* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

Octavo informe periódico que la Argentina debía presentar en 2024 en virtud del artículo 18 de la Convención *

[Fecha de recepción: 6 de diciembre de 2023]

I.General

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CEDAW/C/ARG/QPR/8)

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Viviendas (2022), la población argentina es de 46.044.703 personas. El 51,8 % son mujeres y el 0,02 % no se identifican como mujeres ni como varones. En cuanto a la esperanza de vida de las mujeres, al 2020, es de 81,4 años.

Para caracterizar la situación de las mujeres en términos socioeconómicos es relevante analizar el mercado de trabajo remunerado porque se relaciona con la autonomía económica. Desde 2023, la tasa de actividad de las mujeres alcanzó el 52,2 %. La desocupación de las mujeres es del 7,8 %, con un descenso de 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En el primer trimestre de 2023, las mujeres registraron una tasa de subocupación horaria del 11,7 %, 4,1 % más que la de varones.

La tasa de informalidad es del 39,3 % vs el 34,6 % para los varones. Según la Encuesta Sobre el Uso del Tiempo del 2021, el 91,7 % de las mujeres realiza trabajo doméstico o de cuidado. Este rubro representa cerca del 15 % del total de trabajadoras mujeres.

En relación con las brechas de género en la economía, las mujeres ganan en promedio un 25,3 % menos que sus pares varones. El 8,5 % de los varones se encuentran en puestos de jefatura o dirección, mientras que este porcentaje en mujeres es del 4,7 %.

Respecto a las personas con discapacidad, se encuentra en esta condición el 10,2 % de la población. Teniendo en cuenta el género, la distribución resulta levemente superior para las mujeres: 10,8 % vs el 9,5 % de los varones de 6 años y más.

Con respecto a la autopercepción, el 87,2 % de las personas en situación de violencia por motivos de género se identifican como mujeres, el 1,9 % como varones gays o bisexuales, el 0,2 % como mujeres trans y el mismo porcentaje como varones trans. El resto de las categorías tales como no binarie, transgénero, travesti, queer o intersexual presentan porcentajes inferiores a 0,1 %. En cuanto a la situación socioeconómica, el 30,3 % declaró realizar alguna actividad por la que recibe dinero.

En el Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG) se registraron 1.999 personas que declararon reconocerse como afrodescendientes. Esto constituye el 0,5 % de los casos registrados originalmente en el SICVG. Además, se registraron 6.123 casos en donde las personas se identifican como integrantes de pueblos indígenas, lo que constituye un 1,5 % del total de casos registrados. Por otra parte, el sistema permite además conocer si las personas refieren tener estatus de refugiadas. En el mismo periodo, se registraron 3.582 en condición de refugiada, un 0,5 % del total de registros del SICVG.

Bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), se encuentra la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información (DNPSyGI) quien gestiona la elaboración y difusión de estudios y registros para generar y sistematizar información estratégica a fin de mejorar el desarrollo de las políticas públicas.

La DNPSyGI cuenta con la Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos (DTRYBD), que desarrolla e implementa sistemas informáticos de gestión de información, a la vez que produce información primaria sobre las políticas del MMGYD. A su vez, la Dirección del Observatorio de las violencias y desigualdades por razones de género se encarga del análisis de información secundaria y de la producción de informes especializados.

Ambas direcciones funcionan de acuerdo al Eje de Gestión de la Información, Transparencia y Monitoreo de los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024. Sus medidas aluden al fortalecimiento de los sistemas de información existentes sobre consultas y denuncias de violencias por motivos de género a nivel federal y también refiere a la integración de los registros sobre causas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Asimismo, contiene medidas para la creación de Observatorios sobre Violencias y Desigualdades por Motivos de Género provinciales y municipales. En este sentido, se creó la Red Federal de Observatorios y el Micrositio del Observatorio.

Se implementó el Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG) que permite avanzar en la producción de información sobre la asistencia del Estado nacional, provincial y municipal a personas en situación de violencia por motivos de género, como insumo para la planificación de políticas y en cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en la materia.

Además, en Argentina existen a nivel provincial distintos organismos encargados de realizar registros de situaciones de violencia contra las mujeres, tanto de femicidios, travesticidios y transfemicidios, como de casos de violencia de género o específicos de sectores de la población desde una perspectiva interseccional. Se publican periódicamente datos públicos acerca de la Línea 144.

Por último, se destacan estos avances sobre gestión de la información del estado:

•Se elaboró una Calculadora del Cuidado;

•En 2021, se desarrolló la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) que tiene como objetivo caracterizar y cuantificar el uso del tiempo y la participación de la población en las distintas formas de trabajo: el trabajo en la ocupación y el no remunerado.

II.Los derechos de la mujer y la igualdad de género en relación con la pandemia, los esfuerzos de recuperación y las crisis mundiales

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

Para hacerle frente a la pandemia de COVID-19, el Estado argentino tomó una serie de medidas integrales para proteger la seguridad sanitaria de toda la población, en ese contexto, identificó las vulnerabilidades y riesgos a las que podían quedar particularmente expuestas las mujeres y la población LGBTI+. A continuación, se destacan las acciones más significativas e innovadoras que se tomaron en pos de prevenir violencias y compensar riesgos.

La Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado significó la conformación de un organismo que puede resultar de gran ayuda para enfrentar crisis que surjan a futuro. La Mesa articula acciones incorporando la perspectiva de género y diversidad a la organización de los cuidados y a todas las políticas, y el intercambio de experiencias entre los organismos.

Se desarrolló la “Guía para la incorporación de la Perspectiva de Género y Diversidad en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres” a los fines de elaborar directrices para la actuación de los organismos de protección civil en situaciones de emergencias y desastres que garanticen los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+.

Se flexibilizaron los requisitos y reforzaron las ayudas económicas de los planes Asignación Universal por Hijx, las becas PROGRESAR, AcompañAR. Además, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia priorizó a las mujeres en el otorgamiento y cobro de la prestación en el caso de que la misma fuera solicitada por más de un miembro del hogar.

En concordancia con los estándares internacionales, el Estado emitió una comunicación dirigida a las autoridades provinciales en salud sexual y reproductiva en la cual señaló que el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso a la ILE eran prestaciones esenciales que se debían garantizar en el contexto de pandemia.

Se realizó la campaña #CuarentenaConDerechos para dar a conocer los derechos de lxs trabajadorxs de casas particulares en el contexto de la pandemia, los traslados de niñxs en casos donde los cuidados fueran compartidos por lxs progenitorxs, y para valorizar las tareas domésticas al interior de las casas.

Se llevó a cabo el Programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”. Con el objetivo de prevenir la propagación de la COVID-19, se instalaron postas de difusión en los barrios populares del AMBA y la formación de Promotorxs Comunitarixs para el relevamiento de las familias y sus necesidades socio sanitarias. En ese contexto, se realizaron talleres sobre violencias por motivos de género y tareas de cuidado. Asimismo, se elaboró una guía con las herramientas necesarias que lxs cuidadorxs de personas mayores necesitan para poder realizar la tarea de acompañamiento.

Entendiendo que las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género y una disminución de los recursos disponibles para las mujeres y diversidades, el Estado Argentino reforzó las acciones y dispositivos nacionales de atención a las personas en situación de violencia por motivos de género. En este sentido, se pusieron en marcha medidas tendientes a garantizar su protección, especialmente en la atención de la Línea 144.

La Dirección Nacional de Políticas de Género se designó como área esencial del Ministerio de Seguridad. Ello implicó la continuidad de la tramitación de denuncias por violencia de género y atención telefónica a denunciantes.

A través de la iniciativa “Barbijos Rojos”, se distribuyó una guía de actuación con pautas para que lxs farmacéuticxs puedan actuar ante la solicitud de personas en situación de violencia que en la cuarentena convivían con sus agresores.

III.Visibilidad de la Convención y del Protocolo Facultativo

Respuesta a los párrafos 3 a) y b) de la lista de cuestiones

Dado que los puntos a. y b. están fuertemente vinculados, se contestan en conjunto.

En 2019, la Ley N° 27.499 estableció la implementación de la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La nueva normativa obligó a las agencias estatales a ampliar su oferta de cursos.

La labor de la Unidad Fiscal en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación está orientada a incentivar la aplicación de los estándares que surgen de la CEDAW en la actuación fiscal de manera directa (a través de protocolos o guías de actuación) e, indirectamente, en el resto del sistema de justicia, con la difusión de los principios del derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres y personas LGBTI+.

La Oficina de la Mujer (OM) de la CSJN elaboró un plan de capacitación para incorporar la perspectiva de género en la labor judicial. Este plan comprende distintos talleres interactivos. Sus objetivos son la adquisición de conocimientos sobre la perspectiva de género; obtener herramientas teórico-prácticas para el abordaje de causas desde una perspectiva de género; incorporar el marco normativo (nacional e internacional) que ampara los derechos de las mujeres y LGBTI+. El total de personas capacitadas entre 2018-2022 asciende a 21.550 personas. Entre los programas de capacitación pertinentes, se incluyen los siguientes: Diplomatura Judicial en Género para la Justicia Argentina (150 horas) y Diplomatura Judicial en Género para Ministras y Ministros de los Superiores Tribunales de Justicia y Cortes (100 horas).

Desde el año 2012 la CSJN, realiza la sistematización de las decisiones judiciales sobre cuestiones de género; así, se publicitan decisiones en las que se refleja la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.

La Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF (DGCE) puso en marcha el Plan Estratégico de Capacitación del Ministerio Público Fiscal (PEC) cuyos cursos están en consonancia con las Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.

Fue aprobado el “Programa de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres. Integración de los enfoques de género en la actuación del MPFN y su política criminal –Ley Micaela–”. La capacitación se ofrece dentro del nivel de formación continua y reviste carácter obligatorio para todas las personas que cumplan funciones en el MPFN. En particular, se contemplan los contenidos vinculados con la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, así como aquellos relacionados con la formación en temas de igualdad de género, la Ley Nº 26485, trata de mujeres y niñas, y de la explotación de la prostitución.

Desde 2009, la capacitación en materia de género es obligatoria para todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa. Entre 2016 y 2023, participaron en instancias de capacitación obligatoria 2.320 integrantes del MPD. Además, en el mismo periodo se ofrecieron 107 cursos optativos, a los que asistieron 4.255 personas.La OM publica informes de libre acceso con la evaluación del impacto de los cursos.

Respuesta al párrafo 3 c) de la lista de cuestiones

Si bien cada programa implementado tiene sus propias estrategias adaptadas a sus particularidades y destinatarixs, el Estado argentino ha adoptado una modalidad territorial para acercar derechos y herramientas a las mujeres y comunidad LGBTI+. En este sentido, se realizan encuentros, conversatorios y talleres con organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y promotoras de género y diversidad -en particular migrantes e indígenas-, para sensibilizar, concientizar, y capacitar sobre sus derechos y los recursos con los que cuenta el MMGyD para su abordaje integral (ej: Programa Acercar Derechos, Programa Acompañar, la Línea 144, etc.). Se procura que estas acciones sean accesibles y culturalmente adaptadas. En particular, cuando es dirigido a pueblos y comunidades indígenas, migrantes, y mujeres en contexto de encierro.

