Fuente: Estadística mensual de la población en prisión y detenida, Cuadro nacional de personas en régimen de incomunicación.

XIII. RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ EN EL PÁRRAFO 20 DE SUS OBSERVACIONES FINALES

119.Las instrucciones judiciales se llevan a cabo bajo la dirección del Fiscal de la República, quien controla su conformidad con las normas y verifica que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a descubrir la verdad. Una vez terminada la instrucción, corresponde al Fiscal de la República decidir la oportunidad del procesamiento de conformidad con los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal.

120.No parece oportuno poner en cuestión este principio general del procedimiento penal francés, incluso por actos de tortura, ya que se basa en la individualización del trato judicial de los procedimientos, y que la oportunidad del procesamiento no perjudica al interés de las víctimas y presenta todas las garantías necesarias para una justicia de calidad. El Gobierno no ve elementos objetivos que permitan pensar que los autores de actos de tortura habrían eludido la acción penal por el hecho de que existe el sistema de oportunidad del procesamiento.

121.Por el contrario, este principio no obstaculiza el ejercicio del derecho de las víctimas a actuar en justicia. En efecto, las víctimas pueden presentar ante el Fiscal General competente un recurso contra las decisiones de archivar las causas sin más trámite, en aplicación del artículo 40‑3 del Código de Procedimiento Penal. También pueden emprender ellas mismas acciones judiciales constituyéndose en parte civil ante el decano de los jueces de instrucción.

122.Finalmente, el estatuto de los miembros del ministerio público, que son magistrados y no funcionarios, constituye una garantía de objetividad en la forma en que ejercen sus atribuciones.

123.Además, cuando la actuación de los funcionarios, en particular policías o gendarmes, constituyen infracciones penales, o al menos faltas de deontología, los servicios de inspección de la policía y de la gendarmería nacional pueden ser requeridos por la autoridad judicial o administrativa para que faciliten las investigaciones. En virtud del artículo 15-2 del Código de Procedimiento Penal, los servicios de inspección general de los servicios judiciales pueden también participar en estas investigaciones cuando afectan al comportamiento de un oficial o de un agente.

XIV. RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ EN EL PÁRRAFO 21 DE SUS OBSERVACIONES FINALES

124.La lucha contra la violencia por parte de la policía es una exigencia prioritaria. Las autoridades francesas tratan de evitar los casos de violencia injustificada mediante una formación adaptada, y de sancionarla cuando se constata. Los funcionarios de policía o de la gendarmería que incumplen las leyes o las normas éticas se exponen a una doble sanción, penal y disciplinaria. Estas sanciones se aplican con rigor en el momento en que se determina que han incumplido sus obligaciones.

125.Las condenas pronunciadas contra los policías culpables de actos de violencia no pueden considerarse en general como desproporcionadas en relación con los hechos de que se les acusa, y las suspensiones de condena que pueden conceder las jurisdicciones penales se explican por el hecho de que, al estar sometidos al mismo tiempo a una sanción disciplinaria, que puede llegar hasta la expulsión, los condenados son en la mayoría de los casos delincuentes primarios que pueden acogerse a la suspensión de condena habitual para esta categoría de delincuentes.

126.Así, en 2006, de las 3.228 sanciones disciplinarias pronunciadas contra policías, 114 (es decir un 3,5%) se referían a casos de violencia comprobados, 8 de los cuales dieron lugar al despido o a una medida similar de los agentes en cuestión. Durante el mismo año, la inspección general de policía examinó 1.519 expedientes (lo que representa una disminución del 3,6% con relación a 2005), 639 de los cuales se referían a casos de violencia. Más del 85% de estos expedientes se referían a casos leves de violencia. Estas cifras deben considerarse en el contexto de los 4 millones de intervenciones que la policía realiza cada año (sin incluir las operaciones de mantenimiento del orden o los controles de paso de las fronteras).

127.Paralelamente al dispositivo de sanción, las autoridades francesas siguen desarrollando medidas para prevenir la tortura y los malos tratos.

128.En primer lugar, los principios enunciados en el Código de Deontología de la Policía Nacional, de 16 de marzo de 1986, se recuerdan en todo momento durante la formación de los policías, y se precisa que en la enseñanza de las normas deontológicas se tienen en cuenta las disposiciones de la Convención.

129.Los principios del Código de Deontología se recuerdan en el nuevo reglamento general de empleo de la policía nacional, de 6 de junio de 2006. Entre estos principios, se promueve a todos los niveles de la formación, tanto inicial como continua y en sus aspectos jurídicos y prácticos (utilización de armas de fuego, textos técnicos profesionales de intervención), el respeto de la norma de la proporcionalidad de la acción policial con la situación a que debe enfrentarse el funcionario. Además, se recuerda sistemáticamente la protección a que tiene derecho toda persona detenida o bajo la responsabilidad de la policía. Se recuerda igualmente el deber de no acatar una orden manifiestamente ilegal.

130.En el mismo sentido, el plan rector de la policía nacional 2008-2012 prevé la actualización de la capacitación en los gestos técnicos profesionales de intervención, que tiene en cuenta los principios mencionados. Este plan pone también el acento en la cultura de la ejemplaridad. Así, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPM) y la dirección de la formación de la Policía Nacional han seleccionado conjuntamente para los alumnos de policía, entre los expedientes que han llamado la atención de la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, los que mejor ilustran 22 tipos de situaciones a los que se enfrentan los policías con más frecuencia sobre el terreno. Estos ejemplos se utilizan con fines de análisis de casos reales y para la detección de errores o deficiencias que hayan podido cometerse, en particular con ocasión de las interpelaciones. El objetivo era sacar lecciones concretas de casos reales en términos de anticipación y de prevención.

131.En segundo lugar, el 28 de julio de 2006 se adoptó una instrucción relativa al ejercicio de la autoridad jerárquica. En ella se destaca la necesidad de una dedicación personal y de rendir cuentas a todos los niveles.

132.Por lo demás, en la región de París y en las grandes aglomeraciones urbanas se puso en práctica un dispositivo reforzado de funcionamiento permanente de las comisarías y servicios de guardia de los oficiales de policía para mejorar la dirección y el mando sobre el terreno.

133.Finalmente, la Inspección General de la Policía Nacional puso en práctica un dispositivo destinado a efectuar controles sin previo aviso y verificar las condiciones de detención.

134.Por lo que respecta a los resultados de los procesos iniciados por la jurisdicción francesa, cabe señalar que en 2006 se pronunciaron 76 condenas por actos de violencia voluntaria cometidos por un agente de la autoridad pública, frente a 57 condenas en 2005. No se ha pronunciado ninguna condena por actos de carácter delictivo, lo que puede interpretarse como el resultado de las medidas de prevención llevadas a cabo.

