DICTÁMENES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDOS A TENOR DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A. Comunicación Nº 823/1998, Czernin c. la República Checa (Dictamen aprobado el 29 de marzo de 2005, 83º período de sesiones)*

Presentada por: Sr. Rudolf Czernin (fallecido el 22 de junio de 2004) y su hijo, Sr. Karl-Eugen Czernin (no representado por un abogado)

Presunta víctima: Los autores

Estado Parte: República Checa

Fecha de la comunicación: 4 de diciembre de 1996 (comunicación inicial)

Asunto: Mantenimiento de la ciudadanía

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos

Cuestiones de fondo: Igualdad ante la ley, no discriminación, denegación de justicia

Artículos del Pacto: Párrafo 1 del artículo 14; artículo 26 y párrafo 3 del artículo 2

Artículos del Protocolo

Facultativo: Artículo 3 y apartado b) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos , establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 29 de marzo de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 823/1998, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de Sr. Rudolf Czernin con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor original de la comunicación fue Rudolf Czernin, ciudadano de la República Checa nacido en 1924 y residente permanente en Praga (República Checa). Lo representaba su hijo, Karl-Eugen Czernin, nacido en 1956 y residente permanente en Austria. El autor afirmaba que era víctima de una violación por la República Checa del párrafo 1 del artículo 14 y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). El autor falleció el 22 de junio de 2004. En virtud de una carta de fecha 16 de diciembre de 2004, el hijo del autor (denominado en adelante el segundo autor) mantiene la comunicación ante el Comité. No está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.A raíz de la ocupación alemana de la región fronteriza de Checoslovaquia en 1939, y del establecimiento del "protectorado", Eugen y Josefa Czernin, los padres ya difuntos del autor, adquirieron automáticamente la ciudadanía alemana, en virtud de un decreto alemán de 20 de abril de 1939. Al término de la segunda guerra mundial, sus bienes fueron confiscados, en aplicación de los Decretos Benes Nos. 12/1945 y 108/1945. Además, sobre la misma base se les privó de su ciudadanía checa de conformidad con el Decreto Benes Nº 33/1945, de 2 de agosto de 1945. Sin embargo, con arreglo a este último decreto, las personas que cumplieran ciertos requisitos de lealtad a la República de Checoslovaquia podían presentar una solicitud para mantener la ciudadanía checoslovaca.

2.2.El 13 de noviembre de 1945, Eugen y Josefa Czernin presentaron sendas solicitudes para poder mantener la ciudadanía checa, conforme al Decreto presidencial Nº 33/1945, y dentro del plazo establecido. Una "comisión de investigación" del Comité Nacional del distrito de Jindříchův Hradec, que examinó las solicitudes en cuestión, consideró que Eugen Czernin había aportado pruebas de su "actitud antinazi". El citado Comité Nacional remitió las solicitudes al Ministerio del Interior para que se tomara una decisión definitiva. En diciembre de 1945, al salir de la cárcel en donde estuvo sometido a trabajos forzados y fue interrogado por los servicios secretos soviéticos NKVD y GPU, el autor se mudó a Austria con su esposa. El Ministerio no tomó ninguna decisión con respecto a sus solicitudes, ni tampoco respondió a una carta de Eugen Czernin, de fecha 19 de marzo de 1946, en que instaba a las autoridades a pronunciarse sobre el asunto. En el expediente correspondiente a cada uno de los cónyuges figura una nota de 1947 en que se señala que las solicitudes no procedían porque los interesados se habían marchado voluntariamente a Austria y que sus expedientes estaban cerrados.

2.3.Tras el cambio de régimen en Checoslovaquia a fines de 1989, el autor, hijo único y heredero de Eugen y Josefa Czernin, presentó un recurso para que le fueran restituidos los bienes de la pareja conforme a la Ley Nº 87/1991 y a la Ley Nº 243/1992. Según lo indica el autor, la condición previa principal para que le sean restituidos esos bienes es que sus padres hayan tenido la nacionalidad checoslovaca después de la guerra.

2.4.El 19 de enero y el 9 de mayo de 1995, respectivamente, el autor solicitó que se reanudaran los procedimientos administrativos relacionados con las solicitudes que sus padres habían presentado para mantener la ciudadanía checoslovaca. En lo referente a Eugen Czernin, en una respuesta de fecha 27 de enero de 1995, la Oficina de Distrito de Jindříchův Hradec comunicó al autor que no era posible reanudar los procedimientos porque el asunto había quedado resuelto en forma definitiva en virtud de la Ley Nº 34/1953, por la que se otorgaba la ciudadanía checoslovaca a las personas de nacionalidad alemana que la hubieran perdido en virtud del Decreto Nº 33/1945, pero que tuvieran su domicilio en la República de Checoslovaquia. En una carta de fecha 13 de febrero de 1995, el autor insistió en que se adoptara una decisión con respecto a su solicitud sobre la reanudación del procedimiento. En una comunicación de fecha 22 de febrero de 1995, se le notificó que no era posible llevar adelante el asunto de la ciudadanía de una persona difunta y que se había dado por cerrado. El 3 de marzo de 1995, el autor pidió al Ministerio del Interior que se tomara una decisión sobre su caso. Como el Ministerio le informó que no se había recibido su carta, el autor volvió a enviar la misma petición el 13 de octubre de 1995. El 24 y el 31 de enero de 1996, el autor escribió de nuevo al Ministro del Interior. Entretanto, en una reunión que mantuvieron el segundo autor y el Ministro del Interior, este último manifestó que había no sólo razones jurídicas sino también políticas y personales por las que no se había tomado una decisión sobre el asunto y que "tratándose de cualquier otra solicitud [que no fuera la del autor] en materia de determinación de la nacionalidad se habría adoptado una decisión favorable en un plazo de dos días". El Ministro también prometió que convocaría un comité ad hoc, integrado por abogados independientes, para entablar consultas con los abogados del autor, pero este comité nunca se reunió.

2.5.El 22 de febrero de 1996, el Ministro del Interior escribió al autor para manifestarle que "la decisión sobre su solicitud no [le] fue favorable". El 8 de marzo de 1996, el autor recurrió la carta del Ministro ante el Ministerio del Interior. En una respuesta del Ministerio, de fecha 24 de abril de 1996, se informó al autor de que la carta del Ministro no era una decisión en el sentido del artículo 47 de la Ley Nº 71/1967 sobre procedimientos administrativos y que no era posible apelar contra una decisión no existente. Ese mismo día, el autor interpuso un recurso contra la carta del Ministro ante el Tribunal Supremo, que el 16 de julio de 1996 emitió un fallo en el sentido de que la carta no era una decisión de un órgano administrativo, que el hecho de que no hubiera una decisión de esa índole constituía un obstáculo procesal insuperable y que el derecho administrativo interno no otorgaba facultades a los tribunales para intervenir contra la inacción de un órgano oficial.

2.6.Después de haber presentado otro recurso más al Ministerio del Interior, que tampoco prosperó, el autor entabló una demanda por denegación de justicia ante el Tribunal Constitucional que, en un fallo de 25 de septiembre de 1997, ordenó al Ministerio del Interior que dejara de abstenerse de actuar porque ello constituía una violación de los derechos del demandante. A raíz de esta decisión, el autor retiró la comunicación que había presentado al Comité de Derechos Humanos.

2.7.De acuerdo con el autor, la Oficina de Distrito de Jindříchův Hradec (Oficina de Distrito), mediante una decisión de 6 de marzo de 1998, dio otra interpretación a lo esencial de la solicitud del autor, considerándola arbitrariamente como una solicitud de confirmación de ciudadanía. La Oficina de Distrito rechazó la solicitud con el argumento de que Eugen Czernin no había conservado la ciudadanía checa después de haber sido privado de ella, de conformidad con la Ley de ciudadanía de 1993, donde se establece que es un requisito indispensable haber concluido satisfactoriamente un procedimiento sobre ciudadanía antes de que se pueda adoptar una decisión favorable al solicitante. La Oficina de Distrito no tramitó la solicitud inicial del autor sobre la reanudación de los procedimientos referentes al mantenimiento de la ciudadanía. Como resultado de esta decisión, el autor volvió a presentar y a actualizar su comunicación al Comité en marzo de 1998.

2.8.El 28 de julio de 1998, el autor informó al Comité de que, con fecha 17 de junio de 1998, el Ministerio del Interior había confirmado la decisión de la Oficina de Distrito de 6 de marzo de 1998. En agosto de 1998, el autor presentó una moción de revisión ante el Tribunal Superior de Praga, así como una queja ante el Tribunal Constitucional. Esta última fue desestimada el 18 de noviembre de 1998 sobre la base de que no se habían agotado todos los recursos disponibles puesto que la acción judicial seguía en curso en el Tribunal Superior de Praga.

2.9.El 29 de septiembre de 1998, el autor informó al Comité de que, en esa misma fecha, la Oficina de Distrito de Praga había emitido una decisión negativa sobre la solicitud de Josefa Czernin.

2.10. Con respecto al requisito sobre el agotamiento de los recursos internos, el autor recuerda que la presentación de la solicitud para el mantenimiento de la ciudadanía data de noviembre de 1945, y que las gestiones encaminadas a llevar a término los procedimientos se reanudaron en enero de 1995. El autor considera, por consiguiente, que los procedimientos se han prolongado injustificadamente. En la actualización de su comunicación, enviada en 1998, el autor sostiene que en la decisión de la Oficina de Distrito no es una "decisión sobre la solicitud que presentó". Argumenta que los recursos restantes son inútiles, ya que la Oficina de Distrito resolvió en contra del espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional y que un fallo del Tribunal Supremo sólo podría revocar una decisión de la Oficina de Distrito sin que ello entrañara una determinación definitiva. Así pues, lo único que conseguiría el autor con los recursos disponibles sería recurrir reiteradamente las decisiones con el único fin de cumplir requisitos establecidos, pero sin obtener jamás una decisión en cuanto al fondo de la cuestión.

2.11. El autor manifiesta que el mismo asunto no está sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

La denuncia

3.1.El autor alega que se ha violado su derecho a igual protección de la ley sin discriminación y su derecho a las debidas garantías procesales.

3.2.El autor afirma que ha sido víctima de una violación del artículo 26 del Pacto. Recuerda que sus padres y él mismo fueron víctimas de una violación de su derecho a igual protección de la ley sin discriminación, puesto que la ley se aplicó en forma desigual y la desigualdad era inherente a la propia ley, lo que no le permitía entablar una acción judicial por negligencia contra las autoridades. La reclamación por discriminación se debe a que las autoridades no emitieron una decisión sobre las solicitudes que habían presentado sus padres, a pesar de que cumplían los requisitos de forma y sustancia previstos en el Decreto Nº 33/1945. El autor argumenta además que la legislación interna no le ofrece un recurso contra la inacción de las autoridades y que se le está privando de la oportunidad de hacer valer sus derechos. Aduce que las personas que han visto sus casos resueltos tienen un remedio disponible, mientras que él no lo tiene; dice que ello equivale a una discriminación contraria al artículo 26.

