20° período de sesiones
Acta resumida de la 423ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 3 de febrero de 1999 a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. González
más tarde:Sra. Ouedraogo (Vicepresidenta)
más tarde:Sra. González (Presidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto informe periódico de Colombia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto informe periódico de Colombia (CEDAW/C/COL/4;CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.2) (continuación)
Por invitación del Presidente, Sr. Bonilla, la Sra. Linares, la Sra. Montaño y el Sr. Valdivieso (Colombia) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
La Sra. Montaño (Colombia), respondiendo a una pregunta sobre el artículo 7 de la Convención, dijo que hay pocas menos mujeres que hombres en la rama judicial y que los hombres consistentemente ocupan cargos de mayor jerarquía.
Con respecto al artículo 8, dice que, aunque Colombia tuvo una Ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno anterior, la proporción de mujeres en los niveles directivos de los cargos diplomáticos sigue siendo baja. En la actualidad, de los 773 cargos previstos en el servicio exterior, 444 están ocupados por mujeres (58%), y de los 138 cargos de Embajador y Cónsul 39 están ocupados por mujeres (28%). Algunos cargos diplomáticos están ocupados por funcionarios del Gobierno nombrados por el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores, y otros por diplomáticos de carrera contratados mediante un concurso abierto a hombres y mujeres. A fin de aumentar el número de mujeres en el servicio diplomático, sería necesario alentar a más mujeres a que se presentasen al examen.
Con respecto al artículo 9, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos respecto de la nacionalidad de sus cónyuges extranjeros.
5.Respondiendo a las preguntas planteadas con arreglo al artículo 10, la discriminación contra la mujer en el sector educativo es parte de un modelo cultural más amplio de discriminación. El Ministerio de Educación, en cooperación con la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, ha adoptado medidas para eliminar los estereotipos sexistas presentes en los textos escolares y en los programas de estudios. El Gobierno procura incorporar una perspectiva de género en el sistema educativo. Para luchar contra los estereotipos por razones de género en la elección de la carrera,
la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer y el Departamento Nacional de Planificación, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, han elaborado un programa sobre la mujer y las empresas; el objetivo del programa es elaborar estrategias para reducir las barreras para la inserción de la mujer en la fuerza de trabajo.
6.El Gobierno procura velar porque todos los jóvenes tengan acceso a la educación elemental hasta el noveno grado, pero no hay programas específicos para impedir que las niñas abandonen la escuela. Habida cuenta de que la educación no está financiada por el Estado, las escuelas primarias cobran una matrícula pequeña, de la que están eximidos los niños pobres. Las familias tienen que asumir el costo del material didáctico y el transporte.
7.Con respecto al artículo 11, aunque en los últimos cuatro años más mujeres que hombres se han incorporado al mercado de trabajo, el número de mujeres que buscan trabajo es mucho mayor que el de hombres. La razón principal es que ha aumentado el nivel medio de educación de la mujer. Muchas mujeres trabajan en el sector de servicios, el que es particularmente vulnerable durante los períodos de crisis. El desempleo es más bajo para las mujeres con educación muy escasa o muy avanzada y es mayor para las más jóvenes y las de mayor edad. Habida cuenta de que las oportunidades de trabajo para los trabajadores muy calificados han aumentado en los últimos años, es importante alentar a las niñas a permanecer en la escuela. Ni los hombres ni las mujeres reciben prestaciones por desempleo; no obstante, en la actualidad el Gobierno está elaborando un programa de calificación y recalificación de trabajadores desempleados.
El Gobierno está comprometido con la erradicación progresiva del trabajo de menores y la protección de los jóvenes, y está trabajando con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo en la elaboración de una política nacional para prevenir el empleo de menores, permitir a los niños menores de 14 años que trabajan que dejen sus trabajos y regresen a la escuela, y desalentar el empleo de los jóvenes entre 14 y 18 años en actividades peligrosas. Además de su plan de acción nacional en esa esfera, Colombia ha creado el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador.
La Sra. Linares dice que no se han presentado propuestas para eliminar la desigualdad en materia de remuneración y lograr que se cumpla la ley que establece igualdad para hombres y mujeres y una remuneración proporcional a la calidad y cantidad del trabajo. El Gobierno considera que la solución estriba en promover la educación superior para la mujer, ya que los trabajos que tradicionalmente realiza la mujer tienen menos remuneración que los que realizan los hombres.
