Estado Parte

Fecha en que debíapresentarse el informe

Informes iniciales

Uganda

25 de junio de 1988

Togo

17 de diciembre de 1988

Guyana

17 de junio de 1989

Guinea

8 de noviembre de 1990

Somalia

22 de febrero de 1991

Estonia

19 de noviembre de 1992

Yemen

4 de diciembre de 1992

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1993

Letonia

13 de mayo de 1993

Seychelles

3 de junio de 1993

Cabo Verde

3 de julio de 1993

Camboya

13 de noviembre de 1993

Burundi

19 de marzo de 1994

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1994

Etiopía

12 de abril de 1995

Albania

9 de junio de 1995

Chad

9 de julio de 1996

República de Moldova

27 de diciembre de 1996

Côte d'Ivoire

16 de enero de 1997

Lituania

1º de marzo de 1997

República Democrática del Congo

16 de abril de 1997

Malawi

10 de julio de 1997

Honduras

3 de enero de 1998

Kenya

22 de marzo de 1998

Bahrein

4 de abril de 1999

Bangladesh

3 de noviembre de 1999

Níger

3 de noviembre de 1999

Sudáfrica

8 de enero de 2000

Burkina Faso

2 de febrero de 2000

Malí

27 de marzo de 2000

Bélgica

25 de julio de 2000

Turkmenistán

25 de julio de 2000

Japón

29 de julio de 2000

Mozambique

14 de octubre de 2000

Qatar

9 de febrero de 2001

Segundos informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 1992

Belice

25 de junio de 1992

Filipinas

25 de junio de 1992

Uganda

25 de junio de 1992

Togo

17 de diciembre de 1992

Guyana

17 de junio de 1993

Turquía

31 de agosto de 1993

Brasil

27 de octubre de 1994

Guinea

8 de noviembre de 1994

Somalia

22 de febrero de 1995

Rumania

16 de enero de 1996

Nepal

12 de junio de 1996

Yugoslavia

9 de octubre de 1996

Estonia

19 de noviembre de 1996

Yemen

4 de diciembre de 1996

Jordania

12 de diciembre de 1996

Mónaco

4 de enero de 1997

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1997

Benin

10 de abril de 1997

Letonia

13 de mayo de 1997

Seychelles

3 de junio de 1997

Cabo Verde

3 de julio de 1997

Camboya

13 de noviembre de 1997

Burundi

19 de marzo de 1998

Eslovaquia

27 de mayo de 1998

Eslovenia

14 de agosto de 1998

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1998

Armenia

12 de octubre de 1998

Costa Rica

10 de diciembre de 1998

Sri Lanka

1º de febrero de 1999

Etiopía

12 de abril de 1999

Albania

9 de junio de 1999

Estados Unidos de América

19 de noviembre de 1999

Ex República Yugoslava de Macedonia

11 de diciembre de 1999

Namibia

27 de diciembre de 1999

República de Corea

7 de febrero de 2000

Tayikistán

9 de febrero de 2000

Cuba

15 de junio de 2000

Chad

8 de julio de 2000

República de Moldova

27 de diciembre de 2000

Côte d'Ivoire

16 de enero de 2001

Lituania

1º de marzo de 2001

Kuwait

6 de abril de 2001

República Democrática del Congo

16 de abril de 2001

Terceros informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 1996

Belice

25 de junio de 1996

Bulgaria

25 de junio de 1996

Camerún

25 de junio de 1996

Francia

25 de junio de 1996

Filipinas

25 de junio de 1996

Senegal

25 de junio de 1996

Uganda

25 de junio de 1996

Uruguay

25 de junio de 1996

Austria

27 de agosto de 1996

Togo

17 de diciembre de 1996

Colombia

6 de enero de 1997

Ecuador

28 de abril de 1997

Guyana

17 de junio de 1997

Turquía

31 de agosto de 1997

Túnez

22 de octubre de 1997

Chile

29 de octubre de 1997

Australia

6 de septiembre de 1998*

Argelia

11 de octubre de 1998

Brasil

27 de octubre de 1998

Guinea

8 de noviembre de 1998

Nueva Zelandia

8 de enero de 1999

Somalia

22 de febrero de 1999

Malta

12 de octubre de 1999

Alemania

30 de octubre de 1999

Liechtenstein

1º de diciembre de 1999

Rumania

16 de enero de 2000

Nepal

12 de junio de 2000

Chipre

16 de agosto de 2000

Venezuela

27 de agosto de 2000

Croacia

7 de octubre de 2000

Estonia

19 de noviembre de 2000

Yemen

4 de diciembre de 2000

Jordania

12 de diciembre de 2000

Mónaco

4 de enero de 2001

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 2001

Benin

10 de abril de 2001

Letonia

13 de mayo de 2001

Cuartos informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 2000

Argentina

25 de junio de 2000

Belarús

25 de junio de 2000

Belice

25 de junio de 2000

Bulgaria

25 de junio de 2000

Camerún

25 de junio de 2000

Francia

25 de junio de 2000

Hungría

25 de junio de 2000

México

25 de junio de 2000

Filipinas

25 de junio de 2000

Federación de Rusia

25 de junio de 2000

Senegal

25 de junio de 2000

Suiza

25 de junio de 2000

Uganda

25 de junio de 2000

Uruguay

25 de junio de 2000

Canadá

23 de julio de 2000

Austria

27 de agosto de 2000

Panamá

22 de septiembre de 2000

Luxemburgo

28 de octubre de 2000

Togo

17 de diciembre de 2000

Colombia

6 de enero de 2001

Ecuador

28 de abril de 2001

24.El Comité expresó su preocupación por el número de Estados Partes que todavía no cumplían sus obligaciones en materia de presentación de informes. Con respecto, en particular, a los Estados Partes cuyos informes tenían un retraso de más de cuatro años, y a los que el Secretario General había enviado varios recordatorios, el Comité deploró que esos Estados Partes siguieran sin cumplir las obligaciones que habían asumido libremente en virtud de la Convención. El Comité recalcó que tenía el deber de vigilar la aplicación de la Convención y que el incumplimiento por un Estado Parte de sus obligaciones de presentación de informes constituía una infracción de las disposiciones de la Convención.

25.A este respecto, el Comité decidió continuar su práctica de dar a conocer listas de los Estados Partes cuyos informes tuvieran un retraso durante las conferencias de prensa que el Comité suele celebrar al final de cada período de sesiones.

26.En el anexo V al presente informe figura el estado de presentación de informes de los Estados Partes con arreglo al artículo 19 de la Convención, al 18 de mayo de 2001, fecha de clausura del 26º período de sesiones del Comité.

IV. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOSPARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

27.En sus períodos de sesiones 25º y 26º, el Comité examinó los informes presentados por 14 Estados Partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención. En su 25º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes, enumerados en el orden en que fueron recibidos por el Secretario General:

Armenia: segundo informe periódicoCAT/C/43/Add.3Belarús: tercer informe periódicoCAT/C/34/Add.12Australia: segundo informe periódicoCAT/C/25/Add.11Canadá: tercer informe periódicoCAT/C/34/Add.13Camerún: segundo informe periódicoCAT/C/17/Add.22Guatemala: tercer informe periódicoCAT/C/49/Add.2

28.En su 26º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes, enumerados en el orden en que fueron recibidos por el Secretario General:

Georgia: segundo informe periódicoCAT/C/48/Add.1Grecia: tercer informe periódicoCAT/C/39/Add.3República Checa: segundo informe periódicoCAT/C/38/Add.1Eslovaquia: informe inicialCAT/C/24/Add.6Bolivia: informe inicialCAT/C/52/Add.1Brasil: informe inicialCAT/C/9/Add.16Costa Rica: informe inicialCAT/C/24/Add.7Kazajstán: informe inicialCAT/C/47/Add.1

29.De conformidad con el artículo 66 del reglamento, se invitó a representantes de todos los Estados Partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité cuando se examinaron sus informes. Todos los Estados Partes que los informes fueron examinados por el Comité enviaron representantes para que participaran en su examen.

30.Con arreglo a la decisión adoptada por el Comité en su cuarto período de sesiones*, el Presidente designó relatores por países y relatores suplentes, en consulta con los miembros del Comité y la Secretaría para cada uno de los informes presentados por los Estados Partes y examinados por el Comité en sus períodos de sesiones 25º y 26º. En el anexo VI del presente informe figura en la lista de estos informes y los nombres de los correspondientes relatores por países y relatores suplentes.

31.En relación con su examen de los informes, el Comité tuvo también ante sí los siguientes documentos:

a)Pautas generales relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los Estados Partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/4/Rev.2);

b)Directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados Partes deben presentar en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

32.De acuerdo con la decisión adoptada por el Comité en su 11º período de sesiones**, las secciones que siguen, dispuestas por país en la secuencia seguida por el Comité para el examen de los informes, contienen referencias a los informes presentados por los Estados Partes y a las actas resumidas de las sesiones en que fueron examinados los informes, así como el texto de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Comité con respecto a los informes de los Estados Partes que fueron examinados en sus períodos de sesiones 25º y 26º.

ARMENIA

33.El Comité ha examinado el segundo informe periódico de Armenia (CAT/C/43/Add.3) en sus sesiones 440ª, 443ª y 447ª, celebradas los días 14, 15 y 17 de noviembre de 2000 (CAT/C/SR.440, 443 y 447), y ha aprobado las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

34.El Comité observa que el segundo informe periódico de Armenia no ha sido redactado en plena conformidad con las directivas para la preparación de informes periódicos, de junio de 1998. No obstante, acoge con satisfacción la presentación oral del informe por la delegación de Armenia y su buena disposición para dialogar con el Comité.

B. Aspectos positivos

35.El Comité observa con satisfacción los siguientes aspectos:

a)La continuación de los esfuerzos para establecer un marco jurídico sobre la base de los valores humanos universales con miras a proteger los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a no ser sometido a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

b)La moratoria sobre la ejecución de la pena capital y la eliminación prevista de la pena capital en el proyecto de Código Penal;

c)El hecho de que ninguna persona pueda ser extraditada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o condenada a muerte;

d)El programa de formación sobre los derechos humanos para funcionarios de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, en particular los empleados del Ministerio del Interior y de la Seguridad Nacional;

e)La cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones no gubernamentales;

f)La voluntad del Estado Parte de crear el puesto de Defensor del Pueblo.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

36.El Comité toma nota de los problemas que enfrenta actualmente el Estado Parte en relación con la transición.

D. Motivos de preocupación

37.Preocupan al Comité los aspectos siguientes:

a)La falta en el proyecto de Código Penal de determinados aspectos de la definición de la tortura, tal como figura en el artículo 1 de la Convención;

b)El hecho de que no siempre se respeten los derechos de las personas privadas de libertad;

c)La existencia de un régimen de responsabilidad penal aplicable a los jueces que cometan errores en sus fallos de condena, lo que podría traer consigo un poder judicial precario;

d)La falta de medidas de indemnización efectivas a las víctimas de actos de tortura cometidos por funcionarios del Estado en violación de las disposiciones del artículo 14 de la Convención;

e)Las malas condiciones de las cárceles y el hecho de que éstas dependan del Ministerio del Interior;

f)La persistencia de la práctica de las novatadas (dedovshchina) en el ejército, que da lugar al abuso o a la violación de las disposiciones pertinentes de la Convención. Además, esta práctica tiene un efecto devastador en las víctimas, e incluso a veces puede llevar a algunas de ellas a cometer suicidio.

38.El Comité observa con preocupación que el Estado Parte no haya tomado en cuenta en su segundo informe periódico las recomendaciones formuladas por el Comité en ocasión del examen del informe inicial de Armenia, realizado en abril de 1996. En particular, no ha comunicado los resultados de las investigaciones sobre las alegaciones de malos tratos señaladas a la atención del Comité.

E. Recomendaciones

39.El Comité formula las siguientes recomendaciones:

a)Si bien la legislación armenia contiene distintas disposiciones relativas a determinados aspectos de la tortura, tal como se define en la Convención, el Estado Parte, para cumplir cabalmente con sus obligaciones dimanantes de la Convención, debe adoptar una definición de la tortura estrictamente conforme al artículo 1 y establecer las penas que sean apropiadas;

b)La garantía de acceso inmediato a las personas privadas de libertad de que deben gozar sus abogados, miembros de familia y médicos de su elección;

c)El Comité, si bien celebra el proyecto de traspaso de tutela de la Administración Penitenciaria, anteriormente ejercida por el Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, invita al Estado Parte a poner en marcha un sistema de control verdaderamente independiente y operacional en todos los lugares de detención, ya sea que dependan del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Justicia o del Ministerio de Defensa;

d)El Comité recomienda que el Estado Parte inicie sin demora investigaciones imparciales sobre las alegaciones de novatadas (dedovshchina) en el ejército y enjuicie a los responsables;

e)El Comité invita al Estado Parte a que adapte el régimen de responsabilidad penal de los jueces conforme a los instrumentos internacionales pertinentes, en particular los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados en 1985, y las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas en 1990;

f)El Comité alienta al Estado Parte a que continúe las actividades educacionales y de formación en relación con la prevención de la tortura y la protección de las personas contra la tortura y los malos tratos para miembros de la policía y el personal de las cárceles, ya sea que dependan del Ministerio del Interior o las cárceles militares;

g)El Comité recomienda que el Estado Parte apruebe a la mayor brevedad posible el proyecto de Código Penal que prevé la eliminación de la pena capital, a fin de resolver la situación de numerosos condenados a la pena de muerte que se encuentran en una situación incierta, por tratarse de un trato cruel e inhumano en violación del artículo 16 de la Convención;

h)El Comité desea recibir información sobre las recomendaciones que le formuló en ocasión del examen del informe inicial de Armenia, en particular en cuanto a las alegaciones de malos tratos que se señalaron a su atención y que deben ser objeto de una investigación inmediata e imparcial, cuyos resultados deberán comunicarse al Comité;

i)El Comité invita al Estado Parte a proporcionar al Comité, en el próximo informe que debe presentar en octubre de 2002, las estadísticas necesarias desglosadas por sexo y región geográfica;

j)Por último, el Comité alienta al Estado Parte a que estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

BELARÚS

40.El Comité examinó el tercer informe periódico de Belarús (CAT/C/34/Add.12) en sus sesiones 442ª, 445ª y 449ª, celebradas los días 15, 16 y 20 de noviembre de 2000 (CAT/C/SR.442, 445 y 449), y adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

41.El Comité acoge complacido el tercer informe periódico de Belarús, aunque observa que el informe, que debía presentarse en junio de 1996, se presentó con tres años de retraso. También observa que no se presentó con arreglo a las directrices relativas a la preparación de los informes periódicos de los Estados Partes. El Comité lamenta que el informe careciese de información detallada sobre la aplicación de la Convención en la práctica, pero desea expresar su reconocimiento por la amplia e informativa actualización que hizo oralmente el representante del Estado Parte durante el examen del mismo.

B. Aspectos positivos

42.El Comité acoge con beneplácito la información facilitada por los representantes del Estado Parte en el sentido de que el Gobierno de Belarús ha decidido retirar su reserva al artículo 20 de la Convención en lo que respecta al procedimiento de investigación.

43.El Comité toma nota de la cooperación del Gobierno de Belarús con los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas y con otros mecanismos de derechos humanos, en especial al permitir la visita del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión y, últimamente, del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

44.El Comité acoge complacido la información proporcionada por los representantes del Estado Parte en el sentido de que el Gobierno de Belarús ha decidido adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

C. Motivos de preocupación

45.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)El deterioro de la situación en materia de derechos humanos en Belarús desde el examen de su segundo informe periódico en 1992, incluida la persistente supresión del derecho a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las limitaciones a la independencia de la prensa y al derecho de reunión pacífica, que crean obstáculos para la plena aplicación de la Convención;

b)La ausencia en el Código Penal del Estado Parte de una definición de tortura, como estipula el artículo 1 de la Convención, y la ausencia de un delito específico de tortura, con la consecuencia de que el delito de tortura no es punible con penas adecuadas, como lo establece el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención;

c)Las continuas y numerosas denuncias de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios del Estado Parte, o con el consentimiento de ellos, que afectan especialmente a los opositores políticos del Gobierno y a los manifestantes pacíficos, y que incluyen desapariciones, palizas y otros actos que violan las disposiciones de la Convención;

d)La falta de un ministerio público independiente, en particular el hecho de que el Fiscal tenga la competencia de ejercer la supervisión en lo tocante a la adecuación de la duración de la detención preventiva, que puede ser de hasta 18 meses;

e)La tendencia a que los funcionarios no lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales y completas sobre las muchas denuncias de torturas que se presentan ante las autoridades, así como el hecho de no procesar a los presuntos autores, en violación de los artículos 12 y 13 de la Convención;

f)La ausencia de un poder judicial independiente, ya que el Presidente del Estado Parte sigue siendo el único que tiene facultades para nombrar y destituir a la mayoría de los jueces, quienes también deben pasar un período inicial de prueba y cuya permanencia en el cargo carece de ciertas salvaguardias necesarias;

g)El Decreto presidencial Nº 12, que limita la independencia de los abogados y los subordina al control del Ministerio de Justicia, e introduce la pertenencia obligatoria a un colegio de abogados controlado por el Estado, en contravención directa de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados;

h)El hacinamiento, el deficiente régimen alimentario y la falta de acceso a unas instalaciones higiénicas básicas y a una asistencia médica adecuada, así como la incidencia de la tuberculosis, en las prisiones y los centros de detención preventiva;

i)La continuación del recurso a la pena capital y la inadecuación de los procedimientos de apelación, la falta de transparencia en relación con los que están a la espera de ejecución de esa pena y la presunta negativa a devolver los cadáveres de los ejecutados a sus familiares, lo que imposibilita toda investigación de las acusaciones de tortura o malos tratos en prisión.

D. Recomendaciones

46.El Comité recomienda:

a)Que el Estado Parte enmiende su legislación penal interna para incluir el delito de tortura, con arreglo a la definición que figura en el artículo 1 de la Convención y con la aplicación de una pena adecuada;

b)Que se adopten medidas urgentes y eficaces para establecer un mecanismo de denuncias plenamente independiente que garantice una investigación encargado de la inmediata, imparcial y completa de las numerosas denuncias de tortura que se presentan ante las autoridades y el enjuiciamiento y castigo, cuando proceda, de los presuntos culpables;

c)Que el Estado Parte considere la posibilidad de crear una comisión nacional de derechos humanos independiente e imparcial con componentes gubernamentales y no gubernamentales, dotada de facultades efectivas para investigar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, en particular las relativas a la aplicación de la Convención;

d)Que se adopten medidas, incluida la revisión de la Constitución, leyes y decretos, para establecer y garantizar la independencia del poder judicial y de los abogados en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas internacionales;

e)Que desplieguen esfuerzos para mejorar las condiciones en las prisiones y centros de detención preventiva y que el Estado Parte establezca un sistema que permita la inspección de las prisiones y los centros penitenciarios por parte de observadores imparciales y dignos de crédito, cuyas conclusiones deberían hacerse públicas;

f)Que se disponga el control judicial independiente del período y las condiciones de la detención preventiva;

g)Que el Estado Parte considere la posibilidad de hacer las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención;

h)Que las conclusiones y recomendaciones del Comité, así como las actas resumidas del examen del tercer informe periódico del Estado Parte, se distribuyan ampliamente en el país, incluso mediante su publicación tanto en los medios de información controlados por el Gobierno como en los medios independientes.

AUSTRALIA

47.El Comité examinó el segundo informe de Australia (CAT/C/25/Add.11) en sus sesiones 444ª, 447ª y 451ª, celebradas los días 16, 17 y 21 de noviembre (CAT/C/SR.444, 447 y 451) y adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

48.El Comité toma nota de que el informe se ha presentado con seis años de retraso y según las indicaciones comprendía el segundo y tercer informes periódicos, el último de los cuales debía haberse presentado en 1998. El Comité celebra el diálogo constructivo mantenido con la delegación de Australia y expresa su gran reconocimiento por la información amplia y detallada, presentada tanto oralmente, como por escrito, que no sólo actualizaba el informe, cuya información llegaba únicamente hasta 1997, sino que también contenía referencias concretas a cada uno de los componentes de la federación australiana, señalaba los factores y dificultades que afectan a la federación y daba respuestas a casi todas las cuestiones específicas correspondientes.

49.El Comité desea expresar su agradecimiento por la nueva información presentada en 1992 (CAT/C/9/Add.11) en respuesta a las cuestiones formuladas durante el examen del informe inicial de Australia.

50.El Comité expresa también su reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales y los organismos oficiales por su contribución al examen del informe del Estado Parte.

B. Aspectos positivos

51.El Comité acoge con especial satisfacción lo siguiente:

a)Las declaraciones realizadas por Australia el 28 de enero de 1993, en virtud de los artículos 21 y 22 de la Convención, y su ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

b)Las numerosas investigaciones e indagaciones llevadas a cabo, entre otros organismos, por las comisiones reales de investigación, las comisiones parlamentarias, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, los ombudsman y otros organismos específicos, a escala federal y estatal, en cuestiones que guardan relación con la aplicación de la Convención;

c)Las consultas con las organizaciones no gubernamentales nacionales que se celebraron durante la preparación del informe;

d)La información que figura en el informe sobre la ampliación de los servicios de rehabilitación para las víctimas de la tortura y las contribuciones del Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

e)Las medidas adoptadas para examinar los fundamentos históricos, sociales y económicos de las desventajas a las que se enfrenta la población indígena;

f)El establecimiento del mecanismo reglamentario independiente del inspector de los servicios carcelarios.

C. Motivos de preocupación

52.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)La aparente inexistencia de mecanismos adecuados de examen de las decisiones ministeriales en relación con los casos previstos en el artículo 3 de la Convención;

b)La utilización de dispositivos de limitación física por las autoridades carcelarias, que pueden ocasionar dolor y humillación innecesarios;

c)Las acusaciones de uso excesivo de la fuerza o de tratamiento degradante por la policía o los carceleros;

d)Las acusaciones de intimidación y consecuencias desfavorables para los reclusos que denuncian el tratamiento que reciben en las cárceles;

e)La legislación que impone penas mínimas obligatorias, lo que ha tenido, al parecer, efecto discriminatorio en relación con la población indígena (incluidas mujeres y delincuentes juveniles), cuya proporción en las estadísticas del sistema de justicia penal es excesiva.

D. Recomendaciones

53.El Comité recomienda que:

a)El Estado Parte garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todos los estados y territorios;

b)El Estado Parte estudie la conveniencia de establecer un mecanismo para el examen independiente de las decisiones ministeriales en relación con los casos previstos en el artículo 3 de la Convención;

c)El Estado Parte persevere en sus actividades de educación e información dirigidas a los agentes del orden, en relación con la prohibición de la tortura, e intensifique sus actividades de formación, en especial, de la policía, de los funcionarios de prisiones y del personal médico de las cárceles;

d)El Estado Parte examine continuamente la utilización de dispositivos de restricción física que puedan causar humillación y dolor innecesarios, y vele por que su empleo quede debidamente registrado;

e)El Estado Parte garantice que los denunciantes sean protegidos de la intimidación y de cualquier consecuencia desfavorable a raíz de su denuncia;

f)El Estado Parte continúe con sus esfuerzos por reducir el hacinamiento de las cárceles;

g)El Estado Parte continúe con sus esfuerzos por resolver la situación de desventaja socioeconómica que, entre otras cosas, da lugar a que el número de australianos indígenas que tienen dificultades con el sistema de justicia penal sea desproporcionadamente alto;

h)El Estado Parte examine cuidadosamente la legislación que impone penas mínimas obligatorias, para garantizar que no plantea cuestiones de acatamiento de sus obligaciones internacionales con arreglo a la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular, en relación con los posibles efectos adversos sobre los grupos desfavorecidos;

i)El Estado Parte presente su próximo informe periódico en noviembre de 2004 y a velar por que contenga información sobre la aplicación de las presentes recomendaciones e incluya estadísticas desglosadas.

CANADÁ

54.El Comité examinó el tercer informe periódico del Canadá (CAT/C/34/Add.13) en sus sesiones 446ª, 449ª y 453ª, celebradas los días 17, 20 y 22 de noviembre de 2000 (CAT/C/SR.446, 449 y 453), y adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

55.El Comité acoge complacido el tercer informe periódico del Canadá que, si bien se presentó con tres años de retraso, se ajusta a las directrices relativas a la preparación de los informes periódicos de los Estados Partes. Al Comité le satisface en particular la detallada información estadística y de otra índole presentada en respuesta a las solicitudes formuladas por el Comité durante el examen del segundo informe periódico. El Comité se congratula del diálogo constructivo establecido con la delegación y las respuestas francas y directas proporcionadas por la delegación en relación con las cuestiones planteadas por el Comité, con inclusión del material presentado por escrito.

56.El Comité también acoge con beneplácito las seguridades que ha dado el Estado Parte de que considerará con seriedad las solicitudes que formule el Comité para la adopción de medidas provisionales en los casos individuales presentados de conformidad con el artículo 22. El Comité recuerda que el Estado Parte pidió al Comité que supervisara sus métodos de trabajo para velar por que se establezcan plazos no prorrogables para el examen de las denuncias individuales. El Comité destaca una vez más que los plazos fijados en su reglamento se han establecido para que los Estados Partes puedan presentar respuestas completas a las alegaciones hechas para que el Comité pueda efectuar un examen a fondo.

B. Aspectos positivos

57.El Comité expresa su satisfacción por lo siguiente:

a)La amplia protección jurídica contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que existe en el Estado Parte y los esfuerzos realizados por las autoridades para lograr la transparencia en sus instituciones y prácticas;

b)La entrada en vigor de nuevas medidas legislativas, a saber, la Ley relativa a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra que supera muchos de los obstáculos al enjuiciamiento de las personas acusadas de esos crímenes que se plantearon en el asunto Finta, y la ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional;

c)El examen sistemático, desde diciembre de 1999, de todas las alegaciones presentadas contra individuos que han participado en actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;

d)La presentación de proyectos de leyes en virtud de las cuales se incluirían en los criterios destinados a conceder protección a los refugiados los motivos esbozados en la Convención;

e)El nombramiento de un investigador correccional, independiente del Servicio Correccional, encargado de defender los derechos de los autores de delitos federales que están encarcelados, y el establecimiento de una División de Derechos Humanos en el Servicio Correccional del Canadá para que ayude a vigilar y evaluar las políticas y las prácticas y fortalecer la cultura de derechos humanos;

f)La elaboración de una estrategia nacional sobre la política correccional relativa a los aborígenes y otras medidas para tener en cuenta las históricas desventajas sociales y económicas de la población indígena;

g)La política del Estado Parte de recabar la opinión de las organizaciones no gubernamentales al preparar los informes que presenta al Comité, y sus seguridades de que las "críticas y preocupaciones" de esas organizaciones se incluirán explícitamente en el próximo informe del Estado Parte;

h)El aumento de la contribución del Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el constante apoyo a los centros nacionales de rehabilitación de las víctimas de la tortura.

C. Motivos de preocupación

58.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)Las alegaciones sobre acciones que no son conformes a la Convención, incluido el uso indebido de gas pimienta y fuerza por las autoridades policiales para disolver las manifestaciones y restablecer el orden, en particular por lo que se refiere a las manifestaciones que tuvieron lugar con motivo de la cumbre de 1997 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (CEAP).

b)Las alegaciones de que las autoridades del Estado Parte han tratado a las reclusas de modo severo e indebido, y que aún no se han aplicado muchas de las recomendaciones del informe Arbour.

c)Las alegaciones sobre el uso indebido de la fuerza y la administración de sedantes contra su voluntad a los solicitantes de asilo que se expulsan porque se han rechazado sus solicitudes.

d)El número excesivo de aborígenes en las cárceles en todo el sistema de justicia penal del Estado Parte.

e)La posición del Estado Parte ante los tribunales, y las políticas y prácticas que se aplican cuando se considera que una persona ha cometido delitos graves o representa un riesgo para la seguridad y que esa persona puede ser devuelta a otro Estado, incluso si existen motivos sustanciales para creer que esa persona sería sometida a tortura, medida que no sería conforme al carácter absoluto de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención.

f)El hecho de que la evaluación del peligro público, sin entrevista ni transparencia, se realiza con anterioridad al procedimiento de determinación del estatuto de refugiado y, si se considera que una persona representa un riesgo para la seguridad, no tiene derecho a que su caso se examine a fondo con arreglo al procedimiento normal de determinación del estatuto de refugiado. Además, el Comité observa que actualmente el mismo órgano gubernamental se ocupa del examen de la cuestión del riesgo para la seguridad y el examen de la valoración humanitaria y benevolente; el Comité también se siente preocupado por el hecho de que la presunta falta de independencia de los funcionarios encargados de adoptar decisiones, así como la posibilidad de que se expulse a una persona mientras se está examinando una solicitud en la que se invocan motivos humanitarios y benevolentes, pueden restar eficacia a los recursos destinados a proteger los derechos reconocidos en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención.

g)La falta de medidas adecuadas en lo que respecta al quebrantamiento de las normas de la Convención, como dispone el párrafo 1 del artículo 7.

h)A pesar de la nueva Ley relativa a los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad y las seguridades que ha dado el Estado Parte, la posibilidad de que un torturador acusado pueda aún alegar distintos motivos de defensa que le permitirían obtener la inmunidad, incluso el hecho de que se hayan realizado actuaciones en el extranjero con el propósito de eximir al acusado de toda responsabilidad penal; que el delito se cometió obedeciendo a las leyes en vigor en ese momento; o que el acusado tenia una motivación distinta de la intención de ser inhumano.

D. Recomendaciones

59.El Comité recomienda al Estado Parte:

a)Que cumpla cabalmente el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención que prohíbe que se devuelva una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, independientemente de que esa persona haya cometido delitos graves o represente un riesgo para la seguridad.

b)Que establezca recursos más eficaces para proteger los derechos reconocidos en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención. Tomando nota de las seguridades que se dan en el proyecto de ley sobre la inmigración y los refugiados en cuanto a la evaluación de los riesgos antes de la expulsión "de todas las personas a las que se aplique una orden de expulsión", el Comité alienta al Estado Parte a que vele por que el proyecto de ley permita un examen a fondo por una entidad independiente de las reclamaciones, incluso las que presenten las personas que ya hayan sido objeto de una evaluación de los riesgos para la seguridad. El Comité insta al Estado Parte a garantizar que se eliminen los obstáculos a la plena aplicación del artículo 3, de modo que la persona interesada tenga la oportunidad de responder antes de que se tome una decisión respecto de los riesgos para la seguridad, y a que se hagan valoraciones humanitarias y benevolentes sin exigir el pago de una tasa de tramitación a la persona que solicite la protección.

c)Que enjuicie a todos los presuntos torturadores en el territorio que depende de su jurisdicción cuando no se les extradite y las pruebas lo justifiquen, y siempre antes de la deportación.

d)Que elimine de la legislación actual los motivos de defensa que podrían permitir que el torturador acusado obtenga la inmunidad.

e)Que considere la posibilidad de crear un nuevo órgano de investigación encargado de recibir e investigar las denuncias relacionadas con la Convención, como las que se refieran a los motivos de preocupación antes mencionados, incluso las alegaciones relativas a miembros de la población indígena.

f)Que mantenga e intensifique la formación del personal militar en lo que respecta a las normas previstas en la Convención y las cuestiones de derechos humanos conexas, incluso las que se refieren al trato discriminatorio.

g)Que presente su cuarto informe periódico, que debía presentarse en julio de 2000, con la mayor puntualidad posible.

CAMERÚN

60.El Comité ha examinado el segundo informe periódico del Camerún (CAT/C/17/Add.22) en sus sesiones 448ª, 451ª y 454ª, celebradas los días 20, 21 y 23 de noviembre de 2000 (CAT/C/SR.448, 451 y 454), y ha aprobado las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

61.El Comité expresa su profunda satisfacción por la presentación del informe del Camerún, que abarca un período que se extiende hasta fines de 1996. El informe, que acusaba un atraso de siete años, ha sido redactado de conformidad con las directivas para la preparación de los informes periódicos.

62.El Comité expresa asimismo su satisfacción a la delegación camerunesa por el profesionalismo de que ha dado muestra y el cuidado que ha puesto al responder detalladamente a las preguntas formuladas por el Comité, lo que manifiesta el interés que atribuye el Estado Parte a la labor del Comité.

B. Aspectos positivos

63.El Comité toma nota con satisfacción de los elementos siguientes:

a)El notable esfuerzo realizado por el Estado Parte, que ha emprendido una profunda reforma de su legislación y de sus prácticas para respetar sus obligaciones con arreglo a la Convención;

b)Su aceptación de recibir la visita del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, que ha podido cumplir su misión sin trabas;

c)La disponibilidad del Estado Parte para acoger a inspectores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para visitar los lugares de detención conforme a las condiciones establecidas por éste;

d)El respeto escrupuloso por las jurisdicciones y las autoridades políticas camerunesas de las obligaciones del Estado Parte a tenor del artículo 3 de la Convención, lo que ha permitido evitar que una persona fuera extraditada hacia otro Estado donde habría estado en peligro de ser sometida a tortura o condenada a muerte;

e)La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Rwanda al proceder a extraditar a varios acusados a Arusha;

f)Las garantías dadas por los representantes del Estado Parte de que se autorizará a la Comisión Nacional de derechos humanos a visitar los centros de detención en las condiciones recomendadas por el Relator Especial;

g)La decisión del Estado Parte de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención;

h)La aplicación del proceso de ratificación del Tratado sobre la Corte Penal Internacional;

i)La reciente contribución del Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

64.El Comité es consciente de la serie de dificultades que enfrenta el Estado Parte, sobre todo las de tipo económico, que han ocasionado una reducción considerable de los recursos económicos. No obstante, señala que no hay circunstancias excepcionales de ningún tipo que puedan invocarse para justificar la tortura.

