89ᵒ período de sesiones
Ginebra, 7 a 25 de octubre de 2024
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
Respuestas de Cuba a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su noveno informe periódico *
[Fecha de recepción: 6 de octubre de 2023]
Respuesta a la cuestión 1
El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), como agenda del Estado cubano para el desarrollo de políticas a favor de las mujeres y la igualdad de género en el país, está dirigido a fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional para incorporar las cuestiones de género en la elaboración y aplicación de políticas, programas y en la prestación de servicios.
El PAM es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta 2030 (PNDES 2030).
El sistema de formación y capacitación del país se ha enfocado en las siguientes cuestiones:
•Realizar acciones educativas y de sensibilización para el abordaje de los temas de género en los medios de comunicación;
•Fortalecer el trabajo social con la comunidad y la familia;
•Incrementar la participación de los hombres en actividades de cuidado, responsabilidad compartida, prevención de diversas formas de violencia de género e intrafamiliar, respeto a la diversidad, entre otras;
•Capacitar sobre las nuevas normas jurídicas aprobadas, el contenido de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, sus recomendaciones generales y las observaciones finales formuladas a Cuba en 2013.
Entre los resultados más notables se destacan:
•La incorporación de la perspectiva de género en el marco legislativo, de manera transversal;
•El fortalecimiento de la preparación y capacitación para el uso del lenguaje inclusivo en la normativa jurídica en Cuba;
•La inclusión de todos los sectores de la sociedad en las consultas especializadas sobre los proyectos de leyes;
•La consideración de los estándares internacionales en la materia, incluidas las recomendaciones generales de los órganos de tratados, las observaciones finales a Cuba derivadas de las presentaciones de informes, así como las obligaciones contraídas en virtud de instrumentos internacionales, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
•La firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia (MINJUS) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la organización y ejecución conjunta de acciones de capacitación para especialistas, juristas y asesoría especializada en diferentes temáticas.
En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR), a los diferentes niveles, desarrolló 1.709 acciones de preparación relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Hasta junio de 2023, la FGR ha realizado 1.501 acciones, entre las que se incluyen 13 relativas a la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Con cierre en el mes de julio de 2023, se encuentran incorporados a programas de formación académica de posgrado 179 profesionales de la FGR. De ellos, el 76 % son mujeres y de estas, el 58 % ocupa cargos de dirección.
La FMC, de conjunto con la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y las instituciones jurídicas del país en sus niveles provinciales y municipales, han realizado acciones dirigidas a elevar la cultura jurídica de las mujeres, el conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos vinculando las normas jurídicas nacionales a los contenidos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos internacionales.
La UNJC, con el apoyo de la FMC, el MINJUS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y las instituciones jurídicas del país, elaboró una Guía Teórico Práctica de Aplicación del Enfoque de Género y Prevención de la Violencia en el Ámbito Jurídico. Ha sido distribuida en las instituciones jurídicas del país y en las Facultades de Derecho de las Universidades.
Respuesta a la cuestión 2
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 72, establece que la salud pública es un derecho de todas las personas. Es una responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación, a todos los niveles.
Las estrategias, protocolos y políticas públicas implementadas para hacer frente a la Covid-19 impidieron que se registraran retrocesos en la protección y promoción de los derechos de las mujeres en Cuba.
Entre las medidas aplicadas, estuvo la protección salarial a las mujeres trabajadoras. Durante el primer mes se garantizó el 100 % del salario, y el 60 % del salario básico en el resto de los meses. Para garantizar el acceso y permanencia de las personas al empleo, se implementó el trabajo a distancia y el teletrabajo.
Para atender la violencia de género se habilitó una línea telefónica (Línea 103). En el 2022 se recibieron 6.732 llamadas. Los temas de mayor preocupación son: el control de las adicciones (72 %), afectaciones a la salud mental (19 %) y la violencia (9 %).
Durante la pandemia se evidenció el papel relevante de la mujer en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Se destaca que:
•El Grupo de Ciencia creado para enfrentar a la Covid-19 y su Comité de Innovación estuvo coordinado por una mujer. Las mujeres representan el 59 % y el 67 % de sus integrantes respectivamente;
•El 61,8 % de quienes coordinaron los proyectos nacionales de investigación y ensayos clínicos fueron mujeres;
•En su mayoría, fueron mujeres quienes coordinaron el desarrollo de vacunas y candidatos vacunales cubanos anti Covid-19.
Ello es reflejo de la alta representación de las mujeres en la ciencia en el país. El 91,2 % de los funcionarios del área de ciencia e innovación en el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) son mujeres y el 71,8 % de las direcciones de ciencia e innovación tecnológica de las Universidades de Ciencias Médicas están dirigidas por mujeres.
Desde que fue declarada la pandemia de la Covid-19 Cuba apoyó su enfrentamiento en 42 países y territorios, a los que llegaron 58 brigadas médicas cubanas especializadas Henry Reeve. Cuba cuenta con más de 13 mil mujeres profesionales de la asistencia médica en misiones internacionalistas, lo que representa más del 58,5 %.
Respuesta a la cuestión 3
Con relación a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones posteriores, Cuba reitera que el tratamiento de los temas de derechos humanos corresponde únicamente a los órganos de la ONU con mandatos establecidos para ello. Cuba reafirma su rechazo a la intromisión en asuntos fuera de su mandato por parte del Consejo de Seguridad, órgano de composición limitada y poco transparente, donde unos pocos países tienen capacidad de veto.
Respuesta a las cuestiones 4 a), b) y c)
El avance en el cumplimiento del cronograma legislativo ha permitido fortalecer el enfoque de género, el reconocimiento a la igualdad y la no discriminación y adoptar definiciones amplias que reconocen la protección especial de las mujeres y todas las personas en situación de vulnerabilidad, así como identificar las condicionantes que inciden en expresiones de discriminación con el fin de eliminarlas.
La Constitución de la República de Cuba establece claramente, en su artículo 42, que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna.
La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.
La Ley 156 de 2022 “Código de las Familias”, en su artículo 12, define la discriminación en el ámbito familiar como “toda acción u omisión que tenga por objeto o por resultado excluir, limitar o marginar por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, situación de discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique una distinción lesiva para la dignidad humana.”
La Ley No. 151 de 2022 “Código Penal”, incluyó un Capítulo VIII titulado “Delito contra el derecho de igualdad”, para enfrentar todas las formas de discriminación o distinción lesiva a la dignidad humana. Se incluyen figuras agravadas cuando concurren motivos discriminatorios en la comisión del hecho.
Se prevé la protección ante las formas de violencia y discriminación de la mujer como un elemento modificativo del marco sancionador, estableciendo sanciones accesorias, adecuación de la sanción, atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal en un amplio número de delitos.
