Información recibida de Francia relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su noveno informe periódico *, **
[Fecha de recepción: 30 de abril de 2026]
El Gobierno de la República Francesa tiene el honor de presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sus respuestas a las cuatro recomendaciones formuladas en los párrafos 12 a), 22 c), 38 f) y 40 d) de las observaciones finales aprobadas a raíz del examen del noveno informe periódico de Francia.
En primer lugar, Francia ha proseguido e intensificado su labor para que todos los profesionales implicados conocieran mejor la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité y asumieran los desafíos que conllevan.
Francia se ha propuesto reforzar la formación de los profesionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia, en cumplimiento de los compromisos internacionales derivados de la Convención y sus recomendaciones.
El plan interministerial para la igualdad entre mujeres y hombres “Todas y todos iguales” para el período 2023-2027, impulsado por el Ministerio de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Lucha contra las Discriminaciones, constituye el marco en que se inscribe la movilización de las autoridades francesas para impulsar la formación de los profesionales en estas cuestiones, en particular en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres (en particular la violencia de género, sexual, de pareja y doméstica).
En este contexto, los Ministerios y la Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas (Miprof) están poniendo en práctica planes de formación adaptados a los profesionales y a los sectores conexos.
Se está ultimando una base común de conocimientos sobre la violencia contra las mujeres y los niños que son víctimas colaterales. Su objetivo es armonizar los contenidos de la formación inicial y continua de los funcionarios públicos y los profesionales del sector privado, difundiendo una cultura común basada en un enfoque integral y centrado en las necesidades de las víctimas.
Contribuyen a esta difusión herramientas digitales como la plataforma nacional dedicada a la lucha contra la violencia arretonslesviolences.gouv.fr, que centraliza los recursos para apoyar a todos los profesionales que puedan intervenir en favor de las mujeres víctimas de violencia.
En las herramientas y las sesiones de formación se presta especial atención a las mujeres que sufren discriminaciones múltiples y entrecruzadas, como las migrantes, las solicitantes de asilo y las refugiadas, las mujeres con discapacidad, las que pertenecen a minorías sexuales o las víctimas de la prostitución y la trata de personas.
En el ámbito de la salud, desde 2024 se han ido concertando acuerdos de colaboración con los colegios profesionales nacionales (como los de médicos, enfermeros, farmacéuticos, matronas, podólogos u odontólogos) para formar a profesionales especializados en casos de violencia sexual. Periódicamente se organizan seminarios web dirigidos a los colegios profesionales.
En el ámbito laboral, los inspectores de trabajo reciben formación sobre el acoso sexual y el acoso moral, así como sobre la igualdad profesional entre mujeres y hombres. Se les distribuyen guías jurídicas y metodológicas para reforzar su capacidad de intervención.
Las fuerzas de seguridad interior (policía y gendarmería) reciben una formación exhaustiva sobre la violencia contra las mujeres y la igualdad de género, tanto en la formación inicial como en la continua. Se han preparado módulos de formación inmersivos para mejorar la acogida de las víctimas y el registro de sus testimonios. Desde hace varios años, gracias a un esfuerzo masivo, se ha formado a decenas de miles de agentes, con contenidos que se actualizan de forma periódica para adaptarlos a la evolución de las formas de violencia. Desde la serie de eventos contra los abusos conyugales celebrada en 2019, más de 127.000 agentes de todos los cuerpos policiales han recibido formación para combatir la violencia contra las mujeres.
En el ámbito judicial, los jueces y el personal penitenciario reciben formación inicial y continua sobre la violencia. Se imparten cursos especializados que ayudan a profundizar el conocimiento de la violencia familiar y perfilar mejor el trato que se dispensa a las víctimas y a los agresores. La calidad de la formación se potencia mediante la cooperación entre instituciones. Varios de los cursos impartidos por la Escuela Nacional de la Magistratura están abiertos a los abogados.
Los funcionarios de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) y los miembros de las salas del Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA) reciben formación sobre los tipos de violencia a los que se enfrentan las solicitantes de asilo (matrimonios precoces y forzados, mutilación genital femenina, trata de personas, violencia de pareja y violencia familiar, entre otros).
En la enseñanza pública y la educación superior, se han implantado programas de formación y sensibilización destinados al personal. La puesta en marcha del nuevo programa de educación afectiva, relacional y sexual (EVARS) en todos los centros escolares a partir de septiembre de 2025 va acompañada, por ejemplo, de un amplio plan de formación dirigido a todo el personal de la enseñanza pública.
Existen iniciativas semejantes en los ámbitos de la juventud, el deporte, la cultura, la diplomacia y la defensa. En los dos primeros, por ejemplo, desde septiembre de 2025 están impartiéndose sesiones de formación basadas en nuevos materiales didácticos (Selma y Lilia, respectivamente).
