Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
3 2 º período de sesiones
Acta resumida de la 1 5 ª sesión
Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el miércoles 5 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
President a :Sra. Bonoan-Dandan
Sumario
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)
Segundo informe periódico del Ecuador
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes
a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)
Segundo informe periódico del Ecuador [(E/1990/6/Add.36); documento básico (HRI/CORE/1/Add.7); perfil del país (E/C.12/CA/ECU/3), solo en inglés; lista de cuestiones (E/C.12/Q/EQU/1); respuestas escritas del Gobierno del Ecuador, solo en español (documento sin signatura distribuido en la sesión)]
1. Por invitación de la Presidenta , la delegación del Ecuador toma asiento como participante en el debate de la Mesa.
2.La Presidenta da la bienvenida a la delegación del Ecuador, en nombre del Comité, y la invita a formular su declaración de apertura.
3.El Sr. Escudero Martínez (Ecuador) subraya que el segundo informe periódico del Ecuador, que abarca el período 1992-2004, es fruto de la labor de un equipo interdisciplinario e interministerial. Las respuestas escritas a la lista de cuestiones son resultado de un intercambio de opiniones entre los distintos agentes de la sociedad ecuatoriana sobre los avances y las deficiencias registrados en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Con ese fin, el Estado parte recibió apoyo de la oficina de las Naciones Unidas en el Ecuador, así como de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.
4.Desde 1990, el Estado del Ecuador viene realizando importantes progresos en la esfera de los derechos humanos que se han plasmado en medidas legislativas, judiciales y administrativas. La nueva Constitución, aprobada en 1998, propugna la promoción y defensa de los derechos humanos y, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales. Consolida la protección de los derechos humanos autorizando los recursos de h a beas corpus, h a beas data y amparo constitucional y estableciendo la función del Defensor del Pueblo, encargado de recibir las denuncias que se presenten por violaciones cometidas por agentes estatales y por particulares.
5.La Comisión permanente de evaluación y seguimiento del Plan nacional de derechos humanos, que aglutina a representantes de la sociedad civil y del Estado, analiza y elabora las orientaciones puestas en práctica por las subcomisiones sectoriales y provinciales. Este plan, que se remonta a 1998, es uno de los primeros elaborados en América Latina. Además, el Ecuador desempeñó un importante papel en la elaboración y negociación de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobada en 2002, y propuso a los otros miembros de la Comunidad Andina un proyecto de reglamento para la aplicación de los principios de la Carta.
6.La Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, creada en diciembre de 2002, se encarga de la elaboración de los informes que se van a presentar a los órganos del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creados en virtud de tratados. También se encarga de la aplicación de las recomendaciones formuladas por esos órganos.
7.Los innegables esfuerzos del Estado ecuatoriano por garantizar el ejercicio y la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales se han visto entorpecidos por dificultades sociales, económicas y políticas agravadas entre 1998 y 2000 por una de las crisis financieras más graves por las que ha atravesado el país.
8.La dolarización de la economía, la crisis bancaria y la apropiación ilícita de miles de millones de dólares de los Estados Unidos de depósitos y cuentas de ahorro por un grupo de banqueros poco escrupulosos han empobrecido a la clase media y media baja de las zonas urbanas y rurales. A estas dificultades se suma el auge de la emigración de ecuatorianos, así como la inmigración cada vez más importante de nacionales de países vecinos.
9.Además, la inestabilidad política ha paralizado la acción pública generando incertidumbre en muchos segmentos de la población y provocando una recesión de la producción. A ello se añade la carga del servicio público de la deuda, que grava las finanzas públicas en detrimento de las inversiones en servicios sociales e infraestructura productiva.
10.La reducción de la pobreza, de carácter estructural y considerable amplitud, exige transformaciones profundas que han de ser lentas y progresivas para poner en práctica políticas sociales, sindicales, sanitarias y educativas que contribuyan a reducir las desigualdades existentes, en particular en favor de los más pobres.
11.Para concluir, el Sr. Escudero Martínez reafirma que el Estado es responsable de la realización efectiva y completa de los derechos enunciados en el Pacto, aunque el Gobierno del Ecuador considera que las dificultades actuales solo pueden resolverse agrupando a los distintos agentes económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad ecuatoriana.
