En 2020, la CSJ creó una Oficina de Atención Permanente a Víctimas de violencia en los Juzgados de Paz de la Circunscripción Judicial del departamento Central.
El Módulo de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del Centro “Ciudad Mujer” del MINMUJER articula a 7 instituciones con responsabilidades directas en la ruta crítica de atención y protección a las mujeres en contra de todas las formas de violencia, ampliando de esta forma los servicios de denuncia y atención con un modelo de abordaje integral. A seis años de su inauguración, el Sistema de Información, Registro y Monitoreo (SIRM) del Centro reporta más de 74.000 atenciones, de las cuales 12.625 fueron realizadas en el Módulo de Prevención de la Violencia contra la Mujer, con 37.338 servicios prestados. El Servicio “Ciudad Mujer Móvil” se encarga de disponibilizar los servicios en comunidades remotas.
La línea telefónica gratuita 137 está disponible las 24 horas del día, ofreciendo atención especializada y toma de casos por personal capacitado en valoración de riesgo y derivación de casos, con apoyo de psicólogos especializados en contención emocional.
En el marco de la atención integral a mujeres en situación de violencia, en el 2023, a través de los servicios de atención (SEDAMUR, Centros Regionales y Centro “Ciudad Mujer”) se brindó atención integral a un total de 5.188 mujeres, quienes recibieron 11.985 servicios de atención psicológica, jurídica y social. En los espacios de protección del MINMUJER en el departamento Central y Canindeyú se brindó atención a 164 mujeres, 29 niñas y 26 niños (hijas/os de usuarias) a las/os cuales se brindó un total de 921 servicios de atención integral.
La Casa para Mujeres “Mercedes Sandoval”, ubicada en el departamento Central, ofrece alojamiento, protección, atención psicológica, asesoría legal, atención médica, terapia ocupacional y apoyo educativo a hijos/as de mujeres en situación de violencia.
El MINMUJER promueve la Campaña “Tapabocas 37”, que pone a disposición de las mujeres más de 200 sucursales de la farmacia Puntofarma utilizando la palabra clave “Tapabocas 37”. Esta palabra clave activa de inmediato el protocolo de atención.
Los Centros Regionales de Mujeres, del MINMUJER, proporcionan servicios sociales, psicológicos y jurídicos como parte de las políticas de prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia en los departamentos de departamentos de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Boquerón y San Pedro.
La PN cuenta con un Manual de Actuación Policial y Articulación para la atención integral ante hechos de violencia intrafamiliar, aprobado por Resolución 368/23, donde se establece que las Oficinas Especializadas de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar o Comisarías afectadas se encuentran debidamente instruidas para recepcionar denuncias y realizar su posterior derivación, como así también la adopción de medidas de protección a la víctima.
La Oficina de Género del MP proporciona orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en el proceso judicial, colabora con unidades fiscales y promueve campañas de sensibilización. Esta Oficina cuenta con representantes para recepción de denuncias en el Centro “Ciudad Mujer”, y además trabaja conjuntamente con las unidades fiscales, e impulsa campañas de información y talleres de sensibilización. Asimismo, el Instructivo General 9/11 del MP prevé la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia. De enero a octubre de 2023, la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género logró la condena de 33 personas.
Se han establecido Mesas Departamentales de Prevención de la Violencia (PREVIM) contra la Mujer en cuatro Centros Regionales del MINMUJER, localizados en los departamentos de Alto Paraná, Boquerón, Amambay y Canindeyú. En este contexto, se ha proporcionado asistencia técnica para el uso del “Protocolo Unificado para la asistencia, atención y protección integral a mujeres en situación de violencia”. Además, se desarrollaron jornadas de capacitación y asistencia técnica para representantes de las Mesas. En 2024, con la asistencia técnica del MINMUJER, se instalaron Mesas Departamentales PREVIM en los departamentos de Cordillera y Guairá.
En el 2024 la Gobernación de Boquerón habilitó un albergue transitorio para mujeres víctimas de violencia y, en ese marco, el MINMUJER brinda capacitación permanente al equipo de atención de dicho albergue y a la Secretaría de la Mujer de la Gobernación y su equipo en la implementación del “Protocolo Unificado para la Asistencia, Atención y Protección Integral a Mujeres en Situación de Violencia”.
Se encuentra en vigencia desde el 2020 el “Plan Nacional de prevención y atención a la violencia basada en género desde el Sistema Nacional de Salud 2020-2025. Este documento sistematiza las prioridades para el sector Salud teniendo en cuenta la colaboración de actores claves, y considerando los diferentes tipos de violencia: violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes incluidos el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. De este Plan se desprende, como uno de sus instrumentos principales, el “Manual de Atención Integral a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género en el Sistema de Salud – segunda edición”. El documento contiene lineamientos, orientación y guía para la atención integral a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género, incluidos el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en coordinación con el MINMUJER impulsó la realización de la “Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en Paraguay - ENSIMUP 2021”, con una muestra de 4.000 hogares distribuidos en todo el país, lo cual garantizó la obtención de datos que sirvan para la implementación de políticas públicas que garanticen el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes de todo el país. A partir de esto, se elaboró un informe metodológico que describe el marco normativo, el diseño de la muestra, la etapa de recopilación de datos y los resultados preliminares de la encuesta. Posteriormente, se identificó la necesidad de contar con un documento que incorpore un mayor análisis de los datos cuantitativos obtenidos, así como su comparación con estudios internacionales similares. La encuesta relevó una prevalencia total de 78.5% de la violencia contra las mujeres a lo largo de su vida, y un 40,6% en los últimos 12 meses, este dato recoge el total de mujeres que han pasado por alguna de las formas de violencia: psicológica, económica, sexual y física.
El MSPyBS implementa el “Plan nacional de prevención y atención a la violencia basada en Género 2020-2025” y la II edición del “Manual de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género en el Sistema de Salud”, adoptado en 2021. Para ello, de manera permanente se realizan capacitaciones para profesionales de salud en prevención y atención a la violencia.
En materia legislativa, se aprobó la Ley Nº6281/19, “Que establece la obligatoriedad de incluir mensajes sobre violencia contra la mujer en las boletas de servicios públicos de energía eléctrica y agua potable”.
Se implementó el “Programa Socio educativo para hombres o masculinidades positivas” en cuyo marco se desarrolló, con facilitación de especialistas extranjeros, el curso de capacitación “Hombres por la Igualdad” y el modelo de contención emocional “Hombres en crecimiento: Grupo de reflexión para prevenir el maltrato familiar” en los cuales han participado funcionarios varones del MINMUJER y del MSPyBS y agentes de la PN.
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) promueve la campaña #TodosSomosResponsables, para la prevención del abuso sexual y violencia hacia niñas, niños y adolescentes, además del proyecto “Niños, niñas y adolescentes libres de violencia” que contribuyen a reducir la violencia en la infancia y adolescencia que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad en los territorios de Alto Paraná, San Pedro, Central, Caaguazú, abarcando tres ciclos de vida: primera infancia, niñez y adolescencia.
A través de la Resolución del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA 04/2021) se aprobó la “Ruta de Intervención Interinstitucional de Atención Integral del Abuso Sexual hacia niños, niñas y adolescentes” construida mediante un trabajo articulado entre organismos del Estado y de la Sociedad Civil.
El MINMUJER ha promovido diversas campañas de concientización, como “Lazo Naranja”, “Kuña, ñañopytyvõ ñaguahẽ hag̃ua” (“Mujeres, ayudémonos para llegar”), Noviazgo sin Violencia”, “Tapabocas 37”, “Hablemos a Tiempo”, y “Violencia Visible” para sensibilizar a la población sobre la gravedad de la violencia doméstica y orientar a las personas que desean realizar denuncias. La campaña METETE “Podemos evitar más feminicidios” se implementa desde 2019 con el propósito de llegar al entorno de las mujeres que son víctimas, usando el concepto de que es necesario involucrarse y denunciar si un/a conoce un caso de violencia.
El proyecto “Promovida Conciencia Social e Institucional sobre la Violencia contra las mujeres basada en género en cinco municipios del departamento de Itapúa, Paraguay” implementado por la Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en alianza con el MINMUJER y el MSPyBS, desarrolló jornadas de sensibilización de “Noviazgo sin Violencia” colegios, así como capacitaciones a docentes, jueces y juezas de paz de Encarnación. Asimismo, capacitó a efectivos de la PN en el marco de la Ley 5777/16, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia” en Encarnación, Cambyreta y Coronel Bogado. También se implementó la Campaña “Hablemos a Tiempo” con el objetivo de instalar la problemática de la violencia en sus distintos ámbitos, así como dar difusión y visibilidad a las herramientas institucionales de apoyo y asistencia con las que cuentan las mujeres paraguayas. En el marco de la campaña, se realizó el “Seminario sobre el abordaje de la violencia de género contra las mujeres en el siglo XXI”, en el que se presentó la situación de la violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe y los avances en políticas públicas.
De manera a articular acciones para garantizar el acceso a la justicia por parte del las personas trans, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil promueven la Mesa Multisectorial sobre la situación de los Derechos Humanos de Personas Trans en el Paraguay, que mantuvo encuentros los años 2022 y 2023, con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), el MEC, el MSPyBS, el MJ, el MP y la CSJ, así como la organizacion no gubernamental Panambí, integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
En el ámbito del PJ, se ha avanzado en la construcción de fichas metodológicas de indicadores de violencia contra las mujeres. Este proceso, que inició en 2022, fue fundamental para actualizar los registros de causas ingresadas en materia de violencia familiar y doméstica, así como para visibilizar las cifras de causas ingresadas y condenas por feminicidio y tentativa de feminicidio. Además, en noviembre de 2023, se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la CSJ y el INE, con el objetivo de consolidar un Sistema Nacional de Datos y Estadísticos e Información de Violencia contra las Mujeres.
El MINMUJER impulsa el Observatorio de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dedicado al monitoreo de situaciones y servicios de atención en casos de violencia contra las mujeres, incluyendo los casos de feminicidio a nivel nacional. Este observatorio recoge datos directamente de agentes fiscales y/o la policía nacional, lo que garantiza la fiabilidad de la información compilada. Asimismo, mediante la Resolución Nº297/2020, el MINMUJER aprobó la creación de la “Red de Observatorios – Mujer”, conformada por 63 instituciones públicas y privadas, de la academia y organizaciones de la sociedad civil, a fin de entrelazar registros sobre violencia contra mujeres en toda su diversidad, con datos de la víctima, del agresor, nivel educativo, ocupación, nivel de ingreso, datos del caso, condición legal, datos sobre denuncias, entre otros.
