Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
75º período de sesiones
9 a 27 de septiembre de 2024
Examen de los informes: informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Respuestas de Rumania a la lista de cuestiones relativa a su sexto informe periódico***
[Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2022]
I.Información general
1.Las cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos fundamentales y a la lucha contra la discriminación se abordan de manera permanente en el Instituto Nacional de la Magistratura y en el Instituto Nacional de Formación Profesional para Juristas, tanto en la fase inicial de la formación profesional de sus alumnos como en los cursos de formación continua que se imparten a los jueces y fiscales en activo, además de a los abogados.
2.En todas las actividades de formación sobre derechos humanos, tanto en las que se imparten en la fase inicial como en la formación continua, se hace una presentación general de los sistemas internacional y europeo de protección de los derechos humanos. Al presentar el sistema internacional, el principal foco de atención e interés para el análisis recae en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3.Esas actividades de formación se reflejan en un mejor conocimiento del Pacto. Así, la consulta de una base de datos ampliada en la que se recoge la jurisprudencia nacional desde 2011 mostró que las disposiciones del Pacto fueron invocadas, por los tribunales o por las partes, en más de 1.770 casos. No obstante, la organización de la base de datos no ofrece una clasificación más detallada de la jurisprudencia, lo que permitiría determinar si la disposición invocada resultó ser fundamental para la solicitud o petición.
4.El Colegio Nacional de Abogados también organizó actividades periódicas de formación profesional para abogados en materia de lucha contra la discriminación. También puso en marcha varias sesiones de aprendizaje electrónico en el marco del programa HELP (desarrollado en el seno del Consejo de Europa) y actualmente está impartiendo un nuevo curso HELP sobre los derechos laborales como parte de los derechos humanos.
5.La propuesta legislativa de fusionar el Instituto Rumano de Derechos Humanos con el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación (CNLD) fue rechazada por el Senado el 8 de noviembre de 2021 por 104 votos contra 24. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Consejo Económico y Social emitieron un dictamen negativo sobre la propuesta legislativa y en la única intervención oral durante el debate en el Senado se hizo hincapié en el papel fundamental del Instituto como primera institución de derechos humanos del país.
6.El Instituto Rumano de Derechos Humanos, acreditada anteriormente como institución nacional de derechos humanos con categoría C, inició en 2019 las gestiones para su acreditación con arreglo a los Principios de París.
Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
7.Rumania está firmemente comprometida con la aplicación del Acuerdo de París y ha cumplido sus obligaciones en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre 1989 y 2018, las emisiones totales de esos gases (excluido el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura) disminuyeron un 62,10 % y las emisiones netas (incluidos esos usos) disminuyeron un 68,31 %. Actualmente, Rumania está revisando su Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático con el fin de elaborar una nueva Estrategia de Adaptación para 2022‑2030, al tiempo que trabaja en una estrategia a largo plazo en paralelo con la revisión del Plan Energético Climático Nacional.
Información sobre las medidas adoptadas/aplicadas en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID‑19)
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
8.Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de Rumania en el contexto de la pandemia de COVID‑19 cabe mencionar la financiación del subsidio técnico de desempleo tanto para los asalariados como para otras categorías profesionales que no ejercen una actividad económica basada en un contrato de trabajo, así como la concesión de indemnizaciones a los asalariados a los que se les rescindió el contrato o se les redujo la jornada. Los profesionales, las personas con contratos de trabajo para cooperativas, los jornaleros y otros trabajadores autónomos estaban incluidos en el ámbito de aplicación de esas medidas compensatorias (los detalles sobre los requisitos, los límites y la cuantía de las medidas de carácter económico figuran en el anexo 1).
9.Para apoyar el sistema de teletrabajo, se concedió a los empresarios, por cada trabajador que hubiera trabajado a distancia al menos 15 días laborables durante el estado de emergencia o alarma, una ayuda financiera de 2.500 lei, que podía solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2020, destinada a la adquisición de bienes y servicios tecnológicos necesarios para poner en práctica el teletrabajo.
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
10.En el contexto de la propagación del virus en la comunidad, dado que la disponibilidad y el acceso a las vacunas contra el virus de la COVID‑19 fueron limitados en las fases iniciales debido a una capacidad de producción insuficiente y a una demanda extremadamente elevada, a la hora de establecer prioridades entre los grupos de población se tuvieron en cuenta principios éticos y de equidad social, criterios epidemiológicos que ofrecieran flexibilidad en la asignación de vacunas a escala regional y local, criterios médicos (como el riesgo de infección por SARS‑CoV‑2, el riesgo de evolución grave y de muerte en caso de infección o el riesgo de transmisión de la infección de la persona infectada a otras), la no interrupción de las actividades esenciales que garantizaran el buen funcionamiento de infraestructuras críticas, etc. Las recomendaciones para los grupos prioritarios se han vinculado sistemáticamente a la evolución de la pandemia y a la eficacia de los tipos de vacuna aprobados.
11.Posteriormente, la vacunación se puso a disposición de toda la población para garantizar la protección contra las cepas más graves del virus y la consecución de la inmunidad de masa.
12.La ejecución eficaz de las campañas de vacunación contra el virus de la COVID‑19 a escala nacional dependía de la capacidad para acceder, recibir y transmitir información lo más rápidamente posible entre la administración y el personal a todos los niveles. Durante el período 2021‑2022, se desplegaron edificios modulares ligeros de las reservas del Estado en lo que se instalaron centros de vacunación móviles y puestos de triaje observacional y epidemiológico para el funcionamiento de los centros de vacunación en las zonas de los pasos fronterizos. Se crearon centros específicos en las zonas rurales en los casos en que las autoridades locales podían proporcionar los locales necesarios.
13.Desde el 1 de julio de 2022, la actividad de vacunación contra el virus de la COVID‑19 se realiza exclusivamente a través de los consultorios de atención primaria, dentro del programa nacional de vacunación a cargo del Ministerio de Sanidad.
14.El Instituto Nacional de Salud Pública desarrolló metodologías, directrices, protocolos de trabajo y recomendaciones para la recogida, el procesamiento y la notificación de datos relacionados con los casos confirmados de COVID‑19.
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
15.La pandemia de COVID‑19 ha ejercido una presión extraordinaria sobre el sistema sanitario del país, que logró movilizar a todo su personal médico para garantizar tanto el tratamiento necesario para los pacientes infectados, como la atención médica para otras categorías de pacientes.
16.Con ese fin, se crearon salas separadas para los pacientes infectados por el SARS‑CoV‑2 en todas las unidades sanitarias. En el contexto del creciente número de casos de COVID‑19 y ante la falta de circuitos separados, se crearon unidades hospitalarias específicas para el tratamiento de los pacientes infectados por el SARS‑CoV‑2.
II.Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto (artículos 1 a 5)
Máximo de los recursos disponibles
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
17.En el anexo 1 se detalla la evolución en los últimos años de la tasa de riesgo de pobreza, en constante descenso. Las cifras de personas en riesgo de pobreza y exclusión social muestran una reducción del 44,5 % en 2015 al 34,4 % en 2021. En el caso de las personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo, el porcentaje disminuyó del 6,2 % en 2015 al 3,5 % en 2021 (véase el anexo 1).
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
18.El tipo del impuesto sobre los beneficios que deben pagar las empresas en Rumania es del 16 %. El tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas era del 16 % entre 2012 y 2017, con algunas excepciones (el 25 %, y a partir de ahí entre el 1 % y el 25 %, en función de la cuantía, para los ingresos procedentes del juego; entre el 1 % y el 3 % para la transmisión de bienes inmuebles, en función del valor de mercado del bien y de las particularidades de la transmisión; y el 5 % para los dividendos). Desde 2017, el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta es del 10 %, manteniéndose las mismas excepciones (a partir de agosto de 2022, el tipo de gravamen para las rentas del juego se situó entre el 3 % y el 40 %).
19.El tipo normal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) disminuyó del 24 % (en vigor del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015) al 20 % (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016) y al 19 % (a partir del 1 de enero de 2017). Los tipos reducidos del IVA del 9 % y del 5 % se aplican a los alimentos, los servicios de instalaciones deportivas, el turismo, los alimentos ecológicos, la leña y, últimamente, el suministro de calefacción durante la estación fría para determinadas categorías de consumidores.
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
20.En 2021, la tasa de ejecución del presupuesto asignado al seguro de desempleo fue del 92,75 %, es decir, 3.648.585.103 lei (aproximadamente 742.502.920,90 euros) (véase el anexo 1).