135.En 2006, en el registro judicial nacional de condenas figuraban 123 infracciones que habían dado lugar a condenas por actos voluntarios de violencia cometidos por un agente de la autoridad pública, frente a 98 infracciones en 2005. No se ha dictado ninguna condena por actos de carácter delictivo.

136.En 2006, por lo que respecta a la calificación de los delitos, cabe clasificar las condenas en función de la duración total de la baja laboral que provocaron las violencias voluntarias:

-Doce condenas por una incapacidad laboral total superior a ocho días. Las penas pronunciadas fueron en su mayoría penas de prisión firme o con aplazamiento de la condena. La duración media de las penas de prisión firme es de cinco meses.

-Cincuenta y cuatro condenas por una incapacidad laboral total inferior a ocho días. En un 59% de los casos, la pena pronunciada fue de prisión con aplazamiento total de la condena. En un caso se pronunció una pena de multa de 500 euros.

-Cincuenta y siete condenas en casos que no provocaron incapacidad laboral. También en estos casos la pena pronunciada con más frecuencia, en un 53% de los casos, fue la prisión firme o con aplazamiento de la condena. La duración media de la prisión firme es de 3,7 meses. En menor medida se registran condenas firmes de multa, por un monto de 733 euros como promedio.

XV. RESPUESTA A LAS RECOMENDA CIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ EN EL PÁRRAFO 22 DE SUS OBSERVACIONES FINALES

137.La Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (CNDS) es una autoridad administrativa creada en virtud de la Ley de 6 de junio de 2000 y encargada de vigilar el respeto de la deontología por las personas que ejercen funciones de seguridad.

138.En aplicación del artículo 4 de esta ley, "toda persona que sea víctima o testigo de hechos que considere que constituyen un incumplimiento de las normas de deontología" puede, mediante instancia individual dirigida a un diputado o a un senador, pedir que estos hechos se pongan en conocimiento de la Comisión Nacional de Deontología. El diputado o senador transmitirá esta petición a la Comisión cuando "considere que corresponde a la competencia de este órgano y merece su intervención".

139.Además, el Primer Ministro, el Mediador de la República, el Presidente de la Autoridad Superior de Lucha contra la Discriminación y a favor de la Igualdad (HALDE), el Defensor del Niño, el Controlador General de los centros de privación de libertad y los miembros del Parlamento pueden recurrir su propia iniciativa a la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad.

140.Este dispositivo de recurso ante la Comisión Nacional de Deontología coexiste con la posibilidad de que cualquier persona que pretenda ser víctima de malos tratos denuncia el caso ante la autoridad judicial o dirija una reclamación a la autoridad administrativa.

141.Conviene también destacar que el artículo A-40 del Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de que los detenidos se dirijan directamente al Presidente de la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad bajo sobre cerrado.

142.En estas condiciones, independientemente del dispositivo previsto en la Ley de 6 de junio de 2000 por la que se creó la Comisión, toda persona dispone de un recurso que puede ejercer directamente y que responde a los requisitos del artículo 13 de la Convención.

143.Entre el 1º de febrero y el 31 de diciembre de 2007, la Comisión Nacional de Deontología consideró 117 expedientes transmitidos durante los años 2005, 2006 y 2007. De estos 117 expedientes, 73 se referían a la Policía Nacional, 21 a la Gendarmería Nacional y 14 a la administración penitenciaria. Estos expedientes dieron lugar a 86 opiniones consultivas (50 de ellas acompañadas de recomendaciones) y a 31 decisiones de inadmisibilidad (archivo sin más trámite, fuera de plazo, o fuera de la competencia de la Comisión).

144.La Comisión de Deontología llegó a la conclusión, en 42 de los 86 expedientes mencionados, que no había habido falta deontológica. En cinco de los expedientes, la Comisión transmitió su dictamen al Fiscal de la República.

145.Finalmente, conviene señalar que la Ley de 30 de octubre de 2007, completada por el decreto de 12 de marzo de 2008, designó un Controlador General de los centros de privación de libertad en aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. A esta autoridad, cuya misión es "controlar las condiciones de custodia y traslado de las personas privadas de libertad a fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales", podrá recurrir "cualquier persona física o moral que tenga por objeto asegurar el respeto de los derechos fundamentales", sobre hechos o situaciones que puedan ser de su competencia.

XVI. RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ EN EL PÁRRAFO 23 DE SUS OBSERVACIONES FINALES

146.Por lo que respecta a la aplicación de la Convención en los Departamentos y Colectividades de Ultramar, conviene recordar el marco institucional de ultramar.

147.La Constitución francesa de 4 de octubre de 1958 establece la indivisibilidad de la República. Reconoce como única nacionalidad la francesa, que lleva consigo determinados derechos. Actualmente no existe ninguna discriminación jurídica entre los ciudadanos de la metrópoli y los de ultramar. Estos últimos que gozan de la nacionalidad francesa, tienen derecho de voto en todas las elecciones, están representados en el Parlamento y gozan de libertad para circular e instalarse en todo el territorio.

148.La Constitución hace las siguientes distinciones:

a)Los departamentos y regiones de ultramar previstos en el artículo 73 (Guadalupe, Guyana, Martinica y La Reunión), que se rigen por el principio de la identidad legislativa. Las leyes y normas nacionales son aplicables de pleno derecho. No obstante, es posible adaptarlas para tener en cuenta las características específicas locales. Esas adaptaciones pueden ser solicitadas por el Parlamento o el Gobierno, o por las colectividades si están facultadas para ello por la ley. Los departamentos y regiones de ultramar también pueden elaborar reglamentos sobre algunas cuestiones de derecho, salvo las que son competencia del Estado (como la justicia o las libertades públicas, etc.).

b)Las colectividades de ultramar previstos en el artículo 74 (Mayotte, Saint-Pierre y Miquelon, Polinesia Francesa y Wallis y Futuna), cuyos estatutos tienen en cuenta sus propios intereses dentro de la República y les otorgan una autonomía más o menos amplia. Una Ley orgánica define la división de competencias entre el Estado y cada colectividad. De conformidad con sus respectivas competencias, las instituciones de cada colectividad pueden formular normas, incluso en materia de derecho. Algunas de estas colectividades se rigen por el principio de la especialidad legislativa, según el cual las leyes y reglamentos únicamente son aplicables mediante mención expresa.

c)Nueva Caledonia (título XIII de la Constitución) que constituye una categoría especial y también se rige por el principio de la especialidad legislativa.