El MINMUJER, en coordinación con el INE, en el marco del Programa Paraguay por un Desarrollo Sostenible financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por La Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), ha iniciado los trabajos para la construcción del Sistema Unificado y Estandarizado de Registro (RUVIG), con el objetivo de fortalecer la recolección y uso de registros administrativos sobre servicios prestados en casos de violencia de género, por mandato de la Ley Nº5.777 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”.
En marzo de 2019, se instauró el Observatorio Criminológico del MP, cuyo eje central es la elaboración de informes relacionados a hechos punibles de impacto social, entre ellos, Violencia Familiar, Feminicidio, Hechos punibles contra menores y contra los Derechos Humanos. En 2023, por medio de la Resolución FGE N°5442, se pone en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión Electrónica de Casos – Módulo Cuaderno de Investigación Fiscal (SIGEC-CIF), diseñado como herramienta tecnológica para mejorar la eficacia y seguridad en la gestión y seguimiento de las causas penales.
El Observatorio de Género dependiente de la Secretaría de Género del PJtrabaja en la elaboración de indicadores estadísticos, recopilando y actualizando datos sobre denuncias de casos de violencia doméstica en Juzgados de Paz, y en la Oficina de Atención a Víctimas; causas ingresadas y condenas sobre abuso sexual y pornografía infantil; y condenas por feminicidio.
El MDP cuenta con un protocolo de atención para personas pertenecientes al colectivo LGTBI que acudan a todos los servicios del Ministerio de la Defensa Pública.
Asistencias del MDP a la colectividad LGTBIQ+
|
Año |
Cantidad |
|
2020 |
44 |
|
2021 |
50 |
|
2022 |
60 |
|
2023 |
40 |
Trata y explotación de la prostitución (art. 6)
La Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas en el Paraguay cuenta con un Plan Nacional 2020-2024. Actualmente, se encuentra en estudio de la Mesa Interinstitucional el proyecto de instalación del Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a víctimas de la trata.
El MINMUJER elaboró el Manual de Procedimiento Metodológico para la atención en el contexto institucional a personas afectadas por la trata de personas. El objetivo de este manual es que los servicios integrales sean fortalecidos y mejorados para la atención de las personas afectadas por la trata de personas en todos sus fines.
Además de abordar la atención a las víctimas de trata de personas, desde el MINMUJER en coordinación con la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE) dependiente del MRE, se trabaja en la protección de personas migrantes, refugiadas y apátridas que se encuentran en territorio nacional.
La Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del MP se encuentra trabajando en un proyecto de “Protocolo de actuación interinstitucional, para el abordaje de la situación con niñas, niños y adolescentes indígenas, víctimas de hechos punibles y de vulneración de derechos en general”, elaborado en el marco del proyecto “Mejora de la capacidad de respuesta institucional de la trata de personas y delitos conexos”, ejecutado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y financiado con el apoyo de la AECID, con la finalidad de contribuir al proceso de articulación interinstitucional para el abordaje y la respuesta ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas. Además, se prevé la revisión y actualización del Manual para la Investigación Penal de la Trata de Personas y del Manual de Procedimientos Operativos.
La implementación del Proyecto Eurofront, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene en Paraguay como punto focal a la Unidad Especializada del MP. En ese marco, se elaboró un Manual de capacitación sobre la trata en triple frontera con una perspectiva de derechos humanos, de género, interculturalidad e interseccionalidad, proceso que incluyó actividades de formación para funcionarios de frontera y la implementación de una ruta de intervención validada por las instituciones involucradas. Este proyecto también trabaja en la elaboración de un proyecto de ley sobre el tráfico ilícito de migrantes, con un enfoque de derechos humanos.
Se cuenta con equipos multidisciplinarios de atención a víctimas de trata. Cabe señalar que los recursos humanos asignados a las intervenciones coordinadas en situaciones de trata de personas cuentan con especializaciones en derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, derechos laborales, salud, educación, atención a víctimas del delito y defensa pública.
El MINNA implementa el Programa de Atención Integral a Víctimas de Trata y Explotación Sexual (PAIVTES), que articula estrategias institucionales para la prevención, protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes, a fin de contribuir en la erradicación de la trata y explotación sexual. El programa cuenta con un Centro de Protección especializado para niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual, con atención integral.
Niños, niñas y adolescentes atendidos por PAIVTES del MINNA
|
Casos |
Sexo femenino |
Sexo masculino |
||||
|
2022 |
2023 |
Total sexo femenino |
2022 |
2023 |
Total sexo masculino |
|
|
Trata |
5 |
7 |
12 |
2 |
4 |
6 |
|
Explotación Sexual de Niño, Niña o Adolescente |
27 |
42 |
69 |
1 |
8 |
9 |
|
Otras vulneraciones |
4 |
1 |
5 |
– |
– |
– |
|
Total |
36 |
50 |
86 |
3 |
12 |
15 |
El MINMUJER dirige sus acciones principalmente hacia la prevención, denuncia y protección integral de las víctimas a través de campañas, capacitaciones y talleres de sensibilización, dirigidas al sector público y privado vinculados a la prevención o detección de posibles casos de Trata de Personas; articulación a través de la Mesa interinstitucional para la prevención y combate a la Trata para la creación y fortalecimiento de instancias a nivel departamental y distrital; y la atención integral y especializada a las mujeres afectadas por la trata mediante los Centros Regionales de Referencia, el albergue transitorio para las víctimas y el programa de reinserción social a víctimas.
Desde la Unidad Especializada de Trata del MP se implementan mecanismos que posibilitan la pronta atención de situaciones de trata de personas, desde la realización de la denuncia, para lo cual trabaja coordinadamente con el MRE, MINMUJER, el MINNA y la PN. Asimismo, se garantiza un abordaje especializado a través de un equipo técnico multidisciplinario integrado por profesionales psicólogos, trabajadores sociales y abogados, quienes intervienen con las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. Este equipo trabaja para minimizar la re victimización y para facilitar el acceso a la justicia articulando acciones con otras instituciones.
A través de la Dirección del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, el MP implementa medidas de asistencia y protección destinadas a testigos, víctimas-testigos, colaboradores eficaces y otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por el hecho de cooperar con la justicia en el marco de un proceso judicial. La Dirección del Programa mantiene absoluta reserva sobre las causas en que toma intervención. Además, el MP cuenta con un Centro de Atención a Víctimas (CAV), que experimentó mejoras con el fin de ofrecer privacidad, seguridad y espacio digno a quienes asiste. En ese marco, se inauguraron nuevas oficinas del CAV en las sedes del MP de Caaguazú y de Encarnación y se habilitaron nuevos espacios para la evaluación a víctimas en las sedes de Villarrica y de Quiindy. De esta manera, las víctimas son atendidas en la zona donde residen, y se evita su desplazamiento, cumpliendo así las recomendaciones de las 100 Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago.
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) por Resolución N°837/2021 “Por la cual se aprueba el procedimiento de atención a solicitudes de inclusión preventiva de personas/familias, a los programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, provenientes de otras instituciones públicas” prioriza a víctimas de trata de personas. En ese mismo marco, se cuenta con un subsidio de repatriación que otorga la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, que se otorga con prioridad a víctimas de trata de personas.
El Departamento de Estadística del MP sistematiza los datos sobre causas abiertas referidas a la trata de personas. Tal como se puede visualizar en el cuadro a continuación, los resultados exponen la especial vulnerabilidad de las mujeres frente a este hecho punible.
|
Trata de Personas |
Proporción de mujeres y varones víctimas de trata de personas (Total país ) |
|||||||
|
Año |
Denuncias recibidas |
Ingreso al Poder Judicial |
Condenas privativas de libertad |
Año |
Sexo |
|||
|
F |
M |
Sin dato |
Total |
|||||
|
2017 |
110 |
33 |
4 |
|||||
|
2018 |
103 |
19 |
3 |
2018 |
68,7 % |
26,0 % |
5,3 % |
100,0 % |
|
2019 |
134 |
19 |
3 |
2019 |
81,6 % |
16,2 % |
2,2 % |
100,0 % |
|
2020 |
114 |
21 |
1 |
2020 |
71,7 % |
27,7 % |
0,6 % |
100,0 % |
|
2021 (1°Semestre) |
39 |
7 |
0 |
2021 Enero-Julio |
89,3 % |
10,7 % |
0,0 % |
100,0 % |
|
Total |
500 |
99 |
11 |
Fuente: Ministerio Público. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Procesamiento: Dirección de Planificación. Departamento de Estadística.
Obs ervaciones: los datos corresponden al momento de la denuncia, pudiendo variar la tipificación del hecho en el transcurso de la investigación.
En el periodo 2021-2023, la Unidad Especializada de Trata del MP ingresaron 169 denuncias y se realizaron 67 allanamientos, logrando la protección de 27 víctimas en operativos nacionales y 11 en operativos internacionales, con 24 personas condenadas y 42 imputadas. La Dirección de Trata del MP asistió a un total de 245 víctimas: 206 mujeres (de las cuales 26 eran niñas o adolescentes) y 39 varones (de los cuales 9 eran niños o adolescentes).
En el marco de la Ley 3940/09, “Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)”, y las medidas adoptadas para castigar el trato discriminatorio y el estigma contra las mujeres y niñas que viven con VIH/SIDA, incluidas las mujeres que ejercen el trabajo sexual, se están llevando a cabo diversas intervenciones para proporcionar apoyo y servicios a las trabajadoras sexuales. El Departamento de Educación del PRONASIDA, en colaboración con la ONG Unidas en la Esperanza, está implementando intervenciones en el marco de la estrategia de prevención combinada. Estas intervenciones incluyen la provisión de información sobre VIH, infecciones de transmisión sexual y reducción de daños, así como la realización de pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y C, así como la entrega de preservativos con el objeto de vincular a aquellas personas que necesiten los servicios de salud. Además, se está trabajando en la sensibilización en derechos humanos y la Ley 3940/09, “Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH y el SIDA, con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación en los servicios de salud hacia las trabajadoras sexuales. En esta línea, se ha establecido una estrategia de abordaje en campo, en la que las mujeres trabajadoras sexuales denominadas educadoras pares son las encargadas de difundir información y proporcionar apoyo a sus compañeras. Esta estrategia pretende reforzar la prevención, el acceso a los servicios de salud y la eliminación del estigma y la discriminación.