La mayoría de las trabajadoras sin ingreso pertenecen a empresas familiares y no reciben salarios ni seguridad social por el trabajo que realizan. Un dictamen de la Corte Constitucional ha establecido que ese tipo de trabajo debe ser considerado en pie de igualdad con cualquier otro tipo de empleo y que, con respecto a las prestaciones, la mujer casada debe contribuir tanto como su cónyuge. En virtud de la ley 11 de 1988, los empleadores tienen la obligación de afiliar a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social.
Con respecto al artículo 12, las mujeres que no estudian ni tienen un empleo remunerado, o ganan menos que el salario mínimo, tienen acceso a la seguridad social en salud mediante los gobiernos municipales y regionales o, si son muy pobres, mediante el régimen subsidiario. Los únicos programas de atención de la salud para los adolescentes los proporcionan organizaciones no gubernamentales como PROFAMILIA. No obstante, por conducto del plan nacional de salud sexual y reproductiva que se inició en 1998 y la ciudad de Bogotá pronto se pondrá en marcha un programa especial para la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes. Las escuelas públicas y privadas deben impartir educación sexual hasta el undécimo grado. Si bien varios proyectos locales han estado dirigidos a los jóvenes no matriculados en las escuelas, no hay una política estatal amplia en ese sentido y el Ministerio de Educación examina la necesidad de ejecutar programas de educación sexual para ese grupo.
Habida cuenta de que las estadísticas disponibles sobre mortalidad abarcan hasta 1995, es imposible determinar el número de mujeres que han muerto como resultado de los abortos. El aborto es ilegal bajo todas las circunstancias; en cinco oportunidades se han propuesto proyectos de ley para legalizar el aborto, al menos en los casos de violación, malformación del feto o peligro de la salud y la vida de la madre, pero han quedado detenidos en el Congreso. El hecho de que la esterilización femenina es el método anticonceptivo más utilizado en general se debe a las políticas gubernamentales anteriores sobre los derechos sexuales y reproductivos. Se están haciendo esfuerzos para alentar al hombre a considerar la posibilidad de la esterilización. Aunque las mujeres ya no necesitan el consentimiento de sus cónyuges o parejas para la esterilización, algunas clínicas privadas aún la exigen.
En relación con el artículo 13, los organismos del Gobierno vigilan la prestación de servicios de atención de la salud; además, los servicios prestados a través del régimen subsidiario pronto serán objeto de control por parte de veedurías comunitarias.
Con respecto al artículo 14, desde la preparación del informe, no se han producido cambios apreciables en las políticas del Gobierno con respecto al desarrollo de la mujer rural. No obstante, se ha progresado en la ejecución de programas. Habida cuenta de que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer rural ocurren durante los conflictos armados, el Gobierno ha supuesto que el problema obedece a la ignorancia y que los soldados necesitan ser educados acerca de los derechos de la mujer. Otras iniciativas del Gobierno incluyen la emisión de 25.000 documentos de identidad para las mujeres y los niños de las zonas rurales, la promoción de proyectos de alfabetización y de campañas para impedir enfermedades que afectan principalmente a la mujer, y la difusión de información sobre los programas existentes. Aunque los funcionarios de la Caja Agraria son responsables de proporcionar información y capacitación a la mujer rural, al parecer, no tienen deseos de hacerlo. Aún cuando exista legislación al respecto, rara vez se aplica, y la perspectiva de género no se ha incorporado a las actividades para prestar asistencia a la mujer rural. Sin embargo, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer ha incluido en su plan de desarrollo programas para impartir capacitación a la mujer rural en cuestiones financieras.
Las mujeres indígenas no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Están sujetas a las normas y tradiciones de sus propias comunidades y tienen poco interés en las novedades del mundo moderno. La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior está elaborando programas para educar a la mujer indígena y aumentar su autoestima.
El Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud da prioridad a la prestación de atención de la salud a los pobres, los desplazados víctimas de la violencia, los pueblos indígenas, las mujeres cabezas de familia, los adolescentes, los niños menores de cinco años, las poblaciones rurales y los habitantes de las zonas urbanas marginadas. Por ley es necesario adoptar medidas para abordar los problemas de salud pública, incluida la salud sexual y reproductiva.
