Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 569ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 6 de agosto de 2002, a las 10.00 horas.
President a :Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención
Quinto informe periódico de México
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención
Quinto informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/5)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Espinosa, la Sra. Carranza, la Sra. Bonfil Sánchez, la Sra. Wolhers y la Sra. Rocío García Gaytán (México) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
Se proyecta un vídeo sobre la labor del Instituto Nacional de las Mujeres.
La Sra. Espinoza (México) dice que, a pesar de que han transcurrido 20 años desde que su país ratificó la Convención, la discriminación contra la mujer sigue siendo una constante en la sociedad mexicana. Con el cambio de gobierno y la transición democrática iniciada en julio de 2000, se demostró de muchas formas la voluntad política de apoyar el adelanto de la mujer, por ejemplo, reformando el artículo 1 de la Constitución mexicana de manera que prohíba expresamente todas las formas de discriminación, incluida la relacionada con el género. El Gobierno actual entiende claramente que la democracia no puede prosperar sin la participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida del país.
La primera medida adoptada para alcanzar ese objetivo fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que encarna la voluntad política de impulsar una cultura de equidad entre los géneros en todos los niveles de la sociedad. El Instituto inició un plan de acción para la igualdad de oportunidades y no discriminación para el período comprendido entre 2001 y 2006, conocido como Proequidad. Está colaborando con gobiernos de distintos estados y municipios para fundar institutos de mujeres en esos niveles y en el nivel nacional, y creó un mecanismo para evaluar los avances en la incorporación de una perspectiva de género en los departamentos del Gobierno. El Instituto, reconociendo que es necesario contar con indicadores precisos y con herramientas para el diagnóstico y el seguimiento, está elaborando un modelo de indicadores de género. Además, presentó al Congreso en su actual período de sesiones 30 proyectos de ley relativos a cuestiones que afectan a la mujer como la participación política, el acoso sexual, la seguridad social, la discriminación laboral y la violencia.
La oradora se complace en informar que México ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención. El Instituto, en colaboración con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), elaboró un sistema interactivo de seguimiento de la Convención para los Estados partes latinoamericanos y caribeños, que incluye 73 informes de 23 países. El Instituto también está elaborando programas encaminados a combatir los estereotipos basados en el género para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing. Se reformó el Código Electoral federal para establecer cupos obligatorios de candidatas mujeres para las próximas cinco elecciones federales. Entre otros logros alcanzados se incluyen un programa de becas para que las niñas no dejen la escuela, la modernización de la legislación laboral desde una perspectiva de género, un programa sobre la mujer y la salud dirigido a disminuir los efectos de la desigualdad entre los géneros y una estrategia general de erradicación de la pobreza con un componente de género.
Una de las prioridades de Proequidad es disminuir la violencia contra la mujer y el Instituto tomó varias medidas con ese fin. Un grupo interinstitucional encargado de coordinar las medidas preventivas creó el Programa Nacional por una Vida sin Violencia; que actualmente se está analizando con grupos de la sociedad civil. Se aprobaron leyes sobre la violencia en 15 estados y 16 cuentan con programas específicos contra la violencia. Después de realizar un estudio, se recomendó que se estableciera un servicio único a través del cual las mujeres víctimas de violencia pudieran recibir asistencia jurídica, emocional y médica.
Una cuestión de violencia basada en el género que preocupa particularmente al Gobierno es la situación en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde en una oleada de violencia fueron asesinadas más de 300 mujeres. Se están realizando esfuerzos especiales para investigar estas muertes, evitar actos de violencia en el futuro, restaurar el tejido desgarrado de la sociedad y cuidar a los hijos de las mujeres asesinadas.
Se adoptaron varias medidas para combatir la trata de mujeres y niños. Además, México ratificó los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a los niños en conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El Gobierno está desarrollando una nueva relación con los grupos indígenas en la que tiene especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas. El Instituto participa en iniciativas dirigidas a fortalecer el diálogo con la sociedad civil, sobre todo en relación con los derechos humanos y los de la mujer.
Son muchos los problemas que se deben superar para lograr la potenciación de la mujer en temas como la igualdad ante la ley, los mecanismos institucionales, las actitudes y los valores de la sociedad, el empleo, la educación, la salud y la participación en los asuntos públicos. El Gobierno está empeñando en alcanzar esos objetivos y dispuesto a demostrar la voluntad política de hacerlo.
La Presidenta invita a los miembros del Comité a formular preguntas a los miembros de la delegación de México sobre las cuestiones planteadas en el informe y en la presentación oral.
Artículos 1 a 6
La Sra. Regazzoli felicita al Gobierno de México por haber ratificado el Protocolo Facultativo y haberse adherido sin reservas a la Convención. Es claro que existe la voluntad política de aplicar la Convención y la Plataforma de Acción de Beijing.
