiente, pero los servicios médicos básicos por habitante están disminuyendo. A causa de la insuficiencia de medios financieros, la atención médica es muy deficiente en las zonas rurales. Cada año el número de camas de hospital disminuye. La falta de equipo, de aparatos de diagnóstico y de medicamentos se ha vuelto crónica. Todo esto tiene efectos negativos en la población y pone en peligro el capital humano de nuestro país.

121.La insuficiencia de recursos presupuestarios afecta negativamente la actividad de las instituciones culturales del Estado. Por un lado, el acceso a los servicios culturales ha disminuido, y por otro se han producido cambios del mercado de actividades culturales, según la posición social de las personas. Con la reducción del acceso a los bienes culturales, contra el fondo de la degradación cultural, se manifiesta claramente un descenso del valor cultural en la comunidad social.

Cuadro 8

Principales indicadores de desarrollo social

Indicadores	Unidades de medida	1998	1999
Número de habitantes (media anual)	Miles	3 652,7	3 647,0
Número de empleados (media anual)	Miles	1 033	845
Desempleados registrados (media anual)	Miles	34	35
Remuneración mensual media Comparada con el año anterior Efectiva	Lei % %	250,4 114 106	304,6 122 88
Fondo de Pagos Laborales	Miles de lei	2 507	2507
Ingresos de la población Comparada con el año anterior Efectiva	Media mensual por persona, lei % %	250,4 114 106	304,6 122 88
Gastos de la población	Miles de lei	6 731	7 281
Volumen del comercio	Miles de lei	3 679	3 602
Volumen de servicios pagados ofrecidos a la población	Miles de lei	1 299	1 897
Educación Número de niños: En jardines de la infancia En escuelas primarias, secundarias y superiores En escuelas superiores	Miles Miles Miles	126 650,7 106,5	101,0 643,1 112,9
Matriculación en instituciones educativas (con financiación presupuestaria) Universidad Incluso cursos diurnos	Personas Personas	68 376 253	5 211 4 751
Colegios Incluso cursos diurnos	Personas Personas	42 694 256	33 293 329
Profesión secundaria	Personas	16 279	15 309
Atención médica Camas de hospital	Miles	48,3	35,1
Capacidad de los dispensarios	Miles de visitas por turno	69,6	72
Número de médicos	Miles	16,3	15,7
Número medio de personal médico	Miles	40,7	35,9
Cultura y deporte
Bibliotecas públicas	Unidades	1 551	1 439
Fondo de libros	Millones de ejemplares	20,8	19,9
Teatros e instituciones musicales	Unidades	20	20
Visitas a éstos	Miles	578	402
Salas cinematográficas	Unidades	512	353
Visitas al cine	Millones	0,16	0,06
Atletas, participantes en campeonatos mundiales y juegos olímpicos	Personas	250	220

Fuente: Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Educación y Departamento de Análisis Estadísticos y Sociológicos.

122.En los últimos años la República de Moldova ha logrado incorporarse a diversas organizaciones internacionales, europeas y regionales, entre ellas el Consejo de Europa, la OSCE, el Proyecto de los Estados Unidos para la Europa sudoriental, el Pacto de Cooperación del Mar Negro, la Comisión del Danubio, la Comunidad de Trabajo de la Región del Danubio, la Comunidad de Estados Independientes, la Comisión de las Naciones Unidas para Europa, etc.

123.El 28 de julio de 1990 la República de Moldova ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (vigente en la República de Moldova desde el 26 de abril de 1993). Conforme a lo dispuesto en el Pacto, el Estado se compromete a sancionar leyes y normas para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto; por consiguiente el Parlamento empezó a elaborar y sancionar la legislación pertinente. Entraron en vigor unas 20 leyes sobre diversos aspectos de los derechos y libertades humanos, incluidos los de carácter económico, social y cultural. Las siguientes leyes (enumeradas en orden de sanción) tienen especial importancia para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto: la Ley del estado de excepción y formas especiales de gobierno de la República de Moldova (1º de octubre de 1990); la Ley de ciudadanía de la República de Moldova (5 de junio de 1991); en una nueva interpretación, la Ley de ciudadanía (desde el 2 de junio de 2000); la Ley de cultos (24 de marzo de 1992); la Ley de solución de conflictos laborales colectivos (24 de febrero de 1993); la Ley de sueldos (25 de febrero de 1993); la Ley de protección del consumidor (25 de mayo de 1993); la Ley del estatuto de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova (10 de noviembre de 1994); la Ley de derechos del niño (25 de diciembre de 1994); la Ley de educación (21 de julio de 1995); y otras. Un acontecimiento fundamental fue la sanción de la Constitución el 29 de julio de 1994.

124.La ley suprema de la República de Moldova dice que “la dignidad y los derechos y libertades del individuo, el desarrollo libre de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político constituyen valores supremos y están garantizados” (art. 1, párr. 3). Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, la Constitución estipula que todas las personas son iguales ante la ley y las autoridades públicas “sin distinción de ningún tipo, como la raza, el origen nacional o étnico, el idioma, la religión, el sexo, la opinión política o de otro tipo, la propiedad o el origen social” (art. 16, párr. 2). Todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes con respecto a los actos que infrinjan los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. “Ninguna ley restringirá el acceso a la justicia” (art.20).

125.El ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto sin distinción de ningún tipo, como la raza, la nacionalidad, el origen étnico, el idioma, la religión, el sexo, la opinión política, la propiedad, el origen social, la ciudadanía o la residencia, se determina en un conjunto de leyes de la República de Moldova, entre ellas las siguientes: la Ley de organización del poder judicial, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de sueldos, la Ley de propiedad, la Ley de atención de la salud, la Ley de educación, la Ley de la cultura, la Ley de cultos y la Ley de derechos del niño.

126.Los ciudadanos de la República de Moldova gozan por igual de todos los derechos económicos, sociales y culturales establecidos y garantizados por la Constitución y otras leyes del país, cualquiera que sea la forma en que hayan adquirido la ciudadanía: “…los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, gozan por igual de todos los derechos y libertades económicos, sociales y culturales establecidos por la Constitución y otras

leyes y por los acuerdos internacionales en que es parte la República de Moldova” (art. 6). Los extranjeros y los apátridas gozan de los mismos derechos y libertades, con las excepciones que establece la ley (Constitución, art. 19, párr. 1; Ley de ciudadanía, art. 6).

127.Según la Ley del estatuto de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova (art. 1, párr. 3), los extranjeros y los apátridas son iguales ante la ley y las autoridades públicas “…sin distinción alguna de raza, origen nacional o étnico, idioma, religión, sexo, opinión política o de otro tipo, propiedad u origen social”. La Ley incluye un conjunto de derechos de los extranjeros y los apátridas semejantes a los de los ciudadanos de la República de Moldova, como los siguientes:

el derecho de trabajar en condiciones de seguridad (art. 7);

el derecho al tiempo libre y a la atención médica (art. 8);

el derecho de recibir prestaciones, pensiones y otras formas de seguridad social (art. 9);

el derecho a la vivienda y a la propiedad (art. 11);

el derecho a la herencia (art. 11);

el derecho a la propiedad de las obras literarias, artísticas y científicas (art. 11);

el derecho a la educación (art. 12);

el derecho de asociarse a diversas sociedades, incluidas las organizaciones cooperativas y las asociaciones de producción (art. 13);

el derecho a un recurso eficaz ante los tribunales nacionales competentes y otras autoridades públicas (art. 17).

128.Los derechos de los extranjeros y los apátridas también se establecen en el párrafo 2 del artículo 4 de la Constitución, que dice que, si hay discrepancia entre la legislación nacional y los pactos y tratados de derechos humanos fundamentales en que es parte la República de Moldova, los instrumentos internacionales tienen prioridad. Esta norma constitucional se introdujo directamente en la Ley del estatuto de los extranjeros y los apátridas en la República de Moldova (art. 26).

129.La Constitución garantiza a todos el derecho a un recurso eficaz contra los actos que violen sus derechos e intereses fundamentales (art. 20). La reclamación de ese derecho por la persona agraviada está justificada (art. 53).

130.Según la Ley, el Estado es responsable de los daños y perjuicios que resulten de errores cometidos en el proceso penal por los órganos investigadores o los tribunales. El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal dice que la víctima de un arresto o detención ilegal tiene derecho a indemnización en las condiciones que fija la ley. Esto se determina de conformidad con la Ley de indemnización por daños causados por actos ilícitos de los órganos investigadores penales durante las investigaciones exploratorias, por las fiscalías o por los tribunales. Según la Ley, se paga indemnización por daños en los siguientes casos:

a)por investigación oficial ilegal o arresto ilegal o despido ilegal;

b)por embargo ilegal de bienes o multa ilegal;

c)por confiscación ilegal de cuentas u otros documentos, dinero o sellos, y también por bloqueo ilegal de cuentas.

131.El Código de Procedimiento Civil también prevé un recurso eficaz contra los actos que violen los derechos del ciudadano (art. 4). Los recursos son los siguientes (art. 6):

a)reconocer esos derechos;

b)restablecer la situación anterior a la infracción de los derechos y hacer cesar los actos que los infringen;

c)obligar al infractor a hacer reparaciones en especie;

d)suprimir o corregir un informe jurídico;

e)obligar al infractor a pagar los daños y, en los casos previstos por ley o acuerdo, a pagar las costas (multas, penas por demora) y también otras medidas que prevé la ley.

132.La creación de la Institución de Abogados Parlamentarios y del Centro de Derechos Humanos aumentó considerablemente el respeto de los derechos de los ciudadanos y los de los extranjeros y los apátridas.

133.Los Defensores del Pueblo de Moldova están facultados para examinar las notificaciones de extranjeros y apátridas que vivan permanente o temporalmente en el territorio de la República de Moldova y cuyos derechos hayan sido violados en su territorio (Ley de los abogados parlamentarios, art. 13). Esta ley faculta a los abogados parlamentarios para aplicar directamente las normas de los tratados internacionales en que la República de Moldova es parte si las leyes nacionales tienen disposiciones diferentes (art. 10, párr. 2). Durante su actividad, el Centro de Derechos Humanos de Moldova ha recibido sólo unas pocas peticiones de extranjeros o apátridas, que se han resuelto de común acuerdo con las autoridades locales.

Artículo 3

134.La Ley Suprema de la República de Moldova dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión política o de otro tipo, propiedad u origen social (art. 16, párr. 2). Estos derechos figuran en la Constitución bajo el Título II, que enumera los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase también lo dicho sobre el artículo 2 supra). La norma constitucional estipula que “la familia se basa en la unión entre un hombre y una mujer, les da derechos iguales y el derecho y el deber de los padres de asegurar la educación de sus hijos” (art. 48, párr. 2).

135.El Código del Matrimonio y la Familia de la República de Moldova contiene además disposiciones que aseguran la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. El artículo 3 del Código dice que “de conformidad con la igualdad de derechos, las mujeres y los hombres tienen derechos personales y patrimoniales iguales dentro de la familia”. El artículo 4 dice que en la República de Moldova “no se permite ninguna clase de restricción, directa o indirecta, de los derechos reconocidos, ninguna ventaja, directa o indirecta, con respecto al matrimonio o a la familia, basada en el origen, la posición social o material, la raza o la nacionalidad, el sexo, la educación, el idioma, la religión, el tipo o naturaleza de la ocupación, la residencia u otras circunstancias”.

136.Para eliminar toda presión y asegurar la estabilidad de la familia, el Código del Matrimonio y la Familia (art. 15) prevé que “para contraer matrimonio es necesario el consentimiento mutuo de dos personas que tengan la edad mínima para el matrimonio”. Los cónyuges gozan de los mismos derechos y tienen obligaciones comunes. Los cónyuges resuelven juntos los problemas relativos a la educación de los niños y otros problemas familiares. Cada uno de los cónyuges tiene la libertad de elegir su ocupación, vocación y residencia (art. 20).

137.El Código del Matrimonio y la Familia enuncia los derechos y obligaciones de los cónyuges con respecto a los hijos. El artículo 57 dice que el padre y la madre tienen derechos y obligaciones iguales a este respecto, aún si se disuelve el matrimonio (véase también infra, artículo 10).

138.El artículo 6 de la Ley de educación garantiza a todos el derecho a la educación sin discriminación de nacionalidad, sexo, raza, edad, origen o posición social, opinión política o antecedentes penales.

139.El artículo 19 de la Constitución compromete al Estado a asegurar la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, y también la igualdad de derechos de los extranjeros y los apátridas.

140.El marco legislativo de la República de Moldova establece la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en los procedimientos judiciales. La justicia se administra según el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión política o de otro tipo, propiedad u origen social u otras circunstancias (Código de Procedimiento Civil, art. 6; Ley de organización del poder judicial, art. 8).

141.Para eliminar la discriminación contra la mujer en el empleo, el Código Penal de la República de Moldova prevé penas para la negativa a emplear una mujer embarazada o una madre lactante y para el despido de una mujer en esas circunstancias (art. 140).

142.El Código Penal también pena la restricción, directa o indirecta, de los derechos de un ciudadano y la concesión, directa o indirecta, de ventajas a un ciudadano sobre la base de la nacionalidad o la raza (art. 71) con prisión de hasta tres años o multa de hasta 50 veces el sueldo mínimo. Si son cometidos con violencia, engaño o amenazas o por una persona de posición elevada, estos actos se castigan con prisión de hasta cinco años o multa de hasta 80 veces el sueldo mínimo. Si son cometidos por un grupo de personas o tienen por resultado la pérdida de vidas humanas, se castigan con prisión de hasta 10 años. (Estas reformas se introdujeron en el Código Penal por la Ley parlamentaria de 23 de febrero de 1993.)

143.También se han tomado medidas legislativas con respecto a la promoción de la mujer en la esfera de la actividad social. Conforme al artículo 9 de la Ley de partidos y organizaciones sociopolíticas, estas organizaciones deben promover el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los niveles.

144.En los últimos tres o cuatro años el objeto de la legislación nacional sobre derechos y libertades de la mujer ha sido realizar la igualdad de géneros y la prevención de la discriminación contra la mujer. Un paso importante en el logro de este objetivo ha sido la elaboración del proyecto de ley de medidas fundamentales para mejorar la condición de la mujer y aumentar la contribución que hace a la sociedad (decisión del Gobierno N° 39, de 15 de enero de 1998). Este proyecto tiene por objeto promover una política única que establezca y garantice la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Se ha creado bajo la égida del Gobierno el Departamento de Protección Social de la Familia y el Niño, que está encargado de proteger y mejorar la posición social de la mujer. Por otra decisión del Gobierno (N° 74, de 2 de febrero de 1999) se creó el Comité Gubernamental de Asuntos de la Mujer, que está compuesto de representantes de diversos órganos del Estado y coordina las decisiones y hace propuestas relativas a la posición de la mujer.

145.La igualdad efectiva entre el hombre y la mujer no es una realidad satisfactoria. En 1999 cerca de 39% del total de las peticiones dirigidas al Centro de Derechos Humanos de Moldova procedían de mujeres y se referían a muchos problemas relacionados con el ejercicio de sus derechos y libertades; más de 80% se referían a problemas directamente relacionados con los derechos económicos y sociales.

146.La situación de la mujer en la República de Moldova está determinada en gran medida por la transición a la economía de mercado. La decadencia económica continua, amplificada por el descenso vertiginoso del nivel de vida, ha afectado mucho la situación de la mujer en la sociedad. Las mujeres forman el 52% de la población del país y el 51% de la población económicamente activa y generan el 50% del ingreso nacional, pero son sólo 9% de los miembros del Parlamento. La mujer no está suficientemente representada en el nivel ejecutivo en la República de Moldova.

147.Según los datos estadísticos más recientes, el número de las mujeres empleadas es mayor que el de los hombres, pero en el mundo de los negocios forman sólo un 5%. De las mujeres de negocios, un 2% dirigen empresas grandes, 10% empresas medianas, 40% empresas pequeñas y 48% microempresas. La remuneración de las mujeres está entre 70% y 80% de la de los hombres.

148.El desempleo femenino es muy alto. Las vacaciones sin sueldo, el empleo temporal y la jornada de trabajo parcial por iniciativa de la administración de la unidad económica son los factores que aumentan la tasa de desempleo de las mujeres.

149.A causa del bajo nivel de la remuneración y de las prestaciones por cuidado de un hijo, muchas familias no pueden ejercer el derecho a la paternidad, lo cual reduce la tasa de natalidad. Dada la insuficiencia de empleos en el mercado interno, las mujeres tienen que buscar trabajo en el extranjero, donde pueden ser víctimas de la trata de personas, que adquirió gran magnitud entre 1998 y 2000 y provocó una reacción del Estado. El Código Penal castiga con prisión de 5 a 12 años el delito de sacar del país a un niño por medios ilegales y también el de abandonarlo en el extranjero (art. 112, párr. 3). (La reforma respectiva se hizo por la Ley parlamentaria de 6 de febrero de 1996.) Se ha presentado un proyecto de reforma del Código Penal de 24 de marzo de 1961 (hasta que se apruebe el Nuevo Código Penal) que contiene un artículo claro (art. 105, párr. 3), “El comercio ilícito de seres humanos”, que dice así: “La contratación de una persona para llevarla al extranjero, con o sin su consentimiento, con o sin el motivo ulterior de venderla o entregarla de otra forma a un tercero para explotación sexual, pornografía, esclavitud, conflicto armado, explotación de su trabajo o entrega en cualquier otra forma para servidumbre de otro” se castiga con prisión entre tres y siete años o con multa entre 1.500 y 3.000 veces el salario mínimo. Los mismos delitos cometidos contra un menor o cometidos en forma continua o previo acuerdo con un grupo o por una persona que es tutor de la víctima se castigan con prisión entre cinco y 10 años. El Nuevo Código Penal, sancionado en segunda lectura por el Parlamento, contiene disposiciones parecidas.

150.Se está estudiando a fondo el fenómeno de la violencia contra la mujer en la familia y la sociedad, especialmente la violencia física, económica, psicológica y sexual. Por esta razón el Gobierno ha sugerido sancionar más leyes para mejorar la situación, impedir la ampliación de este proceso y completar y reformar una serie de leyes y reglamentos en esta materia. Se ha sugerido reformar el Código de Procedimiento Civil de 26 de diciembre de 1964 insertando una nueva disposición (art. 33, párr. 2) sobre la violencia en la familia, según la cual todo miembro de la familia, incluso una concubina, un tutor y un cuidador, tendría derecho a pedir ayuda al tribunal en caso de violencia familiar. El tribunal, si considerara justificada la petición, adoptaría una decisión para proteger a la víctima:

a)prohibiendo cometer nuevos actos violentos;

b)retirando al culpable de la vivienda del demandante;

c)fijando un programa provisional de visitas breves;

d)retirando al culpable a una distancia razonable de la vivienda, determinada por el juez;

e)prohibiendo al culpable aparecer en el lugar de trabajo del cónyuge o en el lugar de educación de los niños;

f)prescribiendo un tratamiento para el culpable;

g)prestando otra forma de ayuda necesaria para la protección de los miembros de la familia, incluidos los menores.

151.La ejecución de la decisión del tribunal está a cargo de la policía, según la legislación vigente. La decisión tiene un año de validez, pero en caso de conducta cruel continua en la familia, el demandante puede pedir al tribunal que prolongue el período. Se ha sugerido modificar los párrafos 6 y 24 del artículo 12 de la Ley de policía (de 18 de diciembre de 1990) con disposiciones concretas que pongan fin a la violencia en la familia, ejecuten las decisiones del tribunal y ofrezcan protección en casos de violencia en la familia. También se ha sugerido completar y modificar el Código del Matrimonio y la Familia de 26 diciembre de 1969 completando el párrafo 1 del artículo 6 con un nuevo párrafo 4 que diría: “No se permite la violencia entre los miembros de la familia ni entre las personas que viven juntas. El uso de la fuerza o de amenazas para mantener el control sobre los demás miembros de la familia crea responsabilidad conforme a la legislación vigente”. El párrafo 2 del artículo 36 se modificaría con una disposición según la cual el tribunal podría tomar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la familia contra la violencia cuando registrara casos de violencia familiar, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, hasta el momento de la decisión sobre divorcio.

Artículo 4

152.La Constitución de la República de Moldova (art. 54, párrs. 1 y 2) dice que ciertos derechos y libertades sólo pueden restringirse por ley y sólo si la restricción es necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, los derechos y libertades de los ciudadanos, el desarrollo de una investigación penal o para prevenir las consecuencias de calamidades naturales o lesiones. “Las restricciones serán proporcionales a la situación que las motive y no afectarán la existencia del derecho o libertad”.

153.Conforme a la Ley del estado de excepción y formas especiales de gobierno de la República de Moldova (art. 1), el estado de excepción se considera un estado temporal, decretado por el Parlamento o el Presidente de la República de Moldova de conformidad con la Constitución y la ley citada, para garantizar la seguridad, la legalidad y el orden jurídico a los ciudadanos de la República de Moldova en caso de calamidad natural, accidente grave o catástrofe, epidemia, disturbios y otras circunstancias excepcionales. Se admiten en el estado de excepción las restricciones que determina la ley citada (prohibición temporal de las huelgas, manifestaciones culturales de masas, horarios de trabajo especiales) con los derechos y obligaciones enunciados en el párrafo 2 del artículo 55 de la Constitución, según el cual “el respeto de los derechos e intereses y de la dignidad de los demás ciudadanos es obligatorio”. Ni la Constitución, ni la Ley del estado de excepción y formas especiales de gobierno de la República de Moldova ni otras leyes o reglamentos internos pueden restringir los derechos enunciados en el Pacto.

154.Desde el 26 de abril de 1993, cuando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en la República de Moldova, no se ha invocado el estado de excepción.

Artículo 5

155.Conforme a la Constitución de la República de Moldova (art. 4), las disposiciones constitucionales sobre los derechos y libertades humanos se interpretan y aplican de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos y demás tratados en que es parte la República de Moldova. Si hay discrepancia entre las leyes internas y los pactos y tratados internacionales de derechos humanos en que es parte la República de Moldova, los instrumentos internacionales tienen prioridad.

156.Por el artículo 8 de la Constitución, la República de Moldova se compromete a respetar la Carta de las Naciones Unidas y los tratados en que es parte. La aplicación de un tratado internacional que contenga disposiciones que infringen la Constitución requiere la reforma previa de ésta: “toda ley o acto jurídico que infrinja las disposiciones de la Constitución carece de fuerza de ley” (art. 7).

157.El Tribunal Constitucional tiene una función importante en el respeto de las disposiciones del artículo 5 del Pacto. El Tribunal asegura la supremacía de la Constitución y ejerce control sobre la constitucionalidad de las leyes, acuerdos, reglamentos y decisiones del Parlamento, los decretos del Presidente y las decisiones y los actos del Gobierno y también sobre los tratados internacionales en que es parte la República de Moldova (art. 135, apartado a); las decisiones del Tribunal Constitucional son irrevocables e inapelables).

158. Los abogados del Parlamento están autorizados para aplicar directamente, dentro de su actividad, las normas del derecho internacional si un acto jurídico interno las infringe (Ley de los abogados parlamentarios, art. 10, párr. 2). Los abogados parlamentarios, en virtud de la ley citada (art. 31), pueden informar al Tribunal Constitucional sobre asuntos de su competencia, y lo han hecho varias veces.

Artículo 6

159.La República de Moldova es parte en el Convenio de la OIT sobre la política de empleo, 1964 (N° 122), que fue ratificado por el Parlamento el 26 de septiembre de 1995, con el N° 593-XIII, y entró en vigor el 12 de agosto de 1997. Moldova también es parte en el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (N° 111), que fue ratificado por el Parlamento el 26 de septiembre de 1995, con el N° 593-XIII, y entró en vigor el 12 de agosto de 1997. La República de Moldova también es parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que fue ratificada por el Parlamento el 10 de septiembre de 1991, con el N° 707-XII, y entró en vigor el 25 de febrero de 1993. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue ratificada por el Parlamento el 24 de agosto de 1994, con el N° 87-XIII, y entró en vigor el 31 de julio de 1994. Los informes se presentaron el 25 de enero de 1999, de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Organización Internacional del Trabajo.

160.El mercado de trabajo ocupa un lugar importante en la jerarquía de los diferentes mercados que funcionan dentro del sistema económico nacional. La relación entre los trabajadores disponibles y las vacantes depende de muchos factores. Los más importantes son la situación de la economía, las transformaciones tecnológicas y estructurales, el nivel de capacitación de la mano de obra y su movilidad.

161.El desempleo se debe, en primer lugar, al descenso de la economía, a la reorganización de las unidades económicas conforme a los principios de la economía de mercado, a la evolución rápida de la tecnología y también al atraso de la capacitación profesional. El empleo óptimo y cualitativo es un elemento del desarrollo duradero de la sociedad. La falta de pleno empleo genera una pérdida de recursos humanos, que a su vez frena el desarrollo de la economía. El empleo es un problema nacional. La estructura del empleo en la República de Moldova entre 1995 y 1998 puede verse en el apéndice 1.

162.Los métodos de investigación recomendados por la OIT se usan para estudiar el mercado de trabajo. Uno de ellos es la investigación del trabajo en el hogar, que en la República de Moldova se estudió por primera vez en 1998.

163.Según los datos de una investigación hecha en 2000, la población empleada representaba el 41,5% de la población total y el 91,5% de la población activa. La tasa de empleo (el número de personas empleadas dividido por la población total) de los hombres (42,8%) era mayor que la de las mujeres (40,4%). Las personas empleadas de 15 años o más formaban el 54,8% de la población. El número de mujeres en esta categoría era mayor, pero la tasa de empleo femenina (52,2%) era menor que la masculina (57,7%). La diferencia entre la tasa de empleo de la población urbana (38,2%) y la de la rural (43,9%) es notable. Los adultos forman el 77,9% de la población empleada. No hay mucha diferencia entre la tasa de empleo de 2000 y la del año anterior (40,9%).

164.La distribución de la población empleada por ocupación indica que los asalariados son mayoría: 62,8%. Del total de empleados, 55,6% trabajan en el comercio y sólo 10,2% en la industria.

165.Según la forma de propiedad, la población empleada se distribuye como sigue: el 68,4% trabaja en el sector privado y el 25,6% en el sector público, y el 72,2% de la población empleada en el sector privado trabaja en zonas rurales. La agricultura es una parte importante del sector privado y representa el 69,2% de las personas empleadas en este sector. Según las ramas de actividad de la economía nacional, la población empleada está concentrada en la agricultura (50,9%), y 44,0% de estas personas tienen entre 35 y 49 años.

166.El desempleo sigue siendo un problema grave para la República. Según la OIT, el número de desempleados pasaba de 187.000 en 1999. La tasa de desempleo era 11,1%, y era más alta en la población urbana. En 2000, según la OIT, el número de desempleados superaba los 140.000 (8,5%). Por sexo, la tasa de desempleo masculina era 9,7% y la femenina 7,2%. La tasa de desempleo más alta era la de los jóvenes (entre 15 y 24 años: 15,8%). La tasa de desempleo oficial es sólo 2%. En 2000 había 50.800 desempleados inscritos en las Bolsas de Trabajo. La evolución del desempleo en la República de Moldova de 1991 a 1999 figura en el apéndice 2.

167.El mercado de trabajo también está muy tenso a causa del desempleo latente. En 2000 99.800 personas quedaron desempleadas por despido forzoso y 22.400 por reducción de la jornada de trabajo. Al comienzo del primer semestre del año en curso había menos desempleo que ahora (22.100 y 85.800 respectivamente).

168.Las transformaciones radicales de la vida social y económica aumentaron el desempleo a causa de la redistribución de la población activa entre las diferentes ramas de actividad, la desaparición de algunas actividades y la aparición de actividades nuevas, la redistribución entre ramas, etc. (apéndice 3). En 1996 el 43,4% de la población estaba empleada en el sector agrícola, pero en 1999 sólo el 31,1%. Los análisis estadísticos de 1996-1999 indican que el porcentaje de empleados en algunas ramas no había cambiado mucho, pero sí había cambiado en la industria (de 14,8% a 16,3%), la administración y la protección públicas (de 2,6% a 6,0%), las transacciones de propiedades (de 2,7% a 3,4%), la educación (de 12,4% a 16,3%) y la salud y la atención médica (de 7,7% a 9,2%).

169.Es necesario crear condiciones de empleo que dependan exclusivamente de la demanda que se desarrolla según los criterios económicos. El Estado debe intervenir como catalizador de las acciones de los miembros de la población activa para establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda. Para crear una buena correlación entre la oferta y la demanda, entre los sindicatos y los empleadores, el Estado debe reconocer la función de la política de empleo, y más aún, establecer y seguir esta política y colaborar constantemente con las partes interesadas.

170.Los servicios estatales de empleo desempeñan un papel importante participando en el mercado de trabajo y aplicando una política de protección social. El Departamento de Utilización de la Población Activa representa el servicio del Estado. Hay 12 Bolsas de Trabajo en el territorio de la República de Moldova. A petición de los actores económicos, en el año 2000 fueron elegidas y empleadas 22.100 personas (12.100 mujeres), cifra que representa el 43,4% de los desempleados inscritos al principio del año (50.800). En 2000 las Bolsas de Trabajo encontraron empleo para 18.100 personas (9.500 mujeres, 2.800 jóvenes entre 25 y 29 años y 1.800 personas entre 50 y 59 años).