3.3.El autor sostiene que es víctima de una violación del párrafo 1 del artículo 14, puesto que la inacción de las autoridades con respecto a su solicitud para que se reanudaran los procedimientos sobre ciudadanía equivale a que no tuvo derecho a ser oído "con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial", y que es víctima de dilaciones indebidas en los procedimientos administrativos.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación y sobre el fondo de la cuestión

4.1.El 3 de febrero de 1999, el Estado Parte formuló comentarios sobre la admisibilidad de la comunicación y, el 10 de agosto de 1999, presentó observaciones sobre el fondo de la cuestión. Aduce que los autores no han agotado los recursos internos y considera que sus reclamaciones con arreglo al párrafo 1 del artículo 14 y del artículo 26 carece manifiestamente de justificación.

4.2.El Estado Parte subraya que, tras la decisión del Tribunal Constitucional de 25 de septiembre de 1997, que avaló la queja del autor y ordenó a las autoridades que dejaran de abstenerse de actuar, la Oficina del Distrito de Jindříchův Hradec examinó la cuestión y emitió una decisión de fecha 6 de marzo de 1998. El Ministerio del Interior tomó una decisión sobre el recurso del autor el 17 de junio de 1998. El 5 de agosto de 1998, el autor apeló contra la decisión del Ministerio ante el Tribunal Superior de Praga. En la época en que el Estado Parte remitió sus observaciones, esta acción judicial seguía pendiente y, por consiguiente, aún no se habían agotado los recursos internos. El Estado Parte argumenta que la excepción a la aplicación de la norma sobre el agotamiento de los recursos internos, es decir cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente, no procede en el presente caso porque, habida cuenta de las decisiones mencionadas, y en vista de la complejidad del asunto y de las investigaciones necesarias, la tramitación de los recursos internos no se ha prolongado injustificadamente. Además, en lo relativo a la eficacia de estos recursos, el Estado Parte sostiene que el autor no puede predecir el resultado de su acción judicial y que, en la práctica, si un tribunal llega a la conclusión de que la opinión jurídica de una autoridad administrativa es incorrecta, la decisión impugnada del Ministerio del Interior será revocada. El Estado Parte subraya que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 250 j del Código de Procedimiento Civil de la República Checa, una autoridad administrativa está obligada a cumplir la opinión jurídica del tribunal.

4.3.El Estado Parte sostiene que la reclamación en virtud del artículo 26 del Pacto carece manifiestamente de sustento porque el autor no la fundamentó ni ha presentado pruebas o hechos concretos para ilustrar un trato discriminatorio por alguno de los motivos enumerados en el artículo 26. Argumenta además que el autor no invocó la prohibición de la discriminación ni la igualdad de derechos ante los tribunales nacionales, de modo que no agotó los recursos internos en este sentido.

4.4.Por lo que se refiere a la presunta violación del párrafo 1 del artículo 14, el Estado Parte admite que la alegación de un quebrantamiento del derecho a un juicio con las debidas garantías estaba justificada cuando el autor presentó su comunicación inicial. Sin embargo, el Estado Parte aduce que, tras la decisión del Tribunal Constitucional de 25 de septiembre de 1997, la Oficina de Distrito emitió, el 6 de marzo de 1998, una decisión administrativa acorde con el fallo del Tribunal Constitucional, y que mediante esta decisión quedaba plenamente protegido el derecho del autor a un juicio con las debidas garantías. Remitiéndose a las fechas de las decisiones antes mencionadas, el Estado Parte asevera además que no hubo dilaciones indebidas. El Estado Parte considera, por consiguiente, que la reclamación en virtud del párrafo 1 del artículo 14, que figura en la comunicación, carece manifiestamente de fundamento. Enumera una serie de recursos a disposición de los autores cuando se aducen dilaciones indebidas. El autor podría haber presentado una queja ante el Ministerio del Interior o al Presidente del Tribunal Superior. También podría haber interpuesto un recurso constitucional. El Estado Parte manifiesta que debe darse respuesta a una queja en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la reciba la entidad gubernamental competente para tramitarla. El Estado Parte recuerda que el autor no aprovechó estos recursos y, por lo tanto, no agotó los recursos internos.

Comentarios de los autores

5.1.Con fecha 19 de noviembre de 1999, 25 de junio de 2002, 29 de enero, 25 de febrero, 16 y 22 de diciembre de 2004, los autores formularon comentarios sobre las observaciones del Estado Parte e informaron al Comité sobre la situación en que se encontraban los procedimientos ante los tribunales checos. El autor reitera que la decisión de la Oficina de Distrito de 6 de marzo de 1998 fue adoptada con el propósito de cumplir, en cuanto a la forma, los requisitos estipulados en el fallo del Tribunal Constitucional de 25 de septiembre de 1997. Argumenta que de manera arbitraria, y contra su deseo expreso, las autoridades dieron otra interpretación a su solicitud para que se reanudaran los procedimientos sobre el mantenimiento de la ciudadanía, con el resultado de que se transformó en una solicitud de verificación de la ciudadanía, y se tramitó con arreglo a las leyes sobre ciudadanía vigentes en el Estado Parte, y no según el Decreto Nº 33/1945, que era el de aplicación. El autor afirma que los órganos de apelación corroboraron esta decisión sin proceder a un nuevo examen y sin adoptar una decisión fundada. El hecho de que un organismo administrativo, de manera arbitraria y por iniciativa propia y sin dar aviso previo al solicitante, haya dado otra interpretación a la solicitud del autor sin tomar ninguna decisión con respecto a la solicitud inicial constituye, en opinión del autor, una violación de su derecho a las debidas garantías procesales y de su derecho a que se siga un proceso y se tome una decisión, derechos estos protegidos por el artículo 14.

5.2.Por lo que se refiere a la madre del autor, la Autoridad Municipal de Praga decidió, el 6 de enero de 1999, que "al fallecer, Josefa Czernin era ciudadana de la República de Checoslovaquia". El autor indica, que, a diferencia de lo sucedido con la solicitud de su padre, las autoridades aceptaron sin problemas la solicitud de su madre, y ello pese a que había una cantidad mucho menor de pruebas para sustentarla. El autor sugiere que esta desigualdad de trato entre sus padres tal vez se explique por el hecho de que su padre era propietario de un número mucho mayor de bienes que su madre, y que la mayoría de esos bienes de su padre pertenecen ahora al Estado.

5.3.El 19 de octubre de 2000, el Tribunal Superior de Praga revocó la decisión del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1998 y resolvió que el asunto debía decidirse sobre la base del Decreto Nº 33/1945, que la decisión impugnada era ilegal, que contravenía el fallo jurídicamente vinculante del Tribunal Constitucional y que se habían quebrantado normas procesales fundamentales.

5.4.El asunto fue devuelto entonces al Ministerio del Interior para una segunda vista. El 31 de mayo de 2002, el Ministerio opinó que Eugen Czernin, miembro del grupo étnico alemán, no había aportado suficientes "razones exculpatorias", de conformidad con el Decreto Nº 33/1945, y que "por lo tanto, perdió la nacionalidad checoslovaca". El autor recurrió esta decisión, que fue confirmada por el Ministro del Interior el 1º de enero de 2003. A continuación interpuso un recurso ante el Tribunal Municipal de Praga, que anuló esta decisión el 5 de mayo de 2004. En su fallo, el tribunal señaló que el Ministro, en lo que respecta a su decisión de 1º de enero de 2003, y el Ministerio, en lo relativo a su decisión de 31 de mayo de 2002, habían procedido "sin la argumentación necesaria", de manera arbitraria y sin tener en cuenta las pruebas aportadas por el padre del autor. El asunto fue devuelto para una tercera vista al Ministerio del Interior, que aún no se ha pronunciado al respecto.

5.5.Siempre que el autor presenta nuevos comentarios, confirma que las autoridades lo obligan a seguir, una y otra vez, las mismas etapas de apelación, en un proceso teóricamente interminable, que no están dispuestas a tramitar su asunto y que alargan a propósito los procedimientos. Invoca la excepción por prolongación injustificada a que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité ha comprobado que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional, a los efectos del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.3.Con respecto al requisito del agotamiento de los recursos internos, el Comité señala que el Estado Parte ha cuestionado la admisibilidad de la comunicación en términos generales. Observa asimismo que el caso del autor sigue pendiente ante el Ministerio del Interior, y que desde el fallo del Tribunal Constitucional de septiembre de 1997, por el que se ordenó al Ministerio que dejara de abstenerse de actuar, el Ministerio ha celebrado, en un período de cuatro años, dos audiencias sobre la cuestión planteada por el autor. Las dos decisiones emitidas al respecto por el Ministerio del Interior fueron anuladas por el Tribunal Superior de Praga y el Tribunal Municipal de la misma ciudad, respectivamente, y devueltas al mismo Ministerio para una nueva vista. Habida cuenta del incumplimiento por parte del Ministerio del Interior de las decisiones pertinentes del poder judicial, el Comité opina que el hecho de que el mismo órgano viera por tercera vez el asunto del autor no ofrecería a éste una oportunidad razonable de obtener una reparación efectiva y, por consiguiente, no constituiría un recurso efectivo que el autor tendría que haber agotado a los efectos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.4.El Comité considera además que los procedimientos iniciados por el segundo autor y su difunto padre se han prolongado considerablemente, al abarcar un período de diez años, y cabe considerar, por lo tanto, que se han prolongado "injustificadamente" en el sentido del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. El Comité no estima que estas dilaciones sean atribuibles al segundo autor o a su difunto padre.

6.5.Por lo que se refiere a la alegación del Estado Parte de que los autores no agotaron los recursos internos en relación con la reclamación del autor por el quebrantamiento de la prohibición de discriminación, el Comité recuerda que los autores no invocaron concretamente la cuestión de la discriminación ante los tribunales checos; por consiguiente, no han agotado los recursos internos al respecto. El Comité concluye que esta parte de la reclamación es inadmisible con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.6.En lo que respecta a la alegación de que el autor fue víctima de una aplicación desigual de la ley en contravención del artículo 26, el Comité considera que puede plantear cuestiones en cuanto al fondo.

6.7.Con respecto a la reclamación de los autores de que son víctimas de una violación de su derecho a ser oídos con las debidas garantías con arreglo al párrafo 1 del artículo 14, el Comité señala que los autores no impugnan los procedimientos que se han seguido ante los tribunales, sino el incumplimiento de las decisiones de los tribunales por parte de las autoridades administrativas. El Comité recuerda de que la noción de "determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil", que figura en el párrafo 1 del artículo 14, se aplica a las diferencias relacionadas con el derecho de propiedad. Considera que a efectos de admisibilidad el autor ha fundamentado suficientemente su alegación de que la manera en que las autoridades administrativas checas dieron otra interpretación a su solicitud y a las leyes que cabría aplicar, la demora en la adopción de una decisión definitiva, así como el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de dichas autoridades, pueden plantear cuestiones comprendidas en el párrafo 1 del artículo 14, interpretado junto con el párrafo 3 del artículo 2. El Comité decide que esta alegación debe examinarse en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han presentado las partes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2.La cuestión principal que el Comité debe resolver es si las autoridades administrativas (la Oficina de Distrito en Jindříchův Hradec y el Ministerio del Interior) procedieron de modo tal que violaron el derecho de los autores, previsto en el párrafo 1 del artículo 14, a ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, así como el derecho a interponer un recurso efectivo, conforme al párrafo 3 del artículo 2.