Después de la presentación de los informes periódicos tercero y cuarto, el Comité puso de relieve que era necesario acelerar la actualización de la legislación discriminatoria en los estados de la Federación, pero hasta el momento es muy poco lo que se ha logrado. Cabe preguntar si el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres le permite llegar a las mujeres de todo el país y con cuántas municipalidades ha trabajado hasta el momento. También sería interesante contar con resultados preliminares del programa Proequidad y con información sobre los cambios concretos que éste haya producido. Finalmente, es preocupante que no se disponga de datos sobre la cantidad de veces que se ha invocado la Convención ante los tribunales. Dicha falta de información podría llevar a suponer que las mujeres no están informadas sobre la Convención y, por lo tanto, no conocen sus derechos.
La Sra. Tavares da Silva dice que, aunque antes de las elecciones se había fijado un objetivo de un 30% de las representantes mujeres, no se han explicado las causas de que sólo haya aumentado un 1,6% la cantidad de mujeres en el Senado y haya disminuido en un 1% el número de mujeres en la Cámara de Diputados, fenómeno que probablemente esté relacionado con el hecho de que las mujeres ocupaban los últimos lugares en las listas de candidatos. Cabe preguntarse cuál fue la reacción ante esto y qué medidas están previstas. La oradora celebra que el sistema de cupos vaya a convertirse en obligatorio y espera que esto contribuya a que las posiciones se distribuyan igualitariamente en las listas. Cabe preguntar si las medidas también contribuirán a aumentar la participación de las mujeres en el gobierno local y en los niveles superiores del gobierno.
En cuanto al artículo 6, la oradora señala que en el informe no se mencionan mejoras en lo que respecta a la prostitución y observa que la información sobre la trata se concentra en los derechos de los menores implicados. Sin subestimar la importancia de los derechos de los niños y del problema de la utilización de niños en pornografía, la oradora acogería con satisfacción que se proporcionaran datos sobre medidas dirigidas a enfrentar la trata de mujeres y los avances logrados en ese ámbito.
La Sra. Ferrer Gómez celebra que el nuevo Gobierno que asumió en 2000 haya acogido con satisfacción la ley por la cual se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo autónomo y que su mandato incluya la consolidación de una cultura de igualdad entre los géneros en todas las instituciones del país. La oradora acogería con agrado que se brindara información sobre la estructura del Instituto, sus recursos humanos y materiales, su presupuesto operativo, el porcentaje del presupuesto federal que se le asigna y la secretaría del gobierno federal de la que depende.
Habría que aclarar por qué Proequidad se incluye en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación y también aparece en la Secretaría de Salud pero no depende directamente del INMUJERES. El hecho de que el Instituto haya adoptado un sistema interactivo para supervisar la aplicación de la Convención constituye un avance positivo para el movimiento en pro de la mujer.
La necesidad de reducir los niveles de pobreza, con miras a cumplir la recomendación formulada por el Comité tras la presentación del cuarto informe periódico del país, sigue siendo urgente. De los 40 millones de pobres que hay en México alrededor de 26 millones, la mayoría mujeres y niños, viven en condiciones de pobreza extrema y las cifras aumentan cada día a causa de las políticas neoliberales que se aplican. Mientras que en el informe se menciona una amplia variedad de actividades en los ámbitos de la educación, la generación de empleos y la salud, sería interesante saber si se han evaluado los efectos del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Por ejemplo, habría que saber exactamente cuántas mujeres, incluidas las jefas de hogar, se han beneficiado de este programa, si se ha aplicado de la misma forma en diferentes áreas o si se han formulado programas distintos para cada área y sector.
La oradora también agradecería que se le proporcionara más información sobre el proyecto CONTIGO al que hizo referencia la delegación, que tiene un componente relativo a la reducción de la pobreza. Por ejemplo, ¿alguna parte de este programa trata específicamente el tema de las mujeres rurales e indígenas?
Señalando que, según se informa, 16.000 niños mexicanos son víctimas de explotación sexual, algunos de los cuales, de entre 12 y 14 años de edad, son vendidos por 2.000 dólares de los EE.UU. y en ocasiones exportados para fines sexuales y de otro tipo, la oradora solicita más información sobre el estado de los diversos programas en curso, por ejemplo, campañas de concientización, erradicación de la explotación comercial de los niños, estructuras de rehabilitación y codificación del crimen de explotación sexual y de delitos similares. La oradora pregunta en particular cuáles de las medidas que estaban en vigor han sido reemplazadas por otras nuevas y si éstas forman parte de CONTIGO.
La oradora también desea saber si se han evaluado los progresos logrados en la lucha contra la trata de niños y pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para terminar con la trata de mujeres y qué grado de éxito ha alcanzado el departamento especial establecido en el Ministerio Público para encontrar y repatriar a niños secuestrados. ¿Ha formulado México una política sobre el tema de las mujeres que emigran hacia el país desde Europa oriental, otros países latinoamericanos u otras regiones, o entablado acuerdos con esos países? En último lugar, la oradora pide más información general sobre el abuso sexual y el asesinato de alrededor de 300 mujeres jóvenes en Ciudad Juárez.
