Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quinto informe periódico que Chile debía presentar en 2021 en virtud de losartículos 16 y 17 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 31 de enero de 2022]

Abreviaturas y siglas

AMAdulto Mayor

APRAgua Potable Rural

BIDBanco Interamericano de Desarrollo

CACortes de Apelaciones

CAEC Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas

CAJCorporación de Asistencia Judicial

CASENEncuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

CDCámara de Diputados

CIDHComisión Interamericana de Derechos Humanos

CNCongreso Nacional

Corte IDHCorte Interamericana de Derechos Humanos

CONADICorporación Nacional de Desarrollo Indígena

CPRConstitución Política de la República

CSCorte Suprema

DDHHDerechos Humanos

DIPRESDirección de presupuestos

DFLDecreto Fuerza Ley

DGADirección General de Aguas

DOHDirección de Obras Hidráulicas

DSDecreto Supremo

ECLP Estrategia Climática de Largo Plazo

ENAEstrategias Nacionales como sobre alcohol ()

EVSElige Vivir Sano

FOGAPE Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario

FONFibra Óptica Nacional

FMI Fondo Monetario Internacional

GBSGasto de Bolsillo en Salud

GEI Gases con Efecto Invernadero

GES Garantías Explícitas de Salud

FONAPI Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos

FONASAFondo Nacional de Salud

IMGIngreso Mínimo Garantizado

IFEIngreso Familiar de Emergencia

INDHInstituto Nacional de Derechos Humanos

IGCImpuesto global complementario

ITSInfección de Transmisión Sexual

IVAImpuesto valor agregado

MDSFMinisterio de Desarrollo Social y Familia

MINDEPMinisterio del Deporte

MINEDUCMinisterio de Educación

MINJUDHMinisterio de Justicia y Derechos Humanos

MMEGMinisterio de la Mujer y la Equidad de Género

MINCAP Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

MINRELMinisterio de Relaciones Exteriores

MINSALMinisterio de Salud

MINVUMinisterio de Vivienda y Urbanismo

MCTCIMinisterio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación

MOPMinisterio de Obras Públicas

MMAMinisterio de Medio Ambiente

NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional

NNASCNNiños, niñas y adolescentes en situación de calle

NNANiños, niñas y adolescentes

OECDOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OITOrganización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONGOrganización no gubernamental

ONUOrganización de Naciones Unidas

OPSPanamericana de la Salud

PAN Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas

PBS Pensión básica Solidaria

PcDPersona con Discapacidad

PDIPolicía de Investigaciones de Chile

PIBProducto Interno Bruto

PIDESCPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PJUDPoder Judicial

PLProyecto de Ley

PLMCC Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

PNDHPlan Nacional de Derechos Humanos

PNSM Plan Nacional de Salud Mental

PRAISPrograma de Reparación y Atención Integral en Salud

PSCPersona en situación de calle

RPSRed de Protección Social

RSHRegistro Social de Hogares

SEGPRESMinisterio de la Secretaría General de la Presidencia

SEIASistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SENDAServicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

SENAMEServicio Nacional de Menores

SENCEServicio Nacional de Capacitación y Empleo

SEREMI Secretarías Regionales Ministeriales

SERNAMServicio Nacional de la Mujer

SIIServicio de Impuestos Internos

SNACSubsistema Nacional de Apoyos y Cuidados

SSyOOSeguridades y Oportunidades

STEMsigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática

SUBTELSubsecretaría de Telecomunicaciones

TCTribunal Constitucional

UDPUniversidad Diego Portales

UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UTMUnidad Tributaria Mensual

Introducción

1.Este documento presenta las respuestas del Estado de Chile a la lista de cuestiones previas, señalando diversos avances y desafíos en el cumplimiento de los derechos establecidos en el Pacto de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, entre 2015-2021. Fue elaborado por la SES del MDSF, con información proporcionada por más de 35 instituciones, entre Subsecretarías y Servicios, y el PJUD (ver anexo 1), reafirmando el compromiso del Estado en la materia. Respecto a aquellas temáticas que el Estado no ha podido responder íntegramente en el presente informe, se espera dar respuesta a ellas durante el próximo diálogo constructivo.

2.A lo largo de este informe se detallan mecanismos desarrollados por el Estado para proteger y promover los derechos del Pacto, en el marco de dos hitos que han marcado la agenda nacional: la crisis social del octubre de 2019 y sus efectos, incluyendo información relativa al proceso de reforma constitucional en curso; y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que ha afectado a la población mundial en su conjunto.

3.Respecto a la respuesta estatal a la pandemia, al 23 de diciembre de 2021 Chile presentó un total de 1.796.232 casos, lamentando un total de 38.954 fallecidos. Sobre los avances en vacunación, Chile ha sido uno de los líderes mundiales en la materia, reportando al 30 de diciembre un 92 % de la población con vacunación completa, con un total de 44.166.888 dosis administradas.

Cuestiones de particular importancia

Cuestión previa 2

4.El proceso de reforma constitucional comenzó el 12 de noviembre de 2019, cuando se convocó al país a un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que sentó las bases para este proceso. Luego siguieron reformas constitucionales para establecer un itinerario constitucional, y para incorporar normas en materia de equidad de género, participación de independientes, reserva de escaños para pueblos originarios y participación de PcD. A través del plebiscito de octubre de 2020, la ciudadanía aprobó la elaboración de una nueva Constitución a ser redactada por una convención integrada por personas elegidas especialmente para este efecto. En mayo de 2021, se llevó a cabo la elección de los 155 miembros de ese organismo, donde resultaron electos 78 convencionales hombres y 77 mujeres, dentro de los cuales se encuentran 17 representantes de los pueblos originarios reconocidos. La propuesta que realice la referida Convención deberá ser sometida a un plebiscito nacional para que la ciudadanía la apruebe o rechace.

5.Respecto de estas reformas constitucionales, destaca la Ley N° 21216, que introduce disposiciones transitorias a la CPR, permitiendo la conformación de pactos electorales de independientes y garantizando la paridad de género en las candidaturas para la integración del nuevo órgano constituyente. En particular, la Ley estableció que el sistema electoral para la Convención Constitucional se orientara a una representación equitativa de hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que repartan un número par de escaños, deben resultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en los distritos que repartan un número impar de escaños, no podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno, entre hombres y mujeres.

6.También destaca la Ley N° 21298, que modifica la CPR para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional y para resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en la elección de Convencionales Constituyentes. Así, de los 155 escaños, 17 se encuentran reservados para representantes de pueblos indígenas chilenos, según la siguiente distribución: 7 para el pueblo Mapuche, 2 para los Aymara, 1 para los Rapa Nui, 1 para el pueblo Quechua, 1 para el pueblo Atacameño, 1 para los Diaguita, 1 para el pueblo Colla, 1 para los Kawashkar, 1 para los Yagán y 1 para el pueblo Chango. De esta forma se espera que la propuesta de texto de nueva constitución pueda contar con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el cual además será sometido a un proceso de consulta de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

7.En cuanto al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la nueva CPR, el Reglamento General de la Convención señala como uno de los principios rectores de su actuar la preeminencia de los DDHH. Junto con esto, entre las comisiones temáticas creadas, se encuentra la Comisión de Derechos Fundamentales, que abordará, entre otros temas, los derechos protegidos por el Pacto.

8.La CS, por medio del estudio “El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia de la CS (2015-2021)”, da cuenta, a través de una investigación de carácter mixto, de un panorama actualizado de los alcances de la aplicación del Pacto en su jurisprudencia, analizando cuantitativamente 90 sentencias, los tipos de recursos y acciones judiciales sobre los que se pronuncia la Corte, y las normas y derechos citados en estos fallos. La investigación igualmente comprende el análisis cualitativo de los fallos de la CS en los que se pronuncia respecto de la aplicación directa de las normas del PIDESC, la función interpretativa que cumple esta aplicación y la manera en que la Corte argumenta respecto de las obligaciones específicas que emanan del Pacto, los derechos que este instrumento consagra y su incorporación en el derecho interno.

Cuestión previa 3

9.Respecto a las demandas sociales surgidas en el contexto de las protestas de octubre de 2019, el MDSF inició un proceso de escucha social denominado “El Chile que Queremos”, como respuesta a la necesidad de la ciudadanía de ser escuchada y reconocida en el contexto de la crisis social. El proceso se inició en noviembre de 2019 y consideró tres instancias de participación ciudadana: i) encuentros organizados por los mismos ciudadanos en distintas regiones del país (Diálogos Ciudadanos); ii) Consultas individuales sobre las necesidades sociales, opiniones y propuestas de las personas que desearan participar de forma individual; y iii) Diálogos Ciudadanos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), desarrollados para promover su participación efectiva, la de sus familias y otros actores relevantes; éstos últimos se acogieron a una metodología distinta. Los Diálogos y Consultas, tuvieron por objetivo la identificación de las principales emociones, necesidades y contribuciones de la población, así como también el orden de urgencia y rol del Estado en la satisfacción de éstas.

10.El proceso contó con tres etapas previas al proceso de sistematización. La primera, fue la etapa de diseño e implementación, donde se elaboraron formularios, procedimientos operativos y protocolos para asegurar transparencia y neutralidad, así como la habilitación de la plataforma web respectiva. La segunda etapa, la de los Diálogos y Consultas en sí, constó de un levantamiento entre los meses de noviembre 2019-marzo 2020. La tercera etapa fue la estructuración de la información en un formato procesable y uniforme, por medio de la incorporación de lo expresado en los diálogos y consultas en una base de datos que permitiera su análisis. La cuarta etapa, la de sistematización consistió en extraer los resultados agregados más relevantes mediante procesos informáticos que permitieran el manejo y procesamiento del gran volumen de datos generado por el universo de participantes, con la condición de que este proceso sea replicable.

11.En el proceso de Diálogos ciudadanos participaron 91.718 personas. Las Consultas individuales se efectuaron en modalidad en línea y en papel. Las consultas en papel llegaron a los 12.145 participantes y las Consultas en línea incluyeron a 1.802 participantes; ambas entregaron un universo de 13.947 participantes, sumando 105.665 participantes en ambos procesos.

12.Respecto a las víctimas de trauma ocular en el marco de protestas, desde la fecha indicada al presente se han implementado una serie de medidas en cinco ámbitos, a saber: vigilancia y coordinación ministerial-interministerial; interlocución con organizaciones de la sociedad civil de personas con trauma ocular; coordinación intersectorial; coordinación con otros poderes e instituciones del Estado; e información a Organismos Internacionales. Algunas de las acciones llevadas a cabo en esto ámbitos incluyen coordinaciones para el catastro de información de situación de salud y socioeconómica de personas lesionadas por trauma ocular y lesiones graves; coordinación bimensual con el INDH para gestionar la atención de personas en la Red Asistencial, según detección de necesidades que realizan duplas psicosociales del 1NDH en algunas zonas del país, entre otras.

13.Sobre ayuda a los hogares, en mayo de 2020 se inició el pago del IMG, que formó parte de la Nueva Agenda Social impulsada por el Gobierno. El IMG es un complemento a las remuneraciones de los trabajadores de menores salarios, que busca que ningún trabajador de jornada completa reciba menos de $319 mil líquidos a fin de mes. A diciembre de 2021, un total de 1.121.015 trabajadores se han beneficiado con al menos un pago del IMG.

14.En materia educativa, y acogiendo la recomendación de la Defensoría de la Niñez a propósito de las protestas sociales de octubre 2019, MINEDUC implementó la Capacitación online “Convive en la Escuela” para equipos por establecimientos, en temáticas de disciplina formativa y uso de datos para la gestión de la convivencia, planificación y monitoreo de acciones. También implementó la plataforma digital “Ciudadanos para Chile”, cuyo fin es la formación de valores y competencias ciudadanas básicas para la vida en comunidad.

15.Respecto de la activación del sector económico, se activó la red de trabajo permanente que se mantiene con los Gremios de los distintos sectores económicos directamente a través de la División de Empresas de Menor Tamaño y la División de Asociatividad en el nivel central, y de las 16 Secretarías Regionales Ministeriales a nivel regional y comunal.

16.En forma paralela, y a modo de identificar a las MiPyMEs y los niveles de afectación en su infraestructura productiva, se inició un proceso de catastro de empresas afectadas, con el fin de recoger antecedentes personales, comerciales y niveles de afectación productiva en términos monetarios, sobre Maquinaria, Infraestructura y Mercadería.

17.Igualmente se retomó el contacto con las Asociaciones Gremiales implementándose mesas de trabajo de reactivación económica a nivel regional, con participación del Ministerio del Trabajo, de Salud, Corfo, Sercotec y Banco Estado. Posteriormente se instituyó legalmente la mesa PYME, la cual tiene por objeto evaluar la implementación de lo acordado en el “Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las familias y la Reactivación Económica y del Empleo, al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo”, suscrito el 14 de junio de 2020, debiendo analizar y proponer medidas de apoyo.

18.En materia de acceso a la cultura, se llevaron a cabo una serie de acciones participativas que buscaron que la mayor cantidad de voces y actores fueran representados, con el propósito de identificar desafíos y objetivos comunes, aportando así en términos concretos a las orientaciones del MINCAP.

19.En un contexto interno, se realizaron jornadas de reflexión (Jornadas de Funcionarios y Trabajadores) con las jefaturas y equipos del MINCAP, entre diciembre 2019 y marzo 2020, en todas las regiones del país.

20.Por otro lado, el sector cultural y patrimonial realizó Cabildos Ciudadanos auto convocados, cuyos resultados fueron recabados por el MINCAP. Fue posible agrupar los temas y conceptos tratados en problemas sociales que generaron el malestar ciudadano, profundizando en los problemas del sector artístico, cultural y patrimonial, y por otro lado, en los avances que se proponen para una solución de la actual crisis social; ahondando en este último en soluciones específicas propuestas para el sector artístico, cultural y patrimonial.