171.La legislación sobre vacantes en unidades económicas (Ley de empleo, art. 10) no funciona. La insuficiencia de la información sobre las vacantes disponibles dificulta a las Bolsas de Trabajo la contratación de desempleados. Colaborando con los actores económicos, las Bolsas de Trabajo pueden obtener información completa sobre las vacantes y así hacer eficiente su actividad. La falta de control por las instituciones del Estado sobre el respeto de la legislación laboral, el empleo y los datos sobre puestos de trabajo en las empresas agrava la situación del mercado de trabajo. Al 1° de enero de 2000 había 8.200 vacantes en las empresas de más de 20 empleados, o sea 3,8 veces más que las registradas en las Bolsas de Trabajo. Sigue siendo difícil encontrar vacantes en las empresas de menos de 20 empleados. Al 1° de octubre de 2000, el número de vacantes registradas en las Bolsas de Trabajo era 2.331, de las cuales 1.923 eran para obreros, en su mayoría obreros no calificados y mal remunerados. La información sobre las vacantes registradas en las Bolsas de Trabajo de enero a diciembre de 2000 figura en el apéndice 4.

172.La información sobre vacantes también está a disposición de las personas que no están en la categoría de desempleadas (las personas que han sido despedidas o cuya jornada de trabajo se ha reducido, los propietarios de tierra agrícola, los menores de 15 años, los jubilados y otros).

173.Para elegir el personal que necesitan los actores económicos, se han introducido nuevos métodos: la organización de ferias de empleo y el apoyo psicológico del Club de Desempleados para facilitar a los desempleados el acceso a las vacantes. Por ejemplo, en 1999 las Bolsas de Trabajo de la ciudad de Chisinau organizaron nueve ferias de empleo, que tuvieron por resultado el empleo de 53 personas. Las Bolsas de Trabajo de la ciudad de Chisinau y del condado de Orhei organizaron unas nueve ferias de empleo entre enero y septiembre de 2000.

174.Para mejorar la demanda de trabajadores no calificados que han tenido un período de desempleo más largo se organizan obras públicas con remuneración. Sin embargo, los desempleados rechazan estos trabajos, porque la remuneración es insuficiente. En 1999 estas medidas ofrecieron empleo a unas 900 personas, y en 2000 a 1.127.

175.Contra el fondo del descenso del nivel de vida, es muy alarmante la situación de los jóvenes (especialmente los menores de 16 años), los inválidos, las mujeres y las personas cercanas a la jubilación. No hay demanda de estas personas en el mercado de trabajo. Las Bolsas de Trabajo tienen dificultad para convencer a los empleadores de que las contraten. El mecanismo actual de evaluación de las vacantes para la categoría de personas respectiva no funciona (porque es un poco formal) y no resuelve el problema de esas personas. Algunas Bolsas de Trabajo han hecho lo imposible: han encontrado empleo para 3.774 personas por decisión de los concejos locales (incluso 1.963 para jóvenes, 989 para inválidos y 822 para menores de 16 años). En el primer semestre de 2000 se tomaron medidas para emplear a 1.272 personas, o sea 33,7% de la población desempleada (1.111 jóvenes, 87 inválidos y 74 menores de 16 años).

176.La política del Estado en materia de empleo tiene por objeto aumentar el nivel de empleo y apoyar la calificación y la recalificación del personal. Un objetivo muy importante es hacer todo lo posible por aplicar las normas internacionales, incluso los convenios de la OIT ratificados por el Parlamento de la República de Moldova (N°s 29, 47, 81, 88, 95, 100, 111, 117, 122, 129, 144 y otros).

177.En este momento hay una intervención más activa del Estado, que está aplicando una política económica de fomento de la movilización de fondos internos y externos, de creación de empleo, de estímulo de la demanda mediante mecanismos macroeconómicos y de apoyo a los pequeños productores. Todas estas medidas absorberán gran parte de la mano de obra.

178.Para promover activamente el mercado de trabajo, se han tomado las siguientes medidas:

a)se ha sancionado un reglamento para dar apoyo financiero a los actores económicos para la creación de nuevos empleos;

b)se han elaborado y propuesto las siguientes leyes y decisiones: la Ley de personas desempleadas, la Ley de creación de la Dirección Nacional de Empleo y Ocupación, la Decisión relativa a los medios de estimular a los actores económicos para que contraten graduados de instituciones educativas, la Decisión relativa al apoyo financiero a los desempleados en la organización de la actividad de contratistas y proyectos de ley del Gobierno. La sanción de estos instrumentos normativos mejorará el mercado de trabajo.

179.La aparición del sector privado hizo anticuadas las concepciones anteriores del trabajo. El Ministerio de Trabajo procura modernizar la legislación. El desarrollo de la economía de mercado, la creación de condiciones para el desarrollo de empresas, la reforma del sistema de pensiones y la creación de posibilidades de elevar el nivel de vida exigen la aplicación de normas y procedimientos modernos, flexibles y sencillos. Se han elaborado y propuesto el proyecto de ley del código de trabajo, el proyecto de ley de inspección del trabajo y otros para que los órganos superiores los examinen y aprueben.

180.Con la entrada en vigor de la Ley de empleo (1° de julio de 1992) el trabajo se declaró libre en la República de Moldova. La persona empleada goza de los servicios gratuitos del Servicio Estatal de Empleo. Según la Ley nadie está obligado a trabajar. El desempleo voluntario del ciudadano no puede servir de base para la imputación de responsabilidad administrativa o penal. Según el artículo 5, la Ley es aplicable a todos los ciudadanos de la República de Moldova, a los extranjeros y a los apátridas, con excepción de los casos previstos en los acuerdos interestatales. Los ciudadanos de la República de Moldova que estén empleados temporalmente en otros Estados deben respetar la legislación de esos Estados, con excepción de los casos previstos en los acuerdos interestatales.

181.Para aumentar el empleo, atenuar las consecuencias del desempleo y la inseguridad social de la población afectada por el desempleo, se elaboran en la República programas de empleo locales y estatales. Por ejemplo, por la decisión del Gobierno N° 317, de 20 de marzo de 1998, se sancionó el Programa Estatal de Empleo para 1998-2000, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, que prevé la organización de las actividades del Ministerio, sus departamentos, el Servicio de Mano de Obra, los órganos de la administración pública local y las unidades económicas para aplicar la política del Estado en materia de empleo. Uno de los capítulos más importantes es el titulado “Formación profesional de los desempleados”. Para lograr el funcionamiento óptimo de la economía, es necesaria una mano de obra competitiva y competente, desarrollada con ayuda de programas de capacitación. El Servicio de Mano de Obra desarrolla su actividad de capacitación profesional de los desempleados de diversas maneras:

a)información profesional para la población adulta sobre vacantes en la República, instituciones educativas, educación y formación profesional en profesiones afines, etc.;

b)consultoría profesional para la población adulta desempleada, para ayudarle a elegir una profesión y un campo de actividad.

182.En el primer semestre de 2000, el Servicio de Mano de Obra organizó cursos en 35 ocupaciones. Se inscribieron en los cursos de formación profesional 1.886 personas, entre ellas 1.439 mujeres. Se gastaron en capacitación, con cargo al Fondo de Desempleo, 948.300 lei. A causa de la insuficiencia de la financiación para medidas de protección social, hay déficit en el sector de la educación profesional.

183.La promoción de medidas relativas al mercado de trabajo es muy difícil a causa de la crisis de la economía nacional. Por esta razón las disposiciones previstas en el programa no se cumplen, pero se fomentan vigorosamente. El proyecto de ley sobre el programa nacional de empleo y ocupaciones para 2001-2002 se ha elaborado recientemente y se ha remitido a ministerios, empleadores y sindicatos.

184.La Constitución confirma en el artículo 43 el derecho al trabajo y a la protección del trabajo, y dice que todos tienen derecho a trabajar, a elegir libremente una ocupación, a trabajar en condiciones justas y satisfactorias y a una protección contra el desempleo (art. 43, párr. 1). El Código de Trabajo de la República de Moldova establece la seguridad del empleo (art. 17) y, entre otras cosas:

a)prohíbe la negativa a dar empleo;

b)no permite la restricción, directa o indirecta, de derechos, ni la concesión, directa o indirecta, de ventajas en el trabajo por razones de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen social, situación material, religión, creencia, asociación a sociedades públicas o cualquier otra circunstancia que no esté relacionada con las calificaciones del asalariado. La diferenciación, el despido, las preferencias y las limitaciones en el lugar de trabajo con respecto a las personas que necesitan protección social y jurídica no se consideran discriminatorios, porque no están determinados por los requisitos específicos de la forma de actividad o las condiciones del cuidado especial del Estado.

185.El Código de Trabajo establece en el capítulo 3 la seguridad del empleo y garantiza el derecho al trabajo. La Ley de sueldos N° 1305, de 25 de febrero de 1993, dice que se pagará a todos un sueldo fijo, sin distinción de edad, sexo, raza o afiliación nacional, opinión política, confesión o situación material (art. 3).

Cuadro 9

Vacantes registradas en las Bolsas de Trabajo, enero a septiembre de 2000

Bolsa de Trabajo	En.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.
Mun. de Chisinau	392	513	516	718	829	812	729	611	1.408
U.T.A. Gagausa	59	93	122	118	91	110	142	67	51
Condado de Balti	385	454	520	589	513	706	744	627	298
Condado de Cahul	121	88	120	110	123	234	247	181	14
Condado de Chisinau	180	147	190	228	228	295	283	259	185
Condado de Edinet	74	95	116	96	104	129	116	183	12
Condado de Lapusna	85	88	148	115	110	175	160	118	37
Condado de Orhei	117	153	188	210	169	275	170	255	37
Condado de Soroca	72	142	137	343	396	169	257	258	194
Condado de Tighina	126	122	116	142	120	88	99	124	51
Condado de Taraclia	-	-	49	61	62	88	48	50	40
Condado de Ungheni	152	107	193	144	92	178	158	78	4
Total	1763	2002	2415	2874	2837	3247	3153	2811	2.331

Cuadro 10

Evolución del desempleo en la República de Moldova, 1991-2000 Medidas de protección social tomadas

Medidas	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Derivados a las oficinas (personas)	59 309	48 375	40 068	38 684	45 365	46 333	49 518	63 296	57 834	50 848
Empleados (personas)	29 315	11 809	11 916	11 020	16 480	19 573	21 078	22 386	19 121	22 085
Beneficiarios de la prestación de desempleo (personas)			12 961	14 881	19 747	19 563	18 180	19 921	25 315	23 740
Cuantía de la prestación de desempleo (lei)	41,2	14 856,6	231,2	1 709,3	5 173,1	5 839,1	6478,0	8 659,39	7 930,73
Desempleados inscritos en cursos de capacitación profesional (desde el principio del año) (personas)		49 27	1 257 712	5 170 2 723	7 511 5 188	8 927 5 436	10 583 6 749	11 456 7 263	10 216 7 286
Gasto en capacitación profesional (lei)		126 521	46,4	731,3	1 503,3	2144,5	2382,5	3862,5	1 351,0	9 023
Desempleados que trabajan en obras públicas con remuneración (personas)		14	256	510	595	737	971	1360	839	1127
Gastos en obras públicas con remuneración (miles de lei)				8,87	1,66	0,2	1,17	2,67	2,02
Desempleados inscritos al fin del año (personas)	78	15 001	14 113	20 554	24 543	23 426	27 973	32 021	34 918	28 873
De los cuales: despedidos por las unidades económicas (miles de personas)	60	22,1	24,5	24,2	13,2	11,9	12,5	13,3	17,6	11,873
Vacantes al fin del año (unidades)	7 364	868	589	718	1 016	1 977	1 388	1 128	1 242	1 884
De las cuales: para obreros	6 689	702	415	473	602	1 156	853	834	938	1 564
Tasa de desempleo (%)			0,9	1,2	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0	2,1

Fuente: informes estadísticos de 1991 a 1999 del Servicio Estatal de Empleo.

Cuadro 11

Redistribución de la mano de obra por sector de la economía

Sector	Media del número del personal, personas	Empleados por sector, %
	1996	1999	1996	1999
Total	1.184.279	810.284	100	100
Agricultura, caza, silvicultura	513.687	266.167	43,4	32,8
Industria Total Del cual:	175.507	127.978	14,8	15,8
Minería	3.791	2.538	0,3	0,3
Elaboración	149.401	102.982	12,6	12,7
Electricidad, gas y agua	22.315	22.459	1,9	2,7
Construcción	39.804	23.974	3,4	2,9
Comercio mayorista	54.857	35.454	4,6	4,4
Hoteles y restaurantes	5.782	3.630	0,5	0,4
Transporte y comunicaciones	81.475	48.725	6,9	6,0
Actividades financieras	9.508	6.883	0,8	0,8
Transacciones de propiedad	31.800	26.871	2,7	3,3
Administración y protección públicas	29.787	48.755	2,5	6,0
Educación	146.438	128.977	12,4	15,9
Asistencia médica y social	90.635	73.788	7,6	9,1
Otras actividades o servicios	24.195	18.393	2,0	2,3
Esparcimiento, actividades culturales y deportivas	-	14.364		1,8

Fuente: Departamento de Análisis Estadísticos y Sociológicos, Informe estadístico trimestral sobre remuneración y movimiento del personal.

Cuadro 12

Estructura del empleo en la República de Moldova, 1995-1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Población total (miles de personas), de la cual:	3 604	3 599	3 654	3 652	3 646
Población económicamente activa (miles de personas)	1 696	1 686	1 671	1 809	1 682
Proporción de la población total (%)	47,1	46,8	45,7	49,5	46,1
Población empleada en la economía (miles de personas)	1 673	1 660	1 646	1 642	1 496
Porcentaje de los empleados en:
Agricultura	46,1	42,8	41,5	45,6	48,8
Industria	11,9	11,7	11,6	11,0	10,7
Construcción	4,1	3,3	3,2	3,5	2,9
Servicios	37,9	42,2	43,7	39,9	37,6
Desempleados inscritos en las Bolsas de Trabajo durante el año (miles de personas)	45,4	46,3	49,5	63,3	57,8

Fuente: Departamento de Análisis Estadísticos y Sociológicos de la República de Moldova

Artículo 7

186.La República de Moldova es parte en los Convenios de la OIT N°s 81, 100, 129, 131, 132 y 155. Los informes sobre los Convenios N°s 81 y 132 se presentaron en agosto de 2001 y el informe sobre el Convenio Nº 129 el 5 de agosto de 1999. El Convenio N° 100 entró en vigor el 23 de marzo de 2000 y el Convenio N° 155 el 28 de abril de 2000 y, conforme al Estatuto de la Organización Internacional del Trabajo, no requieren respuesta inmediata este año.

187.En la República de Moldova el sistema de sueldos se establece según la relación entre la forma de organización de la unidad económica y la naturaleza de su actividad. En las empresas privadas los sueldos y las condiciones de pago se establecen por negociación colectiva o individual entre las personas jurídicas o naturales. Estas unidades también pueden emplear asalariados o sus representantes, según las posibilidades financieras del empleador. Todas las negociaciones se estipulan en un contrato de empleo colectivo o individual. El sueldo de un trabajador del sector público financiado con cargo al presupuesto se paga según una tarifa única. El nivel de sueldos y las condiciones de pago, que difieren según la rama y el campo de actividad, se fijan por decisión del Gobierno.

188.La legislación de la República de Moldova establece un salario mínimo único. Al mismo tiempo, diferentes grupos de empleados reciben una remuneración mínima según la complejidad de su trabajo. El Estado les paga como se indica en el cuadro siguiente. Los grupos profesionales se determinan de acuerdo con la clasificación de empleos de la República de Moldova, CRM 006-97.

Cuadro 13

Escala de sueldos

Personal auxiliar	1,00
Trabajadores, según el grado de complejidad del trabajo:
Trabajo de bajo grado de complejidad	1,00
Trabajo especializado simple	1,26
Trabajo especializado complejo	1,59
Trabajo especializado con alto grado de complejidad	2,07
Empleados de oficina	1,59
Especialistas:
Con educación secundaria	2,69
Con educación superior	3,50
Jefe de subdivisión	3,85
Director	5,14

189.El sistema de salario mínimo para la primera categoría se establece por acuerdo entre empleados y empleadores y se legaliza por decisión del Gobierno. La aplicación de este sistema a nivel de rama de actividad se legaliza con la firma de contratos colectivos de trabajo. Por tanto los empleadores de cada rama no pueden remunerar a sus empleados con un salario inferior al negociado y aprobado para ella. Por ejemplo, en la industria de elaboración, el salario mínimo para la primera categoría es 115 lei, pero en la construcción es 250 lei. Las disposiciones legislativas sobre sueldos no se aplican en los distritos orientales del país (Transnistria).

190.El artículo 8 de la Ley de sueldos, Nº 1305-XII, de 25 de febrero de 1993, y el artículo 84 del Código de Trabajo estipulan el salario mínimo. Según esta legislación, el salario mínimo es obligatorio para todos los actores económicos, sin distinción de forma de propiedad, y no puede reducirse mediante contratos de trabajo, sean colectivos o individuales. Según la ley, el salario mínimo se determina fijando el pago mínimo permitido. Se paga en efectivo al empleado cuyo trabajo tiene bajo grado de complejidad o condiciones de trabajo normales. El salario mínimo se fija sobre la base del presupuesto de consumo mínimo. Pero la correlación entre el nivel de vida y el salario todavía no se ha determinado. En cuanto al nivel de vida mínimo, tampoco tiene base jurídica. La cuantía del salario mínimo se determina teniendo en cuenta sólo las condiciones económicas concretas. Debe revisarse según el aumento de la productividad, el costo de la vida, el salario medio, el cambio de la fuerza de trabajo en la situación económica actual y otras condiciones socioeconómicas. Por desgracia, en los últimos seis años, este mecanismo no ha funcionado porque el salario mínimo ha sido declarado norma social y se usa plenamente en la fijación de diferentes pagos sociales (pensiones, becas, anualidades, apoyo social, etc.), y también derechos, impuestos, aranceles, multas y otros tipos de pago que no son remuneración del trabajo.

191.El Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de método de fijación y revisión del salario mínimo, que permitiría restablecer su función económica. Según este proyecto, el salario mínimo sería sólo una garantía mínima del Estado para los empleados.

Cuadro 14

Datos sobre la evolución del salario mínimo en relación con el presupuesto de consumo mínimo

	1992	1993	1994	1995	1998	1999	2000
Salario mínimo (lei)	1,7	10,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Salario mínimo para la primera categoría (lei)					64,45	64,45	64,45
Presupuesto de consumo mínimo (lei)	3,4	49,3	271,3	310,6	473,0	662,0	901,0

192.Los órganos laborales del Estado (el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia y las Bolsas de Trabajo) y los sindicatos supervisan la aplicación del salario mínimo. Cada año todas las unidades económicas con más de 20 empleados presentan al Departamento de Análisis Estadísticos y Sociológicos información sobre la distribución del personal según la cuantía del salario. El informe debe incluir información sobre los empleados que tienen un salario inferior a la tarifa para la primera categoría. En septiembre de 1999 el número de estos empleados era 4,1% de la fuerza de trabajo, de los cuales 51% eran empleados agrícolas. Estos empleados trabajaban con horario diario o semanal parcial. Una supervisión más estricta del respeto del pago mínimo requiere establecer una inspectoría del trabajo.

193.El artículo 3 de la Ley de salarios dice que no se permite ninguna discriminación, por ejemplo por edad, sexo, raza u origen nacional, opinión política, confesión o situación material.

Cuadro 15

Remuneración de los empleados según la forma de propiedad

Sector	Salario mensual medio (lei)
1999	2000 (preliminar)
Total	304,6	407,7
Pública	296,3	379,6
Privada	256,6	374,1
Por rama de actividad:
Agricultura, caza y servicios auxiliares	166,7	243,7
Pública	214,0	331,4
Privada	157,8	172,7
Industria	537,6	696,6
Pública	634,4	792,9
Privada	438,2	559,4
Construcción	474,0	586,9
Pública	415,0	603,9
Privada	449,7	567,5
Transporte	462,2	638,8
Pública	520,3	742,1
Privada	317,4	399,7
Comercio	274,7	363,0
Pública	489,3	643,2
Privada	221,8	316,8
Educación	193,5	250,3
Pública	188,0	239,6
Privada	602,5	850,6
Asistencia médica y social	184,1	227,6
Pública	182,1	225,2
Privada	401,9	429,8

194.Según los datos preliminares sobre 2000, la remuneración de los empleados, por fuente de financiación, es la siguiente:

Remuneración media de los empleados – Total	407,0 lei
En el sector presupuestario	292,9 lei
En todas las formas de empresa privada	487,6 lei

Cuadro 16

Evolución del salario mensual medio, 1994-1999 (lei)

Año	Total	Sector público	Sector privado
1994	108,4	112,2	104,2
1995	143,2	150,3	122,4
1996	187,1	203,0	151,0
1997	219,8	234,4	174,3
1998	250,4	263,9	194,4
1999	304,6	297,6	256,6

195.Las disposiciones legislativas que implican condiciones mínimas de subsistencia se enuncian en los reglamentos de protección de la salud y de seguridad y se prevén en las siguientes leyes:

la Constitución de la República de Moldova;

el Código de Trabajo de la República de Moldova;

la Ley de protección del trabajo, Nº 625-XII, de 2 de julio de 1991;

la Ley de seguridad sanitaria y epidemiológica de la población, Nº 1513-XII, de 16 de junio

de 1993;

la decisión del Gobierno que establece fondos especiales para la protección del trabajo Nº 154, de 22 de abril de 1994;

la decisión del Gobierno que aprueba el Reglamento de métodos de investigación de los accidentes de trabajo, Nº 380, de 23 de abril de 1997;

la decisión del Gobierno que aprueba el Reglamento para el examen de las condiciones de trabajo, Nº 161, de 31 de marzo de 1993;

las normas de higiene y las normas sobre condiciones de trabajo en todas las ramas de la economía nacional, que son aprobadas por el Médico Jefe de la República de Moldova.

196.Las normas de atención médica y seguridad incluidas en esas leyes son aplicables a todos los trabajadores asalariados de la economía nacional, sin distinción de forma de propiedad o de organización de los actores económicos.

Cuadro 17

Número de víctimas de accidentes de trabajo, 1995-1999

Año	Víctimas de accidentes	Víctimas de accidentes mortales
1995	1.946	69
1996	1.734	57
1997	1.307	54
1998	1.117	49
1999	872	45

197.El Estatuto de la Mujer de la República de Moldova no constituye, desde el punto de vista de la legislación vigente, un obstáculo para la promoción de la posición de la mujer dentro de las instituciones democráticas creadas después de la Declaración de Independencia. La Constitución reconoce derechos iguales a todos los ciudadanos. El derecho de elegir los miembros de los órganos políticos principales y de ser elegido miembro de dichos órganos garantiza a las mujeres el derecho de ocupar cualquier cargo según su vocación (arts. 16, 38 y 39).

198.A pesar de estas disposiciones, el grado de formación profesional y de competencia de las mujeres tiene poca importancia. La participación de la mujer en la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo socioeconómico y el acceso de la mujer a cargos decisorios encuentran grandes obstáculos. Sólo unas pocas tienen carreras y son ascendidas. Una de las causas esenciales podría ser la actitud patriarcal con respecto al lugar de la mujer en la sociedad. La mayoría de los hombres y, lo que es realmente inquietante, la mayoría de las mujeres consideran que las tareas familiares son mucho más importantes que la afirmación social. La mentalidad discriminatoria es en muchos casos la base del principio de la elección de especialistas: los hombres tienen más facilidad para conseguir empleo porque están libres de la carga de la familia y la crianza de los hijos. Las mujeres siguen siendo víctimas de este fenómeno, porque muchas políticas llamadas “progresistas” han tenido el efecto de consolidar la división tradicional del trabajo. Las mujeres a menudo tienen que elegir entre la carrera y el matrimonio. Los problemas cotidianos, la dificultad de combinar el trabajo doméstico con las obligaciones del empleo, la concepción patriarcal de la mujer, la desconfianza de los conocimientos y el intelecto de la mujer y, en algunos casos, las actitudes negativas hacia ellos son causas esenciales de la discriminación.

199.Está prohibido a todas las empresas emplear mujeres para trabajar en condiciones difíciles y peligrosas. Esto se estipula en una decisión del Gobierno que confirma la lista de los sectores, las ocupaciones y los trabajos que constituyen condiciones de trabajo peligrosas para la mujer y las normas para las mujeres con respecto a levantar y llevar cargas (Nº 624, de 10 de octubre de 1993). Según estas normas, la carga máxima que una mujer puede levantar y llevar es 10 kg (hasta dos veces por hora). El levantamiento y transporte continuo de carga durante el turno de trabajo se limita a 7 kg.

200.Los hombres y las mujeres tendrán oportunidades iguales de una carrera profesional si se resuelven ciertos problemas vitales. El cambio de la mentalidad y las actitudes hacia las mujeres en posiciones directivas, la conciencia de los problemas especiales de la mujer, la promoción del principio de la remuneración del trabajo familiar, etc. ayudarán a corregir la situación de la mujer. Los ministerios y departamentos, el Consejo de la Federación General de Sindicatos, el Consejo de la Confederación Nacional de Empleadores de la República de Moldova y algunas personas encargadas de supervisar y coordinar la aplicación del principio de la igualdad de oportunidades en sus respectivas esferas de actividad tratan de aplicar el principio de resolver los problemas de manera global. Aunque no tenemos experiencia en esta materia, debemos decir que en la República de Moldova hay voluntad política de hacer visibles los problemas relativos a la igualdad de hombres y mujeres. Esta voluntad también contribuye a cambiar la situación a este respecto.

201.El tiempo libre se estipula en el Código de Trabajo de la República de Moldova y en el contrato colectivo de trabajo. El Código de Trabajo incluye un capítulo sobre el tiempo libre (el capítulo 5), formado por 20 artículos relativos al tiempo libre, los días de vacaciones, la prohibición de trabajar en los días de vacaciones, la remuneración de los días de vacaciones y otros asuntos. Las normas sobre días de vacaciones se ajustan a las normas internacionales y son aplicables a todos los asalariados de la economía nacional. El artículo 69 del Código de Trabajo enumera 10 días festivos por año. Durante estos días todas las empresas, instituciones y organizaciones están cerradas. Los artículos 71 y 81 disponen las vacaciones anuales pagadas de todos los empleados de la economía nacional. Las vacaciones anuales mínimas se fijan en un período no menor de 24 días laborables.

202.La asistencia internacional en esta esfera es muy importante, especialmente desde el punto de vista metodológico. Gracias a ella se elaboran y adoptan nuevas leyes y se reforman las leyes vigentes.

Artículo 8

203.La República de Moldova es parte en las siguientes convenciones:

a)el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que fue ratificado por la decisión parlamentaria Nº 217-XII, de 28 de julio de 1990, y entró en vigor el 26 de septiembre de 1993;

b)el Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Nº 87, de 1948), que fue ratificado por la decisión parlamentaria Nº 593-XIII, de 26 de septiembre de 1995, y entró en vigor el 12 de agosto de 1997. El informe sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio se envió a la OIT en agosto de 2000.

204.La Constitución de la República de Moldova enuncia el derecho de establecer sindicatos y de afiliarse a ellos (art. 42): “Todo asalariado tiene el derecho de establecer sindicatos y de pertenecer a sindicatos para proteger sus derechos. Los sindicatos se forman y desarrollan su actividad conforme a sus estatutos y a las disposiciones de la ley. Contribuyen a la protección de los derechos profesionales, económicos y sociales de los empleados”.

205.El artículo 232 del Código de Trabajo estipula que los empleados tienen el derecho de formar, por decisión propia y sin autorización previa, instituciones, sindicatos y organizaciones, y también de pertenecer a ellos.

206.La Ley de sindicatos, Nº 1129-XIV, de 7 de julio de 2000, publicada en el Boletín Oficial, Nº 130-132/919, de 19 de octubre de 2000, establece el derecho constitucional de los ciudadanos de formar sindicatos y de pertenecer a ellos. Conforme a lo dispuesto en la Ley, los ciudadanos de la República de Moldova, los extranjeros y los apátridas que viven legalmente en su territorio tienen derecho a formar instituciones por decisión propia y a pertenecer a sindicatos. No necesitan la autorización previa de las autoridades públicas (art. 7). El sindicato puede formarse por iniciativa de tres personas por lo menos, que son consideradas los fundadores. El sindicato primario se constituye por decisión de la asamblea constituyente. Según el párrafo 3 del artículo 8, los sindicatos se forman voluntariamente, sobre la base del interés común (profesión, rama de la economía) y funcionan, en general, dentro de una empresa, institución u organización, sin distinción de forma organizativa o de propiedad. El empleador no tiene derecho a impedir que una persona natural pertenezca a un sindicato. La actividad del sindicato es independiente de las autoridades públicas en todos los niveles, de los partidos políticos, de las asociaciones públicas y de los empleadores y sus asociaciones, y no puede ser sometida a control o subordinación (art. 5). La afiliación a un sindicato no implica restricción alguna de los derechos y libertades humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en que es parte la República de Moldova (art. 6).

207.El artículo 4 estipula que la Ley de sindicatos es aplicable a las unidades militares y a los órganos de asuntos internos (teniendo en cuenta las disposiciones particulares de las leyes que determinan su situación jurídica). Los derechos fundamentales de los sindicatos se estipulan en el capítulo 3 de la Ley Fundamental. Entre ellos están los siguientes:

a)los sindicatos representan y protegen los intereses de sus afiliados en todos los niveles de la administración pública;

b)los sindicatos tienen el derecho de negociación colectiva con los empleadores y sus asociaciones y con la administración pública y el de concertar contratos colectivos de trabajo;

c)los sindicatos protegen el derecho al trabajo y el derecho a una remuneración que asegure un nivel de vida digno;

d)los sindicatos participan en la elaboración de la política del Estado en materia de trabajo y protección del ambiente y en la elaboración de programas encaminados a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados;

e)los sindicatos prestan asistencia letrada a sus afiliados y participan, conforme a la ley, en la solución de los litigios laborales individuales;

f)los sindicatos participan en la solución de los conflictos colectivos de trabajo.