La Sra. Raday comparte la preocupación expresada por otros miembros con respecto a la aplicación de programas de acción y la efectividad de las leyes relativas a los niños y en particular a las niñas. Querría más información especialmente sobre las niñas de la calle a la luz de la reforma de la Constitución realizada en 1999, en la que se incorporaron expresamente los derechos del niño, de la reforma del Código Penal de 2000, por la que se imponen sanciones más severas por la trata de niños y la utilización de niños en pornografía, y del plan de acción para erradicar la explotación sexual de menores.
A este respecto, la oradora señala con preocupación que se debería dar expresamente prioridad a las niñas en los programas para menores que viven en circunstancias excepcionalmente difíciles; parece faltar en ellos una perspectiva de género. Al Comité le interesaría saber cuántos juicios se han entablado en cumplimiento de las nuevas disposiciones legislativas, específicamente contra quienes explotan a niñas dedicándose a la venta, la trata y la pornografía, cuántos juicios resultaron en condenas y qué sentencias se dictaron. La referencia de la delegación a la “policía cibernética” en ese contexto es poco clara. La oradora desea saber si hay algún aspecto de esa fuerza policial que trate los problemas de las niñas y qué se está haciendo para introducir una perspectiva de género, que aparentemente faltaba en 2000, en la resolución del problema de los niños que viven en circunstancias difíciles.
La Sra. Corti señala que, dado que se trata de una medida especial de carácter temporal, PROGRESA no responde en forma precisa a la necesidad de alcanzar una igualdad de hecho, expresada en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y está orientada más bien a mitigar la pobreza de las familias enteras, y no específicamente a las mujeres. Sin embargo, es una medida positiva y necesaria en un país como México y sería interesante saber si las autoridades han evaluado sus actividades y si consideran que han llegado a las mujeres indígenas y contribuyen a combatir la feminización de la pobreza. La oradora también desea saber qué efecto tienen los programas específicos relativos a la salud, la educación y la violencia doméstica y sexual en las mujeres indígenas y si México ha firmado acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a la trata y, en ese caso, cómo se aplican.
Con respecto a los refugiados, si bien muchas mujeres se van de México, también es cierto que existe inmigración hacia México proveniente de países limítrofes. La oradora desea saber cómo tratan las autoridades a los inmigrantes ilegales desde que llegan hasta el momento en el que se les otorgan permisos de estadía, y cuáles son las condiciones en los centros de refugiados adonde se los lleva y en los que se suele albergar a niños. Se debería acortar significativamente el procedimiento burocrático para conceder o negar asilo.
La Presidenta invita a la delegación de México a responder a las preguntas formuladas por los miembros del Comité.
La Sra. Espinosa (México) reconoce que siguen existiendo todos los obstáculos para el desarrollo de una cultura verdaderamente democrática en México, a pesar de los valerosos esfuerzos de muchas organizaciones de mujeres para eliminarlos. Sigue habiendo una cultura de la discriminación contra la mujer en el ámbito educativo, en los negocios y en otros en los que las mujeres no participan lo suficiente. Todavía se subestima mucho el trabajo de las mujeres, especialmente en la familia. Sin embargo, se están realizando cambios en forma gradual, gracias al aumento de los recursos asignados a las cuestiones femeninas y una mayor labor de promoción en su favor.
El largamente esperado Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es ahora una realidad. Es un organismo descentralizado que responde directamente a la Presidencia. La oradora, en su calidad de presidenta del organismo, es miembro del Gabinete presidencial. Su Junta de Gobierno está formada por 16 secretarios estatales que representan al Gobierno federal y por 16 mujeres designadas como representantes de los diferentes grupos de la sociedad civil. También tiene miembros invitados permanentes que representan a todas las instituciones del Gobierno, con divisiones establecidas de acuerdo con las actividades de cada uno. El personal del INMUJERES está formado por 140 funcionarios superiores y de nivel medio y 40 asistentes. Aunque ha recibido 22 millones de dólares de la Asamblea de Representantes, en adelante tendrá su propio presupuesto oficial.
Las dos cámaras aprobaron en forma unánime la ley por la cual se creó el INMUJERES y se está intentando reformar la legislación más rápidamente en 2003 se revisarán los Códigos Civil y Penal. No es una tarea fácil coordinar las actividades dirigidas a alcanzar la igualdad entre los géneros en un país donde el 51% de los habitantes son mujeres, pero el INMUJERES se está esforzando por lograrlo. Como lo determina la ley, el Instituto es un organismo normativo que colaborará horizontalmente con otras asociaciones y organizaciones, coordinando los programas existentes y la labor de la industria y los organismos gubernamentales y manteniendo vínculos con los departamentos para las cuestiones de la mujer en los niveles estatal y municipal, el poder ejecutivo y el judicial. Aunque sólo 300 de las 2.400 municipalidades del país forman parte de la red municipal del Instituto, éstas son las que engloban a la mayoría de la población.