Todas estas iniciativas, que se basan en la cooperación interministerial, en colaboración con las asociaciones especializadas, tienen por objeto difundir una cultura común de prevención, detección y tratamiento de la violencia.
En segundo lugar, Francia ha llevado a cabo una importante reforma de su legislación penal para ajustarse mejor a las normas internacionales relativas a la lucha contra la violencia sexual.
La Ley núm. 2025-1057, de 6 de noviembre de 2025, modifica la definición de violación y de agresión sexual al introducir expresamente el concepto de consentimiento en el Código Penal. El artículo 222-22 del Código Penal ha pasado a definir la violación y toda agresión sexual como un acto sexual no consentido cometido sobre otra persona o sobre la propia persona autora. La definición legal especifica que el consentimiento debe ser libre, informado, específico, previo y revocable. Se evalúa en función de las circunstancias y no puede deducirse del silencio o de la falta de reacción de la víctima. Un dictamen del Consejo de Estado de 6 de marzo de 2025 aclara estos calificativos.
Los cuatro elementos constitutivos del delito de violación que se utilizaban anteriormente —la violencia, la coacción, la amenaza o la sorpresa— se mantienen y se consideran manifestaciones de la falta de consentimiento.
Este importante cambio en el derecho penal francés convierte el consentimiento en el criterio determinante para la valoración de los delitos de violación y agresión sexual y permite dar una respuesta penal adecuada a estas situaciones. Es aplicable, desde su entrada en vigor, a las situaciones en curso.
Además, la Ley amplía el ámbito de los actos que constituyen violación para incluir los actos buco-anales, mediante la modificación del artículo 222-23 del Código Penal, modificación que solo es aplicable a los hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
A raíz de la inclusión del consentimiento en la definición penal de la violación y la agresión sexual, y habida cuenta de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de enero de 2025, está tramitándose un proyecto de ley para poner fin al “deber conyugal”. El proyecto de ley modifica los artículos 215 y 242 del Código Civil, relativos al matrimonio y al divorcio, respectivamente, al precisar que la convivencia entre cónyuges no implica ninguna obligación de mantener relaciones sexuales y que el divorcio por culpa no puede basarse en la ausencia de relaciones sexuales entre los cónyuges o la negativa a mantenerlas. El objetivo de esta aclaración jurídica es poner fin a una reglamentación obsoleta y consagrar plenamente el principio del consentimiento en las relaciones conyugales.
En 2025, la Ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Lucha contra la Discriminación, Aurore Bergé, convocó un grupo de trabajo parlamentario multipartito sobre la violencia contra las mujeres, que abarcaba también la violencia familiar. Al término de las sesiones se acordaron unas cincuenta medidas, entre las que destacan las relativas a la prevención, la formación, la detección y las penas. Se buscará respaldo a las propuestas resultantes de estos trabajos en el marco de diversos proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional o el Senado.
La prevención ocupa un lugar central en las políticas públicas francesas. El mencionado programa EVARS obedece a un enfoque integral que integra las dimensiones emocionales, relacionales y sociales, además de los aspectos biológicos. Su objetivo es proporcionar a todos los alumnos, desde una edad temprana, una educación integral, contextualizada y adaptada a su edad sobre la intimidad, el respeto, el consentimiento y la igualdad.
En la educación superior, están llevándose a cabo campañas de sensibilización dirigidas a los estudiantes y al personal sobre el respeto al consentimiento y la prevención y la lucha contra la violencia de género y sexual (campañas “Sin un sí, está prohibido” y “Violencia de género y sexual: cambiemos las reglas”). Se difunden diversos materiales didácticos para fomentar una cultura del respeto y prevenir la violencia.
El conjunto de estas medidas es producto de un enfoque integral que combina la reforma jurídica, la educación y la sensibilización, a fin de prevenir la violencia y proteger mejor a las víctimas.
En tercer lugar, Francia ha proseguido sus esfuerzos por evaluar de forma rigurosa las consecuencias para la salud de los ensayos nucleares realizados en la Polinesia Francesa, basándose en los datos científicos disponibles, y garantizar el derecho a la indemnización.
Las consecuencias para la salud de los ensayos nucleares realizados en la Polinesia Francesa han sido objeto de evaluaciones científicas exhaustivas. Las dosis de radiación ionizante a las que está expuesta la población son bajas, por lo general:
•Ensayo Centaure (uno de los ensayos aéreos del período 1966-1974): dosis cuya magnitud puede medirse en milisiéverts, que oscilan entre menos de 1 milisiévert y unos pocos milisiéverts;
•Ensayos subterráneos del período 1974-1998: dosis que oscilan entre varios microsiéverts y varias decenas de microsiéverts.