D. Motivos de preocupación

65.Preocupan al Comité los aspectos siguientes:

a)Pese a la política aplicada por el Gobierno, parece que la tortura sigue siendo una práctica muy generalizada;

b)La continuación de la práctica del internamiento administrativo que permite que autoridades dependientes del poder ejecutivo o que son parte de ese poder (Ministerio del Interior) atenten contra la libertad individual; lo que, en un estado de derecho, debería incumbir al poder judicial;

c)La brecha existente entre la adopción de normas respetuosas de los derechos humanos destinadas en particular a impedir la práctica de la tortura, y las comprobaciones hechas sobre el terreno por un órgano independiente como el Relator Especial sobre la tortura, que revelan la existencia de muchos casos de tortura;

d)La desproporción entre el número considerable de denuncias de tortura o de malos tratos y el pequeñísimo número de diligencias judiciales o juicios por tortura;

e)La falta de disposiciones legislativas que garanticen la indemnización y la rehabilitación de las víctimas de tortura, en violación de las disposiciones del artículo 14 de la Convención;

f)La falta de una disposición legislativa que haga inadmisible toda prueba obtenida mediante la tortura, como se exige en el artículo 15 de la Convención;

g)La prioridad atribuida a los imperativos de la seguridad, que parece eclipsar todas las demás consideraciones, incluida la prohibición de la tortura;

h)El mantenimiento de la administración penitenciaria bajo la tutela del Ministro del Interior;

i)Las múltiples violaciones de los derechos humanos atribuidas a dos cuerpos especiales, el comando operacional y el grupo de intervención de la gendarmería nacional.

E. Recomendaciones

66.El Comité formula las siguientes recomendaciones:

a)Introducir en la legislación un mecanismo que permita indemnizar y rehabilitar completamente a las víctimas de la tortura;

b)Introducir en la legislación una disposición que prohíba tener en consideración cualesquiera pruebas obtenidas mediante la tortura, salvo contra el propio autor de los actos de tortura para probar que se ha cometido un acto de tortura;

c)Aprovechar el trabajo de codificación en curso para adaptar la legislación camerunesa a las disposiciones de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Convención;

d)Velar por la aplicación efectiva de las instrucciones del Ministerio de Justicia según las cuales no debería practicarse la detención durante la instrucción, salvo en caso de necesidad absoluta, y por que la libertad bajo fianza sea la norma, en particular por cuanto ello podría solucionar el problema de la sobrepoblación de las cárceles;

e)Prever el traspaso de la tutela de la administración penitenciaria del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia;

f)Prever el desmantelamiento de las fuerzas especiales creadas en el marco de la lucha contra el gran bandidaje y al mismo tiempo, poner fin a la suspensión de las contrataciones de agentes de la fuerza pública;

g)Continuar enérgicamente las investigaciones ya iniciadas sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos y, en los casos que aún no hayan sido objeto de investigaciones, ordenar el inicio de investigaciones inmediatas e imparciales y mantener informado al Comité acerca de sus resultados;

h)Velar por el respeto escrupuloso de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco de la lucha contra el gran bandidaje;

i)Continuar el programa de formación en materia de derechos humanos y en particular en lo que atañe a la prohibición de la tortura, de los miembros de las fuerzas del orden;

j)Prever la organización de un sistema de evaluación periódica de la eficacia de la aplicación de la legislación por la que se prohíbe la tortura, por ejemplo procurando sacar el máximo provecho posible de la existencia de la Comisión Nacional de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos;

k)Mantener escrupulosamente un registro de las personas detenidas y hacerlo accesible al público.

GUATEMALA

67.El Comité examinó el tercer informe periódico de Guatemala (CAT/C/49/Add.2) en sus sesiones 450ª, 453ª y 456ª, celebradas los días 21, 22 y 24 de noviembre de 2000 (CAT/SR.446, 453 y 456), y adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

68.El Comité observa que aunque Guatemala es Estado Parte de la Convención desde el 5 de enero de 1990, no ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención, y que es también Estado Parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

69.El informe, que fue presentado el 3 de febrero de 2000 y comprende el período que va desde el 1º de abril de 1998 al 31 de diciembre de 1999, fue actualizado por el Jefe de la delegación de Guatemala en su presentación oral. El informe se ajusta en general a las directivas del Comité sobre la forma y el contenido de los informes periódicos.

70.El Comité agradece a la delegación sus respuestas y la franqueza y cooperación con que se desarrolló el diálogo.

B. Aspectos positivos

71.El Comité observa con satisfacción los siguientes aspectos positivos:

a)El anuncio del Presidente de la República de Guatemala, reiterado por el Jefe de la delegación en su presentación, de que el tema de los derechos humanos tendrá un lugar central en la política del Gobierno y la afirmación de la necesidad impostergable de la transformación de la administración de justicia y la superación de la impunidad;

b)El reconocimiento por el Estado de su responsabilidad en casos emblemáticos de violación de derechos humanos que se sustancian en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y el anuncio de su disposición igualmente a reconocer sus responsabilidades en otros casos pendientes;

c)La promulgación de la Ley de Carrera Judicial, que regula el desempeño de jueces y magistrados para cautelar su independencia y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones;

d)La consolidación de la Escuela de Estudios Judiciales como institución de formación y capacitación judicial y como responsable de la selección objetiva e imparcial de los postulantes a ingresar al organismo judicial;

e)La desmovilización de la Guardia de Hacienda y la conclusión del proceso de integración en una sola policía nacional civil;

f)La creación en la institución del Procurador de los Derechos Humanos de la Defensoría del Recluso y del Debido Proceso, con facultades de supervisión sobre autoridades judiciales y carcelarias destinadas a la protección de sectores donde con frecuencia suelen darse situaciones de violaciones de derechos humanos y de las garantías judiciales;

g)La suscripción entre el Gobierno y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala de un acuerdo para la ejecución del Programa sobre Modernización del Sistema Penitenciario y, como componente de ese programa, la creación de la Escuela del Sistema Penitenciario en noviembre de 1999;

h)La disposición del Gobierno, anunciada al Comité por el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y jefe de la delegación, de proponer la modificación de los artículos 201 bis y 425 del Código Penal, para tipificar el delito de tortura en términos plenamente consistentes con el artículo 1 de la Convención.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de las disposiciones de la Convención

72.El Comité observa los siguientes hechos:

a)El incremento de las acciones de la intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte contra jueces, fiscales, denunciantes, testigos, integrantes de entidades de derechos humanos y de organizaciones de víctimas y periodistas, que persiguen inhibir la presentación de denuncias de violaciones de derechos humanos y contrarrestar los avances procesales en casos políticamente sensibles en que se vinculan a militares o a agentes del Estado o se refieren a la organización y acción de los servicios de inteligencia. El temor que provocan estos actos afecta gravemente tanto la libertad de acción de las personas y organismos involucrados en la protección de los derechos humanos como la autonomía de la Administración de Justicia.

b)Las disposiciones legislativas que autorizan la participación del ejército en materia de seguridad pública y actividades contra la delincuencia, medidas que obstaculizan la desmilitarización de la sociedad, debilitan el poder civil del Estado y son un legado de la militarización del país durante el enfrentamiento armado.

c)La reiterada protección de los autores de violaciones a los derechos humanos por parte de sus superiores manifestado tanto por la omisión de la investigación administrativa y no adopción de las medidas disciplinarias correspondientes, en ocasiones con su aquiescencia e incluso su participación directa en los actos violatorios.

d)La realización de investigaciones paralelas tácitamente autorizadas o consentidas por el Estado, realizadas por organismos públicos no autorizados legalmente para ellas o por estructuras clandestinas en casos de violaciones a los derechos humanos en que se imputan responsabilidad a agentes del Estado; esas investigaciones paralelas atentan contra la autonomía e independencia del organismo judicial y del Ministerio Público y desvían y obstaculizan las investigaciones de esos crímenes.

e)La falta de estadísticas de la población carcelaria desagregada por pertenencia étnica que permitiría detectar que la persecución en las prisiones se basa en la discriminación racial.

f)La insuficiencia del Servicio de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia para prestar efectiva protección y seguridad a las personas que en distintos roles tienen participación en los procesos penales. El Comité recuerda que en sus observaciones respecto del segundo informe periódico ya señaló la incidencia que esta insuficiencia tiene en la persistencia de la impunidad y que, respecto a las víctimas y testigos su protección es un deber que impone al Estado el artículo 13 de la Convención.

D. Motivos de preocupación

73.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)El deterioro de la situación de los derechos humanos en Guatemala, en especial el incremento de los casos verificados de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación con la situación que se observaba cuando el Comité examinó el segundo informe periódico. La circunstancia que los principales responsables de esas violaciones sean agentes de la Policía Nacional Civil, en especial de su Servicio de Investigación Criminal, ha frustrado las expectativas de una renovada institución policial única subordinada al mando civil y depurada de los vicios que caracterizaron a las instituciones policiales del pasado.

b)La persistencia de la impunidad de los delitos en general y de las violaciones de los derechos humanos en particular, fomentada por el reiterado incumplimiento del deber de los órganos del Estado encargados de prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. Impunidad que afecta tanto a la mayor parte de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno como a las consumadas con posterioridad a los acuerdos de paz.

c)Las graves carencias cuantitativas y cualitativas que muestra el sistema de administración de justicia en materia de investigación criminal y cumplimiento del debido proceso legal.

d)La defectuosa tipificación del delito de tortura en el artículo 201 bis del Código Penal, ya observada por el Comité al examinar el segundo informe periódico.

e)La falta de una comisión independiente dotada de amplias facultades y más recursos que investigue, caso a caso, las circunstancias de los secuestros de las personas desaparecidas y la ubicación de sus restos. La incertidumbre acerca del conocimiento de esas circunstancias constituye motivo de grave y permanente sufrimiento para los familiares de las personas desaparecidas.

f)La ausencia de procedimientos sistemáticos de examen periódico de la aplicación práctica de las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio y de las condiciones de tratamiento de las personas privadas de libertad. En el tratamiento de los internos en establecimientos penitenciarios, incluidos aquellos de alta seguridad, se deben observar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

E. Recomendaciones

74.Recuerda el Comité que el informe inicial del Estado correspondió a la época del conflicto armado, y el segundo fue presentado recién suscritos los acuerdos de paz. El tercer informe se ha examinado cuando ya se cumplen los cuatro años de esos acuerdos. No obstante, el Comité debe reiterar la mayor parte de las recomendaciones formuladas después de examinar los informes precedentes.

75.El Comité reitera las siguientes recomendaciones:

a)Reformar las disposiciones pertinentes del Código Penal, en especial los artículos 201 bis y 425, para adecuar la tipificación del delito de tortura y su castigo a lo que disponen los artículos 1 y 4 de la Convención.

b)Proporcionar al Servicio de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia los medios humanos y materiales suficientes para su efectivo funcionamiento.

c)Perseverar en los programas de formación técnica destinada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, jueces y efectivos de la Policía Nacional Civil y poner especial acento en los aspectos relativos a sus deberes de respeto y protección de los derechos humanos.

d)Recordando que los representantes de Guatemala, con ocasión de la presentación del informe inicial y del segundo informe periódico, han informado de la iniciación del proceso encaminado a efectuar la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, disposición que ahora en el examen del tercer informe se ha reiterado, invitan al Estado a formular la aludida declaración.

76.El Comité recomienda:

a)La modernización del sistema de Administración de Justicia y la adopción de medidas para superar sus debilidades y deficiencias y para fortalecer la autonomía e independencia del organismo judicial y del Ministerio Público, incluidas las ya recomendadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico y por la Comisión de Modernización de la Justicia.

b)La derogación de las disposiciones que autorizan la intervención del ejército en materia de seguridad pública y delincuencia que debe corresponder privativa y excluyentemente a la policía.

c)El establecimiento de órganos y procedimientos externos e independientes para supervisar el comportamiento del personal de la Policía Nacional Civil con efectivas facultades para investigar e imponer sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público para investigar, y de los tribunales para sancionar las conductas desviadas que constituyen delitos.

d)La prohibición absoluta a todo organismo del Estado no habilitado para ello, de desarrollar investigaciones en asuntos de carácter penal.

e)El establecimiento de una comisión independiente para que investigue las circunstancias de los secuestros de las personas desaparecidas, la suerte corrida por ellas y la ubicación de sus restos. El Estado tiene el deber de agotar los esfuerzos para obtener la verdad de lo ocurrido en estos casos y satisfacer así el legítimo derecho de sus familiares, reparar el daño causado y juzgar a los responsables.

f)El establecimiento de procedimientos para el examen sistemático y periódico de las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, como dispone el artículo 11 de la Convención.

GEORGIA

77. El Comité examinó el segundo informe periódico de Georgia (CAT/C/48/Add.1) en sus sesiones 458ª, 461ª y 467ª, celebradas los días 1º, 2 y 7 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.458, 461 y 467), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

78. El Comité acoge complacido el segundo informe periódico de Georgia y la oportunidad de sostener un diálogo con la delegación. Atribuye gran valor a la amplia actualización de la información proporcionada tanto verbalmente como por escrito por la delegación de Georgia durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

79. El Comité toma nota con satisfacción de los elementos siguientes:

a) Los esfuerzos que está realizando el Estado Parte para reformar el sistema judicial y revisar su legislación, incluso el nuevo Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, sobre la base de los valores humanos universales a fin de salvaguardar los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) La presentación por el Estado Parte de un documento básico, como pidió el Comité durante el examen del informe inicial;

c) El traspaso de la responsabilidad del sistema penitenciario del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, como recomendó el Comité;

d) La información suministrada por los representantes del Estado Parte de que el Gobierno de Georgia tiene intenciones de formular declaraciones en que se reconozca la competencia del Comité según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Convención.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

80. El Comité toma nota de los problemas y las dificultades a que hace frente el Estado Parte debido a los conflictos secesionistas de Abjasia y Osetia del sur a raíz de la independencia y al subsiguiente desplazamiento de una gran cantidad de población dentro del país y hacia el exterior, que ha aumentado el riesgo de violaciones de los derechos humanos en esa parte del territorio.

D. Motivos de preocupación

81. El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a) La admisión de que los agentes del orden han seguido cometiendo actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Georgia;

b) El hecho de que no se proceda en todos los casos a realizar investigaciones inmediatas, imparciales y completas de las numerosas denuncias de tortura, y los pocos esfuerzos que se realizan para enjuiciar a los presuntos culpables por incumplimiento de los artículos 12 y 13 de la Convención, lo que ha creado un estado de impunidad de esos presuntos culpables;

c) Las enmiendas al nuevo Código de Procedimiento Penal introducidas en mayo y julio de 1999, poco después de su entrada en vigor, que ponen en peligro la protección de algunos derechos humanos previstos en el Código, en particular el derecho a una revisión judicial de las denuncias de malos tratos;

d) Los reiterados casos de violencia callejera contra minorías religiosas, en particular los testigos de Jehová, y la indolencia de la policía para intervenir y adoptar las medidas pertinentes pese a que existen instrumentos jurídicos para la prevención y el enjuiciamiento de semejantes actos, así como el riesgo que esa evidente impunidad entraña de que esos actos se generalicen;

e) El insuficiente acceso de las personas privadas de libertad a un abogado y a un médico de su elección, y la falta de visitas de sus familiares;

f) Ciertas facultades atribuidas a la fiscalía y los problemas que plantean sus métodos de funcionamiento que hacen abrigar serias preocupaciones respecto de la existencia de mecanismos independientes para atender las denuncias, así como dudas acerca de la objetividad de la fiscalía y la objetividad de los tribunales y los peritos médicos;

g) Las inadmisibles condiciones en las cárceles que pueden estar violando los derechos de las personas privadas de libertad, según lo establecido en el artículo 16.

E. Recomendaciones

82. El Comité recomienda que:

a) El Estado Parte enmiende su legislación penal interna para que se incluya el delito de tortura con arreglo a la definición que figura en el artículo 1 de la Convención y se establezcan las penas correspondientes;

b) El Estado Parte, en vista de las numerosas denuncias de tortura y malos tratos por parte de los agentes del orden, adopte todas las medidas necesarias y eficaces para prevenir el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Se adopten medidas para garantizar que toda persona privada de libertad o detenida por agentes del orden: i) sea informada de inmediato de los cargos que se le imputan y de sus derechos, entre ellos el derecho a denunciar ante las autoridades los malos tratos, el derecho a ser informada de inmediato de los cargos que se le imputan y el derecho a un abogado y a un médico de su elección; ii) tenga acceso cuanto antes a un abogado y aun médico de su elección, así como a sus familiares;

d) El Estado Parte desista de la práctica por parte de sus agentes del orden de caracterizar como testigos a los sospechosos detenidos, de modo que se les deniega el derecho a asistencia letrada;

e) El Estado Parte, a los efectos de garantizar que quienes cometan torturas no disfruten de impunidad, adopte medidas urgentes para: i) establecer un mecanismo encargado de las denuncias eficaz e independiente; ii) disponga la revisión sistemática de todas las sentencias basadas en confesiones que hayan podido obtenerse por medio de torturas;  iii) disponga adecuadamente que se indemnice o rehabilite a las víctimas de la tortura;

f) Se adopten medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención en comisarías y cárceles;

g) Se adopten medidas concretas para reformar la fiscalía en consonancia con la reforma del sistema judicial y prever la plena aplicación de las disposiciones jurídicas que salvaguardan los derechos humanos en la práctica;

h) En vista de la poca información estadística de que dispuso el Comité durante su examen del informe, el Estado Parte proporcione en el próximo informe periódico estadísticas adecuadas, amplias y desglosadas por sexo, origen étnico, región geográfica, así como denuncias, tipos de acción judicial y resultados, que incluyan todos los delitos penales relacionados con el castigo de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

i) Se adopten medidas para proseguir las actividades de educación y capacitación de la policía y el personal penitenciario sobre prevención de la tortura y protección de las personas contra la tortura y los malos tratos, así como de los peritos forenses y el personal médico de las prisiones para examinar a las víctimas de tortura y la documentación de actos de tortura;

j) Se adopten medidas eficaces para enjuiciar y castigar la violencia contra la mujer, así como la trata de mujeres, que abarquen la adopción de una legislación apropiada, la realización de investigaciones y la sensibilización acerca de este problema, así como la inclusión de este tema en la formación de los agentes del orden y de otros grupos profesionales con experiencia en esta esfera;

k) Se distribuyan en todo el país las conclusiones y recomendaciones del Comité, así como las actas resumidas del examen del segundo informe periódico del Estado Parte.

GRECIA

83.El Comité examinó el tercer informe periódico de Grecia (CAT/C/39/Add.3) en sus sesiones 460ª, 463ª y 469ª, celebradas los días 2, 3 y 8 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.460, 463 y 469), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

84.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Grecia, aunque observa que, habiendo debido presentarse en noviembre de 1997, se recibió con dos años de atraso.

85.El informe no se ajusta plenamente a las directivas del Comité para la preparación de los informes periódicos de los Estados Partes, porque no se refiere a la nueva jurisprudencia en la materia ni presenta detalles de denuncias de actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con todo, el Comité desea agradecer la información adicional presentada verbalmente por la delegación del Estado Parte.

B. Aspectos positivos

86.El Comité acoge con satisfacción en particular lo siguiente:

a)El marco jurídico vigente y la serie de instituciones existentes de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b)La promulgación de la Ley Nº 2298/95 por la que se establecen nuevas instituciones que garantizan los derechos de los presos;

c)El empleo de funcionarios especialmente capacitados y ajenos al servicio penitenciario, bajo la supervisión del ministerio público, para intervenir en los casos de grave alteración del orden en las cárceles;

d)Las seguridades recibidas de que el jefe de la delegación recomendará la publicación por las autoridades competentes del Estado Parte de los informes de 1996 y 1997 del Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o sobre sus visitas a Grecia;

e)Que el Estado Parte siga haciendo aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

C. Motivos de preocupación

87.Al Comité le preocupa que, aunque la legislación interna ofrece un marco satisfactorio para la protección de los derechos humanos en general y los derechos amparados por la Convención en particular, subsistan dificultades en su aplicación efectiva, que puedan constituir una violación de la Convención, entre ellas las siguientes:

a)Pruebas que indican que la policía a veces recurre excesiva o injustificadamente a la fuerza al desempeñar sus funciones, especialmente en su trato con personas de minorías étnicas y nacionales o extranjeros;

b)En general, las duras condiciones de detención, y en particular la prolongada detención de migrantes indocumentados o solicitantes de asilo en espera de su deportación en comisarías que no cuentan con instalaciones adecuadas para ello;

c)El grave hacinamiento en las cárceles, que empeora las condiciones materiales ya precarias y puede contribuir a la violencia entre los presos;

d)La falta de formación integral del personal médico y los agentes del orden público a todo nivel sobre las disposiciones de la Convención.

D. Recomendaciones

88. El Comité recomienda que:

a) Se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención en las cárceles y comisarías, y que no permanezcan detenidos largo tiempo en dichos establecimientos los migrantes indocumentados o solicitantes de asilo que no han sido declarados culpables de delitos;

b) Se tomen las medidas del caso para prevenir el hacinamiento en las cárceles y se sigan buscando alternativas a la prisión, velando por su aplicación efectiva;

c) Se adopten todas las medidas necesarias, incluidas medidas de capacitación, para asegurar que en su trato con los grupos vulnerables, en particular los extranjeros y las minorías étnicas y nacionales, los agentes del orden público no recurran a prácticas discriminatorias;

d) Se adopten medidas para prevenir y castigar la trata de mujeres y otras formas de violencia contra la mujer;

e) Se tomen medidas para crear establecimientos de detención separados de las cárceles o instituciones policiales para los migrantes indocumentados y solicitantes de asilo y exhorta al Estado Parte a que termine la propuesta construcción de un nuevo edificio para los extranjeros, como asunto de prioridad;

f) En su próximo informe que deberá presentar en noviembre de 2001, el Estado Parte se atenga a las directivas del Comité para la preparación de los informes periódicos incorporando en él, entre otras cosas: i) las estadísticas necesarias desglosadas por sexo, edad y nacionalidad; ii) la jurisprudencia pertinente, y  iii) amplia información relacionada con los artículos 3, 4, 12, 13 y 16 de la Convención.

BOLIVIA

89.El Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CAT/C/52/Add.1) en sus sesiones 462ª, 465ª y 472ª, los días 3, 4 y 10 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.462, 465 y 472), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

90.El Comité acoge con beneplácito el informe inicial de Bolivia, presentado dentro del plazo establecido por la Convención. Bolivia se adhirió a la Convención el 12 de abril de 1999 sin formular reservas. No ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22.

91.El informe no fue elaborado de acuerdo con las pautas generales para la preparación de los informes iniciales de los Estados Partes. El Comité agradece, sin embargo, la información adicional proporcionada por los representantes del Estado Parte en la presentación oral y el diálogo franco y constructivo con los mismos.

B. Aspectos positivos

92.El Comité acoge con satisfacción:

a)La adopción de un nuevo Código de Procedimiento Penal, próximo a entrar en vigencia, y de la Ley Orgánica del ministerio público, los cuales tienen por objetivo mejorar el deficiente sistema de administración de justicia existente en el país;

b)Los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, establecida por Ley de 22 de diciembre de 1997 y sus seis oficinas actualmente operativas en el país, así como de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para mejorar la situación de derechos humanos en el país;

c)Las medidas adoptadas por el Estado Parte para llevar a cabo programas de formación en derechos humanos no sólo para funcionarios, sino también en las universidades y las escuelas secundarias, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

93.La insuficiente capacitación en derechos humanos, en particular sobre la prohibición de la tortura, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que se traduce en una situación de graves malos tratos y torturas de la que el Comité ha tenido conocimiento con ocasión del examen del informe.

94.La insuficiencia de los servicios de defensoría pública que en los hechos priva a la mayor parte de las personas detenidas de su derecho constitucional a contar con un defensor.

D. Motivos de preocupación

95.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)La inadecuada tipificación del delito de tortura en el Código Penal, que no contempla varios de los supuestos previstos en el artículo 1 de la Convención, y la baja pena asignada al delito, que no parece adecuada a su gravedad.

b)La subsistencia de denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con resultado de muerte en muchas ocasiones, tanto en los recintos de la policía como en las prisiones y en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

c)La impunidad de las violaciones de derechos humanos, y en particular del recurso a la tortura, que parece revestir características endémicas, consecuencia de la ausencia de investigación de las denuncias y de la deficiencia y lentitud de la misma, lo que demuestra la omisión de una acción efectiva de las autoridades para erradicar estas prácticas y en especial incumplimiento de sus deberes por parte del ministerio público y los tribunales. A la omisión de las investigaciones, se agrega la permanencia en sus funciones de los agentes policiales imputados, que refuerza el efecto demostrativo de la impunidad, inductiva a la reiteración o reincidencia de estas prácticas.

d)El irrespeto del plazo máximo de duración de la incomunicación, fijada en 24 horas en la Constitución Política, que facilita la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y la impunidad.

e)El retraso judicial del que, al parecer, son víctimas los dos tercios de la población penal que permanece a la espera de condena y que ha contribuido en gran parte a una grave situación de hacinamiento en las prisiones.

f)La sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos, en especial atención médica apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los reclusos en situaciones de violencia intercarcelaria. Estas y otras graves carencias, además de incumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, agravan la privación de libertad de los reclusos condenados y procesados y la transforman en una pena cruel, inhumana y degradante y, para los últimos, además, una pena anticipada de sentencia.

g)La información que ha recibido acerca de las condiciones inhumanas de los recluidos en los recintos conocidos como "carceletas" en la zona del Chapare, en Santa Cruz, Cochabamba y en otras ciudades en las que, a la ilegalidad de la reclusión denominada "depósito judicial" inexistente en el derecho interno, se agregan condiciones infrahumanas de permanencia durante lapsos de tiempo indeterminados que a veces alcanzan varios meses, y donde no existe separación entre menores y adultos ni entre procesados y condenados. Asimismo, la reclusión disciplinaria en celdas de castigo denominadas como "El Bote" es, a juicio del Comité, constitutiva de tortura.

h)Las numerosas denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre el trato, en violación de los artículos 1 y 16 de la Convención, que en algunos casos han causado graves lesiones corporales e incluso la pérdida de la vida, infligidas en los cuarteles a los soldados durante el servicio militar obligatorio con el pretexto de medidas disciplinarias.

i)El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la represión de manifestaciones colectivas con ocasión de conflictos sociales, que al quedar sin sanción, inducen a la reiteración de esos abusos y parecieran indicar la tácita aprobación de las autoridades. Las torturas, detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de estas fuerzas policiales y militares, practicados en sus recintos, han revestido especial gravedad durante los períodos de declaración del estado de sitio.

j)Los frecuentes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos.

k)La devolución a su país de refugiados del Perú, sin resguardo de formalidades de procedimiento que les hubiesen permitido exponer las razones por las que temían ser devueltos a su país de origen.

96.El carácter excepcional de algunos casos en que el Estado ha asumido su obligación de reparar el daño causado por gravísimas violaciones del derecho a la vida, parece demostrar la ausencia de una política del Estado en materia de reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Preocupa especialmente al Comité la inexistencia de iniciativas gubernamentales destinadas a la rehabilitación de las víctimas de tortura.

E. Recomendaciones

97. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Incorpore en su legislación penal la definición de tortura tal como figura en la Convención, la considere delito y estipule sanciones adecuadas a su gravedad;

b) Intensifique las actividades de protección, defensa y promoción de los derechos humanos que, según el informe, el Estado Parte ha venido desarrollando, especialmente las relativas a la formación profesional de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

c) Adopte las medidas legales y administrativas necesarias para establecer un registro público nacional de personas privadas de libertad, con indicación de la autoridad que ha dispuesto la privación, los fundamentos de ello y la condición procesal;

d) Adopte las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento por los fiscales del ministerio público de su deber de ejercer la acción penal en toda denuncia por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con prontitud e imparcialidad; durante las investigaciones, los agentes imputados deberían ser suspendidos de sus funciones;

e) Establezca un registro centralizado y público de las denuncias por tortura y malos tratos y de los resultados de las investigaciones;

f) Adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio por los defensores de los derechos humanos de su derecho a promover el respeto a los mismos, denunciar su violación y defender a las víctimas;

g) Adopte todas las medidas que sean necesarias para asegurar a toda persona privada de libertad su derecho a defensa y a contar con asistencia de abogado, si fuere preciso, a cargo del Estado.

h) Revise los procedimientos y normas sobre disciplina en los establecimientos penales para asegurar el juzgamiento imparcial de las infracciones y la exclusión de sanciones inhumanas y crueles.

i) Adopte las medidas adecuadas para asegurar que ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada hacia el territorio de otro Estado, cuando existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura; deberá asegurarse a estas personas la posibilidad de hacer valer sus razones en un procedimiento contradictorio e imparcial cuya conclusión debe ser susceptible de revisión por una autoridad superior;

j) Formule la declaración prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención.

98. El Comité insta especialmente al poder judicial y al ministerio público a liderar una acción rectificadora de las graves omisiones en la investigación y castigo de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

ESLOVAQUIA

99.El Comité examinó el informe inicial de Eslovaquia (CAT/C/24/Add.6) en sus sesiones 464ª, 467ª y 475ª, celebradas los días 4, 7 y 11 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.464, 467 y 475), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

100.El Comité acoge con beneplácito la presentación del informe inicial de Eslovaquia, aunque observa que el informe, cuya presentación debía haberse hecho en mayo de 1994, se hizo con seis años de retraso. El Estado Parte observa que el documento comprende el informe inicial y el segundo informe periódico. El Comité subraya, sin embargo, que la decisión de los Estados Partes que presentan informes de consolidarlos se contradice con las obligaciones dispuestas en el artículo 19 de la Convención.

101.El informe no se ajusta plenamente a las pautas generales del Comité para la preparación del informe inicial de los Estados Partes al no incluir información sobre la aplicación de las medidas para llevar a efecto las disposiciones de la Convención. El Comité observa además que el Estado Parte aún no ha presentado un documento básico. Sin embargo, reconoce los considerables esfuerzos desplegados para entablar un diálogo constructivo con el Comité y para proporcionar parte de la información y las estadísticas concretas en las exposiciones y en las respuestas orales a las preguntas del Comité.

B. Aspectos positivos

102.El Comité acoge con satisfacción lo siguiente:

a)La adhesión del Estado Parte a los principales tratados internacionales de derechos humanos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño y al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes;

b)Las declaraciones hechas el 17 de marzo de 1995, en las que se reconocía la competencia del Comité en virtud de los artículos 21 y 22 y la retirada de la reserva al artículo 20 formulada el 7 de julio de 1988 por la República Socialista Checoslovaca;

c)Las notables actividades desarrolladas por el Estado Parte con miras a lograr una importante transformación en las esferas política, económica, legislativa e institucional de Eslovaquia y un mayor respeto de los derechos humanos en el país;

d)La inclusión en la Constitución de amplias disposiciones para proteger los derechos humanos y la promulgación, tras la independencia de Eslovaquia, de una Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, así como la enmienda de la Constitución, de 23 de febrero de 2001, por la que se ha establecido la supremacía de los tratados internacionales;

e)La creación de nuevas instituciones y de dependencias especiales en el cuerpo de policía para promover el respeto de los derechos humanos y, en particular, las medidas recientemente adoptadas para establecer la institución del Defensor del Pueblo.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

103.El Comité conoce bien las dificultades que supone superar los resabios de un régimen autoritario en la transición a un sistema democrático y lo difícil que debe ser reconstruir el aparato gubernamental después de la disolución de la República Federal Checa y Eslovaca.

D. Motivos de preocupación

104.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)La falta de indicaciones concretas en el Código Penal del Estado Parte en relación con todo acto de tortura, tal como se define en el artículo 1 de la Convención;

b)Las excepciones a las garantías del artículo 3, relativo a la devolución de toda persona que corra el peligro de ser sometida a tortura, en contradicción con la absoluta prohibición de este artículo;

c)Las denuncias de casos de participación de la policía en ataques contra romaníes y otros sectores de la población, así como las denuncias de falta de acción por parte de la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no proporcionan suficiente protección contra los ataques por motivos raciales llevados a cabo por los "cabezas rapadas" u otros grupos extremistas;

d)El hecho de que las autoridades no realizan investigaciones inmediatas, imparciales y completas de las denuncias de esos actos, ni enjuician y castigan a sus autores;

e)Las denuncias de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han maltratado a personas detenidas durante su encarcelamiento o en régimen de detención preventiva, especialmente en calabozos y celdas de la policía;

f)Las denuncias de hostigamiento y amenazas a los defensores de los derechos humanos, presuntamente para disuadirlos de que presenten denuncias, que de todas formas no serán investigadas adecuadamente;

g)La falta de suficientes garantías de los derechos de los detenidos a tener acceso a un abogado y a un doctor de su elección, así como a reconocimientos médicos inmediatos.

