Consejo de Derechos Humanos

57º período de sesiones

9 de septiembre a 11 de octubre de 2024

Tema 2 de la agenda

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

Albania, Alemania, Andorra*, Australia*, Austria*, Bélgica, Bulgaria, Canadá*, Chequia*, Chile, Chipre*, Costa Rica, Croacia*, Dinamarca*, Eslovaquia*, Eslovenia*, España*, Estados Unidos de América, Estonia*, Finlandia, Francia, Grecia*, Guatemala*, Hungría*, Irlanda*, Islandia*, Italia*, Japón, Letonia*, Liechtenstein*, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte*, Malta*, Mónaco*, Montenegro, Noruega*, Nueva Zelandia*, Países Bajos (Reino de los), Polonia*, Portugal*, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*, Rumanía, Suecia*, Suiza* y Ucrania*: proyecto de resolución

57/...Situación de los derechos humanos en el Afganistán

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos y recordando los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes,

Reafirmando también que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y asignándoles la misma importancia,

Reconociendo que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente,

Reafirmando su firme respaldo a la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la unidad del Afganistán, y reafirmando también que el pueblo del Afganistán tiene derecho a establecer libremente su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Deplorando profundamente el sufrimiento del pueblo del Afganistán, reafirmando su profunda solidaridad con él y destacando la importancia de proporcionarle el apoyo y la asistencia debidos,

Expresando profunda preocupación por la falta de rendición de cuentas y la impunidad fuertemente arraigada respecto de los abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos de manera generalizada en el Afganistán,

Destacando la necesidad urgente e imperativa de asegurar la rendición de cuentas, llevando ante la justicia a los autores de delitos relacionados con violaciones y abusos de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario mediante la adopción de un enfoque integral, multidimensional, centrado en los supervivientes y las víctimas y que responda a las cuestiones de género en las medidas de rendición de cuentas, aplicando un enfoque integral de la justicia transicional, y de prevenir y reparar los abusos y violaciones de los derechos humanos en consonancia con los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones,

Recordando su 31er período extraordinario de sesiones, dedicado a las serias preocupaciones y la grave situación en materia de derechos humanos en el Afganistán, sus resoluciones S-31/1, de 24 de agosto de 2021, 48/1, de 7 de octubre de 2021, en la que el Consejo nombró a un relator especial para supervisar la situación de los derechos humanos en el Afganistán, 50/14, de 8 de julio de 2022, 51/20, de 7 de octubre de 2022, y 54/1, de 11 de octubre de 2023, y todas las resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre la situación en el Afganistán, los niños y los conflictos armados, y las mujeres y la paz y la seguridad,

Recordando también las declaraciones del Secretario General, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Representante Especial del Secretario General para el Afganistán y Jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán, de la Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, así como las de diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y órganos de tratados, sobre las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos en el Afganistán, incluidos los cometidos por los talibanes, y la evaluación independiente realizada por el Coordinador Especial, que contiene una hoja de ruta basada en resultados para guiar la interacción con los talibanes, así como puntos de referencia en materia de derechos humanos,

Recordando además el balance de las opciones y procesos de rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el Afganistán que figura en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones, y los principios generales plasmados en él para proseguir los esfuerzos de rendición de cuentas,

Profundamente preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Afganistán, en particular por los incesantes abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario, incluidos los dirigidos sistemáticamente contra las mujeres y las niñas y los relacionados con ejecuciones sumarias o extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, castigos colectivos, tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a las personas recluidas, actos de violencia sexual y de género, actos de violencia contra manifestantes pacíficos, actos de represalia, registros de oficinas de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil, y violaciones y abusos, cometidos por los talibanes y otros agentes, contra los derechos humanos de todas las mujeres, los niños, las personas de edad, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y sus familiares, los abogados, los jueces, los fiscales, los presos, los desplazados internos, los antiguos funcionarios gubernamentales y los antiguos miembros de las fuerzas armadas, los trabajadores del mundo de la cultura, los artistas y los músicos, los miembros de minorías étnicas y religiosas, las personas pertenecientes a otros grupos vulnerables o marginados y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,

Expresando alarma por las conclusiones de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán en su labor de vigilancia de los derechos humanos y presentación de informes al respecto,