21.En el período 2007‑2021, la proporción del gasto destinada a medidas activas en el total de gastos financiados con cargo al presupuesto del seguro de desempleo ha evolucionado desde un mínimo del 4,77 % en 2010 hasta el 30,95 % en 2021, con un fuerte aumento en 2019 hasta el 64,44 %. La proporción del producto interno bruto (PIB) dedicada al gasto público en pensiones se mantuvo estable entre 2009 y 2021 (véase el anexo 1).
22.La participación en el PIB de los gastos de asistencia social a través del Organismo Nacional de Pagos e Inspección Social con cargo al presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social ha sido la siguiente: 1,96 % en 2020; 2 % en 2021; 1,79 en 2022 (antes de la rectificación presupuestaria, que llevó la cifra al 2,17 %).
23.Los fondos necesarios para finalizar en 2022 los proyectos en curso de construcción de viviendas sociales ascienden a 752.064.423,31 lei y las necesidades de financiación para los nuevos proyectos ascienden a 365.479.870,09 lei. La suma asignada en 2022 en el presupuesto del Estado para la construcción de viviendas sociales y de urgencia es de 125.000.000 lei.
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 4)
24.La Secretaría General del Gobierno se encarga de ejecutar el proyecto denominado “Refuerzo de las capacidades en el ámbito de la gobernanza pública ‑ un enfoque coordinado núcleo del Gobierno de Rumania”, que consta de cinco componentes: 1) mejora de la capacidad del núcleo del Gobierno para actuar como enlace entre los distintos ministerios y organismos centrales con el fin de lograr una mejor aplicación de las políticas públicas; 2) elaboración de un conjunto de recomendaciones con el fin de mejorar los mecanismos para lograr un Gobierno abierto; 3) aplicación de las estrategias para la gobernanza digital; 4) evaluación del sistema de integridad pública e intervenciones conductuales para hacer frente a la corrupción; y 5) innovación en el sector público. A largo plazo, gracias al proyecto se obtendrán efectos sinérgicos entre las políticas desarrolladas por el Gobierno y las necesidades reales de la población, especialmente las de los grupos vulnerables, y mejorará la calidad de los servicios prestados.
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
25.En diciembre de 2021, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) 2021‑2025 y los documentos conexos. En la Estrategia se identificaban como sectores prioritarios: el sistema de salud pública; el sistema educativo nacional; el entorno empresarial; el ámbito de la contratación pública; la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales; la actividad de los miembros del Parlamento; la protección del medio ambiente; y la protección del patrimonio cultural.
26.En la ENA 2021‑2025 se promueve el mismo mecanismo de supervisión de la implementación que las estrategias anteriores (ENA 2016‑2020 y ENA 2012‑2015). Como novedad, en la nueva Estrategia el mecanismo de seguimiento se complementa con la creación de dos grupos de trabajo, que se reunirán trimestralmente, dedicados a la consecución de los objetivos específicos relativos al sistema de salud pública y al sistema educativo nacional.
27.Otro nuevo elemento que se promueve en la ENA 2021‑2025 se refiere a la supervisión del desarrollo e implementación del plan de integridad dentro de tres instituciones públicas, un sistema piloto a cargo de la Secretaría Técnica de la Estrategia, establecida dentro del Ministerio de Justicia. Las tres instituciones seleccionadas para formar parte del sistema piloto son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Bosques, cuyos planes de integridad se están elaborando.
No discriminación
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
28.Con el apoyo del Banco Mundial y la financiación de la Comisión Europea, el Organismo Nacional para los Romaníes ha desarrollado una herramienta en línea para recopilar, a través de las oficinas comarcales para los romaníes de cada prefectura, datos de todas las partes interesadas locales y comarcales pertinentes (incluidos los recursos humanos romaníes) con competencias en la aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión de los Romaníes 2015‑2020. En las conclusiones del informe se califican de moderados los avances en la aplicación de la Estrategia 2015‑2020, con mejoras sustanciales en los ámbitos de la educación ‑con un aumento del número de menores y adultos que participan en programas educativos para completar su instrucción‑, la participación en la administración local, y el acceso al mercado laboral (en el marco de la anterior Estrategia, más de 96.000 personas pertenecientes a la minoría romaní se beneficiaron de medidas activas gracias a las cuales 13.608 de ellas obtuvieron un empleo), a los servicios sanitarios y a la asistencia social. En el informe se destacan los avances en la protección de los derechos del niño y la lucha contra la violencia y el maltrato infantil. Siguen existiendo dificultades en cuanto al acceso al mercado laboral, a la vivienda social y a la recogida de datos. Las principales recomendaciones se dirigen a mejorar el mecanismo de seguimiento y evaluación mediante el fomento de la capacidad, pero también mediante el ofrecimiento de opciones más diversas y matizadas para la autoidentificación, lo que permitirá recoger datos más precisos. En el anexo 6 se presenta la jurisprudencia reciente del CNLD al respecto.
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
29.Según las disposiciones legales, si transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud, no se hubiera adoptado una decisión en la fase administrativa del procedimiento de asilo, y también durante la fase judicial del procedimiento de asilo, el nacional de un tercer país que solicite cualquier tipo de protección tiene derecho a que se le conceda acceso al mercado laboral en las condiciones previstas por la ley para los ciudadanos rumanos. Los solicitantes de asilo que tengan derecho de residencia en el territorio de Rumania y estén legalmente empleados en el momento de solicitar asilo podrán seguir trabajando. Para facilitar el acceso de los solicitantes de asilo al mercado laboral, la Inspección General de Inmigración (IGI), en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, pone en marcha proyectos de apoyo para su inscripción en cursos de formación profesional.
30.El solicitante de protección internacional que no disponga de medios de subsistencia tiene derecho a beneficiarse, previa solicitud, de unas condiciones materiales de acogida que garanticen su subsistencia y protejan su salud física y mental. Con el fin de mejorar las condiciones materiales de acogida, a través de la IGI se han adoptado las siguientes medidas:
Apoyo material, que, previa solicitud, garantiza a cada solicitante de asilo la obtención de: alimentos hasta un importe de 20 lei por día; ropa hasta un importe de 135 lei por temporada de verano y 200 lei por temporada de invierno; y otros gastos, hasta un importe de 12 lei por día en concepto de gastos de transporte local, servicios culturales, prensa, servicios de reparación y mantenimiento, productos de higiene personal, etc.
Una serie de actividades de rehabilitación, saneamiento y ampliación de la capacidad de alojamiento en los Centros Regionales de Procesamiento y Alojamiento de Solicitantes de Asilo de Bucarest, Galați, Rădăuți, Timișoara y Giurgiu, en el marco de proyectos financiados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Mecanismo Noruego de Financiación.
31.Las personas a las que se concede la residencia en territorio rumano no están obligadas a obtener un permiso de trabajo. El empleador que contrate los servicios de un extranjero con permiso de residencia tiene la obligación de presentar a la IGI copias del contrato de trabajo y de los documentos que acrediten la condición de residencia del extranjero y de notificar a la IGI cualquier modificación o rescisión del contrato celebrado con el ciudadano extranjero. El permiso de residencia solo es válido dentro de la zona de competencia de la unidad de la IGI donde habite el extranjero, y cualquier movimiento fuera de esa zona está sujeto a aprobación previa.
32.Al 23 de agosto de 2022, se habían registrado 111 casos de concesión del permiso de residencia.
33.El Centro Nacional de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos no ha recibido ninguna solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales de solicitantes de asilo a efectos de su integración en el mercado laboral.
Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
34.Los programas de empleo y los planes de formación profesional del Organismo Nacional de Empleo tienen por objeto incrementar el número de personas de categorías desfavorecidas que acceden al mercado laboral, entre otras: las personas con discapacidad, las personas de etnia romaní, los desempleados de larga duración, las mujeres, los jóvenes menores de 25 años y las personas mayores de 45 años. En los anexos 2 y 3 se presentan los resultados de las medidas de estímulo del empleo desglosados por grupos destinatarios y tipos de medidas. En el anexo 6 puede consultarse la jurisprudencia del CNLD sobre este tema.
35.Los dos demandantes del caso X e Y c. Rumania obtuvieron el reconocimiento legal de su género, como consecuencia de lo cual se introdujeron los cambios necesarios en sus documentos civiles (número de identificación personal, nombre de pila). En términos más generales, la jurisprudencia nacional ha evolucionado y ya no se exige la realización de una intervención quirúrgica como condición previa para el reconocimiento legal del cambio de género. Además, las autoridades están evaluando la posibilidad de introducir una modificación legislativa del marco jurídico actual.
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
36.Los últimos estudios sobre la participación de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisiones elaborados por el Organismo Nacional para la Igualdad de Oportunidades (ONIO) se centran en la situación de las mujeres y los hombres en los puestos de toma de decisiones de la administración pública central en 2021 y la representación de género en las elecciones parlamentarias de 2020.