Artículos 1 a 5 del Pacto
12.El Sr. Pillay pregunta si es exacta la información de que los tribunales están muy politizados y por qué no se han presentado contra la función judicial denuncias por presunta violación de los derechos humanos. En cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, desea saber por qué no han juzgado los tribunales ningún caso de infracción de esos derechos, pese a que el Pacto es parte integrante del derecho interno. ¿Es el motivo la falta de medios a disposición de los órganos públicos encargados de defender los derechos humanos, en particular, los del Defensor del Pueblo?
13.El Sr. Atangana señala con preocupación el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema, elegidos por el Congreso pese al principio de separación de poderes, y sus efectos en la independencia de la justicia. Mencionando la lentitud del reglamento de las actuaciones judiciales, pregunta si, como está previsto por ley, se han impuesto sanciones a los jueces que hayan causado retrasos injustificados. Igualmente, ¿se ha condenado ya al Estado a indemnizar a las víctimas lesionadas en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales o culturales?
14.El Sr. Malinverni se siente preocupado por la independencia de la justicia, en vista de que agentes de policía ejercen funciones de juez en los tribunales de primera instancia. Además, pregunta si no deberían derogarse las leyes antiguas que estén en contradicción con las más recientes, siendo así que los jueces aplican unas veces las unas y otras veces las otras. Por otra parte, ¿qué condiciones son necesarias para recibir asistencia letrada gratuita?
15.El Sr. Malinverni desearía saber si en la nueva Constitución de 1998 figura una lista de derechos fundamentales que comprenda los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. Por último, en cuanto al principio de no discriminación, pregunta si pudo aplicarse la ley votada en 2001 para promover los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de los escasos recursos financieros que se le habían asignado.
16.El Sr. Riedel celebra que el Estado parte reconozca los obstáculos que entorpecen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Con respecto a la respuesta escrita a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, desea recibir más información sobre las denuncias de violación de los derechos enunciados en el Pacto de cuyo examen se han ocupado los tribunales o las instituciones nacionales competentes.
17.En cuanto a la respuesta escrita a la pregunta 3 de la lista de cuestiones, el Sr. Riedel pregunta si se informa a los militares y los agentes de policía de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por último, desearía conocer el seguimiento dado a las recomendaciones formuladas por las instituciones de promoción de los derechos humanos.
18.El Sr. Texier, refiriéndose al artículo 1 del Pacto, dice que, según información obtenida por el Sr. Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, la comunidad kichwa de Sarayacu reivindica su derecho a la tierra y a gestionar sus recursos naturales, a saber, el petróleo que yace bajo sus tierras ancestrales, desde hace cinco años explotado por un consorcio de empresas norteamericanas y una argentina en virtud de una concesión otorgada por el Estado del Ecuador. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) denunció la falta de consultas apropiadas con las comunidades kichwa antes de adjudicar a esas empresas privadas, entre ellas Texaco y Chevron, los contratos de licencia de prospección y explotación petrolera. Así pues, el Sr. Texier desea saber cómo garantiza el Gobierno del Ecuador el derecho de los pueblos indígenas a gestionar libremente sus recursos naturales, cuestión que, a su juicio, es de importancia capital en vista de la composición multiétnica y multicultural del país.
19.Por otra parte, el Sr. Texier pregunta qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno para luchar contra la inmigración de la población ecuatoriana, en particular con destino a los Estados Unidos de América y España.
20.El Sr. Tirado Mejía solicita más información sobre los efectos adversos de la dolarización en la economía ecuatoriana, entre ellos la escasa competitividad de los productos ecuatorianos destinados a la exportación y, con ello, la disminución de los sueldos y la degradación del nivel de vida de los ecuatorianos. Se pregunta si el Gobierno del Ecuador se propone revisar la política de paridad con el dólar para mitigar sus efectos desastrosos en la realización, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales.
21.El Sr. Tirado Mejía señala que leyendo el informe no se tiene la impresión de que los pueblos indígenas del Ecuador constituyan cerca el 20% de la población y sean una importante fuente de riqueza desde el punto de vista demográfico y cultural. Lamenta que esos pueblos y los afroecuatorianos ocupen, por lo general, los estratos más bajos de la escala social y estén desfavorecidos en muchos ámbitos como la educación, la salud y la cultura. Por último, solicita datos demográficos más precisos sobre la composición étnica de la población ecuatoriana.