El Mecanismo Coordinación País Paraguay (MCP Paraguay) es una instancia de asociación integrada por el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales de cooperación que actúan en el campo del VIH/sida, la Tuberculosis y la Malaria. Fue constituida en Paraguay en julio de 2002. El MCP tiene la responsabilidad de desarrollar y presentar al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM) las propuestas para el otorgamiento de subvenciones en el país en base de las necesidades prioritarias y consensuadas. Luego de la aprobación de la subvención, es responsable del monitoreo estratégico de los proyectos, tanto en los aspectos programáticos como financieros. Esta instancia multisectorial está integrada tanto por el sector gubernamental como por el no gubernamental, incluyéndose a la sociedad civil. Entre estas organizaciones tienen representación, como población clave, las mujeres trabajadoras sexuales (MTS). Entre algunos de los proyectos ejecutados en el marco de las subvenciones del Fondo Mundial se pueden señalar los siguientes: Expansión y Sostenibilidad de la respuesta al VIH; Hacia la Sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH y Disminuyendo brechas para reducir la incidencia del VIH y la mortalidad relacionada al Sida.
Asimismo, se ha capacitado a MTS como facilitadoras judiciales, para que apoyen a sus compañeras que están en conflicto con la ley o la PN, de manera a asegurar su acceso a la justicia.
IV.Parte II (artículos 7 al 9)
Participación en la vida política y pública (art. 7)
El proyecto de ley de “Paridad Democrática” fue presentado a la Cámara de Senadores el en 2016, habiendo sido girado para su estudio y dictamen a las Comisiones Asesoras Permanentes de: Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; y Equidad y Género. En el trámite legislativo, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones que desdibujaban la esencia de la propuesta, por cuanto en segunda vuelta, la Cámara de Senadores rechazó las modificaciones introducidas. Finalmente, el Poder Ejecutivo objetó totalmente el texto sancionado, veto que fue aceptado por la Cámara de Diputados, quedando archivado el proyecto de ley.
El IV Plan Nacional de Igualdad (PlaNI) consagra el Empoderamiento para la toma de decisiones como uno de sus ejes-derecho. A fin de promover la participación política, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estableció, en 2017, la Unidad de Participación Políticay laUnidad de Políticas de Género (actualmente Dirección de Políticas de Género), que desarrollan programas de promoción, sensibilización y motivación, en tres ejes principales: Empoderamiento político de las mujeres, Visibilidad de las mujeres y Producción de datos estadísticos. Entre las capacitaciones realizadas, se destacan los conversatorios “Conversaciones políticas entre mujeres líderes” y “Mujeres en Política y Uso de la Tecnología”, que han reunido a destacadas figuras políticas y expertas en diferentes temas relacionados con la participación de las mujeres en la vida política. En el año 2022, fueron capacitadas 150 mujeres precandidatas sobre temas relacionados a la contienda electoral, así como sobre el conocimiento de los derechos y obligaciones en virtud al rol asumido. En 2023 se capacitó a candidatas, con el objetivo de desarrollar herramientas fundamentales con miras a las Elecciones Nacionales y Departamentales del presente año. En total, 240 mujeres fueron candidatas a cargos electivos en las elecciones del 30 de abril de 2023.
Se desarrollaron seminarios, talleres y charlas, tales como Taller “Estereotipos Culturales y Liderazgo con Perspectiva de Género”; Seminario taller “Liderazgo político con perspectiva de género”; Taller de Formación “Género y Elecciones”, “Liderazgo de las mujeres de social a lo político” conjuntamente con el MJ, en el marco del Programa Casas de Justicia; Seminario sobre Violencia Política de Género (dirigido a Fiscales, Magistrados y funcionarios Electorales); y Charla “Ronda de Tereré” como espacio de reflexión acerca de la importancia de la participación política de las mujeres.
Defensoras de los derechos humanos (art. 7)
En 2021, por medio de resolución, el MP designó a los agentes fiscales que conforman la Unidad Especializada de DD. HH, a intervenir en la investigación de los hechos punibles contra periodistas y la Fiscalía Adjunta estableció directrices en investigaciones de causas penales por supuestos hechos punibles contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el ejercicio de su labor. El CEMP promueve la capacitación de fiscales en investigación de crímenes contra trabajadores de prensa, dentro del Proyecto “Promoviendo la protección y seguridad de periodistas desde el Ministerio Público”.
La instalación de la Mesa Multisectorial para Seguridad de Periodistas, integrada por los Poderes del Estado, el MP y gremios de periodistas, articula y diseña planes y protocolos, a través de la Carta-intención firmada entre el Paraguay y la UNESCO, en 2016, como parte del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. En esa línea, fue elaborado un Manual para Periodistas en situación de riesgo y/o amenaza.
Por Resolución 538/17, el MI aprobó un Protocolo de Seguridad para periodistas en situación de alto riesgo.
El MINMUJER y el INDI trabajan de forma coordinada en materia de abordaje a la violencia contra las mujeres indígenas. En este contexto, se encuentra en fase de desarrollo el “Informe de diagnóstico sobre la violencia de género contra las mujeres indígenas en Paraguay”, así como en el documento “Abordaje de la violencia contra las mujeres indígenas” que compila todos los acuerdos con las instituciones públicas que participan de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia; y en un Manual de Capacitación para el funcionariado público sobre violencia contra mujeres indígenas.
El Poder Legislativo ha iniciado el estudio de dos proyectos de ley que abordan la protección a periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos. Ambos proyectos se encuentran en su primer trámite constitucional.
Registro de nacimientos
La Dirección General del Registro Civil (DGRC) realiza campañas continuas de inscripción a nivel nacional, con un enfoque particular en comunidades indígenas y zonas rurales. Además, ha establecido convenios interinstitucionales, como con el MINMUJER, para brindar asistencia documental a mujeres en situaciones vulnerables y garantizar su acceso al registro de nacimientos, y acompaña diferentes programas de gobierno, brindando servicios documentales y registrales.
V.Parte III (artículos 10 al 14)
Educación (art. 10)
El MEC ha invertido recursos económicos para mejorar la infraestructura escolar, en especial en zonas rurales. Con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) administrados por Municipalidades y Gobernaciones se ejecutaron proyectos arquitectónicos y de mobiliario en establecimientos educativos de todos los distritos del país.
En el marco del Proyecto “Mejora de la Accesibilidad a la Educación”, en 2021 se estableció el Centro de Apoyo a la Educación Multimedia en Paraguay (MEC Digital), a través de la alianza estratégica con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MITIC) y la Agencia Coreana de Cooperación (KOIKA), con una duración de 5 años, el cual se encarga de difundir contenidos multimedia de calidad en el canal educativo y una plataforma en línea para la modalidad de Educación Media Abierta. Además, se encuentra en desarrollo el Proyecto “Fortalecimiento y Modernización de Laboratorios de Bachilleratos Técnicos Industriales – LAB-BT”, para el fortalecimiento de 17 laboratorios de Bachillerato Técnico Industrial en 12 instituciones educativas.
Inversión en infraestructura en instituciones educativas del país
|
Año |
Inversión G. |
Dólares americanos |
Porcentaje de inversión en zona rural |
|
2017 |
1 997 693 570 |
273 657 |
0 % |
|
2018 |
15 099 373 745 |
2 068 407 |
32 % |
|
2019 |
36 776 261 161 |
5 037 844 |
91 % |
|
2020 |
3 765 000 000 |
515 753 |
100 % |
|
2021 |
14 365 284 622 |
1 967 847 |
50 % |
|
2022 |
15 402 344 466 |
2 109 910 |
45 % |
|
2023 |
0 |
0 |
0 % |
|
Total |
62 889 843 286 |
11 973 419 |
Desde el 2022 el MEC implementa el “Proyecto de Educación de calidad para niños y niñas fuera de la escuela con el apoyo de la Fundación Education Above II (EAA) de Qatar y UNICEF, con el objetivo aumentar las ofertas de servicios educativos flexibles para la disminución de la deserción escolar, aumentar la permanencia y culminación escolar en los tres ciclos de la educación escolar básica. Cuenta con un plazo de ejecución de 3 años y serán beneficiados 30.000 niños y niñas de una franja etaria de 6 a 14 años que se encuentran fuera del sistema escolar. Su implementación contempla cubrir los departamentos geográficos de Central, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro, Caaguazú y Concepción.
El Programa de Becas Tercer Ciclo y Educación Media es un servicio educativo que implementa el MEC dentro de sus programas compensatorios. Consiste en un apoyo económico en concepto de beca, dirigido a estudiantes en situación socioeconómica vulnerable para ofrecer alternativas que contribuyan al acceso, a la permanencia y culminación oportuna con calidad en el Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media del Sistema Educativo Nacional. A su vez, la Dirección de Becas ha beneficiado en igualdad de condiciones a estudiantes de tercer ciclo de la Educación Escolar Básica y Educación Media.
Durante el periodo 2017-2021 el MEC ejecutó programas, campañas y planes en matemáticas con la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMAPA), mediante la realización anual de la Olimpiada Nacional de Matemática, Olimpiada Kanguro y Olimpiada de Informática Aguarandu; y en tecnología y ciencia se implementa el Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie”.
En el año 2018, el MEC con apoyo de la sociedad civil ejecutó el Proyecto JAHASA – “Inclusión Financiera de Mujeres Jóvenes Rurales” como una manera de facilitar el acceso y uso de servicios financieros y de tecnologías.
Para dar cumplimiento a la Ley N.º 4084, “De protección a las estudiantes en estado de gravidez y maternidad” se dispusieron medidas como la implementación de la Guía de actuación en el ámbito educativo ante la detección de acoso o abuso sexual en la niñez y adolescencia – Versión 2/2023 aprobada mediante la Resolución 288/2023. Esta guía posee lineamientos a ser aplicados en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades que se rigen por el MEC. Contiene indicadores para identificar casos de acoso o abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, así como la ruta de atención, estableciendo el abordaje hacia las estudiantes embarazadas a través de la prohibición de la desmatriculación de la estudiante, así como varios aspectos relacionados con el combate del abandono escolar.
