Consejo de Derechos Humanos

57 º período de sesiones

9 de septiembre a 11 de octubre de 2024

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 10 de octubre de 2024

57/20.Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes,

Reafirmando que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos,

Reafirmando también su decidido compromiso con la soberanía y la independencia política de la Federación de Rusia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente,

Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 51/25, de 7 de octubre de 2022, y 54/23, de 12 de octubre de 2023, relativas a la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia,

Recordando también todas las declaraciones pertinentes formuladas por el Secretario General, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados acerca de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, incluidas las formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia,

Recordando además las alarmantes conclusiones que figuran en el informe de 22 de septiembre de 2022 del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre las prácticas jurídicas y administrativas de la Federación de Rusia, así como en sus informes de 4 de mayo de 2023 y de 25 de abril de 2024,

Muy preocupado por el importante deterioro de que sigue siendo objeto la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, en particular por las denuncias de ejecución extrajudicial de personas críticas con el Gobierno, las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto dentro como fuera de Internet, para silenciar a la disidencia, las opiniones en contra de la guerra y otras actividades pacíficas que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática, lo que se está traduciendo en una represión sistemática e incesante, por parte de las autoridades rusas, de las organizaciones y los representantes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos —en particular las defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a formas de violencia y amenazas sexuales y de género específicas—, los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, los Pueblos Indígenas, las personas en situación de vulnerabilidad, los niños y sus familias, las personas pertenecientes a minorías, los abogados, los representantes de la oposición política y otras personas que ejercen sus derechos humanos,

Expresando su profunda preocupación por las denuncias de detención y reclusión arbitrarias y hostigamiento en masa de las personas a que se hace referencia en el párrafo anterior, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia y la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la ausencia de un poder judicial independiente, la denegación —entre otras personas, a las que se encuentran privadas de libertad— del derecho a un juicio imparcial y a asistencia letrada de su propia elección y los actos de intimidación, las medidas disciplinarias arbitrarias, las inhabilitaciones y los enjuiciamientos penales a que se enfrentan los abogados por el hecho de ejercer su profesión, incluidos los que defienden a personas que han sido detenidas y condenadas por motivos políticos,

Expresando preocupación por la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos a personas privadas de libertad, incluidos actos relacionados con la denegación del acceso a una atención médica adecuada, y su reclusión arbitraria en celdas de aislamiento o en régimen de aislamiento a modo de castigo; por la negativa de las autoridades a investigar casos de personas privadas de libertad que han sido presuntamente objeto de desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de violencia sexual y de género; por la situación de las personas, en especial los niños, que han sido expulsadas a la Federación de Rusia; y por la persistente impunidad de estos actos,

Expresando gran preocupación por la muerte del líder de la oposición Alexéi Navalny mientras se encontraba privado de libertad, y por el hecho de que las autoridades rusas no hayan llevado a cabo una investigación efectiva, independiente e imparcial de las circunstancias de su muerte,

Exhortando a las autoridades rusas a que pongan inmediata e incondicionalmente en libertad y rehabiliten de forma efectiva a todas las personas privadas de libertad, detenidas, acusadas o condenadas arbitraria o ilegalmente por motivos políticos o por ejercer sus derechos humanos,

Expresando su preocupación por el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil, como Memorial, el Grupo Helsinki de Moscú, el Sakharov Centre, el Centro de Información y Análisis SOVA, el Centro de Ayuda a los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte y la organización de derechos humanos Man and Law, el bloqueo y el cierre forzado de casi todos los medios de comunicación independientes, incluidos emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos, las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte de las autoridades rusas, así como por el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la infraestructura de la información y las comunicaciones y a información independiente, la intensificación de la censura y la desinformación tanto dentro como fuera de Internet y los nuevos y omnipresentes servicios de cibervigilancia para controlar la información e intimidar y silenciar a las voces críticas,

Haciendo notar con profunda preocupación las medidas legislativas encaminadas a restringir cada vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto dentro como fuera de Internet, especialmente las leyes sobre los denominados “agentes extranjeros”, el “extremismo” y las “organizaciones indeseables”, en su versión modificada, la ley de marzo de 2022 relativa a “noticias falsas sobre el ejército ruso” y a la “desacreditación de la utilización de las fuerzas armadas rusas”, por la que se modifican el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, y las prohibiciones generales de difusión de información basadas en unos conceptos imprecisos y ambiguos, así como el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, que, en conjunto, tienen por efecto acallar las opiniones pacíficas, independientes y pluralistas mediante la imposición de cuantiosas multas, reclusión arbitraria y largas penas de privación de libertad,

Preocupado por las violaciones de los derechos humanos derivadas del uso arbitrario y la instrumentalización de las leyes relativas a la “seguridad del Estado”, incluida la “traición”, o la legislación en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo, haciendo una interpretación excesivamente amplia de ellas que sobrepasa su objetivo declarado, con el fin de silenciar a las voces disidentes, y por las restricciones extrajudiciales, el enjuiciamiento en secreto de civiles por tribunales militares y las leyes que se utilizan en la práctica para limitar la libertad de expresión y de asociación, y, a este respecto, expresando preocupación por la inclusión de al menos 55 organizaciones de los Pueblos Indígenas y otros grupos regionales y minoritarios en la lista de “organizaciones extremistas”,

Alarmado por el hecho de que las autoridades estén empleando medidas legislativas contra la sociedad civil rusa, los defensores de los derechos humanos y los Pueblos Indígenas para penalizar y criminalizar la cooperación con las organizaciones internacionales, entre otras cosas a modo de intimidación y represalia por haber colaborado con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y de que, al parecer, la aplicación de dicha legislación esté dando lugar a casos de autocensura y disuadiendo a los actores de la sociedad civil de colaborar públicamente con las Naciones Unidas y otras organizaciones,