22.El Sr. Kolosov observa que el Estado parte es tierra de acogida de numerosos inmigrantes a la vez que país abandonado por muchos de sus ciudadanos. Se pregunta si el Gobierno del Ecuador ha adoptado medidas para luchar contra la discriminación de que a menudo son víctimas los inmigrantes y garantizarles sus derechos fundamentales, si se ha adherido a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y si ha concertado acuerdos con el Gobierno de España para que los ciudadanos ecuatorianos, que emigran a ese país en grandes cantidades, reciban en él la protección debida.
23.La Sra. Bras Gomes lamenta que las políticas aplicadas por el Estado parte no hayan conseguido mitigar los desastrosos efectos de la crisis económica por la que atraviesa el Ecuador, a la que han venido a sumarse múltiples catástrofes naturales. Desearía saber si se ha puesto en práctica la ley que obliga a las autoridades locales a asignar recursos a la infancia, la juventud, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad y la población rural, y, en caso afirmativo, en qué escala.
24.La Sra. Bras Gomes lamenta a continuación que, pese a las disposiciones constitucionales que consagran el derecho a la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades, las zonas rurales, donde residen los pueblos indígenas, registren una tasa de desempleo muy superior a la del resto del país, y se pregunta si los proyectos ejecutados por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) han permitido reducir las diferencias entre las regiones indígenas y las demás, en particular por lo que se refiere a la infraestructura. También le gustaría saber qué prioridades ha determinado el Estado parte para garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos el derecho a la tierra, a la educación y al empleo. Por último, pregunta si las leyes aprobadas desde 1998 en pro de la igualdad entre los sexos han contribuido a mejorar la condición de la mujer.
25.El Sr. Martynov lamenta que la Constitución ecuatoriana, aunque establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de conceder a un agente cualquiera el derecho a explotar los recursos subterráneos de sus tierras tradicionales, no exige al mismo tiempo que el Estado obtenga el consentimiento previo informado de esas comunidades y vele por el reparto equitativo de los beneficios de esa explotación. Así pues, pregunta si el Gobierno del Ecuador se propone modificar este instrumento en consecuencia.
26.El Sr. Sadi no está convencido de que los derechos económicos, sociales y culturales ocupen el mismo lugar que los derechos civiles y políticos en el orden constitucional del Ecuador, y se pregunta si la Constitución de 1998 no tenía por objeto cambiar esta situación. Celebrando la creación de la figura del Defensor del Pueblo, que supone un verdadero avance en la esfera de los derechos humanos, pregunta a la delegación ecuatoriana por el tipo de inmunidad de que goza esta figura. ¿Estaba sustentada en pruebas (a saber, de malversación) la suspensión del primer Defensor del Pueblo en 2002? El Sr. Sadi quisiera saber también si el actual Defensor del Pueblo se ha ocupado de casos de violación de los derechos económicos, sociales y culturales y coopera con la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, y si en el Plan nacional de derechos humanos se han tenido en cuenta las convulsiones de toda índole sufridas por el país. Por último, ¿por qué en el artículo 47 de la Constitución no figuran los pueblos indígenas como "grupos vulnerables" junto con los niños, los adolescentes, las embarazadas o las personas de edad?
27.La Sra. Iyer se pregunta si la situación en que se encuentran los pueblos indígenas privados de sus tierras ancestrales no es imputable a que esas poblaciones desconocen sus derechos, en particular el derecho a la tierra y a disponer de los recursos naturales, consagrado en el Pacto. Desea conocer la medida en que los movimientos indígenas, muy activos en el Ecuador desde hace un decenio, han conseguido que se respeten en mayor grado los derechos de los grupos indígenas y si en algún caso han obtenido el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos.
28.La Sra. Barahona Riera celebra el marco legislativo establecido por el Estado parte para prohibir la discriminación por motivos de género, y considera que la creación del Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU) supone un verdadero avance en este ámbito. Pregunta si han surtido efecto las medidas de discriminación positiva adoptadas por esta institución pública para incorporar en las políticas del país las preocupaciones nacionales en materia de igualdad de género, igualdad de oportunidades y desarrollo de las regiones rurales desfavorecidas, y, sobre todo, si el presupuesto de esta institución le permite cumplir su misión, lo cual sería señal de la prioridad que el Gobierno del Ecuador concede a estas cuestiones.