149.La Constitución también permite, con el consentimiento de los electores, cambiar del estatuto de departamento y región de ultramar al de colectividad de ultramar. Así, el 7 de diciembre de 2003, los electores de los municipios de Saint-Barthélemy y Saint-Martin se pronunciaron a favor de su separación de Guadalupe. El 15 de julio de 2007, se constituyeron en colectividades de ultramar.

150.El Gobierno destaca que en las esferas de la competencia del Comité contra la Tortura, que tienen esencialmente carácter soberano, Francia aplica un régimen jurídico uniforme establecido por los servicios públicos nacionales para todo el territorio de la República.

151.Por lo que respecta a la aplicabilidad de la Convención en Ultramar, en términos generales las convenciones internacionales se aplican de pleno derecho a los departamentos y regiones de ultramar, así como a las colectividades de ultramar, con sujeción a las disposiciones expresas de no aplicabilidad que figuran en el propio instrumento. El Consejo de Estado dictaminó, el 14 de mayo de 1993, que una convención internacional publicada en la metrópoli se aplicaba de pleno derecho en ultramar, sin necesidad de otras formalidades suplementarias y a condición de que no fuese acompañada de una cláusula expresa de exclusión.

152.A falta de reservas específicas en relación con ultramar, la Convención, ratificada por Francia el 18 de febrero de 1986, es aplicable de pleno derecho en el conjunto de las colectividades francesas de ultramar.

153.En respuesta a las observaciones del Comité, que ha señalado las faltas de informaciones sobre la aplicación de la Convención en los Departamentos y Colectividades de Ultramar, el Gobierno desea aportar los elementos siguientes en relación con los establecimientos penitenciarios de ultramar.

Situación de las prisiones en ultramar

154.En julio de 2007, de los 4.379 detenidos en los departamentos y territorios de ultramar, un 96,8% eran hombres. Los 80 menores representaban un 1,8% de la población penitenciaria.

155.El porcentaje de imputados se ha reducido ligeramente, siendo el caso de un 29% de los detenidos al 1º de julio de 2007 (29,2% al 1º de enero de 2006, un 29,8% al 1º de enero de 2005). En la misma fecha, la tasa de ocupación de las prisiones era, como promedio, en todos los departamentos de ultramar, de un 138%, en tanto que solo era del 123% en 2006 y del 127% en 2005. Esta cifra es superior a la que se observa para toda Francia, que es del 121,7%.

156.Mientras que en el conjunto de los establecimientos penitenciarios se observa un aumento de la población de reclusos, en algunos de ellos se alcanzan cifras alarmantes, como en el centro de detención de Saint-Denis, en La Reunión, donde la tasa de ocupación es del 216%.

157.En el cuadro que figura a continuación se indica la tasa de ocupación para cada uno de los 14 centros de detención de los departamentos y colectividades francesas de Ultramar.

	Tipo de establecimiento	Nombre del establecimiento	Número de plazas	Número de detenidos	Tasa de ocupación	Tasa de ocupación en 2006
(Porcentaje)
Población penitenciaria en los departamentos de ultramar (al 1º de julio de 2007)
Guadalupe	Centro penitenciario	Baie Mahault	504	563	112	106,9
Centro de detención	Basse-Terre	130	219	168	156,2
Martinica	Centro penitenciario	Ducos	490	737	150	140,8
La Reunión	Centro penitenciario	Le Port	667	735	110	96,4
Centro de detención	Saint-Denis	123	266	216	152,8
Centro de detención	Saint-Pierre	121	214	177	134,7
Guyana	Centro penitenciario	Remire-Montjoly	469	733	156	139,4
Total parcial			2.504	3.467	138	123
Población penitenciaria en las colectividades de ultramar (al 1º de julio de 2007)
Polinesia Francesa	Centro penitenciario	Faa'a-Nuutania	139	379	273	155,9
Centro de detención	Taiohae	5	5	100	100
Centro de detención	Uturoa	20	5	25	75
Nueva Caledonia	Centro penitenciario	Nouméa	192	362	189	159,9
Wallis y Futuna *	Centro de detención	Mata-utu	3	0	0	66,7
Mayotte	Centro de detención	Majicavo	90	155	172	148,9
San Pedro y Miquelón	Centro de detención		8	6	75	50
Total			2.961	4.379	148

* Este territorio no dispone de establecimiento penitenciario. Los centros de detención están ubicados en un edificio de la brigada de gendarmería de Mata-utu. Constan de tres celdas individuales para detenciones durante cuatro meses como máximo. Los detenidos condenados a pena de prisión de una duración superior son trasladados al centro penitenciario de Nouméa, así como los detenidos que no pueden recibir cuidados en ellos y cuya situación se considera incompatible con la estructura local. Al 1º de julio de 2007 no había allí ningún detenido.

158.Con el programa de construcción de locales actualmente en curso se pretende poner fin lo antes posible a esta situación de hacinamiento en las prisiones.

159.El Estado ha tomado desde hace varios años diversas iniciativas para aumentar el número de plazas de detención en los departamentos y localidades de ultramar. A este respecto, la Ley Nº 2002-1138, de 9 de septiembre de 2002, de orientación y programación de la justicia preveía la creación de 1.600 plazas en los departamentos de ultramar para permitir, por un lado, la sustitución de los establecimientos más vetustos y, por otro, la ampliación de la capacidad de acogida de algunos otros establecimientos. En este sentido cabe señalar los siguientes proyectos de construcción de locales.

160.La ampliación del centro penitenciario de Ducos, en la Martinica, cuyos trabajos estaba previsto que se completasen en 2006 pero que se puso en servicio en julio de 2007. Desde entonces, la administración penitenciaria dispone de 80 nuevas plazas operacionales, lo que ha permitido reducir la tasa de ocupación en este establecimiento.

161.El servicio penitenciario de Nueva Caledonia se traspasó al Estado en virtud de la Ley Nº 88-82 de 22, de enero de 1988, relativa a Nueva Caledonia, competencia que el Estado ha mantenido desde entonces. Esta medida, contraria a la evolución normativa del territorio, respondía a la voluntad de adoptar una política judicial global, integrando la administración penitenciaria entre las competencias del Estado en materia de derecho penal y procedimiento penal.

162.En Nueva Caledonia, el plan rector de reestructuración prevé importantes trabajos de ampliación y renovación. Actualmente, se están elaborando varios proyectos. Así, una primera operación ha permitido construir un pabellón para menores con 15 plazas.

163.Si bien es cierto que la evasión de tres detenidos el 16 de abril de 2007 (encarcelados de nuevo desde entonces) vino a recordar la vetustez del centro penitenciario de Nueva Caledonia, situado en los terrenos de una antigua prisión del siglo XIX, el recinto penitenciario, de una extensión de 20 ha, permite sin embargo muchas mejoras. Se han renovado dos pabellones: el centro de detención de mujeres en 2004 y la cocina del establecimiento en 2002. El pabellón de menores (18 plazas) está en construcción, por un costo de 1.620.000 de euros, y se prevé el fin de las obras para el tercer trimestre de 2008.