7.3.El Comité tiene en cuenta la afirmación de los autores en el sentido de que la Oficina de Distrito y el Ministerio del Interior, en sus decisiones de 6 de marzo y de 17 de junio de 1998, de manera arbitraria dieron otra interpretación a la solicitud del autor para que se reanudaran los procedimientos sobre mantenimiento de la ciudadanía y aplicaron las leyes sobre ciudadanía vigentes en el Estado Parte, en lugar de lo previsto en el Decreto Nº 33/1945 en el que se había basado la solicitud inicial. El Comité observa además que la decisión mencionada en segundo término fue anulada por el Tribunal Superior de Praga, que aun así la devolvió para una nueva vista. En su segunda evaluación del asunto, el Ministerio del Interior aplicó el Decreto Nº 33/1945 y rechazó la solicitud.

7.4.El Comité se remite a su jurisprudencia de que la interpretación y la aplicación de la legislación interna son esencialmente cuestiones que incumben a los tribunales y a las autoridades del Estado Parte interesado. Sin embargo, al presentar una reclamación con arreglo a la legislación interna, el individuo debe tener acceso a recursos efectivos, lo que entraña que las autoridades administrativas deben actuar de conformidad con las decisiones vinculantes de los tribunales nacionales, como lo admite el propio Estado Parte. El Comité observa que tanto la decisión del Ministerio del Interior, de 31 de mayo de 2002, como también la confirmación de esa decisión por el Ministro con fecha 1º de enero de 2003, fueron anuladas por el Tribunal Municipal de Praga el 5 de mayo de 2004. De acuerdo con los autores, este tribunal determinó que las autoridades habían adoptado las decisiones en cuestión sin la fundamentación necesaria y de manera arbitraria, y que no habían tenido en cuenta las pruebas sustantivas aportadas por los solicitantes, incluso por el padre del autor, Eugen Czernin. El Comité señala que el Estado Parte no ha impugnado este aspecto de la versión de los autores.

7.5.El Comité observa además que desde que los autores presentaron su solicitud para que se reanudaran los procedimientos en 1995, se han enfrentado reiteradamente a la frustración resultante de la negativa de las autoridades administrativas a aplicar las decisiones pertinentes de los tribunales. El Comité considera que la falta de acción de las autoridades administrativas y las demoras excesivas en la aplicación de las decisiones pertinentes de los tribunales constituyen violaciones del párrafo 1 del artículo 14, interpretado junto con el párrafo 3 del artículo 2 en que se prevé el derecho de interponer un recurso efectivo.

8.El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. En relación con la conclusión precedente, el Comité no considera necesario examinar la reclamación con arreglo al artículo 26 del Pacto.

9.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de garantizar al autor un recurso efectivo, incluida la exigencia de que sus autoridades administrativas actúen de conformidad con las decisiones de los tribunales.

10.Teniendo en cuenta que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

APÉNDICE

Voto particular de la Sra. Ruth Wedgwood, miembro del Comité

Europa oriental vive en democracia desde hace más de una década. En ese período, se han presentado al Comité de Derechos Humanos algunos casos en que se pregunta si los refugiados de un ex régimen comunista tienen derecho a la restitución de sus bienes confiscados y, en caso afirmativo, en qué condiciones.

En cuatro dictámenes relativos a la República Checa, el Comité llegó a la conclusión de que el derecho a la propiedad privada, como tal, no está amparado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero que las condiciones para la restitución de los bienes no pueden ser injustamente discriminatorias.

En el primer caso de esta serie, Simunek c. la República Checa, Nº 516/1992, el Comité invocó la norma de la "protección igual de la ley", reconocida por el artículo 26 del Pacto. El Comité sostuvo que un Estado no puede imponer condiciones arbitrarias para la restitución de bienes confiscados. En particular, estimó que el derecho a la restitución de bienes privados debía reconocerse incluso a las personas que ya no tenían la nacionalidad del país y habían dejado de ser residentes permanentes, por lo menos, cuando el Estado Parte, en virtud de su anterior régimen comunista, hubiera sido el responsable de la partida de los autores. Véase el dictamen del Comité, Nº 516/1992, párr. 11.6.

El Comité ha seguido esos dictámenes en los casos ulteriores, entre ellos Adam c. la República Checa, Nº 586/1994, Blazek et al c. la República Checa, Nº 857/1999, y Des Fours Walderode c. la República Checa, Nº 747/1997.

El miembro del Comité Sr. Nisuke Ando, señaló correctamente a título individual en el caso Adam c. la República Checa, Nº 586/1994 que tradicionalmente el derecho internacional privado permite a los Estados limitar la propiedad de bienes inmuebles a sus ciudadanos. Sin embargo, cuando un régimen totalitario obliga a sus opositores políticos a marcharse, el caso presenta circunstancias especiales. Y nada indica que la República Checa, en relación con los nuevos adquirentes de bienes raíces, haya exigido la nacionalidad o la residencia permanente.

Sobre la base de estos antecedentes, el Comité debe considerar el caso Czernin c. la República Checa, Nº 823/1998. En este caso, el Comité pidió aclaraciones al Estado Parte, no porque hubiera denegado un trato igual, sino por una cuestión de procedimiento, al comprobar que las autoridades administrativas del Estado Parte se habían "negado a ejecutar las decisiones pertinentes de los tribunales" del Estado Parte en relación con la restitución de bienes.

El padre del autor, acompañado por su esposa, dejó Austria en diciembre de 1945, tras haber sido interrogado en la prisión por los servicios secretos soviéticos NKVD y GPU. En 1989, tras la caída del régimen comunista en la ex Checoslovaquia, el autor, como único heredero, pidió la restitución de los bienes de su padre y en 1995 trató de renovar las solicitudes de sus padres de que se les restituyera la ciudadanía checa. Desde esa época, el Tribunal Constitucional Checo, el Tribunal Superior de Praga y la Autoridad Municipal de Praga, respectivamente, sancionaron al Ministerio del Interior checo por no haber tomado medidas en relación con la solicitud del autor, haber invocado erróneamente una ley de ciudadanía de 1993 y no haber expuesto la "argumentación necesaria" en relación con la notoria posición antinazi de su padre (pidió el mantenimiento de la ciudadanía checa en virtud del decreto Nº 33/1945 dictado después de la guerra por el Presidente checo Eduard Benes, en el caso de las personas de origen étnico alemán).

En un sentido, este caso es más sencillo que los anteriores, ya que la cuestión se refiere al proceso y no a los límites de las causas de fondo admisibles. Con todo, conviene observar que los tribunales de la República Checa, en definitiva, han tratado de conceder una reparación efectiva a los autores, en consideración de sus reclamaciones. Muchas democracias tienen órganos administrativos que son renuentes a llegar a ciertos resultados, y queda por determinar si existe algún recurso dentro del sistema en caso que un organismo subordinado no tramite una reclamación de forma imparcial. No se puede adoptar como regla per se que tres rondas de procedimiento judicial en apelación equivalgan a demostrar que el solicitante ha sido privado del derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, especialmente porque en esta oportunidad los tribunales de apelación han actuado para sancionar al organismo administrativo de que se trata debido a las diversas ocasiones en que hizo caso omiso de las reclamaciones del autor. El Comité no ha indicado que el procedimiento administrativo incumba plenamente al ámbito de aplicación del artículo 14.

Asimismo, el caso no tiene que ver con las circunstancias posteriores a la guerra en relación con el traslado obligatorio de la población alemana de los Sudetes, política emprendida después de la catastrófica aplicación abusiva de la idea de la libre determinación de los alemanes por parte del régimen nacional socialista. Si bien los traslados de poblaciones, aun como parte de un acuerdo de paz, no pueden ser aceptados fácilmente en el marco de la moderna legislación sobre derechos humanos, en la desgarrada Europa de la posguerra se llegó a una conclusión diferente. El autor no ha impugnado ni el Comité pone en tela de juicio la autoridad del decreto presidencial de 1945, según el cual los alemanes étnicos de los Sudetes que desearan permanecer en Checoslovaquia debían demostrar que durante la guerra habían sido opositores al régimen fascista de Alemania. Una nueva democracia, con una economía emergente puede también tener dificultades prácticas para esclarecer las violaciones de la propiedad privada de bienes que duraron 50 años. En todos estos aspectos, el Estado Parte debe actuar ajustándose al Pacto, pero el Comité también debe tener en cuenta sus límites.

(Firmado): Ruth Wedgwood

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

B. Comunicación Nº 879/1999, Howard c. el Canadá(Dictamen aprobado el 26 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:George Howard (representado por el letrado Sr. Peter Hutchins, de Hutchins, Soroka & Dionne)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Canadá

Fecha de la comunicación:9 de octubre de 1998 (presentación inicial)

Asunto: Restricción del derecho del autor a pescar y sus consecuencias en su derecho a disfrutar de su propia cultura junto con otros miembros de su comunidad

Cuestiones de procedimiento: Determinación del campo de aplicación de la decisión del Comité sobre la admisibilidad

Cuestiones de fondo: Derecho a disfrutar de su propia cultura junto con otros

Artículo del Pacto: Artículo 27

Artículos del Protocolo

Facultativo: No corresponde

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 26 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 879/1999, presentada al Comité de Derechos Humanos por George Howard con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación, de fecha 9 de octubre de 1998, es el Sr. George Howard, nacido el 5 de junio de 1946 y miembro de la Primera Nación Hiawatha reconocida por la ley del Estado Parte como pueblo aborigen del Canadá. Afirma ser víctima de una violación por parte del Canadá de sus derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 27 del Pacto. Está representado por un abogado. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Canadá el 19 de agosto de 1976.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.La comunidad del autor forma parte de las Primeras Naciones Mississauga. Estas Primeras Naciones, al igual que otras, eran Partes en los tratados concertados con la Corona, en particular un tratado (el "Tratado Williams de 1923"), que se refería, entre otras cosas, a los derechos de caza y pesca de los indígenas. Dicho tratado preveía, a cambio de una compensación de 500.000 dólares, que las Primeras Naciones Mississauga "cedan, liberen, entreguen y abandonen" sus intereses sobre las tierras específicamente descritas y además "todos los derechos, títulos, intereses, pretensiones, demandas y privilegios de dichos indios sobre todas las demás tierras situadas en la provincia de Ontario, que hayan tenido, tengan actualmente o pretendan tener, con la excepción de las reservas que Su Majestad el Rey ha separado para ellos".