208.A fin de proteger los derechos de los afiliados, el sindicato, por decisión propia o a petición de los afiliados, organiza reuniones, conforme a la ley.

209.A menudo la ignorancia de estos derechos conduce a la infracción de la ley por altos funcionarios. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo de la Federación General de Sindicatos de la República de Moldova indicó en el apéndice de la decisión Nº 68-648, de 14 de diciembre de 1999, que la Oficina Estatal del Gobierno prohíbe la actividad de los sindicatos primarios y restringe el derecho de los empleados de oficina de afiliarse a un sindicato porque la Ley de gobierno no prevé

la actividad de los trabajadores en las organizaciones públicas. En la compañía por acciones Bucuria, en el Departamento contra el Granizo de Ciadir-Lunga y en la fábrica de azúcar de Ghindeshti no se permite a los empleados afiliarse a un sindicato.

210.El artículo 4 de la Ley de asociaciones públicas estipula las siguientes restricciones del establecimiento y la actividad de asociaciones públicas:

a)no se permite el establecimiento de una asociación pública que promueva el cambio del sistema constitucional por medios violentos, tienda a destruir la integridad territorial de la República de Moldova mediante propaganda de guerra, violencia o crueldad o incite al odio social, racial, nacional o religioso;

b)se prohíbe el establecimiento de asociaciones públicas que infrinjan los derechos o perjudiquen los intereses de los ciudadanos, causen daño a la salud de la población u ofendan la moral pública;

c)se prohíbe establecer asociaciones paramilitares o armadas;

d)los funcionarios públicos que supervisan la inscripción y la actividad de las asociaciones públicas no pueden ser fundadores de tales asociaciones;

e)los fundadores y los miembros de los órganos ejecutivos de asociaciones públicas no pueden ser miembros del Gobierno ni funcionarios públicos;

f)la ley impone otras restricciones al establecimiento de ciertas asociaciones públicas y al proceso de afiliación de ciertas categorías de funcionarios públicos a ellas.

211.El artículo 45 de la Constitución de la República de Moldova reconoce el derecho de huelga. Sólo puede declararse una huelga para proteger los intereses económicos o profesionales de los empleados. El párrafo 5.12 del apéndice del Acuerdo Colectivo de Trabajo del año 2000 estipula que las huelgas se declaran con el fin de proteger los intereses profesionales de carácter económico o social de los trabajadores y no pueden tener fines políticos (Constitución, art. 45). Según el artículo 16 de la Ley de solución de conflictos colectivos de trabajo (Nº 1298, de 24 de febrero de 1993), la participación en una huelga es facultativa. No se puede obligar a nadie a participar en una huelga ni a negarse a participar. Los empleados pueden iniciar una huelga para defender sus intereses profesionales de carácter económico o social. La huelga no puede tener un objeto político y se prohíbe iniciar una huelga para terminar un contrato de trabajo con una unidad económica que haya despedido o degradado empleados (art. 14).

212.El artículo 28 de la Ley de solución de conflictos colectivos de trabajo impone restricciones a la declaración de huelgas y a la participación en ellas. La huelga no se permite:

a)si pone en peligro la vida o la salud de la población;

b)en los órganos gubernamentales y de la administración estatal;

c)en unidades destinadas a mantener el orden público y la seguridad del Estado;

d)en los sectores de los ferrocarriles y las compañías aéreas públicas, las telecomunicaciones, la energía y la defensa;

e)en unidades industriales de régimen de trabajo continuo cuya interrupción tendría consecuencias graves.

Artículo 9

213.Según el artículo 43 de la Constitución todos tienen derecho a trabajar, a elegir libremente el tipo de trabajo, a tener condiciones de trabajo justas y satisfactorias y también a la protección contra el desempleo. Los empleados tienen derecho a medidas de protección del trabajo, a saber, condiciones de trabajo seguras e higiénicas, horario de trabajo especial para las mujeres y los jóvenes, salario mínimo, descanso semanal, vacaciones pagadas y otras medidas.

214.El artículo 47 de la Ley Fundamental reconoce el derecho a la asistencia y la seguridad sociales:

a)el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar a todos un nivel de vida digno que asegure la salud y el bienestar al individuo y a su familia, incluidos los alimentos, la ropa, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;

b)los ciudadanos tienen derecho al seguro contra el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la vejez o la pérdida de los medios de subsistencia por razones ajenas a su voluntad.

215.El capítulo 16 del Código de Trabajo de la República de Moldova estipula:

a)que todos los empleados están sujetos al seguro social obligatorio (art. 244);

b)que el Estado paga el seguro social de los empleados;

c)que las empresas, instituciones y organizaciones pagan aportaciones al seguro social. Estos pagos no se deducen del salario. Si las empresas, instituciones y organizaciones no pagan los impuestos, los empleados no pierden el derecho al seguro social (art. 245);

216.El empleado y sus familiares reciben prestaciones del seguro social en los siguientes casos:

a)incapacidad temporal; asistencia material para el cuidado de los hijos hasta la edad de un año y medio;

b)asignación de parto, asistencia para funeral;

c)pensiones de vejez, invalidez, pérdida del sostén de familia, y también pensiones de antigüedad para ciertas categorías de trabajadores.

El seguro social también paga el tratamiento en balnearios, la atención preventiva, los centros de vacaciones, la alimentación suplementaria, los campamentos para niños y gastos similares. Los fondos del seguro social sólo pueden gastarse para el fin a que están destinados (art. 246).

217.Las prestaciones por incapacidad temporal se pagan en caso de enfermedad, invalidez, tuberculosis o traslado temporal a otro empleo como consecuencia de enfermedad que reduce la capacidad profesional o para atender a un familiar que padece una enfermedad, está en cuarentena o recibe tratamiento en un balneario. La cuantía es igual al salario. En caso de enfermedad o invalidez, las prestaciones se pagan hasta la recuperación de la capacidad de trabajar o hasta que se resuelve la incapacidad (art. 247).

218.Las asignaciones de maternidad y de parto se pagan durante todo el período de licencia de maternidad según el ingreso mensual (art. 248).

219.La asignación de parto está destinada al cuidado y la alimentación del hijo (art. 249).

220.La asistencia para funeral se paga cuando muere el empleado o un miembro de su familia (art. 250).

221.La legislación fija las condiciones generales del seguro y la cuantía de las prestaciones sociales (arts. 120 y 121).

222.Los ciudadanos de la República de Moldova, los extranjeros y los apátridas tienen derecho a la pensión de vejez, a la prestación de invalidez y a la prestación por pérdida del tutor y de vejez en las condiciones y las formas que determina la Ley de pensiones y del seguro social del Estado (art. 121).

223.La Ley del sistema público de seguro social (Nº 489-XIV, de 8 de julio de 1999) garantiza y regula el ejercicio del derecho al seguro social. Este derecho está asegurado por el Estado y se ejerce en las condiciones que fija la Ley conforme al sistema público de seguro social (art. 2). El sistema público de seguro social (llamado en adelante “el sistema público”) está organizado y funciona conforme a los siguientes principios:

a)el principio del sistema único, según el cual el Estado organiza y garantiza un sistema público basado en normas jurídicas;

b)el principio de igualdad, que asegura a todos los contribuyentes un trato no discriminatorio en cuanto a los derechos y obligaciones que determina la ley;

c)el principio de solidaridad social, entre y dentro de las generaciones, según el cual los contribuyentes al sistema público contraen obligaciones mutuas y se benefician del derecho a la prevención y la limitación de los riesgos sociales;

d)el principio de obligación, según el cual las personas, naturales y jurídicas, tienen la obligación de formar parte del sistema público; los derechos al seguro social se ejercen cuando se han cumplido las obligaciones;

e)el principio de aportación, según el cual el Fondo del Seguro Social se constituye con los impuestos pagados por las personas naturales y las personas jurídicas; el derecho al seguro social entra en vigor sobre la base de las aportaciones pagadas al fondo del seguro social;

f)el principio de distribución, según el cual el Fondo del Seguro Social se constituye y se redistribuye para pagar prestaciones en el marco del sistema público;

g)el principio de autonomía, según el cual el sistema público se administra por separado (art. 3).

224.El sistema público estipula el seguro obligatorio para las siguientes clases de personas:

a)las personas que tengan un contrato de trabajo individual;

b)las que tengan un cargo, electivo o por nombramiento, en el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial, durante su mandato (previsto en el apartado a));

c)las que reciban una asignación de desempleo con cargo al fondo de asistencia a los desempleados (llamadas en adelante “trabajadores desempleados”);

d)las que reciban una indemnización por incapacidad temporal, embarazo o parto, o una pensión de invalidez, a condición de que estas prestaciones sean pagadas por el fondo respectivo;

e)las que tengan un ingreso anual igual a cuatro veces el salario mensual medio por lo menos y estén en una de las siguientes situaciones:

i)sean socio único, socio capitalista, accionista o director de una compañía comercial, pero no tengan un contrato de trabajo individual;

ii)sean directores sin contrato;

iii)sean miembros de una asociación familiar;

iv)estén autorizadas para trabajar independientemente;

v)sean empleados de una organización internacional (si no están asegurados por la organización);

vi)sean miembros de una cooperativa artesanal;

vii)trabajen en una entidad religiosa reconocida y no tengan un contrato de trabajo con ella;

viii)tengan 16 años y no estén sometidos a restricciones del seguro obligatorio conforme a la presente ley;

f)las que tengan un ingreso anual igual a tres veces el salario mensual medio y estén en una de las siguientes situaciones:

i)tengan propiedad y/o sean agentes de tierras agrícolas o forestales;

ii)desarrollen una actividad agrícola en granjas o una actividad privada en la silvicultura;

iii)sean miembros de asociaciones de agricultores o de otras asociaciones agrícolas;

g)las que tengan un ingreso anual igual a cuatro veces el salario mensual medio por lo menos y estén en una o más de las situaciones indicadas supra (art. 4).

225.La decisión del Gobierno Nº 450, de 30 de junio de 1995, sobre la aprobación de algunas condiciones para el seguro social obligatorio, estipula:

a) las condiciones y los medios del seguro social obligatorio para las personas naturales que trabajan con contrato;

b)las condiciones y los medios del seguro social obligatorio para los ciudadanos de la República de Moldova que trabajan en el extranjero pero tienen contrato de empleo;

c)las condiciones y los medios del seguro social estatal obligatorio para las granjas.

226.La declaración de las personas aseguradas se trata en el artículo 5 de la Ley Nº 489-XIV, de 8 de julio de 1999, y prevé lo siguiente:

a)los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 4 estipulan que los empleadores están obligados a presentar mensualmente, o con otra frecuencia conforme a la presente ley, una declaración de los nombres de todos los empleados asegurados. Las instituciones que pagan la prestación de desempleo también deben presentar tal declaración;

b)según los párrafos 5 a 7 del mismo artículo, las personas de 16 años están obligadas a presentar una declaración individual de seguro dentro de los 30 días;

c)los párrafos 5 a 7 del artículo 4 estipulan que las personas que están simultáneamente en más de una de las situaciones enumeradas en los párrafos 1 o 2 del mismo artículo están exentas de presentar la declaración de seguro;

d)las declaraciones deben presentarse en la oficina territorial de la Casa Nacional que corresponda al domicilio del empleado o de la empresa. Sobre la base de un contrato individual, las personas que no estén en alguna de las situaciones enumeradas en el artículo 4 también pueden ser aseguradas (art. 6).

227.La prestación del seguro social se establece en el artículo 7:

a)en el sistema público, la prestación del seguro social es la suma de dinero que se paga a los asegurados; está relacionada con los impuestos de seguro social pagados;

b)la prestación del seguro social se paga en forma de pensiones, prestaciones u otro tipo de asistencia previsto por la ley;

c)en el sistema público, el seguro social representa un ingreso para reemplazar la pérdida total o parcial del ingreso como resultado de vejez, invalidez, accidente, enfermedad, maternidad, pérdida del empleo o muerte; estos riesgos se llaman en adelante “riesgos asegurados”;

d)en el sistema público, el asegurado no puede recibir más de una clase de prestación de seguro social contra un mismo riesgo asegurado; las excepciones son las prestaciones para la prevención de enfermedades y la recuperación de una incapacidad.

228.Los derechos y obligaciones del seguro social en el sistema público se garantizan sobre la base de un número personal del seguro social. Este número personal se asigna a cada persona asegurada en el sistema público. La Casa Nacional fija el número personal de seguro social y la forma de su distribución.

229.El Registro Estatal de las aportaciones individuales de las personas, naturales y jurídicas, al sistema público de seguro social, sancionado por la decisión del Gobierno Nº 418, de 3 de mayo de 2000 (art. 8), almacena y analiza datos relativos a la situación jurídica y natural de los contribuyentes al sistema. También tiene por objeto llevar un registro individual de todos los tipos de pensiones, indemnizaciones, compensaciones y otras prestaciones y transmitir información sobre los asegurados a las autoridades de la administración pública. El Registro Estatal pertenece a la Casa Nacional del Seguro Social. Los datos y documentos del Registro Estatal son confidenciales.

230.La Casa Nacional es una institución pública independiente de interés nacional, con personalidad jurídica, que administra el sistema público de seguro social. La Casa Nacional tiene su sede en la municipalidad de Chisinau (art. 43). La Casa Nacional tiene las siguientes obligaciones, estipuladas por la Ley del sistema público de seguro social:

a)guiar y vigilar la aplicación de las disposiciones legislativas, mediante sus oficinas territoriales, incluido el Fondo del Seguro Social, y también las personas, naturales y jurídicas, que tienen derechos y obligaciones según la presente ley;

b)presentar los datos necesarios para la elaboración del presupuesto del seguro social estatal;

c)presentar informes sobre la administración del presupuesto del seguro social estatal al Gobierno y a las partes sociales;

d)publicar informes anuales sobre su actividad;

e)transferir las prestaciones del seguro social, las prestaciones con cargo al fondo para desempleados y otras prestaciones con arreglo a las disposiciones legislativas vigentes;

f)recibir la renta del presupuesto del seguro social estatal con arreglo a las disposiciones legislativas vigentes;

g)desarrollar una administración eficiente del patrimonio del sistema público y asegurar su integridad;

h)proteger el Fondo del Seguro Social;

i)llevar un registro de todos los contribuyentes al sistema público;

j)registrar los derechos y obligaciones del seguro social a nivel nacional sobre la base del número personal del seguro social;

k)dar certificados anuales de los pagos hechos a cada asegurado;

l)guiar y vigilar los reconocimientos médicos y la recuperación de incapacidades;

m)presentar datos para el ajuste de las tasas del sistema público durante la ejecución del presupuesto;

n)aplicar las convenciones internacionales sobre seguro social en que es parte la República de Moldova;

o)establecer enlaces con órganos semejantes de otros países;

p)organizar la selección profesional, la información y la capacitación del personal del seguro social;

q)mantener, extender y proteger el sistema automático de cálculo y registro;

r)actuar como parte ante los tribunales en los litigios que resulten de la aplicación de la presente ley;

s)contraer otras obligaciones previstas por disposiciones legislativas (art. 49).

231.La Ley del sistema público de seguro social dice en el artículo 9:

a)que los derechos al seguro social se transfieren, en las condiciones fijadas por los tratados y convenciones internacionales en que es parte la República de Moldova, al país de residencia del asegurado;

b)que las prestaciones del seguro social pueden transferirse a otro país, en las condiciones fijadas por los tratados y convenciones internacionales en que es parte la República de Moldova, y convertirse en la moneda del país respectivo o en otra moneda convenida.

232.El capítulo 2 de la presente ley, titulado “El presupuesto del seguro social estatal”, estipula las obligaciones de elaborar y sancionar el presupuesto, de usar sus ingresos para pagar los gastos, de proveer el fondo y los depósitos monetarios, de enjugar el déficit del presupuesto y de pagar las prestaciones del seguro social en las monedas respectivas.

233.El presupuesto del seguro social estatal pertenece al presupuesto público nacional y es independiente del presupuesto del Estado. El presupuesto del seguro social estatal se compone de ingresos, gastos y resultados financieros del sistema público.

234.Por sugerencia de la Casa Nacional, el Gobierno elabora proyectos de ley sobre el presupuesto del seguro social estatal y los presenta al Parlamento para que los sancione. Los ingresos del seguro social estatal derivan de los impuestos del seguro social, intereses, penas por pago atrasado y otros ingresos. Los gastos del seguro social estatal cubren la organización y el funcionamiento del sistema público, la financiación de inversiones y otros gastos previstos por la Ley.

235.El presupuesto del seguro social estatal asigna cada año hasta el 3% de su monto al Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva acumulativo no puede ser superior al 50% de los gastos proyectados para el ejercicio económico respectivo. El Fondo de Reserva se usa para cubrir el servicio del seguro social u otros gastos del sistema público aprobados por la Ley del presupuesto del seguro social estatal.

236.Todo superávit presupuestario se convierte en ingresos del presupuesto siguiente y se usa para los fines establecidos por la ley. El déficit presupuestario corriente se enjuga con la reserva del ejercicio anterior del presupuesto del seguro social estatal; cuando se agota la reserva, se enjuga con el Fondo de Reserva. El dinero depositado en el presupuesto del seguro social estatal devenga intereses. La Casa Nacional junto con el Tesoro o las sociedades bancarias fijan el tipo de interés. El presupuesto del Estado concede dinero para enjugar el déficit del presupuesto del seguro social estatal cuando se ha agotado el Fondo de Reserva. Si el presupuesto del seguro social estatal disminuye como resultado de la aplicación de legislación, el presupuesto del Estado enjuga el déficit.

237.En el territorio de la República de Moldova las aportaciones al seguro social del sistema público se pagan en lei. Las aportaciones al seguro social fijadas en monedas de otros Estados se pagan en lei, al tipo de cambio corriente del Banco Nacional de Moldova. Las aportaciones al seguro social están previstas en el capítulo 3 de la Ley Nº 489-XIV, de 8 de julio de 1999. El artículo 17 prevé los contribuyentes al sistema público y la participación en las aportaciones al seguro social como sigue:

a)las personas que pagan impuestos al sistema público, a saber:

i)los asegurados que deben pagar aportaciones del seguro social;

ii)los empleadores;

iii)las personas jurídicas que, en virtud de la presente ley, están asimiladas a los empleadores que emplean los asegurados previstos en el párrafo 2 del artículo 4;

iv)el fondo para prestaciones de desempleo;

v)otros fondos según la presente ley;

vi)las personas que tienen contratos de seguro;

vii)las personas que tienen un contrato individual de trabajo pero cuyos empleadores no son residentes de la República de Moldova;

b)la participación en las aportaciones al seguro social se diferencia según que el asegurado trabaje en condiciones de trabajo normales o especiales;

c)la Ley del presupuesto del seguro social estatal aprueba cada año la participación en las aportaciones al seguro social.

238.El artículo 39 del capítulo 4, titulado “Pensiones”, enumera las categorías de pensiones que reconoce la Ley:

a)la pensión de vejez;

b)la pensión de invalidez;

c)la pensión de supérstite.

La Ley estipula la forma de conceder, fijar y pagar las pensiones (art. 40).

239.Conforme a la Ley de pensiones del seguro social estatal (Nº 156, de 14 de octubre de 1999), los asegurados residentes de la República de Moldova tienen derecho a una pensión. Este derecho se ejerce mediante el sistema público de seguro contra riesgos sociales, que son la incapacidad (edad avanzada, invalidez) o la muerte del sostén de familia. Las categorías de personas aseguradas por la ley se especifican en la Ley del sistema público de seguro social. Según la ley, los trabajadores agrícolas también tienen derecho a una pensión (art. 2).

240.Las pensiones se fijan con arreglo a la presente ley y se pagan con cargo al Fondo de Pensiones. El Fondo de Pensiones está formado por:

a)los impuestos pagados por los empleados;

b)las tasas de seguros;

c)las aportaciones de otros fondos;

d)las deducciones del presupuesto del Estado;

e)otros ingresos (art. 4).

241.El artículo 5 de la Ley fija el período de aportación:

a)en el sistema público, el período de aportación es igual a la suma de todos los días pagados, incluso aquéllos en que se pagan prestaciones a los beneficiarios de una pensión de invalidez, indemnizaciones por incapacidad temporal, embarazo y parto o desempleo;

b)los períodos de seguro no pagados son:

i)el período de servicio militar obligatorio en las fuerzas del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Servicio de Información y Seguridad y el Departamento de Protección Civil y Situaciones de Excepción;

ii)el período de cuidado de un hijo hasta la edad de dos años por uno de los padres o por un tutor en caso de muerte de ambos padres;

iii)en el caso de una pensión de vejez, se incluye en el período de aportación los períodos acumulativos de invalidez antes de llegar a la edad pensionable.

242.El artículo 6 estipula la forma de calcular el período de aportación:

a)el período de aportación se expresa en años y se calcula sumando los meses para los cuales se han pagado aportaciones y dividiendo la suma por 12;

b)el período de aportación no incluye los meses para los cuales no se han pagado aportaciones o para los cuales la cuantía de la aportación anual pagada es inferior a la prevista en la Ley del sistema público de seguro social;

c)la Ley del sistema público de seguro social fija la forma de pago de los impuestos por las diferentes categorías de contribuyentes.

243.El período de aportación se fija sobre la base de datos del número personal, administrados conforme a la Ley del sistema público de seguro social (art. 7). La pensión se calcula por el método indicado en el artículo 8:

a)el cálculo se hace teniendo en cuenta el ingreso mensual medio de todo el período de empleo;

b)el ingreso mensual medio se determina sobre la base de los impuestos pagados en el período de aportación, la participación en las aportaciones y el número total de meses. El ingreso mensual medio se calcula mediante la fórmula:

n coni

suma -----

i = 1 Ci

Sa = --------

n

donde:

Sa = el ingreso mensual medio necesario;

coni = la suma de las aportaciones pagadas en el período i de aportación;

Ci = partes de las aportaciones fijadas en el período i de aportación;

n = número de meses para los cuales se han pagado aportaciones.

c)para los períodos especificados en el párrafo 2 del artículo 5, la pensión se calcula teniendo en cuenta el salario del día del cálculo de la pensión;

d)el Parlamento fija el pago de aportaciones y la participación en las aportaciones.

244.El capítulo 2, titulado “Pensiones”, establece la categoría de pensión, el derecho a la pensión, el derecho a elegir, la pensión mínima, la anualidad por pensión, el derecho a la pensión de vejez, las condiciones para fijar la pensión de vejez, la pensión de invalidez, el grupo de invalidez, las condiciones para fijar la pensión de invalidez, el período de aportación para la pensión de invalidez, el cálculo de la pensión de invalidez, la pensión de supérstite, el derecho a una pensión de supérstite, la categoría de personas que tienen derecho a la pensión de supérstite, el cálculo de la pensión de supérstite y el pago de la pensión de supérstite. En el sistema público, se conceden pensiones a las siguientes categorías:

a)los jubilados;

b)los incapacitados;

c)los supérstites (art. 9).

245.Cada persona puede recibir una sola pensión. Si tiene derecho a más de una, puede elegir la más ventajosa. El derecho a la pensión se concede y puede solicitarse desde la fecha en que la persona cumple las condiciones previstas en la presente ley. El derecho a la pensión es inalienable (art. 10). El pensionado recibe una pensión de una categoría hasta que presente una solicitud y los documentos necesarios para obtener una pensión de otra categoría. El beneficiario de una pensión de invalidez pasa a una pensión de jubilación cuando llega a la edad que la ley fija para recibirla. Si la pensión de jubilación es inferior, se mantiene la pensión de invalidez (art. 11).

246.El Estado asigna a los ciudadanos una pensión mínima, que representa una cantidad mensual. Esta cantidad se asigna cuando la cuantía de la pensión calculada es inferior a ella. La pensión mínima de jubilación es 25% del salario medio del país. La pensión mínima para los trabajadores agrícolas es 85% de la cuantía de la pensión de jubilación mínima. La cuantía mínima de la pensión de invalidez y de la pensión de supérstite se calcula como porcentaje de la pensión de jubilación mínima. Las pensiones del sistema público se ajustan cada año si la tasa de inflación sube más de 5% en comparación con el año anterior (art. 13).

247.El derecho a la pensión de jubilación, previsto en el artículo 14, se concede cuando se cumplen las condiciones estipuladas en los artículos 41 y 42:

a)a partir del 1º de enero de 1999, la edad de jubilación es 60 años y seis meses para los hombres y 55 años y seis meses para las mujeres. Después, la edad de jubilación a aumentará seis meses cada año. Desde el 1º de enero de 2008, la edad de jubilación será 65 años para los hombres y 60 para las mujeres (véase el cuadro siguiente).

Cuadro 18

Edad de jubilación, 1999-2008

Desde enero	Edad de jubilación
Hombres	Mujeres
1999	60 años y 6 meses	55 años y 6 meses
2000	61 años	56 años
2001	61 años y 6 meses	56 años y 6 meses
2002	62 años	57 años
2003	62 años y 6 meses	57 años y 6 meses
2004	63 años	58 años
2005	63 años y 6 meses	58 años y 6 meses
2006	64 años	59 años
2007	64 años y 6 meses	59 años y 6 meses
2008	65 años	60 años

b)al 1º de enero de 1999 la edad de jubilación está fijada en 50 años y nueve meses para las mujeres que hayan dado a luz y criado cinco o más hijos hasta la edad de ocho años. Después, la edad de jubilación aumenta nueve meses cada año. Al 1º de enero de 2001 la edad de jubilación será 60 años (véase el cuadro siguiente).

Cuadro 19

Edad de jubilación de las madres de cinco o más hijos

Desde enero	Edad de jubilación de las madres de cinco o más hijos
1999	50 años y 9 meses
2000	51 años y 6 meses
2001	52 años y 3 meses
2002	53 años
2003	53 años y 9 meses
2004	54 años y 6 meses
2005	55 años y 3 meses
2006	56 años
2007	56 años y 9 meses
2008	57 años y 6 meses
2009	58 años y 3 meses
2010	59 años
2011	60 años

c)al 1º de enero de 1999 la edad de jubilación de las personas que trabajan en condiciones peligrosas y difíciles (incluidas en la lista aprobada por la decisión del Gobierno Nº 822, de 15 de diciembre de 1992) se fija en 55 años y nueve meses para los hombres y

en 50 años y nueve meses para las mujeres. Cada año la edad de jubilación aumenta nueve meses hasta el 1º de enero de 2011. Al 1º de enero la edad de jubilación se fijará en 65 años para los hombres y en 60 años para las mujeres (véase el cuadro 20).

Cuadro 20

Edad de jubilación de las personas que trabajan en condiciones

muy difíciles y peligrosas

Desde enero	Edad de jubilación de las personas que trabajan en condiciones muy peligrosas y difíciles
	Hombres	Mujeres
1999	55 años y 9 meses	50 años y 9 meses
2000	56 años y 6 meses	51 años y 6 meses
2001	57 años y 6 meses	52 años y 3 meses
2002	58 años	53 años
2003	58 años y 9 meses	53 años y 9 meses
2004	59 años y 6 meses	54 años y 6 meses
2005	60 años y 3 meses	55 años y 3 meses
2006	61 años	56 años
2007	61 años y 9 meses	56 años y 9 meses
2008	62 años y 6 meses	57 años y 6 meses
2009	63 años y 3 meses	58 años y 3 meses
2010	64 años	59 años
2011	65 años	60 años

248.El artículo 42 estipula el período de aportación entre 1999 y 2008:

a)al 1º de enero de 1999 el período de aportación necesario para obtener el derecho a una pensión de jubilación era 26 años para los hombres y 22 años para las mujeres. Cada año después, el período de aportación aumenta un año para los hombres y dos años para las mujeres hasta el 1º de enero de 2004, y después un año para los hombres y las mujeres, hasta que llegue a ser 35 años (véase el cuadro 21).

Cuadro 21

Período de aportación necesario

Desde enero	Período de aportación necesario
Hombres	Mujeres
1999	60 años y 6 meses	55 años y 6 meses
2000	61 años	56 años
2001	61 años y 6 meses	56 años y 6 meses
2002	62 años	57 años
2003	62 años y 6 meses	57 años y 6 meses
2004	63 años	58 años
2005	63 años y 6 meses	58 años y 6 meses
2006	64 años	59 años
2007	64 años y 6 meses	59 años y 6 meses
2008	65 años	60 años

b)el período especial de aportaciones por trabajo peligroso y difícil necesario para obtener los derechos de jubilación estipulados en el párrafo 3 del artículo 4 se fija en 10 años para los hombres y en siete para las mujeres.

249.El artículo 15 de la ley fija las condiciones para las pensiones de jubilación:

a)se paga una pensión completa cuando la persona llega a la edad que fija el artículo 41, con la condición de que se haya cumplido el período de aportación que fija el artículo 42,

b)el asegurado que no haya pagado aportaciones durante el número necesario de años al llegar a la edad normal de jubilación pero tenga por lo menos 20 años de aportaciones tiene derecho a una pensión parcial, calculada según el número de años de aportación.

250.La pensión de jubilación se calcula de acuerdo con el artículo 16 de la ley mencionada:

a)la pensión completa se determina calculando el 1,2% del ingreso asegurado especificado en el artículo 4 por cada año del período de aportación de 35 años;

b)el asegurado que haya hecho aportaciones durante más de 35 años se beneficia de un aumento de 2% de la pensión completa por cada año adicional de aportaciones;

c)si ha cumplido las condiciones de jubilación previstas en el párrafo 1 del artículo 15, pero no ejerce su derecho a una pensión en ese momento, el asegurado se beneficia de un aumento de 2% de la pensión completa por cada año de aportación que haya hecho después de llegar a la edad normal de jubilación;

d)las fórmulas para calcular la pensión de jubilación son las siguientes:

La pensión completa se calcula según la siguiente fórmula:

P = {1, 2% * 35 + 2% * (Vt – 35) + 2% * (R – Rn)} * Sa

donde:

P = tasa de pensión;

Vt = período de aportación (no menos de 35 años);

Sa = ingreso mensual medio recibido;

Rn = edad normal de jubilación según el artículo 15;

R = edad real de jubilación.