164.Se están llevando a cabo además los siguientes trabajos: la renovación de la red eléctrica principal (400.000 euros) desde junio de 2007, la rehabilitación de la red eléctrica secundaria y la construcción de nuevos locales administrativos (90.000 euros). Estas obras se han suspendido provisionalmente debido a los trabajos para reforzar la seguridad iniciados como consecuencia de las evasiones.

165.Por lo demás, en el año 2008 deberían iniciarse nuevos trabajos de construcción importantes:

a)Por una parte, la ampliación de 78 plazas del centro penitenciario de Remire‑Montjoly, en Guyana. Los trabajos, retrasados como consecuencia de un lanzamiento de ofertas sin éxito en 2006, comenzaron en marzo de 2007. La puesta en servicio está prevista para el primer semestre de 2008.

b)Por otra parte, la construcción del centro penitenciario de Domenjod, en La Reunión. Este nuevo establecimiento, con una capacidad de 570 plazas, incluirá un pabellón para hombres, un pabellón para mujeres, un pabellón para menores, un pabellón para los nuevos detenidos y un centro de detención en semirrégimen de libertad. Los trabajos comenzaron el 10 de mayo de 2006. La puesta en servicio del establecimiento debería tener lugar en 2008, lo que permitirá poner fin al hacinamiento en los centros de detención de Saint-Pierre y Saint-Denis.

166.Rápidamente deberían concretarse otros proyectos, como la ampliación de plazas suplementarias en el centro Faa'a, en la Polinesia Francesa. A raíz de una misión de expertos que visitó el centro en el tercer trimestre de 2005, el Ministro de Justicia decidió que la ampliación del centro penitenciario de Faa'a se llevase a cabo en los actuales terrenos del establecimiento, en una de las parcelas que el Gobierno de la Polinesia Francesa aceptó en julio de 2006 poner a disposición del Estado.

167.A fines de 2008 debía abrirse un centro de detención acondicionado (CPA) con 32 plazas.

168.En Mayote, el plan rector de restructuración de la prisión de Majivaco prevé una ampliación de 25 plazas, financiada en marco del contrato del plan Estado-Mayote (2000-2004), así como la creación de 125 plazas suplementarias en los terrenos del establecimiento, que se financiarán en el marco de la Ley de orientación y programación de la justicia.

169.A más largo plazo hay previstos otros proyectos. Así, en 2011-2012, podrían realizarse los siguientes:

a)En Guadalupe, la construcción de un centro de detención en Gourbeyre, con una capacidad de 340 plazas, para sustituir el centro de detención de Basse-Terre. Desde el año último se están realizando estudios para garantizar la viabilidad del proyecto y sobre su impacto financiero. La administración penitenciaria prevé además crear un pabellón para los condenados a penas de corta duración, de 60 plazas, en los terrenos del nuevo centro, con el fin de aumentar la capacidad total del proyecto hasta 400 plazas.

b)En Guyana, la ampliación de 150 plazas en el centro penitenciario de Remire‑Montjoly.

c)En la Martinica, la construcción a mediano plazo de 100 ó 150 plazas suplementarias en el centro de Ducos. Un estudio previo debería garantizar la viabilidad de construir un pabellón para condenados a penas de corta duración, con 60 plazas.

d)En Nueva Caledonia, se está estudiando un proyecto de construcción de un centro de detención acondicionado, de 80 plazas, cuya inauguración está programada para 2011.

e)En la Polinesia Francesa, se está programando la ampliación de 100 plazas, que estarían disponibles para mediados de 2011.

f)La creación de unas 110 plazas suplementarias en Mayote en los terrenos del centro de detención, que eventualmente se convertiría en centro penitenciario.

170.A la pregunta del Comité sobre la aplicación de la Convención en los territorios que no dependen de la jurisdicción de Francia y en los que están desplegadas sus fuerzas armadas, el Gobierno desearía facilitar la información siguiente.

171.En términos generales, los estatutos militares prohíben el recurso a la tortura:

El artículo L 4122-2 del Código de la Defensa, basado en la Ley de 24 de marzo de 2005, relativa al estatuto general de los militares, dispone que los militares deben obediencia a las órdenes superiores y responden de la ejecución de las misiones que se les confían. Sin embargo, no puede ordenárseles ni pueden realizar actos que sean contrarios a las leyes o a los usos de la guerra o a las convenciones internacionales.

El artículo D 4122-8 de este mismo código completa esta disposición al precisar que los militares en combate deben respetar y tratar con humanidad a todas las personas protegidas por las convenciones internacionales, así como sus bienes (...). Los militares en combate deben recoger, proteger y cuidar a los heridos, los enfermos y los náufragos sin discriminación alguna basada en la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, la ideología o la etnia.

El artículo D 4122-9 precisa por su parte que "se prohíbe ordenar que no haya supervivientes o amenazar de esta forma al adversario (...). Se prohíbe la tortura o los tratos inhumanos o degradantes (...)".

172.Además de recordar este marco legal, estas normas se recuerdan a los militares franceses destinados y desplegados, durante su preparación. Estas normas son también objeto de las instrucciones dadas verbalmente en el teatro de operaciones, en particular gracias a la presencia de un asesor jurídico del comandante de las fuerzas. Estas normas figuran también en la carta del soldado, distribuida a cada militar a su llegada.

173.Estas obligaciones estatutarias pueden reforzarse con otras medidas concretas en el teatro de operaciones en situaciones especiales:

a)En sus relaciones con los países en cuyo territorio se han desplegado fuerzas francesas, Francia presta especial atención, en el marco de las misiones que se le confían, al respeto de la dignidad humana y de las normas internacionales de derechos humanos;

b)En este marco, Francia tiene un interés especial en Kosovo, donde interviene en el marco de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad en virtud de un acuerdo concertado entre la OTAN y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

174.Los militares en operaciones en el exterior siguen sometidos a la ley penal francesa, que castiga los actos de tortura.

175.El artículo 113-6 del Código Penal dispone que la ley penal francesa se aplicará a todo delito cometido por un nacional francés fuera del territorio de la República (...) lo que incluye a los militares franceses desplegados en territorio extranjero.

176.En virtud del artículo 222-1 del mismo código, la tortura y los actos de barbarie constituyen un crimen castigado con 15 años de reclusión. El hecho de que estos actos sean cometidos por agentes de la autoridad pública constituye además una circunstancia agravante. La infracción se castiga entonces con pena de 20 años de reclusión de conformidad con el artículo 222-3, 7º del mismo código.