E. Recomendaciones

105. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Adopte una definición de la tortura que abarque todos los elementos de la que figura en el artículo 1 de la Convención, y enmiende en consecuencia la legislación penal interna;

b) Prosiga los esfuerzos para introducir reformas estructurales y llevar a efecto las previstas en las enmiendas de 23 de febrero de 2001 a la Constitución;

c) Tome medidas para iniciar un sistema efectivo, fiable e independiente destinado a realizar investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces de las denuncias de malos tratos o de tortura por parte de los agentes de la policía o de otros funcionarios públicos y, cuando las conclusiones lo justifiquen, a enjuiciar y castigar a los autores;

d) Adopte medidas para garantizar que las declaraciones o la información que se obtengan por medios coercitivos no sean admisibles como elementos de prueba en los tribunales y que las disposiciones jurídicas que permitan el uso de la fuerza física por parte de agentes de la policía sean examinadas, revisadas, cuando proceda, y aplicadas de conformidad con las disposiciones de la Convención;

e) Proteja a los defensores de los derechos humanos contra el hostigamiento y las amenazas que menoscaban su capacidad para observar y prestar asistencia a las personas que denuncian violaciones de esos derechos;

f) Tome medidas para prevenir la violencia, inclusive la violencia sexual, entre los reclusos dentro de los lugares de detención y proporcione toda información relevante acerca de esas prácticas en su próximo informe periódico;

g) Proporcione al Comité, en el siguiente informe periódico, información estadística sobre las personas recluidas en instituciones del Estado, tanto civiles como militares, para fines de detención, corrección, salud mental, educación especializada, etc., desglosando los datos por, entre otras cosas, edad, grupo étnico, sexo y región geográfica;

h) Tome medidas efectivas para garantizar la independencia del poder judicial a fin de fortalecer el estado de derecho y el sistema democrático de gobierno, que son elementos indispensables para aplicar la Convención;

i) Adopte disposiciones adecuadas para la indemnización y rehabilitación de las víctimas de torturas y malos tratos;

j) Siga impartiendo formación en materia de derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los oficiales militares y otros funcionarios, inclusive los que presten servicios en comunidades locales, así como en las zonas fronterizas, y en instituciones administradas por el Estado, y dé directrices claras acerca de la prohibición de la tortura y los malos tratos, así como la prohibición de la devolución de toda persona que pueda correr el peligro de ser sometida a tortura;

k) Distribuya en todo el país las conclusiones y recomendaciones del Comité, así como las actas resumidas del examen del informe inicial del Estado Parte, y aliente a las organizaciones no gubernamentales a participar en esta actividad.

REPÚBLICA CHECA

106.El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Checa (CAT/C/38/Add.1) en sus sesiones 466ª, 469ª y 476ª, los días 7, 8 y 14 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.466, 469 y 476), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

107.El Comité celebra la excelente calidad del segundo informe periódico del Estado Parte, que se ajusta a las directivas, así como su carácter franco y exhaustivo, si bien observa que se presentó con un retraso de más de dos años. Agradece mucho el extenso complemento de información más reciente suministrada por la delegación de la República Checa verbalmente o por escrito durante el examen del informe, y las respuestas claras, sinceras y transparentes a las preguntas del Comité.

B. Aspectos positivos

108.El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos que está realizando el Estado Parte para reformar su ordenamiento jurídico y revisar sus leyes, sobre la base de los valores humanos universales con objeto de salvaguardar los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a no ser sometido a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que comprenden:

a)La promulgación de una nueva Ley de extranjería y de la nueva Ley de asilo, que entraron en vigor el 1º de enero de 2000;

b)La modificación de la Ley de nacionalidad aprobada en septiembre de 1999, que resolvió la mayoría de los problemas de apatridia que habían afectado con desproporción a la población romaní;

c)La modificación de la legislación, y la creación de un centro especial de detención para extranjeros, con lo que se resuelven los problemas debidos a la detención de extranjeros antes de expulsarlos;

109.El Comité celebra la creación del cargo de Comisionado de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos, así como de la institución de Defensor del Pueblo.

110.Toma nota de los esfuerzos realizados para llevar a efecto las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (A/55/18, párrs. 271 a 288).

111.El Comité acoge con satisfacción la indemnización pagada a 208.000 antiguos presos políticos.

112.Celebra la formulación de las declaraciones en que se reconoce su competencia a tenor de los artículos 21 y 22 y la retirada de la reserva con respecto al artículo 20.

C. Motivos de preocupación

113.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)Los casos de racismo y de xenofobia en la sociedad, incluidos el incremento de la violencia racial contra grupos minoritarios y el aumento de grupos que defienden esa conducta;

b)Si bien celebra las medidas tomadas para tratar los problemas de los romaníes, no deja de preocuparse por la persistencia de incidentes de discriminación racial contra ellos, hasta por funcionarios locales, y en particular por las denuncias de trato degradante de personas de grupos minoritarios por la policía; y la continuación de denuncias de actos de violencia contra los romaníes y la pretendida incapacidad de la policía y las autoridades judiciales para proporcionar una protección adecuada y de investigar y perseguir judicialmente los delitos motivados por prejuicios, así como la poca severidad con que se trata a los delincuentes racistas;

c)Las alegaciones de excesivo uso de la fuerza por agentes del orden público durante y después de manifestaciones, en particular pretendidos casos de trato cruel, inhumano o degradante de personas detenidas o presas a raíz de las manifestaciones durante la reunión del FMI/Banco Mundial en Praga en septiembre de 2000;

d)La falta de un mecanismo de supervisión externa de la actuación de la policía;

e)La falta de garantías adecuadas de los derechos de personas privadas de libertad para notificar a un pariente cercano o a terceros que designe, para tener acceso a médicos de su elección y para tener acceso a letrado desde el momento en que son arrestadas;

f)La falta de reglamentación jurídica de la inspección externa del régimen penitenciario, en particular la anulación durante el período que se examina de las disposiciones de la ley pertinentes a la inspección civil sin tomar otras medidas en su lugar, así como la falta de un mecanismo efectivo para tramitar las quejas de los reclusos;

g)La violencia entre reclusos y el hostigamiento en diversas instituciones, entre ellas cárceles y centros militares o de enseñanza, así como la presencia de guardias varones en cárceles de mujeres, lo que puede dar lugar a que abusen de su autoridad.

D. Recomendaciones

114. El Comité recomienda que:

a) El Estado Parte siga intentando combatir todas las formas de discriminación de las minorías y poner en efecto su política de largo plazo encaminada a integrar a la población romaní por medio de medidas jurídicas y prácticas y, en particular, incrementar sus actividades para reprimir y sancionar adecuadamente el maltrato de las minorías a manos de la policía y la falta de la debida protección;

b) El Estado Parte garantice la independencia y el carácter exhaustivo de las investigaciones de todas las alegaciones de malos tratos en general -en particular, con relación a la reunión del FMI/Banco Mundial en septiembre de 2000- y suministre al Comité en su próximo informe periódico información sobre las conclusiones a que haya llegado y las medidas que haya tomado, entre ellas los procesos y, cuando corresponda, la indemnización de las víctimas;

c) El Estado Parte tome medidas apropiadas para asegurar que se hagan investigaciones independientes de los delitos cometidos por agentes del orden público mediante la introducción de un mecanismo de inspección externa;

d) Se garantice a toda persona privada de libertad los derechos de notificar a un pariente cercano o a terceros de su elección, a tener acceso a un abogado de su elección desde el momento mismo de su arresto y a tener la atención de un médico de su elección, además de cualquier examen médico que lleven a cabo las autoridades policiales;

e) El Estado Parte establezca un sistema efectivo e independiente de verificación de las denuncias de reclusos y de inspección externa y cívica del régimen penitenciario;

f) Se suministre información sobre las posibilidades de desagravio y los servicios de rehabilitación a disposición de las víctimas de la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

g) El Estado Parte se adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961;

h) Se divulguen en todo el país las conclusiones y recomendaciones del Comité y las actas resumidas del examen del segundo informe periódico del Estado Parte.

BRASIL

115.El Comité examinó el informe inicial del Brasil (CAT/C/9/Add.16) en sus sesiones 468ª, 471ª y 481ª, celebradas los días 8, 9 y 16 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.468, 471 y 481), y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

116.El Comité acoge con beneplácito el informe inicial del Brasil, si bien señala que dicho informe, que se debería haber presentado en octubre de 1990, ha llegado con un retraso excesivo de diez años. El Brasil ratificó la Convención el 28 de septiembre de 1989, sin formular reservas. El Estado Parte no ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22.

117.El informe no se ha redactado en perfecta conformidad con las directrices del Comité para la preparación de los informes iniciales de los Estados Partes. Sin embargo, el Comité expresa su agradecimiento por el carácter notablemente franco y autocrítico del informe que, además, se ha elaborado en cooperación con una institución académica no gubernamental. El Comité se congratula igualmente de la información complementaria facilitada verbalmente por la delegación del Estado Parte al efectuar la presentación oral así como del diálogo constructivo mantenido.

B. Aspectos positivos

118.El Comité toma nota con satisfacción de lo siguiente:

a)La voluntad política expresada por el Estado Parte de combatir la práctica de la tortura y su diligencia en cooperar a tal fin con órganos de las Naciones Unidas así como con las organizaciones regionales;

b)La franqueza y la transparencia con que el Gobierno reconoce la existencia, la gravedad y la amplitud de la práctica de la tortura en el Brasil;

c)Los esfuerzos desplegados por el Estado Parte en lo referente a la puesta en práctica de un programa de educación y la campaña nacional de promoción de los derechos humanos, prevista para junio de 2001, cuyo objetivo es sensibilizar a la opinión pública y a los agentes oficiales interesados para la lucha contra la tortura. El Comité acoge también favorablemente las demás medidas adoptadas por el Estado Parte para responder a las preocupaciones del Relator Especial sobre la tortura tras su visita al país;

d)La promulgación, en abril de 1997, de la Ley 9455/97 sobre la tortura, que establece en el derecho penal brasileño la tipificación de la tortura como delito previendo para el mismo penas adecuadas;

e)La creación de diversos órganos cuya función es reforzar el respeto de los derechos humanos, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el Defensor Federal de los Derechos Humanos y, en algunos casos, comisiones de derechos humanos estatales;

f)La legislación relativa a los refugiados así como la instauración de un procedimiento cuyo fin es garantizar que un solicitante de asilo no sea devuelto a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura;

g)El control externo de la policía por el ministerio público y el empeño del Estado Parte en reforzar la vigilancia externa e independiente mediante la creación de defensores adscritos a la policía en varios Estados;

h)Las contribuciones aportadas regularmente por el Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

C. Motivos de preocupación

119.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La persistencia de una cultura que acepta los abusos perpetrados por los agentes públicos, las numerosas quejas de actos de tortura y de tratamiento crueles, inhumanos o degradantes, tanto en los locales policiales como en las cárceles y los cuarteles de las fuerzas armadas, así como la impunidad de hecho de los que cometen estos actos.

b)El hacinamiento y las malas condiciones materiales e higiénicas en los establecimientos penitenciarios, la falta de servicios esenciales, en particular de atención médica apropiada, y la violencia entre los presos así como los abusos sexuales. Preocupan en especial al Comité las quejas por maltrato y trato discriminatorio, en lo que respecta al acceso a los servicios esenciales ya limitados, de ciertos grupos, en especial por razones de origen social y de orientación sexual.

c)Los largos períodos de detención preventiva y los retrasos en el procedimiento judicial que, sumados hacinamiento en las prisiones, han tenido como consecuencia el encarcelamiento de condenados y de acusados en espera de juicio en las dependencias de policía y los centros de detención, lugares insuficientemente equipados para largos períodos de detención lo que podría constituir en sí una violación de las disposiciones del artículo 16 de la Convención.

d)La insuficiente formación en general de los funcionarios encargados de aplicar la ley, a todos los niveles, así como del personal médico, en lo que se refiere a las previstas en el artículo 10 de la Convención.

e)La competencia de la policía para realizar las investigaciones referentes a las denuncias de crímenes de tortura cometidos por agentes de las fuerzas policiales, sin control efectivo del ministerio público, lo que tiene por resultado impedir investigaciones inmediatas e imparciales y contribuye a la impunidad de que gozan los autores de estos actos.

f)La falta de un procedimiento institucionalizado y asequible a fin de garantizar a las víctimas de actos de tortura el derecho a obtener reparación y ser indemnizados justa y adecuadamente, como prevé el artículo 14 de la Convención.

g)La falta en la legislación brasileña de una prohibición explícita de aceptar, como elemento de prueba en un procedimiento judicial, toda declaración obtenida por tortura.

D. Recomendaciones

120. El Comité formula las recomendaciones siguientes:

a) El Estado Parte debería velar por que la interpretación de la ley sobre el delito de tortura se efectúe en conformidad con el artículo 1 de la Convención;

b) El Estado Parte debería adoptar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales, bajo el control efectivo del ministerio público, en todos los casos de quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los actos cometidos por agentes de las fuerzas de policía. Durante esas investigaciones, los agentes involucrados deben ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones;

c) Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar a toda persona privada de libertad el derecho a la defensa, y, en consecuencia, a ser asistida por un abogado, de ser preciso, a expensas del Estado;

d) Han de adoptarse urgentemente medidas para mejorar las condiciones de detención en las comisarías y las cárceles y el Estado Parte debería también redoblar sus esfuerzos para remediar el hacinamiento carcelario e instaurar un sistema de vigilancia sistemática e independiente del trato dado de hecho a las personas en retención policial, detenidas o encarceladas;

e) El Estado Parte debería reforzar las actividades de educación y promoción relativas a los derechos humanos en general y a la Convención en particular destinadas a los funcionarios encargados de aplicar la ley, así como establecer una formación sobre estos temas en los programas de enseñanza oficial destinados a las nuevas generaciones;

f) Deberían adoptarse medidas para reglamentar e institucionalizar el derecho de las víctimas de la tortura a una indemnización justa y adecuada a expensas del Estado, así como para establecer programas dirigidos a su readaptación física y mental en la medida más completa posible;

g) El Estado debería prohibir explícitamente la invocación, como elemento de prueba en un procedimiento judicial, de toda declaración obtenida por tortura;

h) El Estado debería formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención;

i) El segundo informe periódico del Estado Parte debería presentarse en las fechas más oportunas para cumplir los plazos previstos en el artículo 19 de la Convención e incluir en especial: i) la jurisprudencia pertinente; ii) informaciones detalladas sobre alegaciones, investigaciones y condenas relativas a los actos de tortura cometidos por agentes públicos; y iii) información acerca de las medidas adoptadas por las autoridades públicas con el fin de dar efecto, en todo el país, a las recomendaciones del Comité, y a las del Relator Especial sobre la Tortura a las que la delegación del Estado Parte se ha referido en su diálogo con el Comité.

KAZAJSTÁN

121.El Comité examinó el informe inicial de Kazajstán (CAT/C/47/Add.1) en sus sesiones 470ª, 473ª y 482ª, celebradas los días 9, 10 y 17 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.470, 473 y 482), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

122.El Comité acoge con beneplácito el informe inicial de Kazajstán, y observa que el informe trata sobre todo las disposiciones jurídicas y no proporciona información detallada sobre la aplicación de la Convención en la práctica. Con todo, el Comité quiere expresar su reconocimiento por la extensa actualización de la información hecha verbalmente por la delegación de alto nivel del Estado Parte durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

123.El Comité toma nota de la declaración de los representantes del Estado Parte de que el Gobierno de Kazajstán va a aprobar próximamente una tipificación concreta del delito de tortura, definido de conformidad con el artículo 1 de la Convención, y que el delito de "tortura" se añadirá al artículo 116 de la Ley de procedimiento penal.

124.El Comité agradece las seguridades de que el Gobierno de Kazajstán va a crear un cargo independiente de defensor del pueblo, que contará con un equipo de abogados y juristas calificados y defensores de los derechos humanos que estarán a la disposición de los ciudadanos que necesiten sus servicios, sin costo alguno.

125.El Comité celebra los adelantos alcanzados conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud para disminuir los casos de tuberculosis en los lugares de detención, así como el desarrollo de un plan de cooperación a largo plazo con las organizaciones internacionales para proseguir estas actividades.

126.El Comité celebra que el Gobierno, reconociendo el efecto vinculante de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, haya presentado un informe al órgano encargado de la supervisión sobre su aplicación de la Convención. El Comité contra la Tortura agradece las seguridades dadas por el Gobierno de que tomará las medidas apropiadas para seguir dando efecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y toma nota de que el Comité de Derechos Humanos ha pedido que Kazajstán presente un informe sobre la aplicación de este último instrumento en julio de 2001.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

127.El Comité es consciente de las dificultades para superar el legado de un sistema autoritario en la transición a una forma democrática de gobierno y de los desafíos que supone la reconstrucción de las estructuras del Estado.

D. Motivos de preocupación

128.El Comité expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en general, y en particular por lo siguiente:

a)La falta de una definición de la tortura, como la que figura en el artículo 1 de la Convención, en el Código Penal del Estado Parte y la falta del delito específico de tortura, de modo que este delito no está sancionado con penas adecuadas como exige el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

b)Las denuncias de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por agentes del orden público del Estado Parte o con la aquiescencia de éstos, que comprenden el apaleamiento y otros actos violatorios de la Convención contra opositores políticos del Gobierno.

c)El incipiente nivel de independencia y eficacia de la fiscalía, en particular porque el Fiscal goza de competencia para supervisar la legítima duración de la detención previa a la celebración del juicio.

d)La no realización de investigaciones oficiales inmediatas, imparciales y completas de todas las denuncias de tortura hechas a las autoridades, ni el enjuiciamiento de los presuntos autores en violación de los artículos 12 y 13 de la Convención. El Comité agradece, pero con preocupación, el reconocimiento oficial de que las investigaciones son superficiales, de la destrucción de pruebas, de la intimidación de víctimas y del repudio forzado de declaraciones hechas por investigadores y funcionarios del Ministerio del Interior.

e)Las denuncias de que los jueces se niegan a tener en cuenta las declaraciones de torturas y malos tratos de los acusados con respecto al trato que han recibido de los agentes del orden.

f)El insuficiente nivel de independencia del poder judicial, dotado de jueces cuyo mandato adolece de la falta de ciertas salvaguardias necesarias.

g)El insuficiente nivel de garantías de la independencia de los abogados.

h)El hacinamiento y la falta de atención médica adecuada, en las cárceles y los centros de detención preventiva, y en particular en los centros de detención de menores, donde se han dado a conocer casos de automutilación de reclusos; que no existan alternativas a la pena de prisión y que la inexistencia de programas adecuados de reforma, educación y capacitación conduzca al aumento de la reincidencia.

i)La medida del buen éxito de los investigadores es el número de delitos resueltos, lo que puede dar lugar a presiones sobre los reclusos para que "confiesen" a consecuencia de actos contrarios a lo que dispone la Convención.

j)La falta de información en el informe sobre la tortura y los malos tratos de mujeres y niñas, en particular habida cuenta del incremento del número de reclusas y las denuncias de abuso policial de mujeres retenidas.

E. Recomendaciones

129. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Proceda cuanto antes con los planes indicados de modificar su propia legislación penal a fin de tipificar el delito de tortura de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la Convención y de establecer las penas adecuadas.

b) Tome medidas urgentes y eficaces para establecer un mecanismo de denuncias independiente y que garantice investigaciones inmediatas, imparciales y completas de las muchas denuncias de tortura hechas a las autoridades y el enjuiciamiento y castigo, según proceda, de los presuntos autores.

c) Amplíe las facultades de la Comisión de Derechos Humanos adscrita a la Presidencia para transformarla en una Comisión Nacional de Derechos Humanos, de carácter tanto gubernamental como no gubernamental, independiente e imparcial, que se ajuste a los Principios de París y tenga facultades efectivas, entre otras cosas, para investigar todas las denuncias de violación de los derechos humanos, en particular las referentes a la aplicación de la Convención.

d) Asegure el respeto absoluto en la práctica del principio de inadmisibilidad de pruebas obtenidas por medio de torturas.

e) Tome medidas, como la revisión de la Constitución, las leyes y los decretos, para disponer y garantizar la independencia del poder judicial y los abogados en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas internacionales.

f) Proceda a adoptar medidas que permitan que los abogados reúnan pruebas e intervengan en las causas desde el inicio del período de detención y que aseguren que los detenidos dispongan de atención médica si la solicitan, en vez de por orden de funcionarios penitenciarios.

g) Mejore las condiciones en las cárceles y centros de detención preventiva y establezca un sistema que permita la inspección de las cárceles y los centros de detención por funcionarios imparciales creíbles, cuyas conclusiones deberían publicarse. El Estado Parte también debería tomar medidas para acortar el actual período de 72 horas de prisión preventiva y evitar la detención y prisión prolongadas antes de la celebración del juicio.

h) Termine de traspasar la responsabilidad por el estado de las prisiones del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, permitiendo así la desmilitarización del régimen penitenciario.

i) Disponga un control judicial independiente del período y las condiciones de prisión preventiva.

j) Revise los casos de sentencias basadas en confesiones que hayan podido obtenerse por medio de torturas o malos tratos y garantice una indemnización adecuada a las víctimas.

k) Formule la declaración a que hace referencia en los artículos 21 y 22 de la Convención.

l) Se asegure de que se capacita a personal especializado para descubrir las señales de tortura física y psicológica y de que, en sus exámenes de readiestramiento se incluye el conocimiento de las disposiciones de la Convención.

m) Proporcione datos, en su próximo informe periódico, desglosados por, entre otras cosas, edad, sexo, origen étnico y ubicación geográfica, de los lugares de detención civiles o militares, así como los centros de detención de menores y otras instituciones en que las personas puedan ser sometidas a torturas o malos tratos como se definen en la Convención; suministre información en el próximo informe periódico sobre el número, los tipos y la resolución de los casos de sanción de policías u otros agentes del orden por torturas o delitos conexos, que comprenda los casos desestimados, y suministre información completa sobre la resolución de las causas penales descritas en el informe inicial del Estado Parte y de la indemnización proporcionada en su caso.

n) Distribuya en todo el país las conclusiones y recomendaciones del Comité, así como las actas resumidas del examen del informe inicial del Estado Parte, hasta a los agentes del orden público, publicándolas en los medios de comunicación y por medio de las actividades de distribución y difusión realizadas por organizaciones no gubernamentales.

o) Considere la consulta con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en cada etapa de la elaboración de su próximo informe periódico.

COSTA RICA

130.El Comité examinó el informe inicial de Costa Rica (CAT/C/24/Add.7) en sus sesiones 472ª, 475ª y 482ª, celebradas los días 10, 11 y 17 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.472, 475 y 482), y adoptó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

131.Costa Rica depositó el instrumento de ratificación de la Convención el 11 de noviembre de 1993 sin formular reservas. No ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

132.El informe fue presentado con un retraso de más de cinco años. En su forma y contenido, cumple las pautas generales establecidas por el Comité para la presentación de informes iniciales. También el documento básico (HRI/CORE/1/Add. 104) cumple las pautas establecidas.

133.El examen del informe dio lugar a un diálogo franco y constructivo con los representantes del Estado Parte que el Comité aprecia y agradece.

B. Aspectos positivos

134.El Comité toma nota con satisfacción de lo siguiente:

a)La supremacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos en general y de la Convención en especial sobre la ley interna e incluso sobre la Constitución Política, en la medida en que contienen derechos y garantías más amplios que los reconocidos por ésta;

b)La suscripción y ratificación por el Estado Parte de la mayor parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como del interamericano, y el reconocimiento del efecto autoaplicativo de sus disposiciones;

c)El Comité no ha recibido información de organizaciones no gubernamentales sobre hechos o situaciones que pudieren constituir incumplimiento de las obligaciones que la Convención impone al Estado Parte;

d)La inclusión en el derecho interno de disposiciones que permitan la aplicación extraterritorial de la ley penal para enjuiciar y sancionar a los responsables de torturas;

e)El adecuado régimen jurídico e institucional de protección y promoción de los derechos humanos, en particular:

i)La adecuada regulación constitucional y legal de los recursos de habeas corpus y amparo, y la interpretación extensiva que de esas disposiciones han hecho los tribunales nacionales;

ii)La autonomía y facultades de la Defensoría de los Habitantes;

iii)La existencia de múltiples órganos e instancias a disposición de los afectados para presentar denuncias por tortura y penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes;

iv)El régimen de fiscalización de las actuaciones de la fuerza pública;

f)La inclusión explícita en la Constitución y las leyes de los derechos y garantías de toda persona privada de libertad, en particular:

i)La exigencia de orden escrita de autoridad competente para detener, salvo en caso de flagrancia;

ii)La obligación del aprehensor de hacer saber al detenido el motivo de su detención, su derecho a mantener silencio, a comunicar su detención a quien desee y a contar con un abogado defensor de su elección;

iii)El plazo de seis horas fijado a la policía para presentar al detenido ante un agente del Ministerio Público y de 24 horas para ponerle a disposición del juez y la exclusión de la detención por sospechas;

g)El plan de construcción y remodelación de establecimientos penitenciarios.

C. Motivos de preocupación

135.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La ausencia de tipificación de la tortura como un delito específico, no obstante la expresa prohibición de ella en la Constitución Política;

b)La insuficiencia de la capacitación sobre la prohibición de la tortura de los miembros de las fuerzas de la policía y del personal del sistema penitenciario;

c)Los casos de abuso de autoridad por parte de la policía y del personal del sistema penitenciario relatados en el propio informe del Estado Parte;

d)La sobrepoblación de las prisiones, con su consecuencia de hacinamiento, originada tanto por la insuficiencia de inversión en infraestructura como por el recurso a la privación de libertad y al aumento de la duración de las penas como reacción casi exclusiva ante el incremento de la criminalidad;

e)La inexistencia de programas estatales para la rehabilitación de las víctimas de tortura;

f)El régimen de detención de máxima seguridad, con 23 horas de encierro y 1 fuera de la celda, parece excesiva;

g)La ausencia de datos estadísticos en el informe sobre casos de abuso de autoridad, el resultado de las investigaciones efectuadas en relación con los mismos y las consecuencias para las víctimas en términos de reparación e indemnización.

D. Recomendaciones

136. El Comité recomienda lo siguiente:

a) Que el Estado Parte incluya en el Código Penal el delito de tortura en términos consistentes con el artículo 1 de la Convención y con pena adecuada a su gravedad, como prescribe el artículo 4, párrafo 2, de la misma;

b) Que intensifique las iniciativas de capacitación, con especial inclusión de completa información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los miembros de las fuerzas de la policía y del personal penitenciario;

c) Que la presentación de los próximos informes periódicos se ajuste al artículo 19 de la Convención;

d) Que efectúe las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención;

e) Que mejore la eficiencia del proceso de reconocimiento del estatuto de refugiado para reducir el largo período de incertidumbre de los solicitantes de asilo y refugio;

f) Que incluya en el próximo informe datos estadísticos desagregados, entre otros, en función de la edad y el género de las víctimas y los servicios a que pertenecen los inculpados, sobre casos en materia objeto de la Convención examinados por las instancias internas, incluido el resultado de las investigaciones efectuadas y las consecuencias para las víctimas en términos de reparación e indemnización;

g) Que dé amplia difusión en el país a las presentes conclusiones y recomendaciones del Comité.

V. ACTIVIDADES DEL COMITÉ EN APLICACIÓNDEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

A. Información general

137.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, el Comité, si ha recibido información fiable que, a su juicio, parezca indicar de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a este Estado Parte a cooperar en el examen de la información y, a tal fin, a presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.

138.Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del reglamento del Comité, el Secretario General señalará a la atención del Comité la información que se haya presentado o parezca haberse presentado para su examen por el Comité de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.

139.El Comité no recibirá ninguna información que se refiera a un Estado Parte que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención, haya declarado en el momento de ratificar la Convención o de adherirse a ella que no reconoce la competencia del Comité prevista en el artículo 20, salvo que este Estado Parte haya retirado posteriormente su reserva de conformidad con el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención.

140.La labor del Comité en aplicación del artículo 20 de la Convención comenzó en su cuarto período de sesiones y ha continuado en sus períodos de sesiones 5º a 26º. En estos períodos de sesiones el Comité dedicó a tales actividades las siguientes sesiones privadas o partes de sesiones privadas:

Períodos de sesiones

Sesiones privadas

Cuarto

4

Quinto

4

Sexto

3

Séptimo

2

Octavo

3

Noveno

3

Décimo

8

Undécimo

4

Duodécimo

4

Decimotercero

3

Decimocuarto

6

Decimoquinto

4

Decimosexto

4

Decimoséptimo

4

Decimoctavo

4

Decimonoveno

4

Vigésimo

5

Vigésimo primero

3

Vigésimo segundo

8

Vigésimo tercero

4

Vigésimo cuarto

4

Vigésimo quinto

3

Vigésimo sexto

2

141.Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención y en los artículos 72 y 73 del reglamento, todos los documentos y actuaciones del Comité relativos a sus funciones de conformidad con el artículo 20 de la Convención tienen carácter confidencial y todas las sesiones relativas a sus actuaciones previstas en dicho artículo son privadas.

142.No obstante, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité, después de celebrar consultas con el Estado Parte interesado, puede decidir que figure un resumen de los resultados de la investigación en su informe anual a los Estados Partes y a la Asamblea General.

143.A continuación se reproduce ese resumen de los resultados.

B. Resumen de los resultados de la investigación en relación con Perú

Introducción

144.El Perú ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 7 de Julio de 1988. En el momento de la ratificación, no declaró que no reconocía la competencia del Comité prevista en el artículo 20 de la Convención, como habría podido hacer de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención. El procedimiento del artículo 20 es pues aplicable al Perú.

145.La aplicación a Perú del procedimiento confidencial previsto en los párrafos 1 a 4 del artículo 20 de la Convención comenzó en abril de 1995 y concluyó en mayo de 1999. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité, tras celebrar consultas con el Estado parte interesado el 15 de noviembre de 1999 decidió, el 16 de mayo de 2001, en el curso de su 26º período de sesiones, hacer constar en el informe anual que presenta a la Asamblea General en 2001, el siguiente resumen de los resultados de la investigación sobre Perú. La decisión se tomó por unanimidad.

Desarrollo del procedimiento

146.En abril de 1995, el Comité examinó en sesión privada la información sobre denuncias de práctica sistemática de tortura en el Perú que le había comunicado la organización no gubernamental Human Rights Watch, de conformidad con el artículo 20 de la Convención. El Comité recordó que en sus conclusiones y recomendaciones aprobadas el 9 de noviembre de 1994 tras el examen del informe inicial del Perú, había indicado lo siguiente: "Resulta un motivo de profunda preocupación la existencia de una gran cantidad de denuncias, provenientes tanto de organizaciones no gubernamentales como de organismos o comisiones internacionales, que dan cuenta de una extendida práctica de la tortura en la investigación de actos terroristas y de impunidad para los torturadores". El Comité encargó a uno de sus miembros, el Sr. Ricardo Gil Lavedra, que analizara la información y propusiera medidas a seguir.

147.En agosto de 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización no gubernamental de la que son miembros unas 60 organizaciones no gubernamentales del Perú, también envió al Comité denuncias sobre práctica sistemática de tortura en ese Estado Parte.

148.En noviembre de 1995, el Comité decidió solicitar del Gobierno del Perú su opinión sobre la fiabilidad de la información recibida.

149.En mayo de 1996 el Comité encargó a otro de sus miembros, el Sr. Alejandro González Poblete (el Sr. Gil Lavedra no había sido reelegido miembro del Comité) que determinara, a partir de la información recibida de las fuentes no gubernamentales mencionadas y de las observaciones formuladas por el Gobierno, si debía seguir aplicando el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Convención.

150.En noviembre de 1996, el Comité concluyó que la información presentada era fiable y que contenía indicios bien fundados de que en el Perú se practicaba la tortura de manera sistemática, en el sentido del artículo 1 de la Convención. Por consiguiente, invitó al Estado Parte a que presentara sus observaciones sobre el fundamento de la información recibida.

151.En mayo de 1997 el Comité pidió al Gobierno que presentara también sus observaciones sobre nuevas denuncias de torturas que en los últimos meses habían señalado a su atención Human Rights Watch y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Dos miembros del Comité, el Sr. González Poblete y el Sr. Bent Sørensen, aceptaron seguir el desarrollo del procedimiento.

152.Posteriormente, el Gobierno del Perú presentó sus observaciones y pidió que representantes suyos se reunieran en privado con los Sres. González Poblete y Sørensen. La reunión se celebró en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra el 6 de noviembre de 1997.

153.El 20 de noviembre de 1997, en su 19° período de sesiones, el Comité decidió llevar a cabo una investigación confidencial, designó a tal efecto a los Sres. González Poblete y Sørensen, invitó al Gobierno del Perú a cooperar en la investigación y le pidió que autorizara la visita al Perú de los miembros del Comité encargados de la investigación. La visita fue aceptada y se llevó a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre de 1998. Entretanto, el Comité siguió transmitiendo al Gobierno del Perú resúmenes de denuncias recibidas, incluidos casos individuales, y solicitando información al respecto. En total, entre los años 1996 y 1998, el Comité transmitió 517 casos que habrían ocurrido en el período comprendido entre agosto de 1988 y diciembre de 1997.