El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) promueve acciones dirigidas a garantizar mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, en particular en el área 5 referida a “Legislación y derecho. Marco normativo y sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia”.
Se incorporan acciones de seguimiento, evaluación y control a las cuales tributan las comprobaciones que realiza la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los derechos de la Mujer de la ANPP.
Se avanza hacia la eliminación total de conceptualizaciones discriminatorias en las leyes.
Los procesos normativos incluyen las consultas de los proyectos a nivel especializado con la participación de instituciones, organizaciones de la sociedad civil. La consulta pública se desarrolla a través del sitio web de la ANPP u otras más amplias hasta las comunidades, como la realizada con el proyecto de Código de las Familias.
La FMC forma parte de los grupos de trabajo para la elaboración de las normas jurídicas y participa en las consultas especializadas de los proyectos.
Respuesta a la cuestión 4 d)
La Ley 153 de 2022 “Del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales”, establece el proceso para el conocimiento por los tribunales de la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República.
El artículo 2 de dicha Ley establece que, en la solución de los conflictos que se originen por la vulneración de los derechos constitucionales, las disposiciones normativas se interpretan del modo que más favorezca a la persona y al respeto a la dignidad humana, en correspondencia con los valores y principios consagrados en la Constitución, en especial los de progresividad e igualdad y no discriminación, en función de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, sin perjuicio de los derechos de las demás personas, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución, los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y las leyes.
Hasta mayo de 2023, no se han presentado demandas de tutela urgente por motivos de discriminación.
Respuesta a la cuestión 5 a)
En marzo de 2021, se constituyó el Comité de Género del Sistema de Tribunalesen el país, como órgano rector para promover una cultura organizacional que transversalice la perspectiva de género y la prestación de un servicio judicial libre de discriminación por razones de género.
En 2022, se aprobó la “Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género, y la prevención y atención a la violencia basada en género en la impartición de justicia (2022-2030)” para orientar, promover y potenciar la igualdad de derechos de mujeres y hombres desde la perspectiva de género en el sistema judicial cubano a todos los niveles.
Este instrumento se articula con la comunicación institucional y procesal, la formación de recursos humanos, la investigación científica, la impartición de justicia, la prevención y atención social, la recopilación y producción de datos, así como la evaluación y seguimiento.
Respuesta a la cuestión 5 b)
Tras la adopción del PAM en 2021, se creó una comisión gubernamental, presidida por la viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman, para la coordinación, ejecución y monitoreo del Programa, así como de las recomendaciones de órganos de tratados en la materia. La FMC, como Mecanismo Nacional, asume la coordinación de los trabajos de la Comisión.
La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), como miembro permanente de la Comisión, coordina los trabajos de elaboración de indicadores específicos y la desagregación de las estadísticas y la información a todos los niveles.
En correspondencia con la medida 6 del área 7 del PAM, se puso en marcha el Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género (OCIG), el cual contiene 27 indicadores sensibles a género desglosados por sexo y edad, color de la piel, zona geográfica, provincia de residencia y condición de discapacidad.
La creación del OCIG permite dar seguimiento a la utilización correcta del enfoque de género en la construcción de indicadores y captación de estadísticas, así como realizar análisis integrales, cuantitativos y cualitativos, en materia de igualdad, que contribuyan a la adopción de políticas públicas con enfoque de género.
Respuesta a la cuestión 5 c)
El proceso de actualización legislativa en Cuba ha introducido amplios derechos y garantías para las víctimas, enfocados en la atención, asistencia, protección y reparación integral.
En 2021, mediante Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros, se aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Está integrada por diez componentes e incluye la participación de múltiples actores, desde el ámbito local y comunitario.
La Estrategia concibe, entre sus ejes transversales, un enfoque de derechos humanos y la concepción de las víctimas como protagonistas de los procesos.
La reforma procesal y el Código de las Familias introducen las tutelas urgentes para la adopción de medidas inmediatas para la protección de las víctimas.
Se incorporan previsiones cautelares en favor de la víctima, las cuales incluyen: la protección inmediata a la persona y bienes; la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos; tratamiento psicológico o psiquiátrico en caso de que se requiera; las órdenes de restricción, entre otras.
La Ley 143 de 2021 “Ley del Proceso Penal”, introduce fórmulas de protección entre las que se incluyen: la participación de la víctima en condición de parte, con derecho a la defensa propia e independiente de la representación fiscal y la posibilidad de comparecer como coadyuvante de la Fiscalía.
Respuesta a la cuestión 5 d)
Con la aprobación del Código de Procesos y la Ley del Proceso Administrativo se refuerzan los principios para garantizar la asistencia jurídica de las mujeres sin medios suficientes o víctimas de violencia.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) es la organización no gubernamental que agrupa a los abogados del país, que brindan asistencia jurídica a todas las personas que lo soliciten.
Se establece la excepción de pago o la rebaja de hasta un 50 % del servicio cuando se demuestra carencia o insuficiencia de ingresos personales o cuando se trata de víctimas de violencia de género.
En junio de 2023, se creó la Dirección Nacional de Defensoría para proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes; personas en situación de discapacidad; personas adultas mayores, personas víctimas de discriminación o violencia; así como cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil.
Está dirigida a proveer al sistema de instituciones de justicia nacional de los mecanismos necesarios para proporcionar la mayor seguridad jurídica posible a toda la ciudadanía y generar armonía legislativa en cuanto a las competencias y disposiciones jurídicas de las normas nacionales en materia de defensa y garantía del libre ejercicio de los derechos y la tolerancia cero a cualquier forma de discriminación.
Respuesta a la cuestión 5 e)
La Fiscalía General de la República dispone de un sistema de atención a las personas para la orientación jurídica y la recepción de quejas o peticiones por derechos vulnerados. Está conformado por 10 vías de atención, incluida la Línea Telefónica Única, que funciona las 24 horas.
La vía personal es la más utilizada, con el 76 % de los casos. Se dispone en los 168 municipios, en las 15 fiscalías provinciales y en la Fiscalía General de la República.
Se garantiza, con total confidencialidad y privacidad, información a las víctimas sobre cuestiones relativas a su proceso, se reciben y tramitan sus inconformidades con decisiones procesales o la calidad de la investigación. Esto posibilita el intercambio, la revisión de las actuaciones penales y la respuesta notificada personalmente.
La respuesta personal a los promoventes constituye un indicador de calidad, con el 98 % como promedio.
En los casos que lo requiera, se deriva la atención hacia áreas especializadas en el orden médico, psicológico, educativo, económico u otro.