Sin embargo, el efecto de las muy bajas dosis de radiactividad, si es que existe, se manifiesta muy raramente. Los datos científicos indican que, con una dosis de 1 milisiévert, el exceso de muertes por cáncer podría ascender a un máximo de 5 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Polinesia Francesa, teniendo en cuenta el tamaño de la población afectada y las bajas dosis recibidas, como mucho podrían haberse producido 1 o 2 muertes por cáncer. Según la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radioprotección (ASNR), más del 99 % de los cánceres que se producen en una población expuesta a una dosis del orden de 1 milisiévert no son atribuibles a la exposición a la radiación ionizante.
El Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM) presentó en 2020, en el marco de un metaestudio, un informe detallado sobre los conocimientos científicos relativos a las consecuencias para la salud de las dosis de radiación recibidas por la población polinesia durante los ensayos nucleares aéreos. De ello se desprende que los resultados de los estudios existentes no bastan para llegar a una conclusión sólida sobre una posible relación entre las consecuencias de los ensayos nucleares y la aparición de enfermedades. Del mismo modo, la literatura científica internacional no menciona ninguna prueba de efectos transgeneracionales en los seres humanos con dosis inferiores a un siévert, lo que reduce drásticamente la probabilidad de transmisión con dosis del orden de un milisiévert, como es el caso de la lluvia radiactiva procedente de los ensayos nucleares en la Polinesia Francesa. El estudio también muestra que, en dosis muy bajas (inferiores a 10 milisiéverts), los datos disponibles no permiten demostrar que exista riesgo de cáncer en las personas expuestas en la etapa fetal.
Entre los estudios epidemiológicos disponibles que evalúan las posibles consecuencias de la lluvia radiactiva de los ensayos nucleares sobre la salud de la población polinesia, un estudio del INSERM publicado en 2023 concluye que los ensayos nucleares realizados por Francia podrían ser responsables, en total, del 2,3 % de los casos totales de cáncer de tiroides (intervalo de confianza entre el 0,6 % y el 7,7 %). Sin embargo, en el estudio no se analizaron las diferencias entre mujeres y hombres, lo que, por otra parte, habría sido imposible debido al escaso número de casos.
Se ha solicitado al Instituto Nacional del Cáncer (INCa) que formule propuestas de estudios etiológicos sobre los tipos de cáncer que presentan una incidencia superior en la Polinesia Francesa en comparación con la Francia metropolitana, entre los que figuran algunos tipos de cáncer que afectan a las mujeres (de tiroides y de útero). Esta consulta, cuyos resultados se esperan para 2026, ayudará a determinar qué estudios se necesitan para comprender mejor el impacto de determinados factores en estos excesos de incidencia, como la evolución de las prácticas de detección, las condiciones de la vigilancia diagnóstica o la predisposición genética. El INCa también formulará recomendaciones sobre la vigilancia del cáncer en la Polinesia Francesa.
En lo que respecta a la indemnización, la Ley núm. 2010-2, de 5 de enero de 2010, relativa al Reconocimiento y la Indemnización de las Víctimas de los Ensayos Nucleares Franceses —modificada en varias ocasiones—, garantiza el derecho a una reparación íntegra de los daños sufridos por las víctimas de los ensayos nucleares realizados por Francia en la Polinesia Francesa. La Ley se basa en una presunción de causalidad fundamentada en tres condiciones: el lugar, el momento y la patología. Esta presunción de causalidad puede refutarse si se demuestra que la exposición a la radiación ionizante es inferior a 1 milisiévert, límite de dosis considerado admisible para cualquier grupo de población y establecido por el Código de Salud Pública, en aplicación de una directiva de Euratom, basada a su vez en las recomendaciones del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR). El examen de los expedientes de solicitud de indemnización corre a cargo de un organismo independiente, el Comité de Indemnizaciones a las Víctimas de los Ensayos Nucleares (CIVEN).
Desde su creación como misión de apoyo en 2022, la misión de seguimiento de las consecuencias de los ensayos nucleares se ocupa de facilitar el acceso al sistema de indemnización. En particular, se pone en contacto directo con las personas afectadas para ayudarlas a preparar sus expedientes ante el CIVEN. La misión ha contribuido a que aumentara considerablemente el número de expedientes de mujeres presentados ante el CIVEN y mejorara su acceso al derecho a la indemnización. Desde 2022 se observa un cambio de tendencia con respecto a la situación inicial, ya que la mayoría de los expedientes son solicitudes de mujeres.
En lo que respecta a los plazos, el CIVEN se atiene al plazo legal, que es de ocho meses desde la fecha en que se ultima el expediente hasta su examen en la sesión del Comité. Sin embargo, debido al notable aumento de la actividad, el plazo entre la recepción del expediente y su examen en una sesión es actualmente de unos doce meses. El CIVEN ha aumentado el número de sesiones anuales y el número de expedientes examinados en cada sesión para reducir al máximo los plazos de tramitación de todos los expedientes.