En 1997, el Gobierno patrocinó un estudio para determinar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los créditos de la Caja Agraria. La mujer rural no tiene derecho a títulos de propiedades sobre la tierra que constituye un patrimonio familiar, y pocas de ellas tienen conocimiento del Fondo Agropecuario de Garantías, que garantiza hasta el 80% del monto de los créditos. No se utilizan garantías alternativas, como la prenda agraria o la firma solidaria. Los acreedores tienen poca confianza en las organizaciones de base, que son débiles desde el punto de vista económico y de organización, y, en muchos casos, se han establecido únicamente para cumplir un requisito exigido por un determinado programa gubernamental y han desaparecido con posterioridad. Los funcionarios de la Caja Agraria consideran que los proyectos presentados por mujeres no son viables. Creen que la mujer rural no tiene conocimiento del mundo financiero, y que no será eficiente para ejecutar los proyectos. Además, las propuestas de proyectos para las mujeres no cumplen con los requisitos de las instituciones de préstamo. La Oficina de la Mujer Rural ha incluido en su plan de acción una estrategia para eliminar las barreras sociales al acceso de la mujer rural al crédito y para promover su participación en los asuntos sociales, económicos y políticos.
Con respecto al artículo 15, no existen planes para realizar un estudio que determine si existe un trato desigual en la práctica que disminuya la capacidad jurídica de las mujeres o su libertad de circulación y elección del domicilio.
Con respecto al artículo 16, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, en caso de que éste se disuelva, deben separarse por igual y la firma de ambas partes es necesaria para la venta de inmuebles. La ley establece un régimen similar para la disolución de los matrimonios de hecho. Si bien ése requisito a veces significa que la mujer abandonada por su esposo no puede adoptar decisiones relativas a la propiedad de un inmueble de familia, puede iniciar los trámites de divorcio sobre la base del abandono y solicitar a la corte que le otorgue propiedad total del inmueble.
La Sra. Cifuentes dice que la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer ha patrocinado un programa para que las mujeres participen en las actividades de reconstrucción después del reciente terremoto. El programa generará oportunidades de empleo para la mujer e incluirá la prestación de líneas de créditos libres de intereses para las que deseen reactivar sus pequeñas empresas cafetaleras o iniciar nuevas microempresas.
En noviembre de 1998, el Gobierno observó el Día internacional para poner fin a la violencia contra la mujer mediante la organización de foros descentralizados en cada departamento en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Sra. Ferrer expresa la solidaridad del Comité con el pueblo de Colombia tras el reciente terremoto. La presencia de la delegación en un momento tan difícil da muestras de que el Gobierno y la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer están comprometidos con el adelanto de la mujer. La tarea de progresar realmente y aplicar la Convención será un enorme desafío. La pobreza generalizada sigue siendo el problema principal, especialmente para las mujeres, muchas de las cuales viven por debajo de la línea de pobreza como resultado de las políticas económicas liberales. La situación de los niños de la calle y de la mujer rural es particularmente preocupante. Cabe esperar que en el Plan de Desarrollo Nacional se preste especial atención a los sistemas de educación y de salud, a medida que Colombia procura lograr sus objetivos de desarrollo.
La oradora está preocupada ante los niveles elevados de violencia en la sociedad colombiana, que dan lugar a números ingentes de desplazados. Más del 50% de los desplazados son mujeres, incluidas muchas viudas, y es necesario dar prioridad a sus necesidades. También es alarmante la incidencia de la violencia doméstica; la mayoría de las mujeres colombianas han experimentado de alguna manera u otra esa violencia. La oradora está molesta por la tendencia a reducir la severidad de los castigos por los delitos contra la mujer cuando esos delitos son cometidos por el cónyuge, y que se reforme el código penal para permitir que los delitos sexuales sean abordados sin recurrir a las cortes. Pone en tela de juicio la eficacia de las comisiones de familia, que carecen de material y recursos humanos suficientes y no son vigiladas sistemáticamente. Asimismo, en las comisiones hay muchísimo retraso respecto de los casos. No obstante, la adopción de la Constitución de 1991 ha contribuido a lograr progresos en la esfera de los derechos de la mujer. Cabe lamentar que en el informe no se incluyan estadísticas sobre las actividades de seguimiento y supervisión de la aplicación de las leyes existentes, y señala que Colombia, al parecer, no tiene la voluntad política para crear programas de acción afirmativa para la mujer.