El Programa de Atención Integral a la Niñez y la Familia (PAINF) del MEC ofrece servicios de cuidado a los hijos e hijas de estudiantes, de cuatro meses a ocho años, en catorce Centros de Recursos de Educación Permanente (CREP) de todo el país.
Empleo (art. 11)
En el ámbito nacional, la igualdad salarial se encuentra garantizada en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 92. Asimismo, a nivel legislativo se está avanzando en el tratamiento del proyecto de Ley “Que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el sector público y privado”.
El MTESS se encuentra elaborando protocolos específicos de fiscalización que abordan diversas temáticas relacionadas con la igualdad de género en el ámbito laboral. Entre estos protocolos, se incluye uno general de inspección con perspectiva de género, que permitirá recabar indicadores precisos sobre distintos tipos de discriminación, incluida la desigualdad salarial.
El MTESS trabaja en acciones que promueven la equiparación de derechos y condiciones laborales dignas para el trabajo doméstico. La aprobación de la Ley 6338/19, “Que modifica el artículo 10 de la Ley 5407/15”, ha equiparado el salario doméstico al mínimo legal vigente para este sector. ElServicio de Atención de Asuntos Laborales (SAAL) del MTESS recibe denuncias sobre incumplimiento de la normativa laboral y ofrece asesoramiento legal gratuito.
En el sector público, el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa políticas de gestión y desarrollo de personas con procesos meritocráticos para el ingreso a la función pública. Además, se encuentra Ley N°2479/2004 que “Establece la obligatoriedad de la incorporación de Personas con Discapacidad (PcD) en las Instituciones Públicas, modificada por Ley N°3585/2008, reglamentadas por Decreto N°6369/2011; Decreto 3379/2020, reglamenta la Ley Nº4962/2013, de “Beneficios para los Empleadores, a los efectos de Incentivar la Incorporación de Personas con Discapacidad en el Sector Privado”. A partir de esta adecuación normativa, se ha observado mejoras en la incorporación de PcD en la función pública.
Datos Estadísticos de PcD, clasificados por sexo en la administración pública
|
Personas con Discapacidad, distribuido por Género en la Administración Pública |
||
|
Año |
Hombres |
Mujeres |
|
2018 |
67 % |
33 % |
|
2019 |
65 % |
35 % |
|
2020 |
63 % |
37 % |
|
2021 |
63 % |
37 % |
|
2022 |
62 % |
38 % |
|
2023 |
62 % |
38 % |
El VCHGO elabora de forma periódica el informe sobre la composición del funcionariado de los tres Poderes del Estado, clasificado por sexo, respecto a categorías y nivel de ingresos, cuyos resultados correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se encuentran disponibles en línea.
Con respecto a la inclusión de medidas especiales a fin de promover su inclusión en el empleo privado de las personas con discapacidad, a nivel nacional existe una Ley, la Nº 4962/2013, “que establece beneficios para los empleadores, a los efectos de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado”, que de momento no cuenta con reglamentación, por lo cual aún está pendiente de implementar. No obstante, el MTESS trabaja en coordinación con la Fundación Saraki en procesos de formación e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del impulso de la iniciativa “Sello Empresas Inclusivas: Empresas In”. Este programa reconoce y promueve el trabajo realizado por empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en materia de inclusión laboral y accesibilidad. Asimismo, a través del Programa SAPE´A 2.0, en asociación con Plan International Paraguay y financiado por la Agencia AECID, el MTESS trabaja en el acceso a la formación profesional y al empleo digno con un enfoque inclusivo y diferencial.
La ley 5508/2015 “De promoción, protección de la maternidad y el apoyo a la lactancia materna” fue modificada y ampliada en los términos de la ley 6453/2019; incorporando al PJ, la CSJ, el MDP, el MP e instituciones de educación superior, además de establecer sanciones en caso de incumplimiento de la implementación de salas de lactancia.
Se encuentra en fase de estudio el proyecto de ley “De Protección de Maternidad Vulnerable”, quetiene por objeto garantizar la atención, acompañamiento y protección de la mujer embarazada que tenga dificultades en la gestación por razón de edad, violencia, abuso, enfermedad, peligro físico, pobreza o indigencia, situación familiar, laboral, social, de estudios o por cualquier otro motivo que pueda derivar en un supuesto de vulnerabilidad, brindando herramientas necesarias para la tutela de la madre.
La Política Nacional de Cuidados en Paraguay (PNCUPA), que reconoce la importancia de redistribuir las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres y mujeres, y la corresponsabilidad del cuidado entre familia, Estado y sociedad se encuentra en fase de aprobación. Esta política ha sido adoptada como prioridad nacional y se han realizado avances significativos en su implementación, incluyendo la conformación de la Comisión Interinstitucional de Cuidados y la elaboración del Plan de Acción correspondiente.
En el ámbito laboral, el MTESS está trabajando en el fortalecimiento de los servicios de atención de asuntos laborales, con especial atención en el trabajo doméstico remunerado y la violencia laboral. Se están unificando los protocolos de prestación de servicios y se realiza la verificación de salas de lactancia en los lugares de trabajo. Además, el MTESS implementa programas de formación y capacitación para mejorar el acceso de las mujeres al empleo formal, incluidos los puestos de gestión o decisión. Se han lanzado estrategias como “Emplea Igualdad” y se han habilitado plataformas como EmpleaPy para facilitar el acceso al mercado laboral. En el Centro “Ciudad Mujer”, el MTESS coordina el Módulo de Empoderamiento Económico, que ofrece un cronograma de cursos y capacitaciones, orientación e intermediación laboral, fortalecimiento de emprendedoras y conocimiento de los derechos económicos de las mujeres.
La Ley N° 5407/15 “del Trabajo Doméstico” establece la edad mínima de 18 años para ejercer el trabajo doméstico, contribuyendo así a la protección de los derechos de los niños y adolescentes. El MTESS lleva a cabo acciones de difusión de esta ley y de sensibilización a la población sobre la situación de las niñas que realizan trabajos domésticos y sus derechos. Se ha desarrollado un programa de sensibilización conjunta con el MINNA, dirigido a los referentes de las oficinas de Consejos Departamentales de la Niñez y Adolescencia (CODENIs) de todo el país. Además, se han realizado capacitaciones virtuales a los referentes de las oficinas CODENI en todo el país.
En cuanto al proyecto de ley “Que tipifica el trabajo infantil peligroso y el criadazgo”, presentado por el Poder Ejecutivo en el año 2016; fue girado para su estudio a las Comisiones Asesoras de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y Desarrollo Social. Habiendo emitido dictamen la Comisión de Equidad y Género; y se cuenta con el parecer técnico de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) y la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y del Adolescente (CONAETI).
En torno a la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay 2019-2024, se realizaron diversas acciones para controlar el trabajo adolescente y promover el trabajo decente para los adolescentes en situación o en riesgo de formas de trabajo infantil. Se ha capacitado a representantes de las CODENIs sobre el Registro Adolescente Trabajador (RAT) en varios distritos del país. Además, se llevaron a cabo fiscalizaciones a empresas para detectar trabajo infantil o adolescente no protegido, así como acciones para suspender laboralmente y multar a empresas por vulneración de derechos de trabajo adolescente.
El MINNA impulsó la campaña #HayPromesasPeligrosas, para prevenir y crear conciencia sobre la trata de personas con finalidad de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes.
El MTESS verifica a través de procedimientos generales y específicos de inspección las denuncias por hechos de violencia laboral, incluidas las exigencias de pruebas obligatorias de embarazo y VIH en los procedimientos de contratación. Además, ha adoptado la Resolución Nº 388/19, “que crea la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral y establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual en los lugares de trabajo dentro de las empresas”, y está trabajando en un protocolo específico de inspección y fiscalización para los casos de violencia laboral, tanto física como sexual y psicológica, que permitirá un mayor control del cumplimiento normativo y la aplicación de sanciones correspondientes, incluyendo situaciones de exigencia de pruebas de embarazo y VIH en los entornos laborales.
Salud (art. 12)
Si bien no se cuenta con una ley especial sobre salud sexual y reproductiva, el Estado Paraguayo reconoce y garantiza el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para todas las personas, tal como se estipula en el marco jurídico nacional. El MSPyBS, como rector en el ámbito de la salud, tiene la obligación y el compromiso de hacer cumplir lo establecido en el marco jurídico nacional a través de la construcción e implementación de políticas, planes, programas y normativas públicas basadas en la última evidencia científica disponible. En ese sentido, el “Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2019 - 2023” se basa en los marcos legales y normativos que garantizan una atención de calidad con enfoque de derechos y de género. Articula aspectos de la gestión, procesos sistemáticos de producción, actualización del conocimiento y asignación de recursos, desarrollando estrategias para mejorar los indicadores de salud sexual y reproductiva priorizados en el país, contribuyendo así en el avance hacia el acceso universal de la salud y al desarrollo sostenible. Actualmente, se encuentra en construcción el borrador del nuevo Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
En 2024, 3l presupuesto asignado a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MSPyBS es de 15.262.550.285 guaraníes. El 95%, se destina a la compra de métodos anticonceptivos y medicamentos e insumos de Kit de Parto, dando así cumplimiento al Eje Estratégico IV del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva: aseguramiento de insumos y medicamentos de salud sexual y reproductiva.
Presupuesto para salud sexual y reproductiva
|
Año |
Presupuesto asignado |
Ejecutado |
% Ejecución |
|
Año 2017 |
199 174 724 753 |
190 344 043 742 |
96 % |
|
Año 2018 |
201 653 871 938 |
172 044 152 723 |
85 % |
|
Año 2019 |
259 925 558 523 |
175 658 221 606 |
68 % |
|
Año 2020 |
258 423 793 734 |
243 710 170 142 |
94 % |
|
Año 2021 |
265 582 507 364 |
248 181 585 307 |
93 % |
|
Año 2022 |
262 129 852 103 |
228 504 249 076 |
87 % |
|
Año 2023 |
276 667 382 397 |
244 851 087 068 |
89 % |
|
Año 2024 |
280 799 634 819 |
35 089 717 843 |
12 % |
Entre el 2019 y el 2023 se ha capacitación a 2.747 profesionales de la salud en planificación familiar, a 2.888 profesionales en Código Rojo, a 2.557 en atención prenatal y a 200 en manejo y atención del parto.