2.2.El 18 de enero de 1985 el autor pescó algunos peces en un río cercano a la reserva de su Primera Nación, pero fuera de ésta. Fue condenado el pago de una multa en un juicio sumario en el Tribunal Provincial de Ontario por pesca ilegal en tiempo de veda. El Tribunal rechazó el argumento de la existencia de un derecho constitucional de pesca, basado en la protección que otorga el artículo 35 de la Ley constitucional de 1982, relativo a "los derechos aborígenes existentes y los derechos adquiridos por tratados de los pueblos aborígenes del Canadá". El Tribunal alegó que los antepasados del autor que pertenecían a las Primeras Naciones habían cedido los derechos de pesca en los Tratados de 1923 y que a partir de entonces dejaron de existir dichos derechos. El 9 de marzo de 1987 el Tribunal de Distrito de Ontario rechazó la apelación del autor.

2.3.El 13 de marzo de 1992 el Tribunal de Apelación de Ontario rechazó la apelación del autor contra la decisión del Tribunal de Distrito, alegando que el Tratado de 1923 había anulado los derechos de pesca que poseía anteriormente la Primera Nación del autor y que los representantes de la Primera Nación conocían y comprendían el Tratado y sus condiciones. El 12 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo rechazó la nueva apelación del autor afirmando que en "condiciones claras" las Primeras Naciones habían cedido todos los derechos especiales de pesca que aún tenían.

2.4.En 1990 el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo en otro caso que "los derechos existentes" tal como se entienden en el artículo 35 de la Constitución se garantizaban cuando existían pruebas de la continuidad en el ejercicio de un derecho, incluso aunque fuese poco frecuente en algunos casos, a menos que se demostrara que la Corona tenía la intención clara y evidente de anular ese derecho. Más tarde, el Gobierno de Ontario se comprometió a negociar lo antes posible acuerdos con el pueblo indígena sobre la cuestión de la caza incluso mediante trampas, la pesca y la recolección.

2.5.El 7 de marzo de 1995, el Gobierno de Ontario y las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams firmaron los llamados "Acuerdos de conservación de los recursos comunitarios de caza y pesca", que permitían ejercer ciertos derechos de caza y pesca. En virtud de esos acuerdos, que eran renovables anualmente, se permitía a las Primeras Naciones la caza y la pesca fuera de la reserva para su sustento y con fines ceremoniales y espirituales, y el trueque en especie.

2.6.El 30 de agosto de 1995, el recién elegido Gobierno de Ontario ejerció su derecho a denunciar esos acuerdos, deseando "actuar de conformidad con" la decisión del Tribunal Supremo en el caso del autor.

2.7.En septiembre de 1995, las Primeras Naciones afectadas por la decisión de denunciar los acuerdos presentaron demandas de interdicto provisional y permanente contra el Gobierno de Ontario. El Tribunal de Ontario desestimó las peticiones afirmando que el Gobierno había ejercido correctamente el derecho que le otorgaban los acuerdos a denunciarlos con un aviso previo de 30 días. El autor sostiene que el Tribunal dejó "bien claro" que todo otro proceso se fallaría en contra de los demandantes y que, por consiguiente, era inútil iniciar otras acciones costosas.

2.8.El 16 de enero de 1997, el Tribunal Supremo rechazó una petición del autor de que se reabriera su caso. El autor mencionaba los cambios que se habían producido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual, para que un intento claro de anular los derechos de pesca fuese válido tenía que ir acompañado de una renuncia al derecho de la propiedad de la tierra, lo que justificaba un nuevo examen del caso.

La denuncia

3.1.En general, el autor denuncia que a él y a todos los demás miembros de su Primera Nación se les priva de la posibilidad de ejercer individual y colectivamente sus derechos aborígenes a la pesca, lo que amenaza su supervivencia cultural, espiritual y social. Sostiene que la caza, incluso mediante trampas, la pesca y la recolección son elementos esenciales de su cultura y que la denegación del derecho a practicarlas pone en peligro la transmisión de la cultura a otras personas y a las generaciones futuras.

3.2.El autor considera, en particular, que el fallo del Tribunal Supremo en su caso es incompatible con el artículo 27 del Pacto. Refiriéndose a la Observación general Nº 23 del Comité afirma que el Gobierno federal del Canadá ha incumplido su deber de adoptar medidas positivas de protección al no intervenir a su favor en los procesos judiciales. En ellos no se hizo mención de las disposiciones del Pacto o de otras normas internacionales aplicables, ni se la tuvo en cuenta. Además, ese fallo ha supuesto la denegación del disfrute de elementos esenciales de cultura, bienestar espiritual, salud, supervivencia y desarrollo social y educación de los niños. El autor dice que los Tratados Williams son los únicos tratados que no protegen los derechos de los indígenas a la caza y a la pesca, sino que más bien tienen el objetivo expreso de anularlos, y que el fallo del Tribunal Supremo en este caso es una anomalía en su jurisprudencia. Refiriéndose a la decisión del Comité en el caso Kitok c. Suecia , el autor sostiene que lejos de ser necesarias "para la visibilidad y el bienestar de la minoría en su conjunto", esas restricciones ponen en peligro la propia supervivencia cultural y espiritual de la minoría.

3.3.El autor sostiene que la denuncia unilateral de los Acuerdos de conservación de los recursos comunitarios de caza y pesca viola el artículo 27 del Pacto. El autor afirma que el artículo 27 impone "una obligación de restablecer a un nivel adecuado los derechos fundamentales de los que depende la supervivencia cultural y espiritual de las Primeras Naciones para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la cultura de las Primeras Naciones mediante la supervivencia y el desarrollo de los derechos de cada uno de sus miembros". Aunque esos acuerdos proporcionaban cierto alivio, su carácter contractual y la facilidad que otorgaban para denunciarlos unilateralmente no ofrecían medidas adecuadas de protección al autor ni a la precaria cultura de la minoría a la que pertenece.

3.4.El autor denuncia también la violación del artículo 27 y del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, puesto que los Gobiernos federal y provincial sólo están dispuestos a considerar la posibilidad de ofrecer compensaciones monetarias por la pérdida de los derechos aborígenes en lugar de restablecer esos derechos. El pago de dinero no es una de las medidas positivas de protección que se consideran prescritas en virtud del párrafo 2 del artículo 2.

3.5.El autor agrega que su denuncia, tal como se ha descrito anteriormente, debe interpretarse a la luz del párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, ya que la condición de "pueblos" de las Primeras Naciones está reconocida en el plano nacional. Sostiene que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Pacto, el Estado Parte no puede sostener que las Primeras Naciones no tienen esa condición en derecho internacional, ya que la legislación interna se la ha concedido.

3.6.Habida cuenta de lo que antecede, el autor pide al Comité que inste al Estado Parte a que emplee medios efectivos para que se apliquen las medidas apropiadas a fin de que, mediante la elaboración de un nuevo tratado, se reconozca y garantice el ejercicio de sus derechos de caza, incluso mediante trampas, pesca, y recolección.

3.7.El autor afirma que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

Exposición del autor por videocinta

4.En su comunicación inicial de 9 de octubre de 1998 el autor, refiriéndose a la tradición oral de las Primeras Naciones Mississauga, pidió al Comité que, además de los escritos presentados por las partes, tuviera en cuenta las pruebas orales reproducidas en una videocinta que contenía una entrevista en la que el autor y otros dos miembros de las Primeras Naciones Mississauga se referían a la importancia de la pesca para su identidad, cultura y forma de vida. El 12 de enero de 2000 el Comité, por conducto del Relator Especial para nuevas comunicaciones, decidió no aceptar como prueba la videocinta, remitiéndose a la disposición del Protocolo Facultativo según la cual únicamente se tiene en cuenta la información escrita facilitada (párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo). En una carta fechada el 7 de febrero de 2000, el autor proporcionó al Comité una trascripción del testimonio en cuestión grabado en videocinta. El Comité expresa su agradecimiento por la voluntad demostrada por el autor de ayudar al Comité presentando la trascripción.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación

5.1.En su exposición de 28 de julio de 2000, el Estado Parte sostiene que la comunicación es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos. El Estado Parte señala que las leyes actuales regulan, pero no prohíben, las actividades de caza y pesca. Los reglamentos, que tratan de los requisitos para la concesión de licencias, de los límites fijados para las capturas y la caza, y de las restricciones estacionales, están destinados a promover los objetivos de conservación, seguridad y prácticas de caza éticas. El autor, como cualquier otra persona, puede practicar sus actividades tradicionales dentro de esos límites.

5.2.El Estado Parte señala que las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams tienen pendiente actualmente una demanda ante el Tribunal Federal en la que se alega un incumplimiento de la obligación fiduciaria por parte del Gobierno federal y del Gobierno de Ontario. Entre otras cosas, solicitan una solución jurídica que restablezca sus derechos de caza y pesca fuera de las reservas. Las Partes han suspendido de común acuerdo esta acción mientras prosiguen las negociaciones.

5.3.El Estado Parte observa, además, que las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams no aprovecharon la posibilidad de impugnar la denuncia de los Acuerdos de conservación de los recursos comunitarios de caza y pesca. Si bien la demanda inicial fue desestimada por vicio de procedimiento, el Tribunal indicó claramente que podían haber presentado una nueva demanda, pero no lo hicieron. El Estado Parte señala que, aunque el autor sostiene que "no habría tenido sentido" hacerlo, el Comité ha mantenido siempre el criterio de que dudar de la eficacia de los recursos no es razón suficiente para no agotarlos.

5.4.En tercer lugar, el Estado Parte observa que para resolver el conflicto en las negociaciones con el Gobierno federal las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams habrían tenido la posibilidad de solicitar la asistencia de la Comisión de Reclamaciones Indias, que es un órgano consultivo independiente. Esta posibilidad no se aprovechó.

Comentarios del autor

6.1.En su exposición de 21 de diciembre de 2000, el autor rechaza las observaciones del Estado Parte diciendo que se han agotado los recursos internos, ya que el fallo vinculante del Tribunal Supremo en su causa confirmó la anulación de sus derechos aborígenes.

6.2.El autor sostiene que el proceso entablado actualmente ante el Tribunal Federal plantea diversas cuestiones y no puede garantizarle la solución que reclama. El proceso actual versa sobre el incumplimiento de la obligación fiduciaria y no sobre el restablecimiento de los derechos aborígenes de caza y pesca, y (en su forma actual) se propone obtener una declaración pertinente que prevea "una reparación en cumplimiento de la obligación de la Corona de establecer reservas, o bien el pago de la correspondiente indemnización sustitutoria". De cualquier modo, el Tribunal Federal está obligado a seguir el fallo del Tribunal Supremo en la medida en que sostiene que los Tratados Williams anularon los derechos aborígenes en cuestión. El autor observa que, aunque el proceso en el Tribunal Federal puede servir para que su comunidad adquiera más tierras y reciba una compensación justa por la cesión de 1923, no restablecerá los derechos de caza y pesca, ya que el fallo del Tribunal Supremo sostiene que esos derechos se extinguieron en aquella ocasión.

6.3.En cuanto al procedimiento incoado para impugnar la denuncia de los Acuerdos de conservación de los recursos comunitarios de caza y pesca, el autor afirma que el resultado de las actuaciones ulteriores es "claramente predecible". El juez declaró que, vistos los hechos del caso, no hay razón alguna para conceder una reparación declarativa o suspensiva. El autor se refiere a la jurisprudencia del Comité y señala que en su caso el Tribunal Supremo ya había resuelto sustancialmente la misma cuestión y que, por consiguiente, no había necesidad de recurrir a un nuevo pleito. Además, el Tribunal Supremo había rechazado su solicitud de revisión del fallo, el cual, por consiguiente, sigue siendo vinculante para las instancias inferiores.