Preocupa el hecho de que el aborto sólo es permitido en los casos de violación o cuando la salud de la mujer está en peligro. La alta tasa de mortalidad derivada de la maternidad puede ser el resultado de la renuencia de los médicos para realizar abortos. La mujer debe tener control sobre su cuerpo y, por consiguiente, se deben adoptar medidas a ese efecto.
Si bien la oradora encomia la labor de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, se pregunta qué autoridad realmente tiene la Dirección. En tanto siga siendo un órgano consultivo, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer no tendrá suficiente influencia para transformar la sociedad colombiana.
La Sra. Ouedraogo (Burkina Faso), Vicepres i denta, asume la Pres i dencia.
La Sra. Corti agradece a la delegación el informe exhaustivo, en el que se incluyen datos desglosados por género. Está sorprendida por el enfoque holístico hacia el adelanto de los derechos de la mujer y por el número de organizaciones que ayudan al Gobierno a proteger los derechos humanos de la población. Si bien celebra la aparente voluntad del Gobierno para velar por la aplicación de la Convención, está preocupada por que Colombia no ha formulado planes o adoptado medidas concretas para abordar la difícil situación que enfrenta su población, en particular los problemas del crecimiento de la pobreza y la violencia generalizada.
Al parecer no hay suficiente respeto por las leyes existentes ni por la Constitución, que debe ser aplicada estrictamente. Por ejemplo, aunque en la Constitución se contempla la posibilidad de legislación concreta en la esfera de la acción afirmativa, el Congreso no ha aprobado ninguno de los proyectos de ley para garantizar los derechos de la mujer, y otras leyes que la beneficiarían han sido archivadas.
El conflicto armado y la violencia generalizada tienen un grave efecto en el funcionamiento de la administración y el grado de seguridad en el país en general, y es necesario poner en vigor leyes para abordar ese problema. El Gobierno debe tener también la voluntad política de adoptar leyes para poner fin a la violencia sexual y doméstica. Si bien el sistema de tutela ha sido una medida positiva, no se utiliza lo suficiente y no parece contar con la aprobación de la Corte Constitucional.
Mejorar el bienestar de la mujer, de los niños y de las personas sin hogar sigue siendo un desafío importante para la administración y las instituciones del país, incluidas las organizaciones femeninas, que deben convencer al Congreso de Colombia que adopte medidas efectivas. El Gobierno debe realizar un estudio de la legislación pertinente en otros países, en particular sobre el aborto. En general, aunque el Gobierno de Colombia parece tener buenas intenciones, carece de una legislación efectiva para aplicar la Convención y llevar a cabo un cambio real.
La Sra. González (México), Vicepresidenta, vue l ve a ocupar la Preside n cia.
La Sra. Regazzoli hace hincapié en que son insuficientes los fondos para la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, y para las cuestiones de la mujer en general. Desea saber por qué ninguno de los sistemas de cuota propuestos, incluida la representación parlamentaria para los pueblos indígenas según el mandato constitucional, en primer lugar ha sido presentado a la Oficina de la Primera Dama, y por qué no han sido aprobados por el Congreso. Agradecería recibir una descripción de las carteras de las dos ministras del gabinete. Finalmente, subraya que el nivel de violencia que prevalece en Colombia impide seriamente el desarrollo de los hombres y las mujeres.
La Sra. Abaka expresa preocupación acerca de la política de Colombia sobre el aborto. En los casos de aborto provocado, desea saber la forma en que los médicos concilian su obligación moral de prestar atención con la legislación de Colombia sobre el aborto. Las consecuencias jurídicas de efectuar un aborto podrían llevar a los médicos a retrasar el tratamiento, poniendo de esa forma la vida de la mujer en peligro. El Gobierno debe adoptar medidas para solucionar esa situación. Sin perjuicio de las razones para provocar un aborto, las mujeres deben ser consideradas simplemente pacientes que necesitan asistencia médica.