154.Los miembros del Comité encargados de la investigación presentaron un informe oral al Comité en Noviembre de 1998 y un informe escrito en mayo de 1999. También en mayo de 1999 el Comité decidió hacer suyo el informe y transmitirlo al Estado parte. Dicha transmisión fue efectuada el 26 de mayo de 1999.

155.En noviembre de 1999 el Comité examinó la respuesta del Gobierno a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe y, con fecha 15 de noviembre de 1999, consultó con representantes del Gobierno la posibilidad de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual del Comité, como requiere el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención. El Comité decidió, sin embargo, posponer la adopción de una decisión al respecto y solicitar al Estado Parte que proporcionara información adicional sobre la puesta en práctica de las recomendaciones del Comité antes del 1º de septiembre de 2000. Por último, el Comité decidió mencionar en el informe anual que presentaría a la Asamblea General en 2000 que había efectuado una investigación bajo el artículo 20 de la Convención en relación con el Perú.

156.El Estado Parte envió al Comité la información solicitada el 1º de septiembre y 16 de octubre de 2000. También envió información adicional el 21 de diciembre de 2000 y el 7 de febrero de 2001.

Conclusiones contenidas en el informe de los miembros del Comité encargados de la investigación

157.Como se indicó más arriba, los miembros del Comité encargados de la investigación rindieron su informe escrito en mayo de 1999. Dicho informe contiene las conclusiones que se detallan a continuación.

Denuncias recibidas en el curso de la investigación

Constataciones

158.En el curso de su investigación el Comité recibió abundante información de varias organizaciones no gubernamentales relativas fundamentalmente a casos de personas con las que de alguna manera habían estado en contacto y que alegaban haber sido víctimas de tortura. Una gran parte de estos casos se referían a personas detenidas en el contexto de las actividades de las fuerzas de seguridad contra los grupos alzados en armas y otra parte se refería a personas detenidas en el marco de la investigación de delitos comunes. En el primer caso los afectados alegaban haber sido torturados por agentes de la rama antiterrorista de la Policía Nacional o por el ejército, mientras que en el segundo la responsabilidad se imputaba a agentes policiales. En cualquiera de los casos la finalidad era fundamentalmente obtener información que pudiera ser utilizada en el marco de la investigación policial.

159.Durante la visita efectuada al país los miembros del Comité tuvieron la oportunidad de profundizar en el tema objeto de la investigación. Sostuvieron entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales; abogados, así como jueces y fiscales que reiteraron la amplitud de la práctica de la tortura y presentaron nuevos casos o ahondaron en casos ya conocidos del Comité pero de relevancia particular, por ejemplo por el impacto que habían causado en la opinión pública o por ser reveladores de la amplitud de la práctica de la tortura y sus características. Los miembros del Comité también tuvieron la oportunidad de contrastar la información así recibida con los testimonios recibidos oralmente de personas que estaban detenidas en aquel momento o que lo habían estado en el pasado. Algunas de estas personas fueron contactadas a través de las organizaciones no gubernamentales mientras que, entre las que se encontraban detenidas, una parte fueron seleccionadas al azar. Muchas de las personas entrevistadas que alegaban haber sido torturadas fueron examinadas por los expertos médicos que integraban la misión, los cuales concluyeron, en la gran mayoría de los casos, que existía una coherencia entre las alegaciones y las secuelas físicas o la ausencia de secuelas. El Defensor del Pueblo y personal de su oficina manifestaron a los miembros del Comité su preocupación por la práctica de la tortura en el país.

160.Sobre la base de la información así obtenida los miembros del Comité observaron una disminución del número de casos en los años 1997-1998. Las fuentes mencionadas confirmaron esta disminución, vinculada a la disminución de personas detenidas en el marco de las actividades contra los grupos subversivos, a su vez debida a la notable disminución de las actividades de estos grupos. Sin embargo, esta disminución no significa su desaparición, pues el Comité ha continuado recibiendo información sobre casos que habrían ocurrido en 1997-1998. Los miembros del Comité observaron igualmente a través de la información recibida que la tortura de personas detenidas en el marco de la investigación de delitos comunes constituye un problema que algunas fuentes calificaron como endémico, aunque por sus peculiares características no ha gozado de la misma atención que el de la tortura de personas acusadas de terrorismo.

161.Los miembros del Comité tuvieron oportunidad de contrastar la información así recibida con la información proporcionada por el Gobierno. Esta última fue formulada por escrito y oralmente. La información por escrito consistió fundamentalmente en respuestas a los casos individuales transmitidos por el Comité. Los miembros del Comité observaron que, según estas respuestas, hubo casos en que se impusieron sanciones a los responsables pero prácticamente sólo cuando se produjo la muerte de la víctima. Además, las penas impuestas fueron demasiado benignas en comparación con el daño infligido. En un gran número de casos los miembros del Comité observaron que el Gobierno no proporcionaba ninguna información o señalaba que no había datos sobre los mismos en los archivos de las autoridades competentes. También en un número importante de casos el Gobierno presentó antecedentes sobre la detención de la presunta víctima y el proceso de que había sido objeto pero no se refirió a las alegaciones de tortura.

162.Además, los miembros del Comité tuvieron oportunidad de dialogar con autoridades gubernamentales con anterioridad y durante la visita al país. Éstas indicaron que, durante el período álgido de lucha contra las actividades de grupos subversivos, se habían cometido algunos abusos-pero que éstos habían sido excepcionales y habían sido castigados y que se habían adoptado medidas para que no volvieran a producirse.

Conclusiones

163.El gran número de denuncias de tortura, las cuales no han quedado desvirtuadas por la información proporcionada por las autoridades, y la uniformidad que caracteriza los casos, en particular las circunstancias en que las personas son sometidas a tortura, el objetivo de la misma y los métodos de tortura empleados, llevan a los miembros del Comité a concluir que la tortura no es circunstancial sino que se ha recurrido a ella de manera sistemática como método de investigación. A este respecto los miembros del Comité recuerdan la opinión expresada por éste en noviembre de 1993 sobre los principales factores que indican que se practica sistemáticamente la tortura en un Estado parte. Esa opinión es la siguiente:

"El Comité considera que hay una práctica sistemática de la tortura cuando es evidente que los casos de tortura notificados no son fortuitos ni se han producido en un solo lugar o en determinado momento, sino que son habituales, están difundidos y son deliberados por lo menos en una parte importante del territorio del país de que se trata. En realidad, la tortura puede ser de carácter sistemático sin ser resultado de la intención directa de un Gobierno. Puede ser la consecuencia de factores que el Gobierno tiene dificultad en controlar, y su existencia puede indicar una discrepancia entre la práctica determinada por el Gobierno central y su aplicación por las autoridades locales- Una legislación inadecuada, que en la práctica deja margen para recurrir a la tortura, puede contribuir también al carácter sistemático de esta práctica."

Cuestiones jurídicas

Constataciones

164.Los miembros del Comité observaron que, a pesar de que la Constitución contiene normas relativas a la protección de los derechos de las personas detenidas, estos derechos se han visto menoscabados por la legislación antiterrorista, adoptada principalmente a partir de 1992 y aún en vigor, la cual coloca a los detenidos en una situación particularmente vulnerable frente a la tortura. De manera paralela, también se han visto menoscabados los derechos de los detenidos por criminalidad común en el marco de la legislación adoptada en 1998 en relación con una serie de delitos de gravedad particular. Aspectos tales como la ampliación de las facultades para detener de las Fuerzas Armadas, la duración de la detención prejudicial, la incomunicación policial, el debilitamiento del papel del Ministerio Público de dirigir la investigación policial y de velar por los derechos de los detenidos, el valor de prueba que se otorga a los atestados policiales, las limitaciones al funcionamiento del hábeas corpus y a la asistencia del abogado al detenido, así como las deficiencias en el seguimiento médico de las personas detenidas, son motivos de especial preocupación para los miembros del Comité y que deberían ser objeto de correctivos legales. La existencia de esta legislación lleva a los miembros del Comité a concluir que la tortura se ha producido con la aquiescencia de las autoridades. Los miembros del Comité también observaron los elevados índices de impunidad de que gozan los responsables de actos de tortura, impunidad que se plasmó de manera preponderante en la legislación de amnistía de 1995.

Conclusiones

165.Los miembros del Comité consideran que la tortura no podrá ser erradicada en el país mientras no se produzca un giro radical en este ámbito. Si bien la adopción en 1998 de una legislación que tipifica el delito de tortura y establece normas claras en materia de jurisdicción es un paso positivo, los casos del pasado no deben quedar impunes. Además, los aspectos penales no son los únicos que deben ser objeto de atención. La adopción de medidas legislativas que permitan la reparación e indemnización a las víctimas es igualmente imprescindible.

166.Los miembros del Comité consideran que la legislación actual presenta una serie de deficiencias que dificultan la aplicación práctica de las obligaciones que derivan de la Convención, al hacer precaria la protección penal contra la tortura, obstaculizar la investigación de las denuncias y favorecer la impunidad de los culpables, todo lo cual ha quedado en evidencia con el reducido número de casos de torturas investigados judicialmente y la aún menor cantidad de agentes del Estado que han recibido sanción penal.

167.En lo que se refiere a los plazos de detención preventiva, no obstante estar facultada por la Constitución la extensión del plazo por decisión de las autoridades policiales en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el ejercicio de tal facultad debería ser reducido por decisión gubernamental hasta restablecer la vigencia, en todo tipo de delito, del plazo previsto en el inciso segundo del literal j) del número 24 del artículo 2 de la Constitución. También se debería establecer la plena vigencia, en todo tipo de delitos, de la limitación de la duración de la incomunicación del inculpado, prevista en el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales.

168.Se debería establecer la obligatoriedad del examen médico de todo detenido, cualquiera que sea el organismo que practique la detención. El Estado debe proveer los recursos humanos y materiales para hacerlo efectivo. El examen inicial debería practicarse dentro de las 24 horas de la detención y repetirse cada vez que el detenido sea trasladado de lugar de detención y al egresar en libertad.

169.Asimismo, los jueces deberían disponer el previo e inmediato examen médico del detenido tan pronto fuera éste puesto a su disposición. En la primera declaración prestada se le debería interrogar expresamente sobre la circunstancia de haber sido sometido a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La omisión debería acarrear la nulidad de la declaración indagatoria. Asimismo, todo facultativo que examine a una persona en situación de detención o al ser liberada debería interrogarla expresamente sobre la antedicha circunstancia, practicar el examen médico teniendo en consideración lo manifestado y dejar constancia en su informe de que se le ha formulado la interrogación y de su respuesta.

170.Se debería derogar toda disposición que esté en contradicción con la facultad constitucional del Ministerio Público de conducir desde su inicio la investigación de todo tipo de delitos, y establecer sanciones severas para todo acto de entorpecimiento del ejercicio de esta facultad. Para ello, el Estado debería dotar al Ministerio Público de los recursos humanos y materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de esta facultad en todo el territorio nacional.

171.El sistema público de defensoría de oficio debería gozar de las facultades legales y recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la prestación de sus servicios a todo detenido desde el inicio de la detención prejudicial.

172.Todo juez, ante la manifestación en la declaración indagatoria de que el declarante ha sido sometido a torturas para forzarlo a suscribir el atestado policial, sin perjuicio de disponer el correspondiente examen médico, debería disponer en el acto el traslado de la declaración al Ministerio Público para que éste inicie la investigación de la denuncia. Si hubiere mérito, la acción penal contra los responsables debería sustanciarse en el mismo proceso y necesariamente la sentencia debería pronunciarse tanto sobre la acción deducida contra el declarante como sobre la deducida con fundamento en la acusación de tortura. Al efecto deberían derogarse las disposiciones que prohíben que los funcionarios policiales que han contribuido a la preparación de las declaraciones autoinculpatorias sean llamados a declarar.

173.Debería derogarse toda disposición jurídica o norma de inferior jerarquía que limite la competencia de todos los jueces con jurisdicción penal para el conocimiento de la acción constitucional de hábeas corpus. En particular debería derogarse toda disposición que atribuya la competencia para el conocimiento de esta acción a jueces distintos de los del fuero común.

174.Se debería establecer legalmente la procedencia de la instrucción, aún cuando no se encuentren individualizados el o los presuntos autores, cuando el hecho denunciado pueda configurar alguno de los delitos contra la humanidad a que se refiere el Título XIV-A del Código Penal. También debería estar prevista en la Ley la improcedencia, respecto de esos delitos, de la prescripción de la acción penal y de la pena y de la amnistía y el indulto.

175.Finalmente, se debería invertir la tendencia a la expansión de la competencia del fuero militar, acentuada con la promulgación del Decreto legislativo Nº 895, de 24 de mayo de 1998, con miras a circunscribirla estrictamente a los delitos de función.

Lugares de detención visitados

Dependencias del Ministerio del Interior

Constataciones

176.Los miembros del Comité encargados de la investigación constataron condiciones de detención deficientes en lugares de detención que visitaron, especialmente los siguientes:

a)Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), Lima;

b)División de Investigación Criminal (DIVINCRI), Lima;

c)División de Investigación Criminal, Chiclayo;

d)Carceleta adyacente al Palacio de Justicia, Chiclayo.

177.En los registros de esos lugares de detención y en las entrevistas con los detenidos comprobaron que éstos podían permanecer detenidos durante períodos de hasta 35 días. También comprobaron que, en algunos casos, se obligaba a las personas que estaban siendo interrogadas por la DINCOTE a pasar la noche en las salas de interrogatorio, tendidas en el suelo y esposadas.

Conclusiones

178.Los miembros del Comité opinan que la detención prolongada en las celdas de los lugares de detención mencionados anteriormente, por ejemplo durante dos semanas, constituye un trato inhumano y degradante. La detención en dichas celdas durante períodos más prolongados constituye tortura. También constituye tortura el obligar a las personas que son interrogadas a pasar la noche en las salas de interrogatorio tendidas en el suelo y esposadas.

179.Las autoridades del Perú deberían tomar medidas para:

a)Mejorar en especial las condiciones higiénicas de la detención;

b)Garantizar que los períodos de detención se ajusten estrictamente a los límites establecidos por la ley; y

c)Prohibir que se obligue a los detenidos que estén siendo interrogados a pasar la noche en la sala de interrogatorios tendidos en el suelo y esposados.

Dependencias del Ministerio de Justicia

180.Los miembros del Comité encargados de la investigación visitaron en Lima los penales de Castro Castro, Lurigancho y Santa Mónica. En Chiclayo visitaron el penal de Picsi, incluidas las secciones para mujeres y para condenados por delitos de terrorismo.

Constataciones

181.Los miembros del Comité encargados de la investigación observaron un gran hacinamiento en casi todas las prisiones, que inevitablemente acarrea problemas de higiene. En algunos casos, los problemas se ven agravados por la falta de agua corriente. Los miembros del Comité no recibieron denuncias de tortura en las prisiones. Aunque se les informó de algunos castigos que constituyen tortura instigados por el antiguo director de la cárcel de Lurigancho, observaron que el nuevo director estaba aplicando enérgicamente una nueva política de erradicación de las prácticas brutales de los guardias de la prisión. Además, de los numerosos casos de tortura presentados por las organizaciones no gubernamentales o señalados durante las entrevistas ninguno se produjo en las dependencias bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia.

182.Los miembros del Comité constataron el excesivo rigor de los regímenes de máxima seguridad, una de cuyas características es que su aplicación comienza desde que la persona ingresa en prisión, es decir se aplica tanto a procesados como a condenados. En su etapa más estricta esos regímenes implican el aislamiento celular continuo con sólo una hora diaria de patio durante un período inicial de un año revisable cada seis meses*.

Conclusiones

183.Los miembros del Comité opinan que, por lo general, los lugares de detención del Ministerio de Justicia, si bien plantean problemas en relación con otros instrumentos internacionales de derechos humanos (hacinamiento, higiene, etc.) no parecen plantear ninguno en relación con la aplicación del artículo 20 de la Convención. No obstante, los miembros del Comité están muy preocupados por las condiciones de detención deplorables (falta de electricidad, de agua potable, temperaturas de hasta 10 ó 15 °C bajo cero sin calefacción, etc.) de las prisiones de máxima seguridad de Challapalca y Yanamayo, al sur del Perú, de las que les informaron organizaciones no gubernamentales y, en especial, detenidos que habían sido trasladados a esas prisiones durante un mes o más como sanción disciplinaria. Parece ser que las deplorables condiciones de detención se ven agravadas por problemas sanitarios debidos a que las prisiones de Challapalca y Yanamayo están situadas en la cordillera andina a más de 4.500 m de altitud sobre el nivel del mar. Los miembros del Comité opinan que las condiciones de detención en Challapalca y Yanamayo de las que han tenido noticia constituyen tratos y penas crueles e inhumanos. En este sentido, los miembros del Comité apoyan plenamente la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, en junio de 1997, de recomendar a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario que no traslade a los prisioneros ni al personal de las prisiones a Challapalca.

184.Los miembros del Comité consideran que, en general, las autoridades del Perú deberían redoblar sus esfuerzos para remediar el problema de hacinamiento en las cárceles y mejorar sus condiciones higiénicas. Concretamente, las autoridades del Perú deberían cerrar las prisiones de Challapalca y Yanamayo.

Dependencias del Ministerio de Defensa

Constataciones

185.Los miembros del Comité encargados de la investigación visitaron el centro de detención de máxima seguridad de la base naval de El Callao, donde se encontraban en aquel momento siete detenidos, seis de los cuales eran destacados líderes de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que cumplían condenas de entre 30 años y cadena perpetua en aislamiento absoluto. El régimen al que están sometidos los reclusos es muy estricto pero respeta sus necesidades básicas excepto por la privación de sonidos y de comunicación. Los reclusos no pueden conversar entre sí ni con los guardias de la prisión, el aislamiento acústico de las celdas respecto al exterior es completo. Los reclusos tienen derecho a salir, pero solos, a un pequeño patio rodeado de muros altos durante un máximo de una hora diaria. Una vez al mes pueden ser visitados durante media hora por sus familiares cercanos, pero sin que haya contacto físico.

Conclusiones

186.Los miembros del Comité opinan que la privación sensorial y la prohibición casi absoluta de comunicarse provoca sufrimientos continuos e injustificados que constituyen tortura. Las autoridades del Perú deberían poner fin a esta situación.

Cooperación de las autoridades del Perú en la investigación

Constataciones

187.Los miembros del Comité encargados de la investigación recuerdan que el Comité empezó a examinar la información que daba cuenta de las denuncias del empleo sistemático de la tortura en el Perú en abril de 1995 y terminó su examen en mayo de 1999. Durante ese período, las autoridades del Perú respondieron siempre de manera positiva a las invitaciones del Comité a que cooperaran en la investigación decidida el 22 de noviembre de 1996 y aceptaron la solicitud de una visita al Perú.

Conclusiones

188.Los miembros del Comité encargados de la investigación toman nota con satisfacción de la excelente cooperación que les prestaron las autoridades peruanas durante la investigación, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 20 de la Convención, y se la agradecen.

Observaciones finales

189.El Comité toma nota de que, en las observaciones sobre el informe de la investigación que le fueron enviadas con fecha 22 de septiembre de 1999, el Estado parte mostró su desacuerdo con la conclusión del Comité relativa a la existencia de una práctica sistemática de tortura en el Perú y reiteró que la tortura no era una práctica tolerada en el país. El Estado parte rechazó que la existencia per se de la legislación antiterrorista fuera fundamento válido que llevara al Comité a concluir que la tortura se había producido con la aquiescencia de las autoridades. Afirmó que, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que tipifica el delito de tortura, la legislación existente ya permitía castigar los hechos de tortura; que no se necesitaba adoptar medidas legislativas que permitieran la reparación e indemnización de las víctimas de tortura puesto que esa legislación ya existía; que tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte Suprema establecían la obligatoriedad del examen médico de los detenidos antes de pasar a disposición Judicial; que las facultades constitucionales del Ministerio Público en materia de investigación de delitos no habían sufrido ningún recorte; que por ley de 23 de diciembre de 1998 se había reestructurado el sistema de defensoría de oficio; que no sería viable la investigación y sanción de los casos de tortura dentro del mismo proceso en que se detectan; que no existían disposiciones constitucionales que prohibieran ser llamados a declarar a los funcionarios policiales que habían contribuido a la preparación de las declaraciones autoinculpatorias; que no era viable establecer legalmente la procedencia de la instrucción cuando no se encuentre individualizado el autor de los hechos de tortura; y que por decreto de 18 de febrero de 1999 se había modificado el Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos Procesados y Sentenciados por delitos de Terrorismo y Traición a la Patria, ampliándose en una hora adicional las salidas al patio de los internos sujetos a las etapas cerradas de máxima seguridad especial y mediana seguridad especial.

190.En comunicaciones ulteriores el Estado Parte informó que se venían realizando diversas acciones de carácter político, administrativo y legislativo que, en su conjunto, coincidían con las recomendaciones del Comité, y mencionó, en particular, las siguientes:

a)Creación de una Comisión Presidencial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas;

b)Modificación del Decreto legislativo No 895 en el sentido de que la investigación y el juzgamiento de los delitos de terrorismo especial sean de competencia del fuero común y que la acción de habeas corpus en tales delitos se interpondrá de acuerdo con las normas generales de la materia;

c)Existencia de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia según los cuales el conocimiento de los delitos contra la humanidad, incluida la tortura, corresponde al fuero común y debe tramitarse por la vía ordinaria;

d)Elaboración de un plan para eliminar, en un plazo de dos años, la provisionalidad de los jueces y fiscales;

e)La práctica desaparición de zonas del territorio nacional en estado de emergencia;

f)La inauguración de dos nuevos establecimientos penitenciarios, así como la concesión de más de 1.500 indultos y derechos de gracia, lo que contribuye a reducir la población penal y mejorar la vida de los internos en los establecimientos penitenciarios;

g)La creación, al interior de la Defensoría del Pueblo, de un Equipo de Protección de Derechos Humanos en Dependencias Policiales, con el mandato de verificar la situación de las personas detenidas;

h)El establecimiento de un Registro Único de Denuncias por delitos contra la humanidad a cargo del Ministerio Público;

i)La inclusión en los Protocolos de Procedimientos Médicos Legales del "Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones o Muerte Resultante de Torturas";

j)La intensificación de acciones de capacitación en temas relacionados con los derechos humanos en el seno de la Policía Nacional.

191.El Comité ha continuado recibiendo de organismos no gubernamentales información preocupante sobre casos de tortura ocurridos con posterioridad a la visita efectuada al país por dos de sus miembros.

192.El Comité toma nota con particular interés de la declaración efectuada por el Dr. Diego García Sayán, Ministro de Justicia del Perú, ante el 57° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con fecha 27 de marzo de 2001. El Ministro señaló que en los cuatro meses de gestión del gobierno de transición del Dr. Valentín Panlagua, después de la renuncia del Presidente Alberto Fujimori, se había realizado una intensa labor orientada a brindar herramientas eficaces para la protección de los derechos humanos. Indicó en particular que el Gobierno estaba tomando las disposiciones necesarias para crear una comisión de la verdad que permitiera esclarecer las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, ocurridas en el país entre 1980 y 2000 y formular una política de reparaciones en favor de las víctimas.

193.El Comité expresa la esperanza de que el Gobierno de Perú que entre en funciones en julio de 2001 tomará enérgicas y eficaces medidas para poner fin rápidamente a la práctica de la tortura de conformidad con las disposiciones de la Convención.

VI. EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS EN VIRTUDDEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

194.De conformidad con el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención pueden presentar comunicaciones escritas al Comité contra la Tortura para que las examine con arreglo a las condiciones establecidas en ese artículo. Cuarenta y tres de los 124 Estados que se han adherido a la Convención o la han ratificado han declarado que reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de conformidad con el artículo 22 de la Convención. Esos Estados son: Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. El Comité no puede examinar ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte en la Convención que no ha reconocido la competencia del Comité para examinar comunicaciones individuales.

195.El examen de las comunicaciones de conformidad con el artículo 22 de la Convención se verifica en sesiones privadas (párrafo 6 del artículo 22). Todos los documentos relativos a la labor del Comité en virtud del artículo 22 (exposiciones de las partes y demás documentos de trabajo) son confidenciales.

196.En el desempeño de sus funciones de conformidad con el artículo 22 de la Convención, el Comité puede ser asistido por un grupo de trabajo integrado por cinco miembros del Comité como máximo o por un relator especial designado entre sus miembros. El grupo de trabajo o el relator especial presenta recomendaciones al Comité sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las comunicaciones o le asiste de cualquier otro modo que el Comité decida (artículo 106 del reglamento del Comité). Los relatores especiales pueden adoptar decisiones de procedimiento (con arreglo al artículo 108) en el intervalo entre períodos de sesiones, lo que agiliza el tratamiento de las comunicaciones por el Comité.

197.No podrá declararse admisible ninguna comunicación si el Estado Parte interesado no ha recibido el texto de esa comunicación y si no se le ha dado la oportunidad de presentar informaciones u observaciones relativas a la cuestión de la admisibilidad, incluida la información sobre el agotamiento de los recursos internos (párrafo 3 del artículo 108). En el plazo de seis meses después de que se haya comunicado al Estado Parte interesado la decisión del Comité en la que declara que una comunicación es admisible, el Estado Parte presentará al Comité explicaciones o exposiciones por escrito para aclarar la cuestión examinada e indicar, en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado (párrafo 2 del artículo 110 del reglamento). En los casos que exigen atención inmediata, el Comité invita a los Estados Partes interesados, si no impugnan la admisibilidad de las comunicaciones, a presentar de inmediato sus observaciones sobre las cuestiones de fondo.

198.El Comité concluye su examen de una comunicación que ha sido declarada admisible emitiendo su dictamen al respecto a la luz de toda la información que le hayan facilitado el peticionario y el Estado Parte. El dictamen del Comité se comunica a las Partes (párrafo 7 del artículo 22 de la Convención y párrafo 3 del artículo 111 del reglamento) y posteriormente se pone a disposición del público en general. Por lo común, también se publica el texto de las decisiones del Comité por las que se declaran inadmisibles las comunicaciones en virtud del artículo 22 de la Convención, sin que se dé a conocer la identidad de los autores y en cambio sí la de los Estados Partes de que se trata.

199.A tenor del artículo 112 del reglamento, el Comité debe incluir en su informe anual un resumen de las comunicaciones examinadas. El Comité podrá asimismo incluir en su informe anual el texto del dictamen emitido en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención y el texto de toda decisión por la que declare inadmisible una comunicación.

200.En el momento de aprobarse el presente informe, el Comité había registrado 183 comunicaciones con respecto a 20 países. Se suspendió el examen de 52 de esas comunicaciones, y 35 fueron declaradas inadmisibles. El Comité aprobó dictámenes con respecto a 56 comunicaciones y halló que se habían cometido violaciones de la Convención en 20 de ellas. Por último, quedaron pendientes 40 comunicaciones.

201.En su 25º período de sesiones, el Comité decidió dejar de examinar cuatro comunicaciones, suspender el examen de dos comunicaciones y declaró otra admisible, que se examinaría en cuanto al fondo. Además, declaró inadmisible la comunicación Nº 160/2000 (R. M. c. España), a tenor de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 107 del reglamento del Comité. El texto de esta decisión se reproduce en el anexo VII, sección B, del presente informe.

202.También en su 25º período de sesiones, el Comité aprobó dictámenes respecto de las comunicaciones Nº 122/1998 (M. R. P. c. Suiza), Nº 144/1999 (A. M. c. Suiza) y Nº 149/1999 (A. S. c. Suecia). El texto de estos dictámenes se reproduce en el anexo VII, Sección A, del presente informe.

203.En su dictamen sobre la comunicación Nº 122/1998 (M. R. P. c. Suiza), el Comité consideró que la información que se le había comunicado no aportaba motivos fundados para creer que el autor correría el riesgo personal de ser torturado si regresaba a Bangladesh, su país de origen. Por tanto, el Comité llegó a la conclusión de que la decisión del Estado Parte de repatriar al autor a Bangladesh no violaba el artículo 3 de la Convención.

204.En su dictamen sobre la comunicación Nº 144/1999 (A. M. c. Suiza), el Comité consideró que el autor no había aportado pruebas suficientes para creer que correría el riesgo personal, real y previsible de ser torturado si regresaba al Chad, su país de origen. Por tanto, el Comité llegó a la conclusión de que la decisión del Estado Parte de repatriar al autor a Bangladesh no violaba el artículo 3 de la Convención.

205.En su dictamen sobre la comunicación Nº 149/1999 (A. S. c. Suecia), el Comité opinó que, pese a que el Estado Parte consideraba que la autora no había cumplido su obligación de presentar información comprobable para demostrar que sería torturada si regresaba a su país de origen, la autora había presentado suficiente información fiable en relación con el hecho de que se le había obligado a contraer un matrimonio sighe o mutah, que había cometido adulterio, había sido encarcelada y se le había condenado a ser lapidada, por lo que el Estado Parte no se había esforzado debidamente por determinar si existían motivos de peso para considerar que la autora estaría en peligro de ser sometida a tortura si regresaba a la República Islámica del Irán. Es más, considerando que el relato de la autora coincidía con los conocimientos que tenía el Comité acerca de la situación actual en materia de derechos humanos en el Irán, el Comité opinó que, en las circunstancias del caso, el Estado Parte tenía la obligación, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, de abstenerse de obligar a la autora a regresar al Irán o a cualquier otro país en el cual correría el riesgo de ser expulsada o devuelta al Irán.

206.En el 26º período de sesiones el Comité decidió suspender el examen de dos comunicaciones y declaró una comunicación admisible, que se examinaría en cuanto al fondo.

207.También en su 26º período de sesiones, el Comité aprobó dictámenes respecto de las comunicaciones Nos. 49/1996 (S. V. c. Canadá), 113/1998 (Radivoje Ristic c. Yugoslavia), 123/1998 (Z. Z. c. Canadá), 128/1999 (F. c. Suiza), 134/1999 (M. O. c. los Países Bajos), 142/1999 (S. S. y S. A. c. los Países Bajos), 147/1999 (Y. S. c. Suiza) y 150/1999 (S. S. c. Suecia). El texto de los dictámenes se reproduce en el anexo VII, sección A, del presente informe.

208.En su dictamen sobre la comunicación Nº 49/1996 (S. V. c. Canadá), el Comité consideró que el autor no había probado su alegación, según el artículo 3 de la Convención, de que correría el riesgo de ser torturado si regresaba a Sri Lanka. En el mismo dictamen, el Comité observó que el artículo 3 sólo abarca las situaciones de tortura definidas en el artículo 1 de la Convención y, con respecto a la alegación del autor, según el artículo 16, sostuvo que el autor no había probado su alegación de que la decisión de devolverle con su familia a su país de origen equivaldría en sí a un acto de trato o pena cruel, inhumano o degradante.

209.En su dictamen sobre la comunicación Nº 113/1998 (Radivoje Ristic c. Yugoslavia), el Comité consideró que el Estado Parte había violado sus obligaciones, con arreglo a los artículos 12 y 13 de la Convención, de proceder a una investigación pronta y efectiva de las alegaciones de tortura o grave brutalidad policial.

210.En su dictamen sobre las comunicaciones Nos. 123/1998 (Z. Z. c. Canadá), 128/1999 (F. c. Suiza), 134/1999 (M. O. c. los Países Bajos), 142/1999 (S. S. y S. A. c. los Países Bajos), 147/1999 (Y. S. c. Suiza) y 150/1999 (S. S. c. Suecia), el Comité consideró que los autores de las comunicaciones no había probado su alegación de que correrían el riesgo de ser torturados si regresaban a sus países de origen. Por lo tanto, el Comité llegó a la conclusión en cada caso de que la devolución de los autores a esos países no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

VII. REUNIONES FUTURAS DEL COMITÉ

211.De conformidad con el artículo 2 de su reglamento, el Comité celebra normalmente dos períodos ordinarios de sesiones cada año. Los períodos ordinarios de sesiones del Comité se celebran en las fechas que decide el Comité en consulta con el Secretario General, teniendo en cuenta el calendario de conferencias aprobado por la Asamblea General.

212.Como el calendario de reuniones celebradas en el marco de las Naciones Unidas lo presenta el Secretario General bienalmente para su aprobación por el Comité de Conferencias y la Asamblea General, el Comité tomó decisiones sobre las fechas de sus períodos ordinarios de sesiones del bienio 2002-2003. Esas fechas son las siguientes:

28º período de sesiones29 de abril a 17 de mayo de 2002

29º período de sesiones11 a 22 de noviembre de 2002

30º período de sesiones28 de abril a 16 de mayo de 2003

31º período de sesiones10 a 21 de noviembre de 2003

213.Si la Asamblea General aprueba la decisión del Comité de establecer un grupo de trabajo previo al período de sesiones, las fechas de los períodos de sesiones del grupo en 2002 y 2003 serán las siguientes:

22 a 26 de abril de 2002

4 a 8 de noviembre de 2002

22 a 25 de noviembre de 2003

3 a 7 de noviembre de 2003

VIII. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DEL TERRITORIO PALESTINO OCUPADOA LA LUZ DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN

214.El 22 de noviembre de 2000, el Comité celebró un intercambio preliminar de opiniones sobre dicho asunto, a petición del Sr. El Masry, quien propuso que Israel presentara un informe especial. Sin embargo, el Comité decidió aplazar el debate de la cuestión a su 26º período de sesiones.