37.Así, en 2021, dentro de la administración pública central, de 714 puestos decisorios (niveles de decisión 1 y 2), 111 (el 15,5 %) estaban vacantes y 603 (el 84,5 %) ocupados, por 325 mujeres (el 53,9 %) y 278 hombres (el 46,1 %).
38.La representación de mujeres y hombres en las elecciones parlamentarias celebradas en 2020 muestra que en las elecciones participaron 7.134 personas pertenecientes a partidos políticos, minorías e independientes: 2.105 mujeres (el 29,51 %) y 5.029 hombres (el 70,49 %). De los 466 parlamentarios electos 85 (el 18,24 %) eran mujeres y 381 (el 81,76 %) hombres.
39.El proyecto de estrategia nacional para la promoción de la igualdad de género y la prevención y la lucha contra la violencia doméstica para el período 2022‑2027 se centra en mejorar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones mediante la organización de cursos de formación en liderazgo aquellas que desean dedicarse a la política; el apoyo a iniciativas para la adopción de medidas afirmativas (especialmente la elaboración de listas “cremallera”) para aumentar el número de mujeres presentes en los procesos políticos y económicos; y la creación de redes de apoyo para facilitar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones en los ámbitos público y privado.
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
40.Con el fin de remediar la escasez de mano de obra, en el período 2020‑2021, el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social desarrolló la Estrategia Nacional para el Empleo 2021‑2027 y el correspondiente plan de acción para su implementación.
41.El objetivo general de la Estrategia, con el horizonte puesto en 2027, es alcanzar una tasa de empleo del 75 % para la población de entre 20 y 64 años, incluso mediante la promoción de formas atípicas de empleo (que permitan asumir las responsabilidades del cuidado de personas dependientes), respetando el equilibrio entre la vida profesional y la privada, proporcionando servicios de apoyo a la integración en el mercado laboral de las personas que son el único sostén de familias monoparentales o de las personas que tienen hijos menores de 12 años, especialmente las procedentes de zonas rurales, así como medidas de apoyo para los empleadores o asociaciones de empleadores orientadas a la creación de espacios destinados a la vigilancia y el cuidado de los niños en edad preescolar, con el fin de garantizar el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar de las mujeres empleadas.
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
42.Durante la pandemia, el ONIO elaboró un Plan de Medidas para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica. El Plan incluía la difusión de mensajes de interés público, la organización de campañas y la comunicación pública permanente en la página de Facebook y las páginas web del ONIO sobre las medidas, derechos y servicios de apoyo disponibles durante ese período; sobre las recomendaciones de la Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social en materia de prevención y gestión de la situación creada por la pandemia de COVID‑19 para los servicios sociales; sobre las recomendaciones de las autoridades de gestión a los proveedores de servicios sociales destinadas a prevenir y combatir la violencia doméstica y disposiciones similares de las Ordenanzas Militares. El 7 de mayo de 2020 se presentó en Rumania la aplicación dedicada Bright Sky RO (como parte del programa mundial), que puede ser utilizada por todas las mujeres afectadas por la violencia, a través de la cual se facilita información sobre el apoyo y los servicios ofrecidos por el Estado o por las ONG. La aplicación gratuita para teléfonos móviles y tabletas se puede utilizar en rumano, húngaro e inglés y continuó utilizándose en 2021 y 2022.
43.Los datos mostraron que tanto los servicios sociales residenciales, como los de apoyo de día para víctimas de violencia doméstica siguieron funcionando. Además, en marzo de 2020 aumentó el número de servicios a través del proyecto VENUS ‑ ¡Juntos por una vida segura! financiado con fondos europeos, ya que se crearon 126 servicios especializados: 42 hogares protegidos, 42 grupos de apoyo y 42 gabinetes de orientación profesional.
44.En el marco del proyecto denominado Apoyo a la Aplicación del Convenio de Estambul en Rumania, se crearon diez centros de asistencia de emergencia en casos de violación que ofrecen apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia sexual y ocho centros regionales de asesoramiento a los agresores, y se desarrollaron una metodología común y un conjunto de instrumentos normalizados para trabajar con los agresores.
45.La prevención de la violencia doméstica y las agresiones sexuales constituye una prioridad de la policía a nivel nacional en el ámbito de la prevención de la delincuencia para el año 2021. Los agentes de policía incorporados a las estructuras de prevención realizaron actividades preventivas en la comunidad en consultorios y dispensarios de medicina general, en asociaciones de propietarios y de inquilinos, en empresas comerciales con personal predominantemente femenino, en escuelas sanitarias postsecundarias, en lugares públicos concurridos y en actos públicos de especial interés para la comunidad. Entre enero y julio de 2022 se llevaron a cabo 1.222 actividades de información y prevención de la violencia doméstica y 1.496 sobre delitos sexuales en el marco de las estructuras de análisis y prevención de la delincuencia, mientras que en 2021 se realizaron 1.760 actividades de información y prevención de la delincuencia sobre violencia doméstica y 520 sobre delitos sexuales.
III.Cuestiones relativas a las disposiciones específicas del Pacto (artículos 6 a 15)
Derecho al trabajo (artículo 6) (párrafos 11 a 12)
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
46.En el período 2017‑2022, el Organismo Nacional de Empleo puso en marcha el proyecto estratégico denominado INTESPO, cuyo objetivo era identificar e inscribir a los jóvenes en los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), así como proporcionar paquetes de medidas personalizadas que les permitieran obtener trabajos mejor remunerados y realizar de cursos de formación profesional, prácticas o aprendizaje profesional o de formación continua. Equipos formados por expertos de los tres principales ámbitos de intervención —empleo, educación y asistencia social— facilitaron la identificación sobre el terreno de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben formación (ninis), así como el diálogo con esos jóvenes y la información sobre las ventajas de inscribirse en los SPE. Como resultado, se identificaron 207.405 jóvenes ninis, de los cuales 190.135 se inscribieron en los registros de los SPE.
47.Además del proyecto INTESPO, en el marco de los proyectos de activación y movilidad se han financiado: bonificaciones para la activación, contratación e incorporación de jóvenes desempleados ninis inscritos en las agencias territoriales de empleo, así como subvenciones salariales destinadas a los empleadores que contratan a jóvenes desempleados ninis.
48.Se pusieron en marcha otros proyectos para apoyar a los empleadores que celebran contratos en prácticas y contratos de aprendizaje en el lugar de trabajo. También se prestó apoyo mediante medidas tendientes a para reducir los efectos causados por la COVID 19 a través de proyectos específicos financiados con cargo al Programa Operativo de Capital Humano 2014‑2020.
49.Las dificultades encontradas en la puesta en marcha de los Planes de Implementación de la Garantía Juvenil fueron causadas por cuestiones específicas relacionadas con la activación y el empleo de los jóvenes ninis que se enumeran a continuación:
La información no llega a todos los jóvenes ninis por diversas razones (como la carencia de acceso a internet o la falta de formación).
Falta de interés por inscribirse para recibir servicios de empleo.
Dificultades para identificar a todos los jóvenes ninis.
Alto nivel de abandono cuando los jóvenes toman parte en medidas específicas.
Salida de los jóvenes de los registros de los SPE tras ser contratados o recibir medidas activas después de menos de seis meses desde su inscripción.
Cambio en la definición del joven nini con el aumento del límite de edad a 30 años.
Eventos causados por la pandemia de COVID 19 como: suspensión de la actividad de los empleadores, enfermedad de los jóvenes o de los miembros de los equipos de aplicación, o adopción de nuevas medidas de protección de los empleados a nivel nacional (por ejemplo, “desempleo técnico”) aplicado por el mismo personal de las agencias territoriales de empleo.
50.En el anexo 4 se presentan los resultados de la aplicación del Plan de Implementación de la Garantía Juvenil correspondientes a los períodos 2014‑2015 y 2017‑2020.
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
51.Facilitar el acceso de los jóvenes con discapacidad a las tecnologías de apoyo es una de las preocupaciones prioritarias del Organismo Nacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Organismo concede subvenciones para la adquisición de dispositivos y tecnologías de asistencia y tecnologías de acceso.
52.Además de las subvenciones que se conceden a los jóvenes con discapacidad, estos se benefician de las medidas activas de empleo para facilitar su inserción en el mercado laboral. Asimismo, para facilitar el acceso al mercado laboral, se prevén medidas de apoyo a los empleadores que faciliten la accesibilidad de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
53.En abril de 2022, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional relativa a los Derechos de las Personas con Discapacidad “Una Rumania justa” 2022‑2027. El empleo es una de las esferas prioritarias de la Estrategia, que se ha impuesto los siguientes objetivos:
Una tasa de empleo de al menos el 55 % de las personas con limitaciones de salud para las actividades habituales.