El Módulo de Salud Sexual y Reproductiva coordinado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que funciona en el Centro “Ciudad Mujer” ofrece servicios de ginecología, planificación familiar, estudios de pap y colposcopia, mamografía, densitometría ósea, nutrición, odontología, vacunación, ecografía mamaria poniendo énfasis en la salud preventiva e integral de las mujeres. Es el módulo de mayor demanda y concurrencia al centro con 39.532 usuarias en sus primeros 6 años de funcionamiento y 177.898 atenciones brindadas.
Las regulaciones del MSPBS son elaboradas para todas las personas, sin discriminación. Se encuentra en ejecución el Proyecto “Extensión de acceso y cobertura de salud materna e infantil a zonas rurales dispersas, comunidades indígenas y ejes fronterizos del Chaco” (INDIA) y en elaboración el Proyecto de Prevención de embarazos adolescentes con un equipo interinstitucional entre los ministerios MSPBS, MEC, MINNA, y MTESS para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, así como situaciones de violencia o abuso sexual, a través del escalamiento de estrategias interinstitucionales de información, comunicación y educación fuera de las escuelas y la aplicación del modelo de atención de salud integral para adolescentes y de la ruta interinstitucional para la atención integral del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, la cual llegará a población indígena, rural y urbana.
Se ofrece atención prenatal, del parto y posnatal (puerperio) de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del MSPBS de acuerdo a las normativas vigentes. Se trabaja en el fortalecimiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud reduciendo las demoras en los servicios y mejorando la capacidad de los equipos de salud según los niveles de atención.
En el Primer Nivel de Atención, se cuenta con establecimientos que ofertan una cartera de servicios por curso de vida con enfoque integral e intercultural, brindando servicios de promoción, prevención, atención ambulatoria, de urgencias y de apoyo diagnóstico a mujeres en edad fértil, tales como: clubes de embarazadas, planificación familiar, oferta de servicios de vacunación según esquema regular del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la realización de examen de mama, toma de muestra para el papanicolau, atención integral a la mujer, atención preconcepcional, prenatal y puerperio, atención integral en salud sexual y reproductiva, atención de consultas de urgencias, y en las Unidades de Salud Ampliadas, atención integral al parto vaginal de bajo riesgo, entre otros servicios descriptos en el Manual de Organización del Primer Nivel de Atención, aprobado por Resolución S.G. N° 560/2022. En este documento se incorpora la figura de “Licenciatura en obstetricia” al Equipo de Salud de la Familia, es decir que cada Unidad de Salud de la Familia (USF) debe contar con un/a Lic. en enfermería y un/una Lic. en obstetricia.
Con relación al aumento de numero de USF, cabe mencionar que desde el año 2017 a la fecha se han instalado 136 USF, contando actualmente con un total de 936 USF distribuidas en las zonas más vulnerables del territorio nacional, siendo un objetivo primordial seguir avanzando en la instalación de nuevas USF y con esto aumentar la cobertura del primer nivel de atención que actualmente alcanza un 37%.
Incremento de las USF desde el año 2017 en adelante
|
N°USF 2017 a la actualidad |
|||||||||
|
Región Sanitaria |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
T otal |
|
01 Concepción |
1 |
1 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
|
02 San Pedro |
1 |
1 |
1 |
– |
1 |
– |
4 |
– |
8 |
|
03 Cordillera |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
2 |
|
04 Guaira |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
05 Caaguazú |
1 |
– |
– |
1 |
– |
8 |
10 |
– |
20 |
|
06 Caazapá |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
2 |
|
07 Itapúa |
– |
– |
1 |
– |
– |
11 |
– |
– |
12 |
|
08 Misiones |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
09 Paraguarí |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
4 |
|
10 Alto Paraná |
– |
– |
– |
11 |
10 |
4 |
8 |
1 |
34 |
|
11 Central |
– |
– |
– |
32 |
6 |
1 |
2 |
2 |
43 |
|
12 Ñeembucu |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
13 Amambay |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
14 Canindeyu |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
15 Pte Hayes |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
– |
3 |
|
16 Boquerón |
– |
– |
– |
1 |
– |
3 |
– |
– |
4 |
|
17 Alto Paraguay |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
18 Capital |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
0 |
|
Total |
3 |
3 |
4 |
46 |
17 |
28 |
28 |
7 |
136 |
Cantidad total de USF
|
Región Sanitaria |
Cantidad de USF |
|
Concepción |
52 |
|
San Pedro |
76 |
|
Cordillera |
45 |
|
Guaira |
56 |
|
Caaguazú |
64 |
|
Caazapá |
51 |
|
Itapúa |
71 |
|
Misiones |
36 |
|
Paraguarí |
50 |
|
Alto Paraná |
111 |
|
Central |
151 |
|
Ñeembucu |
25 |
|
Amambay |
22 |
|
Canindeyu |
49 |
|
Presidente Hayes |
21 |
|
Boquerón |
15 |
|
Alto Paraguay |
8 |
|
Capital |
33 |
|
Total |
936 |
Sigue en vigencia la Resolución S.G. N°146/2012, “Por la cual se establece la obligatoriedad de brindar acceso a los servicios de salud de calidad y atención sin discriminaciones, con efectivo cumplimiento del deber de confidencialidad y garantía de plena vigencia del secreto profesional en la atención”. Además, el expediente clínico utilizado en la gestión de prestación de servicios de salud (creado de conformidad a lo establecido en la Resolución S.G. N°527/2010), dispone que la totalidad de información obrante en el mismo, reciba un tratamiento que asegure el respeto absoluto a la privacidad de los datos correspondientes a los pacientes.
La Constitución Nacional en su artículo 4, “Del Derecho a la vida”, establece: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción…”. La muerte indirecta por estado de necesidad en el parto está establecida en el artículo 109 del Código Penal: “No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante actos propios del parto si ello, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre”.
Se han promulgado leyes que contribuyen a fortalecer las acciones para la prevención, detección temprana, tratamiento y apoyo psicológico a las mujeres y niñas afectadas por el cáncer. La Ley N°6266/18 “De Atención Integral a las Personas con Cáncer” garantiza el acceso oportuno y de calidad a una atención de salud digna e integral para todas las personas afectadas por el cáncer. Esta ley abarca diversos aspectos de la atención oncológica, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la salud mental y los cuidados paliativos. Asimismo, la Ley N°6949/22, que modifica los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 3331/2007 que establece el Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino y Mama. Esta modificación promueve una mayor efectividad de las acciones preventivas y de detección precoz de estos tipos de cáncer.
En el Módulo de Salud Sexual Reproductiva del Centro “Ciudad Mujer” se desarrollan campañas de promoción de los servicios de detección temprana, la referencia ante los diagnósticos positivos y de prevención con informaciones impartidas por profesionales calificadas.
El cáncer de cuello uterino sigue siendo una de las patologías neoplásicas de mayor incidencia y mortalidad en nuestro país, constituyendo un problema de salud pública, a pesar de ser una enfermedad prevenible. Paraguay está llevando a cabo esfuerzos para mitigar los estragos causados por una enfermedad que visualiza las brechas e inequidades existentes; prueba de ello, se han establecido metas concretas como la introducción del Test de VPH como método de tamizaje primario en el país mediante Resolución S.G. N°1104/2021, con lo cual se pretende ampliar la cobertura de mujeres en edad de riesgo mediante una prueba de alta sensibilidad. Con el afán de brindar herramientas vanguardistas a los profesionales que se dedican a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de las lesiones precursoras y el cáncer de cuello uterino se realizó en el año 2022, la actualización del Manual de Normas y Procedimientos para la prevención y el control del cáncer de tracto genital inferior femenino. Además, se dispone de la vacuna que previene esta enfermedad, y está incluida dentro del esquema regular de vacunación. La vacuna contra el VPH es segura, confiable y efectiva; está orientada a niñas de 9 a 14 años de edad. Las dosis son aplicadas en las unidades educativas y vacunatorios del MSPBS. Desde este 2024 se tiene prevista la implementación de la toma de muestra y test del VPH en departamentos con alta tasa de prevalencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino, como Alto Paraná y Central. Además, se está trabajando en el proyecto del “Plan Nacional de Detección Precoz para el Cáncer de Mama”, para la adquisición de más mamógrafos y capacitaciones a los profesionales de imágenes.
El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) habilitó varios centros oncológicos en el interior del país para facilitar el envío y aplicación de medicamentos oncológicos, evitando el traslado de grandes distancias, el desarraigo, además de disminuir el gasto de bolsillo de los pacientes. Estos centros se encuentran en Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Villa Hayes y en la ciudad de Pilar. En este último se habilitó un consultorio médico oncológico. En Central y Capital se habilitaron en el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital San Pablo, Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu y se suscribió convenios con el Hospital de Clínicas e IPS.
En 2022 se promulgó la Ley N°6993/2022 “De provisión gratuita de productos de gestión menstrual”, que establece la obligatoriedad en todo el territorio de garantizar la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres en ámbitos educativos de gestión pública, de salud pública, de reclusión de personas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para personas en situación de calle.
Se encuentra en implementación el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015-2030, que incluye acciones para asegurar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud adecuados y libres de discriminación.
El modelo de atención especializada del Centro “Ciudad Mujer” prevé el protocolo de atención a mujeres con VIH y SIDA y también dispone de protocolos diferenciados para el acceso de mujeres con discapacidad.
Por Resolución S.G. N°50/2024 se aprueba el “Plan de Implementación de Pruebas Autoadministradas de VIH (PA - VIH) en Paraguay”, ante la necesidad de abordar a las diferentes poblaciones, en particular a la población clave para el VIH (hombres que tiene sexo con hombres, personas transgénero, mujeres trabajadoras sexuales), a través de diferentes ofertas de testeos, se plantea la incorporación de esta modalidad de auto tamizaje para el VIH. De igual manera, por Resolución S.G. N°346/2020 se aprueba el Plan Estratégico Nacional para la Respuesta al VIH/Sida y otras ITS 2019-2023; y por Resolución S.G. N° 558/2022 se aprueba el Protocolo Clínico y Directrices Terapéuticas para profilaxis Pre Exposición del VIH -PrEP, como parte de la prevención combinada, con alcance a poblaciones priorizadas.