Este dispositivo contribuye a mejorar el acceso a la justicia y atender mejor las necesidades de las poblaciones afectadas.
En cuarto lugar, Francia ha proseguido su ambiciosa política de fomento del deporte femenino, aprovechando el impulso generado por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
La política francesa en favor del deporte femenino persigue cuatro grandes objetivos: facilitar el acceso de las mujeres al deporte y reforzar su presencia en la gobernanza y la gestión, impulsar la economía y la visibilidad del deporte femenino, reforzar el apoyo a las deportistas de alto nivel y luchar contra los estereotipos y la violencia de género y sexual en el deporte.
Las autoridades francesas, a través del Ministerio de Deportes, Juventud y Vida Asociativa, siguen de cerca el cumplimiento de la hoja de ruta de la Conferencia Permanente del Deporte Femenino.
De conformidad con la Ley núm. 2022-296, de 2 de marzo de 2022, destinada a Democratizar el Deporte en Francia, se introdujeron obligaciones legales para lograr la paridad en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas (a partir de 2024 en el plano nacional y a partir de 2028 en el plano regional). También se fijaron objetivos financieros a las federaciones para apoyar el desarrollo de la práctica deportiva femenina. Se realizaron inversiones para desarrollar infraestructuras adecuadas que faciliten el acceso de las mujeres al deporte. Además, se llevan a cabo iniciativas específicas para fomentar su acceso a las titulaciones y profesiones del sector deportivo. Los resultados observados muestran un aumento de la práctica deportiva femenina, tanto en lo que se refiere al número de federadas como al de practicantes ocasionales, y una reducción de las diferencias con respecto a los hombres.
Se está llevando a cabo un estudio económico sobre el deporte femenino, cuya publicación está prevista para 2026, para determinar los factores que ayuden a acelerar su desarrollo y reforzar su estructuración. Muchas grandes empresas francesas patrocinan equipos deportivos femeninos. En consonancia con el creciente interés del público, la cobertura mediática del deporte femenino ha mejorado notablemente, gracias a la movilización del fondo de apoyo a la producción audiovisual gestionado por la Agencia Nacional del Deporte (ANS), a la retransmisión gratuita de varios grandes eventos deportivos femeninos y a la campaña anual Sport Féminin Toujours.
Las deportistas de alto nivel se benefician de medidas específicas, sobre todo en materia de maternidad, parentalidad y apoyo profesional. Gracias a estas medidas, la proporción de mujeres inscritas en las listas de deportistas de alto nivel alcanzó el 42 % en 2024, y las deportistas de alto nivel reciben el 42,5 % del presupuesto destinado a ayudas personalizadas para deportistas. Existen medidas destinadas a facilitar su reconversión profesional y su inserción en el mercado laboral, mediante el reconocimiento de las competencias adquiridas a lo largo de su carrera deportiva.
La lucha contra la violencia de género y sexual y los estereotipos en el deporte constituye un eje prioritario. Se han reforzado las herramientas de formación y prevención y los mecanismos de detección, denuncia y sanción, al igual que los controles de antecedentes de los profesionales y voluntarios (Ley núm.2024-201, de 8 de marzo de 2024, destinada a Reforzar la Protección de los Menores y la Honorabilidad en el Deporte). Desde 2020 se celebra todos los años la Convención Nacional para la Prevención de la Violencia en el Deporte.
El sello estatal “Terrain d’égalité”, creado en 2023, tiene por objeto promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como prevenir y combatir la discriminación y la violencia en los grandes eventos deportivos internacionales que se celebran en Francia. Va acompañado de un kit metodológico destinado a los organizadores, que permite elaborar un protocolo para la denuncia y el tratamiento de la violencia de género y sexual. La Copa del Mundo de Rugby de 2023, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y el Campeonato Mundial de Bádminton de 2025 obtuvieron el sello.
Las campañas de sensibilización y las iniciativas educativas dirigidas a los jóvenes, los profesionales y las ciudadanía contribuyen a deshacer los estereotipos y prevenir la violencia. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 se realizó una campaña de sensibilización sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales, dirigida al público en general y, en particular, a los visitantes extranjeros, que se repitió en el verano de 2025.
El conjunto de estas políticas públicas y las alianzas forjadas con agentes económicos, medios de comunicación y asociaciones contribuyen así a desarrollar y apoyar el deporte femenino en Francia.
Estas cuatro líneas de actuación ponen de manifiesto el compromiso constante de Francia por mejorar su legislación y sus políticas públicas, siguiendo un enfoque transversal, interministerial y basado en el respeto de los derechos humanos.
En el anexo de la presente carta se ponen a disposición del Comité datos estadísticos relativos a la recomendación 38 f).
El Gobierno francés sigue plenamente decidido a continuar estos esfuerzos en favor de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y queda a disposición del Comité para suministrar información adicional.