6.4.Con respecto a la propuesta del Estado Parte de que prosigan las negociaciones, el autor arguye que éstas no son "recursos" en el sentido del Protocolo Facultativo, y que en ningún momento el Estado Parte ha dado a entender que se restablecerían efectivamente los derechos de caza y pesca. El 16 de mayo de 2000 se informó a las Primeras Naciones de que las negociaciones no se reanudarían sin la presencia del Gobierno de Ontario en calidad de parte. Además, la Comisión de Reclamaciones Indias es un órgano asesor cuyas recomendaciones no son vinculantes para el Gobierno federal. Por otro lado, la Comisión sólo puede facilitar la solución de determinados tipos de conflicto, y el Gobierno federal ya ha decidido que la cuestión del restablecimiento de los derechos de caza y pesca no es uno de ellos.

Exposiciones ulteriores de las partes

7.1.En su exposición de 12 de julio de 2001, el Estado Parte respondió a los comentarios del autor diciendo que, aunque éste afirma que no actúa como representante de las Primeras Naciones firmantes de los Tratados Williams, sino por cuenta propia, lo hace claramente en nombre de ellas y solicita una reparación colectiva.

7.2.En lo referente al proceso en el Tribunal Federal, el Estado Parte arguye que es muy significativo que las Primeras Naciones soliciten una reparación por incumplimiento de la obligación fiduciaria dimanante de la cesión de sus derechos aborígenes, en particular de los derechos de caza y pesca. Aunque actualmente solicitan una indemnización, anteriormente reclamaban una solución consistente en el restablecimiento de los derechos y, por propia iniciativa, modificaron sus pretensiones para omitir ese aspecto. El Estado Parte señala que estaría dispuesto a buscar una solución consistente en restablecer los derechos de caza y pesca en la jurisdicción provincial apropiada. Efectivamente, las Primeras Naciones han entablado una acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario.

7.3.El Estado Parte señala que el fallo del Tribunal Supremo en el caso del autor se limitó esencialmente a la cuestión práctica de si tenía derecho a pescar en la zona en la que se le sorprendió pescando, lo cual dio lugar a la acusación. En el fallo no se abordaron cuestiones relativas al incumplimiento de obligaciones fiduciarias ni las soluciones disponibles en caso de incumplimiento; por consiguiente, esas cuestiones siguen sin resolverse en los tribunales.

7.4.El 5 de septiembre de 2001, el autor volvió a responder sosteniendo que cumple todas las condiciones de admisibilidad: en particular, es víctima a los efectos del artículo 1 del Protocolo Facultativo, ya que el fallo del Tribunal Supremo le ha negado la posibilidad de practicar la pesca como miembro de una "minoría" en el sentido del artículo 27 del Pacto. Refiriéndose a casos anteriores sobre los que se ha pronunciado el Comité, afirma que no viene al caso que la reparación que solicita en virtud del Protocolo Facultativo pueda beneficiar a otras personas de su comunidad: él denuncia violaciones concretas de sus derechos en virtud del Pacto. Por último, ha agotado todos los recursos jurídicos de que dispone. Sostiene que sería injusto privarlo de su derecho a presentar al Comité una petición individual basada en el Pacto por el mero hecho de que la Primera Nación a la que pertenece, junto con otras Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams, esté solicitando otras reparaciones ante los tribunales canadienses con arreglo a la legislación nacional.

7.5.El autor afirma que, teniendo presente la actual legislación canadiense, los tribunales no pueden restablecer los derechos aborígenes anulados. Todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo del Canadá, están obligados solamente por el reconocimiento constitucional de 1982 de los derechos aborígenes "existentes". Sostiene que carece de importancia que el Tribunal Supremo no abordara en su caso la cuestión del incumplimiento de la obligación fiduciaria; aunque lo hubiera hecho, el resultado habría sido el mismo. De igual forma, en lo referente a una actuación ulterior relativa a la denuncia de los Acuerdos de conservación de los recursos comunitarios de caza y pesca, los tribunales estarían vinculados por el fallo del Tribunal Supremo según el cual no existe ningún derecho aborigen en el caso del autor.

7.6.El 15 de enero de 2003, el Estado Parte presentó otras exposiciones en las que ponía en duda que la legislación actual hiciera imposible el restablecimiento de los derechos anulados. Al referirse al fallo del Tribunal Supremo citado a este respecto, el Estado Parte señala que el Tribunal no se pronunció sobre cuáles serían, en su caso, las obligaciones fiduciarias de la Corona frente a la Primera Nación en el proceso de cesión/anulación de los derechos de la Primera Nación, ni sobre si había habido un incumplimiento de alguna obligación, como tampoco sobre cuáles eran, de ser así, los recursos disponibles. Pero estas son precisamente las cuestiones que se plantean, tanto en los procesos pendientes en el Tribunal Federal entablados por las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams como en las acciones incoadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario.

7.7.El Estado Parte afirma, además, que el Gobierno federal no se ha negado a negociar con las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams los derechos de caza, incluida la caza con trampas, pesca, y recolección. El Gobierno federal considera sin embargo que el restablecimiento de esos derechos exigiría la participación del Gobierno del Estado de Ontario, ya que sólo Ontario posee jurisdicción constitucional sobre las tierras de la Corona en la provincia y sobre el derecho a la caza, la pesca y la recolección en ellas. El Gobierno de Ontario está examinando las reivindicaciones de las Primeras Naciones y todavía no se ha pronunciado sobre si procede aceptar la petición de negociar.

Decisión del Comité sobre la admisibilidad

8.1.En su 77º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación.

8.2.En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3.En cuanto al argumento del Estado Parte de que el autor actúa en nombre de terceros, el Comité observó que el autor afirmaba que, a causa del fallo del Tribunal Supremo en el que se confirma la sentencia condenatoria por pesca ilegal, era personalmente víctima, en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo, de una violación de los derechos que le otorga el Pacto. En cuanto a la posición de los terceros, el Comité recordó su jurisprudencia, según la cual nada impide en principio que un grupo de personas que se declaran igualmente afectadas presenten colectivamente una comunicación sobre la presunta violación de sus derechos. Ahora bien, en la medida en que podría considerarse en este caso que la comunicación se ha presentado en nombre de otras personas o grupo de personas, el Comité observó que el autor no había presentado la autorización de esas personas ni otro argumento que probara que podía representar a otras personas ante el Comité sin su autorización. Por consiguiente, el Comité consideró que la comunicación era inadmisible con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo, en la medida en que podría entenderse que había sido presentada en nombre de otras personas y no del propio autor.

8.4.En lo referente a los argumentos del Estado Parte de que las negociaciones en curso podrían ser un recurso efectivo, el Comité hizo referencia a su jurisprudencia según la cual los recursos que deben agotarse a los efectos del Protocolo Facultativo son principalmente los recursos judiciales. En general, no puede considerarse que las negociaciones entabladas sobre la base, entre otras cosas, de consideraciones extrajudiciales, como factores de carácter político, sean de naturaleza análoga a esos recursos. Aun cuando esas negociaciones se consideraran un recurso adicional efectivo que debiera agotarse en determinadas circunstancias, el Comité recordó, en relación con el artículo 50 del Pacto, que el Estado Parte es responsable, a los efectos del Pacto, de los actos de las autoridades tanto provinciales como federales. Dado que hasta la fecha las autoridades provinciales no han decidido si aceptan la petición de las Primeras Naciones de que se abran negociaciones, el Comité consideraría en cualquier caso que este recurso se ha prolongado injustificadamente. Por consiguiente, teniendo en cuenta el estado de las negociaciones, el Comité no estimó por ningún concepto que, en virtud del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, quedara excluida su competencia para examinar la comunicación.

8.5.Lo mismo se aplica al argumento de que existen demandas pendientes ante el Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Aparte de que esas demandas han sido interpuestas por las Primeras Naciones, y no por el autor, y de que su resultado no habría influido en absoluto en la sentencia dictada contra el autor en 1985 por pesca ilegal, el Comité consideró que, en la medida en que el autor pudiera beneficiarse individualmente de ese recurso, su tramitación se había prolongado injustificadamente por lo que a él respecta. Así pues, el Comité estaba convencido de que el autor, al llevar su caso ante el Tribunal Supremo, agotó los recursos internos respecto de los derechos aborígenes de pesca que reclama y que son parte integrante de su cultura.

8.6.Por lo tanto, el 1º de abril de 2003 el Comité decidió que la comunicación era admisible en la medida en que el autor estaba privado, bajo sanción penal, de la posibilidad de ejercer individualmente y junto con otros miembros de su comunidad aborigen sus derechos de pesca aborígenes que son parte integrante de su cultura.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

Exposición del Estado Parte en cuanto al fondo

9.1.En exposición de fecha 23 de marzo de 2004, el Estado Parte presenta sus comentarios sobre el fondo de la comunicación. El Estado Parte refuta las alegaciones del autor de que en su caso se han violado el párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 27 del Pacto y dice que el autor puede disfrutar, individualmente y junto con otros miembros de la Primera Nación Hiawatha, de los elementos de su cultura relacionados con la pesca.

9.2.El Estado Parte recuerda que en el Tratado Williams de 1923 la Primera Nación a la que pertenece el autor acordó ceder sus derechos aborígenes de pesca, a excepción de un derecho previsto en el Tratado a pescar en las reservas establecidas para ellos. El Tribunal de Ontario ha determinado que el derecho de pesca previsto en el Tratado abarca las aguas adyacentes a las reservas, y el Gobierno ha interpretado que esa extensión es de 100 yardas medidas desde las orillas en que termina la reserva. En esas aguas, los miembros de la Primera Nación Hiawatha no están sujetos a las restricciones de pesca habituales de Ontario, como las temporadas de veda y los límites de capturas, y tienen derecho a pescar durante todo el año con fines alimentarios, ceremoniales y sociales. En este contexto, el Estado Parte señala que ni el autor ni la Primera Nación Hiawatha dependen de la pesca para su subsistencia. Se dice que la principal fuente de ingresos de los miembros de la Primera Nación Hiawatha (de los que 184 viven en la reserva y 232 fuera de ella) es el turismo y que la pesca deportiva es una importante atracción turística de la región. Se considera que la pesca del lago Rice, a cuyas orillas vive la Primera Nación Hiawatha, es una de las más abundantes de la región.

9.3.El Estado Parte también afirma que, además, el autor puede obtener una licencia de pesca deportiva que le permita pescar de mayo a noviembre en los lagos y ríos de la región de los lagos Kawartha, situada en los alrededores de la reserva de la Primera Nación Hiawatha. Las pocas restricciones impuestas a la pesca se centran en determinadas especies y su finalidad es garantizar que se tenga debidamente en cuenta la vulnerabilidad particular de cada especie y que todas las personas que explotan ese recurso, incluidos el autor y otros miembros de la Primera Nación Hiawatha, resulten beneficiadas. Las restricciones se refieren al tipo de especies que se pueden pescar, la época en que se puede pescar cada especie y la cantidad que se puede pescar. En las aguas que bordean la reserva Hiawatha la pesca está vedada del 16 de noviembre hasta finales de abril con fines de conservación, pero el autor puede pescar la mayoría de las especies de enero a marzo y de mayo a diciembre en otros lagos y ríos más lejanos.