29.La Sra. Barahona Riera desearía saber asimismo si los tribunales ya han tenido ante sí casos de discriminación por motivos de sexo u origen étnico y si la población está informada suficientemente de sus derechos. Por último, en vista de que más de la mitad de las personas que abandonan el Ecuador para instalarse en los Estados Unidos o en España son mujeres y de que la mayoría de las mujeres del Ecuador son cabezas de familia, pregunta si el Gobierno del Ecuador pone en práctica programas de asistencia a los niños o familiares cercanos que dejan detrás estas mujeres.
30.El Sr. Grissa, haciendo referencia a la composición étnica de la población ecuatoriana, considera preocupante el hecho de que, en el contexto ecuatoriano, el poder de decisión corresponda a la población blanca, pese a que apenas constituye un 7% del total, frente a un 65% de mestizos, un 25% de amerindios y un 3% de población negra. Se trata de un caso sangrante de discriminación de la población indígena. Habida cuenta de la pobreza extrema de las regiones rurales, fundamentalmente indígenas, y de la discriminación que sufren esas poblaciones en el ámbito del empleo y la educación, desearía saber la medida en que el acceso a los puestos de responsabilidad obedece realmente al mérito y no al color de la piel.
31.El Sr. Ceausu pregunta de dónde proceden los recursos presupuestarios del Estado parte y qué parte del producto interno bruto (PIB) corresponde a ingresos de la explotación petrolera y de la agricultura. Asimismo, ¿podría la delegación aportar más información sobre la presencia de empresas transnacionales en el país e indicar el actual tipo de cambio entre el dólar y el sucre a fin de que los miembros del Comité puedan hacerse una idea más clara del presupuesto asignado a los distintos sectores de la economía?
32.El Sr. Escudero Martínez (Ecuador) dice que las cifras indicadas por algunos miembros del Comité no coinciden con las que figuran en el último censo nacional de 2001, en el que se observa que la sociedad ecuatoriana es mestiza en más de un 90% y que la población disminuye porque el número de inmigrantes es muy inferior al de emigrantes que parten con destino a Europa y los Estados Unidos. El Ecuador atribuye gran importancia a la protección y promoción de los derechos fundamentales de los migrantes, ya sean inmigrantes llegados al Ecuador, en su mayor parte procedentes de Colombia y el Perú, ya emigrantes ecuatorianos en Europa. El Estado parte colabora estrechamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para tramitar mejor las solicitudes de asilo y asistencia presentadas por los 9.000 refugiados de Colombia. El Sr. Escudero Martínez afirma categóricamente que los inmigrantes no son víctimas de discriminación alguna y explica que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha creado una subsecretaría de inmigración encargada de estudiar los problemas a los que hace frente la población inmigrante.
33.En cuanto a los litigios emprendidos por comunidades indígenas, en particular la de Sarayacu, contra compañías petroleras, el Sr. Escudero Martínez dice que se ha quedado anticuada la información proporcionada por el Sr. Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
34.El Sr. Prado (Ecuador) dice que, efectivamente, el Congreso elige a los magistrados de la Corte Suprema, si bien no son objeto de presión política alguna y dan prueba de la máxima imparcialidad. En colaboración con organizaciones no gubernamentales y con la OEA, el Estado parte ha puesto en marcha un amplio programa de reestructuración y modernización del sistema judicial compuesto, en particular, por las medidas siguientes: creación de oposiciones nacionales para la contratación de los magistrados; aumento del número de puestos de magistrado con el objeto de acelerar la tramitación de las actuaciones y de conseguir que se respete mejor el derecho a ser juzgado sin excesivos retrasos; revisión de la situación de los reclusos y reducción de las penas cuando el comportamiento de los reclusos sea ejemplar.
35.El Ecuador procedió también a limpiar a fondo el sistema judicial para sancionar duramente a los jueces declarados culpables de corrupción y establecer normas muy estrictas en materia de conducta profesional. En lo que hace a la cuestión de la asistencia letrada gratuita, existe una amplia red de abogados de oficio cuya misión es defender a quien no pueda sufragar las costas judiciales.