Si el asegurado, al llegar a la edad normal de jubilación que fija el artículo 15, tiene un período de aportación de 20 años o más, pero no superior a 35 años, la pensión se calcula según la siguiente fórmula:

P = 1,2% * Vt * Sa

e)cuando la cuantía de la pensión basada en 35 años de aportaciones es inferior a la pensión mínima, se paga la pensión mínima;

f)la pensión mínima aumenta en las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3;

g)cuando la pensión calculada sobre la base de un período de aportación incompleto sea inferior a la cuantía de la pensión mínima, se concede al asegurado una pensión que no puede ser inferior a la pensión mínima reducida en proporción con las aportaciones hechas.

251.La pensión de invalidez se concede después que se ha establecido la invalidez. El estado de invalidez y las causas, el grado y el momento de la invalidez son determinados por el Consejo de Reconocimiento Médico (CME) conforme a las normas aprobadas por el Gobierno (art. 18). Las condiciones de la pensión de invalidez son las siguientes:

a)tiene derecho a la pensión de invalidez el asegurado que ha perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar por:

i)una enfermedad común;

ii)un accidente de trabajo;

iii)una enfermedad relacionada con el trabajo;

b)hay tres grados de invalidez según el grado de pérdida de la capacidad de trabajar:

c)la pensión de invalidez se concede sólo hasta que la persona llega a la edad de jubilación (art. 19).

252.El artículo 20 establece el período de aportación necesario para la pensión de invalidez. El asegurado a quien se concede la condición de inválido a causa de una enfermedad común se beneficia de una pensión de invalidez si reúne las condiciones con respecto al período de aportación correspondientes a la edad en que se estableció la invalidez (véase el cuadro 22).

Cuadro 22

Edad de invalidez y período de aportación

Edad el día que se determina la invalidez	Período de aportación (años)
Menos de 23 años	2
23-26 años	3
26-31 años	4
Más de 31 años	5

253.La cuantía de la pensión de invalidez debida a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional se establece independientemente del período de aportación. En caso de transferencia de una pensión de invalidez resultante de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional a una pensión de invalidez basada en una enfermedad común, el período de aportación necesario se establece sobre la base de la edad en la fecha en que se estableció por primera vez la invalidez.

254.La cuantía de la pensión de invalidez se calcula según el grado de invalidez con las siguientes fórmulas:

para la invalidez de primer grado:

Va

P = 0,42 * Sa + ------ * Sa * 0,1

Vmax

para la invalidez de segundo grado:

Va

P = 0,43 * Sa + ------ * Sa * 0,1

Vmax

para la invalidez de tercer grado:

Va

P = 0,20 * Sa + ------ * Sa * 0,1

Vmax

donde:

P = cuantía de la pensión;

Sa = ingreso mensual medio después de la entrada en vigor de la presente ley, que no puede ser mayor que el doble del ingreso nacional medio del año anterior al año en que se establezca la pensión;

Va = período de aportación;

Vmax = período máximo posible de aportación desde la edad de 18 años hasta la edad de jubilación establecida en el artículo 41, hasta un máximo de 42 años.

255.Si la cuantía de la pensión de invalidez es menor que la cuantía de la pensión mínima, se concede la pensión mínima. La pensión mínima es 100% de la cuantía mínima de la pensión de jubilación para la invalidez de primero o segundo grado, y 50% para la de tercer grado. Para otros grados de invalidez, la cuantía de la pensión varía de acuerdo con una nueva decisión del CME (art. 21).

256.Se concede una pensión de descendiente si el difunto era jubilado o reunía todas las condiciones para obtener una pensión (art. 24). Se paga una pensión de supérstite:

a)a los hijos hasta la edad de 18 años, si están estudiando en una institución educativa (secundaria, secundaria profesional o superior) hasta la graduación, pero no después de la edad de 23 años;

b)al cónyuge supérstite si, en el momento de la muerte del sostén de familia, o hasta cinco años después, el cónyuge ha llegado a la edad de jubilación establecida en el artículo 51 o ha obtenido una pensión de invalidez de primero o segundo grado, ha estado casado con el difunto durante por lo menos 15 años y no se ha casado de nuevo;

c)al cónyuge supérstite o a la persona que cuida los hijos del sostén de familia hasta la edad de tres años durante el período en que no trabaja (art. 25).

257.El artículo 26 enuncia el método de calcular la pensión de supérstite. La pensión de supérstite es equivalente al 1,2% de la pensión o de la posible pensión de jubilación del sostén de familia calculada según la siguiente fórmula:

P = 1,2% * Vt * Sa

La pensión se fija según el número de personas a cargo supérstites:

a)para una: 50%;

b)para dos: 75%;

c)para tres o más: 100%.

258.La cuantía mínima de la pensión de supérstite se distribuye entre las personas a cargo supérstites, en las siguientes proporciones:

a)50% para una;

b)75% para dos;

c)100% para tres o más.

Si los dos padres mueren, los hijos supérstites reciben una pensión de supérstite cada uno; la cuantía mínima de la pensión de supérstite no puede ser inferior al 50% de la pensión de jubilación mínima si ambos padres han muerto.

259.La cuantía de la pensión de supérstite se fija sobre la base de:

a)la pensión del sostén de familia difunto, si era jubilado, o la posible pensión de primer grado en caso de invalidez de primero o segundo grado,

b)la pensión de jubilación del sostén de familia que fija la ley, teniendo en cuenta la cuantía de las aportaciones pagadas.

260.Las categorías de familiares supérstites enumeradas en el apartado a) del artículo 25 reciben una pensión de supérstite. Las categorías de familiares supérstites enumeradas en los apartados b) y c) del artículo 25 reciben una pensión de supérstite sólo si no tienen un ingreso sujeto al seguro social del Estado (art. 27).

261.Todas las pensiones son fijadas y pagadas por los órganos del seguro social. El Gobierno establece la forma de organizar la fijación y el pago de las pensiones (art. 30). La pensión se concede a solicitud de la persona que tiene pleno derecho a ella o de su tutor o guardián. La solicitud de jubilación, junto con los documentos que demuestren el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley, se presenta al órgano territorial del seguro social en que el asegurado tiene su domicilio. El derecho a una pensión se concede o la solicitud de jubilación se rechaza sobre la base de una decisión del órgano territorial del seguro social dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. La decisión se comunica por escrito al solicitante dentro de los tres días siguientes a su adopción (art. 31).

262.El artículo 32 determina el período por el cual se concede la pensión. La pensión de jubilación es vitalicia. La pensión de invalidez se concede por todo el período que dura la invalidez, confirmada por el CME, pero sólo hasta la fecha en que el interesado llega a la edad de jubilación. La pensión de supérstite se paga por el período en que se cumplen las condiciones fijadas en el artículo 25.

263.Según la categoría de la pensión solicitada, rigen los siguientes períodos para la concesión de una pensión:

a)el derecho una pensión de jubilación se concede desde la fecha en que se cumplen las condiciones de jubilación, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud;

b)el derecho a una pensión de invalidez se concede desde la fecha en que el CME adopta la decisión sobre la categoría de invalidez, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud;

c)el derecho a una pensión de supérstite se reconoce a partir de la fecha de la muerte del sostén de familia y se concede dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la solicitud;

d)el derecho a todas las categorías de pensión, en las condiciones establecidas en los apartados a), b) y c), se concede desde el día en que se haya presentado la solicitud.

264.Si surgen nuevas circunstancias antes que se haya establecido el derecho a la jubilación, se reexamina el derecho a la jubilación. El nuevo derecho a la jubilación entra en vigor el mes siguiente al día en que se hayan determinado las nuevas circunstancias (art. 32).

265.El capítulo 5 de la Ley Nº 489-XIV, de 8 de julio de 1999, “Otros derechos del seguro social”, establece que en el sistema público el asegurado tiene, además del derecho a la pensión, el derecho a:

a)la prestación por incapacidad temporal causado por enfermedad común o enfermedad profesional, accidente o accidente de trabajo;

b)asistencia para prevenir una enfermedad o recuperarse de una incapacidad;

c)la prestación de maternidad;

d)la prestación por cuidado del hijo o enfermedad del hijo;

e)subsidios de desempleo;

f)asistencia para funeral (art. 41).

266.La ley establece la forma de establecer, distribuir y pagar otras indemnizaciones del seguro social (art. 41).

267.La estrategia de reforma del sistema de pensiones se estableció por la decisión parlamentaria Nº 141, de 23 de septiembre de 1998, según la cual:

a)la pensión es un componente importante del sistema de protección social. El sistema estipula una serie de medidas económicas, jurídicas, sociales y organizativas que ayudan al sector económicamente inactivo de la población y a la población no asegurada a mantener un nivel de vida digno;

b)la base legislativa del sistema de pensiones está formado por leyes, decretos del Presidente, decisiones del Gobierno y reglamentos que establecen las relaciones jurídicas del sistema;

c)las pensiones son pagadas por la asistencia social de la República de Moldova, el presupuesto del Estado y los presupuestos locales; se pagan pensiones a más de 757.000 ciudadanos, que representan 21% de la población del país. Son beneficiarios de subsidios 560.400 ciudadanos, se pagan pensiones de invalidez a 109.200, 36.300 se benefician de una prestación a la muerte del sostén de familia (llamada en adelante “pensión de supérstite”), 3.800 son beneficiarios de pensiones de antigüedad y 38.400 reciben una pensión social;

d)las condiciones para obtener el derecho a una pensión de jubilación son las siguientes: llegar a la edad de jubilación, tener la antigüedad necesaria, tener una incapacidad o haber sufrido la pérdida del sostén de familia;

e)la cuantía de la pensión depende del salario mensual medio, la antigüedad y otras condiciones, como la presencia de personas a cargo, el cuidado de inválidos, etc. Al mismo tiempo, se paga una prestación subsidiaria como compensación a las personas que tienen pensiones relativamente pequeñas,

f)la edad de jubilación es 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Para ciertas categorías de personas que trabajan en condiciones nocivas y difíciles conforme a las listas Nºs. 1 y 2 aprobadas por la decisión del Gobierno Nº 822, de 15 de diciembre de 1992, y en la agricultura conforme a la lista Nº 3 aprobada por la decisión del Gobierno Nº 1007-XII, de 2 de abril de 1992, las madres de muchos hijos, los inválidos de guerra, etc., la edad de jubilación varía entre 45 y 59 años;

g)para determinar el salario mensual medio a los efectos del cálculo de la pensión, se toman cinco años consecutivos (elegidos por el solicitante) de los últimos 15 años de trabajo. Para estimar la pensión, se incluyen todas las formas de trabajo remunerado;

h)por invalidez causada por enfermedad común, se concede una pensión si, al comienzo de la invalidez, el interesado tiene un tiempo de servicio suficiente y ha llegado a cierta edad. Por invalidez causada por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, se concede una pensión cualquiera que sea el tiempo de servicio. El CME fija las causas y los grados de invalidez y el comienzo de la invalidez;

i)las condiciones para la concesión de la pensión de supérstite son las mismas que para la pensión de invalidez y dependen de la causa de muerte del sostén de familia. Si la muerte fue resultado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la pensión de supérstite se concede cualquiera que sea la antigüedad del sostén de familia;

j)ciertas categorías de personas que trabajan en condiciones que reducen la capacidad de trabajo profesional o la competencia profesional antes que lleguen a la edad de jubilación reciben pensiones por tiempo de servicio (con la condición de que dejen de trabajar);

k)las personas que sufrieron invalidez como resultado del desastre de Chernóbyl reciben pensiones de invalidez de una cuantía que cubre el daño real, cualquiera que sea el tiempo de servicio. Los familiares de las personas que murieron como resultado de mutilación o enfermedad causada por el desastre de Chernóbyl reciben una pensión de supérstite, cualquiera que haya sido el tiempo de servicio del sostén de familia difunto, de una cuantía que cubre el daño real, pero no inferior al 100% del subsidio mínimo para cada miembro de la familia. Estas personas reciben anualidades a una edad anticipada;

l)a los ciudadanos que no hayan trabajado (excepto los inválidos desde la infancia) y no tengan derecho a una pensión basada en el trabajo se les ofrece una pensión social;

m)el subsidio y la pensión por invalidez de primer grado se conceden a razón de 55% del salario mensual medio, más 1% de este salario por cada año por encima de 25 años para los hombres y por encima de 20 para las mujeres. La pensión por invalidez de segundo grado es 75% del salario mensual medio, y para la invalidez de tercer grado y para las personas que reciben una pensión de supérstite (para cada miembro de la familia incapaz de trabajar) 30% del salario mensual medio del inválido o del sostén de familia.

268.Los subsidios y las pensiones de invalidez de primero o segundo grado se complementan y se aumentan como dispone la Ley del seguro de pensiones del Estado de la República de Moldova. Al mismo tiempo, otras normas prevén aumentos de las pensiones e indemnizaciones:

a)la cuantía de la pensión básica calculada sobre la base del salario mensual medio, más 1% de este salario por cada año por encima de 25 años para los hombres y por encima de 20 años para las mujeres,

b)aumentos de la pensión por la liberación de los precios de los productos de primera necesidad;

c)aumentos de la pensión de 20%;

d)indización de la pensión según la inflación;

e)compensación (1, 8, 10, 13 lei);

f)suplementos y aumentos de la pensión de las personas que cuidan a pensionados, donantes de sangre, personas que sufrieron represión durante el régimen soviético y fueron rehabilitados después, veteranos de guerra (incluso inválidos de primero o segundo grado) y otras categorías de pensionados. Como consecuencia de esto, la estructura de la pensión media es la siguiente:

i)cuantía de la pensión básica: 30%;

ii)aumento por la liberación de los precios: 22%;

iii)aumento de 10-20%;

iv)indización: 7%;

v)compensaciones: 13%;

vi)suplementos y aumentos fijados por la ley: 18%.

Los cuatro primeros componentes de la pensión están fijados, en general, para todos los beneficiarios y tienen carácter permanente. El quinto componente se paga a las personas que reciben una pensión pequeña y depende de la cuantía de la pensión. El sexto componente se paga en ciertas circunstancias y depende de la categoría del pensionado.

269.Las pensiones se pagan con cargo al Capital Registrado, que, aparte del Fondo de Pensiones, incluye el Fondo del Seguro Social, el Fondo de Desempleo y el Fondo de Reserva. El Capital Registrado está formado por las aportaciones obligatorias de los empleadores (actores económicos) y de los empleados. Una parte insignificante de la financiación se transfiere del presupuesto del Estado y de los presupuestos locales. La participación de estas fuentes en 1997 fue 75% y 1% respectivamente. En 1999 los actores económicos transfirieron al Capital Registrado aportaciones al seguro social en la proporción de 30% del salario y los empleados en la proporción de 1% del salario. Las tasas de aportación al seguro social son aprobadas por el Parlamento. En el cuadro 23 se indican las tasas vigentes en el período 1991-1997.

Cuadro 23

Tasas de aportación al seguro (porcentaje del fondo de salarios)

Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Intermediarios económicos, cualquiera que sea el tipo o la forma jurídica de la organización	26	60	45	45	38	35	35	30
Organizaciones e instituciones presupuestarias	26	37	30	30	30	35	30	30

270.Se ve pues que hay una tendencia a reducir la tasa de aportación de los actores económicos al seguro.

271.El presupuesto del Capital Registrado se usa para el pago de:

a)subsidios, pensiones de invalidez, pensiones de supérstite, tiempo de servicio;

b)pensiones sociales;

c)pensiones para soldados y sus familias;

d)prestaciones de cuidado del hijo y para madres solteras;

e)prestaciones de incapacidad temporal;

f)prestaciones de desempleo;

g)prestaciones de embarazo y parto;

h)gastos de servicios bancarios y postales para distribución de las pensiones;

i)otros gastos.

272.El Departamento de Pensiones y Asistencia Social hace los pagos de pensiones mensualmente sobre la base de órdenes de pago (tarjetas de pago, giros y listas), mediante las oficinas de correos y las sucursales de la Banca de Economii a Moldovei (Banco de Ahorros de Moldova). Después de la expiración del período de pago, las oficinas de correo presentan un estado mensual al Departamento. El Departamento a su vez presenta estados trimestrales y anuales al Capital Registrado. Todos los estados se guardan en los archivos de las oficinas de correos, del Departamento y del Fondo Social.

273.La estrategia subraya que “los rasgos específicos de sistema de seguro de pensiones de la República de Moldova están determinados por la posición dominante de la propiedad estatal y están dirigidos a una economía planificada y centralizada. El sistema se caracteriza por un bajo nivel de seguro, ineficiencia administrativa, contradicciones legislativas, presión sobre la población económicamente activa; es muy costoso y no está completamente basado en el principio de asegurar la equidad social y la solidaridad general”.

274.La crisis económica del país desde el principio del decenio de 1990 empeoró la situación en la esfera social. En el terreno de la protección social y las jubilaciones, a la recesión, al aumento de la inflación y a la disminución del nivel de vida de la población se añadieron problemas que se agravan continuamente y adquirieron carácter duradero a mediados de 1996.

275.Con la sanción de la Ley del seguro de pensiones del Estado en la República de Moldova se introdujeron reformas esenciales en la legislación del seguro de pensiones. Estas reformas fueron condicionadas, ante todo, por la situación económica del país, incluida la situación del sistema financiero. La crisis del sistema económico, el aumento de la inflación y ciertos cambios, como la reforma de la moneda, crearon la necesidad de modificar la legislación sobre la seguridad de las pensiones.

276.La Ley de seguridad de las pensiones del Estado ha sufrido más de 50 reformas. Por ejemplo, se actualizaron los sueldos, sobre la base de los cuales se calculaban las pensiones fijas. Este mecanismo también se usa actualmente para fijar las pensiones sobre la base del sueldo del año anterior. La actualización se hace mediante coeficientes que representan la relación entre los ingresos del pensionado durante todo el período considerado para el cálculo y el salario medio del mismo período. La pensión se ha aumentado muchas veces a causa de los ajustes del salario mínimo. Los principales factores que hacen necesaria la renovación del sistema de pensiones son los siguientes:

a)la reducción de los recursos financieros del Fondo Social, que causa demoras del pago de las pensiones y de otros pagos sociales;

b)la disminución del nivel del seguro de pensiones y de otros pagos sociales;

c)el aumento de la presión del seguro social sobre la población económicamente activa (en el futuro esta situación empeorará a causa de la situación demográfica desfavorable prevista);

d)grandes deducciones del seguro social que no contribuyen al crecimiento de la producción ni crean igualdad en la aplicación de las deducciones y carecen de equilibrio en la determinación de la parte que pagan los empleadores y la que pagan los empleados;

e)los grandes gastos indirectos que requiere el seguro social;

f)distribución irrazonable de los recursos financieros, que no permite dirigir sumas suficientes al seguro social de los sectores vulnerables de la población;

g)falta de relación entre la cuantía de la pensión y la contribución de trabajo del empleado;

h)carácter contradictorio de la legislación sobre la seguridad de las pensiones;

i)ineficiencia de la administración del sistema de asistencia social.

277.Como no hacen pagos sistemáticos, los actores económicos influyen de manera negativa en la situación financiera del sistema de pensiones. Las deudas de los actores económicos con el Fondo Social al 1° de enero de 1998 ascendían a 560 millones de lei; al 1° de enero de 2000 a 300,4 millones de lei; y al 1° de enero de 2001 a 200 millones de lei.

278.La demora de los pagos de pensiones era unos tres meses en promedio y la suma total adeudada 198 millones de lei. En algunos distritos se debían unos cuatro meses de pensiones. Las causas que han conducido a esta situación son la ineficiencia del sistema fiscal, la reducción del personal de la economía nacional, la evasión de impuestos y las altas tasas de deducciones para el seguro social.

279.El nivel general de la seguridad de las pensiones ha disminuido. En los últimos años los precios de los bienes y servicios de consumo general han subido más que las pensiones. La relación entre la pensión media y el presupuesto de consumo mínimo bajó de 38,2% en 1993 a 18,8% en 1997 y la relación entre la pensión mínima y el presupuesto de consumo mínimo de 27% en 1993 a 14,1% en 1997. El presupuesto de consumo mínimo de 1997 aumentó 8,9% con respecto al de 1993, pero la pensión media en el mismo período aumentó sólo 4,4 veces y la pensión mínima 4,7 veces (véase el cuadro 24).

Cuadro 24

Situación de la seguridad de las pensiones, 1992-2000

Índice	Unidad de medida	Año
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Población (al fin del año)	Miles de personas	4. 347,8	4. 352,7	4. 347,9	4 .334,4	4. 320,0	4. 304,7	4. 293,0	4. 281,5	4. 264,3
Personas activas en la economía*	Miles	2. 050,0	1. 688,0	1. 681,0	1. 673,0	1. 660,0	1. 646,0	1. 642	1. 495	1. 515
Beneficiarios de pensiones y prestaciones	Miles	727,4	743,6	746,7	750,6	754,7	757,0
Beneficiarios de subsidios	Miles	551,4	562,3	564,0	563	562,7	560,4
Salario medio	Lei	3,5	31,2	108,4	143,2	187,6	219,8	250,4	304,6	407,0
Pensión media	Lei	2,09	18,83	55,16	64,3	78,67	82,8
Subsidio medio	Lei	2,21	19,94	57,94	66,9	81,56	86,15
Presupuesto de consumo mínimo	Lei	3,4	49,3	271,3	310,6	387,8	439,5	473,0	661,8	944,5
Tasa de inflación mensual media	%	27,0	32,0	6,2	1,8	1,2	0,9	1,41	3,05	1,95
Tasa de inflación anual media*	%	1. 669,6	2.705,7	104,6	23,8	15,1	11,2	18,3	43,7	18,4
Parte de la población que recibe pensiones	%	16,7	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6
Trabajadores que pagan el seguro social	Miles	2,82	2,27	2,25	2,23	2,20	2,17
Relación entre la pensión media y el salario medio	%	59,7	60,4	50,9	44,9	41,9	37,7
Relación entre la pensión media y el presupuesto de consumo mínimo	%	61,5	38,2	20,3	20,7	20,3	18,8
Deudas de pagos de pensiones y prestaciones	Miles de lei			76,9	128,0	324,1	192,2
Deudas de un año	%			15,6	22,1	45,5	32,5

* Se tienen en cuenta también los datos de los distritos de la ribera izquierda del Nistru.

280.La presión de los pagos del seguro social sobre la población económicamente activa ha aumentado. La relación numérica entre los pensionados y la población activa aumentó de 51,1% en 1992 a 61,45% en 1996.

281.El sistema de seguridad de las pensiones también afronta la presión de los gastos de administración, distribución de pensiones, servicios bancarios, etc. Por ejemplo, en 1997 más de 3% del presupuesto del Fondo de Pensiones se gastaba en distribución y servicios bancarios. El análisis de estas formas de gastos demuestra que podrían reducirse. Se gastan cerca de 4 millones de lei en pagos de pensiones a pensionados que tienen un empleo. Si el salario medio del pensionado empleado es 219,80 lei (el salario medio nacional en 1997), el ingreso total de este pensionado es 305,95 lei por mes, teniendo en cuenta que el subsidio medio es 86,15 lei. Una suma considerable se gasta en el pago de pensiones de privilegio. El número de tales pensiones asciende a 147.300, o sea 19,5% del número total de pensiones y 26,3% del número de subsidios.

282.Del número total de beneficiarios, 19.000 reciben pensiones de la lista Nº 1 y 15.700 pensiones de la lista Nº 2. Los receptores de pensiones de la lista Nº 3 (trabajadores agrícolas) incluyen 105.200 madres de tres o más hijos (cuadro 25). El gasto mensual del pago de estas pensiones asciende a 12,4 millones de lei. Cada año se pagan unas 10.700 pensiones con privilegio. El número de las personas que tienen derecho a pensiones con privilegio está aumentando.

E/990/5/Add.52página PAGE 83 Cuadro 25

Beneficiarios de pensiones y suplementos

Beneficiarios de pensiones y suplemen-tos	Année
Beneficiarios	1992	1993	1994
Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios	Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios	Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios
Total	727 356	100	131,9	743 602	100	132,24	746 702	100	132,4
De subsidios	551 443	75,81	100	562 298	75,62	100	563 982	75,53	100
De los cuales con privilegio	113 258	15,57	20,54	124 612	16,76	22 ,16	130 904	17,53	23,21
De los cuales: Pensiones de la lista Nº 1	5 796	0,80	1,05	5 830	0,78	1,04	5 770	0,77	1,02
Pensiones de la lista Nº 2	10 973	1,51	1,99	11 510	1,55	2,05	11 869	1,59	2,10
Pensiones de la lista Nº 3		0,00	0,00	9 350	1,26	1,66	11 667	1,56	2,07
Madres de muchos hijos		0,00	0,00	97 482	13,11	17,34	99 979	13,39	17,73
Madres de inválidos desde la infancia	133	0,02	0,02	217	0,03	0,04	376	0,05	0,07
Madres heroicas		0,00	0,00	26	0,00	0,00	110	0,01	0,02
De pensiones de invalidez	88 561	12,18	16,06	94 083	12,77	16,89	97 602	13,07	17,31
De los cuales: Por accidentes de trabajo y enferme-dades profesio-nales	5 332	0,73	0,97	5 214	0,70	0,93	5 063	0,68	0,90
Por enferme-dades comunes	83 229	11,44	15,09	89 769	12,07	15,96	92 539	12,39	16,41
Pensiones de supérstite	37 791	5,20	6,85	37 552	5,05	6,68	36 388	4,87	6,45
Pensiones de antigüedad	1 960	0,27	0,36	1 939	0,26	0,34	1 847	0,25	0,33
Pensiones sociales	40 535	5,57	7,35	40 282	5,42	7,16	38 819	5,20	6,88
De los cuales: inválidos desde la infancia	19 531	2,69	3,54	21 593	2,90	3,84	22 624	3,03	4,01
Pensiones por la operación de limpieza de Chernóbyl	90	0,01	0,02	199	0,03	0,04	300	0,04	0,05
Suplemen-tos para las personas sometidas a represión injusta	6 027	0,83	1,09	10 000	1,34	1,78	10 730	1,44	1,90
Pensiones militares	7 066	0,97	1,28	6 548	0,88	1,16	8 064	1,08	1,43

Cuadro 25 (continuación) Beneficiarios de pensiones y suplementos
Beneficia-rios de pensiones y suplemen-tos	Año
Beneficiarios	1995	1996	1997
Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios	Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios	Número de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios	Porcen-taje del total de benefi-ciarios de subsidios
Total	750 556	100	133,32	754 653	100	134,12	757 020	100	135,08
De subsidios	562 954	75	100	562 688	74,56	100	560 439	74,03	100
De los cuales con privilegio	135 450	18,05	24,06	140 880	18,67	25,04	147 305	19,46	26,28
De los cuales: Pensiones de la lista Nº 1	5 680	0,76	1,01	5 671	0,75	1,01	5 627	0,74	1
Pensiones de la lista Nº 2	12 337	1,64	2,19	12 897	1,71	2,29	13 348	1,76	2,38
Pensiones de la lista Nº 3	13 112	1,75	2,33	14 394	1,91	2,56	15 681	2,07	2,80
Madres de muchos hijos	100 923	13,45	17,93	102 779	13,62	18,27	105 172	13,89	18,77
Madres de inválidos desde la infancia	460	0,06	0,08	1 615	1 615	0,21	0,29	0,23	0,31
Madres heroicas	105	0,01	0,02	105	0,01	0,02	101	0,01	0,02
De pensiones de invalidez	102 255	13,62	18,16	105 623	14	18,77	109 219	14,43	19,49
De los cuales: Por accidentes de trabajo y enferme-dades profesio-nales	4 925	0,66	0,87	4 861	0,64	0,86	4 706	0,62	0,84
Por enferme-dades comunes	97 330	12,97	17,29	100 762	13,35	17,91	104 513	13,81	18,65
Pensiones de supérstite	36 223	4,83	6,43	36 351	4,82	6,46	36 334	4,8	6,48
Pensiones de antigüedad	2 286	0,30	0,41	2 892	0,38	0,51	3 799	0,5	0,68
Pensiones sociales	38 003	5,06	6,75	38 267	5,07	6,8	38 430	5,08	6,86
De los cuales: inválidos desde la infancia	23 694	3,16	4,21	25 448	3,37	4,52	26 950	3,56	4,81
Pensiones por la operación de limpieza de Chernóbyl	422	0,06	0,07	677	0,09	0,12	933	0,12	0,17
Suplemen-tos para las personas sometidas a represión injusta	11 220	1,49	1,99	11 442	1,52	2,03	11 448	1,51	2,04
Pensiones militares	8 835	1,18	1,57	8 832	1,17	1,57	8 799	1,16	1,57

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283.La cuantía de estas pensiones es en promedio mucho mayor que la cuantía media de los subsidios (86,15 lei) y puede llegar a 108,48 lei para la lista Nº 3, a 102,24 lei para la lista Nº 2 y a 101,33 lei para la lista Nº 1. El número de las personas que trabajan y reciben subsidios en condiciones ventajosas es tres veces superior al número de las personas que tienen pensiones fijas en las condiciones generales.

284.El pago de pensiones en condiciones ventajosas no sólo requiere gastos suplementarios, sino también tiene otros aspectos negativos, a saber, que se infringen los principios del seguro y de la equidad social (se hacen pagos con cargo a las cuentas de otras personas), la edad de jubilación se reduce injustificadamente, etc.