Que las personas con discapacidad representen al menos el 4 % de la plantilla de las empresas con más de 50 empleados.
Que las personas con discapacidad que accedan a medidas de estímulo del empleo representen el 2 % del total de las que acceden a esas medidas.
Que 5.000 personas con discapacidad se beneficien de formación para el empleo y de empleo asistido.
54.Para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al empleo, y para mejorar la calidad del mismo, las medidas más relevantes previstas son:
Reforzar la capacidad de los SPE para garantizar la gestión de los casos de personas con discapacidad.
Lograr que el entorno de trabajo sea accesible desde el punto de vista físico, de comunicación y de información.
Establecer programas de formación para el trabajo y desarrollo de las aptitudes para el trabajo de las personas con discapacidad.
Lograr la participación regular de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la elaboración y aplicación de políticas y programas de empleo para la reducción de la pobreza.
Elaborar guías y paquetes normativos sobre la adaptación del lugar de trabajo, el empleo asistido y los programas de formación para el trabajo para personas con discapacidad.
Optar por la subvención de la adaptación de los lugares de trabajo y de las tecnologías de acceso y dispositivos de asistencia para estimular la inversión de los empleadores a ese respecto, en lugar de seguir aplicando las deducciones que actualmente se contemplan en los instrumentos normativos vigentes.
Financiar programas de empleo asistido y formación laboral, para que exista al menos un programa en cada comarca.
55.La modificación del nivel de las prestaciones de asistencia social para las personas con discapacidad a fin de reflejar los gastos adicionales relacionados con esa situación y la mejora de la cobertura de esta última; la diversificación del paquete de tecnologías de acceso y dispositivos de asistencia, de conformidad con la lista de productos y tecnologías de asistencia identificados por la OMS en 2016 como prioritarios a nivel mundial; así como otras medidas destinadas a reducir la pobreza, contribuirán también a facilitar el acceso al empleo.
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
56.Los empleadores que contratan por tiempo indefinido a desempleados mayores de 45 años perciben mensualmente, durante un período de 12 meses, una cantidad de 2.250 lei por cada persona empleada, con la obligación de mantener las relaciones laborales o de servicio durante al menos 18 meses. Asimismo, los empresarios que contraten a desempleados que en un plazo de 5 años a partir de la fecha de contratación reúnan las condiciones para solicitar la pensión parcial anticipada o la pensión de vejez, se benefician mensualmente, durante el período de contratación y hasta la fecha de cumplimiento de las mencionadas condiciones, de una subvención con una cuantía de 2.250 lei.
Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
57.En el anexo 1 se detallan los datos estadísticos sobre la incidencia del trabajo no declarado.
58.Durante las actuaciones de control, los inspectores de trabajo aplicaron sanciones administrativas por trabajo no declarado y otras infracciones de la legislación laboral vigente. También dictaron medidas correctivas obligatorias para que los empresarios corrigieran en un plazo determinado los incumplimientos detectados.
59.Dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Rumania (PNRR), el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, a través de la Dirección de Políticas de Empleo, Competencias y Movilidad Profesional, ha desarrollado dos propuestas de reforma que forman parte del componente 13 – Reformas Sociales, incluida una reforma dedicada a facilitar la transición de los trabajadores de la economía informal a la formal. Así, mediante la Reforma 4: “Introducción de volantes de trabajo y formalización del empleo en el ámbito de los trabajadores domésticos” se pretende aumentar el grado de protección social de las personas que realizan trabajo no declarado en el ámbito de los servicios domésticos mediante el pago de cotizaciones al sistema público de pensiones. Con esa intervención se introduce el volante de actividad en el hogar como instrumento para incrementar el empleo formal mediante la regulación de la actividad desarrollada en el seno de los hogares, con una implantación gradual a lo largo del período 2022-2026. Así, al canjear un determinado número de volantes de actividades domésticas, el proveedor de esos servicios se beneficiará de la protección social tanto en el sistema de seguridad social del Estado (el sistema público de pensiones) como en el sistema de seguridad social de salud (con el acceso al paquete de servicios médicos básicos, si no están ya asegurados o coasegurados).
60.En abril de 2022 entró en vigor la ley sobre la regulación de la actividad de los proveedores nacionales. La aplicación de ese instrumento legislativo se verá facilitada por el desarrollo de la plataforma destinada a automatizar los procesos de cálculo de las cotizaciones a la seguridad social y del impuesto sobre la renta, así como los de registro de los proveedores y los beneficiarios domésticos. La inversión (plataforma digital) se completará antes del 31 de diciembre de 2023, y las disposiciones de la ley se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024, fecha a partir de la cual comenzarán a emitirse los volantes de actividades domésticas.
Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (artículo 7) (párrafos 13 a 15)
Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
61.Según los datos de EUROSTAT sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, en Rumania se han registrado avances en los últimos años, en los que ha pasado del 5,8 % en 2015 al 3,5 % en 2017 y al 2,4 % en 2020 (la cifra en la Unión Europea era del 13 % en 2020).
62.Las disposiciones relacionadas con el salario mínimo se aplican a todos los empleados con contratos de trabajo individuales, incluidos los trabajadores migrantes, tanto los del sector público como los del privado, y no es negociable por debajo del importe legal. A partir del 1 de enero de 2022, el salario mínimo bruto garantizado es de 2.550 lei al mes, excluidos los incrementos y otros complementos. En el sector de la construcción, en el sector agrícola y en la industria alimentaria, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2028, el salario mínimo es de 3.000 lei al mes.
Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
63.La Inspección de Trabajo, a través de sus oficinas territoriales, lleva a cabo con frecuencia actividades de control destinadas a detectar la utilización de mano de obra indocumentada, incluidas actuaciones destinadas a identificar a los extranjeros que se encuentran en el país ilegalmente y que realizan trabajos indocumentados. La prevención y lucha contra el trabajo no declarado de extranjeros a nivel nacional la llevan a cabo conjuntamente la IGI y la Inspección de Trabajo sobre la base de un protocolo de cooperación mediante la realización de actuaciones de control periódicas de manera independiente o en colaboración.
Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6)
64.Para minimizar la exposición al SARS Cov‑2 en el trabajo, los empresarios establecieron medidas específicas de prevención y protección en las que se debían tener en cuenta, en primer lugar, las directrices establecidas por la Dirección de Salud Pública Local o las adoptadas a nivel nacional por el Grupo de Comunicación Estratégica y el Instituto Nacional de Salud Pública.
65.El Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social y el Ministerio de Sanidad emitieron conjuntamente una orden sobre las medidas para prevenir la contaminación con el nuevo coronavirus SARS Cov‑2 y garantizar la continuación de la actividad en el lugar de trabajo en cuanto a la seguridad e higiene durante el confinamiento. Al mismo tiempo, se elaboró una guía para la vuelta al trabajo en condiciones seguras para empleados y empresarios.
66.Los empresarios también pueden utilizar la información específica pertinente disponible a nivel nacional en el sitio web de la Inspección de Trabajo y en el sitio web del Instituto Nacional de Desarrollo de la Investigación para la Protección Laboral Alexandru Darabont.
Derechos sindicales (artículo 8)
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
67.Entre 2017 y agosto de 2022 no hubo novedades legislativas en el ámbito del diálogo social (asociación sindical, representatividad, negociación colectiva). En el marco del PNRR, a finales de 2022 entró en vigor una nueva ley de diálogo social, negociada con los interlocutores sociales.
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
68.Las vías de denuncia y recurso en caso de discriminación son: la Inspección de Trabajo, el CNLD (en el anexo 6 puede consultarse la jurisprudencia reciente en la materia) y la vía judicial, y también se han establecido vías amistosas para la resolución de conflictos laborales, tanto individuales como colectivos.
69.En la legislación laboral se prevén sanciones disuasorias por el incumplimiento de las obligaciones de información y consulta (de 1.000 a 25.000 lei), por la violación de los derechos sindicales o la negativa a iniciar la negociación colectiva a nivel de unidad. (de 15.000 a 20.000 ley y de 5.000 a 10.000 lei, respectivamente). Las sanciones se imponen con arreglo a las disposiciones del derecho común relativas al régimen jurídico de las infracciones.
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
70.Los interlocutores sociales establecieron un total de 30 sectores de negociación colectiva, que fueron adoptados por el Gobierno mediante el Decreto núm. 1260/2011 y el Decreto núm. 13/2017. Las cláusulas de los convenios colectivos son aplicables del nivel superior al inferior, sin posibilidad de derogación. La revisión de los sectores de negociación colectiva para aumentar la representatividad y mejorar la aplicación de la actual ley de diálogo social se ha pospuesto hasta que se adopte alguna enmienda a dicha ley.