También se ha incorporado la modalidad digital para difundir programas y concientizar sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI+ en las redes sociales de las agencias estatales.

IV.Marco legislativo

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

En términos de promoción de la igualdad, una de las prioridades del Estado argentino ha sido crear un marco normativo que regule la organización social de los cuidados. En ese sentido, se propuso el proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad” para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA). La ley busca ampliar la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados, promueve la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en el sector público y privado y reconoce el trabajo de cuidados. Además, modifica el régimen público y privado de licencias.

Además, se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que dispone que los establecimientos con más de 100 trabajadores deberán ofrecer espacios de cuidado para niñes de hasta 3 años de a cargo de lxs trabajadorxs durante sus jornadas de trabajo.

Se trabajó con gobiernos provinciales y organizaciones civiles y políticas para aportar a la sanción de leyes provinciales que promuevan la participación política igualitaria en el poder legislativo.

V.Acceso de las mujeres a la justicia

Respuesta al párrafo 5 a) de la lista de cuestiones

Corresponde remitirse a la respuesta de los puntos 3.a y 3.b, dado que los programas de capacitación tienen una perspectiva integral de género y abordan la formación con el objetivo de proporcionar herramientas para fortalecer la capacidad de los agentes estatales de cumplir con las leyes que tratan la materia.

Respuesta al párrafo 5 b) de la lista de cuestiones

La OM creó el Mapa de Género de la Justicia Argentina, que permite observar la distribución por género de los cargos del Sistema de Justicia de la República Argentina y, así, vigilar el respeto de la igualdad de género en la labor del Poder Judicial.

La Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer en las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero implementaron el proyecto de Unidades Móviles a lugares en los que se dificultaba el Acceso a Justicia.

Además, se realizaron capacitaciones específicas para la Justicia de Paz de todo el país para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas.

Respuesta al párrafo 5 c) de la lista de cuestiones

En 2021, el MMGyD implementó dos acciones para el fortalecimiento del acceso a la justicia. Por un lado, creó el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género (PAD).

Por el otro, en octubre de 2021, se traspasó a la órbita del MMGyD el Cuerpo de Abogadas/os para Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género, que había sido creado por la Ley 27.210 y funcionaba dentro del Ministerio de Justicia y DDHH. Así, se incorporaron al MMGyD 15 profesionales de la abogacía, y que cumplían tareas en 13 provincias.

El PAD es un dispositivo de cercanía cuyo objetivo es brindar acompañamiento integral (psicosocial y jurídico) a mujeres y LGBTI+ que hayan atravesado situaciones de violencia por motivos de género. Cada equipo está integrado por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social para un abordaje interdisciplinario. Cuenta con 55 equipos en todo el territorio nacional, integrados por profesionales de psicología, de abogacía y del trabajo social.

Desde la creación del PAD hasta septiembre de 2023, los equipos han acompañado a 28.852 personas en situación de violencia por motivos de género en todas las provincias del país.

El MMGyD se encuentra trabajando en el llamado a concurso público para el nombramiento de abogades en todo el país para completar el Cuerpo de Abogades.

Además, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) cuenta con la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, que funciona a través de 62 convenios suscriptos con Colegios Departamentales de Abogados, en el marco del Protocolo de Actuación y Funcionamiento de la Red Federal. En 2021, la DNFPAJ lanzó una nueva Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, con nuevos convenios suscritos con Universidades de todo el país para aumentar los cupos de patrocinio.

Para el período comprendido entre enero 2020 a agosto 2023, la DNPFAJ ha brindado representación legal gratuita ante los poderes judiciales, junto a colegios de abogados y universidades de todo el país en más de 3600 casos.

Respuesta al párrafo 5 d) de la lista de cuestiones

Desde el Programa Equiparar se diseñaron e implementaron instancias de capacitación que involucraron en sus contenidos el derecho de acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Esto ha comprendido el abordaje de conceptos tales como: accesibilidad, ajustes razonables y apoyos, para promover las autonomías el libre consentimiento de mujeres y LGBTI+ con discapacidad.

El Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación implementa el Proyecto de Promoción y Difusión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, desde el que se realizan talleres de difusión de derechos en el territorio propio de las comunidades. En este marco, se elaboraron las “Guías de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”, cuyas publicaciones cuentan con frases traducidas en cinco lenguas originarias y abordan derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y brindan herramientas para garantizar el acceso a la justicia. Se han entregado más de 2500 ejemplares.

El Programa sobre Diversidad Cultural también gestiona la provisión de intérpretes lingüísticos cuando las/os defensoras/es lo requieren. Esta gestión fue llevada a cabo respecto de mujeres indígenas, quechua y guaraní hablantes, mediante la intervención de intérpretes mujeres de esos idiomas.

Por su parte, el Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Personas Mayores elaboró el “Protocolo sobre Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un Trato Adecuado”.

Entre otras medidas, se elaboraron cartillas de difusión de derechos para Personas con Discapacidad en formato accesible: Cartilla Derecho a un Trato Adecuado PCD en versión ilustrada y versión en sistema Braille.

La página web de la Oficina de la Mujer de la CSJN cuenta con una sección de Justicia y Discapacidad, en la que se encuentra la “Guía de implementación de servicio de acceso a justicia para mujeres sordas e hipoacústicas víctimas de violencia de género”.

Se realizó la adaptación del taller sobre Acceso a Justicia y género- Ley Micaela con una actualización de las capacitaciones con herramientas específicas que garanticen a personas hipo acusicas y no videntes el acceso a la información jurídica.

Respuesta al párrafo 5 e) de la lista de cuestiones

En línea con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante el Comité CEDAW en el caso de la Sra. Olga Díaz se elaboró el documento: “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica contra las Mujeres para la Adecuada Implementación de la Ley 26.485”. El documento estableció la improcedencia de la realización de audiencias conjuntas y de la mediación o conciliación; además, incluyó la prohibición de tomar evaluaciones médicas o psicológicas conjuntas.

En el ámbito de la defensa pública, esa previsión se ve plasmada en una Resolución adoptada por la Defensoría General de la Nación en el 2022 que aprobó la “Guía de Actuación Frente a Casos de Violencia de Género”.

Por su parte, la OVD-CSJN deriva las denuncias a la Justicia Nacional en lo Civil (99 %) y a la justicia penal (88 %) que corresponda según competencia material y territorial, sin mediación previa.

En el ámbito del MPF, la UFEM produce distintos documentos bajo la orientación general de ofrecer herramientas para fortalecer la actuación de las/os fiscalas/es y desarrollar investigaciones eficientes, que se ajusten a los estándares que se desprenden del deber estatal de debida diligencia y el principio de no discriminación.

VI.Mecanismos nacionales para la promoción de la mujer

Respuesta al párrafo 6 a) de la lista de cuestiones

El MMGyD tiene el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales o identidades de género.

Respecto a la asignación presupuestaria del MMGyD, el presupuesto para el año 2020, contó con un crédito inicial de $272 millones de pesos. Posteriormente, y por haber alcanzado sus objetivos de ejecución presupuestaria, resultó casi cuadruplicado, alcanzando los $1,064 mil millones de pesos. En el 2021, el MMGyD inició el año con un crédito de $6,204 mil millones de pesos. A lo largo de ese año, recibió ampliaciones que elevaron lo asignado inicialmente a $17,582 mil millones. El año 2022, por su parte, arrancó con un presupuesto inicial de $17,582 mil millones, y al terminar el año, a partir de las ampliaciones presupuestarias, alcanzó los $43,532 mil millones de pesos. Por su parte, para el 2023, el presupuesto inicial que comenzó en $54,683 mil millones, al momento alcanza un monto de $77,171 mil millones de pesos.

Respuesta al párrafo 6 b) de la lista de cuestiones

El Programa GenerAR fue creado en 2020 en pos de acompañar la creación de áreas de género municipales y fortalecer las existentes con capacitación técnica y financiamiento. Busca promover el desarrollo de políticas de igualdad y diversidad a nivel municipal. Para ello, se propone asistencia técnica y transferencia de recursos en el marco de un trabajo integral para el fortalecimiento institucional, contemplando componentes de capacitación, evaluación de indicadores y articulación de acciones con actorxs estratégicxs, entre otros.

El Programa Sembrar Igualdad tiene como eje estratégico capacitar y formar sobre “Género y Diversidad en ámbitos rurales” y “Autonomía Económica” con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso y control de recursos económicos, sociales y culturales, para el pleno desarrollo de las mujeres y LGBTI+ en contextos de ruralidad. Este eje se lleva adelante a través de una comunicación continua, entre el Programa y los gobiernos locales.

La evaluación del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 se ajusta a lo previsto en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (Resolución 139/2063). El Programa tiene por objetivo desarrollar herramientas y dispositivos de trabajo específicos que garanticen una gestión transparente y orientada a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

El Presupuesto 2021 incorpora la Perspectiva de Género, mediante la identificación de partidas con su correspondiente etiquetado de gastos en políticas orientadas a disminuir brechas entre los géneros. La consideración de este enfoque en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los presupuestos de los organismos nacionales, provinciales y locales implica reconocer el impacto diferencial que las políticas públicas tienen en varones, mujeres y LGBTI+ en función de las relaciones jerárquicas de poder que existen entre los géneros, el rol subalterno que ocupan las mujeres y LGBTI+ en el orden social, y el correlato de esta desigualdad estructural en las dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas. También, se elaboró la plataforma sobre Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad.

Respuesta al párrafo 6 c) de la lista de cuestiones

Para el diseño del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, se realizaron una serie de Foros Federales Participativos Virtuales organizados en distintos sectores: organizaciones sindicales, organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones rurales, organizaciones étnico raciales, organizaciones por los derechos LGBTI+, organizaciones empresarias y organizaciones feministas territoriales.

El MMGyD cuenta con el Consejo Asesor Ad Honorem (CA), integrado por 58 activistas feministas, de la diversidad sexual, y de las identidades de género de reconocida trayectoria en ámbitos académicos; sindicales; movimientos sociales; organizaciones de la sociedad civil, asociaciones o Colegios de profesionales. Su misión es asesorar y recomendar al MMGYD cursos de acción para generar políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad, diversidad y eliminación de las violencias.

El CA desde su creación ha realizado 13 Sesiones Plenarias, en las que se produjeron informes con recomendaciones y acciones estratégicas para el MMGYD; se pusieron en común los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024, así como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023; Se informaron las líneas de acción para la implementación de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y para la creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios; se debatió acerca de mecanismos y herramientas para la institucionalización de las políticas de género y diversidad, la violencia política por motivos de género y el fortalecimiento de las instancias democráticas.

Por otro lado, desde la Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política se ha coordinado con el Consejo Federal para convocar a mesas de trabajo con el fin de unificar la redacción de los proyectos de paridad de género provinciales, logrando consenso con los distintos actores, para así buscar generar las mejores propuestas para ser aprobadas.

VII.Medidas especiales de carácter temporal

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

Todas las medidas adoptadas por el Ministerio de las Mujeres tienen un abordaje integral que prevé las distintas condiciones de vulnerabilidad y un enfoque interseccional.