9.4.Por lo tanto, el Estado Parte aduce que, dado que el autor puede pescar durante todo el año, compartir las capturas con su familia y enseñar a pescar a sus hijos y nietos, no se le ha negado su derecho a disfrutar de los derechos de pesca pertenecientes a su cultura. El Estado Parte dice que la afirmación del autor de que en la temporada en que se le permite pescar no hay pesca suficiente no concuerda con el hecho de que puede pescar en el río Otanabee, colindante con la reserva de la Primera Nación Hiawatha y a poca distancia corriente abajo del lugar en que estaba pescando el 18 de enero de 1985, ni concuerda tampoco con estudios de poblaciones de peces y con las declaraciones publicas efectuadas por la Primera Nación Hiawatha para atraer el turismo. El autor también puede pescar legalmente en la temporada de invierno, cuando la pesca está vedada en las aguas próximas a la reserva Hiawatha.

9.5.Por lo que respecta al argumento del autor de que la decisión del Tribunal Supremo en su caso es incompatible con las obligaciones del Estado Parte en virtud del artículo 27 del Pacto, el Estado Parte recuerda las cuestiones y los argumentos presentados a los tribunales y las decisiones de éstos. El autor fue acusado de pescar ilegalmente durante un período de veda porque había capturado algunos lucios en el río Otanabee, cerca, pero fuera, de la reserva de la Primera Nación Hiawatha. En el juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Ontario, el autor se declaró inocente y alegó que, en tanto que miembro de la Primera Nación Hiawatha, tenía derecho a pescar, que ese derecho no fue anulado por el Tratado Williams de 1923 y que ése no debería ser abolido por el Reglamento de Pesca. El juez, al que se le proporcionaron cientos de páginas de pruebas documentales, llegó a la conclusión de que las tierras en las que supuestamente se cometió el delito fueron de hecho cedidas por el Tratado de 1923, y que esa cesión incluía cualquier derecho especial en relación con la pesca. En relación con el recurso interpuesto ante el Tribunal de Distrito de Ontario, el juez dictaminó que no podía llegar a la conclusión de que se engañara a los indios en la época del Tratado de 1923, y que el artículo 35 de la Constitución de 1982, que reconoció y confirmó la existencia de los derechos aborígenes derivados de los tratados que le asisten a los pueblos aborígenes del Canadá, no creó nuevos derechos ni restableció los que se habían cedido. La cuestión fundamental que se examinó en el Tribunal de Apelación de Ontario fue determinar si en el Tratado Williams de 1923 se habían cedido los derechos de los miembros de la Primera Nación Hiawatha a pescar en el río Otanabee. El autor mantuvo que el Tratado no debería interpretarse en el sentido de que anulaba los derechos, porque, si no, habría que pensar que la Banda del lago Rice (como se llamaba en la época a la Primera Nación Hiawatha) no tenía suficiente conocimiento y comprensión de los términos del Tratado para obligarse por él. El Tribunal determinó que el texto del Tratado de 1923 mostraba claramente y sin ambigüedad que la Banda cedía sus derechos de pesca en Ontario cuando firmó ese Tratado, y concluyó que la Corona había cumplido su responsabilidad de determinar si los representantes de la Banda conocían y comprendían el Tratado y sus condiciones. En recurso al Tribunal Supremo, la cuestión fundamental que se examinó fue la de determinar si los firmantes del Tratado Williams de 1923 habían cedido sus derechos de pesca derivados de los tratados. Tras examinar detenidamente la evaluación de las pruebas por instancias inferiores, el Tribunal Supremo refrendó sus conclusiones y determinó que el contexto histórico no proporcionaba ninguna base para llegar a la conclusión de que los términos del Tratado de 1923 fueran ambiguos o que no habían sido entendidos por los firmantes hiawatha. En este contexto, el Tribunal señaló que los hiawatha que firmaron el tratado eran empresarios, y uno de ellos funcionario público, y que todos ellos eran personas instruidas y participaban activamente en la economía y la sociedad de su provincia.

9.6.El Estado Parte aduce que el intento del autor de cuestionar las conclusiones de hecho de los tribunales contradice el principio del Comité de que corresponde a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto. El Estado Parte se refiere también a la afirmación del autor de que la decisión del Tribunal Supremo en su caso cambió radicalmente la idea que los miembros de la Primera Nación Hiawatha tenían desde hace mucho tiempo de que después de 1923 mantenían su derecho aborigen a pescar y que no estaban sujetos al Reglamento de Pesca de Ontario. Según el Estado Parte, durante las audiencias del tribunal no se aportó ninguna prueba que justificara esa afirmación sino que, de hecho, las pruebas presentadas indicaban lo contrario.

9.7.Por último, el Estado Parte sostiene que el artículo 27 debe permitir que una minoría decida acordar una limitación de sus derechos a mantener sus medios de subsistencia tradicionales en un territorio determinado a cambio de otros derechos y beneficios. Eso fue lo que hizo la Primera Nación Hiawatha en 1923 y, a juicio del Estado Parte, el artículo 27 no permite 80 años más tarde que el autor anule esa decisión de su comunidad. El Estado Parte señala que durante los procedimientos judiciales el autor no expuso ningún argumento relativo a las obligaciones internacionales del Canadá, en particular las dimanantes del artículo 27 del Pacto.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte

10.1. El 30 de agosto de 2004, el autor presenta sus comentarios sobre la exposición del Estado Parte y reitera que los Tratados Williams son los únicos tratados del Canadá que no protegen los derechos aborígenes a la caza, incluso mediante trampas, la pesca y la recolección, sino que más bien se considera que han anulado expresamente esos derechos. Por consiguiente, el autor alega que no disfruta de la misma situación especial jurídica y constitucional que los miembros de los otros pueblos aborígenes del Canadá que disfrutan de derechos aborígenes o adquiridos por tratados. El autor considera que la compensación económica por la cesión de esos derechos no sustituye a las medidas necesarias de protección de la cultura de las minorías en el sentido del artículo 27 del Pacto.

10.2. El autor mantiene que, en tanto que miembro de un grupo minoritario, tiene derecho a la protección de las actividades económicas que constituyan un elemento esencial de su cultura. El ejercicio de los derechos culturales por miembros de comunidades indígenas está estrechamente relacionado con el territorio y la utilización de sus recursos. El autor señala que el Estado Parte no niega que la pesca sea un elemento fundamental de la cultura de la minoría a la que pertenece, sino que se centra en su afirmación de que el autor puede ejercer ese derecho de pesca. Sin embargo, el autor afirma que el Estado Parte no determina si el derecho cultural de pesca que él puede ejercer es un derecho distinto que se suma a cualquier privilegio legal de pesca del que puedan disfrutar todas las personas, indígenas y no indígenas, mediante el pago de una licencia al Gobierno.

10.3. El autor cuestiona también que el Estado Parte se centre únicamente en la pesca y dice que esa interpretación se basa en una lectura excesivamente limitada de la decisión del Comité sobre la admisibilidad. Según el autor, su comunicación incluye también sus derechos a la caza, incluso mediante trampas, y a la recolección, dado que esos derechos también son partes integrantes de su cultura cuyo ejercicio le es denegado.

10.4. El autor subraya que la base de su comunicación es la importancia cultural y social del derecho a la pesca, la caza, incluso mediante trampas, y la recolección, y no su aspecto económico. El hecho de que los miembros de la Primera Nación Hiawatha participen en la economía general del Canadá no puede ni debe reducir la importancia de sus tradiciones culturales y sociales y sus formas de vida.

10.5. Refiriéndose al tamaño de la reserva de la Primera Nación Hiawatha (790,4 ha) y a la reserva que comparte con otras dos Primeras Naciones (varias islas), el autor dice que no es razonable afirmar que puede ejercer de manera significativa junto con los miembros de su comunidad sus derechos inherentes a la pesca y la caza en los límites de las reservas y en las aguas adyacentes. Esos derechos carecen de sentido si no hay tierra suficiente donde ejercerlos. En este contexto, el autor reitera que, excepto las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams, todas las otras Primeras Naciones del Canadá que han concluido tratados con la Corona han visto reconocidos sus derechos de caza, pesca y recolección en todos sus territorios tradicionales, mucho más allá de los límites de sus reservas.

10.6. Por lo que se refiere al argumento del Estado Parte de que el autor puede pescar mediante una licencia de pesca deportiva, éste dice que en su caso la pesca no es un deporte. A su juicio, la reglamentación en materia de pesca deportiva está concebida para fomentar ese tipo de pesca e indica claramente que toda actividad pesquera se practica como un privilegio y no como un derecho. La norma general es la prohibición de esas actividades, excepto en los casos previstos en la reglamentación y con sujeción a un régimen de licencias. La reglamentación establece excepciones a la norma general para los titulares de licencias emitidas de conformidad con el reglamento relativo a las licencias de pesca comunal aborigen, pero el autor afirma que se le ha denegado este beneficio a raíz de la decisión del Tribunal de que el Tratado Williams había anulado sus derechos aborígenes.

10.7. El autor observa que, al equiparar sus actividades pesqueras con las de quienes practican la pesca deportiva, el Estado Parte considera que su acceso a la pesca es un privilegio y no un derecho. Por lo tanto, no se concede prioridad a sus actividades pesqueras respecto de las de esos otros pescadores y esas actividades pueden ser unilateralmente restringidas por el Estado sin ninguna obligación de consultar al autor o a los dirigentes de su Primera Nación. Según el autor, ese trato es contrario al que se concede a otros aborígenes del Canadá, en cuyo caso la Ley constitucional de 1982 prevé que los derechos aborígenes y los derechos adquiridos por tratados tienen prioridad sobre todos los otros usos que no obedezcan a fines de conservación.

10.8. El autor sostiene que el Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas positivas para proteger sus derechos de pesca y caza, y que permitirle pescar en el marco de la reglamentación de pesca deportiva no es una medida positiva de protección, en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto.

10.9. El autor alega, además, que se le prohíbe pescar en el territorio tradicional de la Primera Nación Hiawatha desde el 16 de noviembre hasta finales de abril de cada año. A su juicio, el argumento del Estado Parte de que puede pescar en lagos y ríos más alejados de la reserva Hiawatha no tiene en cuenta el concepto de territorio aborigen, ya que esos lagos no se encuentran en el territorio tradicional de la Primera Nación Hiawatha. Alega también que la reglamentación concede prioridad a la pesca con caña y restringe los métodos tradicionales de pesca (red de agallas, arpones, trampas con peces como cebo, red de playa, cedazos, etc.). La consecuencia es que muchas de las especies que tradicionalmente capturan los mississauga no pueden ser pescadas con redes y trampas tradicionales. El autor también señala que no puede practicar la pesca en el hielo en las zonas de pesca tradicionales de su Primera Nación. Hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo (R. c. Sparrow, 1990) en la que el tribunal dictaminó que prohibir a los pueblos aborígenes el ejercicio de sus derechos aborígenes con métodos tradicionales constituye una violación de esos derechos, ya que es imposible distinguir claramente entre el derecho a pescar y el método de pesca. Por último, el autor sostiene que el límite de capturas impuesto por el Reglamento de Pesca le obliga de hecho a pescar únicamente para su consumo personal.