Expresando suma preocupación por la opresión grave, creciente, generalizada y sistemática de todas las mujeres y niñas en el Afganistán por parte de los talibanes, que, como ha documentado el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, ha instaurado un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión de las mujeres y las niñas mediante, entre otras cosas, supuestas leyes, como la reciente Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, edictos, políticas y prácticas dirigidas contra las mujeres y las niñas, el debilitamiento de la protección jurídica y los mecanismos de rendición de cuentas por violencia sexual y de género, y la negación constante de los derechos humanos, que puede equivaler a persecución por motivos de género,

Profundamente preocupado por la erosión continua, sistemática, sistémica y generalizada del respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas en el Afganistán por los talibanes, en particular por la imposición de restricciones que limitan el disfrute de los derechos a la educación, al más alto nivel posible de salud física y mental, al trabajo, a la libertad de circulación, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, así como la participación plena, igualitaria, significativa y sin riesgo de las mujeres en la vida pública, y subrayando que estas restricciones son incompatibles con las obligaciones que incumben al Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y con el compromiso contraído por los talibanes con el pueblo del Afganistán,

Expresando profunda preocupación por la persistencia de la violencia y la discriminación generalizadas contra las mujeres y las niñas en el Afganistán, en todas sus diferentes formas y manifestaciones, que pueden constituir un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género, y que incluyen la comisión de actos de violencia sexual y de género en todas sus formas, la práctica del matrimonio infantil, precoz y forzado y el ejercicio de formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas, poniendo de relieve que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas constituyen una violación y un abuso de sus derechos humanos y obstaculizan el disfrute de estos, y destacando que los autores de los delitos relacionados con abusos y violaciones de los derechos humanos deben ser llevados ante la justicia y que es fundamental que las víctimas y supervivientes reciban reparación, apoyo y recursos efectivos,

Subrayando el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la prestación de asistencia vital y servicios básicos, y expresando gran preocupación por la prohibición decretada por los talibanes de que las mujeres afganas trabajen para las Naciones Unidas en el Afganistán y para organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, lo que repercute gravemente en la prestación efectiva de asistencia vital y servicios básicos y, por tanto, pone en peligro la vida de millones de afganos, especialmente los que viven en hogares encabezados por mujeres,

Expresando profunda preocupación por las crisis económica, climática, de salud mental, humanitaria y de seguridad alimentaria que vive el Afganistán, en particular por los crecientes niveles de inseguridad alimentaria aguda y malnutrición, así como por la privación de la capacidad de las mujeres para ganarse la vida, que ha menoscabado el disfrute de toda una serie de derechos económicos, sociales y culturales del pueblo del Afganistán, incluidas las mujeres y los niños, y poniendo de relieve la necesidad de colmar el grave déficit de financiación que acusa la respuesta humanitaria y hacer frente a la inestabilidad económica a largo plazo en todo el Afganistán,

Recordando con gran preocupación la conclusión del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán en relación con la persecución histórica de los hazaras y de personas pertenecientes a grupos marginados y otras minorías étnicas y religiosas, así como la conclusión del Relator Especial de que los atentados, a menudo reivindicados por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán, parecían tener carácter sistemático y reflejaban aspectos propios de una política institucional, por lo que se ajustaban a las características propias de los crímenes internacionales, en particular de los crímenes de lesa humanidad, y recordando la conclusión del Alto Comisionado, así como haciendo notar la del Secretario General, de que la situación de los derechos humanos sigue agravándose,

Expresando profunda preocupación por la situación de los niños, que siguen viéndose afectados por las dificultades derivadas de decenios de conflicto, inseguridad, violencia relacionada con el conflicto, reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas y grupos armados en las hostilidades en violación del derecho internacional aplicable, violencia sexual y de género en todas sus formas, muerte y mutilación de niños, explotación y secuestro de niños y otras violaciones del derecho internacional, incluidos abusos o violaciones de los derechos humanos, ataques ilegales contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, uso militar ilícito de instalaciones educativas y denegación del acceso humanitario, y que, además de restricciones del derecho a la educación, sufren los efectos de la crisis humanitaria, que potencian prácticas nocivas, discriminatorias, opresivas y violentas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, el abuso y la explotación económica y sexual, la venta de niños y órganos, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, la trata de personas y la migración en condiciones de riesgo,