En el período 2021-2022 y hasta el cierre del mes de julio de 2023, fueron atendidas 223.554 personas, de ellas 78.605 mujeres (35 %), a través del Sistema de Atención a las Personas en la FGR.
Se radicaron 38.756 quejas. De ellas, 14.147 promovidas por mujeres, lo que representa el 37 % de las quejas radicadas.
Sobre los temas vinculados a la violencia de género y familiar se registraron 1 485 reclamaciones realizadas por mujeres.
La tramitación de estos asuntos se realiza por fiscales especializados.
Por tipos de violencia de género se señala con mayor incidencia: la violencia psicológica con un 35 %, la violencia física con un 22 % y la económica con un 8 %.
Dentro de las principales cuestiones planteadas se encuentran:
•La violación de los derechos individuales, la integridad física y moral, la intimidad personal, el disfrute de los bienes de su propiedad;
•El maltrato físico, verbal y psicológico;
•Violencia económica asociada a la manutención de los hijos y a la negativa de entregar bienes pertenecientes a la comunidad matrimonial;
•No otorgamiento de beneficios a mujeres privadas de libertad, entre otros.
La FGR remitió 443 asuntos a diferentes organismos para su atención especializada. Hasta el momento se ha respondido el 83 %, dentro de los términos previstos.
La FMC tiene creadas 172 Consejerías para la protección, orientación, atención y acompañamiento a las víctimas de violencia, integradas por 987 profesionales de diferentes especialidades (psicología, psicopedagogía, jurídica, salud, orden interior y trabajo social).
Se han atendido en las consejerías y en las Casas de Orientación a la Mujer y las Familias (COMF) a 1.132 personas, 935 mujeres y 197 hombres.
Respuesta a la cuestión 5 f)
El acceso a la justicia en Cuba es un derecho reconocido constitucionalmente para todas las personas, quienes son iguales ante la ley; reciben la misma protección y trato; gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación de ningún tipo que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
El Sistema de Tribunales del país cuenta con la Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género, y la prevención y atención a la violencia basada en género en la impartición de justicia (2022-2030).
La FGR trabaja en un protocolo de actuación para la tramitación de los asuntos en las diversas materias que puedan tener relación con la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El MININT y el TSP disponen de protocolos de actuación sobre estos temas.
En 2022, la FMC realizó 1.923 acciones de comunicación dirigidas a la prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género, en las que se incluyen intervenciones en medios de comunicación, charlas educativas e intercambios con organismos e instituciones, 975 acciones de divulgación y orientación en la radio, 65 en la televisión y 16 con la prensa plana, 85 trabajos, artículos y soportes comunicativos a través de las publicaciones en la Revista Mujeres y la Revista Muchacha.
En 153 grupos de prevención, creados a nivel de Consejo Popular, se ha brindado acompañamiento y orientación a más de 16.367 personas, en particular a mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad; niñas, niños y adolescentes; y jóvenes desvinculados del trabajo y el estudio.
Se ha logrado la incorporación al empleo de 14.382 jóvenes, de los cuales 8.758 son mujeres. Se han vinculado más de 300 jóvenes a los Programas de Adiestramiento que se imparten en las COMF.
Han sido creadas 810 casas taller a nivel de comunidad, atendiéndose más de 30 mil personas, fundamentalmente jóvenes desvinculados, madres solteras con más de dos hijos, mujeres en situación de violencia y personas adultas mayores.
Respuesta a la cuestión 6 a)
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es una organización de la sociedad civil, con amplia membresía y estructurada a todos los niveles. Es reconocida por el gobierno como el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer.
Protagoniza la defensa de los derechos de la mujer y la atención a las cuestiones de género en todo el país. Se constituye como referente fundamental del gobierno para el diseño de políticas, programas y leyes en materia de adelanto de las mujeres e igualdad de género.
Se encarga de velar por el cumplimiento del PAM y conduce, junto con la representación del Consejo de Ministros, el Grupo de Trabajo para su cumplimiento.
Tiene iniciativa legislativa y cuenta con un Centro de Estudios para la realización de investigaciones que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Integra el Consejo de Estado de la República de Cuba y es parte consultiva para la aprobación de leyes y normas, lo cual le otorga amplias prerrogativas para promover el avance de los derechos de las mujeres en el país.
Respuesta a las cuestiones 6 b) y c)
En Cuba se garantiza la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, discusión, elaboración, aprobación y aplicación de las políticas y programas públicos.
Por ejemplo, la Unión Nacional de Juristas de Cuba desarrolla el Proyecto “Justicia en clave de género” que tiene coordinaciones provinciales e interactúa con la FMC, otras organizaciones y las instituciones jurídicas.
Se destaca el trabajo que realizan, por ejemplo, el Círculo de Género de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), el Círculo de Género de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC) y el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), entre otras.
Respuesta a la cuestión 7
No existe un modelo único para el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos. Cuba seguirá priorizando que cualquier forma que adopten los mecanismos de esta naturaleza contribuyan al mantenimiento y ampliación de garantías en el disfrute de todos los derechos humanos de los ciudadanos.
Cuba cuenta con un amplio y participativo sistema interinstitucional que garantiza la recepción, tramitación y respuesta a las quejas y denuncias de cualquier violación de los derechos ciudadanos.
Se muestran resultados positivos en la utilización de las diferentes vías para la tramitación de quejas, denuncias y búsqueda de orientación jurídica. Se incluyen datos en la respuesta a la cuestión 5 d) y e).
Cuba continuará implementando estos mecanismos mientras sigan mostrando resultados efectivos en el país, tal como se aborda en párrafos anteriores.
Respuesta a la cuestión 8
Cuba rechaza y niega categóricamente las alegaciones a las que hace referencia el Comité en esta cuestión. No podrían mostrarse evidencias o prueba alguna para sustentarlas. Las mismas son falsas y totalmente ajenas a la realidad del país.
Por su amplia membresía, representatividad, legitimidad y capacidad de movilización, las organizaciones de la sociedad civil en Cuba participan directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas en el país. Se les garantizan amplios poderes, capacidad propositiva, de consulta y decisión.
Existe cada vez mayor coordinación y colaboración entre los organismos gubernamentales y las formas asociativas que conforman la sociedad civil para una mayor protección de los derechos humanos.
Respuesta a la cuestión 9
En Cuba, la implementación del PAM, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar y la existencia misma de la FMC permiten que se aceleren los procesos de integración, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.
Se han implementado políticas de empleo que benefician directamente a las mujeres para garantizar el acceso al trabajo remunerado. Las mujeres ocupadas en el mercado laboral representan el 39 % de las personas ocupadas. Dentro del sector estatal civil significan el 48,1 %.
En 2022 se creó el Programa de formación y superación para jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, dando prioridad a mujeres en situación de vulnerabilidad, en particular en áreas rurales. Se han incorporado 8.956 mujeres jóvenes.