VIII.Estereotipos de género

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Lo solicitado en la primera parte es contestado en los puntos 3.a y 3.b.

El diseño del Plan Nacional para la Igualdad busca general una transformación social, económica, cultural y ambiental para reducir las brechas de género, es decir, superar la distancia que existe entre mujeres, LGBTI+ y varones en el acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social a través de políticas públicas. Todos los programas implementados en el marco del plan apuntan a ese objetivo.

El proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad” para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) busca generar políticas y servicios que aseguren la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos a cuidar y ser cuidadas en condiciones de igualdad.

El proyecto de ley busca la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados, promueve la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en el sector público y privado y reconoce el trabajo de cuidados, en particular, en el ámbito comunitario. Además, amplía la licencia para personas gestantes y no gestantes.

IX.Violencia de género contra las mujeres

Respuesta al párrafo 10 a) de la lista de cuestiones

El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2022-2024) fue construido a través de un proceso participativo y federal que reafirma la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género.

El MMGyD hizo público el informe de medio término sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022). Concluido el período de implementación del Plan Nacional previsto para el período 2020-2022, el MMGyD publicó el Informe de Resultados del Plan Nacional, el cual da cuenta, siguiendo diferentes indicadores esenciales, de la implementación de las medidas allí previstas.

El MMGyD cuenta con herramientas de planificación, monitoreo y seguimiento de las políticas públicas que incluyen metas e indicadores. Durante el transcurso de la gestión del Ministerio,se desarrolló una línea de base y un sistema de seguimiento de gestión para las acciones del PNA (2020-2022). Los organismos de la Administración Público Nacional le reportan a la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del MMGyD cada tres meses los avances a través de una matriz de marco lógico diseñada a tal fin, y en una comunicación fluida con enlaces específicos en esos organismos.

El Ministerio utiliza la herramienta de gestión orientada por el Sistema de información Mapa de Acción Estatal (MAE), impuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros a todos los organismos como una metodología estandarizada para toda la administración pública nacional. Además, el MMGyD desarrolla seguimiento de gestión mediante el seguimiento de ejecución física y financiera (incluyendo la rendición de las metas físicas presupuestarias).

En pos de la transparencia y la rendición de cuentas del organismo, pueden encontrarse en la web del Ministerio insumos y tableros en base al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG). Desde allí, puede consultarse un tablero interactivo de indicadores del SICVG y un tablero interactivo de indicadores del Programa Acompañar. Además, se publicó recientemente un tablero similar correspondiente a indicadores del Programa Acercar Derechos. El MMGyD desarrolló la primera encuesta para medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres en 12 provincias.

Respuesta al párrafo 10 b) de la lista de cuestiones

Para la implementación del Sistema Unificado de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) se ha avanzado en el desarrollo de las herramientas informáticas para la plataforma del Sistema, en el diseño del dispositivo de toma de denuncia, en la construcción de la escala de riesgo, en el desarrollo tecnológico para la interconsulta con otras bases de datos y en la adhesión y firma de convenios con la mayoría de las provincias del país.

Desde la creación del URGE se ha identificado la necesidad de contar con recursos humanos y técnicos asignados de manera exclusiva a las tareas vinculadas al Sistema URGE; y además, de actualización del diseño de la plataforma prevista. Por lo tanto, se está trabajando en la asignación de recursos humanos y técnicos de manera exclusiva para llevar adelante las mejoras continuas en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación del Sistema, así como atender las tareas de articulación y entrecruzamiento con bases de datos nacionales y el intercambio de información entre autoridades policiales, ministeriales y judiciales.

Entre 2018 y 2022 la OVD-CSJN recibió 38.334 denuncias en las que había al menos una mujer o niña afectada y en las que la persona denunciada era de sexo masculino. De este total, la OVD inició 38.085 expedientes ante la Justicia Nacional en lo Civil para el dictado de medidas preventivas y urgentes y derivó 33.726 denuncias a la Justicia Penal para su investigación. Entre las derivadas a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, 1.049 causas fueron elevadas a Juicio Oral.

Entre el 2018 al 2022, se registraron 1229 víctimas directas de femicidio en Argentina a partir del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Por dichos casos, se investigó a un total de 1015 sujetos activos de femicidio directo de los cuales: 45 (4 %) habían sido sobreseídos, 156 (15 %) tenían su causa archivada, 432 (43 %) tenían su causa en etapa de investigación y 110 (11 %) en etapa de juicio. Por su parte, 239 (24 %) sujetos activos habían sido condenados: 85 (9 %) por sentencia no firme y 154 (15 %) con sentencia firme. Además, 17 (2 %) habían sido absueltos: 11 con sentencia no firme y 6 con sentencia firme. Para 12 (1 %) de los restantes se informó otra situación procesal (incluyen internaciones forzosas en hospitales, traslado de expediente al fuero de familia o justicia de menores). Por su parte, a partir de las 1229 víctimas de femicidio directo registradas entre 2018 y 2022, se identificó un universo de al menos 1388 personas potencialmente beneficiarias de la reparación económica establecida por la Ley N° 27.452.

Respuesta al párrafo 10 c) de la lista de cuestiones

Desde el Programa Sembrar Igualdad y la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de Información del MMGyD se está trabajando en el diseño un instrumento que busca contribuir a la producción, análisis y difusión de datos sobre la situación de mujeres y LGBTI+ en contextos rurales. El mismo ayudará a tener información clara tanto cualitativa como cuantitativa para lograr disminuir las brechas de desigualdad de acceso a derechos que entendemos como la clave para erradicar las violencias por razones de género.

Respuesta al párrafo 10 d) de la lista de cuestiones

En el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2022-2024) se implementan los siguientes programas de abordaje a situaciones de violencia de género:

a)Programa Acompañar de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género:busca promover la independencia económica de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género. Consiste en el acompañamiento integral para el fortalecimiento psicosocial por parte de equipos interdisciplinarios de las Unidades de Acompañamiento (UdA), y un apoyo económico por seis meses consecutivos, destinado a crear, condiciones básicas para la construcción de proyectos de vida sin violencias;

b)Programa Acercar Derechos (PAD):Consiste en la creación de equipos especializados interdisciplinarios en todo el territorio nacional que trabajan con el objetivo de favorecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ desde una perspectiva interseccional e intercultural;

c)Programa Producir: fortalece o crea proyectos productivos llevados adelante por organizaciones comunitarias liderados por mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias por motivos de género;

d)Programa de Fortalecimiento Para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia de Género a través del financiamiento de proyectos para la refacción, equipamiento y ampliación de estos dispositivos;

e)Programa de Modernización, Optimización y Difusión de la Línea 144. Se amplió el equipo de trabajo y las vías de comunicación y de difusión de información acerca de la Línea; se establecieron los mecanismos de articulación entre la Línea 144 y el S.A.E. 911 con el objetivo de atender las situaciones de violencia por motivos de género que requieran una intervención policial de emergencia; se capacitó a los equipos a través de un Plan de Formación Permanente y se realizaron diversas gestiones de mejoras tecnológicas;

f)Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género:Se creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios con el objetivo de establecer un ámbito de trabajo que garantice un abordaje integral con todas las agencias y niveles estatales en materia de prevención, investigación, sanción, y reparación de estos crímenes y de otras violencias extremas;

g)Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU):tiene por objeto asistir integralmente a través de una prestación económica, asistencia psicológica, asesoramiento legal, articulación para traslados inmediatos y la asistencia para la tramitación de la reparación prevista en la Ley 27.452 a personas, del grupo familiar y/o allegadas, de víctimas de violencias extremas por motivos de género que lo soliciten;

h)Programa Generar para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de Género y Diversidad en Todo el País:contempla el apoyo económico y la asistencia técnica para proyectos orientados a la transversalización del enfoque de igualdad en la diversidad en las políticas públicas locales;

i)Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “ Macachas y Remedios ” : brinda apoyo económico y acompañamiento técnico a proyectos de formación en género y diversidad desarrollados por organizaciones sociales, culturales y entidades de todo el país;

j)Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad: se trata de una política de cercanía para el abordaje integral de las violencias de género de manera federal, multiagencial, interseccional y con anclaje territorial. Cada Centro cuenta con áreas de taller donde se llevan a cabo actividades orientadas a formación en oficios y desarrollo de proyectos productivos. Cada edificio cuenta con dispositivos de cámaras de seguridad con monitoreo permanente; rampas, pasillos y puertas que permiten la accesibilidad universal; límites físicos internos y externos para control de la circulación; y acondicionamiento climático.

Respuesta al párrafo 10 e) de la lista de cuestiones

La SENAF, el MMGyD y ANSES integran la Comisión Permanente de Seguimiento para la implementación de la Ley Brisa (COPESE), que tiene por finalidad el monitoreo y control del Régimen de Reparación Económica.

Al MMGyD le corresponde, de acuerdo con la reglamentación interna de la COPESE, la realización de un informe técnico sobre la situación de violencia por motivos de género en el caso, previo cotejo de la documentación incorporada al expediente con los requisitos establecidos. Hasta el 1° de septiembre de 2023, se tramitaron desde esta cartera ministerial, 864 reparaciones.

Respuesta al párrafo 10 f) de la lista de cuestiones

Se han implementado estos programas en todo el país. Se puede acceder a la información pública sobre su alcance desde la web de cada programa.

X.Tráfico y explotación de la prostitución

Respuesta al párrafo 11 a) de la lista de cuestiones

Se ha buscado consolidar el trabajo cotidiano del Consejo, por lo que se está en proceso de implementación de un reglamento interno. Sus Reuniones Plenarias han alcanzado periodicidad: se realizaron 18 reuniones plenarias en todo el periodo de referencia. Anualmente, se publican informes de gestión a presentarse ante el Congreso de la Nación para su aprobación.

Para evaluar los resultados del Plan Nacional contra la trata y la explotación de personas se lleva adelante la confección de un informe anual de gestión que presenta la evaluación del Plan Nacional 2020-2022.

El Plan Nacional, en articulación del Comité Ejecutivo con la Comisión de Seguridad Interior, el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y con el Senado de la Nación, promueve el trabajo conjunto para desarrollar un análisis de las propuestas legislativas relacionadas con la trata de personas y sus delitos conexos.

Respuesta al párrafo 11 b) de la lista de cuestiones

La asistencia a las personas víctimas en Argentina comienza desde el momento mismo del allanamiento, con personal especializado en el rescate y acompañamiento. Esta intervención corresponde al Programa Nacional de Rescate (MJyDDHH). Desde el organismo se brinda alojamiento y asistencia médica, psicológica y jurídica, hasta la correspondiente declaración testimonial en sede judicial.

En febrero de 2022 el Programa Nacional Las Víctimas Contra las Violencias (PVCV) se incorporó a la órbita de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, para sintetizar la atención que el Programa venía brindando hacia víctimas de violencia sexual y/o familiar desde 2006 con el trabajo de la Central de Atención de Barrios Populares. De esta forma, la Línea 137 amplió su servicio de atención personalizada con la incorporación de una nueva opción que permite brindar asesoramiento en cuestiones legales a través de profesionales formados en los Centros de Acceso a la Justicia.