Reconociendo que el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de opinión y de expresión es un indicador importante del nivel de protección de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y subrayando el importante papel que desempeñan los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación locales al mantener una labor esencial, particularmente de documentación e información, en circunstancias difíciles,

Reafirmando que la participación, la inclusión y el empoderamiento plenos, igualitarios, significativos y sin riesgo de todas las mujeres y las niñas en todas las esferas de la vida, incluidas la planificación y la adopción de decisiones con respecto a la gobernanza, la mediación, el fomento de la confianza y la prevención y solución de conflictos, así como su participación en todas las iniciativas encaminadas a mantener y promover la paz y la seguridad, son esenciales para la paz sostenible y el desarrollo económico y social pleno y completo, así como para la efectividad y el disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas en el Afganistán,

Expresando profunda preocupación por que los talibanes hayan facultado a los tribunales para imponer castigos corporales y la pena de muerte, haciendo notar que las penas como la lapidación hasta la muerte o el emparedamiento constituyen tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y expresando profunda preocupación también por la presunta imposición de castigos corporales no decretados por los tribunales,

Recordando la importancia de proteger el patrimonio cultural de la destrucción y el saqueo,

Recordando también las obligaciones que incumben al Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, establecidas, entre otros instrumentos, en los tratados y convenciones en que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Esclavitud,

Recordando además que el Afganistán es un Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de mayo de 2003, y haciendo notar la investigación en curso de la Corte sobre la situación en ese país,

Expresando profunda preocupación por los desplazamientos en el Afganistán, reconociendo los esfuerzos desplegados por numerosos Estados para evacuar y reubicar a las personas obligadas a abandonar el Afganistán, poniendo de relieve la necesidad de apoyar a los países vecinos que acogen generosamente a un gran número de refugiados y otras personas procedentes del Afganistán que requieren protección internacional, reiterando al mismo tiempo la importancia de proteger sus derechos, protegerlos a ellos contra la devolución y tratarlos de manera digna, y recordando el principio del reparto de la carga y la responsabilidad,

Reconociendo los esfuerzos de los países vecinos y de otros países por facilitar la entrega de ayuda humanitaria al Afganistán, en colaboración con las Naciones Unidas y otros organismos y asociados internacionales, y alentando a que prosigan esos esfuerzos,

Poniendo de relieve que solo se podrá lograr una paz sostenible en el país con un acuerdo político inclusivo, justo, duradero y realista que refleje la decisión del pueblo afgano y defienda el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres y las niñas, los niños y las personas pertenecientes a grupos marginados y minorías, y propicie un Afganistán en paz consigo mismo y con sus vecinos, reintegrado plenamente en la comunidad internacional y que cumpla sus obligaciones internacionales,

Haciendo notar los esfuerzos de los agentes religiosos de los países vecinos y de otros países por promover el derecho humano de las mujeres y los niños a tener acceso a una educación de calidad en el Afganistán, poniendo de relieve la necesidad de apoyar los esfuerzos dirigidos a hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo, y recordando la importancia de los planes de estudios laicos a este respecto,

Haciendo notar también que en los 3 últimos años se ha venido atentando concertadamente contra muchos derechos humanos en el Afganistán, tras 20 años de logros políticos, económicos y sociales del pueblo del Afganistán,

Reiterando su apoyo a la labor que realizan la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán y la Representante Especial del Secretario General para el Afganistán en cumplimiento de los mandatos establecidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2626 (2022), de 17 de marzo de 2022, y 2678 (2023), de 16 de marzo de 2023, en particular las tareas de vigilancia de los derechos humanos y presentación de información al respecto y comunicación con todos los agentes políticos pertinentes en el Afganistán y demás partes interesadas, incluidas las autoridades competentes, según proceda,

Reconociendo que la acción internacional es imperativa para oponerse a la opresión de género institucionalizada que los talibanes han establecido y pretenden mantener, y luchar contra ella,

Reconociendo también la necesidad de ayudar a resolver las importantes dificultades a que se enfrenta la economía del Afganistán, mediante, por ejemplo, la adopción de medidas destinadas a restaurar los sistemas bancarios y financieros y a autorizar la utilización de activos del Banco Central del Afganistán en beneficio del pueblo del Afganistán, incluidas todas las mujeres y las niñas,