Se han incrementado sistemáticamente las capacidades en los círculos infantiles para potenciar la incorporación de las mujeres al trabajo, así como su empoderamiento económico. Se han creado 145 casitas infantiles.
Se reduce el pago por los servicios que se brindan en los círculos infantiles y seminternados, en un 50 % de la tarifa vigente para las madres con dos hijos y se elimina el pago por estos servicios a partir del tercero. Las madres con partos múltiples de más de dos hijos se exoneran del pago.
En el curso escolar 2022-2023, se han beneficiado 8.226 madres con dos o más hijos. Se brinda especial atención a aquellas madres en situación de discapacidad.
Se actualizó y se puso en vigor, en mayo de 2021, el Acuerdo 9009 del Consejo de Ministros, para dar soluciones habitacionales a madres de tres o más hijos con necesidad de viviendas o de realizar acciones constructivas.
Las mujeres dedican mayor proporción de tiempo diario al trabajo doméstico y de cuidados que sus contrapartes masculinas (21,28 % dedicado por mujeres mientras 12,51 % empleado por los hombres). Estos valores se intensifican en dos puntos porcentuales para las mujeres de zonas rurales en relación con sus pares urbanas.
Como parte del Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social del PNDES 2030 se implementa el Programa de Trabajo Digno para contribuir a la distribución equitativa del trabajo dentro de las familias y la sociedad.
La Red Nacional de Estudios sobre Cuidados trabaja actualmente en una propuesta de Sistema Nacional de Cuidados de la Vida.
Respuesta a las cuestiones 10 a) y b)
En la respuesta a la cuestión 1 se incluye información sobre este tema.
Al cierre de 2022, como promedio anual, se transmiten 173 programas de televisión relacionados con las cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. De ellos, 57 en canales nacionales y 116 en canales territoriales. Las transmisiones radiales incluyen 471 programas sobre estas temáticas.
Se aborda la equidad de género y la inclusión; la discriminación hacia las mujeres; las normativas que amparan los derechos de igualdad y prohíben la discriminación por cualquier motivo; la educación sexual en la infancia y la adolescencia; la eliminación de estereotipos patriarcales, la paternidad responsable, entre otros.
En el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) el 56,31 % de los trabajadores son mujeres.
Desde el 2020 hasta julio de 2023, la FGR ha desarrollado 2.051 acciones de comunicación para dar visibilidad a temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, la discriminación, la violencia basada en género y en el escenario familiar, las disposiciones de los instrumentos internacionales, las recomendaciones generales del Comité, los informes de Cuba ante los órganos de tratados y las observaciones finales derivadas de estos ejercicios.
Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desarrolla la campaña de sensibilización, "Sin estereotipos de Género, Rompe esquemas", con el propósito de fortalecer las capacidades para la identificación y concientización sobre estereotipos de género vinculados con el machismo, la discriminación y las violencias de género.
Respuesta la cuestión 11 a)
La Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, más allá de su enfoque normativo, incorpora las dimensiones de comunicación, educación, estadísticas e investigación, así como protección, atención y recuperación de las víctimas.
Se incluye, como una de sus acciones, el diseño de una ley de rango superior contra la violencia de género.
Respuesta a la cuestión 11 b)
Desde el derecho penal se confiere un tratamiento especial a la prevención y enfrentamiento a la violencia de género y familiar, en correspondencia con los preceptos constitucionales y el PAM.
Se incorporan modalidades específicas a 36 figuras delictivas, con sanciones agravadas cuando el delito se comete con violencia de género y familiar, o por motivos discriminatorios de cualquier tipo.
Respuesta a la cuestión 11 c)
La legislación nacional, en el Título XII relativo a los delitos contra la vida y la integridad corporal, capítulo II sobre Asesinato, en el artículo 345.2 refiere que será sancionado quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género.
En 2022, en los delitos conocidos por los tribunales en que aconteció la muerte intencional de mujeres, se constató que en 18 existía violencia por razón de género.
Esto representa aproximadamente el 16 % del total de sancionados. Las víctimas fueron 10 exesposas, 6 esposas y 2 no parejas.
Las víctimas se corresponden con el rango de edades siguientes: 1 entre 18 y 19 años; 13 entre 20 y 44; 2 entre 45 y 59 y 2 de 60 años o más. De ellas, 11 de piel blanca, 4 mulatas y 3 negras. Ninguna de ellas en situación de discapacidad.
A los responsables se le impusieron sanciones de privación de libertad por encima de los 25 años y, en algunos casos, privación perpetua de libertad.
Respuesta a la cuestión 12 a)
En Cuba se intensifican las acciones de prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en las instituciones.
Como parte de las acciones que concibe la Estrategia Integral, los ministerios y organismos han diseñado Protocolos de Actuación Institucional para la Prevención y Atención a la Violencia, para el que contaron con una Metodología elaborada por la FMC y su grupo experto asesor.
El Ministerio de Salud Pública implementa su Estrategia para prevenir y atender la violencia basada en género y las que ocurren en el ámbito familiar e institucional, para el período 2022 – 2030. Está conformada por 8 componentes para garantizar la respuesta integral e integrada del Sistema Nacional de Salud para la prevención y atención a estas manifestaciones.
En su cumplimiento, se han diseñado protocolos específicos para la atención, en los diferentes niveles de salud, de las manifestaciones de violencia basadas en género. Por ejemplo, se elaboró en 2022 la Guía de actuación para la atención al parto respetuoso.
En 2022, se recibieron 610 llamadas por la Línea 103. De ellas, el 47 % sobre violencia de género, el 36,5 % sobre abuso sexual y el resto sobre otros tipos de violencia relacionadas con las situaciones de discapacidad y vulnerabilidades.
Como resultado se han realizado derivaciones a servicios de asesoría jurídica, casa de orientación a la mujer y la familia y a los servicios de salud mental.
Se desarrolló una Estrategia de capacitación para el personal que brinda servicios de atención telefónica (Línea 103). Ello incluyó al personal jurídico, agentes policiales, de salud y de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF), que permitió preparar más de 1.300 personas en todo el país.
Se elaboró una Guía Básica para el Personal que brinda Servicios Telefónicos de Atención a la Violencia basada en Género.
Las acciones de supervisión que realiza la FGR ponen especial énfasis en el ejercicio y las garantías al disfrute de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Se verifica, además, el cumplimiento de la Resolución 35 de 2022 de la FGR sobre el protocolo de prevención y atención de la violencia basada en género.