215.El 16 de mayo de 2001, el Comité volvió a mantener un intercambio de opiniones al respecto, como resultado del cual decidió examinar el tercer informe periódico de Israel en su 27º período de sesiones, en noviembre de 2001. El Comité decidió también solicitar una opinión del asesor jurídico de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la aplicabilidad del Convenio en el territorio palestino ocupado.

IX. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ

216.De conformidad con el artículo 24 de la Convención, el Comité presenta un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General. Puesto que el Comité celebra su segundo período ordinario de sesiones de cada año civil a fines de noviembre, lo que coincide con los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, aprueba su informe anual al finalizar su período de sesiones de primavera, para transmitirlo oportunamente a la Asamblea General durante el mismo año civil.

217.Por consiguiente, en su 484ª sesión, celebrada el 18 de mayo de 2001, el Comité examinó y aprobó por unanimidad el informe sobre sus actividades en sus períodos de sesiones 25º y 26º En el informe anual correspondiente al año 2002 figurará una reseña de las actividades del Comité durante su 27º período de sesiones (12 a 23 de noviembre de 2001).

Anexo I

ESTADOS QUE HAN FIRMADO O RATIFICADO LA CONVENCIÓNCONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,INHUMANOS O DEGRADANTES, O QUE SE HAN ADHERIDOA ELLA AL 18 DE MAYO DE 2001

Estado

Fecha de la firma

Fecha de recepción del instrumento de ratificación o de adhesión

Afganistán

4 febrero 1985

11 abril 1987

Albania

11 mayo 1984 a

Alemania

13 octubre 1986

11 octubre 1990

Antigua y Barbuda

19 julio 1993 a

Arabia Saudita

23 septiembre 1997 a

Argelia

26 noviembre 1985

12 septiembre 1989

Argentina

4 febrero 1985

24 septiembre 1986

Armenia

13 septiembre 1993 a

Australia

10 diciembre 1985

8 agosto 1989

Austria

14 marzo 1985

29 julio 1987

Azerbaiyán

16 agosto 1996 a

Bahrein

6 marzo 1998 a

Bangladesh

5 octubre 1998 a

Belarús

19 diciembre 1985

13 marzo 1987

Bélgica

4 febrero 1985

25 junio 1999

Belice

17 marzo 1986 a

Benin

12 marzo 1992 a

Bolivia

4 febrero 1985

12 abril 1999

Bosnia y Herzegovina

6 marzo 1992 b

Botswana

8 septiembre 2000

8 septiembre 2000

Brasil

23 septiembre 1985

28 septiembre 1989

Bulgaria

10 junio 1986

16 diciembre 1986

Burkina Faso

4 enero 1999

Burundi

18 febrero 1993 a

Cabo Verde

4 junio 1992 a

Camboya

15 octubre 1992 a

Camerún

19 diciembre 1986 a

Canadá

23 agosto 1985

24 junio 1987

Chad

9 junio 1995 a

Chile

23 septiembre 1987

30 septiembre 1988

China

12 diciembre 1986

4 octubre 1988

Chipre

9 octubre 1985

18 julio 1991

Colombia

10 abril 1985

8 diciembre 1987

Comoras

22 septiembre 2000

Costa Rica

4 febrero 1985

11 noviembre 1993

Côte d'Ivoire

18 diciembre 1995 a

Croacia

8 octubre 1991 b

Cuba

27 enero 1986

17 mayo 1995

Dinamarca

4 febrero 1985

27 mayo 1987

Ecuador

4 febrero 1985

30 marzo 1988

Egipto

25 junio 1986 a

El Salvador

17 junio 1996 a

Eslovaquia

29 mayo 1993 a

Eslovenia

16 julio 1993 a

España

4 febrero 1985

21 octubre 1987

Estados Unidos de América

18 abril 1988

21 octubre 1994

Estonia

21 octubre 1991 a

Etiopía

14 marzo 1994 a

Federación de Rusia

10 diciembre 1985

3 marzo 1987

Filipinas

18 junio 1986 a

Finlandia

4 febrero 1985

30 agosto 1989

Francia

4 febrero 1985

18 febrero 1986

Gabón

21 enero 1986

Gambia

23 octubre 1985

Georgia

26 octubre 1994 a

Ghana

7 septiembre 2000

7 septiembre 2000 a

Grecia

4 febrero 1985

6 octubre 1988

Guatemala

5 enero 1990 a

Guinea

30 mayo 1986

10 octubre 1989

Guinea-Bissau

12 septiembre 2000

Guyana

25 enero 1988

19 mayo 1988

Honduras

5 diciembre 1996 a

Hungría

28 noviembre 1986

15 abril 1987

India

14 octubre 1997

Indonesia

23 octubre 1985

28 octubre 1998

Irlanda

28 septiembre 1992

Islandia

4 febrero 1985

23 octubre 1996

Israel

22 octubre 1986

3 octubre 1991

Italia

4 febrero 1985

12 enero 1989

Jamahiriya Árabe Libia

16 mayo 1989 a

Japón

29 junio 1999 a

Jordania

13 noviembre 1991 a

Kazajstán

26 agosto 1998 a

Kenya

21 febrero 1997 a

Kirguistán

5 septiembre 1997 a

Kuwait

8 marzo 1996 a

la ex República Yugoslavade Macedonia

12 diciembre 1994 a

Letonia

14 abril 1992 a

Líbano

5 octubre 2000 a

Liechtenstein

27 junio 1985

2 noviembre 1990

Lituania

11 febrero 1996 a

Luxemburgo

22 febrero 1985

29 septiembre 1987

Malawi

11 junio 1996 a

Malí

26 febrero 1999 a

Malta

13 septiembre 1990 a

Marruecos

8 enero 1986

21 junio 1993

Mauricio

9 diciembre 1992 a

México

18 marzo 1985

23 enero 1986

Mónaco

6 diciembre 1991 a

Mozambique

14 septiembre 1999

Namibia

28 noviembre 1994 a

Nepal

14 mayo 1991 a

Nicaragua

15 abril 1985

Níger

5 octubre 1998 a

Nigeria

28 julio 1988

Noruega

4 febrero 1985

9 julio 1986

Nueva Zelandia

14 enero 1986

10 diciembre 1989

Países Bajos

4 febrero 1985

21 diciembre 1988

Panamá

22 febrero 1985

24 agosto 1987

Paraguay

23 octubre 1989

12 marzo 1990

Perú

29 mayo 1985

7 julio 1988

Polonia

13 enero 1986

26 julio 1989

Portugal

4 febrero 1985

9 febrero 1989

Qatar

11 enero 2000

Reino Unido de Gran de Bretañae Irlanda del Norte

15 marzo 1985

8 diciembre 1988

República Checa

11 enero 1993 b

República de Corea

9 enero 1995 a

República Democrática del Congo

18 marzo 1996 a

República de Moldova

28 noviembre 1995 a

República Dominicana

4 febrero 1985

Rumania

18 diciembre 1990 a

Santo Tomé y Príncipe

6 septiembre 2000

Senegal

4 febrero 1985

21 agosto 1986

Seychelles

5 mayo 1992 a

Sierra Leona

18 marzo 1985

Somalia

24 enero 1990 a

Sri Lanka

3 enero 1994 a

Sudáfrica

29 enero 1993

10 diciembre 1998

Sudán

4 junio 1986

Suecia

4 febrero 1985

8 enero 1986

Suiza

4 febrero 1985

2 diciembre 1986

Tayikistán

11 enero 1995 a

Togo

25 marzo 1987

18 noviembre 1987

Túnez

26 agosto 1987

23 septiembre 1988

Turkmenistán

25 junio 1999 a

Turquía

25 enero 1988

2 agosto 1988

Ucrania

27 febrero 1986

24 febrero 1987

Uganda

3 noviembre 1986 a

Uruguay

4 febrero 1985

24 octubre 1986

Uzbekistán

28 septiembre 1995 a

Venezuela

15 febrero 1985

29 julio 1991

Yemen

5 noviembre 1991 a

Yugoslavia

18 abril 1989

10 septiembre 1991

Zambia

7 octubre 1998 a

aAdhesión.

b Sucesión.

Anexo II

ESTADOS PARTES QUE HAN DECLARADO, EN EL MOMENTO DE RATIFICAR LA CONVENCIÓN O ADHERIRSE A ELLA, QUE NO RECONOCEN LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PREVISTA EN ELARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN, AL 18 DE MAYO DE 2001 a

Afganistán

Arabia Saudita

Belarús

China

Cuba

Israel

Kuwait

Marruecos

Ucrania

a En total nueve (9) Estados Partes.

Anexo III

ESTADOS PARTES QUE HAN FORMULADO LAS DECLARACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONVENCIÓNa, AL 18 DE MAYO DE 2001b

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor

Argelia

12 de octubre de 1989

Argentina

26 de junio de 1987

Australia

29 de enero de 1993

Austria

28 de agosto de 1987

Bélgica

25 de julio de 1999

Bulgaria

12 de junio de 1993

Camerún

11 de noviembre de 2000

Canadá

24 de julio de 1987

Chipre

8 de abril de 1993

Croacia

8 de octubre de 1991

Dinamarca

26 de junio de 1987

Ecuador

29 de abril de 1988

Eslovaquia

17 de abril de 1995

Eslovenia

16 de julio de 1993

España

20 de noviembre de 1987

Federación de Rusia

11 de octubre de 1991

Finlandia

29 de septiembre de 1989

Francia

26 de junio de 1987

Ghana

7 de octubre de 2000

Grecia

5 de noviembre de 1988

Hungría

26 de junio de 1987

Islandia

22 de noviembre de 1996

Italia

11 de febrero de 1989

Liechtenstein

2 de diciembre de 1990

Luxemburgo

29 de octubre de 1987

Malta

13 de octubre de 1990

Mónaco

6 de enero de 1992

Noruega

26 de junio de 1987

Nueva Zelandia

9 de enero de 1990

Países Bajos

20 de enero de 1989

Polonia

12 de junio de 1993

Portugal

11 de marzo de 1989

República Checa

3 de septiembre de 1996

Senegal

16 de octubre de 1996

Sudáfrica

10 de diciembre de 1998

Suecia

26 de junio de 1987

Suiza

26 de junio de 1987

Togo

18 de diciembre de 1987

Túnez

23 de octubre de 1988

Turquía

11 de septiembre de 1988

Uruguay

26 de junio de 1987

Venezuela

26 de abril de 1994

Yugoslavia

10 de octubre de 1991

a El Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América sólo formularon las declaraciones previstas en el artículo 21 de la Convención.

b En total 43 Estados Partes.

Anexo IV

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA EN 2001

Miembro

Nacionalidad

El mandato expira

el 31 de diciembre de

Sr. Peter Thomas BURNS

Canadá

2003

Sr. Guibril CAMARA

Senegal

2003

Sr. Sayed Kassem EL MASRY

Egipto

2001

Sra. Felice GAER

Estados Unidos de América

2003

Sr. Alejandro GONZÁLEZ POBLETE

Chile

2003

Sr. Andreas MAVROMMATIS

Chipre

2003

Sr. António SILVA HENRIQUES GASPAR

Portugal

2001

Sr. Ole Vedel RASMUSSEN

Dinamarca

2001

Sr. Alexander M. YAKOVLEV

Federación de Rusia

2001

Sr. YU Mengjia

China

2001

Anexo V

ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, AL 18 DE MAYO DE 2001

A. Informe inicial

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor de la Convención

Fecha en que debía presentarse el informe inicial

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1988 (27)

Afganistán

26 junio 1987

25 junio 1988

21 enero 1992

CAT/C/5/Add.31

Argentina

26 junio 1987

25 junio 1988

15 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.12/Rev.1

Austria

28 agosto 1987

27 agosto 1988

10 noviembre 1988

CAT/C/5/Add.10

Belarús

26 junio 1987

25 junio 1988

11 enero 1989

CAT/C/5/Add.14

Belice

26 junio 1987

25 junio 1988

18 abril 1991

CAT/C/5/Add.25

Bulgaria

26 junio 1987

25 junio 1988

12 septiembre 1991

CAT/C/5/Add.28

Camerún

26 junio 1987

25 junio 1988

15 febrero 1989 y 25 abril 1991

CAT/C/5/Add.16 y 26

Canadá

24 julio 1987

23 julio 1988

16 enero 1989

CAT/C/5/Add.15

Dinamarca

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988

CAT/C/5/Add.4

Egipto

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988 y 20 noviembre 1990

CAT/C/5/Add.5 y 23

España

20 noviembre 1987

19 noviembre 1988

19 marzo 1990

CAT/C/5/Add.21

Federación de Rusia

26 junio 1987

25 junio 1988

6 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.11

Filipinas

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988 y 28 abril 1989

CAT/C/5/Add.6 y 18

Francia

26 junio 1987

25 junio 1988

30 junio 1988

CAT/C/5/Add.2

Hungría

26 junio 1987

25 junio 1988

25 octubre 1988

CAT/C/5/Add.9

Luxemburgo

29 octubre 1987

28 octubre 1988

15 octubre 1991

CAT/C/5/Add.29

México

26 junio 1987

25 junio 1988

10 agosto 1988 y 13 febrero 1990

CAT/C/5/Add.7 y 22

Noruega

26 junio 1987

25 junio 1988

21 julio 1988

CAT/C/5/Add.3

Panamá

23 septiembre 1987

22 septiembre 1988

28 enero 1991

CAT/C/5/Add.24

Rep. Dem. Alemana

9 octubre 1987

8 octubre 1988

19 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.13

Senegal

26 junio 1987

25 junio 1988

30 octubre 1989

CAT/C/5/Add.19 (en sustitución de CAT/C/5/Add.8)

Suecia

26 junio 1987

25 junio 1988

23 junio 1988

CAT/C/5/Add.1

Suiza

26 junio 1987

25 junio 1988

14 abril 1989

CAT/C/5/Add.17

Togo

18 diciembre 1987

17 diciembre 1988

Ucrania

26 junio 1987

25 junio 1988

17 enero 1990

CAT/C/5/Add.20

Uganda

26 junio 1987

25 junio 1988

Uruguay

26 junio 1987

25 junio 1988

6 junio 1991 y 5 diciembre 1991

CAT/C/5/Add.27 y 30

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1989 (10)

Chile

30 octubre 1988

29 octubre 1989

21 septiembre 1989 y 5 noviembre 1990

CAT/C/7/Add.2 y 9

China

3 noviembre 1988

2 noviembre 1989

11 diciembre 1989 y 8 octubre 1992

CAT/C/7/Add.5 y 14

Colombia

7 enero 1988

6 enero 1989

24 abril 1989 y 28 agosto 1990

CAT/C/7/Add.1 y 10

Ecuador

29 abril 1988

28 abril 1989

27 junio 1990, 28 febrero 1991 y 26 septiembre 1991

CAT/C/7/Add.7, 11 y 13

Grecia

5 noviembre 1988

4 noviembre 1989

8 agosto 1990

CAT/C/7/Add.8

Guyana

18 junio 1988

17 junio 1989

Perú

6 agosto 1988

5 agosto 1989

9 noviembre 1992 y 22 febrero 1994

CAT/C/7/Add.15 y 16

República Federal Checa y Eslovaca

6 agosto 1988

5 agosto 1989

21 noviembre 1989 y 14 mayo 1991

CAT/C/7/Add.4 y 12

Túnez

23 octubre 1988

22 octubre 1989

25 octubre 1989

CAT/C/7/Add.3

Turquía

11 septiembre 1988

31 agosto 1989

24 abril 1990

CAT/C/7/Add.6

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1990 (11)

Argelia

12 octubre 1989

11 octubre 1990

13 febrero 1991

CAT/C/9/Add.5

Australia

7 septiembre 1989

6 septiembre 1990

27 agosto 1991 y 11 junio 1992

CAT/C/9/Add.8 y 11

Brasil

28 octubre 1989

27 octubre 1990

Finlandia

29 septiembre 1989

28 septiembre 1990

28 septiembre 1990

CAT/C/9/Add.4

Guinea

9 noviembre 1989

8 noviembre 1990

Italia

11 febrero 1989

10 febrero 1990

30 diciembre 1991

CAT/C/9/Add.9

Jamahiriya Árabe Libia

15 junio 1989

14 junio 1990

14 mayo 1991 y 27 agosto 1992

CAT/C/9/Add.7 y 12/Rev.1

Países Bajos

20 enero 1989

19 enero 1990

14 marzo 1990, 11 septiembre 1990 y 13 septiembre 1990

CAT/C/9/Add.1 a 3

Polonia

25 agosto 1989

24 agosto 1990

22 marzo 1993

CAT/C/9/Add.13

Portugal

11 marzo 1989

10 marzo 1990

7 mayo 1993

CAT/C/9/Add.15

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

7 enero 1989

6 enero 1990

22 marzo 1991 y 30 abril 1992

CAT/C/9/Add.6, 10 y 14

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1991 (7)

Alemania

31 octubre 1990

30 octubre 1991

9 marzo 1992

CAT/C/12/Add.1

Guatemala

4 febrero 1990

3 febrero 1991

2 noviembre 1994 y 31 julio 1995

CAT/C/12/Add.5 y 6

Liechtenstein

2 diciembre 1990

11 diciembre 1991

5 agosto 1994

CAT/C/12/Add.4

Malta

13 octubre 1990

12 octubre 1991

3 enero 1996

CAT/C/12/Add.7

Nueva Zelandia

9 enero 1990

8 enero 1991

29 julio 1992

CAT/C/12/Add.2

Paraguay

11 abril 1990

10 abril 1991

13 enero 1993

CAT/C/12/Add.3

Somalia

23 febrero 1990

22 febrero 1991

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1992 (10)

Croacia

8 octubre 1991

7 octubre 1992

4 enero 1996

CAT/C/16/Add.6

Chipre

17 agosto 1991

16 agosto 1992

23 junio 1993

CAT/C/16/Add.2

Estonia

20 noviembre 1991

19 noviembre 1992

Israel

2 noviembre 1991

11 noviembre 1992

25 enero 1994

CAT/C/16/Add.4

Jordania

13 diciembre 1991

12 diciembre 1992

23 noviembre 1994

CAT/C/16/Add.5

Nepal

13 junio 1991

12 junio 1992

6 octubre 1993

CAT/C/16/Add.3

Rumania

17 enero 1991

16 enero 1992

14 febrero 1992

CAT/C/16/Add.1

Venezuela

28 agosto 1991

27 agosto 1992

8 julio 1998

CAT/C/16/Add.8

Yemen

5 diciembre 1991

4 diciembre 1992

Yugoslavia

10 octubre 1991

9 octubre 1992

20 enero 1998

CAT/C/16/Add.7

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1993 (8)

Benin

11 abril 1992

10 abril 1993

12 febrero 2001

CAT/C/21/Add.3

Bosnia y Herzegovina

6 marzo 1992

5 marzo 1993

Cabo Verde

4 julio 1992

3 julio 1993

Camboya

14 noviembre 1992

13 noviembre 1993

Letonia

14 mayo 1992

13 mayo 1993

Mónaco

5 enero 1992

4 enero 1993

14 marzo 1994

CAT/C/21/Add.1

República Checa

11 enero 1993

31 diciembre 1993

18 abril 1994

CAT/C/21/Add.2

Seychelles

4 junio 1992

3 junio 1993

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1994 (8)

Antigua y Barbuda

18 agosto 1993

17 agosto 1994

Armenia

13 octubre 1993

12 octubre 1994

20 abril 1995 y 21 diciembre 1995

CAT/C/24/Add.4 y Rev.1

Burundi

20 marzo 1993

19 marzo 1994

Costa Rica

11 diciembre 1993

10 diciembre 1994

10 agosto 2000

CAT/C/24/Add.7

Eslovaquia

28 mayo 1993

27 mayo 1994

1º mayo 2000

CAT/C/24/Add.6

Eslovenia

15 agosto 1993

14 agosto 1994

10 agosto 1999

CAT/C/24/Add.5

Marruecos

21 julio 1993

20 julio 1994

29 julio 1994

CAT/C/24/Add.2

Mauricio

8 enero 1993

7 enero 1994

10 mayo 1994 y 11 marzo 1995

CAT/C/24/Add.1 y 3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1995 (7)

Albania

10 junio 1994

9 junio 1995

Estados Unidos de América

20 noviembre 1994

19 noviembre 1995

15 octubre 1999

CAT/C/28/Add.5

Etiopía

13 abril 1994

12 abril 1995

Georgia

25 noviembre 1994

24 noviembre 1995

4 junio 1996

CAT/C/28/Add.1

la ex República Yugoslava de Macedonia

12 diciembre 1994

11 diciembre 1995

22 mayo 1998

CAT/C/28/Add.4

Namibia

28 diciembre 1994

27 diciembre 1995

23 agosto 1996

CAT/C/28/Add.2

Sri Lanka

2 febrero 1994

11 febrero 1995

27 octubre 1997

CAT/C/28/Add.3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1996 (6)

Chad

9 julio 1995

8 julio 1996

Cuba

16 junio 1995

15 junio 1996

15 noviembre 1996

CAT/C/32/Add.2

República de Corea

8 febrero 1995

7 febrero 1996

10 febrero 1996

CAT/C/32/Add.1

República de Moldova

28 diciembre 1995

27 diciembre 1996

Tayikistán

10 febrero 1995

9 febrero 1996

Uzbekistán

28 octubre 1995

27 octubre 1996

18 febrero 1999

CAT/C/32/Add.3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1997 (8)

Azerbaiyán

15 septiembre 1996

14 septiembre 1997

18 diciembre 1998

CAT/C/37/Add.3

Côte d'Ivoire

17 enero 1996

16 enero 1997

El Salvador

17 julio 1996

16 julio 1997

5 julio 1999

CAT/C/37/Add.4

Islandia

22 noviembre 1996

21 noviembre 1997

12 febrero 1998

CAT/C/37/Add.2

Kuwait

7 abril 1996

6 abril 1997

5 agosto 1997

CAT/C/37/Add.1

Lituania

2 marzo 1996

11 marzo 1997

Malawi

11 julio 1996

10 julio 1997

República Democrática del Congo

17 abril 1996

16 abril 1997

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1998 (4)

Arabia Saudita

22 octubre 1997

21 octubre 1998

27 febrero 2001

CAT/C/42/Add.2

Honduras

4 enero 1997

3 enero 1998

Kenya

23 marzo 1997

22 marzo 1998

Kirguistán

5 octubre 1997

4 octubre 1998

9 febrero 1999

CAT/C/42/Add.1

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1999 (6)

Bahrein

5 abril 1998

4 abril 1999

Bangladesh

4 noviembre 1998

3 noviembre 1999

Indonesia

27 noviembre 1998

26 noviembre 1999

7 febrero 2001

CAT/C/47/Add.3

Kazajstán

25 septiembre 1998

24 septiembre 1999

15 agosto 2000

CAT/C/47/Add.1

Níger

4 noviembre 1998

3 noviembre 1999

Zambia

6 noviembre 1998

5 noviembre 1999

1º diciembre 2000

CAT/C/47/Add.2

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 2001 (8)

Bélgica

25 julio 1999

25 julio 2000

Bolivia

12 mayo 1999

11 mayo 2000

16 mayo 2000

CAT/C/52/Add.1

Burkina Faso

3 febrero 1999

2 febrero 2000

Japón

29 julio 1999

29 julio 2000

Malí

28 marzo 1999

27 marzo 2000

Mozambique

14 octubre 1999

14 octubre 2000

Sudáfrica

9 enero 1999

8 enero 2000

Turkmenistán

25 julio 1999

25 julio 2000

Informe inicial que los Estados Partes deben presentar en 2001 (5)

Qatar

10 febrero 2000

9 febrero 2001

Ghana

7 octubre 2000

6 octubre 2001

Botswana

8 octubre 2000

7 octubre 2001

Gabón

8 octubre 2000

7 octubre 2001

Líbano

4 noviembre 2000

3 noviembre 2001

B. Segundo informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el segundo informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1992 (26)

Afganistán

25 junio 1992

Argentina

25 junio 1992

29 junio 1992

CAT/C/17/Add.2

Austria

27 agosto 1992

12 octubre 1998

CAT/C/17/Add.21

Belarús

25 junio 1992

15 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.6

Belice

25 junio 1992

Bulgaria

25 junio 1992

19 junio 1998

CAT/C/17/Add.19

Camerún

25 junio 1992

20 noviembre 1999

CAT/C/17/Add.22

Canadá

23 julio 1992

11 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.5

Dinamarca

25 junio 1992

22 febrero 1995

CAT/C/17/Add.13

Egipto

25 junio 1992

13 abril 1993

CAT/C/17/Add.11

España

19 noviembre 1992

19 noviembre 1992

CAT/C/17/Add.10

Federación de Rusia

25 junio 1992

17 enero 1996

CAT/C/17/Add.15

Filipinas

25 junio 1992

Francia

25 junio 1992

19 diciembre 1996

CAT/C/17/Add.18

Hungría

25 junio 1992

23 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.8

Luxemburgo

28 octubre 1992

3 agosto 1998

CAT/C/17/Add.20

México

25 junio 1992

21 julio 1992 y 28 mayo 1996

CAT/C/17/Add.3 y Add.17

Noruega

25 junio 1992

25 junio 1992

CAT/C/17/Add.1

Panamá

22 septiembre 1992

21 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.7

Senegal

25 junio 1992

27 marzo 1995

CAT/C/17/Add.14

Suecia

25 junio 1992

30 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.9

Suiza

25 junio 1992

28 septiembre 1993

CAT/C/17/Add.12

Togo

17 diciembre 1992

Ucrania

25 junio 1992

31 agosto 1992

CAT/C/17/Add.4

Uganda

25 junio 1992

Uruguay

25 junio 1992

25 marzo 1996

CAT/C/17/Add.16

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1993 (9)

Chile

29 octubre 1993

16 febrero 1994

CAT/C/20/Add.3

China

2 noviembre 1993

2 diciembre 1995

CAT/C/20/Add.5

Colombia

6 enero 1993

4 agosto 1995

CAT/C/20/Add.4

Ecuador

28 abril 1993

21 abril 1993

CAT/C/20/Add.1

Grecia

4 noviembre 1993

6 diciembre 1993

CAT/C/20/Add.2

Guyana

17 junio 1993

Perú

5 agosto 1993

20 enero 1997

CAT/C/20/Add.6

Túnez

22 octubre 1993

10 noviembre 1997

CAT/C/20/Add.7

Turquía

31 agosto 1993

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1994 (11)

Argelia

11 octubre 1994

23 febrero 1996

CAT/C/25/Add.8

Australia

6 septiembre 1994

19 octubre 1999

CAT/C/25/Add.11

Brasil

27 octubre 1994

Finlandia

28 septiembre 1994

11 septiembre 1995

CAT/C/25/Add.7

Guinea

8 noviembre 1994

Italia

10 febrero 1994

20 julio 1994

CAT/C/25/Add.4

Jamahiriya Árabe Libia

14 junio 1994

30 junio 1994

CAT/C/25/Add.3

Países Bajos

19 enero 1994

14 abril 1994, 16 junio 1994 y 27 marzo 1995

CAT/C/25/Add.1, 2 y 5

Polonia

24 agosto 1994

7 mayo 1996

CAT/C/25/Add.9

Portugal

10 marzo 1994

7 noviembre 1996

CAT/C/25/Add.10

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 enero 1994

25 marzo 1995

CAT/C/25/Add.6

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1995 (7)

Alemania

30 octubre 1995

17 diciembre 1996

CAT/C/29/Add.2

Guatemala

3 febrero 1995

13 febrero 1997

CAT/C/29/Add.3

Liechtenstein

11 diciembre 1995

3 septiembre 1998

CAT/C/29/Add.5

Malta

12 octubre 1995

29 septiembre 1998

CAT/C/29/Add.6

Nueva Zelandia

8 enero 1995

25 febrero 1997

CAT/C/29/Add.4

Paraguay

10 abril 1995

10 julio 1996

CAT/C/29/Add.1

Somalia

22 febrero 1995

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1996 (10)

Chipre

16 agosto 1996

12 septiembre 1996

CAT/C/33/Add.1

Croacia

7 octubre 1996

5 marzo 1998

CAT/C/33/Add.4

Estonia

19 noviembre 1996

Israel

11 noviembre 1996

6 diciembre 1996 y 7 febrero 1997 (informe especial) 26 febrero 1998

CAT/C/33/Add.2/Rev.1 CAT/C/33/Add.3

Jordania

12 diciembre 1996

Nepal

12 junio 1996

Rumania

16 enero 1996

Venezuela

27 agosto 1996

1º septiembre 2000

CAT/C/33/Add.5

Yemen

4 diciembre 1996

Yugoslavia

9 octubre 1996

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1997 (8)

Benin

10 abril 1997

Bosnia y Herzegovina

5 marzo 1997

Cabo Verde

3 julio 1997

Camboya

13 noviembre 1997

Letonia

13 mayo 1997

Mónaco

4 enero 1997

República Checa

31 diciembre 1997

14 febrero 2000

CAT/C/38/Add.1

Seychelles

3 junio 1997

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1998 (8)

Antigua y Barbuda

17 agosto 1998

Armenia

12 octubre 1998

15 junio 1999

CAT/C/43/Add.3

Burundi

19 marzo 1998

Costa Rica

10 diciembre 1998

Eslovaquia

27 mayo 1998

Eslovenia

14 agosto 1998

Marruecos

20 julio 1998

2 septiembre 1998

CAT/C/43/Add.2

Mauricio

7 enero 1998

8 junio 1998

CAT/C/43/Add.1

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1999 (7)

Albania

9 junio 1999

Estados Unidos de América

19 noviembre 1999

Etiopía

12 abril 1999

Georgia

24 noviembre 1999

15 noviembre 1999

CAT/C/48/Add.1

la ex República Yugoslava de Macedonia

11 diciembre 1999

Namibia

27 diciembre 1999

Sri Lanka

11 febrero 1999

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (6)

Chad

8 julio 2000

Cuba

15 junio 2000

República de Corea

7 febrero 2000

República de Moldova

27 diciembre 2000

Tayikistán

9 febrero 2000

Uzbekistán

27 octubre 2000

29 noviembre 2000

CAT/C/53/Add.1

Segundo informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2001 (8)

Azerbaiyán

14 septiembre 2001

Côte d'Ivoire

16 enero 2001

El Salvador

16 julio 2001

Islandia

21 noviembre 2001

Kuwait

6 abril 2001

Lituania

1º marzo 2001

Malawi

10 julio 2001

República Democrática del Congo

16 abril 2001

C. Tercer informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el tercer informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1996 (26)

Afganistán

25 junio 1996

Argentina

25 junio 1996

26 septiembre 1996

CAT/C/34/Add.5

Austria

27 agosto 1996

Belarús

25 junio 1996

29 septiembre 1999

CAT/C/34/Add.12

Belice

25 junio 1996

Bulgaria

25 junio 1996

Camerún

25 junio 1996

Canadá

23 julio 1996

19 octubre 1999

CAT/C/34/Add.13

Dinamarca

25 junio 1996

5 julio 1996

CAT/C/34/Add.3

Egipto

25 junio 1996

30 octubre 1998

CAT/C/34/Add.11

España

19 noviembre 1996

18 noviembre 1996

CAT/C/34/Add.7

Federación de Rusia

25 junio 1996

5 diciembre 2000

CAT/C/34/Add.15

Filipinas

25 junio 1996

Francia

25 junio 1996

Hungría

25 junio 1996

21 abril 1998

CAT/C/34/Add.10

Luxemburgo

28 octubre 1996

30 octubre 2000

CAT/C/34/Add.14

México

25 junio 1996

25 junio 1996

CAT/C/34/Add.2

Noruega

25 junio 1996

6 febrero 1997

CAT/C/34/Add.8

Panamá

22 septiembre 1996

19 mayo 1997

CAT/C/34/Add.9

Senegal

25 junio 1996

Suecia

25 junio 1996

23 agosto 1996

CAT/C/34/Add.4

Suiza

25 junio 1996

7 noviembre 1996

CAT/C/34/Add.6

Togo

17 diciembre 1996

Ucrania

25 junio 1996

19 junio 1996

CAT/C/34/Add.1

Uganda

25 junio 1996

Uruguay

25 junio 1996

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1997 (9)

Chile

29 octubre 1997

China

2 noviembre 1997

5 mayo 1999

CAT/C/39/Add.2

Colombia

6 enero 1997

Ecuador

28 abril 1997

Grecia

4 noviembre 1997

29 noviembre 1999

CAT/C/39/Add.3

Guyana

17 junio 1997

Perú

5 agosto 1997

12 diciembre 1998

CAT/C/39/Add.1

Túnez

22 octubre 1997

Turquía

31 agosto 1997

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1998 (11)

Argelia

11 octubre 1998

Australia

6 septiembre 1998

Brasil

27 octubre 1998

Finlandia

28 septiembre 1998

16 noviembre 1998

CAT/C/44/Add.6

Guinea

8 noviembre 1998

Italia

10 febrero 1998

22 julio 1998

CAT/C/44/Add.2

Jamahiriya Árabe Libia

14 junio 1998

2 septiembre 1998

CAT/C/44/Add.3

Países Bajos

19 enero 1998

3 septiembre 1998 y 27 diciembre 1999

CAT/C/44/Add.4 y 8

Polonia

24 agosto 1998

11 noviembre 1998

CAT/C/44/Add.5

Portugal

10 marzo 1998

2 febrero 1999

CAT/C/44/Add.7

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 enero 1998

2 abril 1998

CAT/C/44/Add.1

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1999 (7)