Derecho a la seguridad social (artículo 9) (párrafos 17 y 18)
Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
71.El Indicador Social de Referencia es la base para calcular las prestaciones por desempleo y otras medidas de estímulo del empleo, así como algunas prestaciones de asistencia social. Desde 2021, el valor del Indicador se ajusta anualmente con la tasa de inflación media anual del año anterior. Actualmente, el valor del Indicador es de 525,5 lei. (Véase el anexo 5)
72.Para mejorar la cobertura y la adecuación de las prestaciones sociales y su correlación con las medidas de activación laboral, en el PNRR se prevé la revisión y la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre la renta mínima de inserción, así como el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Asistencia Social y la prestación de apoyo logístico para su aplicación. Está previsto que esa reforma comience en enero de 2024 e incluirá dos componentes: la renta mínima de inserción y el subsidio de apoyo familiar. Hasta que se finalice la reforma de la renta mínima de inserción, se ha decidido seguir concediendo las prestaciones actuales sujetas a comprobación de recursos, a saber: el programa de ingresos mínimos garantizados y la prestación de apoyo familiar.
73.La subida periódica de las pensiones de la seguridad social se consigue elevando el valor del punto de pensión (el punto de pensión aumentó un 65 % en el período 2017‑2020 y aproximadamente un 10 %, a partir del 1 de enero de 2022).
74.Las autoridades han previsto una amplia revisión del sistema público de pensiones en el marco del PNRR. El Gobierno pretende introducir un marco jurídico nuevo, moderno y eficiente para garantizar la sostenibilidad y la previsibilidad del sistema de pensiones y reducir las desigualdades dentro del sistema respetando el principio contributivo. Dentro del proceso de reforma, las principales prioridades son:
Proporcionar pensiones adecuadas, teniendo en cuenta los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el sistema público de pensiones.
Garantizar la igualdad de oportunidades para la adquisición de derechos de pensión adecuados, a fin de evitar la pobreza en la vejez.
El establecimiento de un mecanismo transparente de indexación de las pensiones basado en indicadores predecibles, que genere más confianza en el sistema y garantice la previsibilidad de la evolución de las pensiones públicas.
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
75.En el ámbito de los servicios sociales, el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social ha participado constantemente en el análisis y la mejora del marco legislativo para eliminar las diferencias entre las zonas urbanas y rurales y mejorar así el acceso a los servicios sociales.
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
76.En marzo de 2022, el Gobierno aprobó el Programa de Interés Nacional, actualmente en ejecución, para el desarrollo de servicios sociales públicos y privados destinados a 5.400 personas mayores vulnerables en zonas rurales y ciudades pequeñas. El presupuesto total del programa asciende a más de 33 millones de euros para el período 2022‑2024. En el marco del programa se ofrecerán 30 unidades de atención domiciliaria, 30 servicios sociales para proporcionar alimentos, 20 centros de día y rehabilitación para personas mayores y 20 servicios de apoyo comunitario que proporcionarán asesoramiento psicológico y social, incluida una línea de ayuda para personas mayores.
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
77.El Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social ejecuta actualmente una serie de proyectos con fondos europeos para potenciar la inclusión social de las personas vulnerables, con el objetivo de crear y aplicar una prestación integrada de servicios sociales, médicos y educativos para la reducción de la pobreza y la integración socioeconómica de las personas de comunidades marginadas, incluidas las que cuentan con población romaní:
La prestación de servicios comunitarios integrados para la reducción de la pobreza y la exclusión social en 139 comunidades rurales y pequeñas comunidades urbanas vulnerables con índices de marginación graves y superiores a la media.
El refuerzo de la capacidad técnica y administrativa de la red pública de asistencia social comunitaria mediante la contratación y formación de un número mínimo de 350 trabajadores sociales, la puesta en marcha de un programa nacional de formación y certificación de especialistas en el ámbito de la asistencia social, así como la formación de al menos 39.000 personas empleadas en el sector de la asistencia social.
El desarrollo de un sistema nacional de evaluación de las necesidades de las personas sin hogar. La investigación y los resultados del proyecto servirán de base para la futura estrategia nacional para las personas sin hogar, que se está redactando actualmente.
78.Para el año 2022, se han celebrado acuerdos con asociaciones y fundaciones del país que crean y gestionan unidades de asistencia social para la prestación de servicios sociales por un importe de 26.748.280 lei destinado a 337 unidades de asistencia social y 11.973 beneficiarios. Al mismo tiempo, se aprobó la financiación de residencias de ancianos con cargo a las cantidades deducidas del IVA.
79.En función de la dinámica existente en la protección social, con la participación de las oficinas territoriales y las instituciones pertinentes en el ámbito de la protección social, la Inspección Social está llevando a cabo campañas nacionales temáticas anuales para supervisar el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios sociales de las normas mínimas de calidad, el respeto de los derechos de los beneficiarios y el seguimiento de la subsanación de las deficiencias. En el anexo 1 se describen los detalles sobre los temas y las conclusiones para el período 2017‑2019.
Protección de la familia y la infancia (artículo 10)
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
80.El Departamento General de Asistencia Social y Protección de la Infancia (DGASPI) se encarga de nombrar, a petición del IGI, a un representante para los niños solicitantes de asilo no acompañados.
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
81.Recientemente han entrado en vigor nuevas disposiciones legales en la materia en virtud de las cuales se permite que el representante designado por el DGASPI asista al menor no acompañado solicitante de asilo durante todo el procedimiento. El representante también asiste al menor después de la concesión de la protección internacional en Rumania, hasta el establecimiento de una medida de protección especial.
82.La protección de los niños solicitantes de asilo que no están alojados en centros para inmigrantes se puede llevar a cabo no solo en una institución de tipo residencial, sino también en un entorno de tipo familiar.
83.Desde 2021, el Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y la Adopción recopila información sobre el número de niños no acompañados solicitantes de asilo para los que los servicios sociales se encargaron de designar a los acompañantes durante el procedimiento:
En 2020 había 1.049 niños no acompañados solicitantes de asilo que contaban con un representante designado por el DGASPI.
En 2021 había 3.404 niños no acompañados solicitantes de asilo que contaban con un representante designado por el DGASPI, de los cuales:
1.065 eran menores de 16 años y 2.339 tenían entre 16 y 18 años.
3.254 estaban alojados en centros dependientes del IGI (966 menores de 16 años y 2.288 de entre 16 y 18 años) y 150 estaban alojados en centros residenciales dependientes del DGASPI (99 menores de 16 años y 51 de entre 16 y 18 años).
84.Según la legislación de Rumania, los niños solicitantes de asilo pueden ser alojados en los servicios especializados del sistema de protección especial, mientras que los niños mayores de 16 años se alojan en los servicios dependientes de la IGI.
85.En 2022, debido al conflicto armado en Ucrania, se promulgó una nueva legislación para los refugiados. Todos los niños ucranianos presentes en territorio rumano, incluso si no han solicitado ninguna forma de protección, tienen derecho a recibir educación en las escuelas del país en las mismas condiciones que los alumnos nacionales. Tienen derecho a recibir alojamiento gratuito en internados, subsidio de alimentación, material escolar, calzado, ropa y libros de texto. Se les prestan servicios de atención de la salud en los consultorios médicos de las escuelas y pueden acceder al plan nacional de vacunación del programa nacional de Rumania.
86.Se aplicaron medidas y procedimientos estrictos para recopilar información precisa sobre cada menor no acompañado, con el fin de detectar cualquier riesgo derivado de la falta de protección y garantizar la aplicación de las medidas de protección y el apoyo necesarios. En el caso de los menores no acompañados que permanezcan en el territorio de Rumania y no tengan un lugar donde vivir, se aplica una medida de protección especial que incluye la colocación de los niños en servicios públicos o privados que ofrecen un entorno familiar, dando prioridad a las personas que hablen ucraniano o, en su caso, ruso.
87.Los niños ucranianos que se encuentren en Rumania bajo la protección de los servicios sociales pueden beneficiarse de servicios de asesoramiento ajustados a sus necesidades concretas, incluida la atención por los traumas padecidos, prestados por los especialistas del DGASPI. Del mismo modo, los niños ucranianos que se encuentran en comunidades de acogida, junto con sus familiares u otras personas encargadas de su bienestar, pueden beneficiarse del mismo tipo de servicios o, según las posibilidades opciones de los padres o tutores, de los prestados por proveedores privados.