285.Hoy el subsidio medio es 39,2% del salario medio nacional. El subsidio mínimo era 28,2% del salario medio en 1997 y 43,3% en 1993. La falta de correlación entre la pensión básica y sus aumentos y suplementos es motivo de preocupación. Los aumentos de las pensiones de los veteranos y los inválidos de guerra, las personas que ha sufrido represión injusta y las personas que tienen distintos méritos exceden la cuantía de sus pensiones, calculada sobre la base del salario y el tiempo de servicio, en la proporción de 130 a 100. Por ejemplo, la cuantía media del subsidio de los inválidos de guerra de primer grado es 99 lei, pero aumenta a 116,84 lei. Al mismo tiempo, los suplementos de las personas sostenidas y para el cuidado de inválidos ascienden a sólo 5,6% de la pensión media y 1,45% del presupuesto de subsistencia mínimo.

286.Hay grandes diferencias de cuantía entre ciertas formas de pensión. Por ejemplo, el subsidio medio era 86,15 lei en 1997, pero para las personas que habían participado en la operación de limpieza de Chernóbyl era 338,6 lei, o sea cuatro veces mayor. El subsidio máximo es 164,15 lei, pero el máximo para los que participaron en la operación de limpieza de Chernóbyl es en algunos casos superior a 1.000 lei mensuales (cuadro 26).

Cuadro 26

Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia

	Unidad de medida	Año
1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
Beneficiarios de pensiones, total	Miles	727,4	743,6	746,7	750,5	754,8	757,0
Pensión media	Lei	2,09	18,83	55,16	64,30	78,67	82,80
Pensionados que siguen trabajando	Miles	43,5	41,6	48,7	58,8	53,6	51,7
%	5,98	5,59	6,52	7,83	7,10	6,83
Del total de beneficiarios, beneficiarios que reciben una pensión
Subsidio	Miles	551,4	562,3	563,9	562,9	562,7	560,4
%	75,81	75,62	75,52	75,00	74,55	74,03
Pensión media	Lei	2,21	19,94	57,94	66,90	81,56	86,15
Beneficiarios de una pensión de invalidez	Miles	88,6	94,9	97,6	102,3	105,6	109,242
%	12,18	12,76	13,07	13,63	13,99	14,42
Pensión media	Lei	2,03	18,43	53,96	63,25	78,25	81,74
Beneficiarios de una pensión de supérstite	Miles	37,8	37,5	36,4	36,2	36,4	36,380
%	5,20	5,04	4,87	4,82	4,82	4,80
Pensión media	Lei	1,47	12,28	40,41	51,70	65,97	65,49
Beneficiarios de una pensión de antigüedad	Miles	1,9	1,9	1,8	2,3	2,9	3,8,38
%	0,26	0,26	0,24	0,31	0,38	0,38
Pensión media	Lei	1,82	24,18	63,76	69,96	80,99	79,37
Beneficiarios de una pensión de participante en la operación de limpieza de Chernóbyl	Miles	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9
%	0,01	0,03	0,04	0,05	0,09	0,01
Pensión media	Lei	0,03	41,70	160,95	242,39	334 ,29	338,64
Beneficiarios de una pensión social	Miles	40,5	40,3	38,8	38,0	38,3	38,4
%	5,57	5,42	5,20	5,06	5,07	5,07
Pensión media	Lei	0,01	10,51	32,38	38,07	47,90	47,67
Beneficiarios de una pensión de víctima de represión injusta	Miles	6,0	10,0	10,7	11,2	11,4	11,4
%	0,82	1,34	1,43	1,49	1,51	1,51
Pensión media	Lei	2,75	26,18	68,67	78,70	95,33	99,77
Beneficiarios de una pensión militar	Miles	7,1	6,5	8,1	8,8	8,8	8,8
%	0,98	0,87	1,08	1,17	1,17	1,16
Pensión media	Lei	2,07	17,12	49,01	73,80	90,25	109,45
Beneficiarios de una pensión fija durante la administración actual	Miles	79,5	60,6	50,0	50,0	53,6	50,9
%	10,93	8,15	6,70	6,66	7,10	6,72
Pensión media	Lei	2,15	23,72	60,19	70,73	62,00	86,80
Beneficiarios de la pensión mínima	Miles	241,9	222,2	34,7	30,4	28,8	25,9
%	33,2	29,9	4,65	4,05	3,82	3,42
Pensión mínima	Lei	1,70	0,14	42,80	50,00	62,00	62,00
Pensión máxima	Lei	3,40	68,35	126,55	133,75	164,15	164,15
Cuantía de las pensiones y prestaciones pagadas	Miles de lei	8 372,3	80 180,6	354 895,8	514 193,9	484 200	609 060,5

287.Hay grandes diferencias en la cuantía de las pensiones concedidas en distintos períodos, especialmente la de las pensiones fijadas antes de 1990. Las pensiones calculadas antes de este año son, en general, más bajas que las que se fijan hoy. Esta tendencia se mantiene. Por ejemplo, al 1° de enero de 1998, el subsidio medio era 86,15 lei y la pensión mínima fijada en 1997 era 91,7 lei, o sea 6% más alta.

288.Han surgido muchos problemas porque las disposiciones de la legislación de pensiones no concuerdan con otras leyes y normas, con lo cual son difíciles de aplicar. Muchas leyes son antiguas y no se han elaborado nuevas. En consecuencia, las nuevas relaciones sociales en materia de seguridad de las pensiones del Estado no están resueltas.

289.Es necesario mejorar la administración del sistema de seguro social, en primer lugar la de los órganos de asistencia, en los cuales muchas funciones están duplicadas y no delimitadas y el trabajo de los empleados no es productivo. El sistema de información sobre pensiones, que está basado en tecnologías y equipo viejos, no resuelve todos los problemas.

289.El análisis del sistema de pensiones y los modelos que se han usado para prever su desarrollo confirman la necesidad de introducir algunos cambios en el sistema. El Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia ha elaborado un modelo computadorizado de la evolución a largo plazo del sistema de pensiones, que predice el nivel de deducciones del sistema sobre la base del pronóstico macroeconómico. Los cálculos hechos según este modelo demuestran que, en caso de crecimiento de la economía del país y mejora de la situación del mercado de trabajo, la tasa de aportación al sistema aumentaría a 45% o más, si el sistema actual y la pequeñez de las pensiones con respecto al sueldo medio no cambian. Esta situación no puede durar y no puede asegurar el desarrollo eficiente del sistema de pensiones. Por ejemplo, las aportaciones al sistema de pensiones de los países desarrollados varían entre 15 y 20%.

290.Este análisis destaca el efecto negativo de la situación demográfica en la evolución del sistema de pensiones. A partir de 2005, la relación entre el número de pensionados y el del grupo de edad económicamente activo empeorará considerablemente. Si no se crea una reserva para el pago de pensiones, la generación joven actual tendrá que hacer aportaciones mucho mayores al sistema de pensiones para pagar las pensiones de la generación hoy económicamente activa. Esto también es un problema en los países occidentales. Muchos países europeos han reformado su sistema de pensiones, racionando los pagos y creando una reserva para asegurar la estabilidad del sistema. Para evitar posibles crisis, la acumulación de reservas en el Fondo de Pensiones debe empezar a más tardar en 2003 en la República de Moldova.

Principales objetivos de la reforma

291.La reforma del sistema de pensiones tiene los siguientes objetivos:

a)asegurar a toda la población apoyo material suficiente en la vejez y en caso de pérdida de la capacidad de trabajar o del sostén de familia; lo cual significa que, después de la reforma, la mayoría de los ciudadanos que estén en esas circunstancias tendrán un ingreso adecuado gracias a la combinación de la pensión del Estado con una pensión privada. Sólo una proporción insignificante de los ciudadanos de las clases desfavorecidas recibirán ayuda de los programas de asistencia social;

b)asegurar el respeto del principio de equidad social, que significa que la mayoría de los ciudadanos recibirán una pensión según las aportaciones que hayan hecho al sistema de pensiones;

c)establecer un sistema financiero equilibrado y disciplinado, con el cual todos los pagos de pensiones se harán puntualmente. Las pensiones se indizarán si el sistema de pensiones tiene recursos financieros suficientes;

d)crear un sistema de pensiones que convenga a todas las generaciones. En vista de la situación demográfica de Moldova, el sistema estatal tiene que acumular reservas suficientes para evitar el aumento de los impuestos de la generación económicamente activa actual.

Directrices de la reforma del sistema de pensiones

292.Para alcanzar los propósitos mencionados, es necesario hacer una reforma compleja del sistema de pensiones, cuyos elementos principales serán los siguientes:

a)un programa estable para los pensionados actuales;

b)un nuevo programa para los pensionados futuros;

c)la transición del sistema de pensiones actual al nuevo.

293.Con respecto al programa estable para los pensionados actuales:

a)se tomarán medidas para que las pensiones se paguen total y puntualmente, cualquiera que sea el lugar de residencia del beneficiario;

b)cuando se hayan saldado totalmente las deudas de pensiones y se hayan acumulado reservas suficientes para un mes, se reanudará la práctica de indizar las pensiones según el aumento de los precios;

c)según la evolución de los ingresos del sistema de pensiones, el método de indización se revisará en el futuro para que la cuantía de la pensión sea adecuada. Una de las variantes podría ser el “modelo sueco”, según el cual el coeficiente de indización de la pensión refleja el indicador del aumento de los precios y el indicador del crecimiento de los ingresos de la población en la proporción 50:50;

d)Los ingresos y gastos previstos a corto plazo del Fondo Social demuestran que, sin una reforma del sistema de pensiones, será imposible reanudar la indización de las pensiones en 1998 o 1999, con lo cual bajarán el poder adquisitivo de las pensiones y el nivel de vida de los pensionados. Por tanto, el Fondo Social necesitará contribuciones del presupuesto del Estado para enjugar el déficit corriente. Pero los cálculos también indican que, si se toman medidas para reformar el sistema de pensiones (aunque sólo sea aumentando la edad de jubilación), se podrá reanudar la indización en 1999.

296.Con respecto al nuevo programa para los pensionados futuros:

a)En la situación actual, que se caracteriza, por un lado, por el bajo nivel de las pensiones y el aumento de la deuda con los pensionados y, por otro, por el aumento del porcentaje que se deduce como aportación, la necesidad de una reforma radical del sistema de pensiones es evidente;

b)la pensión de invalidez y la pensión de supérstite tienen que separarse del subsidio;

c)las pensiones de los soldados y los policías deben examinarse por separado. Estas pensiones se financian con cargo al presupuesto del Estado, pero los soldados y los policías no hacen aportaciones al seguro social. Las pensiones de los soldados y los policías deben pagarse con cargo al sistema de pensiones para soldados y policías o con cargo al sistema general de pensiones;

d)el sistema de pensiones de jubilación es independiente del sistema de pensiones de invalidez y pensiones de supérstite. Según la nueva política de pensiones, el subsidio tiene dos partes: una pensión social pública y una pensión privada suplementaria (voluntaria u obligatoria), que se pagarán por separado;

e)la base del sistema de pensiones público es la pensión mínima que el Estado concede a las personas que tienen derecho a recibirla. La pensión se calcula teniendo en cuenta la proporción de las aportaciones al seguro social y el período de aportación. Esto estimulará a la población a pagar las aportaciones al sistema de seguro social público;

f)la proporción de las aportaciones al seguro social pagadas al Fondo de Pensiones se indizará anualmente según el aumento del índice de precios de bienes y servicios. El coeficiente de indización no es fijo. Se establece según los cambios de los índices económicos. La indización de las pensiones se basará en la remuneración media y en los índices de precios al consumidor;

g)se pagarán aportaciones a partir de cierto nivel de ingresos y el límite de las aportaciones al seguro social se fijará en 20 o 22%. La reducción del impuesto a los ingresos será un estímulo para que las personas de altos ingresos depositen dinero en cajas de pensiones privadas. La imposición de restricciones a los ingresos permitirá reducir los gastos en mano de obra;

h)en el nuevo sistema estatal de seguro social todos los beneficiarios pagarán aportaciones iguales. Si la pensión es menor que el mínimo que paga el Estado, el Fondo de Pensiones pagará la diferencia;

i)todos los empleados y los trabajadores agrícolas deben estar sujetos al seguro social obligatorio. Esto se extenderá también a los ciudadanos que trabajan en la actividad económica privada y a los trabajadores autónomos (abogados, pintores, escritores, etc.);

j)el seguro de pensiones debe ser obligatorio, porque ayudará a crear una sociedad de contribuyentes que hará posible una distribución óptima de los riesgos, como la pérdida de la capacidad de trabajar, y reducirá el precio del seguro;

k)las aportaciones obligatorias de los trabajadores agrícolas dependerán de los ingresos declarados, pero se fijará una aportación mínima. Sus familiares tendrán derecho a una pensión sólo si hacen aportaciones por separado al Fondo de Pensiones. Los trabajadores agrícolas harán aportaciones como todos los asalariados;

l)el período durante el cual una persona no está sujeta al seguro obligatorio no se incluirá en el período de aportación, con excepción del servicio militar y el cuidado de los hijos hasta la edad de un año y medio. En estos casos y en aquéllos en que la persona no haga aportaciones (período de educación, período de cuidado de una persona económicamente inactiva, etc.), el Estado debe pagar la cantidad correspondiente al Fondo de Pensiones;

m)los períodos de desempleo e invalidez se incluyen en el tiempo de servicio asegurado sólo si las aportaciones con cargo a los fondos respectivos se han hecho al Fondo de Pensiones.

297.Teniendo en cuenta las cuestiones mencionadas, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia formuló diversas maneras de reformar el sistema de pensiones. Las previsiones demográficas y los índices macroeconómicos son dos de ellas. Este método indica el porcentaje de aportaciones al sistema de pensiones que sería necesario para mantener el equilibrio financiero del sistema. Se evaluó el método siguiente. El paso fundamental (cero) no prevé ninguna modificación del sistema de pensiones. El paso fundamental modificado prevé el aumento de la pensión media de 40 a 50% del sueldo medio, sin modificar el sistema de pensiones.

298.El paso 1 requiere un aumento de la edad de jubilación. Hay dos posibilidades:

a)elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años para las mujeres aumentándola seis meses cada año;

b)elevar la edad de jubilación de los hombres y también la de las mujeres a 65 años aumentándola seis meses cada año. El paso 2 revoca las condiciones favorables de jubilación que se conceden a las personas de las listas N°s 1, 2 y 3, y también a las madres de muchos hijos. El paso 3 requiere la mejora del sistema de recaudación de aportaciones del Fondo Social de 70% en 1996 a 90% en 2007 (el aumento del pago de las aportaciones comenzó en 2000 con un porcentaje anual de 2,5).

299.Este análisis indica que una reforma del sistema de pensiones evitaría el aumento de las aportaciones a 45%, las reduciría a 20% y las mantendría en ese nivel, y la pensión en comparación con el sueldo aumentaría un 20%.

300.Las siguientes sugerencias pueden ayudar a reformar el sistema de jubilación:

a)cambiar la edad de jubilación. Si se aplica el nuevo sistema, la pensión aumentará. Será por lo menos 42% del sueldo, frente a 32% del sueldo medio hoy. La edad para recibir una pensión completa aumentará a 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Nadie recibirá una pensión completa antes de llegar a esa edad. El tiempo de servicio mínimo aumentará a 35 años para los hombres y las mujeres (hoy es 25 años para los hombres y 20 para las mujeres). El análisis de la esperanza de vida media en Moldova es un argumento a favor del aumento de la edad de jubilación. La esperanza de vida media de los hombres es 63 años y la de las mujeres 71, pero la de los que han llegado a la edad de jubilación es mucho mayor. Las estimaciones indican que la esperanza de vida media de los hombres que se jubilan a los 60 años es 75 años y la de las mujeres que se jubilan a los 55 es 79. El 75% de las mujeres se jubila a los 65 años, y sólo 55% de las personas de 75 años son hombres que se jubilaron a los 60 años. Los cálculos también indican que la proporción de defunciones entre hombres y mujeres es 10:5. Las opciones a) y b) del paso 1 indican que, si la edad de jubilación de los hombres se aumenta a 65 años y la de las mujeres a 60, las aportaciones pueden reducirse 13%, y si la edad de jubilación de los hombres y las mujeres se eleva a 65 años, las aportaciones pueden reducirse 19% en comparación con la situación actual (aumentando la edad de jubilación seis meses cada año);

b)revocar las condiciones favorables de jubilación. Se propone revocar las condiciones favorables de jubilación de las personas que tienen ciertas ocupaciones y formas de actividad. En consecuencia, las empresas tendrán la posibilidad de adherirse a los sistemas de jubilación privados que se describen más abajo. Las madres con tres o más hijos también perderán las condiciones de jubilación favorables. Se pagarán prestaciones de hijos a las familias numerosas con hijos pequeños. El paso 2 indica que la revocación de las condiciones de jubilación favorables reducirá en 6% las deducciones del sistema de pensiones;

c)el programa de mejora de la recaudación de las aportaciones al sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene que mejorar los métodos de recaudación de aportaciones. Hay que invertir en equipo electrónico, capacitación del personal jurídico, aplicación de penas severas a los que no paguen y voluntad política. Si se hace todo esto en el futuro cercano, los resultados se verían en 10 años. El paso 3 mejorará la recaudación. Los cálculos indican que, una vez que las recaudaciones hubieran aumentado de 70% a 90% en 2007, las aportaciones al sistema de pensiones podrían reducirse en 10%;

d)la acumulación de reservas. El sistema público de pensiones empezará a acumular reservas en 2003. Estas reservas ayudarán a resolver el problema del empeoramiento futuro de la situación demográfica. Es necesario elaborar métodos de invertir estos fondos. El análisis de las medidas mencionadas indica que las aportaciones podrían reducirse a 15%, pero habría que mantenerlas en 20% para acumular reservas.

301.En cuanto a la transición del sistema de pensiones actual al nuevo:

a)el sistema de pensiones debe dejar de ser único, impersonal e igualitario y convertirse en un sistema diverso, individualizado y flexible. El período de transición tiene que asegurar la continuidad entre el sistema antiguo y el nuevo. Se necesita cierto tiempo para incorporar a todos los empleados en el nuevo sistema de pensiones;

b)hay que fijar con más precisión la categoría de personas que está sujeta a la seguridad social estatal obligatoria, a saber, personas que tienen ingresos y las que tienen derecho a una jubilación según las leyes en vigor, o las que tendrán este derecho más adelante según otras leyes (los jueces, los abogados, los empleados públicos, etc.). En otras palabras, hay que ampliar la base de las aportaciones obligatorias al Fondo de Pensiones. El sistema de pensiones privado debe consolidarse;

c)las aportaciones del empleador y el empleado al seguro social se modificarán paso a paso. El sueldo del empleado se aumentará en la cuantía de la aportación que deba pagar al Fondo de Pensiones. De esta manera se protegerá al empleado de los perjuicios que resulten de las modificaciones del sistema y el empleador no pagará aportaciones al Fondo de Pensiones. Como la cuantía de la pensión dependerá de la duración de las aportaciones, el empleado tendrá que controlar el pago de las aportaciones o reducir la falta de pago;

d)es necesario establecer urgentemente pruebas individuales del pago de las aportaciones al seguro social basadas en los métodos modernos de la ciencia de la información, sancionando una ley de seguro social. Este tipo de prueba resolverá una serie de problemas importantes;

i)la concordancia entre el sistema de pensiones y las relaciones de mercado;

ii)el establecimiento de una dependencia entre la cuantía de la pensión y la antigüedad y el pago de aportaciones al sistema de pensiones, que influirá positivamente en el presupuesto del Fondo de Pensiones gracias al pago rápido de las aportaciones totales;

iii)la creación de la posibilidad de prever el cambio del número de empleados y pensionados, en general y en ocupaciones determinadas. Esto permitirá una estimación real del gasto en pago de pensiones y el cálculo de la tasa del seguro social. La tasa del seguro social será la base del Fondo de Pensiones y tendrá un objeto estrictamente específico: el pago de pensiones a los particulares que participen en el plan del seguro de pensiones;

e)la promoción de los principios del seguro en el sistema de pensiones excluirá todo privilegio para ciertas clases o grupos de asegurados;

f)la pensión de las personas que no participen durante un período determinado en el sistema de pensiones se paga con cargo al presupuesto del Estado. Por tanto, los gastos de pago de las pensiones o una parte de las pensiones de los veteranos de guerra, los participantes en la operación de limpieza de la catástrofe de Chernóbyl, aumentos y otros pagos, incluidas las pensiones sociales, deben proceder del presupuesto del Estado;

g)en el período de transición la edad de jubilación de los hombres aumentará a 65 años y la de las mujeres a 60 años. La edad de jubilación aumentará seis meses cada año para los hombres y las mujeres;

h)para recibir una pensión completa, los hombres y las mujeres deben tener 35 años de servicio. En el período de transición, el tiempo de servicio incluirá el período durante el cual la persona no estaba sujeta al seguro social;

i)será necesario actualizar el sueldo sobre la base del cual se calcula la pensión, o sea determinar el coeficiente individual de cada pensionado;

j)en los próximos 10 años, el tiempo de servicio asegurado incluirá el período de educación superior, durante el cual no se hacen aportaciones;

k)no se incluirá el período que duplica o triplica el tiempo de servicio. Se mantendrá una forma especial de calcular el tiempo de servicio de los pilotos;

l)se sugiere reducir la lista de ocupaciones y posiciones, para revocar el derecho a condiciones favorables. Estas medidas son equitativas y están justificadas, porque los gastos de las pensiones en condiciones favorables son sufragados por todos los participantes en el sistema de pensiones mediante el pago de una aportación mayor. Esto perjudica a los pensionados que no pueden seguir trabajando por razones de salud, cuyas pensiones se reducen como consecuencia del gasto innecesario en pensiones con condiciones favorables. Además, es incorrecto usar el Fondo de Pensiones para resolver los problemas sociales de las personas que trabajan en condiciones perjudiciales o difíciles. Es necesario darles protección social mejorando las condiciones de trabajo y aumentando los sueldos. El problema de las pensiones con condiciones favorables tiene que resolverse creando otros sistemas de pensiones.

302.Es imposible pasar inmediatamente al nuevo sistema de pensiones. La ley puede revocar las pensiones con condiciones favorables, pero primero hay que crear una base normativa y un fondo ocupacional. Durante el período de transición, las pensiones con condiciones favorables se concederán sólo a las personas que hayan trabajado en condiciones muy perjudiciales y difíciles, y también a las madres con cinco o más hijos. La edad necesaria para cobrar esta pensión se elevará paso a paso hasta llegar a la edad normal para recibir una pensión. Las madres con cinco o más hijos también están sujetas a esta ley. Además, al calcular la antigüedad del servicio en condiciones perjudiciales y difíciles, se tendrá en cuenta sólo el tiempo acumulado hasta la entrada en vigor de la nueva ley.

303.En el período de transición deben limitarse las pensiones de las personas que tengan un ingreso asegurado y debe crearse un sistema de pensiones privado adicional. En los países desarrollados el sistema de pensiones privado funciona junto con el sistema público y tiene por objeto mantener un nivel de bienestar parecido al de los últimos años de trabajo. Hay que crear un sistema de pensiones privado porque:

a)las relaciones de mercado han hecho a los ciudadanos responsables de su bienestar y su seguro social, y por tanto toda persona es responsable de su protección social en caso de vejez o pérdida temprana de la capacidad de trabajar;

b)el Estado, por rico que sea, no puede conceder a los ciudadanos un seguro social equivalente al nivel de vida que tenían antes que dejaran de trabajar; sin embargo, el Estado debe determinar un proceso legislativo para crear un sistema de pensiones privado y garantizar su seguridad.

304.Otros componentes del sistema de seguro social, como el seguro social de maternidad, de incapacidad temporal, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, deben reformarse para crear una base para desarrollar un nuevo sistema de pensiones.

Medidas básicas de reforma del sistema de pensiones

305.Las siguientes medidas se tomaron en 1998:

a)se evitó el aumento de las deudas de pensiones mediante la congelación de la cuantía de las pensiones, la transferencia de una parte de los pagos de compensación al presupuesto del Estado, el pago del déficit corriente con cargo al presupuesto del Estado, etc.;

b)se mejoró el mecanismo de recaudación de las aportaciones al seguro social aumentando las penas para los actores económicos que no las pagaran;

c)se preparó un conjunto mínimo de leyes y reglamentos estatales para acelerar la reforma:

i)un proyecto de ley del sistema de pensiones, que ofrecerá un programa a los futuros pensionados y un programa de transición al nuevo sistema de pensiones;

ii)la base legislativa para organizar las pruebas del pago individual de las aportaciones al seguro social;

iii)un proyecto de ley del seguro social del Estado;

iv)un proyecto de ley de cajas de pensiones privadas que garantice la seguridad a los depositantes y un control suficiente sobre la actividad del fondo estatal;

d)se elaboró un nuevo sistema de pensiones basado en proyecciones demográficas detalladas y en el cálculo de la edad de jubilación con una nueva fórmula;

e)se elaboró un plan de reforma de la estructura de la administración del sistema de pensiones;

f)se prepararon leyes para asegurar el derecho al seguro social por maternidad, incapacidad temporal, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

306.Las siguientes medidas se tomaron en 1999:

a)se aplicó la Ley de pensiones del seguro social del Estado;

b)se sancionaron leyes y reglamentos que determinan los pasos siguientes de la reforma;

c)se reorganizó gradualmente la administración;

d)se aplicaron en forma escalonada las reglas sobre pruebas de las aportaciones individuales al Fondo de Pensiones.

307.Las medidas que se tomarán en el período 2000-2005 completarán la reforma del sistema de pensiones. Las siguientes leyes y reglamentos son necesarios para reformar el sistema de pensiones:

a)ley de pensiones del seguro social del Estado (N° 156-XIV, sancionada el 14 de octubre de 1999);

b)ley del sistema de seguro social público (N° 498-XIV, sancionada el 8 de julio de 1999);

c)ley de pensiones del seguro social privado;

d)ley del sistema obligatorio de pensiones ocupacionales;

e)ley del presupuesto anual del seguro social del Estado;

f)ley del seguro social obligatorio para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

g)ley del Fondo de Pensiones;

h)ley del seguro social obligatorio de desempleo;

i)ley de maternidad e incapacidad temporal;

j)reglamento de cálculo del período de aportación;

k)reglamento de pago de pensiones;

l)reglamento de cálculo de pensiones;

m)reglamento del registro de pruebas individuales del sistema público de seguro social (sancionado por la decisión del Gobierno N° 418, de 3 de mayo de 2000);

n)decisión del Gobierno sobre la aplicación del reglamento de pruebas individuales del sistema de seguro social público;

o)decisión del Gobierno relativa a los tipos de ingresos que no están sujetos al seguro social del Estado.

308.Según la Ley de protección social del inválido (N° 821-XII, de 24 de diciembre de 1991), los inválidos de la República de Moldova gozan de todos los derechos y libertades sociales, económicos y personales enunciados en la Declaración de los Derechos de los Impedidos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Constitución de la República de Moldova y en otros actos legislativos. La discriminación contra los inválidos está prohibida y penada por la ley.

309.Un inválido es una persona cuya actividad está limitada por un defecto físico o mental y que necesita asistencia y protección sociales. La limitación es una incapacidad total o parcial de atender al cuidado personal, buscar trabajo, comunicarse, controlar su conducta o trabajar. Una persona es inválida si los defectos son reconocidos por los órganos estatales autorizados (art. 2). Por protección social del inválido se entiende la creación por el Estado de las condiciones para el desarrollo individual y la realización de las capacidades, derechos y libertades del inválido sobre la base de la igualdad con los demás ciudadanos. La protección social del inválido está incluida en los programas nacionales y locales de desarrollo socioeconómico y confirmada en leyes y decisiones. El Estado fija un seguro suplementario para los inválidos a fin de proteger sus derechos e intereses (art. 3).

310.Conforme al capítulo 2 de esta Ley, el Estado establece condiciones para que los inválidos tengan acceso libre a la infraestructura social. Los órganos de la administración central y las instituciones de autogobierno locales, las unidades industriales, las instituciones y las organizaciones crean condiciones para el acceso de los inválidos (incluso los que usan sillas de ruedas) a las casas, los edificios, los edificios públicos y los lugares de trabajo, el uso gratuito por los inválidos del transporte público y los medios de comunicaciones, telecomunicaciones e información y la orientación y la libertad de circulación de los inválidos. En el diseño y la construcción de centros públicos y distritos residenciales, en la elaboración de proyectos, en la construcción y reconstrucción de instalaciones, complejos y comunicaciones y también en la elaboración de medios de transporte, telecomunicaciones e información deben tenerse en cuenta el acceso de los inválidos y el uso por los inválidos. Los medios de transporte, telecomunicaciones e información y otros elementos de la infraestructura social deben ser accesibles a los inválidos. Los órganos administrativos centrales o los órganos de la administración pública local, con la participación de representantes de las organizaciones públicas de inválidos, fijan estas condiciones. Si los elementos indicados no son accesibles, las empresas, instituciones y organizaciones deben elaborar y aplicar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de los inválidos.

311.Las viviendas de los inválidos y las de las familias que tienen por lo menos un inválido a su cargo deben estar equipadas con aparatos y medios especiales según el programa de rehabilitación individual. Los órganos de la administración pública y las empresas, las instituciones y las organizaciones locales en cuya jurisdicción esté la vivienda deben equiparla. Las casas particulares se equipan conforme a las disposiciones de los órganos autónomos locales y de los representantes de las organizaciones públicas de inválidos. Los órganos de la administración pública local y las empresas y las organizaciones locales ofrecen viviendas a los inválidos en vista de que éstos necesitan vivir cerca del lugar de trabajo, de sus parientes y de las instituciones de rehabilitación. Se ofrecen a los inválidos viviendas en la planta baja. También tienen derecho a cambiar de apartamento si el que tienen no está en la planta baja. Las viviendas que se ofrezcan a los inválidos deben respetar las normas técnico-sanitarias que requiera su salud.