177.Las infracciones penales cometidas por militares en operaciones en el exterior son constatadas por miembros de la gendarmería nacional que ejercen la función de policía militar, bajo la dirección y el control del Fiscal del Tribunal Militar de París (artículo L 211-1 del Código de Justicia Militar).

178.Por lo demás se toman también otras disposiciones a fin de que los militares procesados no sufran a su vez malos tratos. En efecto, habida cuenta del alejamiento geográfico y del destino en un país extranjero, el artículo 212-221 del Código de Justicia Militar prevé la designación, para cada operación en el exterior, de varios abogados defensores militares. Uno de estos voluntarios, elegido por el militar imputado, se encarga, al igual que los abogados profesionales en el territorio de la República, de velar por el respeto de los derechos de la defensa. La presencia del abogado defensor militar contribuye igualmente a evitar que se cometan eventuales malos tratos.

XVII. RESPUESTA A LA DEMANDA FORMULADA POR EL COMITÉ RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE DATOS DESGLOSADOS (CAT/C/FRA/CO/3, PÁRR AFO 24)

179.El Comité ha solicitado que se aporten datos desglosados por edad, sexo y pertenencia étnica sobre:

a)El número de solicitudes de asilo registradas;

b)El número de solicitudes aceptadas;

c)El número de solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido aceptada en razón de las torturas sufridas o porque podrían ser objeto de torturas si fueran repatriados al país del que proceden;

d)El número de devoluciones o expulsiones;

e)El número de denuncias registradas por supuesta tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

180.A título preliminar, el Gobierno desea recordar el marco general para la recopilación de datos relacionados con la pertenencia étnica.

181.El artículo 8 de la Ley Nº 78/10, de 6 de enero de 1978, relativa a la informática, los ficheros y las libertades, prohíbe la recopilación o procesamiento de datos de carácter personal que revelen directa o indirectamente el origen racial o étnico. Esta prohibición no es absoluta, puesto que este artículo permite a la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL) autorizar, teniendo en cuenta su finalidad, ciertas categorías de utilización cuando estén justificadas por el interés público.

182.Conviene distinguir dos casos:

a)Las estadísticas de investigación basadas en sondeos por muestreo con fines de información general y de forma anónima. Estas estadísticas utilizan datos relacionados con el origen de las personas para algunos elementos como la nacionalidad, el lugar de nacimiento de los padres o la lengua transmitida durante la infancia. En este tipo de estadísticas, la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades basa su autorización en el interés público científico, la pertinencia de los datos utilizados a los efectos de la encuesta, el consentimiento de los encuestados, y el carácter confidencial de las respuestas.

b)Los ficheros de gestión (por ejemplo: los ficheros del personal de una empresa o de una administración). Teniendo en cuenta el carácter permanente, exhaustivo y nominativo de estos ficheros, la legislación actual prohíbe que pueda figurar en ellos el origen nacional. La Comisión Nacional de la Informática ha considerado siempre que el empleador público o privado debe renunciar a incluir en sus ficheros de recursos humanos datos que revelen el origen racial o étnico, teniendo en cuenta lo delicado de estos datos y la falta, a nivel nacional, de una referencia tipológica "etnorracial". Únicamente el legislador podría decidir la creación de estos ficheros.

183.Con ocasión del examen de la ley relativa al control de la inmigración, el Consejo constitucional recordó, en su decisión de 15 de noviembre de 2007, "que aunque la información necesaria para realizar estudios sobre el grado de diversidad de origen de las personas, la discriminación y la integración puede basarse en datos objetivos, no pueden referirse al origen étnico o la raza sin desconocer el principio enunciado en el artículo 1 de la Constitución" (párr. 29).

184.En respuesta a las preguntas del Comité sobre las estadísticas relativas a las demandas de asilo (registradas y aceptadas, y sobre su fundamento) los cuadros que figuran a continuación (que figuran en el informe de actividades de 2007 de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y los Apátridas (OFPRA)) tienen por objeto responder a las preocupaciones del Comité. El Gobierno desea sin embargo recordar que el riesgo de torturas se tiene en cuenta de conformidad con la Convención de Ginebra (y por supuesto antes que la protección denominada "subsidiaria"), desde el momento en que puede relacionarse con uno de los motivos reconocidos en la Convención. Este riesgo se tiene en cuenta en una gran proporción de los casos, que puede alcanzar el 92%.