Con relación a los equipos interdisciplinarios, se movilizan ante emergencias, en articulación con fuerzas policiales y con derivaciones a servicios locales, en todas las provincias del país, asentados en cada CAJ, para acompañar a las consultantes, realizar seguimiento de las causas con apoyo local y redes de articulación ya trazadas.

Los equipos móviles que intervienen ante situaciones de emergencia asistieron en 2023 a 497 víctimas de violencia sexual y/o familiar en CABA, ampliando la red federal de trabajo, articulando con 10 provincias, en 38 intervenciones específicas.

Al programa Acompañar, al 31 de agosto de 2023 accedieron 3.157 mujeres y LGBTI+ en situaciones de trata y/o explotación de personas.

Respuesta al párrafo 11 b) de la lista de cuestiones

Para el período 2016-2023, de los registros informáticos surge que se han registrado 865 casos de trata de personas y explotación económica de la prostitución con, al menos, una víctima mujer. De estos casos, el 58 por ciento ha tenido alguna forma de finalización y el 42 por ciento restante se encuentra en trámite.

Considerando el período 2016-2023, la PROTEX informa:

•Procesamientos: 458; de ese total, 61,1 % corresponden a casos de finalidad explotación sexual, 34,9 % casos con finalidad de explotación laboral, y los restantes a casos de ambas finalidades, explotación sexual infantil y matrimonios forzados;

•Sentencias: 310 sentencias condenatorias. De las finalidades informadas, 71,6 % correspondían a casos de explotación sexual. Del total de 1225 víctimas, el 81,9 % fueron mujeres; mientras que en los casos con fines de explotación sexual, ese porcentaje se eleva al 99,2 %;

•Formularios de la Línea 145: Se recibieron 13989 denuncias en total. El 44,24 % fueron denuncias por explotación sexual, seguidas por las denuncias por explotación laboral con un total de 16,96 %. El resto hacen alusión a algún otro fenómeno (búsqueda de personas; posibles ofertas engañosas, etc.);

•Investigaciones Preliminares: en ese tiempo, se iniciaron 1748 investigaciones preliminares; el 53,8 % fueron por casos con fines de explotación sexual y el 34,1 % por explotación laboral;

•Reparación a víctimas: se dictaron 55 sentencias con reparación a las víctimas. En 46 de ellas surge el monto otorgado en ese concepto. El monto total de reparación dispuesto es de $166.364.703,04. Las sumas otorgadas varían entre los $5.628 y $34.469.562,63. Además, se observó que, en algunas sentencias, si bien no hay monto definido, sí se establece como reparación, por ejemplo, el producto de la venta de bienes decomisados o la suma equivalente a una determinada cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles. Por su parte, en 10 sentencias también surgen montos de reparación en moneda extranjera. Los montos totales son U$S 56.140 y €970.

Respuesta al párrafo 11 c) de la lista de cuestiones

Para el período 2016-2023, han aprobado más de 850 personas que integran el Ministerio Público Fiscal, los diferentes programas de capacitación específicamente referidos a la investigación del delito de trata de personas y sus conexos.

Respuesta al párrafo 11 d) de la lista de cuestiones

Se ha confeccionado un Sistema de información de datos sobre trata de personas. Este sistema se encuentra en línea con las bases de datos que se están desarrollando en otros países de la región para la conformación de una plataforma regional sobre trata de personas que permitirá el intercambio de información.

El Ministerio de Justicia y DDHH, creó dos Oficinas Regionales en zonas de frontera, con el objetivo de incrementar la presencia del Estado Nacional a través de un órgano multidisciplinar capacitado en la detección temprana de casos, el abordaje adecuado de las víctimas en tránsito. Se encuentran localizadas en los pasos fronterizos de Aguas Blancas y Triple Frontera.

En el marco del Plan Bienal 2022-2024, la Argentina participa en la elaboración del proceso de actualización de la “Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados”. Se establece actualizar los criterios mínimos y las pautas de acción articuladas en la versión 2012 de la Guía aprobada por la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad (RMIS) del MERCOSUR.

Por otro lado, el MPFN coordina la Red Iberoamericana de Fiscales especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), conocida como REDTRAM.

Para lograr la cooperación de manera ágil e inmediata se utiliza la plataforma web de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) en donde cada fiscal tiene un usuario y contraseña que garantiza la seguridad en la transmisión de información. Esta Red específica de cooperación funciona de manera complementaria a los canales de cooperación directa genérica establecidos en el marco de la AIAMP y el MERCOSUR.

Entre los esfuerzos para mejorar la cooperación internacional, el MPFN ha suscripto 14 convenios de cooperación interinstitucional con Ministerios Públicos extranjeros que establecen líneas de trabajo en conjunto en diferentes áreas.

Respuesta al párrafo 11 e) de la lista de cuestiones

En el marco del Plan Bienal 2020-2022 se llevó adelante la actualización Protocolo Único de Articulación (PUA) para el rescate y asistencia a las víctimas de Trata de Personas.

El MMGyD cuenta con la Coordinación de Apoyo y Seguimiento de las Políticas contra la Trata y Explotación de Personas. Sus funciones son identificar y diagnosticar las necesidades territoriales referidas a la trata y explotación de personas; asistir en el diseño de políticas públicas para la prevención de la trata y explotación de personas en coordinación con otras áreas de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia y; promover estrategias de intervención con los gobiernos provinciales, municipales para el apoyo y seguimiento de las políticas contra la trata y explotación de personas.

Se realizaron encuentros virtuales con Puntos Focales Provinciales que tuvieron para mejorar mecanismos de articulación interministerial e intersectorial, fortalecer el acceso de las personas en situación de trata y explotación a diferentes medidas de asistencia.

Finalmente, durante el año 2021 desde la Coordinación se participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para la Articulación Interjurisdiccional e Internacional de Situaciones Singulares de personas víctimas del delito de Trata de Persona y Explotación sexual y laboral para la asistencia integral.

Respuesta al párrafo 11 f) de la lista de cuestiones

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales, quienes brindan asistencia y protección a las víctimas desde una perspectiva de género y derechos humanos. Además, cuenta con una Casa Refugio, para el alojamiento de las víctimas rescatadas. El dispositivo garantiza asistencia integral y un ámbito de seguridad.

En cuanto a la reparación, en 2021, el Ministerio de Justicia y DDHH puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración. A septiembre 2023, se efectuaron 45 reparaciones económicas víctimas de trata de personas en el marco de tres sentencias judiciales.

En relación a los recursos financieros, este programa dispone de un fondo de dinero, para afrontar todas aquellas erogaciones que se brinden dentro de las funciones de ofrecer acompañamiento y asistencia multidisciplinaria a las personas damnificadas por el delito, desde el momento del allanamiento dispuesto por orden judicial hasta que presten la declaración testimonial correspondiente.

XI.Igualdad de participación en la vida política y pública

Respuesta al párrafo 12 a) de la lista de cuestiones

Según el Informe de Paridad en Argentina elaborado por el Observatorio de Democracia Paritaria del Ministerio del Interior, en el 2019 la participación de mujeres en los concejos deliberantes a nivel nacional fue de 40,73 %. Asimismo, en el período 2021-2023, las mujeres representan un 43,6 % de la Cámara de Diputadxs Nacional (HCDN) y el 43,1 % de la Cámara de Senadorxs Nacionales (HCSN).

Con relación a la participación de mujeres en las elecciones legislativas, el MMGyD elaboró el informe Elecciones 2021 donde especifica que las 181 listas que se presentaron en las elecciones nacionales de 2021 cumplieron con la paridad.

Sobre la representación en el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación para el período 2009-2023 se realizó un análisis sobre Brecha de género en los cargos de gobierno de Argentina: donde se advierte que el 47,5 % -cerca de 1.600 cargos- de la Alta Dirección Pública están ocupados por mujeres, asimismo el 49,5 % -más de 100.000 cargos - de los Puestos de trabajo de personal civil son mujeres y además el 35,3 % -156 cargos- de autoridades superiores son mujeres. Conjuntamente, también a junio de 2023, el 25 % son ministras, el 32 % secretarias, el 38 % subsecretarias y el 38 % de otros cargos son ocupados por mujeres.

El informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, señala que en el 2022 el 45 % de los cargos de máximas autoridades están ocupados por mujeres en posiciones tales como magistradas, procuradoras y/o fiscales defensoras. Además, en el total del Sistema de Justicia argentino el 61 % de las funcionarias son mujeres y el 51 % del plantel de la Procuración General de la Nación estaba compuesto por mujeres.

Respuesta al párrafo 12 b) de la lista de cuestiones

La legislación Argentina abarca solo cargos electivos en el Poder Legislativo y en los espacios de toma de decisión de los Partidos Políticos, mas no incluye poder ejecutivo. Sin embargo, desde 2022 la Instrucción Presidencial de “Participación equitativa de los géneros en la designación de Autoridades Superiores”, establece que la designación en los cargos superiores de los Ministerios que conforman el gabinete nacional debe adoptar, como criterio rector, el principio de equidad de géneros.

Sobre las medidas para ampliar la participación en los niveles provinciales y municipales, desde 2020 se trabaja sobre la normativa provincial de paridad de género, para reemplazar las leyes de cupo femenino.

Respuesta al párrafo 12 c) de la lista de cuestiones

La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política sancionada en 2017 marcó un hito en la lucha por la igualdad de género e inauguró una nueva etapa en nuestro país al garantizar el acceso real de las mujeres a espacios de representación. El registro de su aplicación es de acceso público, con los datos desagregados por provincia.

Respuesta al párrafo 12 d) de la lista de cuestiones

En conjunto con ONU Mujeres se desarrolló la campaña “Más Paridad, Más Democracia”, que tiene como objetivo promover y fortalecer la democracia paritaria en el marco del proceso electoral 2023 en Argentina, a través de la difusión de información y la concientización pública sobre la importancia de la participación igualitaria y significativa de las mujeres y LGBTI+ en la política.

El MMGyD publicó “Participación política con perspectiva de género y diversidad” de la Editorial MinGeneros. El material es un insumo para reflexionar sobre las desigualdades que enfrentan mujeres y LGBTI+ en ámbitos políticos, los discursos de odio, la violencia política y los desafíos actuales para promover y garantizar más y mejor participación.

Una de estas medidas centrales del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género en el eje de prevención es la Campaña Nacional “Argentina Unida contra las Violencias por Motivos de Género”, mediante la cual se implementan acciones de sensibilización orientadas a los medios de comunicación, organizaciones sociales y comunitarias, escuelas, empresas, entre otros. En este marco, se desarrollan encuentros de debate y reflexión que permiten incorporar herramientas para la prevención y el abordaje de la violencia política como también fortalecer la participación política de las mujeres y LGBTI+. El Plan prevé la realización de investigaciones sobre violencia política orientadas a la identificación de obstáculos para apoyar las políticas públicas de prevención y abordaje de esta modalidad de violencia.