21.Finalmente, en relación a la regulación del uso de la fuerza respetando estándares internacionales de DD.HH., se dictó —en cumplimiento de las recomendaciones del Caso 12.880 de la CIDH— el Decreto 1.364, de 2018, del MISP que entrega lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial y ordena a Carabineros de Chile la actualización de sus protocolos en base a los estándares ya señalados, y con la participación de la sociedad civil y el INDH. Esta actualización se efectuó a través de la Circular Nº 1832, sobre uso de la fuerza, y la Orden General Nº 2635; ambas de marzo de 2019. Esta última Orden General, en el protocolo Nº 4.3 referido a la privación de libertad de NNA, establece consideraciones especiales relativas a NNA indígenas. Posteriormente, la Orden General Nº 2780, de julio de 2020, actualizó específicamente el protocolo policial referido a la escopeta antidisturbios, con participación de la Subsecretaría del Interior, INDH, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la sociedad civil. Por último, a través de la Orden General Nº 2870, de septiembre de 2021, se modificaron los protocolos policiales referidos a los conceptos generales sobre derecho de reunión e instancias de intervención policial, que fueron trabajados en una mesa integrada por la Subsecretaría del Interior, INDH, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Subsecretaría de DDHH. En esta última modificación se establecieron conductas claras que permiten la intervención policial —asociadas a la comisión de delitos y faltas específicas y no al concepto general de “alteración del orden público”—, se establecen auditorías operativas realizadas regularmente y revisadas por autoridades ministeriales, y se clarifica el rol de los observadores de DDHH, tanto institucionales como particulares.

Cuestión previa 4

22.El Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS) fue creado el año 2009 (Ley 20379) y consiste en un modelo de gestión que coordina la acción de distintos ministerios y servicios para atender a la población más vulnerable en términos socioeconómicos, a través de la operación de subsistemas. El SIPS es la principal estrategia del Estado para apoyar a las familias más vulnerables concibiéndose como un sistema de gestión que considera herramientas de información para la selección y seguimiento de las familias beneficiarias.

23.El Sistema cuenta en la actualidad con dos subsistemas: a) Subsistema Integral de Protección a la Infancia “Chile Crece Contigo”, cuyo objetivo es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente; b) Subsistema de Protección y Promoción Social SsyOO; focalizado en las personas más pobres del país como una estrategia del Estado de Chile para el mejoramiento en la calidad de vida de las personas y adquisición de herramientas para el mejor enfrentamiento de vulnerabilidades a lo largo del ciclo vital. El SSyOO se ejecuta a través de un programa base de acompañamiento, los que, en conjunto con las transferencias monetarias (Ingreso Ético Familiar) y acceso a oferta preferente (cupos preferentes para el acceso a oferta programática del MDSF y de otros Ministerios), constituyen la estrategia de intervención para la superación de cada una de las vulnerabilidades definidas por la población objetivo de los programas bases.

24.Igualmente, en enero de 2022 se firmó el decreto que se crea el SNAC, el cual tendrá como misión acompañar, promover y apoyar a las personas en situación de dependencia, sus cuidadores y su red de apoyo, comprendiendo acciones públicas y privadas, coordinadas intersectorialmente, que consideran los distintos niveles de dependencia y curso de vida.

25.En último término, la situación de calle afecta gravemente la salud, el acceso al empleo y la erradicación de la pobreza extrema. Al respecto, el programa de gobierno contempla la actualización de la medición de los NNA SC, siendo uno de los grupos prioritarios para entregar soluciones concretas en el corto y mediano plazo. A fines del 2018 se realizó el Conteo Nacional de NNASC; proceso liderado por una mesa intersectorial en el que participó activamente UNICEF, que dio cuenta de 547 NNASC en el territorio nacional. A partir del año 2019, el gobierno ha instalado nuevos y mejores servicios tanto para la prevención como para la protección de la niñez y adolescencia en situación de calle. En conjunto con ello, también se estableció el “Plan Protege Calle” como una estrategia intersectorial, liderada por el MDSF, para la protección de la vida de cerca de 16.000 PSC.

26.Todos los programas descritos han contado con monitoreo y seguimiento de oferta pública, en los cuales no se han establecido observaciones respecto a los criterios y focalización efectiva declarados, sin observaciones respecto a la ejecución presupuestaria y estimación de gasto administrativo, como tampoco existen observaciones respecto a la evaluación de pertinencia, calidad y resultado tanto de los indicadores de propósito como complementarios.

27.Para el año 2020, hay 84 programas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza por ingresos, lo que representa 14,7 millones de millones de pesos, equivalentes a un 61 % del presupuesto ejecutado en programas sociales.

Aplicación en curso del Pacto

Cuestión previa 5

28.El PNDH, como herramienta de política pública, se constituye como un instrumento intersectorial para el pleno ejercicio de los DDHH, permitiendo la incorporación del enfoque de DDHH en las distintas reparticiones del Estado, tanto en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y programas.

29.El plan, en su primera versión (2018-2021), cuenta con más de 600 acciones comprometidas, organizadas en 50 metas y 15 capítulos. Estas acciones responden a su vez a recomendaciones tanto del Sistema Universal, como del Sistema Interamericano de DDHH, y del INDH, y se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD. Al mes de mayo de 2021, el Plan reporta un 30,10 % de sus actividades finalizadas, 5,92 % no iniciadas, y 57,07 % en implementación.

30.Durante el año 2021 se llevó a cabo el proceso de elaboración del segundo PNDH 2022-2025, lo que contempla un amplio espacio de participación ciudadana, durante el 28 de mayo al 15 de julio, ofreciendo cinco modalidades de participación:

a)Modalidad digital: A través de la plataforma www.tuopinioncuenta.gob.cl todos los interesados en participar se registraron de manera individual o grupal. El objetivo de esta modalidad fue recoger la opinión sobre los diagnósticos en cada uno de los temas; proponer acciones y sugerir sobre mecanismos de monitoreo para el segundo PNDH. Se inscribieron más de 900 personas;

b)Modalidad para NNA: La plataforma digital contó con un perfil diseñado y ajustado para la participación de NNA, donde pudieron dar su opinión de manera individual o grupal; más de 2.800 NNA participaron de esta modalidad;

c)Modalidad Encuentros Temáticos: Destinados especialmente a representantes de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo fue generar espacios de reflexión y discusión para identificar los principales desafíos de DDHH y medidas o acciones que este instrumento debiese abordar. Los encuentros abordaron múltiples temas, participando 216 representantes de la sociedad civil, en 51 grupos de trabajo distintos;

d)Modalidad Pueblos indígenas y tribales: Cumpliendo los estándares de derechos y participación indígena internacionales que el Estado ha suscrito, se invitó a participar a los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Diaguita, Collas, Changos, Rapa Nui, Mapuche, Kawaskar y Yámana, además del pueblo tribal Afrodescendiente chileno. En los encuentros participaron 118 representantes de pueblos indígenas y tribales y 39 fueron entrevistados de manera telefónica;

e)Modalidad con personas privadas de libertad: Por primera se desarrollaron cuatro instancias presenciales en dos unidades penitenciarias de la Región Metropolitana y también se aplicaron encuestas estructuradas. También se desarrolló una instancia virtual con familiares de personas privadas de libertad. En esta modalidad, 36 personas privadas de libertad participaron de los encuentros presenciales, 20 familiares en el encuentro virtual y 67 personas privadas de libertad contestaron la encuesta.

31.Toda esta información será sistematizada y ordenada para ser entregada a los distintos servicios que, junto con las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de DDHH y los diagnósticos por temática elaborados por la Subsecretaría de DDHH, servirán como insumo para la definición de las acciones que comprometerá cada institución en la segunda versión del PNDH.

Cuestión previa 6

32.En enero de 2019, fue traspasada a la Subsecretaría de DDHH la coordinación del PAN, desde MINREL. El Plan, presentado en el año 2017, busca instalar un enfoque de DDHH en el quehacer diario de las empresas, a través de la implementación de los Principios Rectores de DDHH y Empresas de Naciones Unidas. El PAN considera 146 acciones, organizadas en base a los tres principios rectores, y que involucran a 17 instituciones públicas. La gobernanza del Plan se encuentra radicada en el Comité Interministerial de DDHH y Empresas, presidido por el MINJUDDHH e integrado por nueve ministerios.

33.A la fecha, se encuentra en proceso de elaboración la segunda versión de este Plan. Para ello, se encuentra en desarrollo un proceso participativo, a modo que las personas puedan determinar ámbitos y temáticas de preocupación preferente en DDHH y empresas, y levantar propuestas de acciones a incorporar en la segunda versión del Plan. Este proceso consta de una consulta digital abierta a todo público, junto con encuentros temáticos dirigidos a los y las representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a fin de abordar los desafíos que se presentan respecto de alguno de los pilares de los DDHH y empresas:

a)Pilar I La obligación del Estado de proteger los DDHH;

b)Pilar II La responsabilidad de las empresas de respetar los DDHH;

c)Pilar IIIAcceso a mecanismos de remediación.

Cuestión previa 7

34.En enero de 2020 el PLMCC (boletín N° 13191), inició el proceso de tramitación en el Senado. El PLMCC establece, entre otras materias, una meta de carbono neutralidad para el año 2050. El primer trámite constitucional terminó en octubre del 2021 con una aprobación prácticamente unánime en la sala del senado. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional con suma urgencia en la CD.

35.El art. 39 del referido proyecto de ley establece en relación a la Evaluación Ambiental Estratégica que los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial incorporarán consideraciones ambientales del desarrollo sustentable relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Así todos los proyectos con impacto ambiental, incluyendo el Proyecto Alto Maipo, deberán considerar la variable de cambio climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo.

36.Por último, para dar cumplimiento al Acuerdo de París, Chile presentó en la COP 26 a la UNFCCC su ECLP, que define la hoja de ruta para lograr en las próximas décadas la carbono neutralidad y la resiliencia climática. El instrumento contiene los límites de emisión de GEI a nivel sectorial, a partir de la meta nacional establecida en la NDC de Chile presentada a la UNFCCC en abril del 2020.

Cuestión previa 8

37.Cumpliendo con las obligaciones emanadas de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la Consulta Indígena está reglamentada en el DS N° 66 del MDSF, del año 2014. Dicho instrumento define el proceso como un deber de los órganos de Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por adopción de medidas administrativas o legislativas, siendo el procedimiento de Consulta el procedimiento apropiado con el cual se busca llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas en cuestión.

38.Desde el ámbito de los proyectos desarrollados bajo la Ley de Concesiones de Obras Públicas, éstos cuentan con mecanismos que garantizan que se realicen los procesos de consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado en los procesos susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Para esto, se han implementado las siguientes medidas:

a)Todos los proyectos en etapa de estudio, públicos o privados, deben desarrollar un diagnóstico indígena, el cual identifica si existe afectación directa, definida en el DS Nº 66;

b)En caso de identificar afectación directa o si existe duda al respecto, se envía una consulta a la Subsecretaría de Servicios Sociales del MDSF, quien emite su opinión acerca de si debe o no realizar un procedimiento de consulta;

c)En caso de proceder la consulta, ésta se desarrolla en forma previa a la adjudicación del respectivo contrato de concesión. La consulta es liderada por el MOP, a través de la Dirección General de Concesiones, de acuerdo con el proceso regulado en el DS Nº 66;

d)Una vez adjudicado el contrato de concesión, en caso que deba ingresar al SEIA, se verificará la necesidad de hacer consulta indígena de acuerdo con lo establecido en el DS Nº 40 de 2012 del MMA, que aprueba el Reglamento del SEIA.

39.Respecto al Fondo para Tierras y Aguas Indígenas , creado por la Ley Indígena y administrado por la CONADI, se han adquirido desde el año 2012 a la fecha 26.255 ha bajo el Artículo 20a, y 90.898 ha bajo el Artículo 20b, ambas en beneficio de comunidades indígenas a nivel país.

Cuestión previa 9

40.La pobreza por ingresos en 2020 en Chile llegó al 10,8 % y afecta a 2.112.185 personas. Nos enfrentamos también a un país con mayores niveles de desigualdad, debido a los fuertes impactos que la crisis de la pandemia ha tenido en los más vulnerables, donde la pobreza extrema presentó un alza importante llegando a 4,3 % y afectando a 831.232 personas.

Tabla 1

Distribución de la población según situación de pobreza, 2006-2020

	2011	2013	2015	2017	2020
Total personas en situación de pobreza	22,2	14,4	11,7	8,6	10,8

Tabla 2 Indicadores de la distribución del ingreso autónomo por tipo de ingreso, 2006-2020

	2011	2013	2015	2017	2020
Índice de Palma	2,5	2,5	2,4	2,5	3,4
Coeficiente de Gini	0,504	0,504	0,495	0,502	0,530

Notas: Casen en Pandemia 2020 se aplicó con cambios metodológicos asociados a la modalidad de levantamiento.

Fuente: MDSF .

Tabla 3 Indicadores de la distribución del ingreso por tipo de ingreso, metodología OECD

	2011	2013	2015	2017	2020*
Gini Ingreso disponible (Después de impuestos y transferencias)	0,471	0,465	0,454	0,460	0,492
Gini Ingreso de mercado (Antes de impuestos y transferencias)	0,502	0,498	0,486	0,495	0,539

Nota: *Datos preliminares en proceso de validación.

Fuente: MDSF .

Tabla 4 Porcentaje de los ingresos por impuestos que provienen del impuesto a la renta, del IVA y de otros impuestos indirectos

Año	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Porcentaje de Impuesto a la Renta	42,6  %	39,5  %	42,3  %	40,7  %	41,2  %	38,8  %
Porcentaje de IVA	45,2  %	48,7  %	48,0  %	49,0  %	47,3  %	49,4  %
Porcentaje de Otros impuestos indirectos	11,0  %	11,1  %	10,8  %	11,2  %	11,0  %	10,8  %

Nota: Existen otras partidas de recaudación no consideradas en la tabla tanto positivas como negativas por lo que la suma de la columna puede ser inferior o mayor al 100  % . Otros impuestos indirectos engloba impuestos a productos específicos, a actos jurídicos, y al comercio exterior .

Fuente: DIPRES .

41.La siguiente tabla presenta la tasa de impuesto con la que se grava cada año los beneficios empresariales, la renta de personas naturales, el IVA y algunos productos específicos.

Tabla 5 Tipos impositivos en Chile

Año	Primera categoría: General	Primera Categoría: Especiales	Personas	IVA
2021	25  %	10  % -27  %	40  %	19  %
2017	25  %	25,50  %	35  %	19  %
2012	20  %		40  %	19  %

Tabla 6 Tipos impositivos específicos

Año	Lujo	Tabaco – Puros	Tabaco – Elaborado	Tabaco – Cigarrillos	Alcohol	Bebidas	Gasolina
2021	15  % -50  %	52,60  %	59,70  %	30  % ad- valorem 0,0010304240 UTM/unidad	20,5  % - 31,5  %	10  % -18  %	1,5-6 UTM/M3
2017	15  % -50  %	52,60  %	59,70  %	30  % ad- valorem 0,0010304240 UTM/unidad	20,5  % -31,5  %	10  % -18  %	1,5-6 UTM/M3
2012	15  % -50  %	52,60  %	59,70  %	62,3  % ad- valorem 0,0000675 UTM/unidad	15  % -27  %	13  %	1,5-6 UTM/M3

Nota: Valor UTM=53.476 a noviembre 2021. Para los impuestos personales, se presenta la tasa marginal máxima de los impuestos de segunda categoría y del IGC.