Poniendo de relieve la importancia de la seguridad del personal de las Naciones Unidas, incluido el que trabaja en el ámbito de los derechos humanos, del personal diplomático y consular de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y del personal humanitario nacional e internacional, en particular de las trabajadoras humanitarias,

Acogiendo con beneplácito el informe de la Oficina del Alto Comisionado, los informes de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán y el trabajo en curso y los informes del Relator Especial, así como el informe que este elaboró con el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas,

1.Sigue condenando en los términos más enérgicos posibles todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos en el Afganistán, en particular los que entrañan ejecuciones sumarias o extrajudiciales, detención arbitraria, tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, violencia contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos, periodistas y representantes de los medios de comunicación, en especial mujeres periodistas y representantes de los medios de comunicación, así como antiguos jueces, fiscales y otros altos cargos del ámbito de la justicia, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden y militares, actos de represalia, registros en oficinas de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, abusos y violaciones de los derechos humanos de todas las mujeres, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas y otros grupos marginados y personas en situación de vulnerabilidad, y los ataques contra las personas que han trabajado para el Gobierno del Afganistán y el antiguo personal militar;

2.Deplora la institucionalización por los talibanes de su sistema de discriminación, segregación, desprecio por la dignidad humana y exclusión de las mujeres y las niñas, y los perjuicios que ha arraigado, que deben sacudir la conciencia de la humanidad y requieren una acción concertada de la comunidad internacional;

3.Condena enérgicamente la prohibición impuesta por los talibanes de que las mujeres del Afganistán trabajen para las Naciones Unidas en el Afganistán y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como todas las demás formas de injerencia en las actividades de asistencia no gubernamental, incluida la entrega de ayuda, que socavan el disfrute de los derechos humanos y son incompatibles con los principios humanitarios;

4.Sigue condenando en los términos más enérgicos posibles todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, también las mujeres y las niñas con discapacidad, y recuerda a todas las partes que todas las formas de violencia sexual y de género, incluidas la violencia contra las mujeres y las niñas, la esclavitud sexual de niños ( bacha bazi ) y la práctica del matrimonio infantil, precoz y forzado, constituyen abusos y violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

5.Pide que se ponga fin de inmediato a todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario en el Afganistán, que se respeten rigurosamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento, los derechos a la educación y al trabajo, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, que abarca la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales, los derechos a la libertad de reunión pacífica, de religión o de creencias, de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de circulación y la libertad de abandonar el país, que se ofrezcan oportunidades de educación inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles y se brinde acceso a esa educación a las mujeres y las niñas, que se reabran de forma inmediata e incondicional las escuelas para las niñas de todas las edades, que se proporcione una educación igualitaria y de calidad a las niñas y los niños en todos los niveles y que se proteja a los civiles y las infraestructuras civiles esenciales, en particular las instalaciones médicas y educativas del país;

6.Insta a los talibanes a que revoquen las políticas y prácticas que restringen el disfrute de los derechos humanos por la población afgana, incluida la derogación de la denominada Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, de reciente aprobación, que institucionaliza un sistema de discriminación y opresión contra las mujeres y las niñas, que puede constituir un crimen de lesa humanidad, incluida la persecución por motivos de género, a que las pongan en conformidad con las obligaciones internacionales del Afganistán en materia de derechos humanos, en particular como parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incluidas las políticas y prácticas que restringen el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, como la igualdad y la no discriminación, la libertad de circulación, de reunión pacífica y asociación y de opinión y expresión, los derechos a la educación, al trabajo, a la participación en los asuntos públicos y a votar y ser elegidas en elecciones auténticas y periódicas, y las que son discriminatorias contra las personas pertenecientes a grupos marginados o a minorías étnicas o religiosas, incluidos los hazaras, y a que prohíban y prevengan la discriminación y la violencia contra ellas y velen por que estén representadas en todos los procesos de toma de decisiones;