Se presentó el documento “Monitoreo, Género y Política. Campaña electoral PASO 2021: representaciones y paridad en noticieros televisivos”. El estudio permite identificar y problematizar el modo en el cual las candidaturas de mujeres e identidades no heteronormadas y varones fueron representadas en los medios audiovisuales durante la campaña electoral de las PASO del 2021 en Argentina.

XII.Educación

Respuesta al párrafo 13 a) de la lista de cuestiones

Todas las jurisdicciones del país cuentan con un equipo de Educación Sexual Integral que tienen a su cargo el diseño de las propuestas de enseñanza, así como la inclusión de contenidos de la educación sexual integral para todos los niveles educativos, entre otras funciones.

El Ministerio de Educación de la Nación desarrolla una política de Educación Sexual Integral que cuenta con una asignación presupuestaria específica para todas las jurisdicciones del país. En 2023 el aumento fue del 109 % con respecto al año 2022. Además, cuenta con presupuesto nacional para el desarrollo de políticas de formación docente y producción de materiales específicos.

Respecto a formación docente, a nivel nacional, el Programa, a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) cuenta con dispositivos de alcance nacional: la Actualización Académica en ESI; 5 cursos virtuales, y una serie de tramos de formación. Además, el Programa desarrolla un dispositivo presencial en las jurisdicciones, denominado “ESI en territorio”, que incluye abordajes de distintas temáticas. En el período 2020 -2023 más de 426.000 docentes, equipos directivos y de supervisión y/o trabajadoras y trabajadores del sistema educativo han realizado formaciones en ESI.

Respuesta al párrafo 13 b) de la lista de cuestiones

El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de ESI, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, implementa el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), el cual tiene por objetivo la reducción del embarazo en adolescentes en 11 jurisdicciones del país. En este marco, durante los primeros dos trimestres de 2023, el dispositivo de ESI realizó diferentes acciones de las cuales participaron más de 160.000 estudiantes. Actualmente, todas las jurisdicciones del país firmaron convenios con el Ministerio de Salud de la Nación para ampliar el alcance del Plan a nivel nacional.

Además, la ley Nº 25.273 establece un Régimen especial de inasistencias para alumnas embarazadas. A su vez que la ley Nº 25.808 impone la prohibición a los establecimientos de educación pública de impedir la prosecución normal de los estudios a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.

Respuesta al párrafo 13 c) de la lista de cuestiones

En el marco de las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, se desarrolla la Mesa Federal de Género y Educación Técnica Profesional desde la cual se fomenta y promueve acciones tendientes a este objetivo con las jurisdicciones de todo el país.

Respuesta al párrafo 13 e) de la lista de cuestiones

Según el Dossier Estadístico realizado por el INDEC los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre del 2022 reflejan que la tasa de asistencia escolar para las mujeres es del 99,4 % para el nivel primario y del 95,8 % en el secundario. Al analizar el máximo nivel educativo alcanzado en la población de 25 años y más, el 40,0 % de las mujeres indicaron tener hasta secundario incompleto mientras que los varones señalaron un 46,3 %. A su vez, el 34,4 % las mujeres tienen nivel superior o universitario completo o incompleto.

Por su parte, el Anuario Estadístico de 2022 registró distribuciones muy similares para varones y mujeres en los años de escolarización obligatorios: son mujeres el 49,5 % (843.939) del nivel inicial, el 49,2 % (2.382.204) del nivel primario y el 49,9 % (2.022.109) en secundario. Asimismo, el 70,7 % (707.344) del nivel superior no universitario son mujeres. En educación especial, en el año 2022, las mujeres representaron el 37,4 % (38.591): en el nivel inicial, el 40,5 % (6.524) son mujeres, en nivel primario el 35,8 % (16.838) y en nivel secundario el 38,1 % (15.229). Luego, el 56,3 % (690.648) son estudiantes mujeres de educación para adultxs.

La Síntesis Estadística de las Instituciones Universitarias de Argentina señala que en el 2021 había 133 instituciones universitarias, asimismo, el sector estatal concentró el 80,8 % de lxs estudiantes de pregrado y grado. El 33,3 % de lxs nuevxs inscriptxs de carreras de pregrado y grado son mujeres y el 31,5 % varones. El 27,2 % de las mujeres y el 22,1 % de los varones se egresan en el tiempo teórico esperado para una determinada carrera.

Según el informe de las Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2021-2022, la participación de mujeres en el total de estudiantes, en el total de lxs graduadxs y también en el total de lxs nuevxs inscriptxs es mayor a la de los varones. En todos los casos, representa cifras cercanas al 60 % del total de cada categoría. Este escenario se verifica tanto en el pregrado y el grado como en las carreras de posgrado, aunque con una participación algo menor en este último nivel.

Por otra parte, durante el 2021 la participación de las estudiantes mujeres en carreras de pregrado y grado de ciencias de la salud fue de un 75,9 %, seguido por un 72,5 % de estudiantes mujeres en carreras de ciencias humanas, un 62,4 % en ciencias básicas y un 60,8 % en ciencias sociales. Por último, su participación en carreras de pregrado y grado de ciencias aplicadas fue de un 40,1 %.

XIII.Empleo

Respuesta al párrafo 14 a) de la lista de cuestiones

En marzo de 2022, a través del decreto 144/2022, se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Este artículo estipula que las empresas de más de 100 trabajadorxs deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la jornada de trabajo.

El Programa Fomentar se centra en la promoción del empleo y la formación profesional. Sus objetivos principales son: asistir a personas trabajadoras desocupadas para mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos de calidad; brindar beneficios a la parte empleadora para promover la inserción laboral de trabajadores/as desocupados al empleo formal. A continuación, se detallan las poblaciones que tienen un tratamiento especial a los fines del programa:

•Mujeres de 25 a 59 años sin título terciario ni universitario, con infancias a cargo;

•Personas de 25 a 64 años/ no binaries con la nomenclatura “X” en su DNI, sin título terciario ni universitario, con infancias a cargo;

•Personas que son destinatarias del Programa Acompañar (Activas);

•Personas que hayan concluido el Programa Acompañar (Egresadas);

•Personas travestis, transexuales y transgénero;

•Personas en situación de violencias por motivo de género;

•Personas víctimas de prácticas de explotación sexual o de trata de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución.

La prioridad otorgada supone que cuentan con preferencia a la hora de asignación de vacantes a un curso de Orientación Laboral o Formación Profesional, y que durante la participación en algunas de esas prestaciones percibirán una asignación económica de 25.000 pesos mensuales.

En cuanto a la cantidad de mujeres que participan del FOMENTAR es de 224.605, que equivale al 68.8 % del total de la población participante.

Cabe destacar que se está trabajando en la incorporación de espacios de cuidado para niñeces a cargo de las participantes de los cursos de formación profesional.

La ya comentada ley “Cuidar en Igualdad” promueve el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y propone un cambio del régimen de licencias por paternidad.

Respuesta al párrafo 14 b) de la lista de cuestiones

El Programa “Igualar” difunde sus líneas de trabajo con gobiernos provinciales y locales. En el marco de esta articulación, se implementa el Sello Igualar RGA, cuyo objetivo es promover en las organizaciones del mundo del trabajo un proceso gradual de transformación organizacional con el propósito de construir ambientes laborales libres de desigualdades de género.

Se implementa también el Sello Igualar Oficios, cuyo objetivo es transversalizar la perspectiva de género de los Centros de Formación Laboral (CFL), para que se constituyan como instituciones inclusivas para mujeres y LGBTI+.

Una importante medida para garantizar la coordinación permanente entre el MMGyD y los municipios en materia de implementación de políticas de igualdad de género es el Programa Generar, que busca fortalecer la institucionalidad de género y diversidad en los gobiernos provinciales y municipales, así como crear áreas especializadas y desarrollar políticas de igualdad y diversidad.

Con respecto a la segregación horizontal en el mundo del trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creó el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor, con alcance federal. El Programa apunta a promover estándares de igualdad de género y de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a los puestos de trabajo y en el sostenimiento del empleo.

Respuesta al párrafo 14 d) de la lista de cuestiones

El Programa “Igualar” implementa estrategias para reducir la persistente brecha salarial entre varones y mujeres también a través de sus líneas de articulación con las organizaciones sindicales -”Igualdad Sindical” y “Plan Integral de Sensibilización y Formación en Igualdad, Diversidad y Violencias por motivos de género en el mundo del trabajo-Micaela Sindical”-. Dichas líneas operan, fundamentalmente, mediante el brindado de capacitaciones y asistencias técnicas y están orientadas, entre otros aspectos, a fortalecer el compromiso de dichas entidades con agendas reivindicativas que promuevan la igualdad de género en sus sectores de actividad.

Asimismo, el Programa “Igualar” publica informes de periodicidad trimestral acerca de la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción, los cuales incluyen información estadística acerca de la evolución de la brecha salarial entre varones y mujeres.

La Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas confecciona el Boletín de Género que cuenta con información acerca de las remuneraciones percibidas por varones y mujeres.

Respuesta al párrafo 14 e) de la lista de cuestiones

De acuerdo con el informe estadístico 2022 de la OVD es posible identificar que el total de personas afectadas que realizaron denuncias en OVD alcanzan a 13.835, de las cuales, el 76 % son mujeres. Se identificaron 27 personas afectadas de otros géneros (mujer trans, varón trans/travesti y otros). El grupo etario más afectado es el de mujeres adultas entre 18 y 59 años (52 %). En relación a las personas denunciadas: entre las personas adultas, 81 % de los denunciados son de sexo masculino. En particular, se destaca que del total de denuncias recibidas el 10 % (1.425) refieren a violencia sexual. Si se analiza el tipo de violencia sexual según sexo de la víctima: el 93 % de las personas afectadas son mujeres.

El Ministerio de Justicia y DD.HH realizó el Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, destaca que un 21 % sufrió de alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida, un 6,6 % sufrió violencia sexual en los últimos 5 años y un 1,7 % fue víctima de alguna forma de violencia sexual en el último año. Si se consideran las formas de violencia sexual contempladas en este estudio, la prevalencia es del 5,4 % desde los 16 años, 1,2 % durante los últimos cinco años y un 0,1 % durante el último año.

Desde el Ministerio de Trabajo, se desarrolló un protocolo para el abordaje de casos de acoso laboral y sexual que sucedan en el marco de la ejecución de políticas de formación profesional y promoción del empleo denominado “ Lineamientos Generales para la prevención, orientación e intervención ante situaciones de violencia por motivos de género ” .

Respuesta al párrafo 14 f) de la lista de cuestiones

El Programa Registradas está destinado a trabajadoras de casas particulares que sean dadas de alta en la AFIP y a empleadorxs que registren una nueva relación laboral. El Programa promueve el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares. El objetivo es reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia al empleo e incentivar la bancarización. El Programa se extenderá de 6 a 8 meses si se registra a trabajadoras con discapacidad o con hijxs con discapacidad, trabajadoras travestis, transexuales o transgénero y trabajadoras titulares del Programa Acompañar. Desde octubre de 2021 a agosto de 2023, se otorgaron 139611 subsidios al Programa.

Respuesta al párrafo 14 g) de la lista de cuestiones

De acuerdo a la Dirección de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral –DITIAEIEL- en el período comprendido entre enero 2016 a agosto del 2023, se interpusieron 179 denuncias penales por TI, las cuales dan cuenta de 209 niños/as detectados, que se corresponden con un total de 72 niñas.