En el período de 2018 a 2022, se ejecutaron 7.302 visitas de control de la legalidad: 1.364 a hogares para niños sin amparo familiar; 1.954 a hogares de ancianos; 3.771 a casas de abuelos; 213 a centros de protección social y 33.317 a centros de detención. En el primer semestre de 2023, se realizaron 121 controles a hogares de niño sin amparo familiar; 258 casas de abuelos; 121 hogares de ancianos y 14 centros de protección social.
Respuesta a las cuestiones 12 b) y c)
En Cuba, está asegurado el apoyo a las mujeres víctimas de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones, entre las que se incluye la derivación a servicios de atención psicológica, médica u orientativa.
El Código Penal, en su artículo 58, apartado 1, prevé la sanción accesoria de “prohibición de acercamiento a las víctimas, perjudicados u otras personas allegadas afectivamente”. Fue impuesta a 51 personas en el periodo de enero a junio de 2023.
En el período de enero de 2022 a junio de 2023, los tribunales de justicia impusieron la medida cautelar de prohibición de acercamiento a 330 personas acusadas.
La Resolución 95 de 2015 del Fiscal General, prevé las visitas de los fiscales a las zonas costeras montañosas y de difícil acceso para el intercambio con las personas residentes. Se realizan acciones de orientación legal sobre cuestiones de interés. Las más recurrentes se relacionan con los derechos de las mujeres; las niñas, niños y adolescentes; los adultos mayores; en situación de discapacidad o en otra condición de vulnerabilidad.
En el ámbito comunitario, funcionan más de 250 Grupos de las COMF que acercan esos servicios a las comunidades más alejadas. Se han atendido, de forma grupal o individual, un promedio de 30.000 personas, la mayoría jóvenes.
Respuesta a la cuestión 12 d)
Una parte de la respuesta se incluyó en la cuestión 11 c). Sobre otras formas de violencia los datos disponibles corresponden a la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 (ENIG-2016).
De las mujeres entrevistadas en la ENIG-2016, declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia en los últimos 12 meses el 26,7 %. La violencia experimentada con mayor frecuencia por las mujeres fue la psicológica (25,7 %), seguida por la económica (6,6 %), luego la física (2,4 %) y por último la sexual (2,2 %).
Respuesta a la cuestión 12 e)
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 89, consagra la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad en salvaguarda de su autonomía personal, su inclusión y participación social.
El Código de las Familias prevé que el Estado y la sociedad brinden a las personas en situación de discapacidad, a través de sus organismos e instituciones, el sistema de apoyos, la debida protección, la educación y orientación necesarias que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y actitudes.
El Código de Procesos estableció un Proceso Sumario para el ejercicio de la capacidad jurídica y la provisión de apoyos y salvaguardias.
Con el propósito de uniformar la práctica judicial en todo el país, se aprobó por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular la Instrucción 278 de 20 de enero de 2023, en virtud de la cual se regulan la provisión de apoyos y salvaguardias y lo correspondiente a los ajustes razonables para facilitar la actuación de las personas en situación de discapacidad en la defensa de sus derechos.
Al cierre de mayo de 2023, los órganos judiciales cubanos radicaron 246 procesos sobre provisión de apoyos y salvaguardias y 22 sobre ajustes razonables.
Respuesta a la cuestión 12 f)
Las acciones de atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, incluidas las mujeres con discapacidad, han sido abordadas en la respuesta a la cuestión 5), 11 y los incisos anteriores de esta.
Respuesta a las cuestiones 13 y 14 a) c) y d)
Desde el año 2013, se publica el Informe Nacional de Cuba sobre Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y Protección a las Víctimas, con amplia informaciónsobre la incidencia de este fenómeno en el país. El último informe, publicado en junio de2023 puede consultarse en el sitio https://cubaminrex.cu/es/informe-nacional-de-cuba-sobre-prevencion-y-enfrentamiento-la-trata-de-personas-y-proteccion-las.
Cuba mantuvo su política de “Tolerancia Cero” respecto a cualquier modalidad de trata de personas y continúa reforzando la prevención y enfrentamiento a este flagelo y delitos conexos, lo que incluye acciones de atención y protección a las víctimas.
En el período señalado se actualizó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2022-2024), herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a este grave delito.
Las autoridades actúan cuando se enfrentan ilícitos donde resulten involucradas ciudadanas cubanas a las que organizaciones criminales internacionales intenten sacar del país, generalmente de forma legal; en tales casos, se alerta a las implicadas para evitar su salida del país en esas circunstancias, además de procesar penalmente a los responsables.
Respuesta a la cuestión 14 b)
Cuba tiene vigentes un total de 11 tratados de extradición y 25 acuerdos de asistencia jurídica, 16 de los cuales contemplan a su vez la extradición. Los 27 acuerdos que incluyen la extradición. Además, se encuentra vigente para Cuba el Código de Bustamante sobre Derecho Internacional Privado de 1928, que en su Título 3 regula la extradición y la Ley del Proceso Penal.
Cuba es Estado Parte de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Trasnacional y los tres protocolos contra la Trata de Personas, el Tráfico de Migrantes y el Tráfico de armas, piezas y componentes.
En el 2022, el Ministerio de Justicia tramitó un total de 37 comisiones rogatorias en materia penal, civil y de familia. De estas solicitudes, 13 han sido por los delitos asociados a la falsificación de documentos, cohecho, tráfico de personas, secuestro y delincuencia organizada, apropiación indebida, delito contra la administración pública y desaparición forzada. En los fundamentos de hechos descritos en las solicitudes no se aprecia que las investigaciones estén relacionadas con el delito de trata de personas directamente.
Cuba tiene convenios migratorios bilaterales con países de origen, tránsito y destino de la migración y acuerdos entre órganos migratorios homólogos de esos países, para el intercambio de alertas migratorias sobre los ilícitos que puedan presentarse y de común interés para las partes donde se encuentra comprendida cualquier información relacionada con los delitos de trata de mujeres y niñas.
Respuesta a la cuestión 15 a) y b)
La participación de mujeres en la toma de decisiones crece. En las elecciones de diciembre de 2022, resultaron electas el 44,1 % delegadas de base.
En la X Legislatura (2023-2028), fueron electas como presidentas y vicepresidentas de las Asambleas Municipales del Poder Popular 182 mujeres, que representan el 54,49 %.
Cuba es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento. En las elecciones nacionales de 2023, de los 470 escaños, un 55,74 % están ocupados por mujeres (262). En el Consejo de Estado representan el 52,38 %.
Hay una clara evidencia del avance en la presencia de mujeres en el Parlamento Nacional, si se tiene en cuenta que en el año 1981 los hombres ocupaban el 77 % de los escaños mientras que las mujeres apenas un 23 %.
En 2023, una mujer ocupa el cargo de viceprimera ministra del gobierno y son ministras cinco mujeres.