El principal objetivo de la labor del programa Proequidad, establecido sobre la base de 54 foros de todo el país, es institucionalizar la perspectiva de género.
Con respecto al cumplimiento de la Convención, cabe señalar que, aunque el artículo 133 de la Constitución mexicana establece que los jueces deben aplicar sus disposiciones, muchos de ellos se muestran reticentes a hacerlo cuando éstas no concuerdan con la legislación interna. Por lo tanto, se organizaron seminarios de concientización para jueces y funcionarios judiciales en los estados para reiterar la norma de que los tratados internacionales tienen precedencia sobre las leyes federales y estatales y sólo están subordinados a la Constitución.
Una medida de carácter temporal fue la reciente aprobación de una ley para asegurar una mayor igualdad en la posición de las mujeres en las listas de candidatos para las elecciones de 2003. Se tomaron medidas similares de carácter temporal en materia de educación y salud. En lo que concierne a los gobiernos locales, la oradora reconoce que no es suficiente que sólo el 3,4% de los alcaldes sean mujeres y señala que las mismas medidas adoptadas para aumentar el número de legisladoras se extenderán a los gobiernos locales por medio de un sistema de cupos, en un esfuerzo por superar el número de 84 mujeres que se ha mantenido en los últimos nueve años.
En el marco del programa PROGRESA, luego llamado Oportunidades, se asignaron fondos directa y específicamente a las mujeres, para que puedan decidir qué proporción de los recursos de la familia pueden gastar. Las beneficiarias afirman que el programa ha aumentado su autonomía en las decisiones que afectan a la familia. El programa ha influido sobre las relaciones sociales y generado nuevas formas de capital social para las beneficiarias, que asisten a reuniones mensuales, seminarios sobre salud y otros eventos sociales como visitas para recoger sus asignaciones. La posibilidad de debatir informalmente los asuntos entre ellas, ha habilitado a las mujeres para establecer sistemas de apoyo mutuo. Desde que se creó en 1996, el programa se extendió de las zonas rurales a las urbanas y, para fines de 2001, habían obtenido beneficios de él 3,2 millones de familias que viven en condiciones de pobreza extrema. Aunque la oradora desconoce las causas precisas de los asesinatos de Ciudad Juárez, es claro que se necesita aumentar las medidas de seguridad para evitar que acontecimientos tan dolorosos se repitan y la Secretaría de Gobernación está planificando dichas medidas, en colaboración con el gobierno del estado y la municipalidad.
La Sra. Carranza Aguayo (México) dice que, aunque la legislación mexicana debe ser objeto de nuevas reformas, se han alcanzado considerables progresos en los últimos cinco años. Se acaba de incorporar el concepto de la prohibición de la discriminación a causa del género a la Constitución Mexicana, el Protocolo Facultativo de la Convención se ratificó en diciembre de 2001 y se emprendió una serie de reformas legislativas sobre el problema de la violencia doméstica.
El sistema jurídico mexicano es extremadamente complejo, ya que abarca a legisladores federales y locales (estatales). Por lo tanto, la incorporación de una perspectiva de género a la legislación mexicana implica una importante labor de coordinación con los 32 estados federales. El Gobierno mexicano ha estado tomando medidas para superar el problema y, en 2002, ofreció seminarios de capacitación para jueces en más de 29 estados. Ese mismo año, se inició un examen de la legislación sobre derechos humanos en lo que concierne a las mujeres y los niños, con miras a unificar las normas sobre temas como la violencia y la discriminación. También ha habido mujeres que trabajaron con expertos en derecho para iniciar un programa relativo al seguimiento de sentencias judiciales dictadas en cumplimiento de la aplicación de la Convención u otros instrumentos.
Se ha avanzado poco en lo que respecta a invocar la Convención en los tribunales. El problema es que en México corresponde a los abogados, no a los jueces, indicar los instrumentos en los que se funda su argumentación. El hecho de que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este ámbito como la ratificación del Protocolo Facultativo sean acontecimientos muy recientes significa que todavía es demasiado pronto para medir los avances realizados.
El Gobierno mexicano todavía no está adecuadamente preparado para tratar el problema de la prostitución en el nivel legislativo, especialmente cuando involucra redes internacionales invisibles. El hecho de que hayan entrado recientemente al país mujeres extranjeras vulnerables a la explotación exacerba aún más el problema. Se reconoce que es necesario adoptar medidas punitivas más convincentes y que las campañas pertinentes deben estar vinculadas entre sí.