La Sra. Schöpp-Schilling expresa preocupación ante los elevados niveles de violencia doméstica y política. Con frecuencia, los grupos de derechos humanos son objetivos de violencia política. Desea saber cómo se pueden fortalecer y proteger los derechos humanos si los funcionarios del Gobierno, la policía y las fuerzas armadas, las personas responsables de salvaguardar esos derechos, están en peligro. El Gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para resolver esa situación, y debe velar por que sus representantes y las fuerzas del orden público cumplan con sus obligaciones en el contexto del respeto por los derechos humanos.
La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer y diversos ministerios están preparando planes para la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing. En ese sentido, la oradora pide información detallada sobre cuáles serán los parámetros que se utilizarán para medir el progreso, qué plazos se prevén y quiénes estarán encargados de supervisar la aplicación y el seguimiento del programa.
Si bien el artículo 4 de la Convención contempla la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a la igualdad de facto de la mujer, no se han aprobado los proyectos de ley pertinentes que se presentaron al Congreso. La oradora desea saber si la razón principal para ese estado de cosas es la difícil situación de Colombia en general o una oposición deliberada a esas medidas en particular. Desea saber si se presentarán nuevamente los proyectos de ley y, de ser así, quién lo hará. Se debe promulgar legislación encaminada a incorporar las cuestiones de la mujer en los planes de desarrollo nacional en forma más consistente.
Con respecto al artículo 14, sorprende el lenguaje negativo y condescendiente utilizado por la delegación en su respuesta a las preguntas relativas a los obstáculos para otorgar créditos a largo plazo a la mujer rural. Si esa actitud es típica de las autoridades responsables de promover los derechos de la mujer rural, no es sorprendente que el progreso sea difícil. El Gobierno de Colombia debe tener conocimiento de los programas de crédito que han sido llevados a cabo con éxito en otros países, incluso cuando la mujer rural es analfabeta o carece de educación. Las autoridades de Colombia deben examinar la posibilidad de tener programas de crédito innovadores adaptados a las necesidades de la mujer, y deben velar por que la actitud de los responsables de esos programas no sea el mayor de los obstáculos para el éxito.
La Sra. Goonesekere expresa su preocupación ante la violencia a la que se ve expuesta la mujer en Colombia. En situaciones de conflicto, el Gobierno tiene aun una responsabilidad mayor de proteger los derechos elementales de los ciudadanos. Esa responsabilidad entraña que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley respondan por las violaciones de los derechos de la mujer bajo su tutela.
La ley sobre el aborto, que data del siglo XIX, debe revisarse con miras a proteger más efectivamente los derechos a la salud y la reproducción de la mujer. La oradora acogería con satisfacción recibir información sobre los programas para prevenir el trabajo de menores. El Gobierno puede abordar ese problema, que es común en muchos países en desarrollo, haciendo que la educación sea obligatoria.
La Sra. Kim Yung-chung celebra los esfuerzos realizados para fortalecer el mecanismo nacional para la promoción de la igualdad de género en Colombia. Además de los programas de concienciación, el Estado debe adoptar también medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. El elevado numero de abortos provocados entre las estudiantes universitarias es alarmante, y el Gobierno debe introducir programas de educación sexual en todos los niveles en las zonas urbanas y rurales.
La Sra. Shalev dice que el aborto es un procedimiento médico que la mujer exige para proteger su derecho a la salud y, a veces, a la vida. Con frecuencia, el aborto es necesario debido a la falta de anticonceptivos o su ineficacia. Las leyes que penalizan el aborto son, por consiguiente, una violación del artículo 12 de la Convención, con arreglo al cual los Estados partes deben velar por el acceso de la mujer a los servicios de atención de la salud, incluidos los relacionados con la planificación de la familia. Por consiguiente, el Gobierno debe despenalizar el aborto y fortalecer su protección del derecho de la mujer a la salud y la vida.
La Sra. Linares (Colombia), respondiendo a las preguntas planteadas por los expertos, dice que con frecuencia las diversas oficinas del Gobierno tienen diferentes enfoques respecto del problema de la discriminación contra la mujer en Colombia. Por ejemplo, la Oficina del Fiscal General recientemente ha introducido en el Congreso un proyecto de ley que reduciría las penas por abuso sexual y violencia doméstica y alentaría a las víctimas de la violencia doméstica a retirar sus denuncias y llegar a una conciliación. El proyecto de ley es muy preocupante para los que trabajan en nombre de los derechos de la mujer en Colombia, especialmente debido a que la relación entre las partes en la violencia doméstica generalmente no es la de iguales. La Oficina del Fiscal General también propone que se transfiera la jurisdicción respecto de los casos de violencia doméstica de los jueces de las cortes de familia a los inspectores de policía, que no están capacitados en el arreglo de las controversias familiares.