312.Los inválidos de primero o segundo grado y también las familias con niños inválidos que necesiten mejora de las condiciones de vida tienen prioridad en la asignación de viviendas. El Estado asigna inversiones esenciales con este fin. Los inválidos tienen condiciones favorables para pagar los impuestos a la vivienda y los servicios. Los inválidos con ceguera de primero o segundo grado y los que tienen dificultades de locomoción tienen derecho a construir un garaje cerca de su casa.

313.Los órganos de la administración pública local tienen la obligación de facilitar el acceso de los inválidos a las instituciones culturales y a los centros deportivos. Conforme a la legislación, estos servicios son gratuitos o tienen precio rebajado para los inválidos.

314.Las empresas, las instituciones y las organizaciones tienen el derecho de asignar dinero para la construcción de edificios, la compra de equipo necesario para fines socioculturales, centros deportivos y su mantenimiento, la provisión de bienes y servicios y la compra de medios de transporte para inválidos. Se suministran todos los recursos técnicos y materiales a las organizaciones públicas de inválidos y a sus empresas, a las empresas del Estado y a las cooperativas que producen prótesis y aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y otros aparatos para inválidos. Además, la ley vigente también prevé la rehabilitación médica, ocupacional y social de los inválidos. Los órganos de la administración central y los de la administración pública local organizan los sistemas de rehabilitación médica, ocupacional y social y contribuyen a su estabilidad

y desarrollo. El sistema representa un conjunto de medidas destinadas a que el inválido recupere la capacidad de atender al cuidado personal y de practicar diferentes formas de actividad ocupacional que le permitan llevar una vida normal y aseguren la realización de su potencial.

315.Los órganos de la administración central y los órganos de la administración pública local financian y organizan la investigación científica, forman el personal médico y profesional, contribuyen a la rehabilitación social de los inválidos y ofrecen medidas para prevenir la invalidez.

316.La rehabilitación médica, profesional y social de los inválidos se hace según un programa de rehabilitación individual que empieza con un reconocimiento médico (reconocimiento médico de la capacidad de trabajar) a cargo de la administración estatal y la administración pública local y los representantes de las organizaciones públicas de inválidos. En el programa de rehabilitación individual se establecen el período de rehabilitación, los métodos médicos y las formas de asistencia social que se recomiendan al inválido. El programa de rehabilitación individual es un documento obligatorio de los órganos estatales y las empresas, instituciones y organizaciones competentes. Se ofrece a los inválidos atención médica calificada y gratuita en todas las instituciones médicas. Los inválidos tienen prioridad en las instituciones policlínicas, los centros médicos y las farmacias.

317.Los órganos de la administración central y los de la administración pública local tienen la obligación de crear centros de rehabilitación con muchos perfiles correspondientes a los diferentes grados de invalidez u ofrecer un tratamiento de rehabilitación completo y secciones de recuperación en instituciones curativas o preventivas. Para los inválidos que necesitan atención médica permanente se establecen residencias especiales con un complejo de servicio de rehabilitación y servicios de pensión social, centros de servicios sociales y oficinas de servicios sociales.

318.Los inválidos que viven en el territorio de la República de Moldova reciben prótesis y aparatos ortopédicos, medios especiales de locomoción, audífonos y dispositivos de señales, y dispositivos y aparatos individuales. Estos elementos se suministran gratis o a precio rebajado.

319.Los inválidos tienen el derecho de trabajar en empresas, instituciones y organizaciones en las condiciones de trabajo comunes en secciones y sectores que usan el trabajo de inválidos, y también el de ejercer una actividad individual o cualquier otra clase de trabajo no prohibida por la ley. Está prohibido negarse a dar trabajo o a ascender a una persona por ser inválida, o despedirla o trasladarla a otro trabajo sin su consentimiento. Se hacen excepciones cuando, según un examen médico-social, el estado de salud del inválido le impide cumplir sus obligaciones o es un peligro para otras personas. Está prohibido despedir a una persona que asiste a un curso de rehabilitación médica, profesional o social dentro de la institución, cualquiera que sea su antigüedad en la institución. Las condiciones de empleo de la persona que se ha vuelto inválida se determinan por decisión de la comisión de reconocimiento médico de la empresa, institución u organización en que la persona haya perdido parcialmente la capacidad de trabajar. Si no hay condiciones para que siga trabajando en la misma empresa, institución u organización, la emplea un servicio competente del Estado. El empleador debe dar una recomendación al inválido.

320.La administración pública local, en colaboración con las organizaciones públicas de inválidos, aprueba la lista de puestos y ocupaciones, adopta reglas para reservar puestos en empresas, instituciones y organizaciones (5% del número total de trabajadores) y establece empresas, secciones y sectores de trabajo especializado para inválidos. Los gastos de compra de equipo se hacen con cargo al Fondo de Desempleo. Las Bolsas de Trabajo, en colaboración con representantes de las organizaciones públicas de inválidos y los sindicatos, elaboran programas anuales de empleo de inválidos. La administración pública local presta la asistencia necesaria para comprar materias primas y amueblar habitaciones a las empresas que organizan el trabajo de inválidos en el hogar y para inválidos con actividades laborales individuales. Los empleadores que no reservan puestos para inválidos o que no desean emplear inválidos hacen aportaciones al Fondo de Desempleo. La cuantía de estas aportaciones es igual a un sueldo anual medio de un empleado de la empresa, institución u organización por cada puesto que no se crea en ella. Los empleadores están obligados a ofrecer puestos vacantes o a crear puestos nuevos para las personas que hayan perdido su capacidad de trabajo por accidente de trabajo o enfermedad profesional en la empresa. El empleador que no puede cumplir estas condiciones tiene que poner fin al contrato de trabajo con el trabajador y hacer aportaciones al Fondo de Desempleo. La cuantía de esta aportación es igual a 10 veces la remuneración anual del trabajador.

321.Para los inválidos de primero o segundo grado, la semana de trabajo es una semana de 30 horas. Las horas extraordinarias, el trabajo en días festivos y el trabajo nocturno se permiten sólo con el consentimiento del inválido y del médico. Los empleadores, de común acuerdo con los sindicatos, tienen derecho a reducir el trabajo de los inválidos. Las vacaciones anuales se han fijado en 36 días para las personas con invalidez de primer grado y en 28 días para las personas con invalidez de segundo grado. A petición del inválido, la administración le ofrece vacaciones suplementarias sin sueldo de hasta dos meses.

322.La asistencia social que se ofrece a los inválidos se determina en el capítulo 6 de la Ley de protección social de los inválidos (N° 821-XII, de 24 de diciembre de 1991). Se les ofrece asistencia social en forma de pagos monetarios (pensiones, prestaciones), medios técnicos o de otro tipo, sillas de ruedas, prótesis, aparatos ortopédicos, audífonos especiales y dispositivos de señales, y también asistencia médica y doméstica. Los inválidos reciben ayuda gratuita. La forma específica y el volumen de la asistencia social se establecen en el programa de rehabilitación individual. La asistencia social está a cargo de la administración pública local, los órganos de protección del trabajo y protección social y los órganos estatales de salud, educación, cultura, deportes y otros, y se basa en un examen médico-social. Los órganos administrativos centrales y la administración pública local fijan las siguientes condiciones favorables adicionales: descuentos del precio de los artículos de primera necesidad, asistentes médicos, transporte, telecomunicaciones y otros tipos de servicios sociales. La asistencia social se paga con cargo al presupuesto nacional y al presupuesto local, y también con aportaciones voluntarias de empresas, instituciones, organizaciones y ciudadanos. Las empresas, instituciones y organizaciones que contribuyen a la asistencia social de los inválidos reciben trato impositivo favorable.

323.Las empresas, instituciones y organizaciones tienen el derecho de mejorar las condiciones de vida de los inválidos:

a)fijando suplementos a las pensiones del Estado teniendo en cuenta la contribución del trabajador y el tiempo total de servicio ininterrumpido;

b)aumentando las pensiones de los inválidos que viven solos y necesitan la asistencia de otras personas;

c)fijando condiciones favorables para pagar el alquiler y mantener a los niños en instituciones educativas preescolares;

d)pagando parcial o totalmente el alquiler, los servicios y los medios de locomoción individual;

e)depositando acciones de participación en la construcción cooperativa de casas con jardines y garajes cercanos;

f)pagando los billetes de viaje en toda clase de transporte público y para la visita a instituciones culturales;

g)organizando comidas gratuitas;

h)ofreciendo otros tipos de asistencia.

324.Las empresas, instituciones y organizaciones tienen la obligación de ofrecer a los inválidos condiciones favorables para su recuperación en los centros deportivos, instituciones educativas, centros de vacaciones y balnearios que estén bajo su jurisdicción. Las personas con invalidez de primero o segundo grado, los niños inválidos y las personas que cuidan un inválido con invalidez de primero o segundo grado o un niño inválido reciben prestaciones para el transporte urbano, suburbano e interurbano (excluidos los taxis).

325.El Ministerio de Transporte y Comunicaciones fija las condiciones necesarias para establecer medios especiales de telecomunicaciones, para crear centros telefónicos para inválidos y para aportar aparatos telefónicos especiales a las personas con deficiencia auditiva. Los ciegos con invalidez de primero o segundo grado tienen prioridad en la obtención de líneas telefónicas, incluso líneas especiales, en las condiciones fijadas por la ley. Los inválidos que necesitan ayuda tienen derecho a asistencia médica y ayuda en el hogar o en una institución. Los órganos administrativos centrales y la administración pública local contribuyen al desarrollo de una red de instituciones de asistencia social para los inválidos que necesitan la ayuda de otras personas. Se han tomado medidas de protección social de los inválidos conforme a la decisión del Gobierno Nº 687, de 23 de diciembre de 1992, sobre medidas de protección social para los inválidos que necesitan la ayuda de otras personas.

Cuadro 27

Programa de protección social de los inválidos

Medidas proyectadas	Organismo de ejecución	Período de ejecución
1. Reducción de los pagos de alquiler, agua corriente, obras sanitarias, calefacción, recogida de basura, electricidad y gas, como sigue: para las familias con un inválido de primer grado o un hijo inválido, 50%, y para aquéllas con un inválido de segundo grado, 25%. Las familias compuestas sólo de inválidos y menores deben estar completamente exentas de esos pagos. Para las familias que tienen varios inválidos, los pagos se reducen en proporción con el grado de invalidez de cada miembro.	Ministerio de Finanzas, Ministerio de Servicios Comunales y Fondo de Vivienda	Desde el momento de la adopción de la decisión
Cuadro 27 (continuación) Programa de protección social de los inválidos
Medidas proyectadas	Organismo de ejecución	Período de ejecución
2. Uso de todos los edificios e instituciones deportivos y culturales por los inválidos	Ministerio de Juventud, Deporte y Turismo, organizaciones de inválidos	Hasta el 1º de diciembre de 1992
3. Organización del tratamiento de todos los que padecen enfermedades de la columna vertebral en el balneario de Sergheevca	Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Protección Social junto con la Federación de Sindicatos Independientes de Moldova	Permanente
4. Programas de capacitación para sordos y para ciegos según el funcionamiento del idioma oficial en la República de Moldova, formación profesional y cursos de repaso	Ministerio de Ciencia y Educación, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, organizaciones de inválidos	Primer semestre de 1993
5. Incluir una lista de artículos y una nomenclatura en la legislación que prevea el empleo máximo y la rehabilitación de los inválidos	Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo y Protección Social	Primer semestre de 1993
6. Las organizaciones autónomas locales, las empresas y las organizaciones de inválidos ayudarán a los padres que cuidan un hijo inválido a conseguir un empleo de la lista de puestos reservados para los inválidos	Órganos autónomos locales, organizaciones de inválidos	Permanente
7. El programa de medidas para crear acceso libre de los inválidos a la infraestructura social se elabora conforme a lo dispuesto en la ley mencionada. Reforma de los documentos de proyecto y estimación (1992), de manera que las viviendas se construyan conforme a la legislación de protección del inválido. Los planos deben modificarse conforme a la ley.	Ministerio de Arquitectura y Construcción Ministerios y departamentos: beneficiarios, organizaciones de diseño, autores de proyectos, Ministerio de Arquitectura y Construcción	Primer semestre de 1993 Hasta el fin de 1992 y permanente
8. Introducción de las modificaciones necesarias en las “Reglas sobre beneficios necesarios”, “Reglas para la red telefónica urbana y rural” y también en las “Tarifas de los servicios de telecomunicaciones” conforme a ley mencionada.	Ministerio de Informática, Información y Telecomunicaciones	15 de octubre de 1992

326.Una decisión del Gobierno estableció el consejo interdepartamental para resolver los problemas de los inválidos bajo la égida del Gobierno (en adelante llamado “el Consejo”). El Consejo es un órgano consultivo establecido para elaborar y promover la política, los programas, los planes y las medidas del Estado para la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos y también para asegurar derechos y libertades constitucionales iguales a los inválidos y a otros ciudadanos de la República de Moldova. El Consejo tiene la obligación de facilitar la adopción de medidas eficaces para resolver los problemas de los inválidos, ejecutar programas para la protección de los inválidos y armonizar las actividades de los principales órganos estatales, asociaciones, fondos públicos, otras organizaciones y ciudadanos en esta materia.

327.El Consejo investiga y adopta decisiones sobre:

a)la determinación de las causas de invalidez y las medidas preventivas;

b)el aumento de la eficiencia de la rehabilitación médica, profesional y social de los inválidos;

c)el acceso libre de los inválidos a los servicios de la infraestructura social;

d)la mejora de la educación preescolar y básica para los inválidos;

e)la diversificación del seguro material y los servicios sociales para los inválidos;

f)la creación de condiciones para realizar el derecho de los inválidos al trabajo mediante el empleo;

g)la provisión de condiciones adecuadas de trabajo y descanso para los inválidos mediante la creación de condiciones para la práctica de deportes y el aprovechamiento de manifestaciones culturales nacionales e internacionales;

h)la rehabilitación y la profilaxis;

i)la colaboración interestatal en materia de invalidez e inválidos;

j)otros asuntos de política social relacionados con los inválidos.

328.El Consejo está autorizado para:

a)examinar la legislación relativa a los asuntos tratados en la Ley de protección social de los inválidos;

b)coordinar las medidas de las organizaciones públicas de inválidos para elaborar y adoptar decisiones en favor de los inválidos.

329.El Consejo tiene derecho a:

a)presentar propuestas sobre la suspensión de los reglamentos de ministerios y departamentos que infrinjan lo dispuesto en la legislación vigente y, si es necesario, proponer enfoques vigorosos sobre estos asuntos al Gobierno;

b)examinar la información sobre asuntos de inválidos recibida de jefes de ministerios y departamentos y de los organismos autónomos locales;

c)hacer participar a los ministerios y departamentos, las asociaciones, las empresas y las instituciones en la adopción de decisiones sobre asuntos de su competencia.

330.El reglamento sobre la forma de inscribir a los desempleados, de colaborar con ellos y de ofrecerles una prestación por desempleo fue aprobado por la decisión del Gobierno Nº 995, de 25 de septiembre de 1998, sobre la protección social y la reintegración profesional de los desempleados. El reglamento fija un modo único de inscripción de los desempleados, de colaborar con ellos y de ofrecerles una prestación por desempleo para todo el territorio de la República de Moldova conforme a la Ley de empleo (Nº 868-XII, de 21 de enero de 1992).

331.Según el reglamento, las personas económicamente activas (incluidos los inválidos de tercer grado) que no tienen empleo adecuado a sus calificaciones ni un ingreso legal y están inscritos en las Bolsas de Trabajo son considerados desempleados. El Estado les garantiza el derecho a la protección social. Para ser reconocido como desempleado es condición obligatoria presentar una solicitud a las Bolsas de Trabajo. La prestación por desempleo se paga con cargo al Fondo de Desempleo, que se financia con el presupuesto del seguro social estatal.

332.El modo de inscribir a los desempleados y de colaborar con ellos se estipula en el capítulo 2 del citado reglamento como sigue: “todo ciudadano que desee empleo tiene derecho a presentar una solicitud a las Bolsas de Trabajo, sin distinción de ningún tipo, sea de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión política o de otra índole, propiedad, origen social, educación o profesión”.

333.Los desempleados se inscriben en el registro principal indicando sus detalles personales en un formulario normal. Cada desempleado queda inscrito en el registro bajo un número que corresponde al número de su expediente personal. Las Bolsas de Trabajo guardan por separado las solicitudes de las personas que no pueden tener la condición de desempleado (los menores de 16 años, los inválidos de primero y segundo grado, los pensionados, etc.) y les ofrecen la ayuda necesaria para conseguir empleo. La condición de desempleado se concede a las personas que entran en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 878-XII una vez que se han inscrito.

334.La forma de ofrecer una prestación de desempleo se fija en el artículo 3 del reglamento. Los desempleados que no pueden trabajar porque no hay empleo disponible tienen el derecho a una prestación de desempleo estipulado en la Ley Nº 878-XII. Para confirmar este derecho tienen que presentar la documentación necesaria. El derecho y las condiciones de la prestación de desempleo se enuncian en los artículos 15 y 18 de la citada ley.

335.La prestación de desempleo se paga a los ciudadanos que se ajustan a lo dispuesto en la Ley de empleo (Nº 878-XII, de 21 de enero de 1991). El derecho a la prestación de desempleo se concede ocho días después de la inscripción en las Bolsas de Trabajo, si la inscripción se certifica con la documentación necesaria. El mismo derecho se concede a otras categorías de desempleados después de diferentes períodos:

a)tres meses después del despido: las personas despedidas por una unidad económica;

b)60 días después de la graduación: los graduados de una institución educativa;

c)30 días después del retiro: las personas retiradas del servicio militar o de un servicio alternativo.

336.El Gobierno fija la forma de pago de la prestación de desempleo. Las siguientes personas tienen derecho a recibir la prestación de desempleo:

a)los graduados que han cumplido 18 años y no tienen una fuente de ingresos igual al salario mínimo nacional y no han podido encontrar un empleo que corresponda a su formación profesional dentro de los 60 días siguientes a la graduación;

b)las personas retiradas del servicio militar o de un servicio alternativo que no han podido encontrar empleo dentro de los 30 días siguientes al retiro;

c)las personas cuyo contrato de trabajo se ha rescindido a causa de cambios de las condiciones de producción o de trabajo, incluso el cierre, la reorganización o el reajuste de la empresa, institución u organización, o la redundancia del personal;

d)las personas que han sido despedidas ilegalmente y no pueden recuperar su puesto;

e)las personas cuyo contrato de trabajo se ha rescindido por calificación insuficiente o por razones de salud;

f)las personas cuyo contrato de trabajo se ha rescindido por iniciativa propia, en las siguientes condiciones:

i)cuando el cónyuge ha sido trasladado a otra localidad;

ii)cuando su estado de salud no les permite trabajar;

iii)cuando cuidan a un familiar que es inválido de primer grado o hijo inválido (hasta los 16 años) o anciano (75 años o más);

iv)cuando la empresa se ha trasladado a otra localidad;

g)las personas que han trabajado por contrato de plazo fijo y que han terminado la actividad en el plazo fijado en el contrato;

h)las personas que han salido de instituciones de detención o de rehabilitación social;

i)las mujeres que han interrumpido su trabajo para cuidar un hijo hasta los 14 años.

337.Las personas mencionadas en los apartados a), b) y h) tienen derecho a la prestación de desempleo si se han inscrito en las Bolsas de Trabajo dentro de los 90 días siguientes a la graduación, retiro o puesta en libertad; las mencionadas en los apartados c), e) y g) deben tener por lo menos seis meses de antigüedad pagados en los 12 meses anteriores a la inscripción en las Bolsas de Trabajo (art. 15).

338.El artículo 15 de la citada ley dispone que no recibirán la prestación de desempleo las personas que:

a)han llegado a la edad de jubilación y conforme a la legislación vigente no tienen derecho a una pensión;

b)rechazan sin buenas razones dos empleos adecuados o dos recomendaciones de las Bolsas de Trabajo de que asistan a un curso de capacitación o de repaso (art. 16).

339.La prestación de desempleo se concede después que se determina el derecho a la prestación. Se paga por un período de nueve meses (de seis meses a las personas que buscan empleo por primera vez). La prestación se paga mensualmente en las Bolsas de Trabajo sobre la base de la tarjeta de identidad y la tarjeta de trabajo. La prestación se paga durante el período en que la persona busca trabajo y asiste a un curso de capacitación. La prestación de desempleo es una prestación fija y se paga a solicitud de los desempleados que ejercen ese derecho conforme a la citada ley.

340.En caso de enfermedad, los desempleados reciben la prestación de desempleo sobre la base de un certificado médico. La cuantía de la indemnización por incapacidad temporal es la cuantía de la prestación de desempleo. La indemnización respectiva no debe exceder los 30 días de todo el período pagado de prestación de desempleo. La prestación de maternidad y parto se concede por un período de 126 días (140 días en caso de parto complicado o nacimiento de más de dos hijos), a partir de la trigésima semana de gestación, sobre la base de un certificado médico. El período de la prestación de desempleo se incluye en el cálculo del tiempo de servicio. La prestación de desempleo se paga por nueve meses de un período de 20 meses (art. 17).

341.La cuantía de la prestación de desempleo y las condiciones para concederla se determinan en el artículo 18 de la ley. La prestación puede tener las siguientes cuantías:

a)1,5 veces el salario mínimo es la prestación para los graduados de la escuela secundaria, incluidas las escuelas de internado para huérfanos, y los graduados de las escuelas profesionales y las personas que han salido de instituciones de detención o de rehabilitación social;

b)dos veces el salario mínimo se paga a los graduados de instituciones de educación superior, a los retirados del servicio militar y el servicio alternativo, a las mujeres que han interrumpido el trabajo para cuidar un hijo hasta los 14 años y a las personas con invalidez de tercer grado que han tenido antes invalidez de segundo grado;

c)50% del salario nacional medio del año anterior es la prestación de desempleo para las personas que tienen un tiempo de servicio de hasta 10 años;

d)55% del salario nacional medio del año anterior se paga a otras categorías de desempleados que tienen un tiempo de servicio entre 10 y 15 años;

e)60% del salario nacional medio del año anterior se paga a las personas que tienen un tiempo de servicio de 15 años por lo menos.

La cuantía de la prestación de desempleo se aumenta 15% cada tres meses del período en que se paga.

342.Los graduados de instituciones educativas y los retirados del servicio militar o del servicio alternativo tienen derecho a la prestación de desempleo si han estado inscritos en las Bolsas de Trabajo durante seis meses después de la graduación o el retiro. Los graduados de instituciones educativas tienen derecho a la prestación de desempleo después de la edad de 18 años. Si uno de los padres ha muerto, tienen derecho a recibirla a los 17 años. Los desempleados que cuidan uno o dos hijos menores de 16 años se benefician de un aumento de 10% de la prestación de desempleo. Los que cuidan tres o más hijos de edad parecida se benefician de un aumento de 20%.

343.La cesación, la suspensión y la reducción de la prestación de desempleo se determinan en el artículo 19 de la ley. El pago de la prestación cesa cuando el desempleado es retirado del Registro en los siguientes casos:

a)empleo;

b)fijación de una pensión conforme a la legislación vigente;

c)cambio de residencia a otra localidad;

d)prisión o tratamiento forzoso conforme a una decisión judicial;

e)obtención o intento de obtención de la prestación de desempleo con engaño;

f)ausencia injustificada (más de dos meses) de las Bolsas de Trabajo.

344.El pago de la prestación de desempleo cesa en los siguientes casos:

a)interrupción voluntaria de la capacitación profesional;

b)expulsión de una institución educativa por un acto punible;

c)desaprobación en un examen sin razón aceptable.

345.El pago de la prestación de desempleo se suspende hasta tres meses en caso de negativa injustificada a aceptar un contrato de trabajo o a asistir a la capacitación profesional o de infracción de las condiciones y los períodos de asistencia a las Bolsas de Trabajo. El período de suspensión de la prestación se incluye en el período total de pago.

346.No se paga la prestación de desempleo en los períodos de:

a)incapacidad temporal superior a 30 días durante el pago de la prestación de desempleo;

b)participación del desempleado en instrucción militar, incluso actos relacionados con la información para el servicio militar y el cumplimiento de obligaciones estatales;

c)prisión preventiva conforme a la legislación vigente.

Estos períodos no se incluyen en el período de pago de la prestación y posponen el fin del período de pago.

347.La cuantía de la prestación de desempleo puede reducirse 25% por un período de hasta un mes en los siguientes casos:

a)ausencia injustificada de tres días desde el día en que las Bolsas de Trabajo envían al interesado a entrevistas;

b)negativa injustificada a presentarse en las Bolsas de Trabajo para obtener exención de la asignación de empleos (capacitación);

c)asistencia irregular y aprendizaje insatisfactorio de las disciplinas de los cursos de capacitación profesional.

348.La decisión de terminar, suspender o reducir la prestación de desempleo es función de las Bolsas de Trabajo, que deben notificarla al desempleado.

349.Las mujeres que, al fin del período de cuidado de un hijo, presentan una solicitud a las Bolsas de Trabajo y cuyo empleo es temporalmente imposible se benefician del derecho a la prestación de desempleo cuando el hijo tiene entre un año y medio y 14 años. Esta categoría incluye:

a)las mujeres que no han sido empleadas desde el parto hasta la fecha de la inscripción en las Bolsas de Trabajo;

b)las mujeres que han interrumpido su trabajo para cuidar un hijo hasta los 14 años y lo prueban con un certificado.

350.Si se inscriben repetidamente en las Bolsas de Trabajo, esas personas pueden recibir la prestación de desempleo al fin de un período de 20 meses después del comienzo del pago anterior de la prestación de desempleo. El artículo 18 de la Ley Nº 878-XII garantiza la prestación de desempleo. La cuantía de la prestación depende del salario mínimo y aumenta sólo si aumenta el salario mínimo. La cuantía de la prestación de desempleo no puede ser inferior al salario mínimo.

351.El capítulo 4 de la ley establece la forma de conceder asistencia material. Si el período de la prestación de desempleo fijado por la ley expira y la persona no ha podido conseguir empleo, la persona tiene derecho a indemnización material con cargo al presupuesto local. La indemnización material puede hacerse:

a)en dinero: indemnizaciones y condiciones ventajosas de pago de alquileres, servicios comunales, transporte público, compra de medicamentos, etc.;

b)en especie: provisión de combustible (leña y carbón), ropa, comidas gratuitas en comedores especiales o provisión de bonos para comidas en comedores públicos.

Las autoridades públicas locales fijan la forma de distribución y la cuantía de la asistencia material.

352.Si el desempleado muere, sus familiares reciben una indemnización material fijada por la Ley de funerales, que se paga con cargo al Fondo de Desempleo. Esta indemnización se paga contra la presentación del certificado de defunción. La indemnización se ofrece a los parientes sobre la base de documentos que justifiquen el gasto y, en casos excepcionales, incluso si faltan esos documentos, a otras personas que tengan una tarjeta de identidad.

353.La incoherencia y el aplazamiento de las reformas económicas han producido desempleo de larga duración y agravado la pobreza. No puede haber desarrollo sin una participación suficiente y productiva de la población. La falta de participación equivale a la pérdida de recursos humanos y tiene efectos graves en el desarrollo social y económico, la cohesión social y la prosperidad de la población. El desempleo ha adquirido dimensiones alarmantes. Al fin de 1991 había sólo 78 desempleados inscritos, pero el número había subido a 15.000 en 1994, y al fin de 2001 las Bolsas de Trabajo tenían inscritas 28.900 personas para 1.884 vacantes (6,5%).

354.La República de Moldova afronta un desempleo estructural típico de los países no desarrollados, cuando el sector productivo no es capaz de crear empleo suficiente. Cada dos o tres años, el Estado elabora programas de empleo, pero estos programas son irrealizables, por falta de medidas y mecanismos de fomento del crecimiento económico. Los principios según los cuales las personas pueden ser despedidas son imperfectos. Los más afectados son los jóvenes que quieren trabajar pero no pueden y los empleados despedidos antes de la edad de jubilación. También deben tenerse en cuenta las formas ocultas de desempleo, como los despidos forzosos, el empleo a tiempo parcial, etc. Un elemento esencial de la política de empleo es la reducción del empleo ilegal (unas 600.000 personas trabajan ilegalmente). Esto puede lograrse sancionando la Ley de inspección del trabajo y también reduciendo los impuestos sobre los ingresos.

355.La pobreza afecta a la mayoría de la población de la República de Moldova. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza (1998) dice que no hay otra solución eficiente y honorable para la dignidad humana que la participación progresiva de la población en el mercado de trabajo. Ésta debe ser la primera tarea del Estado. Los cálculos preliminares de la Estrategia Nacional prevén los siguientes cambios: los cambios a corto plazo eliminarán la pobreza extrema; los cambios a mediano plazo pondrán fin al proceso de empobrecimiento; y los cambios a largo plazo reducirán la pobreza hasta producir condiciones económicas, sociales y políticas aceptables.

356.El Gobierno de la República de Moldova indica que la actividad de protección del trabajo entre 1993 y 1995 se organizó y desarrolló conforme al Programa Estatal de Mejora de la Protección del Trabajo en la Economía Nacional entre 1993 y 1995, aprobado por la decisión del Gobierno Nº 322, de 1º de junio de 1993. Con arreglo al Programa, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, junto con otros ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos, creó un mecanismo para aplicar las disposiciones de la Ley de protección del trabajo, para lo cual elaboró una serie de reglamentos.