Son mujeres el 49,7 % de los dirigentes, el 66 % de los técnicos y profesionales del país, el 81,9 % de los profesores, maestros y científicos, más del 70 % de los fiscales, presidentes de Tribunales Provinciales, jueces profesionales y de la fuerza laboral en los sectores de la salud y la educación.
En los Órganos Estatales del país, el 75 % de sus titulares son mujeres.
En el Sistema de Tribunales, el 59 % de los cargos de magistrados son mujeres. De 531 plazas de directivos cubiertas, 412 son mujeres, lo que significa el 77,5 % del total y, de ellas 324, o sea el 78,6 %, en cargos judiciales.
Respuesta a la cuestión 16 a)
En Cuba, la educación es un derecho de todas las personas. Se garantizan los servicios gratuitos, asequibles y de calidad, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria y de postgrado.
Se continúa desarrollando el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, que potencia la participación de múltiples actores en el proceso educativo, incluida la familia y la comunidad.
Ello ha permitido avanzar hacia entornos educativos más seguros a todos los niveles y la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia, dentro y fuera de las instituciones.
Se trabaja en la elaboración de la política para el perfeccionamiento del sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes. Se han desarrollado estudios en las provincias de La Habana, Villa Clara y Holguín.
Se han elaborado normativas y otros documentos que regulan el trabajo del Ministerio de Educación (MINED) en la atención y tratamiento a los temas de violencia, con énfasis en el enfoque preventivo desde las primeras edades. Se garantiza la protección de las víctimas.
Entre estas normas se destacan: el Protocolo para la detección, información y atención a las adolescentes que se relacionan o vinculan con prácticas de prostitución, con manifestaciones agresivas o violentas o que conviven en entornos con estas características; el Programa de Educación Integral en la Sexualidad, con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación y el Procedimiento general para el diseño, ejecución y control de trabajo preventivo en todos los niveles educativos.
El MINED implementa el Protocolo de Actuación para la prevención y atención integral e integrada a la violencia en el escenario escolar.
Respuesta a la cuestión 16 b)
La matrícula general de Educación según el Anuario Estadístico 2022 es 2.029.498, de los cuales 1.034.199 son mujeres.
La atención a las zonas montañosas o de difícil acceso se garantiza con la creación de 922 escuelas con matrículas de apenas 1 a 5 educandos. Ello permite garantizar una cobertura educativa de 99,8 % sin distinción entre los sexos y los sectores rurales y urbanos.
En el curso escolar 2022-2023, se encuentran matriculados 30.610 niños con alguna condición de discapacidad. De ellos, 10.995 se encuentran en enseñanza regular, lo que representa cerca de un 35,91 %, cifra que se ha ido incrementando gradualmente.
Se dispone de 357 escuelas de educación especial con 15.278 docentes. Se cuenta con 608 maestros ambulantes para la atención a 1.651 infantes; se han creado 560 salones de educación especial para la primera infancia.
Respuesta a la cuestión 16 c)
En el curso escolar 2022-2023 se reportaron 21.738 bajas de instituciones educativas.
Se trabaja, de manera coordinada entre diferentes instituciones, para atender las causas principales del abandono escolar. El objetivo fundamental es asegurar que estas condiciones no constituyan obstáculos para la continuidad de estudios.
El abandono escolar se ubica fundamentalmente en los niveles de educación técnico y profesional y están asociadas a causas como el embarazo precoz.
El embarazo en la adolescencia constituye un desafío para el país aun cuando se ha experimentado una ligera reducción en el año 2022, de 18,1 % a 17,8 %.
Como parte de la política de prevención del embarazo en la adolescencia, se desarrollan acciones de promoción y educación para la salud en las comunidades, se promueve la maternidad y paternidad responsables, la prevención de conductas que entrañan riesgos sexuales y reproductivos y el fortalecimiento de los servicios municipales de planificación familiar.
Respuesta a la cuestión 16 d)
En el Sistema Nacional de Educación se ha incorporado, desde la primera infancia, a todos los niveles y en correspondencia con el desarrollo progresivo, el tratamiento a temas como la identidad de género, el reconocimiento de sí mismo, el autocuidado, la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales, el uso de métodos anticonceptivos, la maternidad y paternidad responsables, el embarazo en la adolescencia y la prevención de las ITS, entre otros temas.
Respuesta a la cuestión 16 e)
Se desarrolla el proyecto PROFET: “Fortalecimiento del proceso de formación profesional de los jóvenes y trabajadores en la Educación Técnica y Profesional en especialidades seleccionadas para su inserción al empleo”.
Se ha dado prioridad a la incorporación de estudiantes jóvenes en especialidades que no resultan tradicionales para las mujeres, entre ellas la agropecuaria, la construcción y la mecánica. En el último quinquenio se incrementó la matrícula de mujeres en estas especialidades de 19 % a 33 % en la actualidad.
Respuesta a la cuestión 17 a)
El PAM concibe acciones específicas para promover el acceso al empleo de las mujeres rurales, mujeres en situación de discapacidad, afrodescendientes, específicamente a través del área no. 1, relativa al empoderamiento económico de las mujeres.
La FMC, de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), realiza evaluaciones periódicas sobre las necesidades y posibilidades de empleo en cada territorio y en los diferentes sectores de la economía. Se promueve la incorporación de las mujeres sin vínculo laboral, en particular jóvenes.
La FMC realiza acciones, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el empoderamiento de las mujeres rurales. Se destaca el proyecto Red La Bibijoa, “Re(D)produciendo equidad”; para la integración de mujeres a la cadena producción y comercialización de la guayaba en el territorio de Santiago de Cuba.
En la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) están asociadas 82 140 mujeres, alcanzando el 20,34 %. Se registra un crecimiento de dos mil asociadas desde el último informe al Comité. Se han constituido 3.213 brigadas FMC – ANAP con 79 754 integrantes.
Por el Decreto Ley No. 259 y el actual Decreto Ley No.300, se han entregado en usufructo más de un millón 500 mil hectáreas de tierra a más de 172 mil personas, de las cuales el 35 por ciento son jóvenes y el 10 por ciento mujeres (83 % de las que han solicitado). Ello representa una oportunidad para las mujeres de trabajar la tierra, administrar las fincas y obtener ingresos estables.
Se estimula la solicitud de tierras en usufructo para mujeres. Actualmente, hay 16.930 usufructuarias y 12.107 propietarias. Se identifican potencialidades para elevar estos indicadores.
En el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, el 43 % de la fuerza laboral son mujeres y el 52 % de la jefatura a nivel provincial, como expresión del empoderamiento de las mujeres en este sector.