Los grupos y asociaciones que procuran eliminar la desigualdad de género enfrentan obstáculos enormes. Sólo el 7% de los miembros del Congreso son mujeres. Los esfuerzos encaminados a obtener el apoyo público para la despenalización del aborto enfrentan una dura resistencia de la Iglesia Católica e incluso de algunos activistas de derechos humanos que creen que el aborto es una violación del derecho humano del niño no nacido. Por consiguiente, su Gobierno celebraría con beneplácito recibir sugerencias y recomendaciones del Comité sobre la forma de proteger más efectivamente los derechos humanos de la mujer colombiana.
La Sra. Cifuentes (Colombia) dice que la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer está adscrita a la Oficina del Presidente pero tiene una estructura independiente y su propio presupuesto. Utiliza sus recursos limitados en forma prudente y promueve alianzas estratégicas con otros sectores interesados en la protección de los derechos de la mujer. Su delegación ha tomado nota de las preocupaciones del Comité acerca de la falta de un mecanismo para velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales en la esfera de los derechos de la mujer.
El Gobierno de Colombia no apoya el proyecto de ley que en la actualidad se encuentra en el Congreso para despenalizar la violencia sexual contra la mujer, y procura por todos los medios que las políticas y programas en la esfera de la igualdad de la mujer se ajusten a las disposiciones de la Convención y de la Plataforma de Acción de Beijing.
La Sra. Montaño (Colombia) dice que el Gobierno alienta la participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y aplicación de sus políticas de derechos humanos, y ha adoptado medidas para proteger la seguridad personal de los defensores de los derechos humanos. En la actualidad, se está llevando a cabo una revisión de los archivos secretos para asegurarse de que algunos defensores no se encuentren entre los miembros de grupos subversivos.
La Sra. Bonilla (Colombia), en respuesta a las preocupaciones del Comité sobre la violencia en Colombia, dice que, además de procurar entablar negociaciones con los grupos armados involucrados, en la actualidad el Gobierno está descentralizando una parte de su fondo para la paz a fin de mejorar las condiciones sociales.
La Sra. Cifuentes (Colombia) dice que se han nombrado mujeres para encabezar dos ministerios: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y el Ministerio de Comunicaciones. Se ha creado el mecanismo de gobierno necesario para abordar las cuestiones de la mujer en todas las zonas geográficas. Se ha progresado en la habilitación de la mujer rural, entre otras cosas mediante planes de capacitación y un mejor acceso a préstamos y subsidios. En la actualidad, hay menos mujeres rurales que no tengan documentos que den prueba de su ciudadanía, hecho éste que con anterioridad les ha impedido obtener créditos. La protección de las mujeres jefas de hogares rurales es una prioridad del Gobierno.
El Sr. Valdivieso (Colombia) subraya el compromiso del Gobierno recientemente electo de promover los derechos humanos de la mujer. La delegación de Colombia ha tratado de describir la situación y las aspiraciones de la mujer colombiana y de dar una descripción ecuánime de los problemas que deben ser abordados.
En los últimos años, la sociedad colombiana ha sido testigo de una creciente ola de violencia y abuso sexual y, como consecuencia, en la actualidad se están debatiendo nuevas leyes y medidas. De los mecanismos existentes para atacar la delincuencia, la Oficina del Fiscal General, un organismo autónomo establecido con arreglo a la Constitución de 1991, ha demostrado ser capaz de investigar los casos más difíciles. Los ataques sistemáticos a los activistas de derechos humanos son un motivo de particular preocupación para el Gobierno.
El orador insta a la comunidad internacional a que preste apoyo a los recientes esfuerzos de paz emprendidos por el Presidente de Colombia, y asistencia humanitaria para las víctimas del reciente terremoto.
La Presidenta dice que la delegación debe tener en cuenta las observaciones del Comité sobre la cuestión del aborto. Subraya que la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer debe ser autónoma a fin de velar por que sobreviva a los cambios de los gobiernos.