Fuente: SII .

42.Por otra parte, para el 2019, el 8,46 % de los ingresos totales obtenidos del impuesto a la renta de las personas físicas, provienen del decil más adinerado de la población.

Tabla 7 Porcentaje de los ingresos totales que se obtiene del impuesto a la renta de las personas físicas pertenecientes al decil más adinerado de la población

Año Calendario	Porcentaje
2009	9,10  %
2010	7,85  %
2011	7,54  %
2012	8,22  %
2013	8,04  %
2014	8,62  %
2015	8,06  %
2016	8,10  %
2017	8,01  %
2018	7,97  %
2019	8,46  %

Fuente: SII .

43.La última década ha estado marcada por un avance en las políticas sociales a nivel nacional. Esto se alinea con los compromisos adoptados en el PIDESC y se ve reflejado en el sistemático aumento del gasto público como porcentaje del PIB, que pasó de representar un 21,3 % del PIB en 2011, a un 24,5 % del PIB en 2019, superando el 27 % en 2020, en un contexto de pandemia.

Tabla 8 Gasto total del Gobierno Central 2011-2020 (porcentaje del PIB)

	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Total gastos	21,3	21,5	23,2	23,7	24,5	27,3

Fuente: DIPRES .

44.Respecto del gasto en funciones sociales como porcentaje del gasto total, el aumento del gasto social entre 2011 y 2019 ha sido de 3,7 puntos porcentuales (pp) del gasto total; cifra que alcanza los 7 pp al incorporar el año 2020 en el análisis. Con todo, las cifras del año 2020 deben ser analizadas considerando la pandemia de COVID-19, lo que dificultó la ejecución de algunas partidas de gastos y abultó otras en la medida que la política fiscal debió reaccionar frente a ello.

Tabla 9 Gasto en funciones sociales 2011-2020 (porcentaje del Gasto total del Gobierno Central)

	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Gasto social	66,9	68,2	68,3	69,4	70,6	73,9
Educación	18,1	19,7	20,0	21,5	22,1	19,8
Salud	16,4	17,6	18,8	19,9	21,1	22,1
Vivienda	6,5	5,6	5,4	5,1	5,2	4,6
Agua y saneamiento	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Educación, Salud y Protección social	64,2	65,4	65,5	66,8	68,1	71,6

Fuente: DIPRES .

45.Alrededor de un 70 % del gasto público total es destinado a Salud, Educación y Protección social. El gasto social en Salud, aumentó en 4,7 pp del gasto total entre 2011 y 2019, acelerándose en 2020 y alcanzando un 22,1 % del gasto total. El gasto social en Educación se ha mantenido en torno a un 20 % del gasto total, demostrando ser una prioridad gubernamental y creciendo un 6,6 % real anual en la última década. Si bien en 2020 se observa una caída en el gasto en Educación, podría explicarse por la dificultad de ejecutar recursos debido a las cuarentenas y cierre de colegios.

46.El gasto social en vivienda se ha mantenido relativamente estable en torno a un 5,0 % del gasto total, aunque en niveles de gasto registra un crecimiento real de 13,6 % entre 2011 y 2020. El gasto social en agua y saneamiento, como porcentaje del gasto total, se ha mantenido relativamente estable en los últimos diez años, y registra una expansión en promedio 6,3 % real anual entre 2011 y 2019 en términos de gasto.

47.Respecto a los niveles absolutos de gasto social ajustados a la inflación, el gasto social en Chile ha mostrado una tendencia creciente en los últimos diez años, expandiéndose en promedio un 6,7 % real anual, destacando el crecimiento observado en 2020 de 15,7 % en comparación al año anterior, en un contexto de pandemia, y alcanzando los $40.505.339 millones (pesos de 2020).

Tabla 10 Gasto en funciones sociales 2011-2020 (millones de pesos de 2020)

	2011	2013	2015	2017	2019	2020
Gasto social	22 753 615	25 249 146	28 929 899	31 954 904	35 015 719	40 505 339

Fuente: DIPRES.

48.En términos reales, al observar los últimos diez años todas las grandes divisiones del gasto social han mostrado un crecimiento anual positivo. Entre ellos, destaca el crecimiento del gasto social en Salud, (9,0 % real anual). Además, en 2020, en medio de la pandemia, el gasto en protección social aumentó un 31,8 %. Estas cifras demuestran la preocupación del gobierno por promover programas sociales que fomenten la disminución de la pobreza y garanticen una vida digna, enfocándose en el acceso universal a la salud, educación, protección social y vivienda.

Cuestión previa 10

Migrantes y refugiados

49.El año 2021, se aprobó la Ley N° 21325, de Migración y Extranjería, estableciendo que el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación y se compromete a promover la debida protección contra la discriminación, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la CPR, en los Tratados de DDHH ratificados por Chile vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma. Al efecto, los extranjeros gozarán de iguales derechos laborales que los chilenos, y que el empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin distinción de la condición migratoria del trabajador extranjero. Adicionalmente, se consagra el acceso a la salud, seguridad social y educación en iguales condiciones que los nacionales, e iguales derechos en materia de vivienda propia que los nacionales

50.En particular, en materia de educación, la ley garantiza la enseñanza preescolar, básica y media a extranjeros menores de edad, en igualdad de condiciones con los nacionales e independiente de su condición migratoria irregular o la de sus padres o representantes legales. En esta temática el Estado ha llevado a cabo políticas, tales como la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros de 2018 y el Identificador Provisorio Escolar (IPE) de 2018 (se entrega a niños, jóvenes y adultos extranjeros que no cuentan con RUN o están en situación migratoria irregular).

51.En materia de salud, las personas migrantes tienen iguales derechos que los nacionales, especialmente, aquellas personas carentes de recursos sin permiso de residencia o documentos y que se encuentran en condición migratoria no regularizada y que se identifican como los grupos de mayor vulnerabilidad. El DS N° 67/2016 les permite acceder de manera gratuita a las atenciones de salud como beneficiarios del seguro público (FONASA) en el tramo A y pueden acceder a todo el régimen de prestaciones, incluidas las patologías GES, y el esquema de atenciones COVID-19.

52.En materia de seguridad social y beneficios de cargo fiscal, la ley garantiza el acceso a los NNA, en igualdad de condiciones que los nacionales, e independiente de la situación migratoria de sus padres o de los adultos de quienes dependan. En esta misma línea, se incorporó a la población extranjera o migrante con hijos o hijas chilenas en el beneficio del IFE.

53.En temas culturales, se creó el Programa de Interculturalidad e Inclusión de Migrantes, que busca visibilizar las expresiones culturales de las personas migrantes en Chile, valorando el aporte que éstas hacen a la construcción de las identidades.

54.En relación al asilo y refugio, la Ley 21325 incorporó el principio de la Protección Complementaria, establecida para aquellos extranjeros solicitantes de refugio a quienes se les hubiere rechazado su solicitud, a los que se les podrá otorgar esta protección conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación. Ningún extranjero que obtenga la protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas, en razón de su raza, etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

PcD

55.En materia laboral, la Ley Nº 21015 de Inclusión Laboral (2018) busca promover una inclusión laboral eficaz de las PcD, abordando entre otros temas, la contratación por parte de los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras de al menos el 1 % de PcD. En 2020 entró en vigor la Ley N° 21275 que exige a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.

56.La Ley Nº 21331 (2021) busca reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.

57.En temas de salud destaca la Ley Nº 21168 (2019), que crea el derecho a la atención preferente a personas mayores de 60 años y PcD en consultas generales, consultas con médico especialista, y entrega de medicamentos y toma de exámenes por cualquier prestador de salud. Adicionalmente, se estableció la eliminación del tope en atenciones kinesiológicas y fonoaudiológicas para PcD.

58.Respecto a educación, destaca el Decreto Exento Nº 83/2015 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación Básica e Integración Escolar.

59.En temas culturales, los diseños de Bibliotecas, Archivos, Museos y centros CECREA, se fundamentan en la accesibilidad promoviendo generar soluciones con estándares que permitan el acceso, circulación, uso e información a todas las personas. Adicionalmente se ha avanzado con la Integración de subtítulos inclusivos para cine chileno en OndaMedia, y audiolibros de la Biblioteca Pública Digital; disponibles para PcD visual.

Identidad de género y/o orientación sexual

60.Respecto de la aplicación de la Ley N° 20609, que establece medidas contra la discriminación arbitraria, entre el año 2015 y el 15 de junio del año 2021 ingresaron 402 causas a tribunales de primera instancia, 162 recursos ante las CA y 42 en la CS. En relación a los términos, correspondieron a 252 causas en tribunales de primera instancia, 147 recursos en CA y 34 en CS.

61.La Ley N° 21400 modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, terminando con la discriminación estructural vigente, otorgando así un acceso igualitario al matrimonio civil, reconociendo todos y cada uno de los derechos y deberes de esta institución, incluidos los derechos filiativos. La Ley fue publicada el 10/12/2021 y entrará en vigencia el 10/03/2022.

62.La Ley Nº 21120 (2018) permite a toda persona mayor de edad cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, solicitar la rectificación de éstos. Para mayores de 14 años y menores de 18 años, debe constar la autorización de padres o representante legal.

63.En materia de educación, la Superintendencia de Educación dictó la circular 768/2017 sobre Derechos de Niñas, Niños y Estudiantes Trans en el Ámbito de la Educación, que indica principios orientadores con enfoque de derecho y ofrece un procedimiento para el reconocimiento de estudiantes LGTBI.

64.Por último, en temas culturales, el MINCAP está incorporando acciones para la identificación de personas no binarias en sistemas de información. Durante este 2021 ya se ha implementado en la Encuesta ciudadana Convención Nacional 2021: hablemosde.cultura.gob.cl; y en el Registro Nacional de Agentes Culturales, segundo semestre 2021.

Cuestión previa 11

65.La Ley N° 20348 de 2009 resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo; sin embargo, en la práctica, sigue existiendo una brecha en las remuneraciones: en julio de 2021, la brecha salarial fue de un ‑18,2 %. Actualmente hay dos PDL que pretenden modificar la referida Ley, según se detalla en la cuestión previa 13.

66.Adicionalmente, se han creado instrumentos para incentivar la participación de las mujeres en el mercado laboral y para disminuir la brecha salarial de género. En mayo de 2012 entró en vigor la Ley N° 20595, que crea el subsidio al empleo de la mujer. Durante el 2019, 394.326 mujeres fueron beneficiadas con el subsidio y, en el año 2020, el número ascendió a 396.851 mujeres.

67.Por otra parte, el MMEG ha trabajado en iniciativas como el Registro de Mujeres para Directorios, creado en 2019, y el Reglamento Designación Directores Empresas SEP, que desde 2018 establece que las personas designadas como directores no podrán exceder el 60 % de un mismo género del total de directores. En la misma línea, en 2020 se lanzó el Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile.

68.El 2019 se ingresó el PDL de modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión, que consagra flexibilidades de jornadas y horarios para tales efectos. (Boletín Nº 12618-13).

69.Asimismo destaca el PDL que amplía el derecho a sala cuna, mediante la eliminación del requisito del artículo 203 del Código del Trabajo que limita el beneficio a las trabajadoras que pertenecen a empresas con 20 o más empleadas.

70.Con motivo de la pandemia se dictó la Ley de Crianza Protegida, que extendió el permiso postnatal de 6 meses por otros 6 meses adicionales mientras durara el estado de emergencia sanitaria.

71.Con el objetivo de proteger los empleos de madres, padres y personas cuidadoras de niños y niñas menores de dos años, el año 2020 se lanzó el Subsidio Protege otorgando un subsidio mensual de $200.000 para ser destinado al cuidado de los niños y niñas.

72.Por último, el Programa 4 a 7 proporciona a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su participación en el mercado laboral. Asimismo, existe el Programa Mujeres Jefas de Hogar, que tiene como objetivo aportar al desarrollo, empoderamiento y autonomía económica de las mujeres jefas de hogar.

73.Por otra parte, se ha trabajado con el sector privado, a través de programas como la Iniciativa de Paridad de Género (IPG Chile) y la Norma Chilena 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

74.En materia de violencia y acoso, el PL citado anteriormente (Boletín Nº 12618-13), considera un fortalecimiento de la regulación del acoso laboral y sexual en el contexto laboral.

75.El año 2019 se publicó la Ley N° 21153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos, ampliando el delito de abuso sexual contra mayores de 14 años y considerando la captación y difusión de registros audiovisuales con significación sexual, obtenidos sin el consentimiento de la víctima en un lugar público o de libre acceso al público. En 2020 se publicó la Ley N° 21212 que amplía el marco legal del femicidio a los casos de femicidio íntimo (incorporando a parejas sin convivencia y con quien se tenga o se haya tenido un hijo en común) y por razón de género, con determinadas circunstancias, además de aumentar las penas. Por último, en 2021 se promulgó la Ley 21369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.

Cuestión previa 12

76.En anexos se adjuntan las estadísticas sobre la situación de empleo en el país.

77.Con respecto a políticas que buscan aumentar la participación laboral, en particular en jóvenes y mujeres, el SENCE cuenta con instrumentos que fomentan la participación laboral de estos segmentos. Los principales instrumentos son Aprendices, Subsidio al Empleo Joven, Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes, y Bono al Trabajo de la Mujer.

78.Aprendices busca aumentar la inserción laboral de jóvenes entre 15 y 24 años a través de la entrega de incentivos de contratación y capacitación. La bonificación corresponde a un pago por persona contratada por mes trabajado; se le paga al empleador para que transfiera al empleado y corresponde al 50 % de un ingreso mínimo mensual, con duración entre 3 y 12 meses. Las capacitaciones corresponden a financiamiento a las empresas que contratan jóvenes y con aquello financiar los costos de formación en la empresa. Los indicadores utilizados son la densidad de cotizaciones de los egresados, obteniendo que en promedio aumente 53 % dicha densidad en los últimos 3 años; y el componente de capacitación se mide con una evaluación por parte de los beneficiarios sobre la adquisición de conocimientos y habilidades posterior a la capacitación.