El MSPBS lidera la Subcomisión de Salud y Bienestar Social de la CONADIS. En ese marco, se ha aprobado recientemente el documento denominado “Lineamiento Técnico de Trato Adecuado y Respetuoso de Trabajadores/as de Salud, a las Personas con Discapacidad (PcD), Edición 1 – 2023”, mediante la Resolución S.G. N°867, de fecha 20 de diciembre de 2023. Dicho documento es el resultado de un proceso de construcción participativa, el mismo, está centrado en el trato adecuado y respetuoso a las personas con discapacidad, con el claro objetivo de contribuir a la igualdad de condiciones y oportunidades, previniendo todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad y con ello sumar a la cultura de trato adecuado y respetuoso, y a su vez, generar confianza, minimizar el temor y aportar al conocimiento de trabajadores/as de la salud para tratar con la personas con discapacidad y así facilitar el acceso de las mismas al derecho a la salud.
Con la promulgación de la Ley N°7018 “De Salud Mental” se dio inicio al proceso de reforma de la atención de la salud mental tan anhelado. Dicho cuerpo legal tiene por objeto la protección a la salud mental de las personas, con una atención humanizada centrada en la persona y su contexto psicosocial en pleno goce de sus derechos humanos. Con la entrada en vigencia de la Ley 7018/2022 y su Decreto Reglamentario N°9811/2023, la Dirección Nacional de Salud Mental se halla abocada a la actualización de la Política Nacional de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental, en los que se contemplan estrategias y acciones para el aumento de la cobertura descentralizada y de la oferta de diferentes dispositivos en salud mental.
En lo concerniente a la Salud Sexual y Reproductiva, resulta importante mencionar la vigencia de la “Guía de atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes con discapacidad - Hacia una Salud Inclusiva”. Se trata de una herramienta dirigida a profesionales de la salud que, en su cotidiana asistencia y cuidado al usuario/a, ha manifestado la necesidad de contar con una guía de apoyo para mejorar la calidad en la atención a los/as adolescentes y particularmente aquellos con discapacidad, teniendo en cuenta que durante su interacción con los/as mismas, deben hacerlo de manera clara y específica, de modo tal que sea comprensible para las personas adolescentes, sus familiares y la población en general. Demuestra el compromiso de garantizar el acceso de la población a los servicios de salud siguiendo con el proceso continuo de respeto de los derechos y la calidad de la atención en sus diferentes componentes, en especial de la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes.
El último quinquenio se produjo un incremento en los Servicios de Atención Integral de Adolescentes del MSPyBS, en todo el país, incrementándose de 24 servicios en 2019 a 107 servicios en 2023. Asimismo, se encuentra en vigencia la Norma Técnica de Atención Integral para Adolescentes en los Servicios de Salud, como parte del modelo de atención integral del adolescente a través de los establecimientos de salud. Esta norma proporciona espacios de salud mental, proyecto de vida, hábitos saludables, nutrición, salud bucal, entre otros aspectos importantes para el bienestar de los adolescentes.
Además, se ha revisado y actualizado el cuadro de procedimientos de Integración del Manejo de Adolescentes y sus Necesidades (IMAN), de acuerdo a las necesidades específicas de los adolescentes. También se ha desarrollado la Guía para la implementación de los clubes de adolescentes, orientada a los equipos de las Unidades de Salud Familiar, para promover y prevenir factores de riesgo entre los adolescentes.
Empoderamiento económico de la mujer (art. 13)
Con apoyo del PNUD se ha conformado el Grupo de Trabajo “La mujer y la sostenibilidad financiera”, dedicado a analizar y proponer medidas para garantizar que la perspectiva de género esté adecuadamente integrada en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) brinda atención especializada a los sectores con escaso acceso a fuentes de financiamiento, particularmente a las mujeres, a través de diversas iniciativas dirigidas a apoyar a las emprendedoras y productoras rurales, con el resultado de un crecimiento sostenido en la población femenina con acceso a préstamos. Entre ellas, se destaca el producto financiero específico para mujeres “KUÑA ÑAMOMBARETE HAG̃UA”, diseñado para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres mediante el financiamiento de proyectos a emprendedoras formalizadas y cuenta con un Fondo de Garantía para la Mujer (FOGAMU). Asimismo, se realizaron jornadas de capacitación para dar a conocer el contenido de la Ley 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”. Estas jornadas han permitido a las mujeres rurales conocer sus derechos y acceder a información sobre oportunidades de financiamiento.
El MINMUJER implementó cursos de formación y capacitación en diferentes rubros en sus cuatro Centros Regionales, en articulación con otras instituciones y organizaciones del sector público y privado. De igual manera, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, en los Centros Regionales se realizaron exposiciones y feria de productos, así como charlas informativas sobre los servicios que ofrece el CAH.
El Programa “Seamos Ciudadanos” del MI ofrece, entre otros servicios, la provisión de cédulas de identidad, con énfasis en la población de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, en coordinación con municipalidades y gobernaciones.
En colaboración con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se estableció el FOGAMU con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito para mujeres emprendedoras y propietarias de empresas, así como para aquellas que desean iniciar un negocio. Entre julio de 2022 y julio de 2023, se han otorgado créditos por valor de USD 338,66 millones, siendo el 38% beneficiarias mujeres. Asimismo, la AFD ha implementado el “ProMiPymes (Mujer)” con tasas de interés preferenciales, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para mujeres emprendedoras. La AFD ha modificado el objetivo general del Plan Estratégico Institucional para incorporar a mujeres jefas de hogar como beneficiarias.
Se han establecido alianzas entre diversas instituciones, incluido el Banco Nacional de Fomento (BNF), para promover el acceso al crédito y la capacitación empresarial de las mujeres. A través de programas como la línea de crédito Kuña Katupyry, se ha brindado financiamiento y capacitación a miles de mujeres emprendedoras, tanto en áreas urbanas como rurales. Además, se realizaron actividades específicas de capacitación y sensibilización sobre temas de género, dirigidas a instituciones financieras, gremios y grupos de interés.
Se han implementado programas de asistencia técnica y financiera en colaboración con instituciones como el BNF y la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), dirigidos a productores y organizaciones para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Estos programas fueron fundamentales para respaldar planes de negocios y producción, especialmente en el sector agropecuario, donde se observó un alto porcentaje de participación de mujeres.
Se avanzó en la implementación de la Ley N°5446/15 de “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, a través de iniciativas como el “Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible” (PRODERS) y el Programa Nacional de Fomento Pecuario (PRONAFOPE), que brindan asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero a familias rurales, con un enfoque en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, se impulsaron iniciativas de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades empresariales, con un enfoque en la inclusión de mujeres en todos los niveles de la cadena productiva.
El CAH cuenta con programas de educación financiera, llegando lo últimos años a más de 59.000 personas con capacitación en el manejo de sus ingresos, la administración de sus gastos y fomentando la cultura del ahorro, alcanzando a niños, niñas y adolescentes. También se han implementado actividades de apoyo a la comercialización, como ferias y espacios de venta directa, con el objetivo de generar un mayor margen de ganancia, especialmente para las mujeres productoras.
Mujeres rurales y mujeres indígenas (art. 14)
Se encuentra en estudio en la HCS el Proyecto de Ley que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el sector público y privado. Este proyecto tiene como objetivo principal eliminar las brechas de desigualdad salarial y promover la equidad de género en el ámbito laboral, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad.
El MTESS implementó cursos de capacitación laboral dirigidos específicamente a mujeres rurales, enfocados en rubros de alta productividad y demanda laboral. En el último periodo (2022-2023), se beneficiaron 3.954 mujeres del sector rural con acciones formativas y asesoramiento para mejorar sus habilidades y oportunidades laborales.
En el marco del Proyecto Sape´a 2.0, el MTESS proporcionó un capital a 100 mujeres emprendedoras rurales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú. Además, concedió certificaciones, asistencias técnicas y apoyo a la formalización de emprendimientos, beneficiando a cientos de mujeres rurales en el país. Además, el MTESS ha impulsado la formalización de empleos en el ámbito rural a través de servicios diarios en las Direcciones Regionales de Trabajo, con el objetivo de incentivar la suscripción de contratos de trabajo, y la incorporación de las trabajadoras al sistema de seguridad social. Esto incluye capacitación, asesoramiento legal y resolución de conflictos laborales para garantizar condiciones laborales justas y equitativas para las mujeres rurales.
Los datos exponen que durante el periodo comprendido entre el año 2018 al 2023 un total de 54.196 mujeres han sido capacitadas por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), entre las cuales 497 son mujeres indígenas. Las capacitaciones se desarrollan en todo el territorio nacional teniendo cobertura en zonas rurales y urbanas.
Capacitaciones realizadas en SINAFOCAL
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Año |
Hombre |
Mujer |
Total |
|
2018 |
4 767 |
6 562 |
11 329 |
|
2019 |
5 624 |
9 007 |
14 631 |
|
2020 |
5 069 |
8 620 |
13 689 |
|
2021 |
7 203 |
14 604 |
21 807 |
|
2022 |
4 653 |
9 129 |
13 782 |
|
2023 |
3 324 |
6 274 |
9 598 |
Se ha implementado un proceso simplificado de adjudicación de tierras para mujeres jefas de familia, lo que ha resultado en un aumento significativo en la titulación de tierras en favor de mujeres rurales. En el último año y medio (2022-2023), el 44% de las titulaciones de tierras se han otorgado a mujeres, en comparación con el 54% otorgado a beneficiarios varones. Esta estrategia se basa en disposiciones de la Ley 1863/2002 “Del Estatuto Agrario”, que establece preferencias para las mujeres beneficiarias en el acceso a la titulación de la propiedad de la tierra. El INDI promueve este programa centrado en el fortalecimiento comunitario para mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres indígenas, respetando sus derechos y decisiones. Este programa está alineado con el Convenio 169 de la OIT y el Proceso de Consulta y Consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas del territorio.
En cuanto al derecho a la vivienda, el MUVH contribuye a través varios programas y proyectos que intervienen en áreas rurales dando prioridad a pueblos indígenas y mujeres jefas de hogar para el acceso a la vivienda, así como personas con crónica y personas con discapacidad.