357.A fin de supervisar la aplicación de la legislación de protección del trabajo, se han establecido inspectorías del Estado. Entre 1993 y 1995, los inspectores del Estado hicieron 4.691 inspecciones en diferentes unidades económicas y observaron la forma en que se aplicaban los reglamentos. Como resultado de estas inspecciones, se evitaron 106.233 accidentes de trabajo interrumpiendo o poniendo fin a desviaciones técnicas en 257 talleres, se paró la actividad de 11.711 elementos de equipo, máquinas e instalaciones que creaban un peligro, se investigaron 444 accidentes mortales y se investigaron casos de invalidez relacionados con el trabajo presentados a la fiscalía.

358.Se creó un centro para la formación de personal administrativo. Las unidades económicas procuraron mejorar las condiciones y la seguridad de los empleados. El Estado gastó 23.875.500 lei en la mejora de los métodos de protección del trabajo en 1995. Sin embargo, la situación de la protección del trabajo sigue siendo alarmante. Es un hecho que los ministerios, los departamentos y la administración pública local no dan prioridad a la protección del trabajo. Los ministerios y departamentos prestan atención insuficiente a la elaboración de reglamentos de protección del trabajo, al desarrollo y la orientación de organizaciones de protección del trabajo, a la creación de fondos especiales para la solución de casos de protección del trabajo y a la formación de los administradores de diferentes tipos de organizaciones. Además, algunos ministerios, departamentos, comités ejecutivos de distrito y concejos infringen las disposiciones legislativas vigentes concediendo permisos para ciertas actividades que no han obtenido un certificado de protección del trabajo de los inspectores del Estado, con lo cual muchas empresas que desarrollan diferentes actividades usan procesos técnicos defectuosos y zonas de producción, equipo, máquinas e instalaciones antiguos que no se ajustan a los requisitos de salubridad y seguridad del trabajo.

359.En 1995 se registraron 1.946 accidentes de trabajo, incluso 74 accidentes mortales, y el número total de casos de incapacidad temporal entre los trabajadores lesionados fue 68.953 (el número medio de empleados era 1.264.575). La mayoría de los accidentes de trabajo eran de carácter organizativo: para prevenirlos no se necesitan gastos considerables.

360.El año pasado la proporción de los empleados que trabajan en condiciones que no se ajustan a las normas higiénicas y sanitarias fue 15,3% en el comercio y la alimentación, 15% en la industria, 12,3% en el transporte, 6,7% en la construcción y 5,1% en las telecomunicaciones. Las condiciones laborales desfavorables causaron enfermedad profesional a 56 personas. Como consecuencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, unas 140 personas quedaron inválidas.

361.En vista de lo que precede y de la necesidad de seguir mejorando la protección del trabajo, el Gobierno de la República de Moldova aprobó, por la decisión Nº 451, de 13 de agosto de 1996, el Programa para la Protección del Trabajo en la Economía Nacional para 1996 y 1997. Las siguientes tareas deben ser cumplidas por:

a)los ministerios y departamentos:

i)fijar las líneas principales de la actividad de protección del trabajo en las empresas, instituciones y organizaciones subordinadas;

ii)preparar programas y planes anuales de protección del trabajo y tomar medidas para reunir dinero para fondos especiales de protección del trabajo;

iii)emitir los reglamentos de protección del trabajo necesarios para el desarrollo de las respectivas actividades;

iv)organizar cursos de formación y examinar al personal directivo de las empresas, instituciones y organizaciones subordinadas;

v)consolidar los servicios de los departamentos de protección del trabajo;

vi)desarrollar actividades metodológicas y vigilar la actividad de protección del trabajo en las empresas, instituciones y organizaciones subordinadas y tomar las medidas necesarias para hacer respetar la legislación de protección del trabajo vigente;

vii)examinar la actividad de las empresas, instituciones y organizaciones subordinadas con respecto a la creación de condiciones de trabajo salubres y favorables;

b)las autoridades de la administración pública local:

i)tomar medidas para garantizar la protección del trabajo en su territorio;

ii)examinar sistemáticamente los problemas relacionados con la legislación de protección del trabajo;

iii)preparar anualmente planes de medidas de protección del trabajo y tomar medidas para formar fondos especiales y aplicar medidas de protección del trabajo;

c)los jefes de empresas, instituciones y organizaciones:

i)pedir permisos a las inspectorías del Estado territoriales para el funcionamiento de unidades económicas;

ii)establecer las estructuras organizativas de protección del trabajo y las funciones y obligaciones de todos los elementos de estas estructuras;

iii)promover la política de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

iv)elaborar y ejecutar un plan anual de protección del trabajo y crear y reunir dinero para fondos especiales de protección del trabajo;

v)elaborar instrucciones de protección del trabajo conforme a las normas generales y a las normas especiales;

vi)informar a cada empleado de los riesgos a que está expuesto en el lugar de trabajo y de las medidas necesarias para prevenirlos;

vii)capacitar, examinar y dar cursos de repaso en protección del trabajo a los empleadores y a los administradores de empresas;

viii)tomar medidas para que todos los empleados conozcan y respeten los reglamentos;

ix)hacer reconocimientos médicos de los empleados y emplear sólo personas cuyas calificaciones correspondan al trabajo que van a hacer;

x)llevar un registro de los lugares de trabajo que tengan condiciones muy peligrosas y desfavorables y de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;

xi)proveer equipo individual conforme a las normas actuales;

xii)asegurar el funcionamiento permanente y correcto de los sistemas y aparatos de protección y medir y controlar los aparatos y las instalaciones para la recogida, prevención y neutralización de las sustancias peligrosas que se emitan durante los procesos técnicos.

Cuadro 28

Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997

Medidas para promover la política estatal y controlar el ámbito de la protección del trabajo	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
1. Preparar la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y ratificarlos:	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (Nº 129)		Tercer trimestre de 1996
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (Nº 155)		Segundo trimestre de 1997
2. Elaborar y mejorar los reglamentos de protección del trabajo y los reglamentos de comunicaciones, investigaciones, notificación y pruebas de los accidentes de trabajo	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia junto con la Confederación Nacional de Empleadores y el Consejo de la Federación General de Sindicatos	Tercer trimestre de 1996
Cuadro 28 (continuación) Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997
Medidas para promover la política estatal y controlar el ámbito de la protección del trabajo	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
Elaborar un modelo de reglamento para la organización y el funcionamiento del comité de seguridad e higiene del trabajo en las unidades económicas	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud junto con la Confederación Nacional de Empleadores y el Consejo de la Federación General de Sindicatos	Tercer trimestre de 1997
3. Optimación de la protección del trabajo:
a) elaborar y adoptar planes anuales de medidas de protección del trabajo que se aplicarán con cargo a los fondos especiales de protección del trabajo;	Ministerios, departamentos, órganos de la administración pública local, todas las formas de empresas, 1996-1997	1997
b) certificar lugares de trabajo en todos los tipos de unidades económicas a fin de eliminar las condiciones de trabajo nocivas y difíciles conforme a la decisión del Gobierno Nº 168, de 5 de abril de 1993;	Ministerios, departamentos, órganos de la administración pública local, todas las formas de empresas
c) elaborar la base técnica material para el control de las condiciones de trabajo;	Ministerios, departamentos, unidades económicas y de protección del trabajo
d) elaborar la base técnica material de las inspectorías del Estado para la protección del trabajo;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Finanzas	1996-1997
e) mejorar la forma de los informes estadísticos en materia de protección del trabajo;	Departamento de Estadísticas; Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia junto con la Federación General de Sindicatos	Segundo trimestre de 1997
Cuadro 28 (continuación) Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997
Medidas para promover la política estatal y controlar el ámbito de la protección del trabajo	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
f) estudiar la práctica internacional de aplicación de las disposiciones de protección del trabajo sobre la base de los factores de riesgo y aplicarlas en la economía nacional de la República de Moldova;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud	Segundo trimestre de 1997
g) analizar las causas organizativas y técnicas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y adoptar medidas para prevenirlos;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud	1996-1997
h) estudiar los problemas relacionados con la protección del trabajo en la agricultura y prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los agricultores;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud; Unión de Agrarios de la República de Moldova	1996-1997
i) estudiar la experiencia internacional sobre la necesidad de establecer un órgano consultivo nacional que examine los problemas de protección del trabajo y presente sugerencias a los departamentos;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia junto con la Confederación Nacional de Empleadores y el Consejo de la Federación General de Sindicatos	1996-1997
j) elaborar un modelo para evaluar las condiciones de trabajo y la protección del trabajo y las situaciones que producen accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y para elaborar indicadores para medir la actividad de mejora de la protección del trabajo en las unidades económicas;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud junto con la Confederación Nacional de Empleadores y el Consejo de la Federación General de Sindicatos	1996-1997
k) mejorar la reunión de datos y el análisis electrónico de los accidentes de trabajo.	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	1996-1997
Cuadro 28 (continuación) Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997
Medidas para promover la política estatal y controlar el ámbito de la protección del trabajo	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
4. Cursos de capacitación y de repaso para el personal:	Academia de Administración Pública	1996-1997
a) capacitar a los jefes de los órganos de administración pública del Estado en el campo de la protección del trabajo bajo la égida del Gobierno	Ministerios, departamentos	1996-1997
b) establecer un sistema de capacitación en:	Ministerios, departamentos	1996-1997
- protección del trabajo
- elaboración de programas de capacitación;
- uso de medios técnicos de capacitación y examen;	Ministerios, departamentos, unidades económicas	1996-1997
- organización y equipamiento de las oficinas de distrito, urbanas y rurales de protección del trabajo y de las oficinas de distrito, urbanas y móviles de publicidad de la protección del trabajo	Comités ejecutivos de distrito, concejos de ciudades y pueblos	1996-1997
5. Información y publicidad de la protección del trabajo:
a) difundir información sobre la situación de la protección del trabajo en la economía nacional;	Ministerios, departamentos, órganos de administración pública locales	1996-1997
b) estudiar y publicar artículos sobre protección del trabajo;	Ministerios, departamentos, órganos de administración pública locales	1996-1997
c) colaborar con centros internacionales de información sobre seguridad e higiene del trabajo bajo la égida de la Organización Internacional del Trabajo.	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	1996-1997
Cuadro 28 (continuación) Programa estatal de protección del trabajo, 1996-1997
Medidas para promover la política estatal y controlar el ámbito de la protección del trabajo	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
6. Colaboración:	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997
a) consulta mutua en la elaboración de reglamentos de protección del trabajo;	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997
b) organización y aplicación conjunta del control de las actividades de protección del trabajo de las unidades económicas;	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997
c) capacitación de directores de protección del trabajo dentro de los sindicatos y las empresas;	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997
d) organización de seminarios, conferencias, etc. sobre problemas de protección del trabajo;	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997
e) apoyar en toda forma a las organizaciones laborales, a las inspectorías estatales y técnicas y a los sindicatos en su actividad de protección del trabajo.	Ministerios, departamentos, asociaciones de empleadores y sindicatos	1996-1997

362.Para promover una política dinámica y coherente de creación de condiciones normales para los empleados y prevención de los accidentes de trabajo, el Gobierno aprobó el Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo (1998-2001) (decisión Nº 793, de 15 de julio de 1998).

Cuadro 29

Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo, 1999-2001

Medidas sugeridas	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
1. Preparar la ratificación del Protocolo de 1995 del Convenio de la OIT sobre la inspección del trabajo, 1947, y ratificarlo.	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	2000
2. Elaborar y mejorar los reglamentos de protección del trabajo
a) elaborar reglamentos sobre:
- la ejecución del control interno de la actividad de protección del trabajo en todas las empresas;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	Primer trimestre de 1999
- la organización y ejecución de reconocimientos médicos obligatorios de los empleados en el momento de la contratación y de reconocimientos periódicos de los empleados que trabajan en condiciones perjudiciales y peligrosas;	Ministerio de Salud	Cuarto trimestre de 1999
- la nutrición curativa o preventiva;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	Segundo semestre de 1999
- la lista de las sustancias químicas recomendadas para la nutrición curativa o preventiva;	Ministerio de Salud	Segundo semestre de 1999
b) elaborar reglamentos departamentales sobre:
- la higiene y seguridad del trabajo en el mantenimiento y reparación de caminos;	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	1998-2001
- la higiene y seguridad del trabajo en las empresas de transporte;	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	1998-2001
- la higiene y seguridad del trabajo en correos y telecomunicaciones;	Ministerio de Transporte y Comunicaciones	1998-2001
Cuadro 29 (continuación) Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo, 1999-2001
Medidas sugeridas	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
- higiene y seguridad del trabajo en la explotación forestal y en los sectores ganadero y fitotécnico;	Asociación Estatal de Silvicultura Moldsilva, Ministerio de Agricultura e Industria	1998-2001
- higiene y seguridad del trabajo en la construcción y la extracción y producción de materiales de construcción;	Ministerio de Ordenación del Territorio, Construcción y Servicios Comunales	1998-2001
- protección del trabajo en las actividades aduaneras.	Ministerio de Finanzas	1998-2001
3. Optimación de la protección del trabajo:
a) mejorar las actividades del sistema de protección del trabajo según las disposiciones de los convenios de la OIT:	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	1998-2001
- (N° 81) sobre inspección del trabajo en la industria y el comercio;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	1998-2001
- (N° 129) sobre la inspección del trabajo en la agricultura;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia	1998-2001
b) crear el cargo de especialista en protección del trabajo en los concejos;	Autoridades de la administración pública local de aldea	1998-2001
c) elaborar proyectos de ley sobre medidas de protección del trabajo;	Autoridades de la administración pública local y central; actores económicos	1998-2001
Cuadro 29 (continuación) Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo, 1999-2001
Medidas sugeridas	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
d) organizar la base técnica y material de las inspectorías estatales locales de la protección del trabajo;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, Ministerio de Finanzas	1998-2001
e) consultar publicaciones mundiales especializadas para adoptar reglamentos sobre:
- la higiene y seguridad del trabajo mediante el uso de técnicas de cálculo con terminales de vídeo;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, Ministerio de Salud	1998-2001
- la previsión de las enfermedades profesionales y medidas preventivas;	Ministerio de Salud	1998-2001
f) analizar la legislación actual y hacer sugerencias sobre su compatibilidad con las disposiciones del Convenio N° 103 de la OIT.	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia, Ministerio de Salud	1998-2001
4. Medidas de capacitación y perfeccionamiento del personal
a) organizar un sistema de capacitación en protección del trabajo:
- preparar y mejorar programas de capacitación en higiene y seguridad del trabajo;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud; actores económicos	1998-2001
- proveer a las oficinas de protección del trabajo de máquinas y diferentes materiales ilustrativos para asegurar el marco necesario de capacitación y prueba;	Administración pública central y local; actores económicos	1998-2001
Cuadro 29 (continuación) Programa Estatal para Aumentar la Protección del Trabajo, 1999-2001
Medidas sugeridas	Entidad encargada de la ejecución	Período de ejecución
b) cursos de capacitación para:
- inspectores públicos y expertos en protección del trabajo de la administración pública central y local y de los actores económicos;	Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia; Ministerio de Salud; administración pública central y local	1998-2001
- inspectores técnicos de protección del trabajo de sindicatos;	Sindicatos	1998-2001
- especialistas en protección del trabajo autorizados dentro de un sindicato;	Sindicatos	1998-2001
- organizar seminarios y concursos en materia de protección del trabajo.	Administración pública central y local, sindicatos, actores económicos	1998-2001
5. Información y publicidad sobre protección del trabajo:
a) sistematizar y difundir información con miras a la protección del trabajo en la economía nacional;	Administración pública central y local	1998-2001
b) estudiar y publicar información sobre protección del trabajo.	Administración pública central y local	1998-2001
6. Colaboración social:
a) hacer consultas para elaborar los reglamentos de protección del trabajo;	Administración pública central y local; sindicatos; actores económicos	1998-2001
b) organizar e integrar controles mutuos de la protección del trabajo en las unidades económicas y de la ejecución de las medidas prescritas;	Administración pública central y local; sindicatos; actores económicos	1998-2001
c) organizar conferencias conjuntas sobre medidas de protección del trabajo;	Administración pública central y local; sindicatos; actores económicos	1998-2001
d) apoyar a las organizaciones representativas de los trabajadores, a las inspectorías públicas y técnicas y a los sindicatos y aumentar la protección del trabajo.	Administración pública central y local; sindicatos; actores económicos	1998-2001

363.Para dar más seguridad social a las familias con muchos hijos, el Gobierno de la República de Moldova adoptó el 22 de marzo de 1994 la decisión N° 118, sobre la seguridad social de las familias con muchos hijos, según la cual:

a)desde el 1° de marzo de 1994, la prestación de desempleo de las personas que cuidan uno o dos hijos menores de 14 años ha aumentado en 10% y la de las familias con tres o más hijos menores de 14 años en 20%;

b)las siguientes prestaciones rigen desde el 1° de marzo de 1994:

i)el derecho a la prestación de desempleo de las mujeres cuya licencia por maternidad o por el cuidado de un hijo de hasta tres años ha terminado. La Ley garantiza este derecho a las mujeres desempleadas que hayan estado inscritas en las Bolsas de Trabajo durante un período de 30 días después del fin de la licencia;

ii)una prestación mensual para las familias con muchos hijos para pagar el combustible. Sólo las familias de cuatro o más hijos reciben esta prestación, a razón de 2,5 lei por hijo.

Para reforzar la seguridad social de las familias con muchos hijos, el Gobierno adoptó la decisión N° 456, de 15 de mayo de 1997, sobre medidas suplementarias de seguridad social para las familias con muchos hijos.

364.A partir del 1° de enero de 1997, las familias con hijos reciben las siguientes prestaciones:

a)una sola prestación igual a ocho veces el salario mínimo al nacer el primer hijo;

b)una sola prestación igual a seis veces el salario mínimo al nacer los hijos siguientes;

c)una prestación mensual igual a 1,8 veces el salario mínimo para el cuidado de un hijo hasta el año y medio;

d)una prestación mensual igual a 0,9 veces el salario mínimo para las familias con hijos entre un año y medio y 16, incluidos los hijos bajo tutela (en escuelas primarias o secundarias), cuyo ingreso total mensual por persona sea inferior al salario mínimo; las familias con tres o más hijos reciben una prestación igual a 1,5 veces el salario mínimo;

e)una prestación mensual igual a 0,9 veces el salario mínimo para las madres solteras con un hijo entre un año y medio y 16 años, incluidos un hijo bajo tutela (en escuelas primarias o secundarias), si el hijo no es beneficiario de otras prestaciones o pagos del sistema de seguridad social actual. Esta prestación se concede a las familias con un ingreso total mensual por persona inferior a tres veces el salario mínimo.

365.La cuantía de las prestaciones se fija conforme al párrafo 5 de la decisión N° 122 del Gobierno, sobre la indización del ingreso, de 1° de marzo de 1996. Los fondos para el pago de las prestaciones según esta decisión proceden del Fondo Social. Por esta decisión se aprobó el Reglamento para establecer y pagar las prestaciones para las familias con hijos. El Reglamento fija el tipo y la cuantía de las prestaciones y las condiciones para recibirlas.

366.Estas prestaciones se pagan en las siguientes circunstancias:

a)la prestación se paga al nacer el primer hijo, y también al nacer cada uno de los siguientes, si el niño ha sido inscrito en el Registro Civil. Cuando nacen dos o más niños, se paga la prestación para cada uno de ellos. No hay prestación para el nacido muerto. La prestación única de nacimiento se paga sólo si se solicita dentro de los seis meses siguientes al nacimiento. La prestación puede pagarse más tarde si hay buenas razones;

b)la prestación mensual de cuidado del hijo se paga por cada hijo en caso de parto múltiple. Se paga al fin de la licencia de maternidad por un período de hasta un año y medio. Si la licencia por cuidado del hijo se concede al padre, abuelo, abuela u otro pariente empleado, la prestación se fija en el lugar de trabajo conforme a la legislación vigente. La prestación cesa si la madre consigue empleo antes del fin de la licencia por cuidado del hijo. Esta disposición no afecta a las madres que tienen trabajo a tiempo parcial o que trabajan en su casa. Si la madre no trabaja, el órgano de seguridad social paga la prestación por cuidado del hijo;

c)la prestación mensual para niños de hasta 16 años se paga desde el mes en que ha sido solicitada;

d)la prestación mensual de madre soltera se paga si el hijo no recibe otra prestación o pago del sistema de seguridad social actual y sólo si el ingreso mensual total de la familia no es superior a tres veces el salario mínimo. Se paga desde el mes en que ha sido solicitada. La prestación de madre soltera también se paga a una mujer soltera que adopta un niño, pero sólo después de la firma de los documentos de adopción. Si una madre soltera contrae matrimonio pero el marido no adopta el hijo, el derecho a la prestación subsiste; de lo contrario se anula.

367.El Parlamento sancionó la Ley N° 499, sobre las prestaciones sociales del Estado para algunas categorías de ciudadanos, el 4 de julio de 1999. Según el artículo 2 de la Ley, sólo los ciudadanos residentes en la República de Moldova que no satisfacen las condiciones para recibir una pensión y no tienen un ingreso asegurado tienen derecho a las prestaciones. Las siguientes categorías de personas también reciben prestaciones:

a)los inválidos de primero, segundo o tercer grado;

b)los inválidos de primero, segundo o tercer grado desde la infancia;

c)los niños menores de 16 años con invalidez de primero, segundo o tercer grado;

d)los huérfanos;

e)las personas que han llegado a la edad de jubilación (art. 3).

Los órganos territoriales de seguridad social fijan y pagan las prestaciones. Las prestaciones fijadas conforme a la Ley se pagan con cargo al presupuesto del Estado para el seguro social (arts. 4 y 5).

368.El capítulo 2 de la citada ley establece la cuantía de las prestaciones y las condiciones para fijarlas. Las prestaciones de invalidez de primero, segundo o tercer grado, de invalidez desde la infancia y de niño inválido se fijan sólo cuando estas personas no reciben una pensión social del Estado, no tienen un ingreso asegurado y no están totalmente sostenidas por el Estado. El Consejo de Reconocimientos Médicos determina el grado y la fecha de invalidez. En el caso de los menores de 16 años, el Consejo Médico Consultivo fija el grado y la fecha de invalidez. La cuantía de la prestación se fija como porcentaje de la pensión de jubilación mínima como sigue:

a)los inválidos de primer grado, los inválidos desde la infancia y los inválidos menores de 16 años reciben 100% de la pensión de jubilación mínima;

b)los inválidos de segundo grado, los inválidos desde la infancia y los inválidos menores de 16 años con invalidez de segundo o tercer grado, 85%;

c)los inválidos de tercer grado y los inválidos desde la infancia, 50%.

369. El capítulo 3 de la Ley estipula la forma de las prestaciones para los niños que han perdido el sostén de familia. Se conceden sólo si el difunto no había adquirido el derecho a una pensión social. La prestación se paga hasta los 18 años (a los alumnos y estudiantes de la escuela secundaria y de la educación superior hasta los 23 años) si la persona recibe sostén total del Estado y no tiene un ingreso asegurado.

370.La prestación del niño que ha perdido su sostén es 15% de la pensión de jubilación mínima, pero no puede ser superior a 1,5 veces esta pensión. Si el niño ha perdido ambos padres, la cuantía de la prestación se duplica. Si el número de beneficiarios cambia, hay que hacer un nuevo cálculo. Según las nuevas circunstancias, la prestación se calcula de nuevo partiendo del mes siguiente a la modificación o al nuevo cálculo. Cada beneficiario tiene derecho a pedir su parte de la prestación, que se determina dividiendo la cuantía de la prestación por el número de beneficiarios. El tutor puede tener derecho a recibir la prestación de un niño bajo tutela que ha perdido el sostén de familia.

371.El capítulo 4 estipula la prestación de vejez. Se paga a los ciudadanos que han llegado a la edad de jubilación pero no solicitan una pensión social, no tienen un ingreso asegurado y no están totalmente sostenidos por el Estado. La prestación de vejez es igual a 55% de la pensión de jubilación mínima.

372.A fin de mejorar el sistema de beneficios para varias categorías de personas y el sistema de seguridad social para los sectores vulnerables de la población, se sancionó el 14 de abril de 2000 la Ley N° 933-XIV, sobre la protección social de ciertas categorías de personas. Conforme a esta Ley, pueden recibir prestaciones las siguientes categorías de personas que sean ciudadanos de la República de Moldova:

a)los inválidos de primero o segundo grado;

b)los inválidos de tercer grado por tiempo indefinido:

i)los inválidos por accidente de trabajo;

ii)los inválidos por mutilación, herida o traumatismo recibido durante el servicio militar;

iii)los que participaron en la guerra por la integridad territorial y la independencia de la República de Moldova;

iv)las víctimas de la represión política de 1917 a 1990;

v)los ex prisioneros de campamentos de reclutamiento y guetos;

c)los niños inválidos menores de 16 años;

d)los inválidos desde la infancia;

e)los que participaron en la Segunda Guerra Mundial y sus esposas;

f)las personas que fueron asimiladas a los que participaron en la Segunda Guerra Mundial;

g)las familias (padres, viudas que no han contraído nuevo matrimonio o menores) de muertos en acción de guerra y de los que murieron como consecuencia de participar en la operación de limpieza de Chernóbyl;

h)los pensionados solteros;

i)las familias con cuatro o más hijos.

373.Los órganos de seguridad social y protección de la familia fijan y pagan esta prestación en la forma aprobada por el Gobierno de la República de Moldova. Se paga directamente al Fondo de Seguridad Social con cargo al presupuesto del Estado para los siguientes servicios:

a)servicios comunales: calefacción central, gas natural para la cocina, agua corriente, alcantarillado, saneamiento, ascensor;

b)electricidad;

c)gas natural para calefacción;

d)gas licuado en cilindros;

e)carbón y leña para calefacción.

374.La cuantía de la prestación para servicios comunales y electricidad se fija sobre la base del costo de los servicios por persona, como sigue:

a)50% para los inválidos de primero o segundo grado con excepción de la categoría mencionada en b) infra; los inválidos de primero o segundo grado desde la infancia, los inválidos menores de 16 años, los veteranos de la segunda guerra mundial y sus esposas, las familias (viudas que no han contraído nuevo matrimonio o menores de 16 años) de los que murieron como consecuencia de la operación de limpieza de Chernóbyl y las familias con cuatro o más hijos;

b)25% para los inválidos de segundo grado por enfermedad o accidente de trabajo, los inválidos de tercer grado desde la infancia y los pensionados solteros. La prestación para electricidad se establece sobre la base del costo medio del consumo mensual normal (60 kW). Para los apartamentos y casas con cocina eléctrica la prestación se basa en el costo de 100 kW.

375.La prestación para calefacción central o de gas natural se fija sobre la base del costo de 30 metros cuadrados de la superficie total por persona.

376.Una familia con varios inválidos recibe prestaciones para servicios comunales por cada beneficiario de la prestación.

377.Hay un descuento de 50% para la compra de carbón y leña. Los precios son aprobados por el Gobierno. Si la familia tiene más de un beneficiario, la prestación se fija por persona.

378.La Estrategia de reforma del sistema de asistencia social fue aprobada por la decisión parlamentaria N° 416, de 28 de mayo de 1999. El sistema actual de asistencia social representa un conjunto de garantías sobre subvenciones materiales o monetarias o exenciones impositivas para ciertas categorías de personas. También tiene por objeto ayudar a los menores huérfanos, los adultos incapacitados, los inválidos y los ancianos que reciben apoyo de instituciones sociales. La legislación del sistema de asistencia social se compone de la Constitución de la República de Moldova, decretos presidenciales, decisiones gubernamentales y otros reglamentos que coordinan las relaciones jurídicas del sistema. El sistema social no puede proteger a las personas y familias que viven en condiciones difíciles a causa de la escasez de sus ingresos o de la falta de derechos. Esto implicaría una nueva orientación política.

379.La reforma del sistema de asistencia social debe prever una correlación entre los sistemas jurídico, administrativo-organizativo y financiero en vista de las condiciones socioeconómicas actuales del país. También debe tener en cuenta la pobreza creciente de ciertas categorías sociales resultante del descenso económico, que produjo aumento de los precios, aumento del número de desempleados, disminución de los ingresos y de la nutrición, etc. La asistencia social debe promoverse como política social del Estado y debe ser administrada por un órgano especializado central semejante a un ministerio o departamento, pero a nivel territorial, por servicios descentralizados y por la administración pública local junto con otras organizaciones, asociaciones de beneficencia, organizaciones no gubernamentales religiosas, fundaciones y particulares. Para alcanzar los objetivos de la reforma del sistema de asistencia social y crear condiciones de vida decentes, los beneficiarios de la asistencia social tienen la obligación de colaborar con los especialistas en la solución de los problemas actuales. La forma, la cantidad y la naturaleza de la asistencia social deben ser suficientes para la situación de la persona o familia que la recibe.

380.Se ofrecerá asistencia social a los que corran peligro social temporal o permanentemente, por abandono de la familia, muerte de los padres, pérdida de la vivienda, impedimento físico o mental, enfermedad, familia numerosa, familia uniparental, adicción a drogas o al alcohol o las consecuencias de desastres naturales o ambientales.

381.La reforma del sistema de asistencia social tiene los siguientes objetivos:

a)establecer sistemas jurídicos, administrativo-organizativos y financieros;

b)analizar y estimar los fenómenos socioeconómicos que crean demanda de asistencia social;

c)establecer las condiciones para conceder asistencia y la gestión y el pago de la asistencia conforme a la ley;

d)determinar y estimular actividades socioprofesionales para asistir a las personas y familias vulnerables y las que soliciten asistencia social;

e)capacitar al asistente social para que ofrezca asistencia a las personas y familias necesitadas y aumentar la capacidad del asistente de organizar la vida socioeconómica y profesional de otros;

f)determinar una nueva forma, no institucional, de proteger a algunas categorías de menores, adultos con impedimentos y ancianos que reciben asistencia social.