79.Por su parte, el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) busca aumentar la tasa de participación en el mercado laboral (inserción y permanencia) de jóvenes vulnerables de entre 18 y 25 años, y consta de dos componentes: Subsidio trabajador y empleador. Este programa presenta 3 indicadores: porcentaje de usuarios que aumenta la densidad de sus cotizaciones, el cual durante los últimos años ha estado cercano al 40 %; nuevos beneficiarios que comienzan a cotizar y el año anterior no lo hacían, este indicador logra alrededor del 15 %; y evaluación de los beneficiarios al subsidio como un aporte al presupuesto familiar, que cuenta con un 70 % aproximado de valoración positiva.

80.El SEJ, cuenta con una evaluación de impacto, observándose un efecto positivo sobre la oferta de trabajo, específicamente en el aumento en la tasa de empleo y participación laboral sobre la población elegible.

81.El Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (STJ) es un subsidio estatal mensual que incentiva la contratación de jóvenes trabajadores entre los 18 y 35 años, el cual es pagado tanto a empleadores y trabajadores. Los empleadores y trabajadores tienen derecho a recibir un subsidio equivalente al 50 % de la cotización previsional, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual.

82.El Bono al Trabajo de la Mujer busca aumentar la tasa de participación de las mujeres vulnerables entre 25 a 59 años y cuenta con dos componentes: subsidio trabajador y empleador. Los indicadores del programa son los mismos que los del SEJ, y los números son que cerca del 25 % de las mujeres aumenta la densidad de cotizaciones, en promedio un 5 % comienzan a cotizar, y un poco más del 70 % evalúan positivamente el subsidio como aporte familiar.

83.A raíz de la pandemia también han surgido otros subsidios con el objetivo de contribuir a la recuperación del empleo en nuestro país, los cuales también tienen como grupos prioritarios a mujeres, jóvenes y PcD. De estos beneficios se puede destacar el IFE Laboral, que es un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles un subsidio por la nueva relación laboral que se crea. Este beneficio se entrega directamente al trabajador/a siempre que su remuneración bruta mensual no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales. El monto del beneficio es del 50 % de la Remuneración Bruta Mensual (RMB), con tope de $200.000 mensuales, pero en el caso de mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, PcD debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez, el beneficio es del 60 % de la RMB, con tope de $250.000 mensuales.

84.Con respecto a programas de formación y capacitación técnica, el SENCE implementó un total de 57.291 capacitaciones durante el año 2019 y 26.424 capacitaciones durante el año 2020. Dentro de éstos destacan: “Becas Laborales de Capacitación para el Trabajo”, “Despega MyPE”, “Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios”.

85.SENCE, a través de su Observatorio Laboral, lleva a cabo la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL), con dos objetivos principales: identificar y caracterizar los puestos de trabajos que serán requeridos en el futuro; hacer un levantamiento de las necesidades de formación para articular los servicios de capacitación, certificación e intermediación laboral de SENCE con las necesidades del mercado laboral. A su vez, existen instrumentos aplicados de manera regional, como la “Encuesta de Necesidades de Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas”.

86.Igualmente SENCE cuenta con el programa de “oficios” que incorpora líneas tales como Registro Especial, Sectorial Transportes, Educación y Trabajo, Continuidad de Estudios, Personas con Discapacidad, Emprendimiento, Infractores de Ley, Formación en el Puesto de Trabajo – Experiencia Mayor y Aprendices, todas las cuales buscan apuntar a segmentos más desfavorecidos y marginados, incorporando para ello aspectos específicos de diseño relacionados con el grupo objetivo al que apuntan. Asimismo, varios de ellos incorporan el componente de Apoyo Sociolaboral e inserción, como también dispositivos de apoyo de distinto tipo, tales como subsidio diario, subsidio de herramientas, etc. (dependiendo de la línea). Toda la oferta se encuentra disponible en “Elige Mejor”, pudiéndose postular en línea de acuerdo a los requisitos de cada programa. Por otro lado, la oferta va adaptándose constantemente a partir del trabajo específico de cada una de las líneas para definir cursos atingentes a la demanda.

87.Finalmente, SENCE cuenta con el programa de Certificación de Competencias Laborales, que busca reconocer formalmente las competencias laborales de los participantes, independientemente de la forma en la que éstas hayan sido adquiridas, o si se cuenta o no un título/grado académico otorgado por la enseñanza formal.

Cuestión previa 13

88.Actualmente existen dos PL relacionados. El primero se denomina “Proyecto de Ley que Modifica Código del Trabajo, en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones, de hombres y mujeres” (Boletín N° 9322-1), que busca que el principio de igualdad de remuneraciones no solo aplique respecto del “mismo trabajo” como regula actualmente el Código del Trabajo, sino que también, en relación con trabajos comparables. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la CD.

89.El segundo, a saber “Proyecto de Ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres”, corresponde a los boletines refundidos N° 10.576-13, 12.719-13 y 14.139-34. El PL incorpora el concepto de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajos a los que se les atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, sin movimiento desde el mes de junio pasado.

Cuestión previa 14

90.El 27/10/2014 fue publicada la Ley Nº 20786, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras de casa particular, y prohíbe la exigencia de uniforme en lugares públicos. Esta Ley establece que los contratos de trabajo deben indicar el tipo de trabajo a realizar y el domicilio específico donde se prestarán los servicios; un límite a la jornada laboral, bajándola desde 72 a 45 horas, en línea con la regla general; y que los costos de alimentación y habitación no se pueden descontar de la remuneración del trabajador o trabajadora, sino que deben ser cubiertos por el empleador o empleadora. Además, se estableció la obligación del empleador o empleadora de registrar el respectivo contrato, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, en el sitio web de la Dirección del Trabajo. Sobre este mismo tema, es relevante la promulgación del Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos el año 2016.

91.Adicionalmente, se ha velado para que las distintas medidas de apoyo en el contexto de respuesta al COVID-19, incorporen a las trabajadoras de casa particular. Así, por ejemplo, la Ley de Crianza Protegida, a través de la cual se entregan prestaciones excepcionales a los trabajadores y trabajadoras dependientes, independientes y funcionarios públicos, incorpora expresamente a trabajadores y trabajadoras de casa particular para suspender los efectos de sus contratos por motivos de cuidado. Además, a partir del 13/04/2020, se permitió a las trabajadoras y los trabajadores de casa particular retirar fondos desde su cuenta de ahorro de indemnización de la AFP a la que están afiliadas por término del contrato de trabajo o en el marco de la ley de protección al empleo.

92.Por otra parte, el PL que amplía el derecho a sala cuna, eliminando la discriminación arbitraria existente actualmente en el Código del Trabajo que obliga al empleador a pagar sala cuna a mujeres que trabajen en empresas de 20 o más trabajadoras, considera a las trabajadoras y trabajadores de casa particular.

93.Con respecto a las denuncias, en base a los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, el año 2019 se realizaron 2.187 denuncias por acoso laboral, disminuyendo esta cifra en el año 2020 a 1.436 denuncias; esta caída se puede explicar por los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Las denuncias pueden contener más de una materia o derecho vulnerado. En el año 2020 se registraron un total de 2.869 materias denunciadas; las más relevantes fueron “A la integridad psíquica”, categoría que concentra el 40,2 % del total de materias denunciadas, seguida por “A la honra de la persona y su familia” con el 19,1 %, “A la integridad física” con el 12,0 %, “Al respeto y protección a la vida privada” con el 8,5 % y, “A la no discriminación” con el 6,8 % del total de materias denunciadas.

94.En cuanto a las fiscalizaciones presuntivas de acoso laboral, el año 2019 se contabilizaron 2.057 fiscalizaciones; para el año 2020 esta cifra baja a 1.500 fiscalizaciones. En el año 2020, se contabilizaron un total de 3.107 materias fiscalizadas, las que se concentran principalmente en los derechos vulnerados “A la integridad psíquica” con el 38,8 %, seguida por “A la honra de la persona y su familia” con el 18,7 %, “A la integridad física” con el 11,6 %, “Al respeto y protección a la vida privada” con el 8,2 % y, “A la no discriminación” con el 7,2 % del total de materias denunciadas.

Cuestión previa 15

95.En materia de relaciones laborales, La Ley 20940 en su artículo 1° número 1) introdujo una importante modificación al artículo 2° del Código del Trabajo, en consonancia con los instrumentos internacionales en la materia, incorporando los siguientes nuevos criterios de discriminación, ampliando los ya existentes: “situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”.

96.El Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas (FFS) tiene un ámbito de acción en la formación sindical, la promoción del diálogo social y el desarrollo de relaciones laborales colaborativas. Según el último informe del Consejo Superior Laboral del 2021, el FFS ha desarrollado a nivel nacional 20 proyectos de Liderazgo Sindical, 19 proyectos de Mujeres Líderes a nivel nacional y 19 proyectos cursos MIPEs. De esta forma, durante el 2020 se logró capacitar a un total de 2.372 personas, entre ellos trabajadores, dirigentes, micro y pequeños empresarios y trabajadores de micro y pequeña empresa.

97.Las tasas de sindicalización nacional muestran un sostenido aumento desde el año 2010, estabilizándose en torno al 21 % (en la medición sobre trabajadores asalariados).

98.Finalmente, una importante mejora desde la perspectiva de género se refiere a la obligación de que en los sindicatos se incorpore en sus estatutos un mecanismo destinado a resguardar que el directorio esté integrado por mujeres en una proporción no inferior a un tercio del total de sus integrantes, con derecho al fuero y a las demás prerrogativas que establece el Código del Trabajo, o por la proporción de directoras que corresponda al porcentaje de afiliación de trabajadoras en el total de afiliados, en el caso de ser menor (artículo 231 incisos 3° y 4°). De esta forma, desde el año 2010 al 2017, se advierte un aumento sostenido de la tasa de sindicalización femenina en los asalariados del sector privado, la que aumentó desde 13,1 % al 22,0 %, para luego estabilizarse entre el 2017 y el 2019 en torno al 22,0 %.

99.La Ley N° 20940 (2016), no aplica a los trabajadores de la Administración Pública regidos por el Estatuto Administrativo, Estatuto Municipal u otros organismos con estatutos propios, distintos del Código del Trabajo. No obstante, la Ley N° 19296 reconoce a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, el derecho de constituir las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente.

Cuestión previa 16

100. Durante el periodo se han materializado las siguientes reformas en el sistema de pensiones:

a)Enero 2017. Mejora los beneficios del Pilar Solidario (PS). Se establece un reajuste extraordinario del 10 % real de la PBS;

b)Febrero 2019. Incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de protección social. Se establece la obligación de cotizar para seguridad social a los trabajadores que emitan boletas de honorarios por cinco o más ingresos mínimos mensuales durante el año y que a enero de 2018 hayan tenido menos de 55 años, en el caso de los hombres, y menos de 50 años en las mujeres;

c)Diciembre 2019. Mejora los beneficios del PS: Se incrementó la PBS y la Pensión Máxima con Aporte Solidario en 50 %, gradualmente en 3 años, con un consecuente impacto en el Aporte Previsional Solidario (APS). Adicionalmente, se asegura una pensión de monto constante a los futuros pensionados en Retiro Programado (RP) beneficiarios del PS y se establece un nuevo beneficio que garantiza al menos la PBS para quienes cumplan con los requisitos para ser parte del PS independiente de su pensión inicial. En resumen, se mejoran los montos de las prestaciones y se profundiza la protección contra el riesgo de longevidad;

d)Abril 2020. Ley de Protección al Empleo (LPE). Facultó la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores cuyos empleadores paralizaron sus actividades por causa del COVID-19. Asimismo, se permitió pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, no superior al 50 % de la jornada convenida. La Ley inicial fue complementada con la Ley Padres/madres/cuidadores de niños y niñas (julio 2020) y con la Ley de Licencias médicas preventivas parentales (junio 2021). De esta forma, aquellos trabajadores suspendidos o con reducciones pudieron mantener sus relaciones laborales, además de poder continuar percibiendo una proporción de sus ingresos, con cargo a su cuenta individual de Cesantía y posteriormente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario;

e)Septiembre 2020. Flexibilización de requisitos de acceso y mejora beneficios del Seguro de Cesantía (SC). Para los afiliados que quedaron sin empleo, se flexibilizaron las condiciones de acceso a las prestaciones del SC y se incrementaron las tasas de reemplazo y los montos mínimos de los beneficios;

f)Octubre 2020. Incorporación de Trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, asignando parte de la cotización antes destinada a la cuenta de ahorro de indemnización. De esta forma, este grupo conformado principalmente por mujeres, obtiene acceso a las prestaciones del SC y LPE;

g)Febrero 2021. Ley de Enfermos Terminales: Los afiliados activos y pensionados en condición de enfermo terminal tendrán derecho a percibir una pensión aumentada (renta temporal) calculada por 12 meses, resguardando el pago de pensiones de sobrevivencia y cuota mortuoria;

h)Diciembre 2021. Pensión Garantizada Universal: se ingresó al Congreso como indicación a la Ley Corta de Pensiones la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU) para mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de un monto máximo de $185 mil para todos los adultos mayores de 65 años o más que no se encuentren en el 10 % más rico de la población de este tramo de edad.

101.Como consecuencia de estas mejoras, en la actualidad el 93,24 % de las personas mayores de 65 años, cuentan con algún tipo de pensión (se incluyen en este grupo las personas que reciben algún tipo de pensión en el Sistema de Capitalización Individual, Sistema Antiguo de pensiones, Pensiones no Contributivas y de Fuerzas Armadas).

102.Se encuentra en discusión en el Congreso un PL (Boletín Nº 12.212-13) que busca introducir cambios que ayuden a solucionar ciertas brechas que aún presenta el actual sistema de pensiones. Los objetivos específicos del proyecto son mejorar las pensiones de clase media y de las mujeres, especialmente de la clase media que no se beneficia del Pilar Solidario; desarrollar mecanismos especiales de protección económica para los adultos mayores en condición de dependencia funcional severa; mejorar las pensiones que recibirán en el futuro las generaciones de trabajadores más jóvenes como resultado de su esfuerzo individual; fortalecer la competencia en el sistema; mejorar la información y educación previsional y fortalecer la fiscalización del sistema previsional.