Alemania

30 octubre 1999

Guatemala

3 febrero 1999

18 enero 2000

CAT/C/49/Add.2

Liechtenstein

11 diciembre 1999

Malta

12 octubre 1999

Nueva Zelandia

8 enero 1999

Paraguay

10 abril 1999

14 junio 1999

CAT/C/49/Add.1

Somalia

22 febrero 1999

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (10)

Croacia

7 octubre 2000

Chipre

16 agosto 2000

Estonia

19 noviembre 2000

Israel

1º noviembre 2000

15 marzo 2001

CAT/C/54/Add.1

Jordania

12 diciembre 2000

Nepal

12 junio 2000

Rumania

16 enero 2000

Venezuela

27 agosto 2000

Yemen

4 diciembre 2000

Yugoslavia

9 octubre 2000

Tercer informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2001 (8)

Benin

10 abril 2001

Bosnia y Herzegovina

5 marzo 2001

Cabo Verde

3 julio 2001

Camboya

13 noviembre 2001

Letonia

13 mayo 2001

Mónaco

4 enero 2001

República Checa

31 diciembre 2001

Seychelles

3 junio 2001

D. Cuarto informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el cuarto informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (26)

Afganistán

25 junio 2000

Argentina

25 junio 2000

Austria

27 agosto 2000

Belarús

25 junio 2000

Belice

25 junio 2000

Bulgaria

25 junio 2000

Camerún

25 junio 2000

Canadá

23 julio 2000

Dinamarca

25 junio 2000

4 agosto 2000

CAT/C/55/Add.2

Egipto

25 junio 2000

19 febrero 2001

CAT/C/55/Add.6

España

19 noviembre 2000

8 enero 2001

CAT/C/55/Add.5

Federación de Rusia

25 junio 2000

Filipinas

25 junio 2000

Francia

25 junio 2000

Hungría

25 junio 2000

Luxemburgo

28 octubre 2000

México

25 junio 2000

Noruega

25 junio 2000

15 septiembre 2000

CAT/C/55/Add.4

Panamá

22 septiembre 2000

Senegal

25 junio 2000

Suecia

25 junio 2000

21 agosto 2000

CAT/C/55/Add.3

Suiza

25 junio 2000

Togo

17 diciembre 2000

Ucrania

25 junio 2000

31 julio 2000

CAT/C/55/Add.1

Uganda

25 junio 2000

Uruguay

25 junio 2000

Cuarto informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2001 (9)

Chile

29 octubre 2001

China

2 noviembre 2001

Colombia

6 enero 2001

Ecuador

28 abril 2001

Grecia

4 noviembre 2001

Guyana

14 junio 2001

Perú

5 agosto 2001

Túnez

22 octubre 2001

Turquía

31 agosto 2001

Anexo VI

RELATORES PARA LOS PAÍSES Y RELATORES SUPLENTES ENCARGADOS DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES EXAMINADOS POR ELCOMITÉ EN SUS PERÍODOS DE SESIONES 25º Y 26º

Informe

Relator

Suplente

A. 25º período de sesiones

ArmeniaSegundo informe periódico(CAT/C/43/Add.3)

Sr. Camara

Sr. Yakovlev

BelarúsTercer informe periódico(CAT/C/34/Add.12)

Sra. Gaer

Sr. Burns

AustraliaSegundo informe periódico(CAT/C/25/Add.11)

Sr. Mavrommatis

Sr. Rasmussen

CanadáTercer informe periódico(CAT/C/34/Add.13)

Sra. Gaer

Sr. El Masry

CamerúnSegundo informe periódico(CAT/C/17/Add.22)

Sr. Camara

Sr. El Masry

GuatemalaTercer informe periódico(CAT/C/49/Add.2)

Sr. González Poblete

Sr. Rasmussen

B. 26º período de sesiones

GeorgiaSegundo informe periódico(CAT/C/48/Add.1)

Sr. Yakovlev

Sr. Mavrommatis

GreciaTercer informe periódico(CAT/C/39/Add.3)

Sr. Burns

Sr. Rasmussen

República ChecaSegundo informe periódico(CAT/C/38/Add.1)

Sr. Mavrommatis

Sr. El Masry

EslovaquiaInforme inicial(CAT/C/24/Add.6)

Sra. Gaer

Sr. Yu Mengjia

BoliviaInforme inicial(CAT/C/52/Add.1)

Sr. González Poblete

Sr. Silva Henriques Gaspar

BrasilInforme inicial(CAT/C/9/Add.16)

Sr. Silva Henriques Gaspar

Sr. González Poblete

Costa RicaInforme inicial(CAT/C/24/Add.7)

Sr. González Poblete

Sr. Rasmussen

KazajstánInforme inicial(CAT/C/47/Add.1)

Sra. Gaer

Sr. Yakovlev

Anexo VII

DICTÁMENES Y DECISIONES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

A TENOR DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Dictámenes

Comunicación Nº 49/1996

Presentada por:S. V. y otros (se ha omitido el nombre)

[representados por un abogado]

Presunta víctima:Los autores

Estado Parte:Canadá

Fecha de la comunicación:15 de mayo de 1996

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 15 de mayo de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 49/1996, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención:

1.Los autores de la comunicación son el Sr. S. V., su esposa y su hija, ciudadanos de Sri Lanka que han solicitado el reconocimiento de su condición de refugiados en el Canadá. Afirman que su regreso forzado a Sri Lanka constituiría una violación por el Canadá de los artículos 3 y 16 de la Convención contra la Tortura. Están representados por un abogado.

1.2.El 12 de junio de 1996, el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte para que formulara observaciones y le pidió que no expulsara a los autores mientras el Comité estuviera examinando esta comunicación.

Los hechos expuestos por los autores

2.1.El autor es un tamil proveniente de la zona de Jaffna, en el norte de Sri Lanka. Él y su esposa tienen dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 2 años nacido en el Canadá, que es ciudadano canadiense. Los autores afirman que, en el período comprendido entre 1987 y su salida de Sri Lanka en 1992, fueron objeto (especialmente el autor) de intensa persecución por la Fuerza India de Mantenimiento de la Paz, los Tigres de la Liberación del Eelam Tamil (LTTE), el ejército de Sri Lanka y la policía de Colombo. El autor fue detenido en varias ocasiones, y al menos en dos de ellas fue torturado por el ejército y la policía.

2.2.El autor fue miembro del Frente Unido de Liberación Tamil (TULF) que preconizaba el establecimiento, por medios pacíficos, de un Estado tamil autónomo en Sri Lanka. En octubre de 1987 estalló un conflicto militar entre los Tigres de la Liberación del Eelam Tamil y la Fuerza India de Mantenimiento de la Paz. El autor y su esposa se vieron obligados a abandonar su hogar, en Thirunelvely, Jaffna, para huir del bombardeo. Cuando volvieron a su casa, se encontraron con que estaba ocupada por miembros de la Fuerza India de Mantenimiento de la Paz. Cuando el autor les pidió que se fueran, se negaron y lo acusaron de ser miembro de los Tigres de la Liberación del Eelam Tamil.

2.3.En mayo de 1988 el autor fue detenido en un campamento establecido en su propia finca por el Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo Eelam, un grupo militante tamil aliado de la Fuerza India de Mantenimiento de la Paz. Estuvo detenido durante diez días durante los cuales fue objeto de agresión constante e interrogado sobre sus posibles contactos con los LTTE.

2.4.En 1990, los LTTE tomaron el poder en la región tamil. La organización se apropió de la finca del autor y cuando pidió que desalojaran su casa, lo amenazaron a punta de pistola. Luego lo obligaron a dejar su casa definitivamente y la familia se trasladó a Kaithady, en Jaffna.

2.5.En diciembre de 1990, cuando viajaba de Colombo a Jaffna, el autor fue detenido en Vavuniya por el ejército de Sri Lanka. Fue interrogado, acusado de ser miembro de los LTTE y golpeado brutalmente. Tres días después lo volvieron a golpear para hacerle confesar. Le golpearon la cabeza contra la pared en reiteradas ocasiones hasta hacerle perder el conocimiento. Los autores afirman que, a consecuencia de este incidente, el autor en la actualidad tiene lesiones cerebrales que le han afectado gravemente el habla. Tras este incidente, el autor se fue a Colombo en busca de tratamiento médico.

2.6.En marzo de 1991, tras el asesinato del Viceministro de Defensa de Sri Lanka, la policía hizo una redada y detuvo a todos los hombres tamiles de Colombo. El autor, que vivía en casa de su primo en Colombo, fue detenido el 4 de marzo de 1991 por cuatro agentes armados de la policía. Fue interrogado sobre su presencia en Colombo y acusado de ser miembro de los LTTE. La policía lo agredió repetidas veces a puñetazos y culatazos y permaneció detenido durante dos días. Fue puesto en libertad tras la intervención de un abogado contratado por su primo que le dijo que no podía seguir viviendo en su casa, ya que temía que hubiera más problemas con la policía. El autor volvió a Jaffna.

2.7.El 18 de febrero de 1992, los LTTE intentaron obligar al autor a unirse a su movimiento. Como se negó, le ordenaron presentarse en sus locales al día siguiente. Le advirtieron que si no se presentaba sería considerado como enemigo del pueblo tamil. El autor interpretó esta afirmación como una amenaza de muerte y huyó a Colombo esa misma noche.

2.8.El 3 de marzo de 1992, la policía hizo una redada en el hotel en que se alojaba en Colombo y el autor fue detenido junto con otros hombres tamiles. Lo llevaron a la comisaría de Wellawatte y lo interrogaron sobre los motivos de su estancia en Colombo y sus relaciones con los LTTE. Al día siguiente lo pusieron en libertad con la condición de que se presentase a la policía una vez a la semana y no cambiase de dirección en Colombo.

2.9.A partir de entonces, el autor temió que se le pudiera detener en cualquier momento, interrogar y torturar por la sospecha de que fuera miembro de los LTTE. Decidió que en ningún lugar de Sri Lanka estaría en seguridad. Salió con destino al Canadá el 13 de marzo de 1992, adonde llegó en el mes de mayo siguiente. Pidió que se le reconociera el estatuto de refugiado de conformidad con la Convención por ser objeto de persecución a causa de su raza, opiniones políticas y pertenencia a un grupo social determinado.

2.10.La esposa del autor declara que en Jaffna fue visitada en varias ocasiones por miembros de los Tigres de la Liberación que buscaban a su marido. Uno de ellos le exigió que pagara 200.000 rupias como castigo por la desobediencia de su cónyuge y le dio un mes de plazo para conseguir el dinero, a raíz de lo cual huyó con su hija a Colombo. En Colombo tuvo que inscribirse en la comisaría de policía que retuvo su documento de identidad. Fue acusada de ser partidaria de los Tigres de la Liberación. En agosto de 1992, y tras una redada de tamiles por la policía, decidió que en Sri Lanka ya no había ningún lugar seguro para ella y su hija y, en septiembre de 1992, partió con destino al Canadá. A su llegada, solicitó que se les reconociera, a ella y a su hija, la condición de refugiados.

2.11.La Junta de Inmigración y Refugiados, tras una audiencia que tuvo lugar el 4 de marzo de 1993, consideró que no podía reconocer a los autores la condición de refugiados. En primer lugar, las actividades de extorsión de los Tigres de la Liberación no constituían persecución, sino más bien un hostigamiento que no causaba grandes penalidades. En segundo lugar, los autores disponían de una solución en el país, que era huir a Colombo; la Junta estimó que no había ninguna posibilidad real de que el autor sufriera persecución en Colombo y que, por consiguiente, no era irrazonable que pudiera hallar refugio en esa ciudad.

2.12.Por fallo dictado el 7 de enero de 1994, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Federal denegó a la familia la autorización para incoar una demanda de revisión judicial de la decisión adoptada, en la que alegaban la existencia de errores de hecho y de derecho en tal decisión.

2.13.El 28 de enero de 1994, los autores solicitaron que el Servicio de Inmigración del Canadá, en el marco del Programa de determinación a posteriori de la situación de los solicitantes de asilo en el Canadá (PDRCC), que revisara la decisión de no conceder a los autores la condición de refugiados. La finalidad del examen en el marco del PDRCC es identificar a las personas que, aunque se haya determinado que no son refugiados en virtud de la Convención, corren un riesgo objetivamente determinable de perder la vida o sufrir tratos inhumanos si vuelven a su país de origen.

2.14.El 9 de noviembre de 1995 se denegó la solicitud presentada por los autores sobre la PDRCC. El funcionario competente opinó que, aunque había serios motivos para que los autores temieran regresar al norte de Sri Lanka, una posible alternativa en el país era Colombo. Señaló en particular que la agresión por parte del ejército de Sri Lanka, que había causado los problemas médicos del autor, había tenido lugar cerca de Jaffna. Las detenciones practicadas por la policía de Colombo formaban parte de un cuadro de hostigamiento general de los tamiles y, a juicio del funcionario, no constituían un "riesgo objetivamente determinable", dado que la mayoría de los detenidos eran puestos en libertad a los tres días, si bien a algunos se les había pedido dinero por su liberación. También indicó que una parte de la familia de los autores vivía en Colombo y podría facilitar su asentamiento en condiciones satisfactorias en esta ciudad. Además, el informe médico que indicaba que el autor sufría trastornos de estrés postraumático que podrían agravarse si regresaba a Sri Lanka se había hecho sobre la base de una sola visita a un médico y no en el contexto de un tratamiento continuo, y además no decía nada concreto en cuanto a las condiciones que podrían dar lugar a una repetición del trauma.

2.15.El 13 de mayo de 1995, los autores interpusieron un nuevo recurso ante el Ministro de Inmigración invocando razones humanitarias y caritativas, en virtud del párrafo 2 del artículo 114 de la Ley de inmigración. El 9 de diciembre de 1996 se adoptó una decisión negativa al respecto. El 11 de abril de 1997, el Tribunal Federal desestimó una solicitud de autorización para demandar la revisión judicial de esa decisión.

La denuncia

3.1.Los autores temen ser objeto de persecución y malos tratos por parte de las autoridades de Sri Lanka a causa de su experiencia anterior y su ausencia del país desde 1992. Sostienen que si el Canadá los repatriara, violaría el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

3.2.Los autores presentan pruebas médicas de que las lesiones mentales y físicas que sufrió el autor mientras estaba detenido le han dejado secuelas drásticas y duraderas. Tiene dificultades para hablar y mover el cuello y padece síntomas de estrés postraumático (se presentan informes psiquiátricos). Alegan que, dadas esas dolencias, el autor sería particularmente vulnerable a los malos tratos y además no recibiría en Sri Lanka la atención médica que necesita.

3.3.Los autores explican asimismo que su hija, Nitarsha, está discapacitada física y mentalmente, ya que sufre parálisis cerebral, parálisis parcial del lado derecho y ataques epilépticos. Necesita un tratamiento y una educación especiales, que no recibiría en Sri Lanka.

3.4.Los autores afirman que, en vista de esas circunstancias médicas, la expulsión de la familia equivaldría a un trato inhumano y degradante por parte de las autoridades canadienses, en violación de las disposiciones del artículo 16 de la Convención contra la Tortura.

Observaciones del Estado Parte sobre admisibilidad

4.1.En una nota de fecha 9 de junio de 1997, el Estado Parte impugnó la admisibilidad de la comunicación. Indicó que los autores no solicitaron una revisión judicial de la decisión sobre la PDRCC y que tal vez se dispusiera aún de este recurso si el Tribunal prorrogara el plazo para presentarlo. Además, si los autores consiguieran que se les diera autorización para solicitar una revisión judicial, se podría recurrir el fallo de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Federal relativo a la petición de revisión ante el Tribunal Federal de Apelaciones, a condición de que el magistrado de la Sala de Primera Instancia certificase que el caso plantea una grave cuestión de importancia general. Además, se puede recurrir un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones, previa autorización, al Tribunal Supremo del Canadá.

4.2.En la revisión judicial, los autores podrían plantear argumentos de conformidad con la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. A este respecto, cabe señalar que, en el contexto de la extradición, el Tribunal Supremo del Canadá ha fallado que el artículo 7 de la Carta se viola si se devuelve a alguien a un país en circunstancias que "conmocionen la conciencia de los canadienses".

Comentarios del letrado sobre la admisibilidad

5.1.En su respuesta, de fecha 28 de abril de 1998, el letrado indicó que los autores solicitaron una revisión judicial de la decisión adoptada por la Junta de Inmigración y Refugiados. Sin embargo, el Tribunal Federal denegó la autorización para que los autores fueran oídos en relación con la cuestión. No hay posibilidad alguna de recurrir ese fallo. Esta es la última etapa en el procedimiento para determinar la condición de refugiado y la última instancia en la que hay un proceso judicial o cuasi judicial en el que se examina el fondo de la cuestión; en todos los controles judiciales subsiguientes sólo se examinan cuestiones de procedimiento.

5.2.En noviembre de 1995 se hizo un examen de determinación a posteriori con resultados negativos. Este procedimiento ha sido criticado por los refugiados, los abogados y los grupos religiosos, porque la decisión no es nunca positiva.

5.3.La única cuestión pendiente abordaba por el Estado Parte es si la negativa en el marco de la PDRCC debería haber dado lugar a la presentación de una solicitud de revisión judicial por parte del Tribunal Federal, y si todavía no se ha recurrido a ella. El letrado señaló que no se pidió una revisión judicial del procedimiento de la PDRCC debido a la falta de recursos financieros de los solicitantes y a que era inútil intentarlo. La jurisprudencia del Tribunal Federal establece claramente que la determinación a posteriori tiene carácter totalmente discrecional y que el tribunal sólo se ocupa de las cuestiones procesales.

5.4.En lugar de la solicitud de revisión judicial se presentó una apelación por razones humanitarias en relación con las mismas cuestiones de justicia. Se planteó en todos sus aspectos la cuestión del estrés postraumático, así como el peligro que entrañaría el regreso. Se presentó documentación exhaustiva sobre la tortura, y el funcionario de inmigración consideró verosímil la exposición, pero se negó a conceder el asilo a causa de la posible vía de escape dentro del país hacia Colombo.

5.5.La denegación de la apelación presentada por motivos humanitarios fue objeto de recurso ante el Tribunal Federal que negó la autorización para iniciarlo. Con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal, las decisiones análogas a la que se está examinando tienen carácter discrecional y, por lo tanto, el Tribunal no interviene en relación con el fondo, sino solamente en lo tocante a si los procedimientos han sido equitativos e imparciales. El Tribunal Federal examinó todos los argumentos jurídicos y los desestimó.

5.6.El letrado declaró que es objetivamente imposible pedir al Tribunal Federal que vuelva a actuar en relación exactamente con las mismas cuestiones. Es evidente que el Tribunal lo consideraría un uso indebido de la acción judicial.

5.7.Las autoridades canadienses llegaron a la conclusión de que los autores corrían riesgos en la península de Jaffna, pero que Colombo podría ser un refugio seguro para ellos. El letrado señaló, no obstante, que el autor fue duramente maltratado en marzo de 1991 por la policía en Colombo, que en marzo de 1992 fue detenido en forma arbitraria y que hay un cuadro persistente de detenciones arbitrarias, encarcelamientos y, a veces desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de tamiles en Colombo.

5.8.La conclusión a la que llegó el funcionario de inmigración en el procedimiento de examen por motivos humanitarios y caritativos fue que había riesgos. Basaba su conclusión en el informe de uno de los médicos que habían examinado al autor, según el cual éste sufre de una afección de estrés postraumático y sus síntomas han aumentado, ya que siente la preocupación de que lo devuelvan a Sri Lanka. A juicio del médico, al autor le sería sumamente difícil funcionar en ese país a causa de sus dificultades neurológicas. Pese a ello, las razones aducidas para denegar la petición eran que existía una inadmisibilidad médica en el caso de los autores y que no habían demostrado que contaban con medios económicos en el Canadá. Desde su llegada al Canadá, la familia había estado viviendo a costa de la seguridad social y, dadas las circunstancias, podría convertirse en un caso crónico de asistencia social.

5.9.En el informe médico mencionado por el funcionario de inmigración, el médico también indica que algunos tamiles refugiados que examinó le habían dicho que corrían grave peligro en Sri Lanka si tenían cicatrices o señales de lesiones, ya que las autoridades podían considerarlas como un indicio de que tales lesiones habían ocurrido mientras luchaban junto con los LTTE. No cabía la posibilidad de que se considerase que las limitaciones neurológicas del autor habían sido ocasionadas de esa forma. Si las autoridades de Sri Lanka lo interrogaban no podría expresarse verbalmente y alguien que no conociese sus limitaciones neurológicas podría considerarlas como un signo de obstrucción o de antagonismo.

5.10.El letrado manifestó que ni el Gobierno del Canadá ni la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) evaluaban los riesgos objetivos que corrían las personas en este caso particular, sino que sólo consideraban en general la cuestión de las expulsiones a Sri Lanka.

5.11.El letrado sostuvo que devolver a una persona que sufre de grave daños físicos y mentales como consecuencia de violaciones de los derechos humanos al país donde fue sometido a tales abusos constituye un trato inhumano. La falta de atención médica o de una asistencia psiquiátrica apropiada en Sri Lanka podría constituir de por sí una violación de las disposiciones del artículo 16 de la Convención. Sin embargo, el letrado planteó esto como una circunstancia agravante del trato inhumano que entrañaría la expulsión.

Decisión del Comité sobre admisibilidad

6.1.En su 20º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. El Comité opinó que una vez concluido el procedimiento relacionado con los motivos humanitarios y caritativos, que preveía la presentación de una solicitud de autorización al Tribunal Federal, quedaban agotados todos los recursos de la jurisdicción interna. De ahí que lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 no impida al Comité examinar la comunicación. El Comité, por consiguiente, decidió que la comunicación era admisible.

Observaciones del Estado Parte sobre el fondo de la comunicación

7.1.Según el Estado Parte, los hechos tal como fueron expuestos por los autores fueron examinados por un tribunal interno independiente y competente, tras un proceso imparcial y justo, de conformidad con el procedimiento que el Canadá aplica para determinar la condición de refugiado. El Estado Parte señala también que los autores estuvieron representados por un letrado durante el procedimiento judicial, contaron con un intérprete y se obtuvo el testimonio viva voce del autor.

7.2.En opinión de la Junta de Refugiados, la cuestión central en relación con la situación del autor estriba en que fue puesto en libertad por la policía. Esto indica claramente que las propias autoridades a las que teme no consideraron al autor integrante ni simpatizante de los LTTE. La Junta declaró en su exposición de motivos que había examinado las acusaciones del los autores contra el ejército de Sri Lanka por las palizas que le propinaron y los informes médicos que presentó a la Junta. No obstante, la Junta observó que la definición de refugiado que figura en la Convención se refiere a las perspectivas futuras y, aunque las experiencias pasadas sean importantes, no son determinantes en la valoración. Declara que lo mismo ocurre con el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

7.3.En lo que respecta a la esposa del autor y a su hija, la Junta determinó que no eran refugiadas en virtud de la Convención, ya que no tuvieron problemas cuando estaban en Colombo. Además, teniendo en cuenta que sus denuncias se sumaban a la del autor y dependían de ésta, la Junta determinó que no eran refugiadas en virtud de la Convención.

7.4.En relación con la solicitud de los autores en el marco de la PDRCC, el Estado Parte explica que en la mayoría de los casos, la definición que figura en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados coincide con el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. En circunstancias en que no hay coincidencia, las autoridades que llevan a cabo el examen de la determinación a posteriori deben tener en cuenta el artículo 3 de esta Convención. Con arreglo a los criterios por los que se rigen estos exámenes, el funcionario encargado de la determinación a posteriori examinó los documentos presentados por escrito por los autores que el letrado elaboró en su nombre, la documentación adjunta y la documentación sobre la situación en Sri Lanka. Los documentos presentados contienen información que no fue presentada en el momento de la audiencia ante la Junta de Refugiados, en especial, un informe médico y un informe de 1994 de Amnistía Internacional.

7.5.En relación con el examen del caso por razones humanitarias y caritativas, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 114 de la Ley de inmigración, el Estado Parte afirma que el oficial que se ocupó de la revisión tomó en consideración todas las informaciones presentadas por los solicitantes, así como muy diversas circunstancias, entre ellas el riesgo de trato indebidamente cruel o inhumano en el país de repatriación, las actuales condiciones del país y todo nuevo acontecimiento ocurrido en Sri Lanka desde la audiencia celebrada ante la Junta de Refugiados y su revisión de la PDRCC. El funcionario de inmigración señaló que "había la posibilidad de riesgos", pero no confirmó que la tortura fuera uno de ellos. La evaluación del riesgo no se limita al riesgo de tortura.

7.6.Según el Estado Parte, los susodichos procedimientos nacionales no presentan error manifiesto ni irracionalidad y tampoco están plagados de errores de procedimiento, mala fe, parcialidad manifiesta o irregularidades graves. También señala que no compete al Comité evaluar los hechos y pruebas de un caso en particular.

7.7.El Estado Parte opina que en la comunicación se pone de manifiesto que los autores abandonaron el país porque temían a los LTTE o porque temían quedar en medio del fuego cruzado entre los LTTE y las autoridades. Este temor no basta para fundamentar una comunicación con arreglo a la Convención. Los autores también afirman en su comunicación, y esto queda confirmado en el informe médico, que temen ser torturados por los LTTE en caso de que se les devuelva a Sri Lanka. El propio autor afirma que fue la orden de que se sumara a los LTTE lo que lo obligó a abandonar Colombo en 1992. De ahí que el Estado Parte alegue que, en la parte norte del país, los autores no temen a las autoridades de Sri Lanka sino a los LTTE.

7.8.El Estado Parte sostiene que los actos perpetrados por los LTTE no entran en la competencia del Comité, ya que la definición de "tortura" que figura en la Convención se refiere expresamente a actos cometidos "por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Los actos cometidos por los LTTE no son imputables al Estado y, por consiguiente, no están previstos en la Convención.

7.9.En cuanto al presunto riesgo de tortura a manos del Estado, el Estado Parte afirma que los autores de la comunicación no han aportado motivos de peso para considerar que, de ser deportados a Sri Lanka, exista riesgo personal, real o previsible de tortura. Alega que las autoridades no tienen interés en los autores y a este respecto señala lo siguiente:

-Pese a que el autor afirmó ante la Junta de Refugiados que era un partidario ferviente del TULF, nunca dijo que fuera miembro de ese movimiento ni que hubiera participado en actividades políticas. En todo caso, el TULF está actualmente representado en el Parlamento y apoya iniciativas de paz adoptadas por el Gobierno.

-En su solicitud de la condición de refugiado, el autor afirmó que había optado por el Canadá porque no podía ir a ningún otro lugar. No obstante, en el formulario biográfico que rellenó a su llegada al Canadá, queda demostrado que viajó a muchos países distintos durante largos períodos y regresó voluntariamente a su país cada vez, incluso después de ocurridos los incidentes sobre los que alega haber tenido problemas con las autoridades. En particular, prácticamente un año después de la presunta tortura a manos del ejército en diciembre de 1990, el autor se marchó de su país a Singapur y regresó voluntariamente a Sri Lanka.

-El autor viajó varias veces a Colombo y no tuvo problemas con las autoridades, con excepción de marzo de 1991 y marzo de 1992. Esto demuestra que el autor no es sospechoso de complicidad con los LTTE.

-Pese a que el autor afirmó haber sido torturado por las autoridades cuando lo detuvieron en diciembre de 1990, marzo de 1991 y marzo de 1992, no ha aportado prueba alguna que indique que algún dolor sufrido en marzo de 1991 equivaliera a tortura, según se define en la Convención. Además, cuando fue detenido la última vez en 1992, lo que presuntamente le obligó a abandonar el país, el autor no fue golpeado y fue puesto en libertad al día siguiente con la única obligación de presentarse ante las autoridades una vez por semana.

-En cuanto al estado físico del autor, su esposa afirma que, además de un período más prolongado de interrogatorio debido a sus dificultades con el habla, su esposo no tuvo otro problema con la policía cuando estuvo en Colombo. El propio autor afirma que la policía pudo entenderle cuando habló con ellos.

-En cuanto al argumento de que el autor quedaría expuesto a torturas debido a sus dificultades en el habla, el Estado Parte afirma que esta es una simple conjetura y se basa en el parte del médico en que se señala que "algunos refugiados tamiles a los que he examinado han dicho que consideran que correrían peligro en Sri Lanka si presentan cicatrices o señales de lesiones, ya que las autoridades podrían considerarlas un indicio de que esas lesiones se produjeron en combate con los LTTE". Estas especulaciones no pueden constituir fundamento de peso, según lo que se establece en el artículo 3 de la Convención.

-La esposa del autor nunca ha sido detenida por las autoridades ni ha tenido problema con la policía en Sri Lanka. Por consiguiente, hay una falta total de pruebas de que haya sido acusada o sospechosa de ser partidaria de los LTTE.

-En contra de lo que afirma la esposa del autor, no hay pruebas de que las autoridades de Sri Lanka le hayan despojado de su documento de identidad. En todo caso, no fue detenida, encarcelada o acusada ni se le pidió que se presentara posteriormente ante la policía.

-En 1991, el autor y en 1992 la esposa del autor obtuvieron pasaportes legales en Sri Lanka.

-Los autores no han dicho que personas de su círculo más inmediato, en particular miembros de su familia, hayan sido detenidas o torturadas.

7.10.El Estado Parte menciona decisiones del Comité en que los autores no han logrado demostrar que el peligro sea personal y esté presente. El Estado Parte también mencionó un caso fallado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativo a la expulsión de ciudadanos de Sri Lanka. En este caso se desestimó la denuncia de violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque los demandantes no demostraron que su situación personal hubiera empeorado respecto de la generalidad de los demás miembros de la comunidad tamil que regresaban a su país. La simple posibilidad de maltrato no es en sí misma suficiente para prever que quedarían expuestos a malos tratos a su regreso.

7.11.El Estado Parte sostiene que la comunicación se basa fundamentalmente en la situación general de derechos humanos en Sri Lanka. Los autores no vinculan esta situación general a su situación personal. En cuanto a la situación general en Sri Lanka, en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (1998) se señala que las personas cuya detención o desaparición se denunciaba más a menudo eran jóvenes tamiles acusados o sospechosos de pertenecer a los LTTE o de colaborar con ellos, ayudarlos o ser simpatizantes suyos. El Estado Parte alega que los autores no son clasificables en esta categoría.

7.12.Además, el Estado Parte afirma que la información suministrada por el ACNUR indica que la tortura y otras formas de malos tratos no son una práctica de la policía ni de las autoridades de seguridad en Colombo. En el informe por países del Departamento de Estado de los Estados Unidos correspondiente a 1998 (fechado en febrero de 1999) se indica que no hay informes de desapariciones ocurridas en Colombo ni en Jaffna. En marzo de 1997, el ACNUR informó de que las personas que procuraban asilo y habían sido rechazadas, que llegaban con documentos de viaje nacionales, no debían tener problemas al llegar al aeropuerto de Colombo.

7.13.Es más, el Estado Parte afirma que, en su evaluación de la comunicación, el Comité debería tomar en consideración las diferentes medidas adoptadas por las autoridades de Sri Lanka para investigar y prevenir actos de tortura, así como los recursos de que disponen los autores. En este contexto, el Estado Parte señala que, entre otras cosas, todas las detenciones y encarcelamientos deben notificarse a la Comisión de Derechos Humanos (establecida en 1997) en el plazo de 48 horas, que los informes de tres comisiones de investigación presidenciales sobre pasadas desapariciones se han hecho públicos, que se han completado investigaciones de 485 de los 3.861 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos y que se ha acusado a 150 presuntos culpables ante el Tribunal Superior, además el Gobierno ha establecido un servicio permanente (24 horas) para tratar denuncias públicas de casos de hostigamiento por elementos de las fuerzas de seguridad.

7.14.Respecto de la presunta violación del artículo 16 de la Convención, el Estado Parte afirma que en mitad de este artículo los Estados Partes tienen que aplicar las obligaciones enunciadas en los artículos 10 a 13 a los actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dado que en el artículo 16 no se menciona el artículo 3, no existe obligación alguna de no expulsar a nadie de un Estado en las circunstancias descritas en ese artículo.

7.15.El Estado Parte opina que, en caso de que se considere que el artículo 16 de la Convención es aplicable, si se alega que el traslado per se constituye trato o castigo cruel, inhumano o degradante, sólo debe hacerse en circunstancias muy excepcionales. Se afirma que el empeoramiento del estado de salud del autor causado posiblemente por su deportación no equivaldría a ningún tipo de trato cruel, inhumano o degradante previsto en el artículo 16 de la Convención y atribuible al Estado Parte; a este respecto se hace referencia al dictamen del Comité en el caso G. R. B. c. Suecia. Además, en el artículo 16 de la Convención se obliga a los Estados a prevenir el trato proscrito; ello no crea un deber positivo de prestar atención médica por suponerse que los autores no recibirían una atención médica comparable en su país. Además, se afirma que no hay pruebas de que la atención médica requerida en Sri Lanka sea inadecuada. Por último, en el párrafo 2 del artículo 16 se señala que lo dispuesto en la Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes nacionales que se refieran a la expulsión.