10.10. Por las razones citadas, el autor sostiene que se han violado los derechos que le asisten en virtud del artículo 27 y del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto y pide al Comité que inste al Estado Parte a adoptar medidas efectivas para aplicar las disposiciones necesarias a fin de reconocer y garantizar mediante un tratado el ejercicio de los derechos constitucionalmente protegidos a la caza, incluso con trampas, la pesca y la recolección.

Exposiciones ulteriores de las partes

11.1. En su exposición de 15 de diciembre de 2004, el Estado Parte se refiere a la afirmación del autor según la cual la decisión del Comité sobre la admisibilidad abarca los derechos de caza, incluso mediante trampas, y de recolección. El Estado Parte sostiene que el texto de la decisión sobre la admisibilidad es claro y que la cuestión planteada ante el Comité se refiere únicamente a los "derechos de pesca que son parte integral" de la cultura del autor. Si el autor no está de acuerdo con esta limitación, puede solicitar al Comité que revise su decisión, en cuyo caso el Estado Parte se reserva el derecho de hacer exposiciones ulteriores sobre esta cuestión.

11.2. El Estado Parte también sostiene que el Tratado Williams de 1923 se negoció a petición de las propias Primeras Naciones que deseaban que se reconocieran los derechos que revindicaban en los territorios de caza tradicionales de Ontario situados al norte del paralelo 45. Después de estudiar las reivindicaciones, se concertaron estos tratados en virtud de los cuales las Primeras Naciones renunciaron a sus derechos sobre los territorios en Ontario a cambio de una compensación. La Banda del lago Rice conocía el proceso de elaboración de los tratados y, como tuvo en cuenta el Tribunal de Apelación en el caso del autor, las actas de la reunión del Consejo de la Banda indican que el proyecto de tratado fue leído, interpretado y explicado antes de ser aprobado por unanimidad.

11.3. Con respecto a las alegaciones del autor acerca de las restricciones sobre las especies que puede pescar y sobre los métodos que puede utilizar, el Estado Parte sostiene que estas alegaciones con arreglo al artículo 27 debían haberse planteado antes. El Estado Parte señala a este respecto que la comunicación inicial del autor se centró en las restricciones estacionales de sus posibilidades de pescar y planteó otros argumentos relativos a sus posibilidades de transmitir sus conocimientos a sus hijos, participar en su comunidad y practicar la pesca de subsistencia. El autor no formuló alegaciones con respecto a la imposición de limitaciones que le impidiesen pescar especies cuya captura forma parte de la tradición o utilizar métodos tradicionales y, por consiguiente, al Estado Parte no se le pidió que hiciese exposiciones con respecto a la admisibilidad y el fondo de alegaciones relativas a esas cuestiones. El Estado Parte señala también que las pruebas presentadas por el autor con respecto a estas alegaciones son muy generales y no se refieren concretamente a la Primera Nación Hiawatha, y pone en tela de juicio su fiabilidad. Por estas razones, el Estado Parte pide al Comité que no examine estas alegaciones.

11.4. Con respecto a la afirmación del autor de que el Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas positivas para proteger sus derechos de pesca y que no lo ha hecho, el Estado Parte señala que el autor disfruta del derecho, adquirido en virtud de un tratado y protegido por la Constitución, de pescar dentro de la reserva de su Nación y en las aguas adyacentes. Los derechos de pesca del autor adquiridos en virtud de los tratados también se protegen en la reserva que la Primera Nación a la que pertenece el autor comparte con los mississauga del lago Curve y de la isla Scugog (reserva del Trent Nº 36A). El Estado Parte señala que la reserva compartida está formada por más de 100 islas distribuidas en 12 lagos y ríos en la región de las Kawarthas y que las aguas adyacentes a estas islas proporcionan considerables oportunidades de pesca para el autor y los miembros de la Primera Nación Hiawatha. En estas aguas el autor puede pescar en cualquier época del año utilizando las técnicas tradicionales de su comunidad. El Estado Parte sostiene que la protección constitucional mencionada constituye una medida positiva.

11.5. El Estado Parte explica asimismo que, en virtud de los principales tratados del Canadá sobre cesión de tierras, incluidos los Tratados Williams, se redefinieron y reformularon los anteriores derechos aborígenes de caza y pesca. Los términos varían según la finalidad de cada tratado y la situación de las Partes. El Estado Parte sostiene que en los tratados relativos a zonas alejadas con población dispersa y escaso desarrollo urbano se protege la práctica de la pesca y la caza de animales silvestres para la subsistencia en una medida apropiada a ese contexto. Ahora bien, los Tratados Williams se referían a tierras situadas muy cerca de centros urbanos y no se concibieron con objeto de proteger esos derechos para garantizar la subsistencia.

11.6. Con respecto a la argumentación del autor en el sentido de que la concesión de una licencia de pesca deportiva representa un mero privilegio y no el reconocimiento de un derecho, el Estado Parte observa que en el artículo 27 no se establece que la práctica de una actividad cultural deba ser protegida como un derecho. El Estado Parte considera que la concesión de una licencia no constituye de por sí una violación del artículo 27. También explica que el titular de una licencia de pesca recreativa en Ontario puede adoptar la decisión de pescar no con fines recreativos sino con fines alimentarios, sociales, educativos o ceremoniales.

11.7. El Estado Parte impugna la alegación del autor de que la limitación de las capturas que establece el reglamento únicamente le permite pescar para su consumo personal. El Estado Parte explica que no existen límites para el número de peces que el autor puede pescar en las aguas de las reservas y en las aguas adyacentes y que durante el período sin restricciones puede pescar en las aguas situadas fuera de esa zona una cantidad ilimitada de percas canadienses y pececillos, y que cada día puede pescar 6 abadejos, 6 lubinas, 6 lucios, 5 truchas o salmones, 1 masquinangy y 25 coregonos blancos. Por consiguiente, el Estado Parte concluye que carece de fundamento afirmar que el autor sólo puede pescar para su consumo personal. También señala que el autor no ha presentado prueba alguna con respecto a las necesidades de su familia ampliada y a las causas de que no sea posible satisfacerlas.

11.8. El Estado Parte también impugna la afirmación del autor según la cual entre el 16 de noviembre y finales de abril de cada año se le prohíbe pescar en el territorio tradicional de la Primera Nación Hiawatha y reitera que el autor puede pescar todo el año en las aguas del lago Rice y en el río Otanabee adyacente a la reserva de la Primera Nación Hiawatha, así como en las aguas adyacentes a las islas situadas en la reserva de las aguas del Trent. Con una licencia de pesca recreativa también puede pescar en el lago Scugog en enero y febrero, así como en los lagos y ríos de los sectores de pesca vecinos. A este respecto, el Estado Parte señala que el autor no ha presentado pruebas que respalden su afirmación de que estas aguas están situadas fuera del territorio y las zonas de pesca tradicionales de la Nación Hiawatha. Según el Estado Parte, las pruebas indican, por el contrario, que las siete Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams comparten su territorio tradicional.

11.9. Por último, el Estado Parte reitera que las peticiones del autor relativas a la formulación de conclusiones y la determinación de recursos que se refieran a otras personas no están abarcadas en la decisión sobre la admisibilidad del presente caso. El Estado Parte recuerda que la Primera Nación Hiawatha y las otras Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams están en nombre de sus miembros en pleno litigio con la Corona ya que han interpuesto un recurso judicial por una supuesta violación de las obligaciones fiduciarias de la Corona con respecto a la cesión de algunos derechos de caza y pesca, incluso mediante trampas, en el marco de los Tratados Williams. Por consiguiente, no sería apropiado que el autor solicitase en nombre de las Primeras Naciones que se formularan conclusiones y determinaran recursos teniendo en cuenta que de hecho éstas no han recurrido al Comité y que esas conclusiones se adelantarían a los resultados de los procedimientos nacionales incoados por las Primeras Naciones que son Partes en los Tratados Williams. En caso de que, en contra de lo que sostiene el Estado Parte, el Comité concluyera que se han violado los derechos que le asisten al autor con arreglo al artículo 27 en lo que se refiere a la pesca, el Estado Parte cuenta con mecanismos legislativos y reglamentarios que permitirían ampliar las oportunidades de pesca para el autor y su comunidad.

11.10. En su respuesta a la exposición ulterior del Estado Parte, el autor, en una exposición de fecha 5 de abril de 2005, sostiene que pese a ser numerosas, las islas situadas en la reserva compartida de las aguas del Trent son muy pequeñas y que muchas de ellas no son más que montones de rocas peladas donde las posibilidades de pesca son insignificantes. Se afirma que el tamaño medio de las islas es de l,68 acres ó 0,68 ha.

11.11. El autor reitera además que la comparación con los tratados modernos es oportuna y permite comprobar que, a pesar del desarrollo urbano y económico y del hecho de que algunas personas aborígenes no dependen de actividades tradicionales para su subsistencia, todos los tratados, salvo los Tratados Williams, reconocen y protegen los derechos y la práctica de la caza y la pesca, incluso con trampas, en una parte razonable del territorio tradicional de las comunidades indígenas.

11.12. En respuesta a la afirmación del Estado Parte de que el autor no ha presentado pruebas de que el lago Scugog y otros lagos y ríos de los sectores de pesca vecinos están situados fuera de la zona de pesca de la Primera Nación Hiawatha, el autor hace referencia a un mapa en el que se indican los territorios de caza de la familia Mississauga con arreglo a la descripción de estos territorios que se efectuó durante la declaración prestada ante los comisionados de los Tratados Williams en 1923. Según el autor, el mapa muestra que el territorio de caza tradicional de la Nación Hiawatha estaba situado cerca del lago Rice y no abarcaba el lago Scugog.

11.13. El autor también se refiere a la declaración del Estado Parte en el sentido de que el Tratado Williams fue negociado correctamente con la Primera Nación del autor y sostiene que sólo hubo un día de audiencia en la comunidad sin que se permitiera la participación del asesor letrado de las comunidades. No se prestó atención al significado cultural y religioso de la pesca para los mississauga y se anularon casi todos los derechos tradicionales de pesca no comercial. En consecuencia, el autor reitera el argumento de que el Estado Parte no ha aplicado los Tratados Williams de una manera que garantice que el autor pueda disfrutar de su cultura.

11.14. En respuesta al argumento del Estado Parte de que el artículo 27 no establece que una actividad cultural deba ser protegida como un derecho, el autor sostiene que su situación es distinta de la del autor en el caso al que ha hecho referencia el Estado Parte. En ese caso, el Comité concluyó que la legislación que afectaba a los derechos del autor tenía una justificación razonable y objetiva y era necesaria para la viabilidad y el bienestar de la minoría en su conjunto. No puede decirse lo mismo de las disposiciones del Reglamento de Pesca aplicadas al autor en el presente caso.