Cuestión previa 17

103.En materia de trabajo infantil, y en relación a las estadísticas sobre su extensión y naturaleza, SENAME dispone del Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI) , instrumento que facilita el reconocimiento de NNA víctimas de explotación económica en sus diversas modalidades, a nivel nacional. En el período informado se observa que Justicia Juvenil no mantiene registros de PFTI de NNA menores de 15 años, mientras que en protección existieron 207 casos de NNA menores de 15 años registrados para el periodo. Las tres causas principales fueron un 62 % de ellos vinculados a utilización de NNA en actividades sexuales remuneradas, un 33 % en utilización de NNA para producción, promoción y divulgación de material pornográfico y un 1 % de NNA para trata con fines de explotación sexual. Respecto de utilización de NNA en actividades que peligre su seguridad, se registra sólo un caso para el periodo.

104.La Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025 “Crecer Felices” es la actual política pública responsable de generar las acciones necesarias para proteger a los NNA en el mundo del trabajo. En este sentido, la iniciativa cuenta con productos específicos a realizar, implementados desde el nivel central y regional, bajo la coordinación del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil de la Subsecretaría del Trabajo. Se han realizado actividades de difusión sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes que trabajan, en conjunto con capacitaciones, webinars, talleres, convenios de colaboración con Universidades para potenciar la investigación sobre el trabajo infantil, entre otras actividades promocionales.

105.En materia de institucionalidad, destaca la creación de la Comisión asesora ministerial para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el observatorio de trabajo infantil.

106.Igualmente se destaca la Ley 21271 que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los NNA en el mundo del trabajo. La Ley efectúa una adecuación conceptual reemplazando “menores de edad” por los términos niños y niñas (personas menores de 14 años), adolescentes sin edad para trabajar (14 años) y adolescentes con edad para trabajar (entre 15 y 17 años). Igualmente, se amplían los requisitos para la contratación de adolescentes con edad para trabajar, así como los requisitos para la contratación de niños, niñas y adolescentes en el espectáculo. Finalmente, fortalece las multas asociadas al incumplimiento de la normativa, diferenciando los valores de la multa según el tipo de incumplimiento y el tamaño de la empresa.

107.Se actualiza el listado de trabajos peligrosos y directrices para empleadores y establecimientos educativos para prevenir el trabajo peligroso.

108.Desde enero a septiembre 2021 SENAME mantuvo la ejecución de oferta especializada de proyectos dirigida a su protección y a la restitución de derechos, incluyendo a las víctimas de PFTI, con énfasis en la atención de aquellas afectadas por las diversas modalidades de explotación sexual comercial infantil. En esta línea, se observa que, en el periodo de enero a septiembre 2021, se atendió un total de 1.314 NNA en el Programa de Explotación Sexual (PEE).

109.Para finalizar, se han llevado a cabo una serie de estudios cualitativos sobre trabajo infantil en el sector agrícola, comercio, población migrante, y el índice de vulnerabilidad al trabajo infantil.

Cuestión previa 18

110.El déficit habitacional cuantitativo está constituido por los hogares que requieren una vivienda debido a que no tienen o la actual presenta carencias graves. Según Casen 2015, existían 399.910 requerimientos de déficit habitacional cuantitativo, correspondiente al 7,1 % de los hogares. En 2020, aumentó a 438.113 requerimientos (6,6 % de los hogares); alza absoluta derivada principalmente por hogares allegados de todos los sectores. El déficit 2020 se concentra en un 75 % en los hogares de los 3 primeros quintiles de ingreso.

111.El déficit habitacional cualitativo lo constituyen las viviendas que deben ser mejoradas o adecuadas. En 2017 existían 1.303.484 viviendas con este déficit (23,6 % del total). Esta cifra presenta una baja sostenida desde 2006, cuando alcanzó al 33 %; sin embargo, presenta un alza de 0,6 puntos porcentuales entre 2015 y 2017, asociada al aumento de hogares con carencias en el acceso a servicios sanitarios básicos. Un 76 % de dichos requerimientos se concentra en los 3 primeros quintiles de ingreso.

112.Respecto a la reducción del déficit habitacional, se ha promovido la actualización de la política habitacional, adaptando diferentes soluciones habitacionales para hacer más eficiente la adjudicación y aplicación de los subsidios. Entre 2015 y 2020 el MINVU entregó soluciones habitacionales por un total de 218.330.221 millones de UF, para disminuir el déficit cuantitativo y las carencias de asequibilidad, como las 128.229 viviendas terminadas y entregadas sin deuda a sectores vulnerables mediante el FSEV (DS49), las 2.358 viviendas terminadas en zonas rurales (DS10), los 117.551 subsidios pagados en apoyo a sectores medios mediante el DS01, y las 59.037 viviendas terminadas en proyectos de integración social (DS19), que buscan revertir situaciones de segregación y exclusión social. Adicionalmente, se otorgaron 106.874 subsidios de arriendo y 9.659 subsidios para leasing. Por otro lado, se realizaron 676.698 mejoramientos mediante el programa DS255 y 2.403 en zonas rurales (mediante el DS10).

113.En cuanto al acceso a una vivienda adecuada, particularmente respecto de las personas que viven en asentamientos informales y en condiciones desfavorables, el año 2019, el MINVU presentó el último Catastro Nacional de Campamentos, el cual arrojó un total de 802 Campamentos con 47.050 hogares. En el desarrollo de la fase de diagnóstico de los campamentos, se han ingresado nuevas familias, por lo que prontamente se contará con información actualizada.

114.Para abordar la situación de los campamentos, el MINVU cuenta con el Programa Asentamientos Precarios, con tres estrategias de intervención: Radicación, Relocalización y Urbanización. 

115.Desde el año 2015 a la fecha, se han asignado un total de 11.786 subsidios y se han entregado 7.473 viviendas a familias de campamentos. Durante el 2020 debido a la situación de pandemia se han generado retrasos.

116.En cuanto a la prevención de la segregación y exclusión social, la Política urbano habitacional actual, se ha propuesto generar estrategias de intervención específicas, que incluyen el Banco Integrado de Suelo Público, y la intervención a través de los programas Asentamientos Precarios; Subsidio de Arriendo; Programa Recuperación de Barrios; Programa Habitabilidad Rural; Programa de Integración Social y Territorial; Planes Urbano Habitacionales (PUH); Pequeños Condominios (Micro radicación); Programas que abordan el déficit cualitativo (Protección del Patrimonio Familiar y Mejoramiento de Vivienda y Barrio) y el Programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales.

117.También se destaca el PL sobre Integración Social y Urbana, actualmente en tramitación en el CN, impulsado por el MINVU, que contempla diversas modificaciones legales en la materia.

118.Respecto a la atención a personas sin hogar, el 2019 se inició un trabajo colaborativo con el Programa Housing first implementado por el MDSF, aportando subsidios habitacionales vía asignación directa del Programa de Arriendo DS N° 52 (2013). Actualmente se están introduciendo modificaciones a este Decreto, para integrar este modelo a las viviendas colectivas que se está incorporando como alternativa en el Programa de Arriendo.

119.En cuanto a vivienda y alojamientos para PSC, Chile desde el 2011 ha instalado el Programa Noche Digna (actual Plan Protege) que dispone de 8.233 cupos de atención diaria para esta población, de los cuales 6.500 son para el período invernal (mayo-septiembre).

120.Chile se ha puesto como meta terminar con la situación de calle de los adultos mayores que llevan más de 5 años en la calle, mediante la creación del programa “Vivienda Primero” y la inclusión en el “Plan Mundial Ciudades de Vanguardia” liderado por el Institute of Global Homelessness, que instala a Chile en el liderazgo latinoamericano. Hasta el 2020 se han implementado 164 viviendas y se ha logrado dar acceso a una vivienda estable a 333 PSC, logrando mantenerse 98 % de ellas. Esta iniciativa permite el acceso a una vivienda estable y segura a PSC, en viviendas compartidas de una, dos o tres personas con grandes necesidades de apoyo, todo ello como primer paso a una opción real para salir de esa situación y entregando un servicio de apoyo especializado para entrenar habilidades que permitan el restablecimiento de sus proyectos vitales, re-vinculación familiar, salud mental, integración comunitaria y mejoramiento de sus ingresos autónomos. 

121.En materia de desalojos, Carabineros, a través de la Orden General Nº 2635 (01/03/2019), regula el procedimiento para hacer desalojo frente a ocupación o usurpación de inmueble. El procedimiento cumple con las normativas internacionales y nacionales relacionadas, estableciendo que: a) sólo se podría hacer desalojo en caso de requerimiento del propietario frente a delitos flagrantes, resolución administrativa en el caso de bienes fiscales; o mandato judicial; b) dentro de la acción de desalojo deberán identificarse, en cuanto sea posible cantidad, sexo y edad de los ocupantes ilegales o usurpadores; c) deberá considerarse personal femenino para el procedimiento; d) para todo evento se instruye el uso diferenciado y gradual de los medios; e) se contempla la detención selectiva de intervinientes que cometan delitos, previniendo que no deben realizarse detenciones masivas o indiscriminadas y encomendando al oficial aprehensor informar en el menor tiempo posible el desglose de los detenidos separados por género y rango etario; f) se dispone el traslado a centros asistenciales de personas lesionadas.

122.Respecto de la jurisprudencia en la materia, entre los años 2015 y 2021 cabe destacar dos elementos: a) La autotutela en estos casos es contraria a derecho, cuestión que está proscrito por nuestro ordenamiento, según la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la CPR, constituyéndose en una comisión especial; y b) La observancia que debe existir al debido proceso y al derecho a la defensa en esta materia.

Cuestión previa 19

123.La DOH, a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejecuta distintos tipos de iniciativas con la finalidad de aumentar la cobertura de agua potable en el sector rural. Éstas son: obras de construcción de nuevos servicios de agua potable rural, obras de mejoramiento, ampliación y conservación de servicios de agua potable rural existentes, además de las iniciativas de prefactibilidad necesarias para la ejecución de las obras anteriores (estudios hidrogeológicos, construcción de sondajes y diseños de ingeniería). A junio de 2021, presta asesoría, asistencia y subsidio a la inversión a 2.285 sistemas sanitarios rurales. Esta inversión ha sido histórica en los últimos años, alcanzando $876.051 millones de pesos durante el período 2015 a 2020.

124.Respecto del saneamiento en sectores rurales, de acuerdo a lo indicado en la Ley 20998, para el año 2021 la Glosa Presupuestaria incluye solamente inversión para mantención de los actuales sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas, no siendo posible por el momento generar programas y proyectos para cobertura de obras de saneamiento rural.

125. En relación a las medidas para garantizar el acceso y reducir las desigualdades en la materia, la cobertura del Programa APR alcanza más del 99 % en localidades concentradas y un 22 % en localidades semi concentradas. Desde los inicios del Programa son las propias comunidades organizadas en comités o cooperativas quienes administran, operan y mantienen los sistemas de agua potable rural. A la fecha existen funcionando 2.285 sistemas a lo largo y ancho del país, abasteciendo a 2.053.993 personas.

126. En cuanto al suministro a cargo de empresas privadas, los índices actuales de cobertura en sectores urbanos alcanzan un 99,9 % en agua potable y 96,8 % en alcantarillado, mientras que, para población con alcantarillado, el tratamiento de aguas servidas llega a 99,93 %, cifras comparables con los países de la OECD. El riesgo de desigualdad en el acceso se encuentra abordado por medio de la inversión estatal en las redes secundarias de agua potable y alcantarillado y por la vía de un subsidio a la demanda (Ley Nº 18778), que consiste en el financiamiento por parte del Estado de una parte del pago mensual del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, focalizado en las familias que lo necesitan.

127.Para asegurar el consumo responsable de agua en la industria de la minería, la Política Nacional Minera 2050 reconoce que una de las principales amenazas de la minería chilena es el estrés hídrico. Así, y luego de someter la Política Nacional Minera a Evaluación Ambiental Estratégica, donde se focalizó el análisis en seis factores críticos para la sustentabilidad de la minería, incluyendo el agua, se establecieron siete metas directamente relacionadas con los recursos hídricos, con el fin minimizar los efectos ambientales, armonizando el desarrollo de la actividad minera con el medio ambiente.

128.Respecto al Código de Aguas, el PL que reforma dicho código, fue aprobado por unanimidad en el Senado el 28/07/2021; en la CD también fue aprobado, rechazándose 14 puntos que a la fecha de emisión de este informe están siendo analizados en Comisión Mixta.

129.La reforma reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, al tratarse de un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes. Señala que los derechos de aprovechamiento de agua se constituirán en función del interés público, considerando el resguardo del consumo humano y el saneamiento, preservación del ecosistema, disponibilidad de aguas, y sustentabilidad acuífera; es decir, promueve un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos. Se modifica el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas, señalando su temporalidad y otorgamiento por concesión, con duración de 30 años, dependiendo tanto de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento como de la sustentabilidad del acuífero.

130.Otra innovación del PL son los “Derechos para uso en su fuente”, o destinados a la conservación de los ecosistemas. La DGA deberá establecer un caudal ecológico mínimo para velar por la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. El/la Presidente/a tendrá la atribución de reservar el recurso con fines de preservación.

131.El PL incorpora la visión de futuro, estableciendo que todas las cuencas deberán contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, respondiendo a la necesidad de disponer de mejor información, y una mirada de largo plazo para conocer la disponibilidad actual y proyectada del agua de las cuencas e implementar una cartera de acciones. Esta tarea ya comenzó a desarrollarla la DGA.

132.Para finalizar, el PL fortalece la potestad sancionatoria de la DGA; incorpora disposiciones sobre aguas subterráneas y gestión sustentable; precisa normas sobre la recarga artificial de acuíferos, e incorpora mejoras en relación a deberes de información de la autoridad en la potestad para exigir información de los titulares de derechos de aprovechamiento.

Cuestión previa 20

133.Durante 2020 la Secretaría EVS convocó un trabajo intersectorial, iniciado en abril, para elaborar el Plan de Seguridad Alimentaria, con la participación de distintos organismos públicos y ONGs. El plan está compuesto por 29 medidas de ejecución en el corto y mediano plazo, implementadas por distintos Ministerios y Servicios.

134.Como resultados preliminares se puede mencionar la reducción de hogares en situación de inseguridad alimentaria durante la pandemia, desde un 19,4 % en julio 2020 a un 11,5 % en noviembre-diciembre 2020 (Encuesta Social Covid, primera y segunda ronda, MDSF). En julio de 2020 un total de 1.156.031 hogares estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada-severa, cifra que se redujo a 693.649 hogares a fines de 2020.