88.El 29 de junio, el Gobierno adoptó un Plan Nacional de Medidas para la Protección e Inclusión de las Personas Desplazadas de Ucrania y Beneficiarias de Protección Temporal en Rumania. El Gobierno colabora estrechamente con sus homólogos nacionales e internacionales para velar por la complementariedad y la generación de sinergias entre el Plan Nacional y el Plan de Respuesta Regional Interinstitucional, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El plan se basa en el principio fundamental de que la inclusión de los refugiados ucranianos en el sistema de protección y prestaciones sociales de Rumania les ofrecerá la mejor protección. En el plan nacional se establecen medidas transversales para la prevención de la explotación y el abuso de las personas desplazadas procedentes de Ucrania, incluidos los niños, centrándose en campañas de sensibilización y prevención y en sistemas de derivación y apoyo que sean efectivos y dispongan de recursos suficientes.
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
89.Se ha iniciado el proceso de modificación de la Ley núm. 21/1991, pero actualmente no se está examinando la cuestión de la concesión de la nacionalidad a los niños nacidos en el Estado parte que de otro modo serían apátridas.
Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11) (párrafos 20 a 24)
Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
90.La Estrategia Nacional para la Inclusión Social y la Reducción de la Pobreza para el período 2022‑2027 tiene como objetivo reducir para el año horizonte el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en al menos un 7 % en comparación con 2020.
91.Además, en abril de 2022, se adoptó la Estrategia para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní para el período 2022‑2027.
92.El PNRR incluye varios proyectos de reforma, a saber, el diseño y desarrollo de un nuevo marco estratégico e instrumentos de gestión para mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de cuidados de larga duración para las personas mayores. Actualmente se está diseñando y redactando la nueva Estrategia Nacional de Cuidados de Larga Duración y Envejecimiento Activo.
93.Dentro de la Estrategia Nacional relativa a los Derechos de las Personas con Discapacidad “Una Rumania justa” 2022‑2027, en la esfera prioritaria denominada Protección Social, Incluidas la Habilitación y Rehabilitación se han establecido como objetivos para 2027:
Disminuir en 250.000 el número de personas con limitaciones de salud en las actividades habituales que se encuentran en la pobreza o están socialmente excluidas.
Reducir a la mitad, en comparación con las cifras de 2018, el porcentaje de personas con limitaciones de salud en las actividades habituales que viven en hogares que solo pueden pagar los gastos corrientes absolutamente necesarios con gran dificultad.
Que al menos 40.000 personas con discapacidad se beneficien de tecnologías de acceso y dispositivos de asistencia adquiridos a través de fuentes de fondos externos no reembolsables.
Que el cálculo de los gastos adicionales relacionados con la discapacidad se base en las conclusiones del análisis detallado de las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
94.Teniendo en cuenta la importancia de la cuestión de la vivienda en el contexto de la aplicación de las reformas y las inversiones relacionadas con el PNRR, el Gobierno estableció como prioridad la elaboración de una estrategia nacional de vivienda, una labor que quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración.
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
95.La Estrategia Nacional de Vivienda para el período 2022‑2050 se estructura en torno a los siguientes pilares: i) vivienda inclusiva; ii) vivienda asequible y servicios públicos de calidad; iii) transición verde: vivienda segura y sostenible; y fortalecimiento de la capacidad administrativa. A partir de esas directrices generales, en el documento programático se promueve una visión orientada a la participación de todos los actores relevantes para asegurar y promover una vivienda accesible, incluyente, adecuada, sostenible y resiliente, que contribuya a mejorar la calidad de vida.
96.Dentro del pilar relativo a la vivienda inclusiva el objetivo es mejorar, facilitar y simplificar el acceso de las personas de comunidades marginadas y grupos vulnerables a una vivienda y unas condiciones de vida adecuadas. Entre los objetivos relacionados con ese pilar figura la construcción para 2027 de 8.000 viviendas sociales para personas de grupos vulnerables y otras categorías expuestas al riesgo de exclusión social y marginación.
97.Asimismo, dentro del pilar relativo a la vivienda asequible y los servicios públicos de calidad, con la Estrategia se pretende facilitar el acceso a una vivienda adecuada, con un coste asequible, siendo las principales fuentes de financiación el PNRR, componente 10 – Fondos Locales, Programa para la construcción de viviendas de alquiler para jóvenes, que ejecuta el Organismo Nacional de Vivienda (incluyendo las construidas y destinadas exclusivamente al alquiler para jóvenes especialistas en educación o salud); y el Programa para la construcción de viviendas a través de crédito hipotecario, que ejecuta el Organismo Nacional de Vivienda.
98.Con el fin de supervisar la aplicación de la Estrategia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración elaborará cada tres años un informe sobre el estado de la vivienda en Rumania. Para el seguimiento del objetivo específico relativo a la vivienda adecuada a un coste asequible se utilizarán los siguientes indicadores: tasa de hacinamiento; oferta de vivienda asequible; y proporción de los gastos de vivienda en la cesta de consumo mínimo para una vida digna.
99.En el PNRR, a través de su componente 10, figura el compromiso de financiar la construcción de 4.418 viviendas para jóvenes menores de 35 años que provengan de comunidades marginadas o grupos vulnerables, incluidos los asentamientos informales, así como a proporcionar vivienda a los especialistas en las esferas de salud y educación que desarrollen su trabajo en apoyo a estas comunidades (1.104 viviendas).
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
100.En 2021, el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración inició el proceso de seguimiento de la situación de los asentamientos informales en Rumania. Ese proceso se lleva a cabo anualmente tomando como base la información transmitida desde el ámbito local sobre la situación de los asentamientos informales y las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de vida de la población de esos asentamientos, tanto in situ como cuando se considera necesaria su reubicación.
101.Asimismo, el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración se beneficia de la experiencia técnica del Banco Mundial en un proyecto ejecutado en colaboración con el Ministerio de Inversiones y Proyectos Europeos destinado a fortalecer el marco de gobernanza y desarrollar un plan de acción dedicado a mejorar las condiciones de vida de la población en los asentamientos informales.
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
102.El Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración revisó en 2020 las normas metodológicas para la aplicación de la ley que regula los asentamientos informales en Rumania. Según las normas metodológicas, para identificar los asentamientos informales, evaluar su situación y adoptar las medidas necesarias, las autoridades de la administración pública local organizan grupos de trabajo que incluyen, según el caso, a los servicios y personas responsables de: urbanismo y autorización de construcción; control y disciplina en la construcción; registro agrícola; asistencia social; sanidad pública; inversión; asistencia y representación jurídica; policía local; expertos locales en cuestiones de los romaníes; y representantes de la sociedad civil. Los grupos de trabajo tienen la responsabilidad de identificar a los representantes de los habitantes de los asentamientos informales para recabar su participación en la discusión y adopción de las medidas necesarias.
103.Al mismo tiempo, si el asentamiento informal está situado en zonas que requieren reubicación, los representantes de la población afectada por esas medidas participan en la búsqueda de reservas de suelo para la adopción de soluciones de vivienda alternativas o para la construcción de viviendas sociales y de urgencia, así como en la ejecución de la medida de reubicación.
Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
104.En el anexo 7 se detallan los datos disponibles facilitados por las autoridades de la administración pública local sobre los desalojos que se han llevado a cabo en los últimos siete años, así como los datos estadísticos sobre el número de desalojos forzosos, el número de hogares y personas afectados y las viviendas alternativas puestas a disposición de las personas desalojadas.
Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6
105.Recientemente se ha revisado el programa de ayudas para la calefacción doméstica y se han aprobado otras medidas para los consumidores de energía vulnerables. En el anexo 1 figuran los detalles sobre los importes y los requisitos.
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
106.Desde el 1 de abril de 2022, el paquete mínimo de servicios sanitarios en la atención médica ambulatoria incluye, además de los servicios sanitarios, los servicios prestados por psicólogos en la especialidad de psicología clínica, asesoramiento psicológico, psicoterapia y psicopedagogía especial (logopedas y fisioterapeutas) relacionados con el acto médico principal.
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
107.Para garantizar un mejor acceso a los servicios de medicina preventiva, el paquete mínimo de servicios médicos en la atención primaria de la salud incluye: consultas preventivas para los mayores de 18 años una vez cada 3 años, así como consultas activas periódicas para los menores de 18 años. La frecuencia de estas últimas es la siguiente: en el momento del alta de la maternidad y al cabo de 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y 24, 36 meses; a partir de ahí, una vez al año desde los 4 a los 18 años.
108.Las consultas preventivas incluyen reconocimientos paraclínicos y análisis de laboratorio. Las consultas de evaluación que se ofrecen a los menores de 18 años tienen por objeto identificar e intervenir en los trastornos del crecimiento y el desarrollo y en las posibles deficiencias del desarrollo psicomotor del menor. Los servicios preventivos para adultos asintomáticos mayores de 18 años tienen como objetivo identificar e intervenir en relación con los riesgos prevenibles de: enfermedades cardiovasculares y metabólicas, cáncer, salud mental y salud reproductiva.