36.El Sr. Prado dice que la Constitución de 1998 creó, con jurisdicción nacional, la figura del Defensor del Pueblo, cuya función es promover o patrocinar el h a beas corpus y la acción de amparo de quienes consideren que se han violado sus derechos, defender y alentar la observancia de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza; observar la calidad de los servicios públicos, y ejercer las demás funciones que le asigne la ley. Entre septiembre de 1998 y diciembre de 2003, la Defensoría del Pueblo examinó 53.316 denuncias presentadas en su mayor parte por ciudadanos ecuatorianos, aunque también por extranjeros, por ejemplo colombianos. El Defensor del Pueblo tiene la obligación de intervenir como mediador en los litigios que se planteen entre la administración pública y un particular o una asociación. También interviene como parte en los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural para defender los intereses comunitarios. Además, se ocupa de la capacitación y la información en materia de derechos humanos, medio ambiente y patrimonio cultural. La Defensoría del Pueblo consta, en particular, de la dirección nacional de los recursos constitucionales, la dirección nacional de denuncias, la dirección nacional de defensa de los consumidores y usuarios y la dirección nacional de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El Sr. Prado insiste en que el Defensor del Pueblo opera con plena independencia y goza de gran prestigio en la sociedad ecuatoriana.
37.En lo que respecta a las comunidades indígenas, la Constitución garantiza el respeto de todos los ciudadanos ecuatorianos, independientemente de su origen y su situación social, y define al Ecuador como Estado pluricultural y multiétnico. En lo que respecta, en particular, al problema de las tierras de la comunidad de Sarayacu, el Estado del Ecuador reconoció que no había consultado lo suficiente a los interesados y no había cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Con todo, el Sr. Prado señala que la comunidad de Sarayacu está muy dividida en lo que respecta a las compañías de explotación petrolera: hay quienes consideran que sus actividades perjudican a las comunidades indígenas, mientras que otros piensan que contribuyen a su desarrollo económico. Con ánimo de mejorar el diálogo con las comunidades indígenas, el Gobierno organizó tres reuniones dedicadas a los problemas del medio ambiente, pero las personas más afectadas por las actividades de las compañías petroleras no asistieron a ellas, pese a que el Gobierno las había invitado. A fines de mayo de 2004, una comisión integrada por organismos públicos, representantes de ONG y miembros de la sociedad civil y presidida por la secretaría de derechos humanos realizará una visita sobre el terreno a fin de examinar la situación de la comunidad de Sarayacu desde la óptica de los derechos humanos y encontrar soluciones a sus problemas.
38.El Sr. Escudero Martínez (Ecuador) dice que en el capítulo cuarto y el título segundo de la Constitución de 1998 se trata concretamente de los derechos económicos, sociales y culturales. En lo que respecta a la participación de las comunidades indígenas en la vida política, indica que varios diputados del Congreso nacional son indígenas, y que un ministro del Gobierno es de origen indígena.
39.El Sr. Pachala (Ecuador) dice que la dolarización tiene aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos cabe mencionar la mayor estabilidad económica, un crecimiento del PIB del 3%, un aumento de las reservas de divisas y una mayor flexibilidad para negociar la deuda externa. Los aspectos negativos consisten en el bajo nivel del salario medio, de 150 dólares de los Estados Unidos, el desempleo, que gira en torno al 15%, y un déficit presupuestario importante. No convendría cambiar de sistema monetario, pues la dolarización ha permitido potenciar la competitividad de la economía. La tarea de cambio debe centrarse más bien en la mejora de las estrategias de producción con miras a obtener mejores resultados y, con ello, mejorar la integración en el mundo económico.
40.En respuesta a una pregunta del Sr. Ceausu, el Sr. Pachala aclara que los recursos del Gobierno proceden de los ingresos provenientes del petróleo (44% del total), de los impuestos, del fisco y de las aportaciones de expatriados. De un presupuesto total de cerca de 9 millones de dólares de los Estados Unidos, se destinan unos 2 millones a gastos sociales, mientras que el reembolso de la deuda externa absorbe un 43% de los recursos.