135.La Ley 20606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad (Ley de Alimentos), regula la composición y etiquetado de alimentos a través de la incorporación de un sello de advertencia “ALTO EN” a bebidas y alimentos que sobrepasan los límites en nutrientes críticos(calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio) establecidos; prohíbe la publicidad de éstos a niños menores de 14 años y además prohíbe su venta y publicidad en establecimientos educacionales (prebásica, básica y media), con el principal objetivo de proteger la salud de los NNA de nuestro país, además de favorecer la selección informada de alimentos.

136.Entre los principales resultados de la implementación de esta Ley se destaca que existe más de un 80 % de cumplimiento de ésta; cifra que se proyecta en aumento desde su entrada en vigencia. También la Ley es valorada positivamente por la población, calificándola con notas entre 5,7 y 6,2. Las personas entienden la información que entregan los sellos en un 92,9 %. Un 48,1 % compara la presencia de sellos a la hora de comprar, y entre quienes comparan, un 79,1 % indica que los sellos influyen sobre su compra. De forma paralela se ha identificado una disminución en la exposición de los niños a la publicidad de alimentos con elevado contenido de nutrientes críticos y también se ha observado un efecto en la modificación de la producción de alimentos por parte de la industria de alimentos, disminuyendo el contenido de nutrientes críticos en sus productos (MINSAL, 2017).

137.Durante 2019 se lanzó la Estrategia Cero Obesidad y su propósito al año 2030 es detener el aumento de la obesidad en NNA. A la fecha ha aumentado el consumo de frutas y verduras los 7 días de la semana de un 35 % a un 40 % entre 2009 y 2016 (MINSAL 2017, Encuesta Nacional de Salud). La población activa físicamente aumentó de 14 % a 19 % (MINDEP 2018, Encuesta de hábitos de actividad física y deportes en mayores de 18 años). Es destacable ver el aumento en el uso de los espacios públicos para la actividad física, pasando de un 20 % a un 40 % el uso de calles y plazas; y de 29 % a 34 % los recintos públicos para este uso, esto entre 2015 y 2018 (MINDEP 2018, Encuesta de hábitos de actividad física y deportes en mayores de 18 años).

138.A pesar de estos positivos logros, la obesidad ha aumentado y afecta a 1 de 3 personas adultas. En niños y niñas de entre 4 y 7 años la prevalencia de obesidad aumentó en promedio un 3 % entre 2010 y 2019, sin embargo, la prevalencia de sobrepeso se ha mantenido estable alrededor de un 26 % durante el período.

Cuestión previa 21

139.En relación a las medidas para prevenir y contrarrestar los efectos de la contaminación a nivel nacional, estas se enmarcan en mecanismos normativos definidos por el Código Sanitario. De manera específica, se establece en el artículo 67, que le corresponde a la autoridad sanitaria velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes. Lo anterior lo realiza a través de la elaboración de reglamentos sanitarios y ambientales que den cuenta de la regulación de aquellos factores medio ambientales que puedan estar generando riesgo a la salud en las matrices de agua, aire y residuos, por indicar algunos.

140.De esta forma, MINSAL ha dictado una serie de reglamentos de aplicación nacional, que regulan los servicios de agua destinados al consumo humano y las condiciones sanitarias para provisión de agua potable mediante uso de camiones aljibe, almacenamiento de sustancias peligrosas, manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos en establecimientos de salud; condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, alcantarillados y fosas sépticas, y condiciones mínimas sanitarias para los establecimientos escolares y lugares de trabajo; estaciones de medición de contaminantes atmosféricos y obligación de declarar emisiones.

141.Estas normativas buscan proteger la salud de la población a través de programas de carácter preventivo y correctivo, ejecutados por las SEREMI de Salud, en materia de aire, agua, residuos y sustancias químicas peligrosas.

142.De la misma forma, la ley en términos generales, faculta a las SEREMI de Salud para promover y verificar el cumplimiento normativo sanitario en las distintas regiones del país, en las materias ya definidas en el Código Sanitario, a través de programas de fiscalización orientados a: residuos, aire, sustancias químicas, agua de consumo humano, aguas servidas, aguas industriales, entre otros, entendiendo que todos estos programas buscan controlar los factores de riesgo ambiental para la salud, como una medida preventiva, cuyo propósito siempre será proteger el derecho a la salud.

143.Dentro de las acciones sanitarias particulares ejecutadas por el sector salud en las comunas de Quintero y Puchuncaví en la región de Valparaíso y en la región de Arica y Parinacota, se encuentran:

a)Arica y Parinacota: con la Ley 20590, MINSAL ha: i) implementado y puesto en marcha el Laboratorio de Salud Pública y Ambiental, con capacidades analíticas para tomar muestras ambientales y de las personas; ii) determinado la realización de estudios epidemiológicos en la población expuesta a contaminación por polimetales en la comuna de Arica; iii) fiscalizado la calidad del agua y alimentos, en el ámbito de sus competencias; y iv) ejecutado recursos en pos de acciones para beneficiarios programa establecido en esta Ley;

b)Región de Valparaíso (Quintero-Puchincaví): se ha implementado acciones del Plan de Descontaminación Atmosférica (DS N° 105 de 2019) (artículos N° 9; N°s 27 al 31; N° 32 y N°49) como: i) entrega de listado actualizado de calderas registradas en la Autoridad Sanitaria; ii) elaboración catastro de fuentes areales de emisión de contaminantes en la zona; iii) establecer exigencias de control a las emisiones de las fuentes areales y fiscalización de las medidas de control; iv) elaboración catastro de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles de la zona; y v) fiscalización del cumplimiento de las medidas contenidas en los planes operacionales de los grandes emisores, en situaciones de episodios críticos de contaminación por dióxido de azufre (SOz). Para monitorear y mantener actualizada la situación de salud de los habitantes de la comuna se elaboró el Informe “Situación de Salud de habitantes de cuatro comunas seleccionadas de la V Región: Quintero, Puchuncaví, Concón, Catemu, periodo 2009-2019”, que aporta información y describe el escenario epidemiológico actual de las comunas; y el estudio epidemiológico “Situación de Salud en habitantes de las comunas de Puchuncaví, Quintero, y Concón asociado a determinantes de la salud, 2021”, el cual busca establecer la prevalencia comunal de enfermedades asociadas al deterioro ambiental, prevalencia de niveles elevados de arsénico inorgánico urinario y plomo en sangre y factores de riesgo asociados en una muestra representativa de la población.

144.La justicia ordinaria se ha pronunciado sobre importantes controversias ambientales a lo largo del país, derivando de ello medidas dirigidas a la administración del Estado y a particulares a fin de prever y enmendar los impactos de la polución, así como a cautelar y restablecer el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, perturbados por actividades contaminantes. A modo ejemplar, y en relación al derecho al agua, se puede mencionar la sentencia de la CS Rol N° 8573-2019 (13/01/2021), que consigna de manera expresa el cambio climático como una variable a tener en cuenta en la evaluación ambiental sobre acuíferos; y las sentencias Rol N° 72198-2020 (18/01/2021) y Rol N 131140-2020 (23/03/2021), en que la CS reconoce el derecho al agua de los habitantes de la comuna de Nogales, garantizando el acceso al agua en una proporción no inferior a 100 litros diarios por persona, reconociendo lo dispuesto en la Observación General N° 15 de este Honorable Comité.

145.Respecto de las zonas de Arica-Parinacota y Quintero-Puchuncaví, los tribunales de justicia se han pronunciado al respecto, para cautelar y restablecer el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Cuestión previa 22

146.Mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud mental ha sido un objetivo propuesto en los dos grandes documentos orientadores de las políticas de salud mental en Chile: el PNSM 2017-2025 (MINSAL, 2017) y el Modelo de Gestión de la Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud (MINSAL, 2018). Estos documentos permiten un abordaje multidimensional de la situación y el planteamiento de objetivos focalizados, tanto desde su concepción técnica-teórica como para orientar las decisiones respecto a la inversión pública en salud mental e impulsar una transformación de las prácticas y una ampliación coherente de los recursos.

147.El desarrollo de la Red Temática de Salud Mental ha sido orientado tanto para nuevos servicios y programas, como para la normalización progresiva de los servicios prexistentes. Ello ha significado la amplificación de un modelo basado en una atención inserta en la comunidad que permita la inclusión social, representativa de los derechos de usuarios y familiares, orientado a la entrega de modo eficiente y sostenido, de una respuesta como Estado.

148.La organización y disposición de los recursos en la red responde a las particularidades de cada territorio y comunidad, cuyo objetivo es mantener y promover el bienestar de la población respondiendo a sus necesidades de salud mental, que van desde la prevención a la recuperación e inclusión socio comunitaria, en un trabajo coordinado con la comunidad, asegurando una atención con estándares de calidad que contemple la evaluación y mejora continua de su funcionamiento. Para esto, la red cuenta con equipos transdisciplinarios con altas competencias técnicas y capacidad.

149.Cada Servicio de Salud del país está compuesto por dispositivos y establecimientos organizados en niveles de complejidad. Estos se relacionan entre sí a través de sistemas de referencia y contra referencia, conformando lo que se denomina una red de atención. Siguiendo este marco, la Red de cada Servicio de Salud se organiza de la siguiente manera:

•Atención Primaria en Salud (APS), representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud, en un determinado territorio. Su objetivo es brindar una atención ambulatoria integral, centrada en las personas y sus familias, enfocada en anticiparse a la enfermedad a través de actividades promocionales y preventivas, como también en el tratamiento propiamente tal y la rehabilitación.

•Con otros niveles de mayor complejidad, hoy se reconocen como especialidad abierta y cerrada, que reciben derivaciones desde el primer nivel de atención, conforme a las normas técnicas que dicta para tal efecto MINSAL, salvo en los casos de urgencia y otros que señalen la Ley y los reglamentos.

150.En anexos se presenta un resumen sobre los diversos nodos y puntos de atención que componen la Red Temática de Salud Mental (RTSM) Especialidad Abierta y Cerrada.

151.Junto con la separación de funciones del sistema de salud, y para garantizar la oportunidad y resguardar el financiamiento de las prestaciones, se estableció un sistema de calidad de la atención a los pacientes. Este tiene como principio garantizar estándares comunes de atención de salud para la población, indistintamente del subsistema de salud utilizado. Así, es deber de la Superintendencia de Salud, hacer exigible los estándares de calidad a todos los prestadores de servicios de salud del país (DFL 1, 24/04/2006). Igualmente la Superintendencia fiscaliza periódicamente a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, monitoreando el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud, controlando el cumplimiento de las garantías en salud, como también el otorgamiento de los beneficios y prestaciones en la modalidad institucional y libre elección, los contenidos en el plan de salud, y la información financiera, tal que se ajusten a la normativa vigente y se efectúen las correcciones pertinentes por parte de las entidades fiscalizadas.

152.Con respecto a las disparidades en el acceso a servicios, bienes e información en materia de salud, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) 2011-2020, que considera “Fortalecer el Financiamiento del Sector”, plantea “Disminuir en un 20 % la participación del GBS con respecto al Gasto Total en Salud” (MINSAL, 2011).

153.En anexos se adjunta el gasto de bolsillo de los hogares para el periodo 2010-2020. Si se considera la disminución del GBS a partir del año 2010, que fue el año base que estableció la ENS para la medición, entonces entre el año 2010 y el año 2020 se ha logrado una disminución del 9 % del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud.

154.Otras medidas a destacar en la materia, son:

a)GES: establece garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera a un grupo de enfermedades y condiciones de salud (actualmente 85);

b)Ley de urgencia N° 19650: en caso de urgencia vital permite a un paciente recibir atención inmediata en el servicio de urgencia más cercano, sea público o privado, sin importar cuál es su situación económica, o sistema de salud al que pertenece;

c)Seguro Catastrófico de Salud en FONASA: otorga una bonificación del 100 % a tratamientos e intervenciones quirúrgicas considerados por el programa, además de establecer plazos de atención para las prestaciones contempladas por el seguro;

d)CAEC: beneficio adicional al plan de salud otorgado por algunas ISAPRE que permite financiar, cumplidos ciertos requisitos, hasta el 100 % de los gastos derivados de atenciones de alto costo de enfermedades catastróficas;

e)Ley N° 20850: entrega protección financiera a condiciones específicas de salud, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas, raras o poco frecuentes.

Cuestión previa 23

155.En relación a las medidas adoptadas por el Estado para reducir los niveles de consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas entre otros, MINSAL, ha venido ejecutando distintas ENA, de Salud Para el Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011‑2020 (ENS) y el PNSM 2017-2025.

156.MINSAL y SENDA comparten tareas en el enfrentamiento de los consumos de riesgo y en la entrega de servicios que respondan a las necesidades específicas de las personas con trastornos por uso de sustancias. Ambos actores han debido organizar su oferta de servicios de manera de proveer atenciones de manera organizada y adecuada a las necesidades de la población. Gracias a la implementación de esta estrategia, existe en nuestro país una importante red de oferta de tratamiento disponible para las personas con trastornos por uso de sustancias, que se articula cada vez de manera más integrada a la red de salud general.

157.MINSAL, en su compromiso para dar respuesta en salud a las necesidades de la población con consumo de sustancias, ha generado distintas respuestas intersectoriales, tanto en Atención Primaria como en Salud Mental de Especialidad.

158.Durante el año 2020, 19.657 personas adultas y adolescentes recibieron tratamiento por consumo problemático de alcohol y otras drogas en los centros de tratamiento en convenio con el SENDA, en los 7 programas de tratamiento vigentes: i) Programa de Tratamiento para Población General Adulta; ii) Programa de Tratamiento para Población Específica Mujeres; iii) Programa de Tratamiento para Población Adulta en Situación de Calle; iv) Programa de Tratamiento para Población Adulta consumidora problemática de drogas y alcohol en cumplimiento de condena en libertad vigilada simple e intensiva (Ley 18216); v) Programa de Tratamiento para adultos infractores de Ley consumidores problemáticos de drogas y alcohol privados de libertad. Convenio SENDA-GENCHI; vi) Programa de Tratamiento para NNA Población General; y vii) Programa de Tratamiento Integral para Adolescentes y Jóvenes Ingresados al Sistema Penal por Ley N° 20084 con Consumo Problemático de Drogas/Alcohol y Otros Trastornos de Salud Mental.