Solicitudes de asilo, revisiones y decisiones adoptadas por nacionalidad , 2007

	Solicitudes a la OFPRA	Decisiones de la OFPRA (exceptuando los menores acompañados)	Admisiones totales (exceptuando los menores acompañados)
Soli citudes totales exceptuando los  menores acompañados	Primeras solicitudes	Revisiones	Solicitudes de menores acompañados	Total general	Total	Admisiones (incluidas las admisiones con protección subsidiaria)	Rechazos	Porcentaje de admisiones	Admisiones tras la anulación de una orden de expulsión (de las cuales con protección subsidiaria)	Admisiones totales (CR+AN+PS)	De las cuales con protección subsidiaria en total
Europa	11.23 7	9.229	2.008	3.131	14.368	10.697	716	9.981	6,7	2.446	3.162	232
Asia	7.226	5.335	1.891	544	7.770	7.109	859	6.250	12,1	1.0 6 6	1.925	130
África	10.045	8.223	1.822	1.784	11.829	9.856	1.620	8.236	16,4	1.577	3.197	219
Américas	1.228	816	412	124	1.352	1.488	155	1.333	10,4	291	446	125
Apátridas	201	201			201	173	51	122	29,59		51
Total	29.937	23.804	6.133	5.583	35.520	29.323	3.401	25.922	11,6	5.380	8.781	706
Europa
Albania	214	166	48	32	246	202	13	189	6,4	56	69	36
Armenia	1.718	1.495	223	434	2.152	1.660	53	1.607	3,2	232	285	41
Azerbaiyán	458	388	70	185	643	501	80	421	16,0	173	253	2
B elarús	112	87	25	9	121	114	5	109	4,4	39	44
Bosnia y Herzegovina	192	112	80	68	260	182	14	168	7,7	180	194	4
Bulgaria	15	15		8	23						<5
Croacia	10	7	3		10						<5
Eslovaquia	8	8		6	14						<5
ex República Yugoslava de Macedonia	100	80	20	34	134	103		103		25	25	3
Georgia	290	153	137	23	313	316	26	290	8,2	114	140	25
Moldavia	300	269	31	13	313	336	1	335	0,3	30	31	3
Montenegro	41	41		13	54						<5
Rumania	44	41	3	20	64	42		42		5	5
Rusia	2.247	2.001	246	1.264	3.511	1.679	302	1.377	18,0	502	804	48
Serbia	2.524	2.250	274	818	3.342	2.535	64	2.471	2,5	577	641	48
Turquía	2.858	2.039	819	195	3.053	2.851	149	2.702	5,2	476	625	12
Ucrania	93	65	28	8	101	98	7	91	7,1	25	32	4
Otros países de Europa	13	12	1	1	14	78	2	76		12	14	6
Total	11.237	9.229	2.008	3.131	14.368	10.697	716	9.981	6,7	2.446	3.162	232
América
Bolivia	18	18		4	22	13	3	10	23,1	4	7
Brasil	14	14		1	15						<5
Colombia	68	65	3	14	82	113	29	84	25,7	22	51	10
Cuba	22	21	1	2	24	26	5	21	19,2	6	11
Estados Unidos	9	9		1	10	8		8
Haití	991	588	403	89	1.080	1.216	114	1.102	9,4	241	355	108
Perú	63	63		6	69	60	1	59	1,7	12	13	4
República Dominicana	12	11	1		12	10		10
Venezuela	7	7		3	10						<5
Otros países de América	24	20	4	4	28	42	3	39	7,1	6	9	3
Total	1.228	816	412	124	1.352	1.488	155	1.333	10,4	291	446	125
Asia
Afganistán	178	161	17	23	201	119	37	82	31,1	25	62	3
Bangladesh	1.352	923	429	37	1.389	1.085	35	1.050	3,2	204	239	7
Bhután	16	15	1	1	17						<5
Camboya	35	30	5	7	42	33	3	30	9,1	5	8	4
China	1.303	1.262	41	24	1.327	1.472	71	1.401	4,8	13	84	2
Filipinas	5	5			5						<5
India	68	55	13	8	76	67	1	66	1,5	7	8
Irán	146	132	14	15	161	120	31	89	25,8	38	69	11
Iraq	155	125	30	19	174	145	70	75	48,3	52	122	38
Kazajstán	45	32	13	14	59	36		36		27	27	8
Kirguistán	42	26	16	8	50	44	3	41	6,8	16	19	6
Líbano	42	39	3	9	51						<5
Mongolia	106	85	21	12	118	109	6	103	5,5	13	19	4
Myanmar	27	20	7		27	26	4	22	15,4	6	10
Nepal	23	22	1	2	25						<5
Pakistán	363	324	39	19	382	400	15	385	3,8	30	45	4
Palestina ( Autoridad )	56	49	7	5	61	56	6	50	10,7	6	12
Siria	33	30	3	15	48	22	3	19	13,6	9	12	3
Sri Lanka	3.057	1.845	1.212	314	3.371	3.177	538	2.639	16,9	592	1.130	34
Tayikistán	5	5			5	3		3
Turkmenistán	5	5			5						<5
Uzbekistán	29	17	12	7	36	29	2	27	6,9	9	11	3
Viet Nam	23	23		3	26						<5
Otros países de Asia	112	105	7	2	114	166	34	132	20,5	14	48	3
Total	7.226	5.335	1.891	544	7.770	7.100	859	6.250	12,1	1.066	1.925	130
África
Angola	482	376	106	119	601	481	35	446	7,3	118	153	7
Argelia	949	865	84	102	1.051	1.032	59	973	5,7	129	188	72
Benin	7	7			7						<5
Burkina Faso	14	14		3	17	14	3	11	21,4	2	5	1
Burundi	31	26	5	8	39	25	8	17	32,0	15	23	1
Camerún	203	180	23	20	223	186	20	166	10,8	49	69	13
Chad	160	131	29	34	194	144	22	122	15,3	48	70	3
Comoras	92	55	37	8	100	68	2	66	2,9	17	19	1
Congo	926	827	99	74	1.000	826	65	761	7,9	105	170	7
Côte d'Ivoire	619	560	59	72	691	648	106	542	16,4	87	193	4
Djibouti	7	7		4	11						<5
Egipto	34	32	2	8	42	30	8	22	26,7	1	9
Eritrea	78	77	1	14	92	67	50	17	74,6	8	58	2
Etiopía	47	44	3	4	51	53	30	23	56,6	24	54	1
Gabón	10	10			10	12	3	9	25,0	3	6	2
Gambia	43	37	6	3	46	27		27
Ghana	19	17	2	1	20						<5
Guinea - Bissau	80	74	6	9	89	71	7	64	9,9	3	10
Guinea Conakry	1.181	787	394	194	1.375	1.124	278	846	24,7	234	512	26
Kenya	8	7	1		8						<5
Liberia	23	17	6		23	19	2	17	10,5	7	9	2
Madagascar	40	32	8	4	44	40	7	33	17,5	22	29	4
Malí	315	282	33	325	640	264	207	57	78,4	10	217	3
Marruecos	47	46	1	4	51	40	2	38	5,0	6	8	1
Mauritania	596	320	276	112	708	672	56	616	8,3	104	160	4
Níger	14	12	2	3	17	7	2	5	8 28,6	3	5
Nigeria	518	404	114	42	560	521	17	504	3,3	45	62	14
República Centroafricana	192	177	15	32	224	175	22	153	12,6	16	38	1
República Democrática del Congo	2.191	1.802	389	352	2.543	2.086	212	1.874	10,2	312	524	35
Rwanda	319	293	26	113	432	251	144	107	57,4	59	203	1
Senegal	50	38	12	24	74	49	8	41	16,3	4	12	1
Sierra Leona	107	70	37	17	124	111	19	92	17,1	12	31	1
Somalia	43	37	6	14	57	64	31	33	48,4	18	49	2
Sudáfrica	5	5			5	7		7
Sudán	387	374	13	30	417	482	160	322	33,2	57	217	3
Togo	142	121	21	18	160	140	14	126	10,0	45	59	2
Túnez	29	27	2	10	39	32	9	23	28,1	1	10	1
Uganda	11	9	2		11						<5
Zimbabwe	8	8		7	15	9	5	4	55,6	1	6
Otros países de África	18	16	2		18	79	7	72		12	19	4
Total	10.045	8.223	1.822	1.784	11.829	9.856	1.620	8.236	16,4	1.577	3.197	219

CR = admisiones con el estatuto de refugiado; PS = Admisiones con protección subsidiaria; RJ = rechazos; AN = admisiones tras la anulación de una orden de expulsión.

Porcentaje de admisiones de la OFPRA = CR+PS/total de decisiones de la OFPRA (CR+PS+RJ).

Los datos relativos a las nacionalidades con menos de cinco primeras solicitudes depositadas, o con menos de cinco refugiados reconocidos en el año de que se trate son confidenciales por razones de seguridad de las personas y no deben revelarse sin acuerdo previo de la OFPRA.