La Sra. Bonfil Sánchez (México) dice que la pobreza es el problema más significativo para el desarrollo de México. Sin embargo, hay mayor conciencia de la necesidad de enfrentar el problema en forma integrada y, a ese respecto, se ha prestado particular atención al Programa de Educación, Salud y Alimentación “PROGRESA” (que ahora se llama Oportunidades). Para poder acceder al programa, que ofrece becas a niñas y niños, las madres deben demostrar que sus niños asisten a la escuela y tanto ellas como sus hijos deben someterse periódicamente a exámenes médicos. El programa todavía tiene problemas, especialmente en zonas rurales e indígenas. Los beneficiarios que viven en zonas particularmente remotas se han quejado de que no pueden cumplir los requisitos del programa por no tener acceso a servicios de salud y educación, y de que las condiciones del programa, especialmente las relativas a los exámenes médicos, se aplican de una forma autoritaria. Además, la necesidad de compartir recursos insuficientes generó conductas divisivas y competitivas entre las poblaciones. Por otra parte, las beneficiarias acogieron con satisfacción el programa, como un medio de aumentar los ingresos de los hogares y de poner de relieve la importancia de su papel dentro de la unidad familiar. Además, también las mujeres rurales e indígenas están empezando a considerar que ellas mismas constituyen el centro de la atención institucional y política, lo que valida sus opiniones y significa que tienen una mayor influencia sobre otros procesos de toma de decisiones. Es demasiado temprano para medir el efecto del programa en la alimentación o el del programa de becas en la reincorporación de los niños a la escuela.
Los programas de salud en zonas indígenas están encaminados a atender la salud de las mujeres durante toda su vida, y no solamente la salud reproductiva; la Secretaría de Salud ha llevado a cabo un estudio para investigar las zonas prioritarias. El nuevo programa Arranque Parejo se centra, entre otras cosas, en el cuidado a las madres antes y después del parto a fin de disminuir la mortalidad materna e infantil. Se reconoció que el uso de la medicina tradicional y de parteras era un método culturalmente apropiado de brindar una atención adecuada de la salud a las poblaciones rurales e indígenas. También se ejecutó el programa de alimentación y atención de la salud, basado en el uso de suplementos de alimentación y dirigido a niños menores de 2 años, mujeres embarazadas y madres que están amamantando. Además, la Secretaría de Salud está trabajando con unidades móviles para llevar la prevención y el tratamiento del cáncer cervical a zonas remotas. Se realizaron campañas de planificación de la familia en idiomas indígenas encaminadas a poner fin a hechos como la esterilización no consensual, a ofrecer más servicios y a facilitar el acceso a ellos.
El programa PROGRESA se adaptó a las necesidades culturales de diferentes grupos de beneficiarios indígenas. En Chiapas se aplicó el modelo de consulta colectiva. Los médicos y parteras tradicionales mantuvieron consultas con mujeres embarazadas de diferentes comunidades para identificar embarazos de alto riesgo y destinar recursos a la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna.
A pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, los diversos programas siguen siendo insuficientes, ya que los indicadores de bienestar y desarrollo para las mujeres indígenas están todavía muy por debajo del promedio nacional. Para rectificar la situación, el Gobierno mexicano está intentando crear para las poblaciones indígenas programas interrelacionados que se ocupen de la salud de las mujeres y enfrentar la violencia en su contra. Es necesario generar mecanismos, acordes con las diversas situaciones culturales y sociales de las poblaciones indígenas, para que las mujeres beneficiarias de los programas puedan participar en su elaboración y ejecución.
La oradora se complace en observar, sin embargo, que se han logrado algunos avances en la atención de la salud. El programa IMSS-Solidaridad, destinado a brindar atención preventiva y protección de la salud a jóvenes en comunidades rurales e indígenas, movilizó una estrecha colaboración con más de 30.000 parteras en todo el país a fin de elaborar estrategias para determinar qué partos podían resultar peligrosos y para promover el uso de comunicaciones satelitales en la prevención y el diagnóstico. El Instituto Nacional Indigenista estableció un programa de colaboración con personas que practican la medicina tradicional en el que se incorpora el apoyo a las parteras y a dirigentes femeninas del ámbito de la salud. Esto es particularmente importante porque la salud es muy valorada desde el punto de vista cultural y las mujeres indígenas pueden ayudar mucho a promoverla. También se elaboraron programas experimentales para capacitar a jóvenes en partería o en salud de la comunidad y prevención de la violencia. Un proyecto de atención de la salud para mujeres indígenas que se está elaborando actualmente, incorporará gente que practica la medicina tradicional a los servicios de salud en diversos entornos culturales.