159.Con respecto a la prevención del consumo de sustancias, durante el año 2020 se implementaron cuatro programas y un material, para fortalecer factores protectores y reducir factores de riesgo.

160.Durante todo el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los centros de tratamiento se han mantenido en funcionamiento, realizando el tratamiento preferentemente, a través de medios digitales por vía remota y también de forma presencial a través de sistemas de turnos de los equipos. Además, se realizaron implementaciones adaptadas, que consideraron la implementación remota de algunas actividades y el esfuerzo por mantener el acompañamiento a las organizaciones y usuarios de los programas mencionados. Adicionalmente se han estado realizando adecuaciones en los instrumentos que se aplican, considerando el contexto sanitario.

161.MINSAL ha hecho las adecuaciones normativas pertinentes, desde 2015, que permiten el uso de fármacos derivados de cannabis en el país.

162.Sobre medicamentos requeridos para tratamientos paliativos como tramadol, morfina, fentanilo, pregabalina y buprenorfina, éstos se encuentran disponibles para su uso; sólo pueden ser adquiridos en el país bajo receta médica retenida o receta cheque, y son objeto de acciones permanentes de farmacovigilancia.

163. Chile en la actualidad cuenta con diversas legislaciones que aseguran el acceso a los cuidados de salud y resguardo de la dignidad de las personas y cuidados paliativos.

Cuestión previa 24

164.En el período a informar, se ha continuado desarrollando la Estrategia Nacional de Prevención del VIH/Sida e ITS, acorde a recomendaciones internacionales y compromisos nacionales, como los establecidos en la Estrategia Nacional de Salud y el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS del MINSAL.

165.Los objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención están orientados a la disminución de la transmisión del VIH/sida y las ITS, la inclusión y no discriminación mediante el fortalecimiento de la gestión de riesgo de las personas, aportando a la disminución de su vulnerabilidad.

166.En Chile, hasta fines de 2020, vivía un total de 77.000 personas con VIH.

167.Chile adhiere al objetivo mundial de Poner Fin a la Epidemia del Sida, implementando un Plan Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida y las ITS, 2018-2019 y 2020. Actualmente se ejecuta el Plan del bienio 2021-2022. Este ha fortalecido la prevención combinada del VIH, manteniendo y ampliando el acceso a preservativos masculinos y femeninos como instrumento para la autonomía y preventiva en mujeres, adolescentes y jóvenes; incorporando el test rápido para facilitar el acceso a diagnóstico precoz e incorporando a los servicios ya disponibles, estrategias innovadoras como la profilaxis pre‑exposición (PrEP). Se proyecta para el año 2022 la incorporación de la profilaxis post exposición al VIH (PEP).

168.El Plan contempla estrategias diferenciadas con poblaciones clave (migrantes, pueblos indígenas, implementando acciones con adolescentes/jóvenes, adultos, mujeres en edad fértil, entre otras) para posicionar mensajes con pertinencia cultural y enfoque de género en distintos formatos de difusión y educación preventiva. En el área de la comunicación social, en el período del informe, se han emitido 5 estrategias comunicacionales por medios masivos y redes sociales incentivando el acceso al diagnóstico precoz y la adopción de medidas preventivas.

169.Todas las líneas estratégicas del Plan Nacional se desarrollan con enfoque de determinantes sociales, colaboración intersectorial, participación, descentralización y orientando sus acciones a la disminución del estigma y discriminación asociada al VIH/sida para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En este contexto, se han establecido convenios de trabajo colaborativo con organismos gubernamentales que implementan políticas públicas destinadas a la juventud, mujeres, pueblos originarios, población privada de libertad, población de sectores rurales, Fuerzas Armadas, estudiantes universitarios, trabajadores, colegios profesionales, entre otros. Además, se ha fortalecido el acceso de recursos financieros a las organizaciones de la sociedad civil, a través de la licitación de proyectos descentralizados en el ámbito de la prevención combinada del VIH.

170.Respecto a la atención integral de personas con VIH/sida, el diagnóstico, tratamiento antirretroviral y los exámenes para el monitoreo y seguimiento (CD4, carga viral y genotipificación) están garantizados por la Ley GES.

171.En el contexto de la pandemia por COVID-19, se han implementado estrategias para asegurar la continuidad de los tratamientos de quienes viven con VIH. Así, a diciembre de 2020, el número de personas que se encontraba en tratamiento alcanzó a 44.028 en el sector público de salud y 10.178 en el privado.

172.Respecto a las medidas para impedir la transmisión del VIH de madre a hijo, Chile asumió el desafío de la eliminación de la transmisión vertical del VIH y la Sífilis que ha propuesto la OMS, la OPS, UNICEF y ONUSIDA; y está trabajando para avanzar en la certificación de la Eliminación en el corto plazo.

173.La prevención de la transmisión vertical está garantizada en la Ley GES, que asegura el examen de detección de VIH a todas las gestantes, tratamiento para la madre con VIH+ durante el embarazo y el parto y para el recién nacido, hasta las 6 semanas de vida y se garantiza la alimentación artificial del niño/a con sucedáneos de la leche materna hasta los 6 meses de edad. Estas son gratuitas para beneficiarios/as del sistema público de salud y con pago de bolsillo del 20 % del valor total para las personas adscritas al sistema privado de salud.

174.Chile ha establecido una Estrategia Nacional para alcanzar la eliminación del VIH. Durante estos años se ha avanzado mejorando la calidad de los procesos clínicos, estableciendo mecanismos de coordinación explícitos y depurando los registros asociados. La implementación de esta Estrategia Nacional se realiza a través del trabajo conjunto del Sector Salud, coordinado por el Programa Nacional de Prevención y control del VIH/sida e ITS. Es fundamental la coordinación al interior del Sector (en sus diferentes estamentos) y la adecuación a la realidad territorial particular, para confluir en conjunto al logro de las metas y objetivos sanitarios.

175.Para la adecuación local, se considera el diagnóstico de situación epidemiológicas, el perfil de las gestantes con VIH, los factores de vulnerabilidad y riesgo para esta patología en las mujeres y embarazadas presentes en el territorio y en las comunas (determinantes sociales).

176.A mediados de los años 90, la proporción de niños/as hijos/as de madres VIH que resultaban infectados, alcanzaba a una cifra cercana a 30 %, mientras que el año 2020 la tasa de transmisión fue de 1,3 %. No obstante, los avances logrados, estos años de instalación de la Estrategia nos dejan aprendizajes y nos revelan los ámbitos en los cuales hay que profundizar, para avanzar certeramente hacia la eliminación de la transmisión.

Cuestión previa 25

177.La Ley N° 21030 de 2017 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Para que las prestaciones sean exigibles en toda la red de salud (pública y privada) se ha elaborado normativa en la materia, a destacar: Reglamento de las prestaciones incluidas en el Programa de Acompañamiento y Materias afines (resolución Nº 44, 2018); Norma Técnica Nacional Acompañamiento y Atención Integral a la Mujer que se encuentra en alguna de las tres causales (RE Nº 129, 2018); y Circular Nº 2 (marzo 2019), que instruye sobre directrices para la constitución de las causales contempladas en la Ley Nº 21030.

178.En cuanto al acceso a la información por parte de la comunidad, en el sitio web del MINSAL, se encuentra disponible la información relacionada a la Ley en comento (información sobre implementación de la Ley, Repositorio con documentos relacionados a ésta, información y lista de ONG de acompañamiento, lista de objetores de conciencia institucionales, etc.). Adicionalmente se han creado estrategias de difusión en los establecimientos de salud.

179.Respecto a cifras en la materia, se acompaña la siguiente tabla:

Tabla 11

Número de casos constituidos por causal y por año, donde la mujer decidió interrumpir su embarazo, 2018-2021

Causal	2018	2019	2020	enero-junio 2021*
1	227	220	129	95
2	273	327	284	161
3	117	122	143	45
Total	617	669	556	301

* La información enero-junio 2021 es preliminar, es decir, los datos están sujetos a cambios de acuerdo a los procesos de validación técnica y la actualización del sistema de información.

Fuente: D EIS, sistema de información IVE .

180.La objeción de conciencia se encuentra regulada por Reglamento (CVE 1482452, junio 2018), que establece que si el establecimiento de salud no cuenta con personal que otorgue la prestación de interrupción del embarazo solicitada, deberá derivar a la paciente a otro establecimiento de salud que esté en condiciones de otorgar dicha prestación. En caso que no exista un establecimiento con personal médico disponible dentro del mismo Servicio de Salud, la usuaria será derivada a un Hospital de otro Servicio cercano que posea un protocolo establecido previamente para estos fines. Además, estipula la exigencia a los establecimientos de adoptar todas las medidas necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo, garantizando así la prestación de servicios ante situaciones urgentes o de emergencia. Toda infracción al citado Reglamento se encuentra sancionada por la autoridad competente con arreglo a los procedimientos previstos en el Código Sanitario.

Cuestión previa 26

181.MINEDUC ha adoptado una serie de medidas para garantizar el acceso a la educación, incluyendo grupos de especial protección en el contexto de la pandemia por COVID-19, ha sido fundamental contar con mecanismos para la retención de estudiantes vulnerables. Las medidas implementadas son las siguientes:

a)Sistema de Alerta Temprana, 2020: Con disponibilidad para todos los establecimientos del país, es un instrumento que, a partir del análisis de diversos datos administrativos (educativos, socioeconómicos y familiares, entre otros), identifica estudiantes de 7° básico a 4° medio en mayor riesgo de deserción escolar. Cada director/a accede a una plataforma y obtiene el listado de estudiantes en riesgo, de modo que puede implementar estrategias de retención focalizadas;

b)Herramienta de Gestión de Contacto, 2020: Permite levantar información sobre la situación de cada estudiante y visualizarla de manera simple, en el contexto de educación remota o híbrida. El/la director/a descarga mensualmente una planilla con la matrícula del establecimiento, recaba los datos que requiere por alumno y carga la planilla de vuelta en el sistema. Automáticamente, recibe un reporte que resume la información levantada, identifica estudiantes desconectados y entrega líneas de acción;

c)Reinserción Oportuna, 2021: Envíos de mensajes de texto y WhatsApp a los apoderados de quienes estaban matriculados el 2020 y en 2021 se encuentran fuera del sistema, o que postularon vía Sistema de Admisión Escolar, y, pese a quedar seleccionados en un colegio, no concretaron la matrícula;

d)Flexibilización del uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, 2020. Para facilitar la implementación de clases en línea y otras estrategias pedagógicas de educación a distancia debido a la pandemia por COVID-19, como adquisición de: aplicaciones, plataformas digitales o software, internet, equipamiento tecnológico, implementos de higiene y desinfección, entre otros.

182.A través de CONADI, se ha implementado el Programa Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas de Chile, que otorga capacitación en las diferentes lenguas vigentes en Chile. Los beneficiarios son menores de 30 años que acrediten pertenencia a los pueblos indígenas mediante certificado de calidad indígena, y que no entienden ni hablan las lenguas indígenas del país. El Programa tiene tres componentes: recursos educativos e insumos fonológicos para el aprendizaje de lenguas indígenas; instancias educativas de lenguas indígenas para la población infanto-juvenil; y subsidio para el desarrollo de talleres y cursos para el aprendizaje de lenguas indígenas.

183.Para atender a los beneficiarios, el programa provee tres tipos de modalidades educativas: Nidos de lengua (para niños/as de 0 a 4 años); inmersión lingüística para oralidad de las lenguas indígenas (10 a 29 años e incluye beneficiarios intermedios como familiares u otros miembros de las comunidades indígenas a la que pertenecen los beneficiarios); y proyectos de talleres o cursos de lengua indígena, que contemplan oralidad y escritura de las lenguas indígenas (5 a 29 años). Se adjudican proyectos de grupos de 15 a 25 personas, debiendo contar con un/a educador/a hablante de las lenguas indígenas acreditado/a formalmente mediante certificado o carta de recomendación.

184.Durante el periodo 2015-2021 se han beneficiado aproximadamente 92.895 personas. Finalmente, hay que indicar que a raíz de la pandemia por COVID-19, no fue posible incrementar el presupuesto nacional relacionado.

Cuestión previa 27

185.El PL de Patrimonio Cultural se encuentra en primer trámite constitucional, en discusión en particular desde julio de 2021. La iniciativa busca modificar la Ley de Monumentos Nacionales en tres ejes: descentralizar la institucionalidad y la toma de decisiones respecto al patrimonio cultural junto con actualizar la composición del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural; ampliar las categorías de protección para configurar una mirada integral del patrimonio cultural; y crear un sistema de protección efectiva del patrimonio cultural mediante herramientas de gestión y financiamiento, que al día de hoy son insuficientes.

186.Respecto del patrimonio cultural inmaterial, el PL dispone que el Estado, con la participación de las comunidades legatarias, adoptará medidas tendientes a la difusión, sensibilización y protección de los elementos del patrimonio cultural inmaterial y garantizará el acceso a sus diversas expresiones con pleno respeto a los usos consuetudinarios de las mismas.

187.Mediante la modificación de la Ley de Propiedad Industrial, se incorporan mecanismos para el ejercicio de los derechos civiles y procesales de las comunidades legatarias. Además, se propone la necesidad de contar con su autorización para desarrollar actividades comerciales que involucren sus prácticas, saberes o técnicas; e indemnizaciones en caso de infracciones.

188.Finalmente, el PL propone una Ley de Patrimonio Cultural Indígena que contará con el correspondiente proceso de consulta previa. Asimismo, define que toda medida administrativa adoptada en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural cuya ejecución sea susceptible de afectar directamente el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y/o tribales, se someterá a Consulta Indígena. Destacar además que cada uno de los Consejos Regionales, que tendrá competencia específica sobre el patrimonio cultural protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, contempla la integración de una persona representativa de los pueblos indígenas.

189.Desde la Unidad de Cultura y Educación de CONADI, se ejecutan programas en la línea de proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, donde destacan las siguientes iniciativas: trabajo con jardines interculturales a través del programa Educación Intercultural Indígena; talleres de lenguas indígenas, y otras estrategias, que permitan detener la pérdida de las lenguas indígenas, a través del programa Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas; promoción y difusión de las culturas de los pueblos indígenas, a través del programa de Difusión y Fomento de las Culturas; apoyo al trabajo de los agentes de la medicina tradicional; y Protección de sitios de gran significación cultural indígena, mediante el Programa Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena.