XIV.Empoderamiento económico de las mujeres

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

El MMGyD, en el marco de las acciones para el tratamiento del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, llevó a cabo las siguientes acciones de incidencia política:

•Participación en los Foros parlamentarios de cuidados organizados por las Comisiones de Mujeres y Diversidad, y Legislación del Trabajo del Congreso de la Nación;

•Foros federales preparatorios de la Conferencia de la CEPAL;

•Reuniones de trabajo con agencias del Sistema de Naciones Unidas (ONU MUJERES, UNICEF, OIT), y coordinación de iniciativas de comunicación y difusión;

•Encuentros con economistas feministas y académicas especialistas en cuidados;

•Foros con centrales sindicales;

•Presentación del proyecto de ley en cámaras empresariales, y representantes de organizaciones PYME;

•Parlamentos territoriales de cuidado en diferentes provincias con el objetivo de abrir un diálogo intersectorial sobre las implicancias de la aprobación del proyecto de ley;

•Acciones federales en el marco del Día del Padre, junto a organizaciones de la sociedad civil, a los fines de concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de ampliar las licencias para personas no gestantes.

El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción “Igualar” implementa diversas estrategias para promover la adopción de un sistema nacional integral de apoyo y cuidados. Por un lado, implementa el Sello Igualar, que es un instrumento que propone a las empresas públicas y privadas el desarrollo de un proceso de transformación organizacional con el objetivo de contribuir a la reducción de la desigualdad de género, aportando a la generación de espacios laborales más justos, inclusivos y libres de violencias por motivos de género.

El Programa de Empleo Independiente asiste técnica y financieramente a mujeres de todo el país, para que refuercen sus emprendimientos de producción de bienes y/o servicios, con un fuerte arraigo en sus localidades. A su vez, promueve la capacitación continua en áreas que el emprendimiento requiera, desde aspectos financieros, productivos y de comercialización. La participación en el programa supone también la formalización de las personas, contando así con la debida protección de la seguridad social y cobertura de salud.

Desde el Ministerio de Economía se pusieron en marcha más de 57 iniciativas para reducir las brechas de género. Se destacan los incentivos a la incorporación de mujeres en sectores productivos estratégicos históricamente masculinizados y el otorgamiento de tasas subsidiadas, líneas de crédito u otros beneficios para proyectos que incluyan a mujeres y diversidades.

En noviembre de 2020 se creó el Gabinete de Género dentro de la cartera productiva nacional con el fin de coordinar y llevar adelante las medidas de la cartera productiva que incorporan la perspectiva de género que fueron sistematizadas en el Plan deDesarrollo Productivo con Perspectiva de Género 2020-2022 que, entre otras medidas, contempla el acompañamiento a la iniciativa empresarial de las mujeres y con un rol central en la inclusión financiera.

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con programas orientados a alentar la industria y productividad de las PyMES que incorporan líneas de trabajo enfocadas en acompañar proyectos liderados por mujer o simplemente, han procurado asegurar una perspectiva de género transversal en su incorporación.

Así, Programa de Crédito Fiscal para Capacitación PYME da prioridad para los proyectos vinculados a la equidad de género. En ese marco otorga reintegros de hasta el 100 % del costo de capacitación en certificado de crédito fiscal para cancelar impuestos nacionales.

El Programa CreAr Proyectos Estratégicos es una línea de créditos destinada a medianas y grandes empresas industriales, agroindustriales y de servicios a la industria que cuenten con proyectos que, entre otros puntos, generen nuevos puestos de trabajo, incorporen tecnología de frontera, bienes de capital de producción nacional, incluyendo perspectiva de género.

El programa CreAr Créditos Directos FONDEP otorga Créditos destinados a financiar proyectos de inversión productiva para empresas y cooperativas certificadas como Micro y Pequeñas de sectores Industrial, agroindustrial y servicios industriales contempla un cupo del 20 % para PyMEs lideradas por mujeres (que posean más de 50 % socias mujeres o que tienen una mujer en el directorio además de un 25 % de socias).

Por otro lado, esta Subsecretaría ofrece acciones de difusión y asistencia técnica a emprendedoras de todo el país interesadas en aplicar a las líneas.

La Dirección de Género e Igualdad del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) ha implementado el Programa integral En Nuestras Manos (PROCANOR) para el fortalecimiento productivo de las mujeres rurales que busca reducir la brecha al patrimonio en manos de las mujeres de AFCI y pesca artesanal, facilitando el acceso a maquinarias, herramientas e inversiones agropecuarias tecnologías.

También, se implementó el Programa de Asistencia Crítica y Directa (PACyD) con el fin robustecer la producción de las mujeres rurales que atraviesen situaciones críticas de violencia de género.

XV.Salud

Respuesta al párrafo 16 a) de la lista de cuestiones

La DNSSR capacita permanentemente al equipo de consultoras/es de la 0800 de salud sexual en el campo de derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que la violencia ejercida sobre las personas que solicitan IVE/ILE a través de múltiples barreras.

Respecto a la lucha contra la violencia obstétrica de la Ley Nº 25.929, entre las líneas de trabajo desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, hay acciones orientadas a la prevención y sensibilización de la violencia obstétrica, con el objetivo de desnaturalizar las prácticas que generan y reproducen situaciones de desigualdad y violencia por motivos de género.

En este sentido, se realizaron amplios espacios de intercambio y diálogo con las organizaciones de doulas y puericultoras, y encuentros con organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y promotoras de género y diversidad -en particular migrantes e indígenas-, entre otros, para desnaturalizar y prevenir esta forma de violencia, y difundir los recursos con los que cuenta el MMGyD para su abordaje integral (como, por ejemplo, el Programa Acercar Derechos, el Programa Acompañar, la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, la Línea 144, entre otras).

Además, el MMGyD y el Ministerio de Salud de la Nación conformaron en 2021 una mesa interinstitucional para fortalecer la implementación de la Ley 25.929 de Parto Respetado.

Por otro lado, la efectiva implementación de la Ley 25.929 de Parto Respetado y el abordaje integral de la violencia obstétrica son algunos de los ejes centrales de la Ley “Mil Días”, aprobada en diciembre de 2020, que reconoce la gestación, la crianza y el cuidado de niñas y niños como una responsabilidad pública, comprometiendo a las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción conjunta, bajo una mirada integral de cursos de vida y con perspectiva de derechos.

Según lo establecido por el artículo 30 de la Ley 27.611, el MMGyD forma parte de la unidad coordinadora para la atención y el cuidado integral de la salud de las personas embarazadas, y de sus hijos hasta los tres años. Esta Unidad está encabezada por el Ministerio de Salud, y tiene como función central el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de esta Ley.

Respuesta al párrafo 16 b) de la lista de cuestiones

A través del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) se ha mejorado la oferta de métodos anticonceptivos (MAC), de larga duración para la población adolescente. Cabe señalar que el Plan ENIA está orientado a desarrollar capacidades y mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en las 12 jurisdicciones del territorio con indicadores más críticos.

En nivel territorial, el Plan Enia coordina la prestación de servicios directos a la población objetivo como indirectos (intervenciones que tienen por objetivo fortalecer a los prestadores de los sistemas provinciales de salud, educación).

A continuación, se detallan sus líneas de acción:

•Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en las escuelas secundarias estatales a través de la capacitación de sus docentes;

•Asesorías en Salud Integral en Escuelas y Servicios de Salud en salud integral en las escuelas secundarias y facilitar el nexo con los centros de salud a través de la asignación de turnos protegidos para consejería y colocación de métodos anticonceptivos;

•La promoción de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad tiene el propósito de acercar a los servicios de salud, especial pero no exclusivamente, a adolescentes que no están insertos en el sistema educativo;

•El Dispositivo Prevención y Abordaje del Abuso Sexual y el Embarazo Forzado y del Acceso a la Justicia tiene como objetivo visibilizar la problemática del abuso sexual y el embarazo forzado -en especial en menores de 15 años- con jornadas de incidencia en las provincias; facilitar el abordaje del problema; y brindar patrocinio legal integral a las NyA menores de 15 años víctimas de abuso y violencia sexual, incluyendo el acompañamiento para el acceso a la interrupción legal del embarazo, si así lo deciden.

Por último, en 2023 se inició el proceso de federalización del Plan Enia en las jurisdicciones donde no se implementaba.

Respuesta a los párrafos 17 a), b) y c) de la lista de cuestiones

Las acciones en pos de la implementación de la ley 27.610 se encuentran sistematizadas y publicadas en el marco del acceso a la información pública. Entendemos que la política de rendición de cuentas, como aspecto fundamental del enfoque de derechos en políticas públicas, fortalece la rectoría de las acciones que emprende el Estado, y habilita la participación social y los mecanismos de exigibilidad en derechos humanos.

XVI.Mujeres rurales

Respuesta al párrafo 18 a) de la lista de cuestiones

La Dirección de Género e Igualdad del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) ha desarrollado múltiples articulaciones con organismos nacionales y ONGs interesadas en incluir mujeres rurales en sus proyectos. Cuenta con un equipo de profesionales en cada provincia, que replica los acuerdos realizados a nivel nacional e implementa la planificación de la Dirección.

El Programa Sembrar Igualdad está trabajando en el diseño de un instrumento que busca contribuir a la producción y análisis de datos sobre la situación de mujeres y LGBTI+ en contextos rurales, que ayudará a tener información clara para lograr disminuir las brechas de desigualdad de acceso a derechos que son clave para erradicar las violencias por razones de género. La recolección de esta información permitirá orientar el accionar de las políticas públicas hacia la igualdad.

Durante el periodo 2021 – 2023 se realizaron 84 talleres que alcanzaron a 1734 mujeres y LGBTI+ de distintas provincias. Las temáticas que se trabajaron en dichos talleres fueron el acceso a la tierra, agua y territorio, Género y discapacidad, Genero y diversidad, inclusión Financiera, Masculinidades, Mujer indígena, Políticas Públicas, Proyectos, diagnostico, Soberanía Alimentaria. Asimismo, para abordar la inclusión digital y autonomía económica en el sector rural, se entregaron tablets a aquellas personas que formaron parte de los talleres brindados por el Programa.

Se Adhirió a la campaña #Transformadoras, para lo que se convocó a 20 organizaciones de mujeres a participar del curso Modelo de negocios para emprendimientos de Mujeres Rurales impulsado por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar.

El Programa Sembrar Soberanía apoya la producción de la agricultura familiar; promueve la producción agroecológica y aportar a la consolidación y sustentabilidad de experiencias asociativas de productores de alimentos que nuclean a los sectores más vulnerables; fortalecer una oferta de productos alimenticios variada y con una escala acorde a la demanda de consumo local/regional; fortalecer los circuitos cortos de distribución de alimentos; promover el espíritu asociativo de unidades productivas de alimentos.