Mujeres con acceso a vivienda - Área Rural
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Programa |
Per í odo de tiempo |
Viviendas culminadas |
Mujeres que accedieron a la vivienda |
Jefas de hogar que accedieron a la vivienda |
Madres solteras que accedieron a la vivienda |
|
FONAVIS |
Julio 2020 a Julio 2021 |
694 |
S/D |
360 |
121 |
|
Che Tapyi |
140 |
S/D |
106 |
58 |
|
|
Sembrando Oportunidades |
198 |
396 |
S/D |
S/D |
|
|
FONAVIS |
Julio 2021 a Julio 2022 |
1 267 |
2 000 |
577 |
262 |
|
FONAVIS |
Julio 2022 a Julio 2023 |
5 348 |
8 245 |
2747 |
1 501 |
|
FONAVIS |
Agosto 2023 a Diciembre 2023 |
1 658 |
2 426 |
922 |
452 |
|
Total |
9 305 |
13 067 |
4 712 |
2 394 |
Se han incorporado indicadores de género en el Censo Agropecuario Nacional, lo que permitirá un análisis más detallado de la situación de las mujeres en el sector agrario y rural.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ha implementado una estrategia que incorpora el enfoque de género en la planificación de políticas y acciones para abordar el cambio climático. Esto incluye la evaluación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con un enfoque de interculturalidad, en los proyectos diseñados por el ministerio. En ese marco, implementa la “Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena Productiva de Commodities Sustentables” con el objetivo de promover la participación efectiva de mujeres líderes en espacios de diálogo, planificación y toma de decisiones en la cadena productiva de la soja y la carne.
El MADES implementa el Plan Nacional de Género ante el Cambio Climático del Paraguay (PNGCC) al 2030, que establece medidas y acciones para abordar las cuestiones de género en el contexto del cambio climático, incluyendo aspectos relacionados con la agricultura y el uso de productos fitosanitarios.
El MP, desarrolla trabajos coordinados entre la Fiscalía Adjunta y agentes fiscales Especializados de Delitos Ambientales y la Dirección de Delitos Ambientales. Las Unidades Especializadas trabajan principalmente sobre 5 ejes: agua, suelo, bosque, biodiversidad y aire, e intervienen fundamentalmente en hechos punibles tipificados como: Procesamiento ilícito de desechos, Contaminación del aire, Ensuciamiento y alteración de las aguas, Obras hidráulicas que alteren fuentes o cursos de agua, Maltrato de suelos, Infracción a la Ley de Pesca, Infracción a la Ley de Vida Silvestre, Tala o quema de bosques, Tráfico o comercialización ilegal de productos forestales y polución sonora. Durante el año 2023, la Unidad Especializada recaudó más de 585 millones de guaraníes en concepto de reparación del daño social.
El MEC cuenta con el Protocolo para protección de instituciones educativas ante riesgo de fumigación e intoxicación por pesticidas. El documento establece cuatro fases: de prevención, preparatoria, de respuesta y de comunicación-intervención y cuenta, además con formularios de evaluación de riesgo y de reporte de evento.
Adolescentes
El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Intencional en Adolescentes es una campaña educativa que tiene como objetivo principal crear conciencia entre los jóvenes, de tal manera que conozcan los cuidados de su salud y puedan tomar decisiones informadas sobre la misma, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, con el fin de prevenir el embarazo no intencional y las infecciones de transmisión sexual.
El Sistema de Salud Pública cuenta actualmente con espacios de Atención de Salud Integral del Adolescente, donde se ofrecen servicios exclusivos a personas de entre 10 a 19 años de edad, además de los establecimientos que también implementan este modelo de atención para los casos que así lo requieren. El servicio para adolescentes en las USF y hospitales busca optimizar los trabajos enfocados en la población joven, abordando proyectos de vida, salud mental, prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. Igualmente, se brindan atenciones en pediatría, psicología, nutrición, vacunación, consejería, asesoría jurídica, ginecología, obstetricia y otros más. Los servicios de salud para adolescentes, como los consultorios de atención integral, proponen un mecanismo para lograr una atención multidisciplinaria, con un fuerte énfasis en estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Con este mecanismo, se concreta una evaluación más integral, donde el ambiente, el trato amigable y la confidencialidad son condiciones esenciales.
La reorganización de los establecimientos de salud, a través de servicios para adolescentes, es parte de la política de salud, enmarcada en el Plan Nacional de Salud del Adolescente, para ofrecer una atención más integral y específica. Ver Directorio de Servicio de Atención Integral para Adolescentes.
La Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del MP, en coordinación con el Centro de Entrenamiento y las Fiscalías Adjuntas, realizó talleres de capacitación y sensibilización a funcionarios del MP. Asimismo, realiza charlas y talleres de sensibilización en escuelas y colegios sobre pornografía infantil y trata de personas.
Mujeres reclusas
El MJ cuenta un total de 998 mujeres privadas de libertad de las cuales 627 son procesadas y 371 poseen condena. El MJ cuenta con tres Centros Penitenciarios de Mujeres: Casa del Buen Pastor, Serafina Dávalos (Coronel Oviedo), y el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral Juana María de Lara de Ciudad del Este. Posee pabellones de Mujeres habilitados en los Centros Penitenciarios Regionales de Encarnación, Misiones, Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro y Villarrica. Se prevé la construcción de un pabellón en el Centro Penitenciario de Mujeres Serafina Dávalos de Coronel Oviedo, con capacidad aproximada para albergar a 150 mujeres.
El MJ realiza el seguimiento y control de la situación procesal de las Mujeres privadas de libertad, con el objetivo de descongestionar el hacinamiento en los Centros Penitenciarios de Mujeres, mediante la actuación intersectorial articulada en mesas de trabajo con la Defensoría Pública, Poder Judicial y el Ministerio Público. En esta línea se implementa Junto al PJ el “Plan de Descongestionamiento” que tiene como objeto agilizar procesos judiciales, a través de audiencias por sistema de videoconferencia en nueve centros penitenciarios, que incluye audiencias preliminares y de revisión en centros penitenciarios, así como un Plan Piloto de Agilización de Procesos en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”.
También que se encuentra en vigencia el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MSPyBS y el MJ en materia sanitaria”.
En el año 2019, el PJ y el MDP iniciaron un proceso de depuración de causas, a fin de considerar medidas menos gravosas a personas privadas de libertad enfermas, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, o indulto a quienes cumplieron la mitad de la condena.
En el año 2021, la CSJ instaló la Oficina Técnica Penal (OTP) y emitió la Acordada N° 1.511/21 por la que, partiendo del principio de aplicación excepcional de la prisión preventiva, proporciona una guía para el efecto y promueve la aplicación de la revisión de oficio de las medidas cautelares como instrumento de descongestión penitenciaria.
En la esfera legislativa fue promulgada la Ley Nº6350 /2019 que modifica el artículo 245 de la Ley N°1286/1998 “Código Procesal Penal”, y sus modificatorias, entre ellas las leyes 4.431/2011 y 2493/2004. En este sentido, se modifica el Código Procesal Penal sobre prisión preventiva, y se faculta a jueces para aplicar medidas menos gravosas como alternativas a la prisión.
En el marco del “Plan de Descongestionamiento” entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial se da celeridad a los procesos judiciales, en 9 centros penitenciarios. La Oficina Interinstitucional del PJ se enfoca en disminuir la mora judicial mediante supervisión de audiencias en etapa preparatoria e intermedia y la Corte Suprema de Justicia realiza visitas penitenciarias para control de duración de procedimientos penales, informando sobre casos que han excedido el límite de tiempo. Asimismo, se aprobó la implementación de los trámites judiciales electrónicos.
El MDP impulsa medidas para reducir el número de personas privadas de libertad, dirigidas a personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas personas mayores, indígenas, personas con discapacidad y adolescentes, a través de Defensores Públicos especializados en los diferentes fueros. Durante el periodo 2021 al 2023 se obtuvo un total de 572 libertades de mujeres que se detalla a continuación por año.
Libertades de mujeres obtenidas
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2021 |
201 |
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2022 |
192 |
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2023 |
179 |
El MP cuenta con Instructivos Generales para la aplicación de prisión preventiva, conforme a principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, y realiza visitas de monitoreo a centros de privación de libertad.
Durante el periodo 2018-2023, el Ministerio de Justicia (MJ) realizó jornadas de capacitación dirigidas a un total de 745 servidores penitenciarios con la finalidad de familiarizar al personal con las Reglas de Bangkok y los Protocolos de atención en el sistema penitenciario, así como en las Reglas de Mandela y la Ley N°5777/16, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”. Además, se han difundido compendios de instrumentos internacionales en derechos humanos y principios humanitarios.
El MJ ha implementado programas de atención médica integral en los establecimientos penitenciarios, asegurando la disponibilidad de un equipo de salud multidisciplinario. Este equipo brinda atención con una perspectiva biopsicosocial, abordando patologías prevalentes entre las mujeres privadas de libertad, como trastornos ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual, seguimiento del embarazo y salud mental. Además, se proporciona atención médica a las madres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos pequeños, asegurando que reciban los controles de salud necesarios. Se cuenta con una Jefatura de Apoyo Logístico encargada de distribuir y controlar los insumos y artículos de higiene personal necesarios para las mujeres privadas de libertad. Esto incluye garantizar la disponibilidad de artículos básicos de higiene para las internas y sus hijos e hijas.
Se encuentra en vigor la Resolución N°121/2004 del MJ, que reglamenta las visitas a personas internas en las penitenciarías y correccionales del país. Esta resolución establece los procedimientos y requisitos para las visitas sociales, asegurando que todas las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres, tengan acceso a visitas de sus parejas y miembros de la familia. Para los casos de visitas privadas íntimas, tanto para mujeres privadas de libertad como para todas las personas privadas de libertad en general, se aplica la Resolución N° 72/2012.
A fin de reforzar los mecanismos de control, el MJ lanzó en 2020 “Derechos Humanos en línea” un sistema vía web con un formulario en línea, mensajería WhatsApp, en un número habilitado al efecto para recepción de quejas, denuncias y solicitudes, a fin de que los familiares de personas privadas de libertad puedan tener un canal de comunicación para realizar denuncias de eventuales violaciones de DDHH dentro del sistema penitenciario o en los centros educativos. Dicha iniciativa permitió que todas las personas privadas de libertad pudieran tener acceso a la protección de sus derechos fundamentales en tiempos de pandemia. Desde el 2020 hasta agosto 2023, este sistema un total de 431 denuncias.