La Sra. Wohlers (México), respondiendo a la pregunta formulada por la Sra. Corti sobre las mujeres migrantes, dice que llegan muchas extranjeras a México, sea camino a los Estados Unidos o con la intención de quedarse, y como no tienen los documentos necesarios, están muy expuestas a que se vulneren sus derechos. Por invitación del Gobierno mexicano, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes visitó el país en mayo de 2002 para evaluar la situación y confirmó que, efectivamente, se están vulnerando los derechos humanos de los migrantes y que se debería señalar el problema a la atención de las autoridades. Aunque México no tiene políticas específicas en lo relativo a la migración, muchos Grupos Beta (patrullas de seguridad mexicanas) trabajan actualmente con mujeres migrantes en las zonas fronterizas bajo los auspicios del Instituto Nacional de Migración. Además, dos organizaciones no gubernamentales han estado elaborando un manual sobre violencia sexual y migración, y colaborando con miembros de los Grupos Beta para mejorar el trato del que son objeto las mujeres migrantes. Se insistió en que la falta de documentos no significa necesariamente que los migrantes sean inmigrantes ilegales.
Las mujeres migrantes pueden permanecer detenidas en centros especiales, que no son cárceles. El Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Migración propusieron que se alojara a las mujeres en unidades individuales para que sus niños estén protegidos y también que, si las mujeres solicitaban la condición de refugiadas, las pudiera entrevistar personal femenino. En 2000, México firmó y ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, de modo que la decisión de otorgar la condición de refugiado ahora se toma en el nivel gubernamental. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México está trabajando para asegurar que las mujeres que no pueden acceder a la condición de refugiadas sean deportadas a sus países de origen de forma digna bajo la protección del Gobierno mexicano. Además, después de que México firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se presentó una nueva iniciativa para que las mujeres que son inmigrantes legales pero no ciudadanas de México puedan ser dueñas de propiedades en forma conjunta con sus maridos.
México, nuevo miembro de la International Migration Association, está en condiciones de elaborar más programas de protección de migrantes. Sin embargo, sigue siendo muy difícil asegurar la protección de las mujeres migrantes y cambiar las actitudes de los funcionarios públicos y de los agentes de aduanas e inmigración hacia ellas.
La Presidenta invita a los expertos a formular la segunda serie de preguntas.
La Sra. Goon e sekere felicita a México por su quinto informe periódico; éste proporciona continuidad con los informes anteriores y demuestra que el país ha adoptado un enfoque holístico de las cuestiones de la mujer que abarca la situación de la Convención y la reforma legislativa y presupuestaria. El hecho de que la tasa de abandono de la escuela secundaria sea mayor para los niños que para las niñas indica que las políticas destinadas a mantener a las niñas en la escuela están dando resultado.
Por otra parte, en las respuestas de la delegación de México a las preguntas del Comité se indicó que son los abogados y no los jueces quienes invocan la Convención en las causas presentadas en los tribunales. La oradora insta a superar esta brecha sensibilizando a los profesionales del derecho a las cuestiones de género a través de la formación y la capacitación. También el acceso a la justicia genera interrogantes. Los logros de México en la promoción de los derechos de la mujer probablemente hayan creado expectativas que no se pueden cumplir, especialmente en vista de la considerable población urbana del país y, más en particular, la proporción de pobres en las ciudades. Cabe preguntar si existen servicios de asesoramiento jurídico o algún sistema para ayudar a las mujeres a interponer recursos judiciales, por ejemplo en casos de desigualdad en los salarios o de violación por parte del cónyuge. El acceso es importante en el contexto del Protocolo Facultativo a la Convención, que dispone que se agoten todos los recursos internos disponibles antes de llevar un caso ante el Comité. Si las mujeres no tienen acceso al sistema judicial, estos recursos internos se agotarán con rapidez. Cabe preguntar también si existe alguna forma de acción de interés público en la que los grupos de mujeres, por ejemplo, puedan presentar recursos en nombre de particulares.
La Sra. Shin felicita a México por haber sido anfitrión de la primera conferencia mundial sobre cuestiones de la mujer en 1975 y por haber ratificado prontamente la Convención y su Protocolo Facultativo. Sin embargo, está desilusionada porque el ritmo de los avances no ha estado a la altura de las expectativas. La oradora pregunta en qué se diferencia el Instituto Nacional de las Mujeres de su predecesora, la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), en particular en cuanto a su presupuesto y poderes. También pregunta en qué difiere el último Programa Nacional de la Mujer del anterior y si se ha introducido algún cambio en cuanto a los puntos en los que se hace más hincapié.
Con respecto a la violencia contra la mujer, la oradora acoge con satisfacción la preocupación manifestada por el Gobierno y el Presidente de México en relación con los informes sobre las desapariciones y los asesinatos en zonas fronterizas donde hay plantas maquiladoras, pero se pregunta qué medidas inmediatas se han adoptado para garantizar la seguridad de las mujeres en esas zonas. En el párrafo 342 del quinto informe periódico se describen medidas para combatir la violencia doméstica, y se indica que 18 de los 32 estados del país la consideran delito. Sin embargo, no hay datos sobre los juicios donde se indique cuántos acusados fueron declarados culpables y qué sentencias recibieron. Tampoco se proporciona información sobre la cantidad de albergues para víctimas de violencia que existen. México tiene una población de 100 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres, y una alta tasa de violencia doméstica. La oradora se pregunta si está previsto aumentar la cantidad de albergues en todo el país y qué mecanismos existen para ayudar y proteger a las mujeres que denuncian delitos de violencia. Tras observar que el 10% de la población de México es de origen indígena y, según se informa, miembros de las fuerzas armadas y personal paramilitar han acosado a mujeres indígenas, la oradora pregunta también si las mujeres indígenas son objeto de una atención especial.