Comentarios del letrado sobre el fondo

8.1.El letrado rebate la afirmación del Estado Parte de que este caso se examinó en "un tribunal nacional competente e independiente". Afirma que la Junta de Inmigración y Refugiados no reconoció ni los hechos del caso ni el derecho aplicable.

8.2.El letrado afirma que las pruebas más evidentes disponibles sobre Sri Lanka demuestran una situación de violaciones atroces de los derechos humanos, como las descritas en el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Han ocurrido varios ataques suicidas con bombas en Colombo y otras zonas del país. En el norte, los LTTE han desplegado una importante ofensiva. Hay informes de redadas en gran escala de tamiles en el centro y en la capital del país, así como un grave resurgimiento de las desapariciones forzadas.

8.3.El letrado se remite a la observación general del Comité sobre el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y alega que el artículo 3 se aplica al caso del autor en cuanto se indica a continuación:

a)En Sri Lanka impera una situación que constituye "un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos". La tortura con impunidad a escala masiva y sistemática es un claro resultado de esa situación.

b)El autor ha sido maltratado en el pasado por agentes del Estado de Sri Lanka. Su daño cerebral tuvo su origen en graves malos tratos a manos de soldados del ejército de Sri Lanka. Estuvo detenido en más de una ocasión en Colombo y fue maltratado por la policía. Esto ocurrió poco después de haber abandonado Colombo.

c)Hay pruebas médicas y psiquiátricas independientes de médicos y psiquiatras asociados al Centro Canadiense para las Víctimas de la Tortura que establecen claramente que se trata de una víctima de tortura. La tortura ha surtido un efecto perdurable en el autor y en su familia.

d)No se han registrado cambios sustanciales en la situación de Sri Lanka desde que el autor abandonó el país. Se dice que la situación en el momento de la comunicación del letrado es muy grave y peligrosa. El elevado nivel de represión y el arsenal jurídico que permite la casi total impunidad han sentado plaza firmemente.

e)El autor era simpatizante del partido tamil principal, el TULF. Procede del norte del país y ha sufrido tortura en el pasado. Su situación como víctima de la tortura en el pasado lo hace correr actualmente el mayor de los riesgos.

f)El autor tiene alta fiabilidad y cuenta con el firme apoyo de organizaciones serias del Canadá. La decisión original no encontró nada reprobable en cuanto a su credibilidad.

g)No hay nada incoherente ni inverosímil en lo que dice el autor. Su seguridad personal y su vida estarían en peligro en la Sri Lanka de hoy.

8.4.El letrado también rechaza la afirmación de que el temor principal del autor sean los Tigres tamiles. El letrado afirma que la jurisprudencia citada por las autoridades canadienses parece relacionarse con casos que no fueron probados o en los que el autor no había sido sometido anteriormente a tortura ni había sido perseguido directamente.

8.5.El letrado dice que es falso afirmar que ya no se practique la tortura en Colombo. En todos los informes internacionales sobre los derechos humanos de que se dispone se afirma lo contrario. Incluso el Tribunal Federal del Canadá reconoció en su fallo, por el que se otorgaba residencia, que existía un riesgo de daño irreparable para el autor si regresaba, y lo mismo afirmó el agente de inmigración que examinó su caso.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

9.1.El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le suministraron las partes, de conformidad del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

9.2.La cuestión que se plantea al Comité es determinar si la devolución forzada de los autores a Sri Lanka violaría la obligación del Canadá con arreglo al artículo 3 de la Convención de no proceder a la expulsión de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

9.3.A los efectos de esta determinación, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el objeto de la determinación es establecer si las personas de que se trata estarían personalmente en peligro de ser sometidas a tortura en el país al cual serían devueltas. Por consiguiente, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un determinado país no constituye en sí misma una razón suficiente para determinar que una persona estará en peligro de ser sometida a tortura si es devuelta a ese país; deben existir razones concretas que indiquen que la persona de que se trate estaría personalmente en peligro. Análogamente, la ausencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no pueda considerarse que una determinada persona esté en peligro de ser sometida a tortura en las circunstancias concretas de su caso.

9.4.El Comité recuerda su observación general sobre la aplicación del artículo 3 en que se establece lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que el Estado Parte y el Comité están obligados a evaluar si hay razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable." (A/53/44, anexo IX, párr. 6.)

9.5.El Comité recuerda que la obligación de un Estado Parte de no proceder a la devolución forzada de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura guarda relación directa con la definición de la tortura que figura en el artículo 1 de la Convención. A los efectos de la Convención, según lo dispuesto en el artículo 1, "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". El Comité considera que la cuestión de si el Estado Parte tiene la obligación de no proceder a la expulsión de una persona que pueda estar en peligro de que se le inflijan dolores o sufrimientos por parte de una entidad ajena al gobierno, sin el consentimiento ni la aquiescencia de éste, rebasa el ámbito del artículo 3 de la Convención. Por consiguiente, la cuestión sobre la cual los autores basan parte de su afirmación de que serían objeto de tortura por parte de los LTTE o de otra entidad ajena al gobierno a su regreso a Sri Lanka, no puede ser considerada por el Comité.

9.6.Respecto de la posibilidad de que el autor sea objeto de tortura por parte del Estado a su regreso a Sri Lanka, el Comité toma nota de las afirmaciones del autor de que fue torturado por el ejército de Sri Lanka en diciembre de 1990 y de que este trato, que le dejó discapacitado, equivale a tortura, según se define en el artículo 3 de la Convención. Toma nota asimismo de las afirmaciones de que fue maltratado por la policía en Colombo en 1991. No obstante, el Comité toma nota asimismo de la afirmación del Estado Parte, no rebatida por el autor, de que abandonó Sri Lanka en varias ocasiones y siempre regresó, incluso después del incidente de diciembre de 1990. El Comité observa respecto del incidente de marzo de 1992, que según el autor fue el motivo de su salida del país, que en esa ocasión no fue maltratado y fue puesto en libertad por las autoridades. Por otra parte, el autor no ha indicado que desde ese período sea buscado por las autoridades. De hecho, el autor no ha alegado haberse comprometido en actividad política o de otra índole dentro o fuera del Estado ni ninguna otra circunstancia que podría hacerle particularmente vulnerable al riesgo de encontrarse en peligro de tortura. Por las razones que se acaban de señalar, el Comité considera que el autor no ha aportado pruebas que permitan creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Sri Lanka ni de que ese peligro sea personal ni real.

9.7.Por otra parte, la esposa y la hija del autor nunca han sido detenidas ni sometidas a tortura. La obligación de inscribirse en la estación de policía de Colombo y la afirmación, rebatida por el Estado Parte, de que la policía se apropió de su documento de identidad, no son razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser sometidas a torturas de ser devueltas a Sri Lanka ni de que ese peligro sea real o personal.

9.8.El Comité recuerda que, a los efectos del artículo 3 de la Convención, debe existir un peligro previsible, real y personal de que la persona de que se trate sea sometida a tortura en el país que es devuelta. Sobre la base de las consideraciones señaladas, el Comité opina que los autores no han probado la existencia de ese peligro. Además, el Comité observa que el artículo 3 se aplica sólo a las situaciones de tortura definidas en el artículo 1 de la Convención.

9.9.En cuanto a la alegación de los autores de que la decisión de expulsarlos constituiría un acto de trato o pena cruel, inhumano o degradante, en contravención del artículo 16 de la Convención, el Comité observa que los autores no han presentado pruebas suficientes que justifiquen esa alegación.

10.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dictamina que el reenvío a Sri Lanka de los autores por el Estado Parte no constituiría una violación del artículo 3 ni del artículo 16 de la Convención.

Comunicación Nº 113/1998

Presentada por:Radivoje Ristić [representado por un abogado]

Presunta víctima:Milan Ristić (fallecido)

Estado Parte:Yugoslavia

Fecha de la comunicación:22 de julio de 1998

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 11 de mayo de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 113/1998, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención:

1.El autor de la comunicación, de fecha 22 de julio de 1998, es el Sr. Radivoje Ristić, ciudadano de Yugoslavia, avecindado en Šabac (Yugoslavia). Afirma que la policía cometió un acto de tortura en la persona de su hijo, Milan Ristić, que le causó la muerte, y que las autoridades no han llevado a cabo una investigación pronta e imparcial. La comunicación fue presentada al Comité, en nombre del Sr. Ristić, por el Humanitarian Law Center, una organización no gubernamental con sede en Belgrado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor dice que el 13 de febrero de 1995 tres policías (Dragan Riznić, Uglješa Ivanović y Dragan Novaković) detuvieron a Milan Ristić en Šabac cuando buscaban a un sospechoso de asesinato. Uno de los agentes golpeó a su hijo con un objeto contundente, probablemente la culata de una pistola o fusil, detrás de la oreja izquierda, causándole la muerte instantánea. Los agentes trasladaron el cuerpo y, con un instrumento contundente, le rompieron ambos fémures. Tan sólo entonces llamaron a una ambulancia y al equipo de investigación policial de guardia en el que había un técnico forense.

2.2.Los agentes dijeron a los investigadores que Milan Ristić se había suicidado saltando del tejado de un edificio próximo y que tenían un testigo de vista (Dragan Markovic). El médico que iba en la ambulancia certificó el fallecimiento de Milan Ristić. A continuación, la ambulancia se marchó dejando el cuerpo para que lo recogiera un coche fúnebre. El autor dice que, tras la marcha de la ambulancia, los policías golpearon al difunto en la mandíbula, lacerándole el rostro.

2.3.El autor presenta una copia del informe de la autopsia que concluye que la muerte fue violenta y se debió a una lesión cerebral a consecuencia de una caída sobre una superficie dura. La caída explica asimismo las fracturas que se describen en el informe. El autor presenta también una copia del informe que hizo el médico que llegó en la ambulancia. En dicho informe se lee: "Examinando la parte externa, comprobé que la herida detrás del oído izquierdo sangraba ligeramente. Se podía ver a través del pantalón encima de la rodilla derecha una fractura abierta del fémur con pequeñas manchas de sangre; no había indicios de sangre alrededor de la herida".

2.4.El autor argumenta que los informes médicos no concuerdan totalmente. El médico de la ambulancia indica de manera explícita que no observó lesiones en la cara mientras que en el informe de la autopsia se mencionan un desgarrón y una contusión en la barbilla. El autor cuestiona la veracidad de los informes, ya que no es muy probable caer de una altura de 14,65 m sin sufrir ninguna herida en la cara, talones, pelvis, columna vertebral u órganos internos ni hemorragia interna, y que queden solamente contusiones en el codo izquierdo y detrás de la oreja izquierda. Además, observa que en el suelo no había manchas de sangre.

2.5.A petición de los padres de la víctima, dos peritos forenses examinaron el informe de la autopsia y lo encontraron superficial y contradictorio, especialmente en cuanto a la causa de la muerte. Según su informe, la autopsia no se hizo de acuerdo con los principios científicos y las prácticas medicolegales y la conclusión no concuerda con las observaciones. Propusieron que se exhumaran los restos y que un perito forense llevara a cabo otra autopsia. El autor añade que el 16 de mayo de 1995 hablaron con el patólogo que había realizado la autopsia y visitaron el supuesto lugar de los hechos. Comprobaron que no había relación entre el informe de la autopsia y el lugar de los hechos, lo que indicaba que el cuerpo había sido trasladado. En una declaración por escrito de fecha 18 de julio de 1995 dirigida a la Fiscalía, el patólogo dio su acuerdo para que se exhumaran los restos a fin de realizar un examen medicolegal y señaló que no era especialista en medicina forense y que, por tanto, podría haber cometido un error u omitido algún detalle.

2.6.Los padres de la víctima formularon cargos penales contra algunos policías en la Fiscalía de Šabac. El 19 de febrero de 1996, el fiscal desestimó los cargos. En el derecho yugoslavo, cuando una denuncia penal es desestimada, la víctima o la persona que la representa pueden solicitar que se inicie un procedimiento de investigación o presentar una acusación sumaria e ir directamente a juicio. En este caso concreto, los padres presentaron su propia acusación el 25 de febrero de 1996.

2.7.El juez de instrucción interrogó a los policías supuestamente implicados, así como a testigos, y no encontró motivo para creer que los acusados hubieran cometido los delitos que se les imputaban. La Sala de lo Penal del Tribunal de Distrito de Šabac confirmó el examen del juez de instrucción. El tribunal no consideró necesario oír el testimonio de dos peritos forenses ni tuvo en cuenta la posibilidad de ordenar la exhumación y una nueva autopsia. Además, el juez de instrucción entregó a los padres una declaración sin firmar que, según él, el patólogo había hecho al tribunal estando ellos ausentes y que contradice la presentada por escrito el 18 de julio de 1995. El autor explica además que, aparte de las contradicciones médicas, hay muchos otros datos contradictorios que la investigación judicial no llegó a aclarar.

2.8.Los padres apelaron de la decisión del tribunal de distrito al Tribunal Supremo de Serbia, que el 29 de octubre de 1996 dictaminó que la apelación no estaba fundada y la desestimó. Según el fallo, el testimonio de Dragan Markovic demostraba sin lugar a dudas que Milan Ristić estaba vivo cuando los agentes de policía Sinisa Isailovic y Zoran Jeftic se personaron frente al edificio donde vivía el Sr. Markovic. Habían acudido tras una llamada telefónica de una persona llamada Zoran Markovic, quien había visto al borde de la terraza a un hombre cuya conducta indicaba que estaba a punto de suicidarse. Dragan Markovic y los dos policías vieron efectivamente a Milan Ristić saltar de la terraza. No pudieron hacer nada para evitarlo.

2.9.Nuevamente intentaron los padres someter el caso al poder judicial, pero el 10 de febrero de 1997 el Tribunal de Distrito de Šabac resolvió que, en vista del fallo del Tribunal Supremo de Serbia, no cabía ya proseguir la causa. El 18 de marzo de 1997, el Tribunal Supremo desestimó la otra apelación y confirmó el fallo del tribunal de distrito.

La denuncia

3.1.El autor considera que, primero la policía, y luego las autoridades judiciales no llevaron a cabo una investigación diligente e imparcial. Se agotaron todos los recursos de la jurisdicción interna sin que el tribunal ordenara o iniciara un procedimiento de investigación correcto. La investigación preliminar del juez de instrucción, que consistió en interrogar a los acusados y a algunos testigos, no proporcionó información suficiente para aclarar las circunstancias de la muerte y el tribunal no ordenó ningún examen forense. El tribunal tampoco ordenó que se interrogara a otros testigos, como los empleados de la funeraria, cuyo testimonio hubiera podido resultar pertinente para establecer la cronología de los hechos. El autor dice además que en la investigación no se cumplieron las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, la policía no informó de inmediato al juez de instrucción del incidente, que es a lo que obliga el artículo 154. La policía hizo la investigación en el lugar de los hechos sin que el juez estuviera presente. El autor dice que todas las actuaciones encaminadas a aclarar el incidente fueron iniciadas por los padres de Milan Ristić y que los órganos competentes del Gobierno no tomaron ninguna medida a este efecto.

3.2.Basándose en lo anterior, el autor denuncia la violación por el Estado Parte de varios artículos de la Convención, en particular los artículos 12, 13 y 14. Dice que si bien los padres podían solicitar compensación, la posibilidad de que se les indemnice por daños y perjuicios en realidad es nula al no mediar una sentencia de un tribunal penal.

Observaciones del Estado Parte

4.El 26 de octubre de 1998, el Estado Parte informó al Comité de que, si bien se habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, la comunicación no cumplía otros requisitos previstos en la Convención. Afirmó, concretamente, que no se había producido ningún acto de tortura, ya que el occiso no tuvo contacto alguno con las autoridades estatales, la policía. En consecuencia, la comunicación no es admisible.

Decisión del Comité sobre admisibilidad

6.En su 22º período de sesiones, celebrado en abril y mayo de 1999, el Comité consideró la cuestión de la admisibilidad de la comunicación y se cercioró de que la misma cuestión no se había examinado ni estaba siendo examinada por otro procedimiento de investigación o solución internacionales. El Comité tomó nota de la declaración del Estado Parte de que se habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y consideró que la comunicación no constituía un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones ni era incompatible con las disposiciones de la Convención. Por consiguiente, el 30 de abril de 1999 el Comité decidió que la comunicación era admisible.

Observaciones del Estado Parte sobre el fondo de la cuestión

7.1.En un documento presentado el 15 de diciembre de 1999, el Estado Parte transmitió al Comité sus observaciones sobre el fondo de la comunicación.

7.2.El Estado Parte reitera su opinión de que la supuesta víctima no fue sometida a tortura porque en ningún momento estuvo en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a saber, los agentes de policía. Considera, pues, que no hubo ninguna violación de la Convención.

7.3.El Estado Parte también subraya que los tribunales de su país son independientes y que llegaron a la conclusión correcta y conforme a la ley de que no debía iniciarse ninguna investigación contra los supuestos autores de los actos de tortura. Señala en relación con ello que el autor de la comunicación no ha presentado todas las decisiones de los tribunales u otros documentos judiciales que podrían aportar más elementos de juicio al Comité para el examen de la comunicación. Esos documentos fueron presentados con este fin por el Estado Parte.

7.4.El Estado Parte pasa a exponer su versión de los hechos. En primer lugar, afirma que la supuesta víctima tomaba alcohol y drogas (Bromazepan) y que ya había intentado suicidarse antes. En la tarde del día antes de su muerte, el 12 de febrero de 1995, la supuesta víctima había tomado algunas drogas (en forma de píldoras) y estaba de muy mal humor porque había tenido una discusión con su madre. Estas circunstancias fueron confirmadas, según el Estado Parte, por cuatro de sus amigos que pasaron la tarde del 12 de febrero de 1995 con la supuesta víctima. El Estado Parte también señala que los padres y la novia de la supuesta víctima declararon exactamente lo contrario.

7.5.En relación con las circunstancias del fallecimiento de la supuesta víctima, el Estado Parte se refiere a la declaración hecha por el testigo Dragan Markovic, quien explicó que había visto a la víctima de pie en el borde de la terraza, a 15 m del suelo, y que llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegó la policía, la víctima saltó de la terraza sin que pudieran impedirlo ni Dragan Markovic ni la policía. El Estado Parte señala también que los tres agentes acusados del supuesto asesinato de la víctima llegaron al lugar después que había saltado y, por consiguiente, llega a la conclusión de que ninguno de ellos pudo hacer nada.

7.6.Estos elementos demuestran, según el Estado Parte, que el fallecimiento de la supuesta víctima fue consecuencia de un suicidio y que, por consiguiente, no se cometieron actos de tortura.

7.7.Además, el Estado Parte señala que la imparcialidad del testigo Dragan Markovic y la de S. Isailovic y Z. Jeftic, los dos agentes que fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, es indiscutible y está confirmada por el hecho de que el autor de la comunicación no pidió que se investigara a esas personas sino a otras.

7.8.En relación con las actuaciones judiciales que siguieron el fallecimiento de la víctima, el Estado Parte recuerda las diversas etapas del procedimiento y señala que el motivo principal de que no se ordenara una investigación era la falta de pruebas convincentes que demostraran una relación causal entre el comportamiento de los tres agentes acusados y el fallecimiento de la víctima. El Estado Parte sostiene que el procedimiento se ha respetado escrupulosamente en todas sus etapas y que la denuncia ha sido examinada cuidadosamente por todos los magistrados que han tenido que ocuparse del caso.

7.9.Por último, el Estado Parte hace hincapié en que determinadas omisiones que pudieron haber tenido lugar durante lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de la supuesta víctima y a las que se refiere el autor de la comunicación carecían de importancia porque no demuestran que la supuesta víctima falleciera a causa de torturas.

Observaciones presentadas por el autor sobre el fondo de la cuestión

8.1.En una comunicación de fecha 4 de enero de 1999, el autor remite a la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En otro documento presentado el 19 de abril de 2000, el autor confirmó las afirmaciones que había hecho en su comunicación y suministró al Comité observaciones adicionales sobre el fondo de la comunicación.

8.2.El autor primero hace algunas observaciones sobre cuestiones específicas planteadas o pasadas por alto por el Estado Parte en sus observaciones. En relación con ello, el autor señala principalmente que el Estado Parte se limitó a afirmar que los tres agentes de policía supuestamente responsables del asesinato no participaron en la muerte de la supuesta víctima y no trata la cuestión principal de la comunicación, que no se realizó una investigación diligente, imparcial y amplia.

8.3.El autor se basa en los hechos siguientes para apoyar su denuncia:

a)El inspector encargado del caso tardó tres meses en reunir la información necesaria para la investigación;

b)Se pidió al tribunal de distrito que iniciara una investigación cuando habían pasado ya siete meses desde el fallecimiento de la supuesta víctima;

c)El tribunal de distrito no tomó como punto de partida para establecer los hechos pertinentes el informe policial que se redactó en el momento del fallecimiento;

d)El testigo ocular Dragan Markovic citó en su única declaración la presencia en el lugar de los hechos de los agentes Z. Jeftic y S. Isailovic y no la presencia de los tres agentes de policía acusados;

e)El Departamento de Policía de Šabac no suministró las fotografías tomadas en el lugar del incidente y a consecuencia de ello el juez de instrucción transmitió al fiscal una documentación incompleta;

f)Cuando los padres de la supuesta víctima actuaron en calidad de acusación privada, el juez de instrucción no ordenó que se exhumara el cuerpo de la supuesta víctima ni una nueva autopsia, a pesar de haber aceptado que la autopsia original "no se había llevado a cabo de conformidad con todas las normas de la medicina forense";

g)Las autoridades fiscales yugoslavas no escucharon la declaración de muchos otros testigos propuestos por el autor.

8.4.En relación con la afirmación del Estado Parte de que la supuesta víctima ya había intentado suicidarse, el autor señala que el Estado Parte no confirma su afirmación con fichas médicas o informes de la policía, de que normalmente se dispone en estos casos. En relación con los otros rumores sobre la supuesta víctima, entre ellos su drogadicción, el autor observa que la familia los ha negado siempre. El autor no sabe cuándo ni si efectivamente se interrogó a los cuatro amigos de su hijo y no se notificó ni a él ni a su abogado ese interrogatorio. Además, el autor señala que tres de estos testigos pueden haber sido sometidos a presiones e influencias por diversos motivos.

8.5.En relación con la obligación de investigar casos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el autor se refiere a la jurisprudencia del Comité en el caso de Encarnación Blanco Abad c. España (CAT/C/20/D/59/1996), en que el Comité señaló que "con arreglo al artículo 12 de la Convención, las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación ex officio, siempre que haya motivos razonables para creer que actos de tortura o malos tratos han sido cometidos, sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha". También se refiere a la decisión en el caso Henri Unai Parot c. España (CAT/C/14/D/6/1990), según la cual existe la obligación de realizar una investigación pronta e imparcial aunque la tortura haya sido denunciada simplemente por la víctima, sin que exista una denuncia oficial. La misma jurisprudencia está confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Assenov et al. c. Bulgaria (90/1997/874/1086)).

8.6.En relación con el principio de una pronta investigación de casos de supuesta tortura u otros malos tratos, el autor remite a la jurisprudencia del Comité que dice que el transcurso de un período de 15 meses antes de iniciar una investigación no es razonable ni cumple el requisito del artículo 12 de la Convención (Qani Halimi-Nedzibi c. Austria (CAT/C/11/D/8/1991)).

8.7.En relación con el principio de la imparcialidad de las autoridades judiciales, el autor declara que un órgano no puede ser imparcial si no es suficientemente independiente. Se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se define la imparcialidad y la independencia de un órgano judicial de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y se hace hincapié en que la autoridad capaz de proporcionar un remedio debería ser "suficientemente independiente" del supuesto autor responsable de la violación.

8.8.En relación con la existencia de motivos razonables para creer que se cometió un acto de tortura u otros malos tratos, el autor, basándose de nuevo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala "la existencia de hechos o información que convencerían a un observador objetivo de que la persona en cuestión puede haber cometido el delito".

8.9.En relación con el principio de indemnización y de rehabilitación por un acto de tortura u otros malos tratos, el autor señala que un remedio efectivo también supone el pago de indemnización.

8.10. El autor insiste en que, en el momento de presentar su comunicación, habían pasado cinco años desde la muerte de su hijo. Sostiene que, a pesar de haber indicios convincentes de que Milan Ristić murió a consecuencia de la seria brutalidad de la policía, las autoridades yugoslavas no han realizado una investigación diligente, imparcial y amplia que pudiese conducir a la identificación y castigo de los responsables y, por consiguiente, no han sido capaces de ofrecer al autor ninguna reparación.

8.11. Basándose en una considerable cantidad de fuentes, el autor explica que la brutalidad policial en Yugoslavia es sistemática y considera que los fiscales no son independientes y rara vez incoan diligencias penales contra agentes de policía acusados de violencia contra ciudadanos, malos tratos o ambas cosas. En tales casos, la acción muy a menudo se limita a pedir información a las autoridades policiales y con frecuencia se recurre a tácticas dilatorias.

8.12. Por último, el autor se refiere específicamente al último examen del informe periódico presentado por Yugoslavia al Comité y a las observaciones finales de éste, en que afirma que está "profundamente preocupado por los numerosos informes que ha recibido de organizaciones no gubernamentales sobre el empleo de la tortura por las fuerzas estatales de policía" (A/54/44, párr. 47) "gravemente preocupado por la falta de investigación, procesamiento y castigo adecuados por parte de las autoridades competentes... de los supuestos torturadores o las personas que violan el artículo 16 de la Convención, así como por la reacción insuficiente a las denuncias de las personas que han sido víctimas de tales abusos, lo cual produce la impunidad de hecho de los autores de los actos de tortura" (ibíd., párr. 48).

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

9.1.El Comité ha examinado la comunicación a la luz de toda la información puesta a su disposición por las partes interesadas, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención. Lamenta a este respecto que el Estado Parte no le haya facilitado una versión distinta de lo sucedido y señala que se necesitaba información más precisa sobre el desarrollo de la investigación, comprensiva de una explicación del motivo para no hacer una nueva autopsia.

9.2.El Comité señala también que el autor de la comunicación afirma que el Estado Parte ha violado los artículos 2, 12, 13, 14 y 16 de la Convención.

9.3.Con relación a los artículos 2 y 16, el Comité considera en primer lugar que no corresponde a su mandato pronunciarse sobre la culpabilidad de las personas que supuestamente han cometido actos de tortura o brutalidad policial. Su competencia se limita a examinar si el Estado Parte ha dejado de cumplir alguna de las disposiciones de la Convención. Por lo tanto, en el presente caso el Comité no va a pronunciarse sobre la existencia de torturas o malos tratos.

9.4.En relación con los artículos 12 y 13 de la Convención, el Comité señala los siguientes elementos, sobre los cuales ambas partes han podido suministrar observaciones:

a)Hay diferencias e incongruencias aparentes entre la declaración hecha el 18 de agosto de 1995 por el médico que llegó con la ambulancia al lugar de la causa del fallecimiento de la supuesta víctima, el informe de la autopsia de 13 de febrero de 1995 y el informe elaborado el 20 de marzo de 1995 por los dos peritos forenses a petición de los padres de la supuesta víctima;

b)Si bien el juez de instrucción que se ocupaba del caso cuando los padres de la supuesta víctima actuaron en calidad de acusación privada declaró que la autopsia "no se había realizado de conformidad con todas las normas de la medicina forense", no se dio la orden de exhumar el cadáver para proceder a un nuevo examen medicosocial;

c)Hay una diferencia entre la declaración hecha el 13 de febrero de 1995 por uno de los tres agentes de policía supuestamente responsables de la muerte de la supuesta víctima, según la cual se llamó al departamento de policía porque una persona se había suicidado, y las declaraciones hechas por otro de los citados agentes y por los otros dos agentes de policía y el testigo D. Markovic, según las cuales se había llamado al departamento de policía porque una persona podía saltar del tejado de un edificio;

d)La policía no informó inmediatamente al juez de instrucción de turno del incidente para que supervisara la investigación en el lugar de los hechos, de conformidad con el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal del Estado Parte.

9.5.Además, al Comité le inquieta especialmente que el doctor que efectuó la autopsia reconoció en una declaración fechada el 18 de julio de 1995 que no estaba especializado en medicina forense.

9.6.Después de señalar los citados elementos, el Comité considera que la investigación que realizaron las autoridades del Estado Parte no fue ni efectiva ni completa. Una investigación adecuada habría supuesto la exhumación del cadáver y la realización de una autopsia, que a su vez habría permitido determinar la causa de la muerte con un grado satisfactorio de certeza desde el punto de vista médico.

9.7.Por otra parte, el Comité señala que han pasado seis años desde que el incidente tuvo lugar. El Estado Parte ha tenido tiempo de sobra para hacer una investigación adecuada.

9.8.En estas circunstancias, el Comité dictamina que el Estado Parte ha incumplido su obligación, con arreglo a los artículos 12 y 13 de la Convención, de proceder a una investigación pronta y efectiva de las alegaciones de tortura o grave brutalidad policial.

9.9.En relación con las alegaciones de violación del artículo 14, el Comité dictamina que, como no se hizo una investigación penal adecuada, no se puede determinar si se violaron los derechos a una indemnización de la supuesta víctima o de su familia. Esta determinación sólo puede hacerse una vez concluida una investigación adecuada. Por consiguiente, el Comité exhorta al Estado Parte a hacer esa investigación sin demora.

10.De conformidad con el párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte a proporcionar al autor de la comunicación un recurso apropiado y a informarle, en un plazo de 90 días contados desde la fecha de envío de la presente decisión, de las medidas que tome en respuesta a las observaciones hechas en el presente texto.

Comunicación Nº 122/1998

Presentada por:M. R. P. (se ha omitido el nombre)[representado por un abogado]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Suiza

Fecha de la comunicación:7 de octubre de 1998

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 24 de noviembre de 2000,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 122/1998, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión:

1.1.El autor de la comunicación es el Sr. M. R. P., de Bangladesh, nacido en 1969. Vive en Suiza, donde solicitó el asilo el 29 de agosto de 1997. Tras haberse rechazado la solicitud, afirma que su repatriación forzada a Bangladesh constituiría una violación por parte de Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Está representado por letrado.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte el 27 de noviembre de 1998. Al mismo tiempo, en aplicación del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, solicitó al Estado Parte que no expulsara al autor a Bangladesh mientras se examinaba su comunicación. El 25 de enero de 1999, el Estado Parte informó al Comité de que se habían tomado medidas para que el autor no fuera devuelto a Bangladesh mientras su comunicación estuviera pendiente de examen en el Comité.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor afirma ser miembro del Bangladesh National Party (BNP), principal partido político de oposición. Fue Presidente de la "Unión" del BNP de 1994 a 1997 y Vicepresidente de la organización de jóvenes del BNP (el Yuba Dubal) de una región a partir de 1997.

2.2.El 13 de enero de 1997, él y su hermano fueron, al parecer, atacados por miembros de la Awami League (AL), partido político en el poder. El autor pudo escapar, pero su hermano fue gravemente herido. Como consecuencia de la presentación de una denuncia a la policía, ésta procedió a la detención de uno de los presuntos agresores que, sin embargo, fue puesto rápidamente en libertad sin que se formulase contra él ningún cargo. La familia del detenido también presionó al autor para que retirase la denuncia.

2.3.A raíz de este incidente, el autor se vio obligado a vivir fuera de su casa durante el día. En la noche del 13 al 14 de enero de 1997, fue muerto un miembro de la AL, chófer de un alto dirigente de la misma organización, Messer Shafijrahman. Al parecer el ataque estaba dirigido contra el propio Sr. Shafijrahman. Este hecho alentó a este último a presentar una denuncia contra el autor y otros cuatro simpatizantes del BNP. A este respecto, el autor precisa que en Bangladesh es práctica corriente que, como consecuencia de denuncias, los miembros del BNP sean acusados sin fundamento, lo que en realidad constituye un abuso de poder de los miembros de la AL para intimidar y eliminar a los opositores políticos. Tras la presentación de dicha denuncia, el autor decidió abandonar de inmediato su país.

2.4.El autor llegó a Suiza el 26 de agosto y pidió asilo el 29 de agosto de 1997. Su solicitud fue rechazada el 7 de enero de 1998, principalmente porque el acto de agresión contra él y su hermano no era imputable al Estado. El autor apeló ante la Comisión suiza de recursos en materia de asilo. El recurso fue rechazado el 15 de abril de 1998.

La denuncia

3.1.El autor afirma que Bangladesh es un país donde las violaciones de los derechos humanos son manifiestas y masivas, en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 de la Convención. Dado que se había presentado una denuncia en su contra, el autor estima tener razones reales para temer ser sometido a torturas si fuera devuelto a Bangladesh, donde la tortura y los malos tratos son práctica corriente, las prisiones están abarrotadas y las condiciones de higiene en ellas son inhumanas. El autor pretende que sólo en el mes de diciembre de 1997 por lo menos cuatro personas fueron muertas en detención preventiva.