41.Por lo que se refiere a los indígenas, desde la instauración del régimen democrático han proliferado las iniciativas, en particular por conducto de diversas organizaciones (como por ejemplo la CONAIE) cuyas actividades han aportado mejoras sensibles en materia de integración. Prueba de ello es el nombramiento de indígenas para que ocupen puestos de gran importancia en la administración pública, en particular en el Parlamento y los ministerios. En 1996 el Gobierno creó un ministerio pluricultural y un consejo nacional (CODENPE) para prestar asistencia a los grupos más desfavorecidos. Este organismo permitió elaborar nuevas políticas destinadas al sector rural y recomendó diversos estudios, en particular sobre el agua, las microempresas, etc. El proyecto PRODECO, financiado por la Unión Europea con el aporte de 5 millones de euros, tiene por objeto mejorar la infraestructura básica de la provincia de Cotopaxi. Otros proyectos internacionales, como PROLOCAL, se centran en el desarrollo sostenible, en particular en las zonas indígenas, y en la asistencia para la creación de empresas. En cuanto a las disposiciones legislativas en pro de los grupos más vulnerables, en particular los niños, los jóvenes y la mujer, el Gobierno se inclina por una descentralización de las iniciativas que debería permitir un mayor grado de asociación entre los grupos interesados. Por último, los indígenas no deben calificarse de grupo vulnerable (nivel de vida insuficiente, personas con discapacidad, discriminaciones, etc.), pues gozan de todos los derechos previstos en la Constitución y se encuentran en pie de igualdad con el resto de la población.
42.La Sra. Rosero (Ecuador) aborda la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la administración de justicia. La cooperación entre el Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU) y los jueces, los funcionarios de justicia y la fiscalía permitió adoptar mecanismos que facilitan el acceso de la mujer a la administración de justicia en casos de delitos sexuales, violencia doméstica o abuso de autoridad por parte de la policía, pero persiste la discriminación. El CONAMU ha previsto un nuevo programa de sensibilización sobre el principio de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y sobre la violencia contra la mujer, en particular colaborando con el sistema judicial y representantes de la sociedad civil.
43.En un plano general, el CONAMU garantiza la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también se dedica a la promoción de los derechos civiles y políticos. La Sra. Rosero dice que el país todavía no dispone de una política de protección de los inmigrantes, si bien existe un programa dirigido a las víctimas de violencia. Los esfuerzos realizados desde hace ocho años se centran en todos los niveles de la enseñanza. La estrecha colaboración con universidades y especialistas en derechos humanos tiene por objeto asumir el reto planteado por el artículo 1 de la Constitución, es decir, conformar un estado de derecho que respete los derechos humanos. En el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se han llevado a cabo estudios para conocer mejor las políticas sociales. Mediante concertación con el Congreso nacional, algunos ministerios y responsables de la preparación del presupuesto, pudieron definirse prioridades que permitirán proteger determinados gastos públicos. La Sra. Rosero indica que el 10% del presupuesto del Estado está dedicado a la acción en pro de la mujer. Por último, el CONAMU definió la orientación para los próximos 20 años de su acción social e institucional en pro de la igualdad de oportunidades.
44.El principio de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres se tiene en cuenta, por lo general, en el nuevo marco constitucional. De hecho, esta cuestión se trata en 36 capítulos de la Constitución (derecho a la propiedad, al trabajo, a la seguridad social, a la cultura, a la educación, etc.). La nueva Constitución permitió, en concreto, establecer la ley de maternidad gratuita, proceder a una reforma del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, incorporar en diversas leyes el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aplicar el Código de la infancia, adoptar medidas legislativas en casos de acoso y abuso sexuales y aplicar el Código de Familia haciendo hincapié en el respeto de los derechos humanos.
45.El Sr. Cabrera (Ecuador) dice que la libertad de circulación de las personas tiene carácter prioritario. El ACNUR y otros organismos de las Naciones Unidas han reconocido el carácter ejemplar de la secretaría del migrante, establecida hace cerca de un año, por lo que se refiere a los derechos humanos. Las cifras correspondientes al número de emigrantes son alarmantes (más de 250.000 salidas, principalmente con destino a España, en los tres últimos años). Se ha progresado gracias al convenio sobre los derechos de los migrantes firmado por el Ecuador y España, diálogos multilaterales y otros acuerdos celebrados en este ámbito. También se ejecuta, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un programa especial para la capacitación de instructores en las administraciones interesadas y la sensibilización sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los propios migrantes.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.