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
109.En 2021, se realizaron 64.041 pruebas rápidas de detección del VIH y 74.403 pruebas Elisa VIH 1+2. Se realizó el tratamiento y seguimiento de 13.450 personas infectadas por el VIH/Sida y 483 personas recibieron tratamiento tras la exposición a la infección por el VIH.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
110.El aborto legal es posible en las siguientes condiciones: el embarazo es de menos de 14 semanas y el aborto debe realizarse en las instituciones médicas o consultorios médicos autorizados para ese fin por un médico especializado en obstetricia y que ejecuta con derecho a la libre práctica médica en esa especialidad. Una vez finalizado el primer trimestre, la interrupción del embarazo solo está permitida con fines terapéuticos; si se descubren afecciones fetales, generalmente malformaciones que no permiten la supervivencia tras el nacimiento; o si la vida de la madre corre peligro durante el embarazo.
111.La denegación de asistencia médica solo puede tener lugar estrictamente de acuerdo con la ley o si la solicitud del paciente es contraria a la independencia profesional, afecta a la imagen o a los valores morales del facultativo, o no se ajusta a los principios fundamentales del ejercicio de la profesión médica. En todos los casos, el médico habrá de explicar a la persona en cuestión las razones que fundamentan su negativa, se asegurará de que al negarse a prestar los servicios médicos en cuestión no se ponga en peligro la vida o la salud de la persona afectada y, en la medida en que la negativa se base en sus convicciones morales, remitirá a la persona en cuestión a otro colega o a otra unidad médica.
112.La supervisión del modo en que los médicos ejercen su profesión y la resolución de las reclamaciones contra ellos compete a los colegios territoriales.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
113.Los anticonceptivos y los dispositivos médicos para la contracepción se suministran gratuitamente a través de las oficinas de planificación familiar, los consultorios de medicina general incluidos en el Programa Nacional de Salud, los consultorios de obstetricia y ginecología de los ambulatorios especializados y hospitales, así como los departamentos de ginecología donde se practican abortos a petición. Pueden obtenerlos los desempleados, alumnos y estudiantes, personas pertenecientes a familias perceptoras de ayudas sociales, mujeres con residencia estable en el medio rural, mujeres que soliciten un aborto en un centro sanitario público, así como cualesquiera otras personas sin ingresos que formulen una declaración responsable a tal efecto.
114.Desde 2013, la planificación familiar está incluida en el paquete de servicios mínimos de atención primaria de la salud y atención ambulatoria especializada de la salud del que son beneficiarias tanto las personas que tienen la condición de aseguradas como las que no.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
115.Recientemente, por orden del Ministro de Salud, se crearon grupos de trabajo técnicos para la reorganización de los servicios de salud reproductiva y sexualidad y planificación familiar, encargados de: elaborar una estrategia y un plan de acción en materia de salud sexual y reproductiva; redactar o actualizar las directrices de práctica médica en el ámbito de la salud reproductiva y sexualidad y la planificación familiar, actualizando los criterios de elegibilidad; y actualizar las instrucciones sobre la organización de las unidades médicas que prestan servicios de salud reproductiva y sexualidad y planificación familiar, la dotación de personal y las atribuciones del personal.
116.Asimismo, a través del PNRR, se ha abierto la convocatoria para la renovación y equipamiento de consultorios de planificación familiar, y posteriormente se abrirá una convocatoria para la publicidad de esos consultorios y de los servicios que ofrecen.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 4)
117.En el programa nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) se prevé la vacunación de los grupos de población de riesgo, entre ellos el de las niñas del grupo de edad de 11 a 18 años, que se lleva a cabo:
A petición de los padres o representantes legales.
Respetando el principio de equidad y, por tanto, utilizando el mismo producto vacunal en todo el programa de vacunación.
Solo para las niñas que, en el momento de la solicitud, pertenezcan al grupo de edad de 11 a 18 años.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 5)
118.En enero de 2022, el Ministerio de Salud elaboró el Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer. A nivel nacional, el cáncer de cuello uterino sigue representando un importante problema de salud pública, siendo el tercer cáncer más frecuente en la población femenina después del cáncer de mama y el cáncer colorrectal y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en las mujeres después del cáncer de mama.
119.Actualmente se lleva a cabo el Programa Nacional de Cribado de Cáncer de Cuello de Útero, que consiste en la realización de la prueba Babeş Papanicolau cada cinco años, si bien el esquema de cribado es variable a nivel local (redes de cribado establecidas a nivel comarcal) y no supera el 20 % en la segunda ronda de cribado.
120.El Plan Nacional tiene como objetivo reducir en un 15 % el número de fallecimientos causados por el cáncer de cuello uterino mediante el aumento de la eficacia del programa nacional de cribado ‑con redes de centros regionales de cribado, vacunación y tratamiento de lesiones‑, la inclusión de la prueba del VPH en el programa nacional de cribado, la reducción del límite de edad para el cribado y la formación de profesionales en ginecología oncológica y cirugía oncológica.
Derecho a la educación (artículos 13 y 14)
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
121.En 2017, ante los repetidos incumplimientos en el pago de los salarios del personal docente, el Gobierno decidió dar marcha atrás en esa medida de descentralización y volver a sufragar los salarios de los profesores con cargo al presupuesto del Estado. En consecuencia, las sumas necesarias se distribuyen a las inspecciones escolares, que a su vez las entregan a las unidades educativas que gestionan su redistribución entre los centros educativos.
122.Las autoridades locales reciben apoyo del nivel central, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración, y de fuentes externas para la dotación y rehabilitación de las infraestructuras e instalaciones escolares necesarias para una enseñanza y un aprendizaje de calidad.
123.En el componente de Educación del PNRR se prevé la aplicación y financiación de medidas sistémicas destinadas a crear infraestructuras y proporcionar instalaciones adecuadas para el sistema educativo, incluida la digitalización del sistema preuniversitario, para lo que se ha asignado un presupuesto de 30,27 millones de euros. Las medidas se dirigen a la educación preescolar; la educación y formación técnica y profesional (EFTP), incluida la enseñanza agrícola; el primer ciclo de secundaria, con especial atención a las escuelas rurales; y la enseñanza superior. Se prevén inversiones sistémicas en lo que refiere a instalaciones para digitalizar el sistema educativo preuniversitario.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
124.El coste estándar por alumno o niño en edad preescolar, que se sufraga con cargo a la financiación básica del sistema de educación preescolar, ha aumentado constantemente durante el período de referencia y ha seguido haciéndolo en los últimos años.
125.En el período de programación 2014‑2020, a través del Programa Operativo “Capital Humano”, se asignó al eje prioritario Educación y Competencias un presupuesto de unos 1.479 millones de euros, de los que aproximadamente 1.394 millones se destinaron a las regiones menos desarrolladas y aproximadamente 85 millones a la Región de Bucarest‑Ilfov. En el período 2014‑2020 se financiaron varios otros proyectos de educación a través de otros programas operativos: el Programa Operativo “Competitividad” (por ejemplo, inversiones en tecnologías de la información y las comunicaciones), el Programa Operativo “Ayuda a las Personas Desfavorecidas” (por ejemplo, financiación de material escolar), y el Programa Operativo “Capacidad Administrativa” (por ejemplo, aumento de la capacidad institucional del Ministerio de Educación).
126.Durante el período de programación 2021‑2027, el ámbito de la educación recibirá apoyo principalmente a través de las prioridades de inversión del Programa Operativo “Educación y Empleo”, con un presupuesto total de 5.775 millones de euros, financiados a través del Fondo Social Europeo y el presupuesto del Estado. Los objetivos perseguidos en el ámbito de la educación son los siguientes: mejorar la accesibilidad, la calidad y el acceso a la educación y la atención a la primera infancia desde el punto de vista de la rentabilidad y las infraestructuras; prevenir el abandono escolar prematuro; mejorar la calidad de la EFTP con vistas a que evolucione de forma paralela al mercado laboral; y apoyar el desarrollo de métodos y técnicas de enseñanza innovadores y eficaces. Las medidas previstas son complementarias de las inversiones que se prevé financiar con cargo al PNRR.