190.Para finalizar, se efectúan capacitaciones a técnicos y profesionales indígenas mediante subsidios para la realización de postgrados y especializaciones.

Cuestión previa 28

191.SUBTEL ha diseñado diversas iniciativas orientadas a masificar el acceso a Internet de calidad en los hogares, para contribuir al cierre de la Brecha Digital. Las políticas de desarrollo que ha impulsado el Gobierno se enfocan en mejoras en cobertura y calidad de estos servicios. Dentro de ellas se encuentran: Internet Fijo, tanto en hogares como empresas fomentando la migración hacia nuevas tecnologías de mejores prestaciones, tales como la fibra óptica; FON, vertebrar todo el territorio nacional con redes de fibra óptica, para que al menos todas las comunas no insulares cuenten al año 2023 con un acceso a la carretera digital de alta velocidad; 5G, desplegar redes de quinta generación, que destaca por poseer una calidad de servicio significativamente superior a las móviles pre-existentes; Fijo Inalámbrico y Solución Satelital, para aquellas zonas territorialmente apartadas y de difícil acceso, se han planteado soluciones con redes fijas inalámbricas y/o satelitales para atender a la población.

192.Es importante considerar que, al hablar de Brecha digital, además de la falta de cobertura, también pueden incidir factores como las condiciones socio-económicas y la falta de interés o desinformación respecto a nuevas tecnologías. Sin embargo, SUBTEL ha estado siempre a disposición de los organismos que lo requieran para contribuir en el diseño de programas que busquen acercar los servicios a la ciudadanía. Durante el 2020 el MDSF identificó 53 localidades indígenas que se encuentran sin acceso a Internet. De esas SUBTEL ya consideraba dentro de la cartera de proyectos para proveerles conectividad a 35 de estas localidades. Estos proyectos corresponden a FON, WiFi ChileGob, Todo Chile Comunicado, Última Milla y las contraprestaciones asociadas a los concursos de 700MHz y 5G. Además, cabe destacar que para la zona de La Araucanía, SUBTEL diseñó el plan “Conectemos Araucanía” que prevé una inversión privada y pública de USD$190 millones orientadas a mejorar las condiciones de conectividad de la zona en un mix de tecnologías de fibra óptica, 5G y LTE.

193.La reducción de la Brecha Digital no es una tarea sencilla, y SUBTEL asume con responsabilidad su rol respecto al diseño de planes que vayan en búsqueda de aumentar la cobertura de servicios de calidad en todo el territorio nacional. También mediante la coordinación conjunta con los organismos públicos y privados que lo requieran.

194.Desde el MCTCI, se trabajan los programas Ciencia Pública y Explora, los cuales tienen como objetivo la difusión de la ciencia a toda persona, implementándose a través de proyectos a nivel nacional.

195.El programa Ciencia Pública es un programa de carácter masivo que promueve la socialización del conocimiento a través de actores e instituciones, del desarrollo de experiencias memorables, y del trabajo con comunidades, contribuyendo a la apropiación social de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El programa contiene los siguientes instrumentos: Ciencia Abierta, Festival de la Ciencia y Concursos Ciencia Pública. Para evitar cualquier tipo de discriminación, los instrumentos utilizan los siguientes principios:

a)Enfoque horizontal: se reconoce a las personas como portadoras de saberes, por lo que se busca abandonar la concepción vertical en la transmisión de conocimientos, y pasar a una visión horizontal y participativa;

b)Los derechos de los NNA son integrados en los proyectos;

c)Enfoque de género: explícitamente se reconoce que todas las personas tienen igual potencial de aprendizaje y desarrollo, independiente de las diferencias de género;

d)Valorar y potenciar la diversidad, con estrategias que respondan a éstas diferencias;

e)Desarrollo inclusivo: se promueven estrategias para que todas las personas puedan comprender su entorno;

f)Interculturalidad: se valora la contribución de los pueblos originarios y las comunidades migrantes a la cultura nacional, fomentándose el desarrollo integral de la sociedad, considerando interacción y encuentro entre diferentes actores, independiente de su origen.

196.El Programa Explora busca fomentar el conocimiento y la valoración de la ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico, creativo y reflexivo en las personas. Se trabaja con tres públicos objetivos principales: público general, comunidades escolares y científicos/as, investigadores/as y divulgadores/as. El programa incorpora los DDHH como un enfoque transversal en sus actividades, a través de cuatro dimensiones: inclusión, interculturalidad, género y derechos de los niños, niñas y jóvenes. Las actividades del programa consideran estos enfoques en su doble dimensión: los ciudadanos(as) como sujeto de derecho y la educación como un derecho protegido.

197.Respecto a cultura, el MINCAP, establece en sus principios el de “democracia y participación cultural”, el cual reconoce que las personas y comunidades son creadores de contenidos, prácticas y obras con representación simbólica, con derecho a participar activamente en el desarrollo cultural del país; y tienen acceso social y territorialmente equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios culturales. Además, el Ministerio tiene la función de contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural, promoviendo su conocimiento y acceso, y fomentando la participación de las personas y comunidades en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial; junto con promover el desarrollo de audiencias y facilitar el acceso equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, culturales y patrimoniales, y fomentar, en el ámbito de sus competencias, el derecho a la igualdad de oportunidades de accesos y participación de las PcD.

198.MINCAP tiene como misión el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales.

199.Como medidas de acceso tecnológico a bienes y servicios culturales, se cuenta con las siguientes iniciativas:

a)Elige Cultura: plataforma que contiene la programación artística, cultural y patrimonial de todas las regiones del país;

b)Virtualización de los Museos: disposición de colecciones digitales y recorridos virtuales. A través del proyecto “Patrimonio 360”;

c)Biblioteca Pública Digital: acceso gratuito libros digitales, audiolibros y video libros de interés general;

d)Ondamedia.cl: Acceso gratuito a contenidos audiovisuales chilenos (películas, documentales).

200.También destaca el programa Red Cultura, que busca fortalecer la planificación y gestión cultural local, a través de financiamiento de proyectos orientados a municipios y espacios culturales públicos o con fines públicos. Además, busca fortalecer organizaciones culturales comunitarias a través de financiamiento de proyectos, y promover prácticas colaborativas. Su selección se basa en un índice de priorización de comunas vulnerables. Está desplegado en todas las regiones de Chile, contribuyendo al desarrollo cultural a nivel local y nacional, desde ciudadanías diversas, activas e incidentes en la política pública cultural. Este objetivo se busca mediante la instalación de procesos de participación cultural en el ámbito de la activación comunitaria para la planificación cultural, con enfoque de derecho y territorial, apuntando hacia un desarrollo cultural sensible a la diversidad existente en y entre las comunas del país.

201.Respecto a la participación de las mujeres en ciencia, durante el 2020 el MMEG, junto con el MINREL, asumieron a nivel país el desafío internacional de liderar la Coalición para la Acción sobre Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género del “Foro Generación Igualdad”. Esta coalición la lidera el MMEG junto a socios como Microsoft, Finlandia y la Fundación Rockefeller. Se propone impulsar políticas e iniciativas en las siguientes áreas: cerrar la brecha de género en el acceso a la tecnología y competencias digitales; incrementar la participación laboral y el liderazgo de las mujeres en las áreas de tecnología e innovación; erradicar la violencia de género y discriminación online; y potenciar la innovación para la equidad de género.

202.En este marco, entre MCTCI, MMEG, MINREL y la SUBTEL, impulsaron la primera Política Nacional de Igualdad de Género para la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la que incluye un plan con más de 30 acciones con el objetivo de alcanzar la paridad de género para el año 2030.

203.En esta misma línea, desde el MMEG, se han implementado iniciativas para promover la participación de mujeres y niñas en STEM, tales como el “Programa Nacional Mujeres STEM” y “Mujeres poderosas”, donde se realizaron mentorías a más de 1.700 alumnas de entre 13 y 16 años por parte de mujeres de estas carreras; el Festival STEM Ingeniosas online, que contó con la participación de más de 240 asistentes; la difusión y entrega de 2.000 kits STEM en 53 establecimientos a nivel nacional; y la Charla Vocacional sin estereotipos IBM‑MINEDUC-MMEG que contó con la participación de docentes y estudiantes de liceos técnico profesionales y liceos bicentenarios a nivel nacional, con un total de 463 asistentes de forma remota.

204.Por otra parte, el MMEG, junto con MCTCI y MINEDUC, se encuentra impulsando el Proyecto Piloto SAGA (“STEM And Gender Advancement”) de la UNESCO, en cuyo marco se llevó a cabo un proceso de recopilación de información de todos los ministerios sobre indicadores y políticas vigentes que aborden inequidades, brechas y barreras en áreas STEM; la conformación del Comité Técnico para la implementación del proyecto; y, recientemente, la publicación de un informe “Diagnóstico sobre indicadores y políticas con perspectiva de género desarrolladas por el Estado de Chile en áreas STEM”.

205.Asimismo, el Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018‑2030contempla diversas metas con el objetivo de promover la igualdad de género en STEM, tales como: aumentar al 40 % la matrícula femenina en educación superior en áreas de tecnología; incentivar el acceso de mujeres a emprendimientos de alto potencial; y potenciar la participación de mujeres en áreas laborales masculinizadas.

Cuestión previa 29

206.Desde 2019 el MDSF ha profundizado el acceso a la oferta programática del gobierno nacional mediante sistemas de información basados en algoritmos, a través de la RPS. Dicha red contempla la coordinación de más de 18 servicios públicos y entre sus logros más relevantes se encuentran la creación de la plataforma digital www.reddeproteccion.cl, que permite al ciudadano acceder a más de 157 prestaciones.

207.De esta manera, las familias pueden acceder a los beneficios que tiene el Estado para enfrentar eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su progreso y/o bienestar, facilitando el acceso y eliminando las barreras de información. La RPS hace uso de un lenguaje ciudadano de fácil comprensión que facilita el proceso de navegación y acceso a los beneficios. La plataforma se conecta con distintas instituciones que proveen información y la ponen a su servicio (ingresando con su ClaveÚnica).

208.Adicionalmente, a través de un Buscador de Beneficios, se orienta a los ciudadanos respecto de los beneficios a los que podría acceder según su perfil, incluyendo la oferta social por COVID-19.

C. Buenas Prácticas

Cuestión previa 30

209.Durante 2021, las principales políticas diseñadas y ejecutadas respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los de las personas y los grupos marginados y desfavorecidos, han estado relacionadas con la atención de las graves consecuencias económicas y sociales producto de la pandemia del COVID-19.

210.En dieciocho pagos realizados a la fecha (mayo 2020-noviembre 2021) se han transferido un total de US$ 25.644 millones; más de 28 veces el gasto total de las transferencias directas otorgadas en el 2019. En el mes de noviembre el IFE, denominado IFE Universal en esa oportunidad, benefició a 16.737.359 personas; equivalente a 8.374.718 hogares, que representan el 96,5 % del total de la población perteneciente al RSH del mismo mes.

211.Además, en atención a la grave situación económica de numerosas familias chilenas, la RPS se ha robustecido desde 2020 con otros beneficios, tales como la ampliación de los bonos a la clase media, el préstamo estatal solidario, el subsidio de arriendo, la ley de protección al empleo, el FOGAPE, la prohibición de corte de servicios básicos, el Subsidio Protege para Madres o Padres Trabajadores, el bono a transportistas y pensionados, los subsidios al empleo y los apoyos directos a las Pymes, entre otros. De acuerdo con DIPRES (2021), el costo fiscal de las medidas transitorias de reforzamiento y ampliación de la RPS para el periodo de enero-septiembre 2021 alcanza los US$ 23.057 millones; medidas que, según las cifras, han mitigado el impacto de que millones de familias caigan en pobreza.

212.En el link https://www.gob.cl/ayudasdelestado/ se encuentra el detalle del Balance de Ayudas del Estado.

213.Respecto a PcD, se destacan como buenas prácticas en educación el Programa Apoyo a Estudiantes con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior, que, desde 2015, financia ayudas técnicas y servicios de apoyo a estudiantes de educación superior con discapacidad, presentando cobertura nacional desde el año 2016 y el Programa Apoyo a instituciones Educativas, que desde 2017 financia proyectos orientados a disminuir las barreras contextuales para que los estudiantes puedan mejorar su inclusión educativa. En salud, se releva el Programa de Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación con Base Comunitaria, que busca apoyar el proceso de desarrollo y transformación de los Centros Comunitarios de Rehabilitación y otros dispositivos de rehabilitación de la red de salud nacional, hacia procesos de rehabilitación más integral y comunitaria. En el área laboral, destaca la Ley N° 21015 que Incentiva la inclusión laboral de PcD, descrita anteriormente. Finalmente, en materia de cultura y deporte, el FONAPI tiene como objetivo financiar iniciativas que contribuyan a la inclusión social de PcD.

214.Para finalizar, respecto a AM, en 2017 se ratificó la Convención Interamericana sobre protección de los DDHH de las Personas Mayores; y en 2020 se presentó un PL de Envejecimiento Positivo, el que tiene como objetivo fortalecer la protección de los DDHH de las personas mayores, reforzando la participación y promoviendo ciudades amigables con los AM.

215.Otras buenas prácticas en la materia son:

a)Programa de Buen Trato al AM;

b)Campañas comunicacionales en torno a la no discriminación por edad;

c)Asesorías Socio-jurídica para AM: se cuenta con duplas conformadas por Profesionales Trabajadores Sociales y Abogados. Adicionalmente, para la protección de su patrimonio se hace entrega gratuita de documento de dominio legal de sus viviendas y terrenos;

d)Desde enero de 2022, todos los beneficiarios de PBS verán aumentadas sus pensiones en un 50 %, mientras que los beneficiarios de Aportes Previsionales Solidarios percibirán un alza promedio de 34 %;

e)Rebaja al pago de contribuciones en el marco de la Ley de Modernización Tributaria, eximiendo del pago de contribuciones de bienes raíces a AM cuyos ingresos equivalen a $669 mil mensuales; y las reduce en 50 % si los ingresos son de $1,5 millones mensuales;

f)Fondo para la adaptación de viviendas de personas mayores y subsidio al arriendo: aporte estatal que realiza el pago de una parte del arriendo, dirigido a familias y personas mayores del 70 % más vulnerable del RSH, allegadas o arrendatarias, no propietarias de una vivienda.