El MJ cuenta con un Protocolo de Denuncias para casos de Tortura aprobado por Resolución Ministerial Nº871/15 y en ese sentido la Dirección General de Derechos Humanos a través del Departamento de Recepción e Información de Denuncias y el Departamento de Monitoreo a Centros de Privación de Libertad y Centros Educativos, mediante consentimiento informado de los privados de libertad recepciona denuncias de tortura y/o violaciones de Derechos Humanos, las cuales en cumplimiento al Protocolo mencionado son remitidas a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción (DAIA).
El MP a través de la Dirección de Derechos Humanos, realiza visitas de monitoreo a los centros de reclusión de todo el país, para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, y si se constatan casos de violación de derechos humanos da intervención a la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos del MP.
En el ámbito del MDP, por Resolución D.G. Nº620/2021 se aprueba y dispone la obligatoriedad para los defensores/as públicos/as de los fueros penal, penal adolescente y de ejecución, referente al uso de la aplicación para teléfonos móviles y página web del sistema de denuncia denominado “Defensores”, para el registro de supuestos hechos de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Por Resolución D.G. N°351/2022, se establece los mecanismos de acción en casos de denuncias por supuestos hechos de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes Como resultado de dichos mecanismos entre 2018 y 2023, el MDP ha presentado ante la Unidad Especializada de DDHH del Ministerio Público 251 denuncias por hechos de torturas, y otros.
VI.Parte IV (artículos 15 y 16)
Acceso a la justicia (art. 15)
Desde la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) se han propiciado importantes avances en la lucha contra la corrupción, promoción de transparencia y rendición de cuentas, entre ellos el Portal de Denuncias Anticorrupción, con un Sistema de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios e Investigaciones; la Plataforma de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el sector público; la aprobación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025 (Decreto 4458/20), impulsado por el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), creado por Decreto 3003/19.
Como plataforma de denuncia de irregularidades, la Oficina de Quejas y Denuncias del PJ propicia la transparencia para reducir la corrupción y la impunidad, a través de procedimientos de investigación que involucran a la Superintendencia General de Justicia y al Consejo de Superintendencia. Desde 2006 hasta la actualidad, las denuncias han aumentado en 5.000%, demostrando que el programa de transparencia y anticorrupción ha permeado en los usuarios.
La Oficina de Ética Judicial promueve y supervisa la aplicación del Código de Ética Judicial, y brinda soporte técnico al Tribunal y al Consejo Consultivo de Ética Judicial, dictando resoluciones sobre denuncias que llegan a su conocimiento. Además, realiza campañas de socialización y sensibilización, entre ellas, “Judicialmente Éticos” dirigida a Magistrados.
La creación de juzgados especializados en delitos económicos y corrupción, con potestad de conocer, decidir y ejecutar lo decidido en procesos de cohecho, soborno, prevaricato y otros, a través de la la Ley 6379/19, se vio fortalecida con la Ley 6.430/19 “Que previene, tipifica y sanciona el cohecho y el soborno transnacional”. Además, desde 2019, el Sistema de Información Policial incorporó criterios de recolección de datos sobre “actos que conllevan fraude, engaño o corrupción”, desagregados por presuntos hechos de usura, cohecho pasivo, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, soborno, corrupción, etc.
La Ley 6814/21, “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra” establece el proceso de enjuiciamiento y eventual remoción del cargo de los miembros de Tribunales de Apelación, Jueces, Fiscales Adjuntos, Agentes Fiscales, Defensor General, Defensores Adjuntos y Defensores Públicos.
La Secretaría de Género del PJ (SEG-PJ) trabaja en estrecha colaboración con la Política Institucional de Transversalidad de Género del PJ para garantizar la igualdad y no discriminación en el sistema judicial. En ese marco, se han implementado diversas medidas para mejorar el acceso a la justicia, como la Política de Acceso a la Justicia para personas mayores y con discapacidad, el Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural, la aplicación digital “Guía Legal”, la Oficina de Información y Orientación Judicial, el Programa de Facilitadores Judiciales y la Guía para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas sin distinción.
Se ha establecido una Oficina de Género en el Ministerio Público (MP) para promover el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, brindar orientación y acompañamiento durante el proceso judicial, e impulsar campañas de sensibilización.
El MDP brinda asistencia jurídica gratuita a personas que carecen de recursos suficientes para acceder a la justicia, especialmente en casos de violencia contra las mujeres. El MJ ejecuta el Programa Nacional de Casas de Justicia, que busca facilitar el acceso a la justicia a comunidades vulnerables, indígenas, rurales y en establecimientos penitenciarios, incluyendo la implementación de la Casa de Justicia Móvil para llegar a zonas remotas.
Durante el periodo 2020-2023, en el marco del Plan Nacional de Casas de Justicia, el Ministerio de Justicia impulsó jornadas de capacitación dirigidas a las Fuerzas Armadas, gobiernos locales y departamentales, con un total de 721 participantes.
Entre los años 2019 y 2023 se desarrollaron capacitaciones en el Fuero Especializado en la Ley Nº5.777, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”, con un total de 575 horas cátedras impartidas. Estas capacitaciones se enfocaron en mejorar la atención y defensa de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres víctimas de violencia.
La CSJ implementó el Programa Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas (SIG), obteniendo el nivel de PLATA en la certificación. También se estableció un Convenio de Cooperación Educativa para prácticas externas en la SEG-JP, así como consultorías para apoyar la transversalización del enfoque de género en la administración de justicia. Desde 2011, la SEG-PJ monitorea las resoluciones judiciales en las que se incorpora la perspectiva de género y se aplican las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, especialmente la Convención CEDAW y la Ley 5777/16, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. Además, impulsó el “Premio de Excelencia a la Incorporación del Derecho a la Igualdad y No Discriminación en las Resoluciones Judiciales”.
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ha realizado acciones de prevención y sensibilización contra la violencia de género en situaciones de emergencia y desastres, y ha elaborado la Estrategia de Prevención de la Violencia Sexual en Albergues en contexto de emergencias, participado en diversas campañas de prevención del abuso y la explotación sexual, así como en campañas de sensibilización contra la violencia de género.
Matrimonio y relaciones familiares (art. 16)
En el año 2021, se presentó un estudio realizado por UNFPA y Plan Internacional Paraguay, con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la asesoría técnica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). Este estudio proporciona evidencia y hallazgos que orientan las políticas públicas para abordar el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas en Paraguay.
En 2020 se aprobó la Ley Nº6506, que modifica varios artículos de la Ley N°5415/2015, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Esta modificación legal busca fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los niños y las niñas.
El MDP brinda asistencia y representación gratuita para la realización de pruebas de ADN a personas que no cuentan con los medios financieros para cubrir los gastos del examen. En el marco de la Ley Nº1914/02, se ofrece el beneficio para litigar sin gastos, permitiendo a las personas acceder a este servicio a través de la Defensoría Pública. Desde marzo de 2019 hasta marzo de 2024, se solicitaron 946 pruebas de ADN en el contexto de juicios de filiación, en los cuales se ha solicitado la exoneración de pago de la prueba pericial de ADN.
La CSJ también dispone de un presupuesto regular para solventar las pruebas de ADN para aquellas personas que no pueden cubrir los costos del examen. La Acordada N°1668/2022 autoriza la implementación de procedimientos para la solicitud, autorización, control y pago de estudios de ADN en el marco de juicios de filiación con beneficio para litigar sin gastos. Esta medida facilita el acceso a la justicia y garantiza el derecho a la identidad de los niños.
En el PJ existen resoluciones judiciales que reconocen los derechos de las cónyuges herederas los bienes matrimoniales considerados intangibles como lo son las pensiones y jubilaciones. En dicho marco, el observatorio de género del Poder Judicial cuenta con resoluciones judiciales en materia civil que contemplan dicha recomendación.
Enmienda del artículo 20 1) de la Convención
La enmienda del artículo 20, párrafo 1 de la Convención ha sido aprobada por Ley N.°6047/2018.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (art. 2)
El IV PLANI se enfoca en avanzar hacia la igualdad legal, la igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. Establece metas claras y objetivos a alcanzar, así como obstáculos a superar para su cumplimiento y aplicación en las distintas políticas y competencias sectoriales. Este plan se alinea con los cinco ejes de derechos (no discriminación, empoderamiento en la toma de decisiones, autonomía física, empoderamiento económico y acceso a la justicia) y los cuatro ejes transversales (igualdad entre hombres y mujeres, enfoque de derechos humanos, eliminación de estereotipos discriminatorios y enfoque intercultural y bilingüe) establecidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Ministerio de la Mujer posee la rectoría estatal del plan y trabaja por la transversalización de la perspectiva de género en todas las esferas de la sociedad, incluyendo aspectos relativos a pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, economía, poder y toma de decisiones, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente, entre otros.
El Plan Nacional de Desarrollo se alinea en un 92% con los ODS. Para garantizar la efectiva implementación de la Agenda 2030, se estableció en 2016 la Comisión Interinstitucional ODS Paraguay, encargada del seguimiento y monitoreo de los ODS, reestructurada en 2020 mediante el Decreto N°3581, fortaleciendo la participación del Ministerio de la Mujer en las instancias directiva, operativa y técnica. Específicamente, se creó el subcomité ODS 5 “Igualdad de género/Mujer”, liderado por el Ministerio de la Mujer, con la participación de otros organismos del Estado vinculados a la temática de género. Entre las funciones del subcomité ODS 5 se encuentran la articulación con otros sectores para compilar información sobre acciones relacionadas con la igualdad de género, la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, (INE) para la construcción de indicadores nacionales, la promoción y coordinación de actividades relacionadas con el ODS 5, entre otras. El Informe Temático Multisectorial (ITM) ODS 5 es un importante trabajo realizado por el subcomité, que sirve como línea de base para evaluar el desempeño del país en relación con las metas del ODS 5 y buscar alternativas para avanzar hacia su cumplimiento.
En el marco del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, referido a la igualdad de género, se han realizado los “Diálogos para la Igualdad “con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas entre las administraciones públicas de Paraguay, España y otros países, para el avance de la agenda 2030 de desarrollo sostenible.