El Programa En Nuestras Manos es impulsado por la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena con el apoyo de los Gobiernos provinciales promoviendo la presentación de proyectos productivos destinados a organizaciones, comunidades o grupos asociativos de mujeres rurales de todo el país,

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, desde el denominado Corredor Norte en el periodo 2020/2023, y los Centros de Acceso a la Justicia que lo integran, implementa oficinas móviles conformadas por un/ abogado/a, un/a trabajador/a social, un/a médico/a y un/a chofer-administrativo/a que recorren distintos territorios para brindar un servicio de justicia con un abordaje integral del conflicto interpersonales y/o legales. De este modo se posibilita el acceso a servicios legales y respuestas a problemas jurídicos sin necesidad de que las personas se trasladen en zonas de alta dispersión geográfica.

Respuesta al párrafo 18 b) de la lista de cuestiones

La ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar busca promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural e incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria. Se propone valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

El INAFCI se encuentra en el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional para el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar que propone constituir mecanismos concretos para fortalecer el sector de la agricultura familiar campesina e indígena mediante la inclusión y formalización del sector, la contribución al desarrollo rural y productivo, el fortalecimiento al acceso a la tierra y el arraigo. De esta manera, se propone elaborar un Plan de Acción Nacional basado en la Ley N° 27.118.

Respuesta al párrafo 18 c) de la lista de cuestiones

Para la elaboración del Plan de Acción Nacional para el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar se llevaron a cabo cinco reuniones regionales con los representantes de las organizaciones de la agricultura familiar a nivel nacional y provinciales y representantes de los organismos públicos con competencia.

En el marco de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR en el 2023, se realizó el coloquio: “Afrontar el desafío del Cambio Climático, Políticas Públicas y Adaptación de la Agricultura Familiar: Experiencias, gobernanza y estrategias Innovadoras para la Sostenibilidad en los Sistemas Alimentarios”, y el seminario “Instrumentos de política para ampliar el acceso de la agricultura familiar a los mercados públicos”,

Argentina cuenta con el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) a través de las diversas iniciativas que propone el Consejo Nacional que encabeza el Jefe de Gabinete de Ministros y el Consejo Federal presidido por el Ministro de Seguridad de la Nación.

XVII.Mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes

Respuesta al párrafo 19 a) de la lista de cuestiones

La Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas del MMGyD tiene como objetivo brindar protección y asistencia integral adecuada culturalmente a las personas integrantes de pueblos indígenas que se encuentran en situación de violencia por motivos de género, en articulación con organizaciones territoriales de las comunidades. A la vez que, busca prevenir situaciones de violencia por motivos de género que afectan a las personas indígenas.

Por otra parte, desde el comienzo de la implementación del Programa Acompañar hasta el 30 de agosto de 2023 fueron incorporadas 4.985 mujeres y LGBTI+ indígenas. 29 organizaciones comunitarias de mujeres y LGBTI+ indígenas se incorporaron al Programa Producir.

En el marco del Programa Acercar Derechos se incorporaron a los equipos interdisciplinarios profesionales que trabajan como facilitadorxs interculturales a fin de realizar un acompañamiento desde el territorio a mujeres y LGBTI+ migrantes e indígenas en situaciones de violencia por motivos de género. Lxs facilitadorxs tienen el fin de dar un acompañamiento situado de las personas migrantes e indígenas en situación de violencia por motivos de género, teniendo en consideración las particularidades de cada territorio.

Se firmó un convenio con el Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Universidad de Buenos Aires para que los intérpretes de lenguas originarias puedan intervenir en el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género que llevan adelante los equipos interdisciplinarios del MMGyD. En este marco, también fue traducida a seis lenguas originarias información acerca de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias del MMGyD.

En el marco del convenio con el CUI, se tradujeron los mensajes de respuestas automáticas de la Línea 144 a cinco lenguas: Quechua, Qom, Wichi, Mapuche y Guaraní, para el servicio de mensajería mediante la plataforma de WhatsApp que permiten pactar una llamada con un intérprete de su lengua.

Respuesta al párrafo 19 d) de la lista de cuestiones

Durante los años 2022 y 2023, el MDS llevó a cabo la Campaña “Basta de ‘Chineo’”, que tuvo como objetivo visibilizar la práctica del chineo como abuso sexual contra las niñas indígenas y fortalecer la corresponsabilidad de la comunidad para prevenir el abuso sexual contra las niñeces indígenas.

Respecto a las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso a las mujeres detenidas en el operativo policial de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en primer lugar, el miércoles 5 de octubre de 2022 la Dirección Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia del MMGyD se presentó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche ante la Jueza María Silvina Domínguez en el marco de la causa “NN s/incendio u otro estrago y atentado a la autoridad” (Expte. FGR 16149/2022), en el incidente de excarcelación de Romina Rosas y se manifestó preocupación por la continuidad de su detención, solicitando que se considere su excarcelación urgente mientras se sustanciaba el proceso.

Por otro lado, el jueves 6 de octubre de 2022, la misma Dirección se dirigió ante el juzgado para expresar su preocupación respecto del traslado de cuatro mujeres a un complejo situado en la Provincia de Buenos Aires ya que esa medida atentó contra la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

También el 6 de octubre, la entonces Coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche, Diana Arbelaiz, se presentó personalmente en el centro de salud donde se encontraba la mujer embarazada para acompañarla y también presentó una nota al Director del Hospital Zonal de Bariloche Ramón Carrillo, con el objetivo de presentar argumentos y recomendaciones para el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Respetado.

Por otra parte, funcionarias del MMGyD se presentaron en la Unidad Penal de Mujeres de Ezeiza para tomar contacto con las mujeres detenidas y que fueron trasladadas, para conocer su situación y evaluar cursos de acción.

Por último, en el lapso de esos días inmediatamente posteriores a las actuaciones descritas, funcionarias del MMGyD mantuvieron permanente contacto con la abogada de las mujeres detenidas y con referentes de la comunidad. Luego del regreso de las mujeres a su provincia, se continuó la comunicación con su defensa legal.

El 10 de febrero de 2023 se llevó a cabo en Bariloche, la Segunda Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, convocada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron integrantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación y referentes de la comunidad mapuche para dialogar sobre la situación en Villa Mascardi.

El 8 mayo del 2023, el MMGyD envió un escrito al Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche, expresando preocupación en relación con la situación procesal de Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas, en la Causa FGR16149/2022 caratulada “COLHUAN, BETIANA AYELÉN Y OTROS s/ USURPACION (ART.181 INC.1)” y a fin de que la misma sea enmarcada desde una perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad.

Por otra parte, cabe informar que desde la Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas se articuló el ingreso al Programa Acompañar a Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas.

El 1° de junio del 2023, se realizó la Tercera Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, en la cual participó la Subsecretaría de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género.

XVIII.Mujeres con discapacidad

Respuesta al párrafo 20 a) de la lista de cuestiones

La Unidad de Políticas de Género participa de la Mesa interministerial de políticas de cuidado y del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género Además, se creó el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad.

La Unidad de Políticas de Género capacita en géneros y violencias por motivos de géneros para distintas Direcciones y Coordinaciones de la ANDIS. Se brindan capacitaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos con perspectiva en discapacidad, a profesionales de la salud, de la educación y de otras disciplinas. Realizó aportes a la redacción de la Nueva Ley de Discapacidad; con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y diversidad en intersección con la discapacidad.

La Creación del Programa Equiparar propone fortalecer, desde una mirada interseccional de género y discapacidad, todas las políticas públicas y las acciones de la sociedad civil que garanticen la igualdad en la diversidad de mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Entre las acciones del programa se encuentran: capacitación y sensibilización con perspectiva de géneros y discapacidad; producción, análisis y difusión de datos sobre la situación de mujeres y LGBTI+ con discapacidad; acciones para la inclusión de personas con discapacidad; entre otras.

Respuesta al párrafo 20 b) de la lista de cuestiones

La DNSSR instrumenta entre sus líneas estratégicas el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las PCD, por eso, la Resolución 65/15 establece la necesidad del reconocimiento de derechos y refuerza la obligación de atención y prestación de los servicios sanitarios sin requerimientos especiales innecesarios e ilegales. Todas las personas deben ser tenidas por capaces en el sistema de Salud. Esto implica que las PCD son quienes consienten de forma autónoma las prácticas y prestaciones de salud que las involucran. El sistema de Salud debe realizar los ajustes razonables tendientes a facilitar que las PCD puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y recibir la atención sanitaria en los términos que les resulten más accesibles, aceptables.

Las PCD tienen el derecho a utilizar un sistema de apoyos, esto quiere decir que puede elegir a una o más personas de confianza para que acompañen el proceso de toma de decisiones sobre su salud.

Además, la nueva redacción de la ley 26.130 establece que todas las PCD tienen derecho a brindar su consentimiento informado para intervenciones, a recibir información en formatos accesibles, a acceder a los apoyos que les permitan consentir en forma autónoma y a que se adopten salvaguardias para evitar la sustitución en la toma de decisiones.

Respuesta al párrafo 20 c) de la lista de cuestiones

La ANDIS lanzó el Plan de Promoción de la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad. Esta iniciativa apunta a promover el pleno derecho y desarrollo de una vida autónoma, a través del Programa Federal Incluir Salud, cuyo objetivo principal es devolverles a las personas su participación en la vida comunitaria.

En 2023 se realizaron talleres que incluyeron entre sus temáticas abordadas de Salud Sexual y Reproductiva y ESI comunitaria, destinados a equipos de docentes y personal administrativo de la ANDIS.

Respuesta al párrafo 20 d) de la lista de cuestiones

Desde la Unidad de Políticas de Género de ANDIS se brinda asesoramiento y contención ante situaciones de violencias por motivos de géneros. La Unidad proporciona información acerca de los canales de denuncia y apoyo.

Se está trabajando en la accesibilidad de la línea 144 con el fin de eliminar barreras en el acceso a denuncias por violencias de géneros para mujeres y LGBTI+ con discapacidad. En este sentido, se creó un sistema de accesibilidad para personas sordas e hipoacúsicas.

Respuesta al párrafo 20 e) de la lista de cuestiones

El Estado cuenta con un Sistema de información para el control del Registro y Actualización de los Cargos y Contratos desempeñados por Personas con Certificado Único de Discapacidad, a cargo de la Secretaría de Gestión Empleo Público que refleja la situación del Cumplimiento de las Jurisdicciones Ministeriales y Entidades Descentralizadas alcanzadas por la Ley 22.431. Esta ley obliga a estos entes a contratar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su personal. El Registro indica que el 44,80 % de las personas con discapacidad empleadas en estos sectores son mujeres.

Actualmente ANDIS y el Ministerio se encuentran trabajando en la elaboración de un Programa Interagencial de Inclusión Laboral en el Sector Privado.

El Ministerio de Trabajo lleva adelante una política pública que promueve la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo mediante la implementación de diferentes programas (mencionados anteriormente), que son compatibles con la pensión no contributiva por invalidez (PNC).

El Programa PROMOVER tiene como principales líneas de acción: 1) la formación e inserción laboral de personas con discapacidad; 2) asistencia a empleadores/as en la búsqueda de personas trabajadoras con discapacidad y beneficios económicos para su contratación o entrenamiento laboral; 3) las instituciones sin fines de lucro tienen la posibilidad de presentar proyectos para que lxs beneficiarixs puedan participar y desarrollarse laboralmente; 4) asistencia a organismos públicos de todo nivel en la búsqueda de personas trabajadoras con discapacidad.