Se ha dicho que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene la función de promover la coordinación y la cooperación con los 32 estados del país y con las municipalidades. Sin embargo, la oradora considera que, si existe una verdadera voluntad política de mejorar la situación de las mujeres, debería tener una función más amplia, que abarcara establecer pautas, ofrecer incentivos y financiar iniciativas en los estados y las municipalidades, como una forma más eficiente de eliminar las tradiciones de discriminación y violencia de larga data. A ese respecto, la oradora pregunta qué se está haciendo para ayudar, financieramente y de otras formas, a las organizaciones no gubernamentales a mejorar la cooperación con el Gobierno.
La Sra. Schöpp-Schilling se suma a las felicitaciones y a las manifestaciones de inquietud de otros miembros del Comité, pero considera que el quinto informe periódico es demasiado descriptivo en general y no se centra lo suficiente en las cuestiones específicas de la mujer. Es difícil emplearlo como un instrumento para evaluar el nivel de discriminación contra la mujer y, sin embargo, esa es precisamente la tarea del Comité y de la Convención. La oradora recomienda que los informes periódicos que se presenten en el futuro proporcionen más información sobre la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres. Además, faltan datos estadísticos desglosados por sexo, a pesar de que se supone que dos instituciones (el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM)) reúnen y recopilan esas cifras; por ejemplo, no hay información de este tipo sobre salud y educación. La oradora pregunta si se prevé hacer que estas estadísticas sean obligatorias en todo el país.
También preocupa a la oradora que la estructura federal de México pueda tener un efecto perjudicial en la promoción de las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer. Es una lástima que la autonomía de los estados individuales haya generado diferencias tan grandes en la situación jurídica y las condiciones de vida de las mujeres en todo el país. Pregunta qué métodos existen, de acuerdo con la Constitución, para compensar estas diferencias, que afectan gran cantidad de cuestiones, desde las leyes sobre el aborto hasta las normas educativas. El federalismo no debería ser usado como una excusa para tolerar disparidades tan amplias.
Aunque celebra el análisis presupuestario de las cuestiones de género, la oradora se pregunta si este análisis se ha aplicado solamente a las actividades destinadas concretamente a las mujeres o también a actividades genéricas dirigidas tanto a hombres como a mujeres. Sólo se pueden establecer comparaciones si se ha adoptado este último enfoque.
Con respecto al artículo 4 de la Convención, la oradora pregunta si el Instituto Nacional de las Mujeres o el Gobierno han examinado la posibilidad de adoptar medidas especiales de carácter temporal en los ámbitos de la educación y el empleo, o dirigidas específicamente a las mujeres rurales. Le sorprende que el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) se haya incluido en la sección del informe periódico que trata sobre las medidas especiales de carácter temporal. La oradora considera que se trata de un programa general, a menos que en materia de educación haya metas cuantitativas específicas para las niñas. En el próximo informe periódico se deberían incluir más detalles sobre el uso de medidas especiales de carácter temporal que den preferencia a las mujeres fijando objetivos y metas concretos, a fin de acelerar el logro de la igualdad de hecho.
La Sra. Achmad desea poner de relieve la importancia que tienen los mecanismos institucionales como medio de cuantificar los resultados en el terreno en cada uno de los estados y de las municipalidades. Estos datos son particularmente necesarios para la mitigación de la pobreza: para determinar si las mujeres se han empobrecido debido a la discriminación o si han sido víctimas de discriminación por ser pobres. Habría que ver qué han hecho esas instituciones en lo que respecta al aumento del poder de decisión de las mujeres en la vida pública y en el nivel de la comunidad, particularmente en el marco de las medidas dirigidas a fomentar las relaciones democráticas dentro de la familia: si no existen allí, es poco probable que existan afuera. La oradora pregunta también qué medidas adoptaron las instituciones para impulsar la participación de organizaciones no gubernamentales.
La oradora, coincidiendo con los comentarios de la Sra. Goonesekere, pregunta hasta qué punto las instituciones pueden mejorar el acceso de la mujer al sistema judicial y si la capacitación para la profesión jurídica incluye cuestiones de género (como en el caso de Indonesia). Pregunta también si México ha analizado la posibilidad de utilizar medidas especiales de carácter temporal para mejorar ese acceso.