7.Reafirma su compromiso inquebrantable en favor del disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos por la totalidad de las mujeres, las niñas y los niños en el Afganistán, incluidos el derecho a la libertad de circulación, de reunión pacífica y de asociación, de opinión y de expresión, el derecho a la educación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho al trabajo, el derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los demás y el derecho a la participación en los asuntos públicos, así como la importancia de proteger a las mujeres, las niñas y todos los niños contra los abusos o violaciones, y, a este respecto, hace notar que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, un niño es toda persona menor de 18 años;

8.Pide que se respete, promueva y proteja el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, incluida la posibilidad de acceder al patrimonio cultural y disfrutarlo, y que se proteja el patrimonio cultural material e inmaterial de conformidad con el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y sus dos protocolos facultativos, e insta a todas las partes a que se abstengan de utilizar ilícitamente el patrimonio cultural con fines militares y de atentar contra él;

9.Reconoce que hacer justicia y ofrecer reparación a las víctimas de graves abusos y violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario mediante todos los procesos disponibles, así como hacer rendir cuentas a los responsables, es un pilar esencial, fundamental para la paz, el desarrollo y la reconciliación sostenibles a largo plazo en el Afganistán, y es necesario para restablecer el estado de derecho, reforzar la protección institucional de los derechos humanos y evitar que sigan produciéndose abusos y violaciones graves, y para recuperar la confianza entre todos los miembros de la sociedad afgana;

10.Reitera la urgencia de realizar un examen o una investigación rápidos, independientes e imparciales de todos los presuntos abusos o violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario para poner fin a la impunidad, asegurar la rendición de cuentas mediante procesos que sean integrales y multidimensionales, respondan a las cuestiones de género y estén centrados en las víctimas, aplicar un enfoque integral de la justicia transicional y llevar a los autores ante la justicia, guiándose por los principios enunciados en el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

11.Reitera también su llamamiento en favor de un proceso liderado y asumido por los afganos que conduzca al establecimiento de un gobierno participativo, inclusivo y representativo, particularmente en lo que respecta al género y a todas las minorías étnicas y religiosas, en el que se garantice la participación plena, igualitaria, significativa y sin riesgo de las mujeres y la participación inclusiva y significativa de los jóvenes en los puestos y procesos de adopción de decisiones;

12.Insta a la comunidad internacional a que siga adecuando su interacción con cualquier interlocutor en el Afganistán en lo que concierne al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los afganos, entre ellos las mujeres, las niñas, los niños, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a grupos marginados, incluidas las minorías étnicas y religiosas, y al respeto del estado de derecho, la libertad de expresión, también de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y en especial de los defensores de los derechos humanos, así como el respeto de las obligaciones que incumben al Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

13.Reitera la necesidad de atajar los graves problemas a que se enfrenta el Afganistán, por ejemplo mediante iniciativas de prestación de asistencia para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos derivadas de los tratados internacionales que el Afganistán ha ratificado, y de apoyo y asesoramiento para la sociedad civil;

14.Alienta a la comunidad internacional a que preste apoyo financiero y político para respaldar a las organizaciones afganas de defensa de los derechos de la mujer y crear nuevas plataformas de intercambio para las mujeres afganas, al tiempo que se refuerzan las ya existentes, a fin de que puedan exponer su propia visión del futuro del Afganistán en un entorno seguro;

15.Recalca la necesidad de seguir mejorando las condiciones de vida del pueblo del Afganistán, y pide que así se haga, y pone de relieve la necesidad de proporcionar servicios sociales básicos a nivel nacional, provincial y local, en particular de educación, suministro de agua limpia, saneamiento, conectividad digital, vivienda adecuada y salud pública, prestando especial atención a las necesidades de todas las mujeres, las niñas y los grupos desfavorecidos y marginados, incluidas las personas pertenecientes a grupos minoritarios y las personas con discapacidad;

16.Exhorta a la comunidad internacional a que preste más apoyo, particularmente teniendo en cuenta la situación de la seguridad alimentaria y la actual crisis de protección, y a que redoble esfuerzos para colmar el déficit de financiación, e insta a todas las partes a que permitan el acceso humanitario inmediato, seguro y sin trabas, también a través de las líneas de fuego, para que la asistencia humanitaria llegue a todas las personas que la necesitan, en especial a los desplazados internos y a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y a que respeten la independencia de los organismos humanitarios y garanticen la protección del personal humanitario, en particular de las trabajadoras humanitarias;