127.Durante la pandemia, la educación recibió financiación adicional para la aplicación de medidas que garantizaran la continuidad de la enseñanza y la prevención del retraso en el aprendizaje. Como fuente de financiación se utilizaron fondos del presupuesto del Estado, fondos externos no reembolsables y préstamos. Para recuperar y consolidar el sistema educativo, se han asignado a la educación 3.600 millones de euros (un 12 % del total de 29.200 millones de euros) a través del PNRR para financiar las seis reformas previstas que contribuirán a aumentar la calidad y la adecuación de la educación.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
128.La lucha contra el analfabetismo funcional y la prevención y la lucha contra el abandono escolar son dos de los principales retos a los que se enfrenta el sistema educativo en Rumania, que a menudo se abordan conjuntamente.
129.A este respecto, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha proyectos a gran escala, como el Proyecto de Educación Secundaria ROSE y el proyecto Currículo Pertinente, Educación Abierta para Todos CRED.
130.Los esfuerzos ya iniciados con la aplicación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Abandono Escolar Prematuro continúan a través del Programa Nacional para la Reducción del Abandono Escolar, una intervención sistémica financiada por el PNRR con un presupuesto de 543 millones de euros. El objetivo del Programa es reducir el abandono escolar en al menos una cuarta parte en los centros educativos participantes, mejorar los resultados de los alumnos en las evaluaciones nacionales y aumentar el porcentaje de los que completan la educación secundaria, aumentar la participación de los graduados de 8º curso en la evaluación nacional y su tasa de transición a la educación secundaria superior: bachillerato o EFTP. El Programa se dirige a las escuelas con riesgo medio y alto de abandono escolar prematuro.
131.Para el Proyecto Nacional “Rumania Educada”, que se implementará a través de las nuevas leyes de educación y las reformas e inversiones previstas por el PNRR para el componente de educación, se ha fijado el objetivo de reducir a la mitad la tasa de analfabetismo funcional, es decir, que se sitúe por debajo del 20 % en 2030.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 4)
132.Rumania participa en el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa “Escuelas inclusivas: una diferencia para los niños romaníes” (INSCHOOL), cuyo objetivo es promover la educación y la formación inclusivas en las escuelas. El Programa de Educación, Becas, Aprendizaje y Emprendimiento Juvenil, financiado a través de las becas del Espacio Económico Europeo 2014‑2021, incluye un componente dedicado a la minoría romaní.
133.Con el fin de apoyar a los niños y estudiantes pertenecientes a minorías nacionales, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el proyecto Competencia y Eficiencia, orientado a la enseñanza de la lengua rumana a niños y estudiantes pertenecientes a minorías nacionales, cuyo objetivo principal es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua rumana para los estudiantes no originarios del país que estudian en su lengua materna, así como para aquellos que estudian en escuelas con enseñanza en rumano.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 5)
134.En el contexto del cierre de escuelas y la transición a la enseñanza a distancia, paralelamente a la preocupación por dar prioridad a la salud y la seguridad de los alumnos y el personal docente, el principio rector general fue garantizar la continuidad de la educación y el acceso a una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos los alumnos. Las medidas se centraron en:
La continuidad de la educación en línea a distancia, por ejemplo, a través del programa de televisión Teleșcoala, basado en una asociación entre el Ministerio de Educación y la Televisión Estatal Rumana.
El suministro de equipos electrónicos con conexión a Internet para facilitar la participación en la educación en línea, especialmente para los alumnos de grupos desfavorecidos.
El suministro de material de protección de la salud a las escuelas que no disponían de los fondos necesarios para realizar las compras necesarias.
El apoyo a los profesores para facilitar su adaptación a las nuevas condiciones de enseñanza, impartiendo seminarios y sesiones de formación en línea y creando una plataforma digital con recursos educativos abiertos.
La cooperación con el sector privado para proporcionar conexión a Internet.
La puesta en marcha de un programa nacional para la recuperación del aprendizaje perdido, que se ha dirigido especialmente a los alumnos pertenecientes a grupos vulnerables, incluidos los niños romaníes, los que viven en zonas rurales, los que tienen necesidades especiales, etc.
El apoyo y asesoramiento psicológico para velar por el bienestar de alumnos y profesores.
135.Para abordar los problemas de salud mental y el deterioro del bienestar psicológico y físico de los niños en el contexto de la pandemia de COVID‑19, se está llevando a cabo el Programa Nacional de Apoyo a la Infancia en el Contexto de la Pandemia de COVID‑10 – “Cuidado de los niños”, que se puso en marcha en 2021.
Derechos culturales (artículo 15)
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 1)
136.La educación de las personas pertenecientes a minorías nacionales se organiza bien en su lengua materna (en la que todas las asignaturas, con excepción de la lengua y la literatura rumanas, se estudian en la lengua materna), bien en el marco de las escuelas de lengua rumana u otras lenguas (en las que solo las asignaturas específicas de la minoría, a saber, la lengua materna y la literatura de la minoría, así como la historia y las tradiciones de la minoría nacional, se imparten en la lengua minoritaria).
137.En el sistema educativo rumano existen unidades educativas (centros de enseñanza), secciones, clases o grupos en los que se imparte para las minorías nacionales enseñanza en las siguientes lenguas: húngaro, alemán, romaní, ucraniano, eslovaco, serbio, croata, búlgaro, checo, turco e italiano. Además, en otros centros educativos se imparte el estudio de materias específicas de las minorías (lengua materna y literatura, historia y tradiciones de la minoría y, en su caso, educación musical) en armenio, búlgaro, griego, italiano, polaco, romaní, ruso, checo, croata, alemán, húngaro, serbio, eslovaco, turco y ucraniano.
138.Las minorías cuyas lenguas se estudian en el sistema escolar rumano también organizan concursos escolares para los alumnos, financiados con fondos del Ministerio de Educación, que contribuyen al cultivo de la lengua materna y de la historia y las tradiciones de las minorías.
139.Al mismo tiempo, el multiculturalismo y la diversidad se promueven en el programa escolar a través de asignaturas específicas, como la educación intercultural, que se estudia en el primer ciclo de secundaria, así como a través de temas específicos integrados en otras asignaturas y actividades extraescolares.
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 2)
140.En la actualidad, en 17 condados y en Bucarest se imparte la enseñanza en lengua húngara, que abarca también todos los niveles y modalidades de la enseñanza preuniversitaria. En dos de los condados con mayor población húngara (Covasna y Harghita) también se organiza la enseñanza preescolar en esa lengua para los niños que asisten a la guardería.
141.En seis condados, la enseñanza de asignaturas correspondientes a la lengua materna, la historia y las tradiciones y la música propias de la minoría húngara se imparte en esa lengua para los alumnos de esa procedencia que estudian en escuelas con enseñanza en rumano o en otra lengua distinta de su lengua materna.
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 3)
142.En 10 condados, la enseñanza se imparte en lengua romaní, principalmente en los niveles preescolar y primario; en un condado se imparte en el primer ciclo de la enseñanza secundaria; y en el bachillerato en Bucarest. En 37 condados, el estudio de asignaturas específicas de las minorías (lengua y literatura romaníes, historia y tradiciones de la minoría romaní y, en su caso, educación musical) se imparte en esa lengua para los alumnos romaníes que asisten a escuelas con enseñanza en rumano o en otra lengua distinta de su lengua materna.
143.También se aplican enfoques bilingües (romaní‑rumano o romaní ‑húngaro) en el nivel preescolar, y en los últimos tres años se han organizado entre 7 y 10 grupos de guardería de ese tipo al año en ocho condados, en los que se ha atendido a un total de aproximadamente 210 a 225 niños en edad preescolar.
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones E/C.12/ROU/Q/6 (parte 4)
144.En 2021, el Departamento de Relaciones Interétnicas llevó a cabo, por iniciativa propia o en colaboración, varias actividades o proyectos para la preservación y promoción de la lengua, la historia y la cultura de los ciudadanos rumanos pertenecientes a minorías nacionales (véase el anexo 8).
145.El Departamento de Relaciones Interétnicas concedió financiación no reembolsable para 40 proyectos iniciados por ONG —de carácter interétnico, de promoción de la identidad cultural lingüística y religiosa, de promoción de los derechos de los ciudadanos pertenecientes a minorías nacionales y de lucha contra la intolerancia— y a tres publicaciones en lengua romaní. Además, el Departamento reanudó las conversaciones con el Ministerio de Cultura sobre la creación de un Teatro Estatal Romaní en Rumania.
146.Durante 2020 y 2021, el Departamento de Relaciones Interétnicas llevó a cabo un proceso de recopilación de datos sobre la aplicación de las disposiciones legales relativas al derecho de los ciudadanos pertenecientes a una minoría nacional a utilizar su lengua materna en la administración pública local en aquellas localidades en las que el número de ciudadanos pertenecientes a una de esas minorías supera el 20 % de la población. También se pretendía aumentar la concienciación sobre el papel que desempeñan esas entidades en el sistema de protección de las minorías nacionales.