382.También hay que reformar el sistema jurídico y administrativo-organizativo de la asistencia social. La reforma del sistema jurídico requiere la sanción de las siguientes leyes:

ley de asistencia social,

ley de prestaciones familiares,

ley de asistencia social a los ancianos,

ley de reforma de la Ley de protección social de los inválidos,

ley del mínimo de subsistencia,

ley de comedores de asistencia social,

ley del trabajo voluntario,

ley del fondo de asistencia social.

Reforma del sistema administrativo-organizativo

383.Una de las prioridades de esta reforma es crear un órgano especializado central (ministerio o departamento) con tareas y obligaciones relacionadas con la promoción de nuevas políticas de administración de la seguridad social. A nivel local, la política de administración de la seguridad social debe promoverse según directrices de seguridad social y aplicarse mediante oficinas de seguridad social junto con los servicios especializados de las autoridades de la administración pública local, asociaciones de beneficencia no gubernamentales y organizaciones religiosas, fundaciones y particulares.

384.Para establecer y aplicar la Estrategia de desarrollo socioeconómico de la República de Moldova, deben ejecutarse varias actividades en las esferas jurídica, económica y organizativa. El país ha comenzado la tarea a largo plazo de desarrollar diferentes sectores sociales, como la protección social de las personas, la educación, la protección de la salud, programas de erradicación de la pobreza y protección del ambiente, y también el sector económico, incluida la reorganización de los sectores energéticos, el desarrollo de la industria, la política agrícola y programas para el desarrollo de ciertas ramas de la economía nacional.

Reforma de la esfera social

385.La evolución de la situación social indica que los progresos en la esfera social han sido lentos y contradictorios. Hay varias tendencias positivas, como la democratización de la sociedad y la liberalización de la economía, que han dado a los ciudadanos la oportunidad de demostrar sus capacidades, su iniciativa y sus conocimientos profesionales, que son los principales factores de la afirmación de la personalidad y determinan el bienestar de todos los miembros de la sociedad. El sector privado en la educación, la cultura, la protección de la salud y otras ramas de la esfera social se desarrolla despacio, pero con más vigor. Las personas tienen una buena oportunidad de elegir entre los servicios públicos y los privados. El mercado de trabajo se basa en los principios y mecanismos de la oferta y la demanda. La colaboración y el diálogo sociales están convirtiéndose en medios importantes de llegar a un consenso cívico.

386.Por otro lado, el descenso de la economía y la inestabilidad financiera han tenido un efecto negativo en la esfera social. La baja del PIB y la escasa viabilidad de los actores económicos han reducido el valor de los sueldos a la mitad en comparación con el de 1991. La extensión del desempleo y los despidos forzosos han disminuido el número de las personas empleadas. Los sueldos, pensiones y otros pagos sociales son demasiado bajos para mantener condiciones de vida decentes y se pagan con atraso. De esta manera la crisis social afecta a nuevos grupos sociales.

387.La asistencia financiera social es insuficiente e inestable. Los programas sociales, que se basan en fuentes de financiación públicas, son muy costosos y se han vuelto una carga insoportable para el presupuesto. El gasto social forma hoy el 55% del presupuesto unificado, más que en algunos países avanzados. La esfera social funciona de manera insuficiente e inconsecuente a causa de la deficiencia de la gestión y de la red institucional.

388.El objetivo de la reforma social es pasar gradualmente de un sistema social unitario a uno diversificado que permita garantizar un sistema de servicio social adecuado que no perjudique la actividad económica. Los objetivos estratégicos de la reforma social son los siguientes:

a)reorganizar los métodos de financiación de los programas sociales;

b)revisar el conjunto actual de prestaciones sociales y modificar las condiciones para concederlas;

c)fortalecer la relación entre las aportaciones y las prestaciones y aplicar un método para probar el funcionamiento del servicio social;

d)modificar la red institucional en la esfera social y estimar su funcionamiento sobre la base del análisis de costos y beneficios;

e)desarrollar la gestión social y facilitar las medidas interinstitucionales en la prestación del servicio social;

f)establecer la cooperación entre las administraciones públicas locales y la administración central y las organizaciones no gubernamentales y las privadas para ejecutar los programas sociales.

389.Para alcanzar los objetivos de la reforma social se tomarán ciertas medidas, que han demostrado su eficacia en la economía. Las medidas se ejecutarán en dos etapas.

390.Primera etapa (1997-2000). Las principales tareas son detener el crecimiento de la pobreza, evitar el desempleo y dar protección social, especialmente a los sectores socialmente vulnerables de la población (ancianos, inválidos, familias con muchos hijos). Esta etapa abarca las siguientes medidas básicas:

a)reducir el gasto público actual y dirigirlo a la financiación de las principales cuestiones sociales;

b)reorganizar el sistema actual de beneficios sociales fortaleciendo las condiciones para concederlos;

c)disminuir abolir gradualmente los beneficios (pensiones, prestaciones, asignaciones, etc.);

d)pagar los salarios y pensiones atrasados y, con el tiempo, eliminar los atrasos en los pagos;

e)fortalecer la disciplina financiera;

f)establecer una prueba de medios de subsistencia para recibir asistencia;

g)establecer y aplicar las normas sociales mínimas garantizadas por el Estado y asegurar el acceso de todas las personas a los servicios sociales;

h)prevenir el desempleo y el despido en masa;

i)reformar el sistema actual de remuneración del trabajo reforzando el papel del sueldo como fuente principal de ingresos y asegurar la igualdad de remuneración;

j)introducir el pedido por el Estado de los bienes y productos de importancia social asegurando que aparezcan en el presupuesto y en los programas a largo plazo anuales a nivel local y central;

k)mejorar la legislación de empleo y establecer la Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional administrada sobre la base del principio tripartito.

390.En 1998 se empezó a elaborar la base legislativa y se estableció el mecanismo para reformar el sistema de protección social con respecto a la remuneración del trabajo, la protección de la salud y la cultura. Conforme a la Ley de educación, las reformas del sistema educativo continuarán en todos los niveles. De esta manera se cumplirán en esta etapa dos tareas: i) el sector social se adaptará a las condiciones de la economía de mercado y ii) se aprovechará la oportunidad de usar eficaz y racionalmente los recursos financieros y materiales en la esfera social.

392.Segunda etapa (2000-2005). La tarea es asegurar un nivel de vida decente. Esta etapa tiene por objeto:

a)crear condiciones favorables para el desarrollo de la actividad empresaria;

b)reforzar los procesos de investigación y creación de nuevos empleos;

c)aumentar gradualmente el salario mínimo garantizado;

d)ampliar la protección social de las personas afectadas por el desempleo;

e)optimar los gastos públicos sociales aplicando normas públicas mínimas;

f)asegurar una financiación permanente y duradera de la esfera social.

393.Teniendo en cuenta la multitud y la complejidad de las tareas, las prioridades de la promoción de la reforma social serán las siguientes:

a)en las relaciones laborales, se establecerán y aplicarán mecanismos que aseguren que todos los actores económicos respeten las garantías mínimas que ofrece el Estado. La garantía principal es la de la remuneración puntual del trabajo; después vienen las de la protección y de las condiciones favorables de trabajo. El sistema de remuneración del trabajo se mejorará con las siguientes medidas:

i)el sector privado establecerá un sistema de garantías que aseguren la remuneración mínima de acuerdo con las calificaciones de los empleados sobre la base de un contrato colectivo firmado por empleados y empleadores. Se alentará a los actores económicos a crear un fondo de salarios financiado con sus ingresos personales. Este fondo se usará para pagar salarios en circunstancias financieras excepcionales;

ii)el sector público establecerá una escala única de sueldos para estimular la buena calidad del trabajo y también bonificaciones por antigüedad y trabajo de buena calidad. Además, se asegurará la correlación entre las tasas medias de sueldos de los sectores público y privado.

b)Protección del trabajo: pasar de la protección pasiva de los trabajadores (el pago de servicios y prestaciones por condiciones de trabajo desfavorables) a la protección activa (prevención de los accidentes de trabajo y mejora de las condiciones de trabajo) aplicando un sistema flexible de penas e incentivos a los actores económicos;

c)Empleo de la mano de obra: los esfuerzos se concentrarán sobre todo en aplicar medidas activas al mercado de trabajo, elaborar y aplicar mecanismos económicos encaminados a asegurar el mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, impedir el despido de empleados, capacitar profesionalmente a los desempleados y reorganizar los mecanismos financieros y las medidas de protección social para los desempleados estableciendo un Fondo de Desempleo.

394.La modificación del sistema de seguridad social se orientará hacia la diversificación y la independencia de las formas de seguridad social. En este contexto, se hará hincapié en el aumento de la responsabilidad de empleados y empleadores con respecto a la concesión de pagos sociales. La proporción de las prestaciones sociales estará directamente relacionada con las aportaciones hechas al presupuesto social. También se desarrollarán formas privadas de seguro, obligatorias y voluntarias.

395.La estrategia de reforma del sistema de pensiones es pasar del sistema de pensiones unitario actual a un sistema diversificado, que tenga tres niveles de garantía.

a)una pensión pública mínima pagada con las aportaciones obligatorias basada en el principio de solidaridad, que asegurará una protección mínima de las personas que hacen una actividad determinada;

b)una pensión pública de seguridad pagada con las aportaciones obligatorias de empleados y empleadores, que se establecerá de acuerdo con las aportaciones al seguro y la antigüedad;

c)una pensión privada adicional pagada con los ahorros personales para asegurar un nivel de vida más alto después de la jubilación. Se aplicarán descuentos impositivos para estimular la acumulación voluntaria en las cajas de pensiones privadas.

396.Se aplicarán medidas para fortalecer la disciplina financiera de los Fondos Sociales y los castigos por falta de pago. La edad de jubilación se elevará gradualmente.

397.La asistencia social reorganizará la estructura actual de prestaciones, compensaciones y pagos sociales, abolirá los pagos injustificados y dirigirá la asistencia social a los sectores socialmente vulnerables de la población. El mínimo de subsistencia, el umbral de pobreza y las normas mínimas de servicios sociales garantizadas por el Estado se tomarán como base para desarrollar la actividad de protección social.

398.Se aplicará un nuevo tipo de asistencia social: subsidios de pobreza con cargo al presupuesto del Estado, que tendrán carácter nominal y se concederán a las personas cuyos ingresos estén por debajo del umbral de pobreza. La red de instituciones sociales se modificará para hacerla más eficiente.

399.Los ancianos, los inválidos, los huérfanos y ciertas categorías de familias con hijos serán protegidos mediante programas públicos especiales.

400.Deben tomarse las siguientes medidas para dar vivienda a los ciudadanos:

a)aumentar la construcción con financiación individual y privada;

b)elevar el nivel de vida de las categorías sociales protegidas por el Estado;

c)transformar la vivienda comunal en un sistema eficiente sin daño alguno y con protección social adecuada para las personas vulnerables.

401.La reorganización del sector social prevé el establecimiento de condiciones favorables a la prestación de buenos servicios socioculturales a la población. En este contexto, los fines de la reforma son los siguientes:

a)modificar la base normativa y aplicar normas avanzadas en actividades de la esfera social;

b)adoptar nuevos principios y formas de organización de esta actividad;

c)crear un sector alternativo de servicio social;

d)mejorar los gastos en educación, protección de la salud y cultura diversificando y ampliando los servicios privados en todas las ramas del sector social, incluidas las instituciones públicas, y usando los recursos financieros de los particulares y los actores económicos.

402.El Estado asumirá la obligación de administrar y coordinar las esferas estratégicas:

a)el mantenimiento del grueso del patrimonio educativo y de protección de la salud y la promoción de la reforma y la adaptación a las nuevas condiciones de la sociedad;

b)el mantenimiento y el desarrollo del patrimonio intelectual y cultural del país;

c)la supervisión del establecimiento de condiciones favorables al desarrollo del sector privado en la esfera social.

Artículo 10

403.Conforme al párrafo 1 del artículo 48 de la Constitución de la República de Moldova, la familia es el elemento natural y básico de la sociedad y está protegida por la sociedad y el Estado. En la República de Moldova la familia está bajo la protección del Estado (Código del Matrimonio y la Familia, art. 5). El Estado demuestra su interés en la familia creando y desarrollando una red amplia de maternidades, guarderías y jardines de la infancia, escuelas de internado y otras instituciones para niños, organizando y mejorando la nutrición pública y el servicio público, pagando prestaciones de maternidad, prestando asistencia y pagando prestaciones a las madres solteras y a las familias con muchos hijos y otros tipos de prestaciones sociales y asistencia a la familia.

404.En la República de Moldova el Estado protege y fomenta la maternidad. El interés de la madre y el niño se protege con medidas especiales de protección del trabajo y de protección de la salud de la mujer. Las medidas establecen condiciones que permiten a la mujer combinar el trabajo con la maternidad: protección legal, apoyo moral y material a la madre y al niño, incluso licencia pagada por maternidad y embarazo, y otros subsidios para las embarazadas y las madres.

405.El derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia está garantizado en nuestro país. Las condiciones para registrar, disolver y anular un matrimonio se establecen de conformidad con el Código del Matrimonio y la Familia. Los matrimonios se inscriben en el Registro Civil, no sólo por razones estatales y sociales sino también para proteger los intereses personales y patrimoniales de los cónyuges y sus hijos. Sólo un matrimonio inscrito en el Registro Civil crea obligaciones y derechos entre los cónyuges.

406.El matrimonio se registra un mes después de la presentación de la solicitud de matrimonio al Registro Civil. Se registra sólo con el consentimiento de ambos contrayentes, que deben tener la edad mínima para el matrimonio, que es 18 años para los hombres y 16 para las mujeres, según el artículo 16 del Código del Matrimonio y la Familia. La edad mínima de matrimonio puede reducirse en dos años en circunstancias excepcionales. Los ciudadanos que se casan antes de los 18 años adquieren plena capacidad jurídica desde el registro del matrimonio (Código Civil, art. 11, párr. 2).

407.El matrimonio se prohíbe:

a)si una de las personas ya está casada;

b)entre parientes: hermano y hermana de un mismo padre y de madres diferentes, o de una misma madre y de padres diferentes y también entre padres adoptivos e hijos adoptivos;

c)si una de las personas es declarada inválida por disminución de la capacidad mental;

d)entre tutor y pupilo (Código del Matrimonio y la Familia, arts. 13, 14, 15 y 17).

408.El matrimonio se disuelve cuando uno de los cónyuges muere o cuando el tribunal lo declara muerto. El matrimonio se disuelve por divorcio si lo solicita uno de los cónyuges. El marido no tiene derecho al divorcio sin el consentimiento de su mujer cuando ésta está embarazada y hasta un año después del parto (arts. 33 y 34). El matrimonio también puede ser disuelto por el Registro Civil.

409.Un tribunal municipal o territorial, sobre la base de las disposiciones del derecho civil, investiga las razones de la disolución del matrimonio. Después de establecer las verdaderas razones de la solicitud de divorcio, el tribunal tiene la obligación de tomar medidas para reconciliar a los cónyuges y reparar la relación familiar. El matrimonio se disuelve si el tribunal determina que la relación familiar es irreparable.

410.El matrimonio puede disolverse en el Registro Civil por acuerdo común y voluntario entre los cónyuges, si no hay hijos menores de edad ni disputas sobre bienes. Si hay acuerdo entre los cónyuges con respecto al pago de alimentos y a los bienes comunes, los cónyuges, o uno de ellos, pueden presentar una solicitud de divorcio al tribunal.

411.El matrimonio se disuelve por decisión del Registro Civil a petición de uno de los cónyuges si el tribunal determina que el otro:

a)ha sido declarado desaparecido,

b)ha sido declarado inválido por disminución de la capacidad mental,

c)ha sido declarado culpable de un delito y condenado a una pena de prisión de tres años por lo menos.

412.Si no hay acuerdo entre los cónyuges sobre los hijos, los bienes comunes o los alimentos, el tribunal disuelve el matrimonio.

413.Si el cónyuge que el tribunal ha declarado muerto reaparece, se anula la decisión del tribunal y se restablece el matrimonio si el otro cónyuge no ha contraído nuevo matrimonio. Si el tribunal ha declarado desaparecido al cónyuge y en consecuencia el matrimonio se ha disuelto, el matrimonio puede volver a registrarse en el Registro Civil a petición de los cónyuges. El matrimonio no puede restablecerse si el cónyuge de la persona declarada desaparecida ha registrado otro matrimonio (arts. 35, 36, 38 y 42).

414.El matrimonio se anula cuando se han violado las condiciones del registro de matrimonio (el acuerdo entre los contrayentes, la edad mínima de matrimonio, la existencia de ciertos impedimentos al registrar el matrimonio) y también cuando el matrimonio es ficticio (arts. 43 a 46).

415.Sólo el Estado rige la relación jurídica del matrimonio y las relaciones familiares. Sólo se considera válido el matrimonio inscrito en el Registro Civil. Los matrimonios religiosos y los contraídos según otros ritos no tienen valor legal. La ley protege los derechos resultantes del matrimonio y las relaciones familiares, excepto cuando infringen los derechos de terceros. Los derechos resultantes del matrimonio y las relaciones familiares están protegidos por el tribunal, las autoridades que rigen la tutela, el Registro Civil, los sindicatos y otras organizaciones públicas en los casos y en la forma que fija la ley (Código del Matrimonio y la Familia, art. 6, párrs. 1 y 2).

416.El artículo 4 del Código del Matrimonio y la Familia prevé la igualdad de derechos de los ciudadanos en la relación familiar. Por tanto, “todos los ciudadanos tienen derechos iguales” en la relación familiar. La ley prohíbe toda ventaja, directa o indirecta, resultante del registro de un matrimonio según el origen, la posición social y material, la raza, la nacionalidad, el sexo, la educación, la religión, la ocupación, la residencia u otras circunstancias. Los derechos y obligaciones de los cónyuges resultan de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil. Los cónyuges deben actuar juntos para cuidar los hijos y resolver otros asuntos de la vida familiar. Tienen el derecho de elegir el trabajo y la residencia (arts. 18 y 20).

417.Los cónyuges tienen la obligación de darse mutuamente apoyo financiero. Si un cónyuge se niega a dar esta asistencia, el cónyuge incapaz de trabajar y también la esposa embarazada tienen derecho a alimentos si el otro puede pagarlos. El cónyuge incapaz de trabajar que necesita sostén tiene el derecho de recibir asistencia del otro cónyuge, aún después de la disolución del matrimonio, si la invalidez ha ocurrido antes de la disolución o en el año siguiente.

418.Si el matrimonio ha durado mucho tiempo, el tribunal tiene derecho a obligar a un cónyuge a pagar alimentos al cónyuge divorciado que llegará a la edad de jubilación dentro de los cinco años siguientes a la disolución del matrimonio. La esposa tiene derecho a recibir asistencia del marido durante el embarazo y tres años después del nacimiento del hijo si el embarazo comenzó antes de la disolución del matrimonio.

419.La cuantía de los alimentos se fija por mes y se paga mensualmente. El tribunal tiene en cuenta la situación material y financiera de ambos cónyuges. El tribunal establece la asignación al cónyuge desde la fecha en que se inicia el proceso. El tribunal puede eximir al cónyuge de esta obligación por un período determinado si:

a)el matrimonio ha durado poco tiempo;

b)el cónyuge que necesita asistencia financiera no se ha comportado correctamente;

c)la invalidez del cónyuge se debe a adicción al alcohol o a drogas o a la comisión de un delito (arts. 27, 28, 29 y 31).

420.Los derechos y obligaciones mutuos de padres e hijos se basan en el origen de los hijos, certificado conforme a la ley. Los padres tienen el derecho y la obligación de criar a los hijos y de velar por su salud, su desarrollo físico, espiritual y moral y su educación y preparación para la vida en sociedad. Los padres, como representantes legales de los hijos, deben proteger los derechos e intereses de los hijos sin mandato especial. Los derechos de los padres no pueden estar en conflicto con los intereses de los hijos. Si uno de los padres o ambos no cumplen la obligación de criarlos o abusan de sus derechos parentales, los hijos tienen derecho a pedir protección. Los padres tienen derechos y obligaciones iguales aunque el matrimonio se haya disuelto. Los cónyuges resuelven juntos todos los asuntos relativos a la crianza de los hijos. Si no hay acuerdo entre los padres, las autoridades tutelares examinan las disputas con la participación de los padres.

421.El padre que no vive con su hijo menor de edad tiene la obligación de participar en su crianza y de comunicarse con él. El padre que vive con el hijo no tiene derecho a prohibir al otro padre comunicarse con el hijo o contribuir a su educación. Las autoridades tutelares pueden anular el derecho si el padre no vive con el hijo, no contribuye a la crianza del hijo y ejerce una influencia negativa sobre él.

422.El padrastro y la madrastra con buena situación financiera tienen la obligación de mantener a los hijastros e hijastras que no puedan trabajar y necesiten ayuda, si los han sostenido y criado y si los hijastros o hijastras no tienen padres naturales o no pueden recibir ayuda suficiente de ellos (arts. 48, 56, 57, 58, 60 y 85). Conforme al artículo 71 del Código del Matrimonio y la Familia, los padres tienen la obligación de sostener a los hijos menores y a los hijos mayores que no pueden trabajar.

423.Los pagos por hijos menores se pagan al padre custodio como sigue: para un hijo, un cuarto del ingreso del padre pagador; para dos, un tercio; y para más de dos, la mitad. El padre que hace pagos de sostén de un hijo menor puede ser obligado a hacer pagos adicionales en circunstancias imprevistas (enfermedad, mutilación, etc.). El tribunal fija estos pagos sobre la base de la situación material del padre. Los menores que han perdido el sostén de familia tienen derecho a una pensión o prestación. Retienen este derecho aún después de ser adoptados (arts. 72, 73, 85 y 113).

424.Conforme al título VI del Código del Matrimonio y la Familia, que constituye la legislación de la República de Moldova sobre matrimonio y familia para los extranjeros y los apátridas, los ciudadanos extranjeros y los apátridas con residencia permanente en la República de Moldova tienen los mismos derechos al matrimonio y la familia.

425.La protección del niño por el Estado en la República de Moldova es una prioridad política, social y económica. La política de protección de los derechos del niño se dirige a la realización de los principios que establece la Ley de derechos del niño, sin discriminación alguna, cualquiera que sea la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otro tipo, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, la discapacidad, el nacimiento u otra condición del niño o de su padre o tutor legal. Conforme a las disposiciones constitucionales (art. 16, párr. 2) todos los ciudadanos de la República de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión política o de otro tipo, propiedad, etc. Los niños también se benefician de estas disposiciones, que figuran en la Ley de derechos del niño, que dice: “todos los niños tienen derechos iguales sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, sexo, idioma, religión, propiedad u origen social”.

426.La Ley de derechos del niño (N° 338-XIII, de 15 de diciembre de 1994) establece que el Estado garantiza a todo niño el derecho a un nivel de vida digno y al desarrollo físico, intelectual, espiritual y social. Al mismo tiempo el Estado toma medidas para prestar asistencia a los padres y a otras personas responsables de la educación de los niños. Los padres, que son los representantes legales de sus hijos, deben asegurar la educación de sus hijos en instituciones públicas o privadas y también condiciones adecuadas para su educación, el desarrollo de sus capacidades, actividades extraescolares y autoinstrucción. Los padres tienen responsabilidad jurídica permanente con respecto a la falta de supervisión de sus hijos pequeños.

427.Si el niño está bajo la supervisión de una institución pública y enferma porque no se ha respetado la recomendación del médico, ambos padres deben pagar los gastos de la cura. Los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos incluso si se les han retirado los derechos parentales.

428.Además de lo que precede, lo siguiente es aplicable al pago del sostén del hijo o de alimentos:

a)el padre que tiene la obligación de pagar alimentos, si tiene un ingreso irregular o no recibe un salario mensual o el pago de alimentos le es imposible o difícil, puede pedir un pago mensual fijo de alimentos;

b)los padres pagan el mantenimiento del hijo a una cuenta personal de la Banca de Economii;

c)la persona que tiene derecho a recibir el pago de alimentos puede presentar una solicitud de dicho pago al tribunal;

d)el pago de alimentos puede pagarse dentro de tres años si el tribunal así lo determina cuando se presenta la solicitud. En caso de falta de pago, se toman ciertas medidas para obtenerlo;

e)las personas que tienen la obligación de pagar alimentos deben informar al ejecutor legal dentro de los tres días del cambio de residencia y trabajo y también de los ingresos de horas extraordinarias;

f)la falta de pago de alimentos se castiga conforme a la legislación vigente.

429.Los artículos 47, 48, 49, 50 y 51 de la Constitución reconocen los siguientes derechos: el derecho a tener una familia, el derecho a tener un hijo, los derechos del niño, el derecho a asistencia y protección especial, el derecho del niño a un sistema especial de asistencia para realizar sus derechos y el derecho de los niños enfermos y los niños impedidos a una prestación y a asistencia.

430.A fin de aplicar la Ley de derechos del niño, se adoptó un programa estatal de protección de los derechos del niño mediante la decisión del Gobierno Nº 679, de 6 de octubre de 1995. El programa establece medidas para obligar a las autoridades del Estado a asegurar condiciones favorables para la crianza y educación de los niños.

431.Con el aumento de las anomalías congénitas y los traumatismos ha aumentado el número de inválidos. El número de niños enfermos menores de 16 años en 1992 y 1999 era 8.900 y 14.300 respectivamente. Los problemas socioeconómicos relacionados con el mantenimiento de niños se deben al aumento del número de los niños inválidos.

Cuadro 30

Número de niños inválidos

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Número de inválidos desde la infancia menores de 16 años bajo la supervisión de órganos de seguridad pública	8.858	10.036	10.475	10.752	11.009	11.529
Número de niños inválidos en escuelas de internado	526	551	552	493	515	529

Fuente: Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia.

432.Los principales derechos son el derecho a la salud y al pleno acceso a la asistencia sanitaria y médica, a la atención médica básica y preventiva, a la educación sanitaria y a la nutrición racional. La protección de la salud de la madre y el niño es una prioridad fijada por la ley. Conforme a la Ley de derechos del niño, la protección de la salud del niño empieza en la etapa prenatal. El niño recibe asistencia médica con las técnicas más avanzadas que existen en el país. Por primera vez, la ley subraya la obligación de los padres de proteger la salud del niño.

433.Sin embargo, el período de transición generó tendencias y procesos negativos que afectaron la situación de los niños en el país. Las reformas del sistema de protección de la salud en conjunto prevén el desarrollo de la atención médica, a fin de aumentar el acceso de las personas a la atención médica y la calidad de ésta y la optimación de los gastos en el sistema de protección de la salud. La atención médica primaria de las personas, incluidos los niños, está a cargo de los médicos de familia (centros de médicos de familia, centros de salud, consultorios de médicos de familia). Los hospitales de distrito y municipales ofrecen atención hospitalaria. La atención especializada está disponible en las instituciones médicas de la República. Los asuntos de salud y cuidado del niño entre distritos e internacionales son coordinados por el Departamento de Atención Médica de la Madre y el Niño del Ministerio de Salud.

434.El empeoramiento de las condiciones de nutrición y de cuidado del niño ha hecho que 28% de los niños padezcan anemia, 35,5% raquitismo y 20% enfermedades del sistema nervioso. Otro fenómeno lamentable de nuestro país es el abandono de recién nacidos (350 por año). Estos niños, privados de la protección de la madre desde los primeros días de la vida, corren riesgo permanente de enfermedad y muerte. Viviendo en instituciones, son vulnerables a las enfermedades físicas y mentales.

435.Los niños que nacen con diversos estados patológicos se vuelven inválidos porque no reciben tratamiento adecuado a tiempo. Por esta razón no son capaces de integrarse en la sociedad. En 1999 había 14.469 niños inválidos bajo supervisión médica. Deben notarse que en los últimos 10 años el número de niños inválidos se ha duplicado, y 75% de los niños padecen desórdenes psiconeurológicos u ortopédicos. La proporción de niños traumatizados es alta. Todos estos niños necesitan una rehabilitación larga.

436.En los últimos cinco años se ha considerado la posibilidad de crear un centro nacional para la recuperación de los niños que padecen enfermedades graves, pero por desgracia este problema todavía no se ha resuelto por falta de recursos financieros suficientes. El presupuesto del Estado ha reducido la financiación del sistema de protección de la salud. El Gobierno de la República de Moldova ha adoptado varios programas estatales encaminados a la solución de los principales problemas de protección de la salud, especialmente de la salud de la madre y el niño:

el programa nacional de mejora de la atención prenatal;

el programa nacional de mejora de la asistencia médica genética;

el programa nacional de nutrición del niño;

el programa nacional de prevención;

el programa de actividades dedicadas al Año del Niño;

el programa nacional de mejora de la planificación de la familia y protección de la salud reproductiva.

437.En vista de los problemas mencionados, se ha iniciado la reforma de la atención médica primaria. Esta reforma elevará la calidad de la atención médica, principalmente la de los niños y las mujeres embarazadas. Se está buscando la forma de optimar los gastos en instituciones médicas a fin de mejorar el acceso a la atención médica primaria y a la atención hospitalaria y aumentar el suministro de medicamentos.

438.El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS y el UNICEF, ha ejecutado con éxito proyectos de lucha contra la diarrea infantil y las enfermedades respiratorias agudas y de fomento de la lactancia materna. Se han iniciado la aplicación d