17.Alienta a todos los interlocutores en el Afganistán a que mantengan el contacto y la cooperación con las Naciones Unidas, incluidas la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas;

18.Reitera su llamamiento a que se restablezcan el Ministerio de Asuntos de la Mujer y una institución nacional independiente de derechos humanos conforme con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), a fin de proteger y promover todos los derechos humanos, recibir denuncias de los ciudadanos, supervisar los lugares de reclusión y señalar a la atención de las autoridades competentes los problemas;

19.Pide que se cree un entorno propicio para que los agentes de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de derechos de la mujer o dirigidas por mujeres y los líderes cuya labor se ve afectada por las restricciones dirigidas contra las mujeres, y los medios de comunicación puedan llevar a cabo sus actividades sin obstáculos ni temor a represalias, que se investiguen los casos de intimidación y los ataques contra miembros de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos de la mujer, contra trabajadores del mundo de la cultura y contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y se enjuicie a los autores, y que se adopten medidas para promover el respeto de la libertad de opinión y de expresión y el acceso a la información y a apoyo, tanto en línea como en medios no electrónicos;

20.Condena en los términos más enérgicos la reciente decisión de los talibanes de dejar de conceder acceso al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, y los exhorta a que revoquen su decisión y cooperen con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

21.Reconoce la necesidad de reforzar los mecanismos existentes y estudiar la forma de asegurar la capacidad de reunir, conservar y analizar pruebas de los crímenes internacionales y violaciones del derecho internacional más graves, de manera que puedan utilizarse para facilitar futuros procesos de rendición de cuentas y de justicia transicional;

22.Decide prorrogar por un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, y solicita al titular que le presente un informe en su 58º período de sesiones, así como un estudio aparte de la denominada Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, que le facilite oralmente información actualizada en su 60º período de sesiones y que presente un informe a la Asamblea General en su octogésimo período de sesiones, de conformidad con sus respectivos programas de trabajo;

23.Solicita al Relator Especial que, con el apoyo de otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales y órganos de tratados pertinentes y con los conocimientos especializados específicos y pertinentes que le proporcione con carácter temporal la Oficina del Alto Comisionado, elabore un informe sobre el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia y la protección y las repercusiones de las formas múltiples e interseccionales de discriminación en ese acceso, y que lo presente al Consejo en su 59º período de sesiones, tras lo cual se celebrará un diálogo interactivo ampliado;

24.Decide que, para que el titular del mandato cuente con el apoyo necesario, la Oficina del Alto Comisionado le proporcionará recursos y conocimientos especializados específicos adicionales, según lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 54/1, así como recursos y conocimientos especializados adicionales a fin de reforzar la documentación y la conservación de la información reunida, incluidas competencias específicas para el análisis y la presentación de informes;

25.Exhorta a todos los agentes pertinentes del Afganistán a que cooperen plenamente con el Relator Especial, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados y otros órganos internacionales que se ocupan de la situación en el Afganistán, les concedan cuanto antes acceso sin trabas al país, les proporcionen toda la información y el apoyo necesarios para el correcto desempeño de sus mandatos y velen por que las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, las víctimas, los supervivientes, sus familiares y otras personas puedan acceder sin trabas a esos órganos y mecanismos, sin temor a sufrir represalias, intimidaciones o agresiones;

26.Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que proporcione al Relator Especial la asistencia y los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo del mandato;

27.Solicita también a la Oficina del Alto Comisionado que presente, durante un diálogo interactivo ampliado que incluya la presentación oral por el Relator Especial de la información actualizada solicitada en el párrafo 22, un informe exhaustivo que recopile las políticas, prácticas, edictos y supuestas leyes aprobados por los talibanes que impiden el disfrute de los derechos humanos y refleje las perspectivas de las propias víctimas y supervivientes en materia de justicia y reparación, basándose en el balance de las opciones y procesos de rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el Afganistán;

28.Insta a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales pertinentes e invita a los órganos de tratados a que sigan de cerca la situación de los derechos humanos en el Afganistán y la examinen en el ámbito de sus respectivos mandatos;

29.Decide seguir ocupándose de la cuestión.