Respuesta a la cuestión 17 b)
Se ha brindado información sobre este tema en las respuestas a cuestiones anteriores, en particular la 9 y la 16 c).
Hasta el cierre de mayo de 2023, se han beneficiado 56 081 madres y padres desde la implementación de este Decreto-Ley. De ellos, 15 son padres, 45 son abuelas trabajadoras que reciben prestación social para el cuidado de sus nietos, 80 son abuelas trabajadoras que reciben prestación social para que sus hijas continúen estudiando, 306 son trabajadoras del sector no estatal que reciben prestación económica o social, 6.190 embarazadas que han presentado certificado médico en el período de gestación y 6.762 madres que han presentado certificado médico por enfermedad de hijos menores de 17 años.
Respuesta a la cuestión 17 c)
Cuba tiene un alto nivel de ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. El país es parte en 44 de los 61 instrumentos reconocidos internacionalmente.
En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Cuba es parte de los 8 convenios considerados fundamentales.
La decisión de ratificar o no un instrumento se asume con seriedad en el país, para cumplir con los compromisos contraídos de manera responsable.
El hecho de no ser parte de algunos de estos instrumentos, no ha impedido a Cuba cumplir su letra y espíritu, en correspondencia con la práctica del país de observancia y respeto de todos los derechos humanos para todos.
Respuesta a la cuestión 17 d)
Anualmente, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) realiza la Encuesta Nacional de Ocupación con representatividad nacional, provincial y zona urbana y rural, en la cual se recopilan datos sobre el empleo desglosado por sexo, ubicación geográfica, edad, situación conyugal, nivel de escolaridad y color de la piel. Se encuentra disponible en el sitio de la ONEI http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/eno_2022_edic_2023_0.pdf
Los datos más actualizados y desglosados disponibles se encuentran en el sitio del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) https://www.genero.onei.gob.cu/indicadores
La tasa de actividad económica de las mujeres es de 52,7 % y la tasa de desocupación de 2,0 %, la más baja de la región de América Latina y el Caribe. El 86,7 % de las mujeres ocupadas lo hacen en el sector estatal. De las personas ocupadas en el sector privado, representan el 34,9 %.
En el período de junio de 2021 a marzo de 2022, se constató que fue tramitada una queja sobre acoso en el empleo, 10 por discriminación en el ámbito laboral y 5 por discriminación por razones de orientación sexual. Fueron tramitadas y se ofreció orientación e información a las personas afectadas.
Respuesta a la cuestión 18 a)
Para evaluar la satisfacción de la demanda de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos, se tomaron los datos ofrecidos en la Encuesta MICS-2019. De las mujeres entrevistadas, el 87,2 % manifestó utilizar cualquier método moderno. No existen diferencias notables en este indicador al ser analizado por zona de residencia.
Para el grupo de 15 a 19 años se muestra el menor valor de satisfacción de la demanda de planificación familiar a partir del uso de anticonceptivos modernos.
No existen barreras legales para el acceso a la anticoncepción, pero es baja la disponibilidad de anticonceptivos en el país, en particular por los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, sumado a los elevados precios en el mercado internacional de métodos anticonceptivos modernos (vacunas, implantes, preservativos para mujeres, tabletas orales).
Se realizan acciones para hacer frente a la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos y de alta calidad, promoviendo formas de sensibilización a las mujeres y las adolescentes. Entre estas, se destacan la realización de talleres comunitarios con adolescentes y sus familias; las escuelas de educación familiar; la creación de círculos de adolescentes en las Casas de Orientación a la Mujeres y las Familias; concursos para adolescentes y jóvenes sobre la educación integral de la sexualidad e intervenciones con especialistas de Salud en programas radiales y televisivos, incluido el programa de Televisión “Cuando una Mujer” con una frecuencia semanal.
Respuesta a la cuestión 18 b):
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) asesora al Ministerio de Salud Pública en la elaboración y ejecución del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), así como en las proyecciones y relaciones con los demás Organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades.
Ha permitido la articulación de una estrategia educativa e integral de la sexualidad que incluye el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género.
Las acciones se enfocan en la esfera educativa, el trabajo académico y la investigación científica, los servicios de orientación jurídica, de terapia sexual, la atención a las personas LGBTI y a víctimas de la violencia de género y abuso sexual infantil, el desarrollo de programas comunitarios y la producción editorial y audiovisual, así como la articulación de redes sociales, debates online y campañas por el respeto a la libre orientación sexual.
Respuesta a la cuestión 18 c):
En Cuba, la salud pública es un derecho constitucional.
El Sistema Nacional de Salud es público, gratuito, de acceso universal y sin discriminación de ningún tipo. Cuenta con tres niveles de atención, teniendo su base fundamental en la Atención Primaria de Salud y en la activa participación comunitaria.
En el período 2018-2020, la esperanza de vida al nacer en Cuba fue de 77,70 años. Al cierre de 2022, la tasa de mortalidad infantil fue de 7,5 por cada mil nacidos vivos y la supervivencia de los niños a los cinco años de edad es del 99,1 % en todo el país.
Existe una proporción de 8,5 médicos por cada 10 mil habitantes. Cuba cuenta con 450 policlínicos; 11.222 consultorios del médico y enfermera de la familia; 1.215 servicios estomatológicos; 149 hospitales; 149 hogares maternos; 301 casas de abuelos; 158 hogares de ancianos; 30 centros médicos psicopedagógicos y 12 institutos de investigación, entre otros.
Se fortalecen las acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades, incluidas el cólera, el dengue y el VIH. Se ha actualizado el Programa Nacional de las ITS/VIH/SIDA para el período 2019-2024. La prevalencia de VIH en la población entre 15 y 49 años, es de 0,4 %.
En los últimos siete años, la tasa de transmisión materno infantil del VIH ha sido igual o menor al 2 %. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) validó a Cuba como el primer país del mundo en eliminar la transmisión materno infantil de VIH-Sida y sífilis.
Se consolidan programas específicos como el Programa Materno Infantil (PAMI), Programa para la prevención y atención al Cáncer, Programa de vacunación masiva y selectiva por grupos etarios, Programa de atención Geriátrica, entre otros de cobertura universal y nacional.
Respuesta a la cuestión 19 a):
En Cuba, el acceso a los servicios básicos constituye un derecho constitucional.
La labor encaminada a mejorar el acceso a los servicios básicos en las áreas rurales forma parte de los planes integrales de desarrollo.
El acceso a la educación está garantizado para todas las personas y constituye un derecho constitucional.
En Cuba, existen 6.940 escuelas primarias, la mayor parte en zonas rurales, para un total de 4.864.
En el curso 2021-2022 la matrícula en el Sistema Nacional de Educación, desde la primera infancia hasta la enseñanza media, 150.966 educandos de zonas rurales.