La Sra. Gaspard, refiriéndose a las cuestiones de la prostitución y la trata, que se mencionan con frecuencia en el quinto informe periódico pero sólo en relación con los menores, pregunta si hay cifras relativas a la trata de mujeres, los arrestos por este tipo de delitos y las sentencias dictadas. En el informe no se trata el tema de las prostitutas adultas. Dado que México es, por su situación geográfica, un lugar de paso obligado y tiene altos niveles de pobreza, las mujeres están muy expuestas a ser explotadas por tratantes. La oradora pregunta qué se ha hecho para ayudar a mujeres adultas a escapar a dicha explotación y si las prostitutas son tratadas como delincuentes o como víctimas. También pregunta qué medidas concretas se han tomado para proporcionar servicios de atención de la salud a las prostitutas, puesto que estas podrían contribuir a la propagación del VIH/SIDA. En términos generales, el informe periódico ofrece muy pocos detalles sobre el artículo 6 de la Convención (trata y explotación de la prostitución); la oradora querría más información, si no inmediatamente, en el próximo informe periódico.
La Sra. Saiga dice que las medidas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para promover el desarrollo profesional de las mujeres atrajeran su interés y pide más detalles sobre sus funciones y las de la Comisión Interna para el Ingreso y la Promoción del Personal de Confianza del ISSSTE.
La Sra. Espinosa (Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres) dice que con sus observaciones procurará responder a las preguntas relativas al desarrollo social dirigido a poner ciertos beneficios sociales al alcance de todos los mexicanos, promoviendo la protección social para todos y mejorando las capacidades y oportunidades de la gente, lo que da un fuerte impulso al desarrollo económico. Otro objetivo es promover la propiedad como una forma de aumentar la solvencia.
El Instituto Nacional de las Mujeres es una entidad que tiene su origen en una política de descentralización de los servicios; es independiente y controla su propio presupuesto. Tiene el doble de miembros de su predecesora (140 en lugar de 70) y un presupuesto de 22 millones de dólares de los EE.UU. (en lugar de 3,2 millones). El Instituto trabaja con todos los ámbitos del gobierno y todos los que participan de un presupuesto para asegurar que se incorpore una perspectiva de género en su trabajo.
En cuanto a la estructura federal del país, el Instituto actúa como un canal de comunicación con los gobiernos de los estados, a través de sus mecanismos dirigidos a promover los intereses de las mujeres. Dado que el Instituto tiene un presupuesto federal, también negocia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para destinar fondos a programas que serán ejecutados por representantes de las mujeres en cada uno de los estados. Para ello, es fundamental que el Instituto mantenga un diálogo permanente con los gobiernos de los estados y la sociedad civil. Los programas encaminados a impulsar a las mujeres a que denuncien los actos violentos cometidos contra ellas, y Proequidad, el programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación para el período 2001-2006, se basan en un diálogo de este tipo y en consultas y debates sobre diversas cuestiones.
Es claro que no se puede alcanzar una verdadera democracia si no se aumenta la representación femenina en la vida pública. La igualdad de hombres y mujeres es especialmente importante para el desarrollo económico y social. El Instituto está trabajando, por medio de las juntas consultivas y de supervisión, para eliminar la diferencia del 25% al 30% que existe entre los salarios de hombres y mujeres, y procura asumir un papel central en la lucha que se viene desarrollando desde hace décadas por reformar la legislación laboral. También está embarcado en una campaña para terminar la práctica de que los empleadores exijan a las mujeres certificados de que no están embarazadas.
Se están actualizando las bases de datos, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y con toda la administración, a fin de recopilar estadísticas desglosadas por sexo. La Oficina del Presidente tiene un cuadro de las tendencias que está desglosado por sexo gracias a los esfuerzos del Instituto. El Instituto elaboró un modelo de estadísticas conocido como Modelo de Indicadores de Género (MIG) que combina tres indicadores, uno para medir la igualdad, uno para medir la incorporación de una perspectiva de género y otro para medir el poder de decisión. Se espera difundir el uso del modelo a todos los departamentos del Gobierno.
En cuanto a la sensibilización de los profesionales del derecho, el Instituto trabaja con algunas universidades para incorporar en sus programas una perspectiva de género.
La Sra. García Gaytán (Miembro de la Cámara de Diputados), en respuesta a las preguntas relativas al acceso de la mujer al sistema judicial, dice que la única fuente disponible de información sobre la Convención son las organizaciones no gubernamentales de mujeres, pero la sugerencia de que las facultades de Derecho brinden capacitación específica es muy útil, ya que también podría orientase especialmente a los defensores públicos.
En respuesta a las preguntas sobre la cantidad de víctimas y de servicios para ellas, como albergues, se observa un vacío significativo: hay cifras de universidades y organizaciones no gubernamentales, pero pocas cifras oficiales. El problema más serio es la falta de atención y la elevada proporción de casos de los que no se informa.
En respuesta a las preguntas sobre la posibilidad de que la estructura federal del país represente un obstáculo para avanzar en las cuestiones de la mujer, la oradora observa que, a partir de 1997, se han acelerado considerablemente los avances en la legislación en los niveles federal y estatal.