3.2.El autor también recuerda que el Vicepresidente de Yubal Dal ha sido más de una vez objeto de intimidación por parte de miembros de la "Awami League" en el poder. Considera que la acusación de asesinato en su contra es parte integrante del clima de opresión que impera en su país y cuya finalidad es eliminarlo por opositor. También estima que, de haber sido detenido, ciertamente estaría en prisión y habría sido objeto de desmanes y torturas. Como el actual régimen controla al poder judicial, la posibilidad de obtener un veredicto absolutorio sería muy remota y correría el riesgo de ser condenado a prisión perpetua o a la pena de muerte.

Observaciones del Estado Parte acerca de la admisibilidad y del fondo de la comunicación

4.1.El Estado Parte no ha puesto objeciones a la admisibilidad de la comunicación y, en su carta de 18 de junio de 1999, formuló sus observaciones en cuanto al fondo de la comunicación.

4.2.El Estado Parte señala en primer lugar que subsisten dudas en cuanto a la verdadera identidad del autor. Esas dudas provienen no sólo del hecho de que su nombre se deletrea de dos maneras distintas en la traducción de los documentos que ha presentado, sino también de la ausencia de un certificado que el autor se había comprometido a presentar. Resulta difícil, pues, afirmar con certeza que los documentos presentados a las autoridades suizas en realidad hablan del autor.

4.3.El Estado Parte también desea informar al Comité de las contradicciones comprobadas entre las dos vistas en el procedimiento de asilo. En la primera el autor declaró especialmente que la persona asesinada se llamaba Babu mientras que en la segunda sostuvo que se llamaba Abul Kalama y que no sabía si tenía otro nombre. El Estado Parte destaca, sin embargo, que esta sola contradicción no permitiría concluir que la comunicación es infundada.

4.4.Contrariamente al autor, el Estado Parte considera que la policía de Bangladesh tomó diversas medidas para perseguir a los responsables de la agresión contra él y su hermano. Más aún, él y su hermano todavía tienen la posibilidad de presentar el caso ante la jurisdicción superior. Por último, el Estado Parte señala que tras el incidente el autor siguió viviendo en su casa, lo que parece demostrar que sus adversarios políticos no le causaban demasiado temor.

4.5.Aun si se reconoce la existencia en Bangladesh de denuncias presentadas por motivos políticos (es decir, denuncias que no se basan en hechos reales y cuya única finalidad es perjudicar a un adversario político), el Estado Parte sostiene que las averiguaciones administrativas a raíz de esas denuncias son legítimas y no demuestran la existencia de motivos políticos por parte del Estado. El Estado Parte también señala que la ley que confiere poderes especiales (Special Powers Act) y permite la detención ilimitada sin proceso, no es aplicable en el caso del autor y que, en consecuencia, hay pocas posibilidades de que sea encarcelado por tiempo indeterminado.

4.6.En cuanto a las alegaciones del autor de que las cortes y los tribunales de Bangladesh están corrompidos y controlados por el Gobierno, el Estado Parte estima que si tal puede ser el caso de las jurisdicciones inferiores, las superiores son independientes e imparciales. No hay pues ninguna prueba de que el autor no hubiese sido sometido a un juicio imparcial y equitativo.

4.7.Según el Estado Parte, ni el riesgo de ser juzgado por un tribunal de Bangladesh ni el hecho de que pueda ser encarcelado y sufrir por ello malos tratos, pueden impedir la expulsión del autor en conformidad con el artículo 3 de la Convención.

Comentarios del autor

5.1.Por carta de fecha 10 de agosto de 1999, el autor formuló sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte relativas al fondo de la comunicación.

5.2.El autor recuerda que el Estado Parte reconoce que en Bangladesh los extremistas de ciertos partidos denuncian a opositores por motivos exclusivamente políticos, y destaca el carácter corrompido y la falta de independencia de ciertas jurisdicciones inferiores. El Estado Parte no niega pues la probabilidad de que el autor, al ser repatriado, sea encarcelado una vez llegado a Bangladesh, que corre el riesgo de ser maltratado y torturado durante su detención, que podría ser condenado por una jurisdicción inferior y que para obtener un proceso equitativo debe esperar a que una jurisdicción superior examine su caso.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

6.1.Antes de examinar una denuncia contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la comunicación es o no admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, conforme al apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. En este caso concreto, el Comité advierte asimismo que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que el Estado Parte no ha cuestionado la admisibilidad. Así pues, considera que la comunicación es admisible. Habida cuenta de que tanto el Estado Parte como el autor de la comunicación han formulado sus observaciones al respecto, el Comité procede a examinar el fondo de la comunicación.

6.2.El Comité debe determinar si la devolución del autor a Bangladesh violaría la obligación del Estado Parte, según el artículo 3 de la Convención, de no expulsar o devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura.

6.3.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, el Comité debe decidir si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Bangladesh. Para adoptar esta decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, entre ellas la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Ahora bien, la finalidad del análisis es determinar si el afectado estará personalmente en peligro de ser sometido a tortura en el país al que sea devuelto. La existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de por sí una razón suficiente para llegar a la conclusión de que una determinada persona estará en peligro de ser sometida a tortura si es devuelta a ese país. Deben existir otros motivos que indiquen que el interesado estará personalmente en peligro. Análogamente, la ausencia de un cuadro persistente de violaciones patentes de los derechos humanos no significa que una persona no vaya a ser sometida a tortura en las circunstancias concretas de su caso.

6.4.El Comité recuerda su observación general sobre la aplicación del artículo 3, que dice lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que el Estado Parte y el Comité están obligados a evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable." (A/53/44, anexo IX, párr. 6.)

6.5.El Comité toma nota de los argumentos esgrimidos por el autor y el Estado Parte sobre los riesgos de tortura que supuestamente correría el autor y estima que este último no ha proporcionado elementos suficientes que demuestren que en Bangladesh correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura.

6.6.Por consiguiente, el Comité estima que la información que se le ha presentado no revela que existen razones fundadas para creer que el autor estaría personalmente en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Bangladesh.

6.7.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la decisión del Estado Parte de devolver al autor a Bangladesh no supone ninguna violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 123/1998

Presentada por:Z. Z. (se ha omitido el nombre) [representado por una abogada]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Canadá

Fecha de la comunicación:11 de noviembre de 1998

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 15 de mayo de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 123/1998, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención:

1.1.El autor de la comunicación, de fecha 11 de noviembre de 1998, es el Sr. Z. Z., ciudadano afgano nacido el 8 de julio de 1948. Fue expulsado al Afganistán el 27 de noviembre de 1998 después de una condena por tráfico de drogas en el Canadá. Afirma que su expulsión al Afganistán constituye una violación de la Convención por parte del Canadá. Esta representado por una abogada.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el 11 de diciembre de 1998 el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte y le pidió que formulara las correspondientes observaciones en cuanto a la admisibilidad y al fondo de la comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor supuestamente huyó del Afganistán en 1977 cuando el país estaba en guerra con la Unión Soviética. Las fuerzas soviéticas habían dado muerte a su hermano y temía correr la misma suerte, por lo que se fue al Irán, donde se quedó dos años en situación irregular, para a continuación trasladarse al Pakistán, donde se quedó otros dos años en las mismas condiciones. Del Pakistán el autor decidió pasar a la India, donde solicitó ser reconocido como refugiado por el ACNUR. Al parecer, se le reconoció como tal con arreglo a la Convención, pero no conservó ninguna prueba de ello. No obstante, al no tener permiso de trabajo ni derecho a la enseñanza, el autor decidió reunirse con su hermano, que tenía el estatuto de refugiado en el Canadá.

2.2.El autor llegó al Canadá en 1987 con un pasaporte falso y, una vez en Montreal, solicitó asilo. Se resolvió que su solicitud de refugiado era fundada, lo que le daba derecho a pedir la residencia permanente, residencia que se le concedió en 1992.

2.3.El 29 de junio de 1995 el autor, declarado culpable de importar estupefacientes, fue condenado a diez años de cárcel. El 10 de abril de 1996 el Ministro de la Nacionalidad e Inmigración lo declaró "peligro público en el Canadá", por lo que debía ser expulsado a su país de origen. El Ministro argumentó que, habida cuenta del grave delito por el que había sido condenado y de la necesidad de proteger a la sociedad canadiense, no cabía invocar consideraciones de índole humanitaria. El autor trató de que el Tribunal Federal revisara esta decisión pero su petición se denegó.

2.4.El 4 de noviembre de 1998 el autor asistió a una vista de revisión de su detención, en la que se le dijo que seguiría detenido y que sería expulsado el 14 de noviembre de 1998. El mismo día, la abogada del autor remitió por fax una petición al funcionario encargado de las expulsiones para que la expulsión se aplazara hasta que se hubiera hecho la debida evaluación del riesgo, haciendo referencia a documentación reciente sobre la situación en el Afganistán.

2.5.Al denegársele la petición, el autor pidió la suspensión de la orden de expulsión a la División de Primera Instancia del Tribunal Federal, aduciendo que, dada su extracción étnica, corría el riesgo de que lo torturaran si se lo expulsaba al Afganistán. El 12 de noviembre de 1998 el Tribunal denegó la suspensión y el 13 de noviembre el autor solicitó un auto provisional ante el Tribunal de Justicia de Ontario para que se suspendiera la ejecución de la orden de expulsión, solicitud que fue denegada por haber ya fallado al respecto el Tribunal Federal.

2.6.En su comunicación al Comité de fecha 11 de noviembre de 1998, el autor sostuvo, en relación con la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, que tan pronto como el tribunal fallara sobre la solicitud de suspensión de la expulsión se habrían agotado todos los recursos internos existentes.

2.7.El autor afirma que el Estado Parte no hizo la debida evaluación del riesgo cuando adoptó su decisión en abril de 1996 ni tampoco volvió a examinar esa evaluación después, a pesar de la existencia de importantes problemas políticos y de derechos humanos en el país al que el autor sería expulsado. Los talibanes pasaron a ser una fuerza de primer orden en la situación política afgana y, por lo tanto, las condiciones en el país se modificaron radicalmente, en consecuencia.

2.8.El autor es musulmán sunnita de etnia tayika. La mayor parte del Afganistán está dominada hoy día por los talibanes, que son sunnitas, pero de distinto grupo étnico, a saber, pashtunes.

2.9.El autor dice que en el Afganistán sigue habiendo guerra civil e inestabilidad política y que las divisiones étnicas influyen cada vez más en los enfrentamientos. Los talibanes, que se afirmaron como fuerza militar y política en 1994, son un movimiento islámico ultraconservador. En enero de 1997 dominaban dos tercios del país, incluida Kabul, la capital.

2.10.Además de la situación general de inseguridad a causa del conflicto armado interno entre los talibanes y otras facciones, preocupa gravemente la situación de los derechos humanos en el territorio que dominan aquellos. Según el autor, existe discriminación entre los distintos grupos étnicos. Los talibanes han detenido a cientos de personas fundándose exclusivamente en su extracción étnica. Entre los grupos minoritarios están los uzbekos, los tayikos, los hazaras, los musulmanes chiítas y los turcomanos. El autor señala que un número considerable de tayikos han sido detenidos y algunos de ellos han desaparecido.

2.11.El autor también remite a informes de Amnistía Internacional que dicen que los guardias talibanes han apaleado y pateado a personas detenidas y que se somete a torturas graves a los que permanecen presos durante mucho tiempo. Se señala asimismo un informe de Human Rights Watch sobre una de las mayores matanzas de civiles perpetradas por los talibanes, en agosto de 1998, cuando se apoderaron de Mazar-el-Sharif, ciudad de la que es oriundo el autor. En los días que siguieron al hecho, los talibanes registraron y detuvieron a todos los varones de etnia hazara, uzbeka y tayika de la ciudad. Además, como la cárcel del lugar estaba demasiado llena, se trasladó a miles de detenidos a otras ciudades en grandes camiones contenedores con capacidad para 100 a 150 personas. Se sabe de dos casos en que casi todos los ocupantes del contenedor se asfixiaron o murieron de estrés calórico.

La denuncia

3.1.Cuando presentó su comunicación, el autor afirmó que corría grave riesgo de que lo torturaran si lo expulsaban al Afganistán, por lo que la decisión de expulsarlo a la fuerza a ese país constituiría una violación del artículo 3 de la Convención. Se aseveró asimismo que ningún agente competente del Estado Parte había evaluado debidamente el riesgo de tortura del autor, de donde se desprendía que se había violado la Convención en cuanto a la forma y en cuanto al fondo.

3.2.El autor recuerda que la prohibición específica de expulsar a quienes corran el riesgo de ser torturados está explícitamente consagrada en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Para determinar si es aplicable el artículo 3, el Comité debe fundarse en la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en el país de que se trate y en el riesgo personal del autor, riesgo que puede obedecer al tipo o la personalidad del interesado.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.En una comunicación de fecha 14 de diciembre de 1999, el Estado Parte transmitió al Comité sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la causa.

a)La admisibilidad

4.2.El Estado Parte afirma que la comunicación es inadmisible porque el autor no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna, tal como se exige en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención y en el artículo 91 del reglamento del Comité. Destaca además que es un principio fundamental del derecho internacional agotar los recursos internos antes de recurrir a una instancia internacional, principio que da al Estado la oportunidad de rectificar en el ámbito interno cualquier error antes de comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

4.3.Conforme a la Ley de inmigración, la División de Primera Instancia del Tribunal Federal es competente para revisar decisiones y se afirma que basta con que el solicitante tenga una "causa razonablemente fundada" o "un asunto grave que resolver" para tener derecho a litigar.

4.4.El Estado Parte dice que el Comité, así como otros tribunales internacionales, consideran que la revisión judicial es un recurso disponible y efectivo. En la causa M. A. c. el Canadá (CAT/C/14/D/22/1995) se concedió al autor el estatuto de refugiado, pero luego se le declaró una amenaza para la seguridad del Canadá, de forma que hubo que expulsarlo. La comunicación se declaró inadmisible porque el autor había entablado un recurso de revisión judicial contra la decisión de expulsión. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apunta a lo mismo y considera que el examen judicial constituye un recurso suficiente y efectivo en los casos de asilo.

4.5.En el presente caso, la solicitud de autorización hecha por el autor a la División de Primera Instancia del Tribunal Federal para que se efectuara una revisión judicial de la opinión del Ministro de que el autor constituía un peligro público fue denegada el 8 de septiembre de 1997. El 5 de noviembre de 1998 el autor recurrió ante dicha División la decisión del funcionario encargado de las expulsiones de no aplazar su expulsión. Posteriormente remitió la presente comunicación al Comité el 11 de noviembre de 1998 antes de que el Tribunal Federal pudiera examinar su solicitud.

4.6.Además, al solicitar la revisión judicial, el autor no presentó el escrito correspondiente en el plazo debido. A este respecto el Estado Parte remite nuevamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que los denunciantes tienen que observar y seguir los procedimientos nacionales, también en lo que hace a los plazos, antes de recurrir a una instancia internacional.

4.7.El Estado Parte dice que el Tribunal Federal podría haber examinado la causa si se hubiera tramitado correctamente la solicitud de 5 de noviembre de 1998 y si se hubiera otorgado la correspondiente autorización, lo que habría resultado en un nuevo examen de la causa.

4.8.El autor también entabló acción ante la División de Primera Instancia del Tribunal Federal para impugnar la constitucionalidad de la disposición por la que se le denegaba la posibilidad de reclamar protección como refugiado. Sostuvo también que la Ley de inmigración y el procedimiento inmigratorio eran contrarios a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá porque en ninguno de los dos se prevé una evaluación del riesgo. No obstante, el autor no prosiguió esta acción, que cuando se dirigió al Comité todavía estaba pendiente. Desde luego, podría haber dado instrucciones a su abogada para que actuara en su nombre. En este sentido el Estado Parte aduce que la expulsión del autor no deja sin efecto ni desvirtúa sus derechos ni las acciones que haya entablado.

4.9.El Estado Parte señala también que el autor hubiera podido pedir que se evaluara su caso a título humanitario. Se remite a la causa X c. Suecia, en la que el Comité resolvió que ese tipo de solicitud era un recurso efectivo, puesto que la Junta de Apelación tenía competencia para otorgar a los autores permiso de residencia, y esta posibilidad la tenía también el autor antes de la expulsión y no estaba sujeta a ningún plazo.

4.10.El Estado Parte considera que los recursos mencionados son efectivos en el sentido del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención y que el autor, en consecuencia, debía haberlos agotado antes de dirigirse al Comité y que al no hacerlo no ha mostrado la diligencia debida.

b)El fondo de la cuestión

4.11.En cuanto al riesgo que corre el autor, el Estado Parte recuerda el principio sentado por el Comité en la causa Seid Mortesa Aemei c. Suiza según el cual el Comité debe determinar "si existen razones fundadas para creer que [el autor] estaría en peligro de ser sometido a tortura [en el país al que se le devolviese]" y "si el interesado estaría personalmente en peligro". También recuerda que la carga de la prueba recae en el autor, quien debe demostrar que existen razones fundadas para creer que estaría personalmente en peligro de ser sometido a torturas.

4.12.El Estado Parte sostiene que, como según la jurisprudencia del Comité la protección que brinda el artículo 3 es de carácter absoluto, independientemente de la conducta anterior del autor, la determinación de riesgos debe ser especialmente rigurosa. Con ese objeto, se remite a un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se afirma que con relación al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos "el examen en el Tribunal de la existencia de un riesgo de malos tratos en violación del artículo 3 en el momento pertinente deberá ser riguroso habida cuenta del carácter absoluto de esta disposición".

4.13.Para determinar el riesgo de que se torture al autor, el Estado Parte sostiene que son pertinentes los factores siguientes: a) si hay pruebas de la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos; b) si el autor ha sido torturado o maltratado por un funcionario público o con el consentimiento de un funcionario público; c) si la situación mencionada en el inciso a) ha variado, y d) si el autor ha intervenido en actividades políticas o de otra índole dentro o fuera del Estado interesado que podrían ponerlo en situación de especial vulnerabilidad al riesgo de ser sometido a torturas.

4.14.Contrariamente a lo que afirma el autor, el Estado Parte destaca que el Ministro de la Nacionalidad e Inmigración evaluó en abril de 1996 el riesgo que podría correr aquél a su regreso al Afganistán, cuando consideró si el autor constituía un peligro público. No siempre se ha seguido la jurisprudencia que cita el autor en apoyo de su argumento y esas causas están ahora pendientes de apelación ante el Tribunal Federal de Apelación. Además, el Estado Parte sostiene que el Comité no es competente para impugnar el procedimiento nacional de evaluación del riesgo. Finalmente también la División de Primera Instancia del Tribunal Federal sopesó dicha evaluación del riesgo al atender la solicitud de suspensión de la expulsión.

4.15.El Estado Parte considera que el autor no ha demostrado prima facie que corra un riesgo personal de que lo torturen debido a su extracción étnica. Aunque no se niega que los talibanes cometen violaciones de los derechos humanos, nada indica que los tayikos en particular sean víctimas de tales actos. El Estado Parte remite a la información facilitada por la Dirección de Investigaciones de la Junta Canadiense de Inmigración y Refugiados que indica que más bien son objeto de persecución los hazaras chiítas y los partidarios de habla turca del general Dostam. La misma fuente subraya que, "en general, los sospechosos de apoyar… a la Alianza del Norte están al parecer muy vigilados por las fuerzas de seguridad talibanes. La filiación étnica no es el motivo fundamental que atrae la inquina de éstos...; no obstante, los tayikos que viven bajo el poder de los talibanes van con cautela y no se aventuran así como así por las calles de Kabul". El informe dice además que los tayikos gozan de libertad y seguridad en el norte del Afganistán, y que los que viven en el territorio dominado por los talibanes no son objeto de vigilancia sistemática. Tampoco hay pruebas de que los talibanes torturen de ordinario a los tayikos, y el propio autor reconoce en su comunicación que "la tortura, al parecer, no es práctica ordinaria en todos los casos".

4.16.El Estado Parte dice además que el autor no ha aportado ninguna prueba de que fuera a correr un riesgo personal de tortura en el Afganistán. No hay pruebas de que el autor fuera detenido en ningún momento y han dejado de existir los motivos por los que abandonó el país en 1977. Tampoco ha dicho el autor que se persiguiera o torturara a personas de su entorno por ser tayikos, ni él mismo estuvo implicado en actividad política alguna que pudiera atraer la atención de los talibanes. Por consiguiente, los hechos expuestos no bastan para fundamentar prima facie el argumento de que la expulsión lo expondría al peligro de la tortura.

4.17.El Estado Parte sostiene que la presente comunicación se funda exactamente en los mismos hechos que se expusieron al Ministro de la Nacionalidad e Inmigración cuando dictaminó sobre el peligro y que se adujeron en la revisión judicial ante la División de Primera Instancia del Tribunal Federal. En consecuencia, dado que el procedimiento interno no revela ningún error o falta de equidad patentes ni está viciado de abuso procesal, mala fe, parcialidad manifiesta o irregularidades graves, el Comité no debe sustituir las conclusiones del Estado Parte sobre si el autor corre el riesgo de que lo torturen en el Afganistán por las suyas propias; no debe convertirse en una "cuarta instancia" que revise las conclusiones de hechos de la jurisdicción interna.

4.18.En consecuencia, el Estado Parte opina que, fundándose en los criterios mencionados en el párrafo 4.13 supra, no hay indicación alguna de que a) el autor fuera torturado o maltratado en el pasado en el Afganistán por un funcionario público o con el consentimiento de un funcionario público; b) lo busquen actualmente las autoridades afganas; c) haya personas de su entorno inmediato detenidas o torturadas por ser tayikos; d) los tayikos sean especialmente blanco de malos tratos; y e) haya estado involucrado en alguna actividad destacada que pudiera atraer la atención de los talibanes.

4.19.Por consiguiente, el Estado Parte pide que, en caso de declararse admisible, la comunicación se desestime.

Comentarios de la abogada

a)Sobre la admisibilidad

5.1.En una comunicación de 21 de enero de 2000, la abogada del autor remitió sus observaciones sobre lo expuesto por el Estado Parte. En relación con el agotamiento de los recursos internos, recuerda que al autor se le otorgó la residencia permanente en 1992 y que posteriormente se lo declaró culpable de un delito, lo que dio pie a que se dictara contra él una orden de expulsión. Conforme a la Ley de inmigración, se puede expulsar del Canadá y denegar a una persona el derecho a solicitar asilo si el Ministro certifica que la persona "constituye un peligro público en el Canadá". En este caso de lo único de que se trata es de saber si el interesado constituye o no un peligro público en el Canadá y no si corre un riesgo, de forma que, cuando se resuelve en este sentido queda privado del derecho a dirigirse a la División de Apelación, además de negársele el derecho a solicitar el estatuto de refugiado.

5.2.La abogada reitera que el procedimiento para certificar si una persona es un peligro público para el Canadá no constituye una evaluación adecuada del riesgo. Entiende que la posición del Estado Parte ha consistido en todo momento en que, en determinadas circunstancias, se puede expulsar a su país de origen a las personas que representan un peligro público, aun si existe el riesgo de tortura. En eso estriba también en cuanto al fondo el fallo del Tribunal de Apelación en la causa Suresh c. el Ministro de la Nacionalidad e Inmigración. Tal como lo interpreta el Tribunal Federal de Apelación, la Convención no prohíbe en todos los casos expulsar a países donde se corre un riesgo significativo de tortura. En consecuencia, sostiene que la posición oficial del Estado Parte, sustanciada por el segundo tribunal del Canadá, es que se puede expulsar a las personas a países donde exista un riesgo apreciable de tortura si está en juego un interés importante del Estado. La abogada expresa que el Comité debe actuar con urgencia para aclarar su punto de vista al Estado Parte de que en ninguna circunstancia se permite la expulsión a países en los que existe un riesgo de tortura.

5.3.La abogada afirma que, como resultado de la expulsión y del hecho de no poder recibir instrucciones del autor, se ha desvirtuado la obligación de impugnar la decisión de ejecutar la orden de expulsión interponiendo recursos de la jurisdicción interna. Y lo mismo cabe decir del recurso de inconstitucionalidad de la disposición por la que se denegó al autor la posibilidad de reclamar protección como refugiado. En consecuencia, cuando el autor no pudo lograr la suspensión de la expulsión y ésta se llevó a efecto, quedaron agotados todos los recursos de la jurisdicción interna, al estar ya ejecutada la orden de expulsión. Según la abogada, dadas las circunstancias carecería de sentido corregir los defectos de forma de la impugnación de la decisión de ejecutar la orden de expulsión.

b)Sobre el fondo de la cuestión

5.4.En cuanto al fondo de la cuestión, la abogada opina que nadie evaluó suficiente y debidamente el riesgo que podría correr el autor. Permitir que se haga una evaluación del riesgo en el contexto de la determinación de si una persona constituye un peligro público o no para que pueda procederse a su expulsión no resulta satisfactorio desde el punto de vista de la abogada. La evaluación del riesgo ha de hacerse de manera independiente de cualquier estimación en cuanto al peligro público. La abogada señala que el Comité debe saber si el Estado Parte llegó o no a la conclusión de que el autor corría algún riesgo. Esto tiene particular importancia a la luz de la posición de dicho Estado de que en determinadas circunstancias se puede decidir la expulsión a países en los que se corre el riesgo de tortura.

5.5.Además, la abogada opina que no es satisfactorio que el Estado Parte evalúe el riesgo una vez ejecutada la orden de expulsión. Esa evaluación debería haber precedido a la expulsión.

5.6.En cuanto a la situación actual del autor, la abogada reconoce que no ha podido establecer comunicación con él. Dice, no obstante, que el Estado Parte no ha hecho nada por verificar la situación actual del autor y comprobar si está a salvo y si no se ve expuesto a sufrir tortura.

Otros comentarios del Estado Parte

6.1.En una comunicación de 10 de mayo de 2000, el Estado Parte afirmó, con respecto a la admisibilidad del caso, que una decisión positiva sobre la solicitud por consideraciones de índole humanitaria habría permitido al autor permanecer en el Canadá. Además, el Estado Parte reitera sus argumentos de que la expulsión del autor no dejó sin efecto ni desvirtuó sus derechos ni las acciones entabladas.

6.2.Con respecto al fondo del caso, el Estado Parte señala que, al considerar si el autor constituía un peligro público en el Canadá, el Ministro efectivamente evaluó el riesgo a que se expondría el autor en caso de regresar al Afganistán. La División de Primera Instancia del Tribunal Federal también hizo esa evaluación en su decisión del 12 de noviembre de 1998.

6.3.Por último, el Estado Parte reitera que le preocupa que el Comité pueda convertirse en una cuarta instancia competente revisando las conclusiones de tribunales nacionales, a menos que haya un error patente o la decisión esté viciada de abuso de poder, mala fe, parcialidad manifiesta o irregularidades graves.

Otros comentarios de la abogada en nombre del autor

7.1.En una comunicación de 7 de junio de 2000, la abogada subraya que la petición por consideraciones de índole humanitaria no constituye un recurso efectivo porque no tiene por efecto suspender la expulsión. En todo caso, era inútil entablar un recurso contra una decisión de expulsión una vez ejecutada la expulsión.

7.2.La abogada también reitera que la "opinión en cuanto al peligro" no constituye una evaluación del riesgo y que la decisión del Tribunal Federal se basó en una mala interpretación de las pruebas y el juez carecía de experiencia en la evaluación de riesgos.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

8.1.Antes de examinar cualquier denuncia contenida en una comunicación, el Comité debe determinar si la comunicación es o no admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. De conformidad con el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, el Comité se ha cerciorado de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada en el marco de ningún otro procedimiento de investigación o arreglo internacional.

8.2.En cuanto al agotamiento de los recursos internos, el Comité ha tomado nota de las observaciones del Estado Parte y de la abogada del autor. De conformidad con el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, el Comité no puede examinar ninguna comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Sin embargo, esta regla no se aplica si se determina que la tramitación de esos recursos internos se ha prolongado o se prolongaría injustificadamente, o que no es probable que mejorara realmente la situación de la presunta víctima. A este respecto, el Comité observa que el autor fue expulsado al Afganistán el 27 de noviembre de 1998. Por lo tanto, el Comité declara que la comunicación es admisible.

8.3.El Comité toma nota de que tanto el Estado Parte como la abogada del autor han hecho observaciones sobre el fondo de la comunicación. Por lo tanto, decide examinar el caso en cuanto al fondo en la fase actual.

8.4.El Comité opina que el autor no presentó ninguna prueba de que corriera un riesgo personal de ser torturado si regresaba al Afganistán. El Comité observa asimismo que el autor no ha dado a entender que se le haya torturado en el pasado. Tampoco ha dicho que haya participado en actividades políticas o religiosas que a su regreso pudieran atraer la atención de los talibanes hasta el punto de exponerlo al riesgo de ser torturado.

8.5.El autor sólo presentó información sobre la situación general del Afganistán y afirmó que como miembro del grupo étnico tayico sería torturado al regresar al Afganistán. Aunque el Comité reconoce las dificultades que afrontan algunos grupos étnicos en el Afganistán, estima que el mero hecho de pertenecer al grupo étnico tayiko no es prueba suficiente de que el autor corriera el riesgo personal de ser torturado a su regreso.

9.En consecuencia, y en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité contra la Tortura opina que los hechos que ha examinado no revelan una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación N° 128/1999

Presentada por:X. Y. (se ha omitido el nombre ) [representado por un abogado]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Suiza

Fecha de la comunicación:2 de marzo de 1999

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 15 de mayo de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación N° 128/1999, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión:

1.1.El autor de la comunicación, el Sr. X. Y. nacido el 20 de marzo de 1960, es un súbdito sirio de origen curdo. Se halla en Suiza, en donde había pedido asilo político. Esa petición fue rechazada y el autor sostiene que su devolución forzada a la República Árabe Siria constituiría una violación por Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Pidió al Comité que tomara medidas urgentes en su caso habida cuenta de que en el momento de presentar su comunicación corría el riesgo inminente de expulsión. Está representado por un abogado.

1.2.En conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la comunicación a la atención del Estado Parte el 12 de marzo de 1999. Al mismo tiempo, en virtud del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, el Comité pidió que el Estado Parte no expulsara al autor a la República Árabe Siria mientras se estuviera examinando su comunicación. El 12 de mayo de 1999, el Estado Parte informó al Comité de que se habían tomado medidas para que el autor no fuese devuelto a la República Árabe Siria mientras el Comité estuviera examinando su comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor pretende que ha sido miembro del Partido Democrático del Kurdistán ‑ Iraq (PDK Iraq) desde 1980. Como tal habría participado en diversas manifestaciones de esa organización, como transportar fondos destinados a apoyar a los curdos en el Iraq o repartir octavillas en que se lamentaba la situación de los curdos de la República Árabe Siria, privados de su nacionalidad por el Estado sirio.

2.2.El autor pretende que fue detenido por las fuerzas de seguridad La República Árabe Sirias en dos ocasiones. La primera vez, durante la invasión iraquí de Kuwait, tenía en su poder fondos destinados al Iraq. Habría salido libre al cabo de 18 días de detención, únicamente después que su familia abonó una importante suma de dinero para que fuera liberado. La segunda detención habría tenido lugar en 1993. Esta vez el autor habría permanecido detenido 96 días en la cárcel de al Mezze, cerca de Damasco, y habría sido víctima de torturas. Sólo habría sido puesto en libertad cuando prometió renunciar a toda actividad política en lo sucesivo. Su familia habría vuelto a abonar una cantidad de alrededor de 6.000 dólares de los EE.UU. para conseguir su liberación.

2.3.Más tarde, sin embargo, el autor prosiguió sus actividades políticas. En el mes de marzo de 1995, una persona de su familia, enterada por los servicios de seguridad, le habría advertido que iba a ser detenido nuevamente. Entonces, el autor decidió huir del país y habría cruzado ilícitamente la frontera con el Líbano. Salió de este último país en barco en el mes de marzo, sin que se hagan precisiones sobre su llegada a Europa. Ahora bien, el 10 de abril de 1995 pidió asilo político en Suiza, basándose entre otras cosas en la persecución de que habría sido objeto en la República Árabe Siria.

2.4.La Oficina Federal de los Refugiados (OFR) rechazó su petición de asilo el 28 de mayo de 1996 y se fijó como fecha tope para su salida del territorio el 15 de agosto de 1996. Más adelante, el autor interpuso un recurso contra esa decisión ante la Comisión suiza de recursos en materia de asilo (CRA), apoyado en un informe médico que atestiguaba que habría podido ser torturado anteriormente. La Comisión desestimó su demanda el 8 de julio de 1996, ya que se declaró inadmisible el recurso por no haber respetado el plazo prescrito para apelar.

2.5.El 8 de agosto de 1996, el Sr. Y. pidió que la OFR hiciera un nuevo examen (recurso extraordinario, que permite la reconsideración de decisiones que ya han entrado en vigor) de su caso. El solicitante había pedido, entre otras cosas, que se dictaminara que su devolución de Suiza constituiría una violación del principio de no devolución de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 33), así como de la prohibición de la tortura, establecida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o de los artículos 2 y 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La OFR rechazó la petición del nuevo examen el 9 de agosto de 1996 por considerar que el solicitante no había expuesto hechos o elementos probatorios nuevos, sino que intentaba únicamente obtener una nueva evaluación de los hechos ya mencionados durante el procedimiento inicial. (Al mismo tiempo, la OFR dispuso la ejecución inmediata de la orden de devolución, considerando que esa devolución no era contraria a las obligaciones legislativ