Se prioriza la atención a las zonas más alejadas o de difícil acceso, con énfasis en las que están comprendidas en el “Plan Turquino”, mediante una estrategia para la atención a las zonas montañosas que establece un sistema de acciones intersectoriales que favorecen su desarrollo.
En 2019, tras la adopción del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, se constituyó la Comisión Nacional de seguimiento a las acciones para combatir y eliminar definitivamente los vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación racial que subsisten en Cuba. Su implementación ha permitido identificar brechas de inequidad y trabajar de forma intencionada para eliminar los vestigios de discriminación. Este Programa se articula con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y con la Política de Atención a la Dinámica Demográfica.
Respuesta a la cuestión 19 b):
El Programa de Desarrollo Integral “Plan Turquino” ha mostrado resultados relevantes en el desarrollo social y cultural de las mujeres rurales, en particular en las zonas montañosas y de difícil acceso del país. Actualmente, se benefician cerca de 700 mil personas.
En los años 2021 y 2022 se realizaron 60.757 actividades de la programación cultural en las zonas del “Plan Turquino”.
A las actividades realizadas en zonas rurales y montañosas asistieron más de 500.000 personas, de ellas 230.300 niñas y mujeres, lo que representa el 46,1 % del total de asistentes.
En este período, 4.240 profesores instructores de arte y promotores culturales trabajaron en el fortalecimiento técnico e incorporación a los espacios de la programación cultural en zonas montañosas y de difícil acceso. Participaron más de 25.100 artistas aficionados.
Se desarrollaron diversas actividades durante los años 2021 y 2022 en comunidades o asentamientos rurales de todo el país. Entre ellos: el Encuentro Nacional de los Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña, los Festivales del Libro en la Montaña, la Cruzada Teatral en Guantánamo, la Cruzada Artístico Literaria, los Festivales Municipales de Artistas Aficionados, 42 recorridos históricos y rutas patrimoniales, la Jornada Cucalambeana.
Respuesta a la cuestión 20:
Sírvase encontrar informaciones correspondientes a esta cuestión en las respuestas a las cuestiones 5 f), 9, 15 a), 17 a) 18 c) y 19 a).
Adicionalmente, en Cuba no hay casos de mujeres migrantes que califiquen como desfavorecidas o marginadas y a consecuencia de ello tengan limitaciones a los servicios de salud, prestaciones sociales, educación y otros.
Las mujeres extranjeras con la clasificación migratoria de residente permanente, cuentan con acceso a todos los servicios públicos mencionados, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución de la República.
La población penal femenina recibe un tratamiento diferenciado. Más del 50 % de las reclusas están incorporadas al trabajo, con las garantías salariales y de seguridad social aplicables al resto de la ciudadanía. Tienen acceso al ejercicio de oficios, así como a instrucción escolar para alcanzar nivel de bachillerato y enseñanza superior en distintas modalidades.
Existen mecanismos de seguimiento, tratamiento y evaluación periódica a mujeres durante su reclusión en establecimientos penitenciarios y su posterior egreso y reinserción social.
A las reclusas se les brinda atención médica general y especializada, acorde a la edad y las patologías que presentan. Las mayores de 60 años de edad reciben una atención diferenciada que incluye alternativas de excarcelación según el delito, la conducta mantenida y situación de salud.
Respuesta a la cuestión 21 a), b) y c):
El Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida”, constituye el instrumento rector de todas las acciones que el país realiza para el enfrentamiento del cambio climático.
Se propone una acción coherente e integrada que comprenda las necesidades de la sociedad en todos los niveles territoriales. Se potencia el enfoque participativo, inclusivo y de género.
En Cuba, las mujeres participan de forma activa en la formulación e implementación de programas relativos a la reducción de riesgos de desastres y el cambio climático, como parte de los órganos de dirección en situaciones de desastres (Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Consejos y Zonas de Defensa.)
La FMC forma parte de los Grupos de Trabajo científicos y prácticos que desarrollan el Plan de Reducción de Riesgos. Ello constituye una garantía de la incorporación de una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión y reducción del riesgo de desastres y de socorro y recuperación.
En las Comisiones de Protección de la Población para situaciones de desastres, creadas a nivel provincial y municipal, se incluye una representación de la FMC.
Sobre estas cuestiones, se brinda mayor información en los párrafos 112 a 114 del IX informe periódico de Cuba al CEDAW.
El sistema de la defensa civil cubana y otras organizaciones encargadas de la reducción del riesgo de desastres en el país avanzan hacia una gestión inclusiva que proporcione atención especializada a las mujeres afectadas por desastres.
Se dispone de un manual comunitario con acciones específicas que permitan minimizar el impacto en las poblaciones vulnerables por razón de su edad, género o condición de discapacidad.
La FMC participa en el diseño, implementación y evaluación de los planes de actuación ante desastres, pandemias u otros, desde el nivel comunitario.
Respuesta a la cuestión 21 d):
Para la adaptación al cambio climático se desarrollan acciones en sectores priorizados, entre los que se encuentra el agropecuario, por su incidencia en la seguridad alimentaria del país.
Las proyecciones de la “Tarea Vida” para los años 2021-2025 contemplan entre sus acciones estratégicas adaptar las actividades agropecuarias a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía.
Se han implementado proyectos que fortalecen las capacidades locales para visibilizar los impactos diferenciados al cambio climático para hombres y mujeres incorporando las percepciones, problemas y contribuciones de las mujeres. En este sentido, se destaca el proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL).
Respuesta a la cuestión 22 a):
El Código de las Familias, en su artículo 216, apartado 1, regula que las consecuencias económicas derivadas del vínculo matrimonial y de su disolución deben recaer por igual en ambos cónyuges.
La posibilidad de establecer pensión a favor de uno de los excónyuges en resolución judicial o escritura notarial se regula en el artículo 275 del propio Código.
Además, el cónyuge que se ha dedicado al trabajo doméstico o de cuidado tiene derecho a exigir una compensación económica que permita resolver la desventajosa situación patrimonial en que queda tras el divorcio por no haber realizado actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio.
Las pensiones que han de recibirse con motivo del divorcio gozan de protección legal en virtud del artículo 239 del Código de Procesos como una de las excepciones de los bienes que pueden ser objeto de embargo o cualquier otra medida asegurativa.
Respuesta a la cuestión 22 b):
Tanto el matrimonio como la unión de hecho afectiva son una expresión concreta del derecho a constituir una familia, que prevé el artículo 81 de la Constitución.
Hasta el cierre de mayo de 2023, se radicaron 244 asuntos en los tribunales municipales populares sobre este tema, cuatro corresponden a personas del mismo sexo.