Asimismo, la población destinataria de las acciones del Ministerio puede acceder a través del FOMENTAR a otros programas de la cartera de Estado.

XIX.Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) creó el Área de Implementación de Políticas Migratorias con Perspectiva de Género. Sus objetivos principales son, establecer, en el organismo, las políticas públicas culturales específicas de género, destinadas a la prevención de todas las formas de violencias por razones de género; brindar y fomentar al personal, información confiable, clara y precisa; y coordinar, junto con el Departamento de Desarrollo de Carrera, la capacitación al respecto.

Por otro lado, a partir de 2018, se observa una tendencia de crecimiento de la feminización de las solicitudes y reconocimientos, en el marco de la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. En cumplimiento del art. 53 de la citada Ley, en 2019 se conformó una mesa de diálogo entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la CONARE, con los objetivos de crear un circuito de derivación y atención a mujeres refugiadas y solicitantes de dicha condición, que se encuentren en situación de violencia de género; confeccionar material de difusión; y capacitación al personal de la CONARE en la temática.

XX.Mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales y personas intersexuales

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

Desde la sanción de la Ley 26743 y el decreto 476/21 se registraron en total 16.090 trámites, de los cuales el 55.95 % corresponde a mujeres (9164 en total) y el 6.49 % a No Binarix, es decir, 1044 trámites.

Para contribuir a la aplicación de la Ley 26743 se creó el Programa Identificar que cuenta con un equipo para la asistencia en la obtención y/o rectificación del acta de nacimiento, Certificado de Pre-identificación (CPI) y/o Documento Nacional de Identidad (DNI), a personas que desean rectificar su DNI conforme a su identidad de género autopercibida.

Para la Implementación del Cupo, se creó el Registro de Anotación Voluntaria El Registro Único de Aspirantes “Diana Sacayán - Lohana Berkins”. Se trata de una herramienta digital para que travestis, transexuales y/o transgénero puedan postularse a puestos laborales.

También, se creó la Unidad de Coordinación Interministerial (UCI), encargada del control y fortalecimiento de la Ley de Cupo Laboral. Esta unidad tiene como objetivo elaborar el Plan de Implementación del Cupo Laboral Travesti Trans, en el que se identificasen diagnósticos, procesos, etapas, procedimientos, mecanismos de seguimiento y control, y plazos para el cumplimiento efectivo de la Ley 27.636.

Mediante la resolución N° 561/2021, se establecieron los mecanismos y plazos para el seguimiento de la implementación de la Ley de Cupo Laboral, fijando una periodicidad para realizar monitoreos a los organismos del estado cada noventa días. Según los datos del Octavo Monitoreo, en la actualidad se registran 865 cargos ocupados por personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero (TTT), de los cuales 828 se encuentran en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, organismos centralizados y descentralizados; y 37 son los informados por el Poder Legislativo Nacional. Representando un incremento del 22 % de personas TTT contratadas, sobre el séptimo monitoreo.

Con relación a los organismos monitoreados, se destaca que más del 25 % de ellos han aumentado las contrataciones de personas TTT en sus plantas. Además, más del 11 % de estos organismos ya cumplen o incluso superan el 1 % establecido como piso por la Ley.

La prevención de las violencias extremas y la asistencia a las personas en situación de violencias dependen de los dispositivos, recursos, metodologías, definiciones, normativa y procedimientos que cada provincia adopta en el marco de sus competencias. Al mismo tiempo, las intervenciones de las fuerzas de seguridad y de la administración de justicia varían conforme las prácticas, metodologías y normativa procesal de cada jurisdicción.

Por ello, el Consejo Federal tiene entre sus funciones elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Asimismo, este espacio tiene el mandato de elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

XXI.Mujeres detenidas

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

Todos los establecimientos penitenciarios cuentan con escuelas de nivel primario y secundario conveniadas con los Ministerios de Educación locales. Por su parte, el Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres de Ezeiza cuenta también con un Centro Universitario gestionado por la Universidad de Buenos Aires. En total, el 96 % de las mujeres alojadas acceden a estudios en el contexto de encierro.

En cuanto al empleo, se informa que el 84,4 % de las mujeres alojadas en el SPF tiene un trabajo remunerado intramuros. Para potenciar la actividad laboral, se firmaron convenios que permiten el fortalecimiento de los talleres laborales del SPF. En esta línea, se lograron acuerdos con el Ministerio de Salud de la Nación para la producción de los kits del plan Qunita y de ropa de trabajo para los profesionales del área, con el municipio de Avellaneda para la provisión de ventanas metálicas utilizadas en la construcción de viviendas sociales, con el Consejo de la Magistratura de la Nación para la fabricación de banderas nacionales a utilizarse en distintos despachos y dependencias del Poder Judicial de la Nación, entre otros.

En cuanto al acceso a la salud, se aprobó “Plan Estratégico de Salud Integral para el SPF 2021-2023”, que establece las líneas prioritarias de trabajo para los equipos de salud intramuros, el trabajo articulado del SPF con el Programa de Salud en Contextos de Encierro de la cartera sanitaria con el fin de implementar las políticas sanitarias del Ministerio de Salud en los establecimientos carcelarios y la creación de una Especialización de Salud en contextos de encierro para la capacitación permanente de los equipos de salud de las cárceles.

En 2017 se finalizó el “Estudio de prevalencia de VIH, sífilis, hepatitis virales y tuberculosis en personas en contextos de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal” y en articulación con el MSAL se trabaja cada año las jornadas de microeliminación de la hepatitis C, con campañas de testeo rápido en unidades del AMBA y acceso a tratamiento de positivos.

Desde 2021, se realizan Talleres de Salud Menstrual y Gestión Menstrual, y se capacitó a las promotoras de salud y a representantes de todos los pabellones.

La implementación del “Plan 1000 días”, tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. En ese marco se promueve la atención y el cuidado integral de la salud de las personas embarazadas y de las/os niñas/os, considerando la gestación, el nacimiento, la crianza y el desarrollo infantil de los primeros años de vida.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) busca implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, facilitando que las mismas se desarrollen en un ámbito de promoción de derechos y contribuyendo a la prevención del delito mediante la promoción del tejido de lazos sociales que faciliten la reinserción social.

Por Resolución N° 808/2016, MJyDH, se aprobó un Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control, tendiente a asegurar la incorporación preferencial de personas que se encuentren en particulares condiciones de vulnerabilidad. Se ha establecido un orden de situaciones en las que se asigna prioritariamente el dispositivo de control: Mujeres embarazadas; madres de niños pequeños, personas LGBTI, personas enfermas, personas con discapacidad, adultos mayores.

Para la pronta investigación de presuntos casos de violencia contra las mujeres detenidas, el MPFM cuenta con una Procuraduría especializada en Violencia Institucional (PROCUVIN) que tiene entre sus funciones realizar investigaciones preliminares y coadyuvar en las causas que lo requieran. En cuanto a las medidas implementadas para la detección, investigación y sanción de casos de violencia institucional, se destaca que la PROCUVIN cuenta con una línea de atención telefónica - a cargo de un equipo capacitado en la contención y derivación de los reclamos- para atender a personas privadas de libertad en cárceles federales o de sus familiares, lo que implica una herramienta en pos de asegurar los derechos humanos de las personas encarceladas y hacia la debida investigación, y juzgamiento de hechos que los vulneren.

Cabe señalar que en Argentina existen múltiples organismos de control independientes de los servicios penitenciarios, entre los que se destacan la Procuración Penitenciaria de la Nación dependiente del Congreso, la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismos que tienen acceso irrestricto a los establecimientos del SPF y gestionan y acompañan las posibles denuncias de las personas privadas de la libertad.

Además, el Equipo de Género y Diversidad Sexual del Servicio Penitenciario Federal se encuentra en actividad desde 2008. El objetivo fundamental es dar cuenta del impacto diferencial de la cárcel sobre determinados colectivos específicos. Este equipo es un valor agregado a la labor de los órganos de monitoreo, así como también ha sido recuperado como una buena práctica por parte de organismos internacionales y nacionales. La Procuración remite informes alternativos al Comité de la CEDAW, con la intención de aportar información de relevancia acerca de las formas de trato y las experiencias de encierro de las mujeres y diversidades privadas de libertad.

Por otra parte, a los sistemas orgánicos de control del SPF, se agregó la creación del “Programa de Recepción de Reclamos respecto de la actividad penitenciaria”, con el objetivo de establecer canales adecuados y confiables de comunicación con la población.

XXII.Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

A través de los Centros de Acceso a la Justicia y de los operativos focalizados en esta temática se brinda atención para el cumplimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes de contar con la obligación alimentaria por parte de sus progenitores, donde se asesora sobre las alternativas para garantizar el pago de la cuota alimentaria y, de ser necesario, se deriva a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito para su judicialización. En junio de 2023 la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia apoyó la presentación en el Congreso Nacional de tres proyectos de ley vinculantes:

1.Patrocinio Jurídico Gratuito y Universal.

2.Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que los Tribunales remuevan obstáculos en el acceso a la justicia.

3.Creación del Fondo de Asistencia de Cuota Alimentaria y su financiamiento. Además se publicó la Guía de buenas prácticas: “El acceso a la cuota alimentaria. El Estado presente, con recomendaciones en el abordaje del incumplimiento y estrategias jurídicas sugeridas”.

XXIII.Información adicional

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

Desde la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 hasta el Compromiso de Buenos Aires de 2022, pasando por las Recomendaciones del Comité CEDAW, se ha definido y defendido la institucionalidad de género en las esferas más altas de gobierno y su transversalización en todos los niveles. Esto implica la asignación y disponibilidad de personal y presupuesto acorde a la ejecución de políticas públicas para reducir la desigualdad de género y asegurar el reconocimiento y ejercicio, en su mayor expresión, de los derechos humanos.

La creación del MMGYD en 2019 responde al compromiso político con una sociedad democrática sin jerarquías entre los géneros y sin violencias; pero, sobre todo, con una demanda histórica que tuvo una de sus expresiones más contundentes el 3 de junio de 2015.

Este informe da cuenta de los logros obtenidos, del alcance y del impacto, directo e indirecto, de tener un órgano ministerial a nivel nacional que coordine la política contra las violencias y a favor de la igualdad. La reducción por dos años consecutivos del 15 % de los femicidios/transvesticidios en todo el territorio es un efecto contundente de que las políticas hacia la reducción de las violencias y, por lo tanto, de una sociedad más justa funcionan.

El avance de las ultraderechas y su discurso negacionista en el mundo también es reflejo de que las acciones y políticas que llevamos a cabo para la igualdad, posicionando a los movimientos por los derechos humanos en lugares de toma de decisiones, cuestionan realmente los privilegios que garantiza el patriarcado a determinados sujetos y que pone efectivamente en jaque al poder real.

La experiencia de los últimos 4 años, afianzada en la trayectoria argentina por el sostenimiento de la democracia durante 40 años, indica que este es el camino.