S olicitantes de asilo 2007 , por sexo, edad y situación de familia

(Primeras solicitudes, excluidos los menores acompañados)

Distribución por sexo y edad

	Número de solicitudes	Porcentaje	Promedio de edad
Mujeres	8.682	36,5	32,9
Hombres	15.122	63,5	31,4
Total	23.804	100

Distribución por sexo y situación de familia (declarada)

	Mujeres	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Total	Porcentaje
Soltero	3.472	40,0	8.513	56,3	11.985	50,3
Casado	3.123	36,0	4.302	28,4	7.425	31,2
Pareja de hecho	1.107	12,8	1.760	11,6	2.867	12,0
Divorciado	298	3,4	243	1,6	541	2,3
Viudo	540	6,2	100	0,7	640	2,7
Separado	101	1,2	72	0,5	173	0,7
No declarado	41	0,5	132	0,9	173	0,7
Total	8.682	100	15.122	100	23.804	100

Total general: 23.798 Datos omitidos: 0

Primeras solicitudes de asilo, 2007

(Por nacionalidad, sexo y edad, excluidos los menores acompañados)

	Total
Número	Promedio de edad	Porcentaje de mujeres
Europa	9.229	32,1	37
Asia	5.335	32,9	31
África	8.223	30,7	39
Américas	816	33,5	36
Apátridas	201	34,6	31
Total	23.804	31,9	36
Europa
Albania	166	32,0	35
Armenia	1.495	36,2	47
Azerbaiyán	388	37,5	60
Belarús	87	32,3	37
Bosnia y Herzegovina	112	33,7	45
Bulgaria	15	35,2	47
Croacia	7	32,5	43
Eslovaquia	8	37,9	50
ex República Yugoslava de Macedonia	80	33,3	35
Georgia	153	33,3	35
Moldavia	269	33,0	38
Montenegro	41	33,7	44
Rumania	41	30,6	49
Rusia	2.001	32,9	48
Serbia	2.250	31,4	29
Turquía	2.039	28,3	22
Ucrania	65	34,8	29
Otros países de Europa	12		42
Total	9.229	32,1	37
Asia
Afganistán	161	25,6	10
Bangladesh	923	30,0	6
Bhután	15	26,0	7
Camboya	30	39,6	70
China	1.262	36,7	59
Filipinas	5	32,1	80
India	55	32,6	20
Irán	132	31,8	29
Iraq	125	33,3	27
Kazajstán	32	33,4	59
Kirguistán	26	30,6	58
Líbano	39	33,6	26
Mongolia	85	29,8	51
Myanmar	20	34,9	15
Nepal	22	29,9	23
Pakistán	324	31,0	7
Palestina (Autoridad)	49	30,6	6
Siria	30	35,9	37
Sri Lanka	1.845	32,9	30
Tayikistán	5	29,1
Turkmenistán	5	29,5	20
Uzbekistán	17	40,1	53
Viet Nam	23	29,8	43
Otros países de Asia	105		48
Total	5.335	32,9	31
Américas
Bolivia	18	33,2	33
Brasil	14	31,5	57
Colombia	65	33,2	37
Cuba	21	37,5	29
Estados Unidos de América	9	44,3	44
Haití	588	33,0	35
Perú	63	34,4	41
República Bolivariana de Venezuela	7	40,5	14
República Dominicana	11	30,1	55
Otros países de las Américas	20		30
Total	816	33,5	36
África
Angola	376	29,9	45
Argelia	865	35,9	16
Benin	7	32,1	43
Burkina Faso	14	32,9	36
Burundi	26	34,1	35
Camerún	180	32,0	46
Chad	131	28,2	31
Comoras	55	31,1	16
Congo	827	31,3	44
Côte d'Ivoire	560	31,0	29
Djibouti	7	43,2	57
Egipto	32	31,7	19
Eritrea	77	28,4	36
Etiopía	44	25,6	75
Gabón	10	32,2	60
Gambia	37	28,4	14
Ghana	17	31,3	35
Guinea C onakry	787	27,9	37
Guinea-Bissau	74	29,5	27
Kenya	7	23,8	57
Liberia	17	28,7	47
Madagascar	32	29,6	44
Malí	282	31,1	76
Marruecos	46	30,9	22
Mauritania	320	31,8	23
Níger	12	37,8	0
Nigeria	404	28,4	52
República Centroafricana	177	29,8	42
República Democrática del Congo	1.802	30,5	51
Rwanda	293	29,8	50
Senegal	38	30,9	47
Sierra Leona	70	26,7	51
Somalia	37	28,9	32
Sudáfrica	5	25,9	20
Sudán	374	28,7	10
Togo	121	32,4	31
Túnez	27	32,7	26
Uganda	9	31,6	33
Zimbabwe	8	30,6	75
Otros países de África	16		25
Total	8.223	30,7	39

Principales países de procedencia de los solicitantes de asilo, 2006-2007

Primeras solicitudes, excluidos los menores acompañados y excluidas las revisiones

	2007	2006	Evolución 2007-2006 (porcentaje)
Serbia	2.250	2.182	3,1
Turquía	2.039	2.570	-20,7
Rusia	2.001	1.550	29,0
Sri Lanka	1.845	1.993	-7,4
República Democrática del Congo	1.802	1.968	-8,0
Armenia	1.495	1.232	21,3
China	1.262	1.200	5,2
Bangladesh	923	581	58,9
Argelia	865	998	-13,3
Congo	827	769	7,5
Otros países	8.495	11.236	-24,4
Total	23.804	26.269	-9,4

Principales países de procedencia de los solicitantes de asilo en 2007

Solicitudes de asilo y revisiones , 2007

( En procedimiento prioritario, excluidos los menores acompañados )

Continente	Primera solicitud	En revisión	Total procedimiento prioritario	De los cuales en detención	Porcentaje en procedimiento prioritario/total
Procedimiento prioritario en primera solicitud	En detención	Porcentaje PP/DA	Procedimiento prioritario en revisión	En detención	Porcentaje procedimiento prioritario en revisión
Europa	1.364	377	15	1.561	231	78	2.925	608	26
Asia	603	237	11	1.637	107	87	2.240	344	31
África	1.187	409	14	1.387	212	76	2.574	621	26
Américas	294	184	36	343	107	83	637	291	52
Total	3.448	1.207	14,5	4.928	657	80,4	8.376	1.864	28,0

PP = Procedimiento prioritario en primera solicitud.

SOLICITUDES DE ASILO EN LA FRONTERA

Decisiones tomadas en la frontera desde 2000 *

* La división de asilo en la frontera, inicialmente adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores se transfirió a la OFPRA en julio de 2004.