Convencido de que la independencia e imparcialidad de la judicatura, la integridad del sistema judicial y la independencia de los profesionales del derecho son un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos, el estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia, y para garantizar la no discriminación en la administración de justicia, y de que, por tanto, deben respetarse en cualquier circunstancia,

Deplorando la discriminación social, política y económica y la violencia de que siguen siendo objeto las mujeres y las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad, así como el número de incidentes de violencia sexual y de género en el país, e instando a las autoridades rusas a que adopten medidas efectivas para tipificar como delito en la legislación nacional todas las formas de violencia sexual y de género y para prevenir, investigar y asegurar la rendición de cuentas por actos de violencia sexual y de género, incluida la violencia doméstica y de pareja, así como —en particular en la región del Cáucaso Septentrional— los asesinatos por razones de género, como los asesinatos por “honor”, los matrimonios forzados y la práctica de la mutilación genital femenina, y a que adopten un enfoque centrado en las personas supervivientes para combatir la violencia y los abusos sexuales y por razón de género,

Deplorando también que las autoridades rusas hayan declarado “extremistas” algunas organizaciones de derechos humanos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad y las hayan incluido en la lista de organizaciones “indeseables”, lo que, al parecer, ha dado lugar a un aumento de los actos de violencia física y verbal, persecución, detención arbitraria, desaparición forzada y tortura contra estas personas, así como de otros delitos cometidos impunemente contra ellas,

Lamentando que, pese a que el Comité de Derechos Humanos había aceptado las dos solicitudes de aplazamiento recibidas, la Federación de Rusia no participara en el diálogo constructivo con el Comité celebrado durante su 136º período de sesiones, y tomando nota de las observaciones finales del Comité sobre el octavo informe periódico de la Federación de Rusia, las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de la Federación de Rusia y las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre los informes periódicos 25º y 26º combinados de la Federación de Rusia,

Recordando que la Federación de Rusia dejó de ser Alta Parte Contratante del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de 2022, y que actualmente están pendientes 8.350 demandas presentadas contra la Federación de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue teniendo competencia para tratar casos relativos a acciones u omisiones que se hayan producido antes de esa fecha, y recordando también que la Federación de Rusia continúa estando obligada a aplicar las decisiones que adopte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a dichas demandas pendientes,

1.Insta encarecidamente a las autoridades rusas a que cumplan todas las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

2.Insta a las autoridades rusas a que respeten las libertades fundamentales de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación y de participación política, así como un proceso electoral democrático, concretamente eliminando las restricciones impuestas a la diversidad de ideas, la crítica y la disidencia, así como a los derechos conexos a la libertad y la seguridad personales; a que pongan fin de inmediato a las presuntas violaciones de los derechos a un juicio imparcial y a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al uso indebido del sistema judicial, en particular al uso arbitrario y la instrumentalización de las leyes relativas a la “seguridad del Estado”, incluida la “traición”, o las leyes de lucha contra el terrorismo y el extremismo para conculcar los derechos de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, personalidades de la cultura, abogados, investigadores, historiadores, representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y personas que se manifiestan de forma pacífica contra la guerra, especialmente mujeres y personas en situación de vulnerabilidad; y a que pongan inmediata e incondicionalmente en libertad a todas las personas que hayan sido privadas arbitrariamente de libertad o víctimas de desaparición forzada, y a que garanticen el retorno de las personas expulsadas, especialmente los niños, en condiciones de seguridad;

3.Acoge con beneplácito el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia;

4.Decide prorrogar por un año el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, definido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 54/23, y solicita al o la titular del mandato que celebre consultas con todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil tanto dentro como fuera de la Federación de Rusia, y que presente un informe exhaustivo al Consejo en su 60º período de sesiones y a la Asamblea General en su octogésimo período de sesiones;

5.Exhorta a las autoridades rusas a que establezcan una colaboración plena y no selectiva con todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidas una comunicación constructiva y una cooperación plena con el o la titular del mandato de Relator Especial, a fin de facilitarle un acceso sin trabas para que pueda visitar el país y reunirse libremente con las partes interesadas pertinentes, incluidos representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, así como con personas privadas de libertad, entre ellas prisioneros de guerra y civiles expulsados al territorio de la Federación de Rusia, y proporcionarle la información necesaria para que pueda desempeñar adecuadamente su mandato, y exhorta también a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con todos los demás titulares de mandatos de los procedimientos especiales, los órganos de tratados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todas las partes interesadas en el contexto del examen periódico universal, y a que se abstengan de recurrir a cualquier forma de intimidación o represalia contra personas o asociaciones por el hecho de haber colaborado con estos órganos;

6.Solicita al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proporcionen a la Relatoría Especial toda la asistencia y los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que pueda desempeñar de forma efectiva su mandato.

48ª sesión 10 de octubre de 2024

[Aprobada en votación registrada por 20 votos contra 8 y 19 abstenciones. La votación fue la siguiente:

Votos a favor:

Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Japón, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos (Reino de los), Paraguay, Rumanía.

Votos en contra:

Burundi, China, Cuba, Eritrea, Kazajstán, Kirguistán, Sudán, Viet Nam.

Abstenciones:

Argelia, Bangladesh, Benin, Brasil, Camerún, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, Honduras, India, Indonesia, Kuwait, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Qatar, República Dominicana, Somalia, Sudáfrica.]