Evolución anual del porcentaje de convocaciones y entrevistas desde 2001

Admisiones en 2007 según el sexo y el motivo

(Excluidos los menores acompañados)

	Mujeres	Porcentaje de mujeres	Hombres	Admisiones totales	Admisiones totales (porcentaje)
Admisiones en el marco de la Convención de Ginebra	3.360	42	4.664	8.024	91,4
Admisiones de la OFPRA	1.496	47	1.708	3.204	36,5
En el marco del artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra	1.210	44	1.544	2.754	31,4
Mandato del HCR	3	75	1	4	0,05
Medida a favor de la libertad	1	100		1	0,0
Admisiones por unidad familiar	265	66	134	399	4,5
Niños	40	54	34	74	0,8
Cónyuge	209	70	88	297	3,4
Tutela	16	57	12	28	0,3
Traslados a Francia	15	42	21	36	0,4
Motivo infundado	2	20	8	10	0,1
Admisiones tras la anulación por el Tribunal Nacional de derecho de asilo (CNDA)	1.864	39	2.956	4.820	54,9
Admisión de apátridas	21	41	30	51	0,6
En el marco de la Convención de Nueva York	21	41	30	51	0,6
Anulación por el Tribunal Administrativo				0
Admisiones bajo protección especial	394	56	312	706	8,0
De la OFPRA	82	56	64	146	1,7
Del CNDA	312	56	248	560	6,4
Admisiones totales	3.775	43	5.006	8.781	100
De la OFPRA	1.599	47	1.802	3.401	38,7
Del CNDA	2.176	40	3.204	5.380	61,3

Porcentaje de admisiones de la OFPRA en 2007

( Por nacionalidades más representativas, excluidos los menores acompañados )

( Porcentaje de admisiones de la OFPRA, por país )

Admisiones en 2007 según el motivo

Estimación del número de personas bajo protección de la OFPRA

(Al 31 de diciembre de 2007, excluidos los menores acompañados)

Continente	Estatuto de refugiados	Bajo protección subsidiaria	Total personas protegidas
Total	Porcentaje de m ujeres	Total	Porcentaje de m ujeres	Total	Porcentaje de m ujeres
Europa	36.522	43	656	55	37.178	43
Asia	54.289	43	327	43	54.616	43
África	33.630	38	585	64	34.215	39
Américas	3.701	41	268	51	3.969	42
Apátridas y sin determinar	948	33			948	33
Total	129.090	41	1.836	55	130.926	42

Admisiones anuales con el estatuto de refugiados del OFPRA y del CNDA

185.En respuesta a la solicitud del Comité acerca del número de devoluciones y expulsiones, el Gobierno pone en conocimiento del Comité los datos siguientes:

a)No admisiones (devoluciones) (metrópoli):

-2002: 26.787;

-2003: 20.278;

-2004: 20.893;

-2005: 23.542;

-2006: 21.235.

b)Medidas de expulsión del territorio llevadas a cabo, incluidos los decretos prefectorales de reconducción a la frontera por residencia irregular, las salidas voluntarias, las expulsiones por motivos de orden público, la prohibición de entrada en el territorio por orden judicial y las readmisiones:

-2002: 10.067;

-2003: 11.692;

-2004: 15.660;

-2005: 19.841;

-2006: 23.831, de las cuales 16.616 reconducciones a la frontera, 1.419 salidas voluntarias, 223 expulsiones, 1.892 prohibiciones de entrada por decisión judicial y 3.681 readmisiones.

186.El Gobierno comunica al Comité que se están consolidando las estadísticas relativas al año 2007 y que se comunicarán al Comité tan pronto como se publiquen.

187.El Comité interroga al Gobierno sobre el número de denuncias registradas por supuestas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

188.Las estadísticas del Ministerio de Justicia se preparan a partir de las condenas judiciales definitivas inscritas en el registro de antecedentes penales. Desde 2000 no se ha registrado ninguna condena por tortura o actos de barbarie cometidos por un agente de la autoridad pública. Las condenas por actos de violencia voluntarios cometidos por agentes de la autoridad pública ya se han señalado anteriormente (párr. 126).

189.Como en el caso de todas las infracciones, las estadísticas pueden desglosarse por edad, sexo y nacionalidad del autor.

190.A título de ejemplo, por lo que respecta a los actos de violencia voluntaria cometidos por agentes de la autoridad pública, en 2006, de las 123 infracciones que dieron lugar a una condena, el 2,6% fueron casos de violencia contra la mujer y el 97,4% contra los hombres.

191.El desglose de estas condenas, por edad, es el siguiente:

-31,6% de 30 a 40 años;

-25% de menores de 25 años;

-18,4% de 40 a 50 años;

-17% de 25 a 30 años;

-8% de 50 a 60 años.

192.El Ministerio de Justicia está preparando una nueva herramienta estadística. La difusión, prevista para 2008-2009 de la cadena penal "Cassiopée" en 175 tribunales de primera instancia (en un primer momento) irá acompañada de una información estadística a través de un centro informativo asociado que permitirá abrir un nuevo campo de exploración de las estadísticas penales. Se trata de una aplicación integrada que abarca la casi totalidad de la actividad penal de los tribunales de primera instancia, en sustitución de los programas informáticos antiguos, dispares y que solo se referían a aspectos limitados de la cadena penal.

193.Esta nueva aplicación permitirá disponer de una herramienta estadística compleja, capaz de tener en cuenta las causas, las decisiones de orientación, las personas y las condenas y facilitar el intercambio de datos en particular por tipo de contencioso.

194.Además, se está examinando la forma de relacionar los datos relativos a los hechos constatados por los servicios de policía y gendarmería con las respuestas penales aportadas por los jueces. Estas consideraciones tienen en cuenta las dificultadas observadas, en particular:

a)La diferencia en el sistema de calificación de los hechos, tanto más cuanto que esta calificación puede variar durante un proceso judicial.

b)Además de las denuncias de los servicios de policía y gendarmería, los tribunales reciben quejas directamente de las víctimas, denuncias e informes de otras administraciones y autoridades habilitadas.

c)El ámbito de las estadísticas es diferente: las estadísticas de la "policía" se refieren únicamente a los crímenes y delitos en tanto que las estadísticas de la "justicia" incluyen las contravenciones de quinta clase y los contenciosos de tráfico.

195.Con el sistema "Cassiopée" se pretende armonizar todos estos datos. En este marco, un grupo de trabajo interministerial, policía, justicia, gendarmería, se reúne regularmente desde el 15 de noviembre de 2006 para asegurar la coherencia de conjunto de datos intercambiados entre las diferentes aplicaciones posibles.

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