11.15. El autor rechaza el argumento del Estado Parte de que habría formulado nuevas alegaciones al plantear la cuestión de los métodos de pesca, porque sería artificioso distinguir entre su derecho a pescar y la manera concreta en que ejerce ese derecho. Hace hincapié en que no se trata de una nueva alegación sino de la misma que había planteado con arreglo al artículo 27 antes de que el Comité adoptara su decisión sobre la admisibilidad.

11.16. El autor rechaza el argumento del Estado Parte de que estaría solicitando un recurso inapropiado. Declara que no hubo negociaciones sustantivas entre las Primeras Naciones y Ontario, sino sólo reuniones preparatorias. El autor sostiene asimismo que durante estas reuniones se acordó que el hecho de que se celebrasen esas conversaciones no debía interpretarse o presentarse como un reconocimiento de hecho, de derecho o de otra índole, de algo que pudiera menoscabar la posición de las partes en la presente comunicación, y afirma, por consiguiente, que el Estado Parte ha quebrantado dicho acuerdo. El autor reitera que el único recurso suficiente es la negociación de buena fe y oportuna de un acuerdo que asegure a largo plazo que el autor pueda disfrutar de su cultura y que los instrumentos más idóneos para lograr ese resultado en el ámbito de la legislación nacional canadiense son los derechos protegidos por tratados.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

12.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación tomando en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

12.2. En relación con el alcance de la decisión sobre la admisibilidad en el presente caso, el Comité observa que en el momento en que se adoptó dicha decisión el autor no había presentado elementos que sustanciaran su alegación relativa al derecho de caza, incluso mediante trampas, y de recolección o al agotamiento de los recursos internos pertinentes. El Comité observa asimismo que las alegaciones del autor relativas a la prohibición de la utilización de métodos de pesca tradicionales y a las limitaciones del volumen de las capturas se formularon con posterioridad a declararse admisible la comunicación. El Comité considera que nada habría impedido que el autor las formulara, en caso de haberlo deseado, oportunamente, es decir, en el momento de presentar su comunicación. Puesto que al Estado Parte no se le pidió que hiciese exposiciones sobre la admisibilidad de esos aspectos de la alegación del autor y los recursos internos que éste ha agotado sólo se refieren a su condena por pescar fuera de temporada, estos aspectos de la alegación del autor no están abarcados en la decisión del Comité sobre la admisibilidad y, por consiguiente, el Comité no examinará estas cuestiones.

12.3. Tanto el autor como el Estado Parte han hecho frecuentes referencias al Tratado Williams de 1923, concertado entre la Corona y la Primera Nación Hiawatha, los cuales, de acuerdo con los tribunales del Estado Parte, anularon los derechos de la Nación del autor a pescar fuera de sus reservas y sus aguas adyacentes. Sin embargo, no corresponde al Comité determinar este asunto.

12.4. El Comité observa que es indudable que el autor pertenece a una minoría que goza de la protección del artículo 27 del Pacto y que, por consiguiente, le asiste el derecho, junto con los demás miembros de su comunidad, de disfrutar de su propia cultura. Es indiscutible que la pesca es parte integrante de la cultura del autor.

12.5. La cuestión que el Comité tiene ante sí, determinada por su decisión sobre la admisibilidad, consiste, por lo tanto, en establecer si el Reglamento de Pesca de Ontario aplicado al autor por los tribunales lo ha privado, en violación del artículo 27 del Pacto, de la posibilidad de ejercer, en forma individual o junto con otros miembros del grupo al que pertenece, sus derechos de pesca tradicionales que son parte integrante de su cultura.

12.6. El Estado Parte ha expuesto que el autor tiene derecho a pescar durante todo el año en las reservas de su Nación y en zonas adyacentes, y que, mediante una licencia de pesca, también puede pescar en otras zonas de la región donde la pesca pueda practicarse durante los períodos en que está vedada en la zona que rodea a las reservas. El autor ha sostenido que en las reservas y en las zonas adyacentes no hay suficientes peces para que pueda ejercer ese derecho y que los otros lugares indicados por el Estado Parte no pertenecen a las zonas de pesca tradicionales de su Nación. Además, ha sostenido que la pesca con licencia representa un privilegio, mientras que él reivindica la pesca como un derecho propio.

12.7. Refiriéndose a su jurisprudencia anterior, el Comité considera que los Estados Partes en el Pacto pueden reglamentar actividades que constituyen un elemento esencial de la cultura de una minoría, siempre que esa reglamentación no represente una denegación de facto de este derecho. Por consiguiente, el Comité debe rechazar el argumento del autor de que el requisito de obtener una licencia de pesca representa de por sí una vulneración de los derechos que le asisten con arreglo al artículo 27.

12.8. El Comité observa que las pruebas y los argumentos presentados por el Estado Parte indican que el autor tiene la posibilidad de pescar, ya sea en las reservas y zonas adyacentes, en virtud de un derecho protegido por un tratado, ya fuera de las reservas, mediante la obtención de una licencia. La cuestión de si este derecho es suficiente para que el autor disfrute de este elemento de su cultura junto con los otros miembros de su comunidad depende de una serie de consideraciones fácticas.

12.9. El Comité observa que el Estado Parte y el autor han expresado opiniones diferentes acerca del posible volumen de pesca en las reservas y zonas adyacentes. El Estado Parte ha presentado datos estadísticos detallados para demostrar que en las aguas de las reservas y zonas adyacentes hay suficiente cantidad de peces para que el autor pueda ejercer su derecho a pescar, mientras que el autor ha afirmado que no es así. Las partes tampoco están de acuerdo acerca de la extensión de las zonas de pesca tradicionales de la Primera Nación Hiawatha.

12.10. A este respecto, el Comité señala que estas cuestiones de hecho no se han planteado ante los tribunales nacionales del Estado Parte. Recuerda que la evaluación de los hechos y de las pruebas incumbe fundamentalmente a los tribunales nacionales de un Estado Parte y que al no disponer de esa evaluación en el presente caso, el Comité tropieza con grandes dificultades para desempeñar su función.

12.11. El Comité considera que no está en condiciones de extraer conclusiones independientes sobre las circunstancias concretas en que el autor puede ejercer su derecho a pescar y sobre las consecuencias para su derecho a disfrutar de su propia cultura. Si bien comprende las preocupaciones del autor, en particular teniendo presente el tamaño relativamente pequeño de las reservas en cuestión y las limitaciones impuestas a la pesca fuera de las reservas, y sin perjuicio de las negociaciones que puedan celebrarse, o del procedimiento judicial que pueda promoverse, entre las Primeras Naciones de los Tratados Williams y el Gobierno, el Comité considera que la información que tiene ante sí no es suficiente para justificar la conclusión de que se trata de una violación del artículo 27 de Pacto.

13.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí no indican una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

C. Comunicación Nº 903/1999, Van Hulst c. los Países Bajos (Dictamen aprobado el 1º de noviembre de 2004, 82º período de sesiones)*

Presentada por:Antonius Cornelis Van Hulst (representado por el Sr. Taru Spronken, abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Países Bajos

Fecha de la comunicación:8 de abril de 1998 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de noviembre de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 903/1999, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de Antonius Cornelis Van Hulst con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.El autor de la comunicación es Antonius Cornelis Van Hulst, ciudadano neerlandés que denuncia ser víctima de violaciones de los artículos 14 y 17 del Pacto cometidas por los Países Bajos. Está representado por un abogado.

1.2.El 7 de septiembre de 1998, el Sr. A. T. M. M. presentó una comunicación similar, basada en los mismos hechos, en la que también afirmaba ser víctima de una violación del artículo 17 del Pacto cometida por los Países Bajos. El Sr. A. T. M. M. no siguió tramitando su denuncia y, pese a que se le envió un recordatorio, no informó al Comité si deseaba mantener su comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.Durante una investigación preliminar sobre el Sr. A. T. M. M., abogado del autor, se escucharon y grabaron conversaciones telefónicas entre A. T. M. M. y el autor. Sobre la base de la información obtenida por este medio, se abrió una investigación preliminar sobre el propio autor y se autorizó la intervención de su línea telefónica.

2.2.El 4 de septiembre de 1990, el Tribunal de Distrito de 's-Hertogenbosch declaró culpable al autor de participación en una organización delictiva, adquisición reiterada de bienes sin intención de pagar, fraude e intento de fraude, extorsión, falsificación y receptación, y lo condenó a una pena de seis años de prisión.

2.3.Durante el proceso penal el abogado del autor sostuvo que no debían admitirse los argumentos del fiscal porque la acusación contenía varios informes sobre conversaciones telefónicas entre el autor y su abogado, A. T. M. M., que no era lícito aceptar como pruebas. El abogado sostuvo que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 125h, del Código de Procedimiento Penal, considerado conjuntamente con el artículo 218 de dicho Código, las pruebas obtenidas por medios ilícitos debían desecharse.

2.4.Si bien el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo con el autor en que las conversaciones telefónicas entre él y A. T. M. M. no podían utilizarse como pruebas en la medida en que este último era el abogado del autor y no un sospechoso, desestimó la impugnación por el autor de los argumentos de la acusación y señaló que para demostrar la culpabilidad el fiscal no se había basado en las conversaciones telefónicas impugnadas. Si bien el Tribunal ordenó que se retiraran esas pruebas, admitió y utilizó como pruebas otras conversaciones telefónicas que habían sido escuchadas y grabadas en el contexto de la investigación preliminar sobre A. T. M. M. de conformidad con el artículo 125g del Código de Procedimiento Penal y que no se referían a la relación entre abogado y cliente que existía entre A. T. M. M. y el autor.

2.5.El abogado del autor interpuso un recurso de apelación en el que sostuvo que no se habían destruido todas las grabaciones de las conversaciones telefónicas grabadas que se debía destruir con arreglo al párrafo 2 del artículo 125h. Sin embargo, el 10 de abril de 1992 el Tribunal de Apelación de 's-Hertogenbosch desestimó este recurso y afirmó que la petición del autor de que se determinara si los informes en cuestión habían sido destruidos no era pertinente "porque su ausencia del sumario no permitiría determinar con certeza [si habían sido destruidos]". El Tribunal declaró culpable al autor de adquisición reiterada de bienes sin intención de pagar, falsificación y recurso a amenazas físicas, sin utilizar las grabaciones de las conversaciones telefónicas, y lo condenó a una pena de cinco años de prisión.

2.6.El abogado del autor acudió al Tribunal Supremo ante el cual declaró que el Tribunal de Apelación no había respondido a su alegación de que las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el autor y su abogado se habían obtenido por medios ilícitos y no habían sido destruidas posteriormente. El Tribunal Supremo desestimó este argumento y, por decisión de 30 de noviembre de 1993, anuló parcialmente, por diferentes razones, el fallo suprimiendo dos cargos, así como la sentencia, y remitió el asunto al Tribunal de Apelación de Arnhem.

2.7.El 24 de marzo de 1995, el Tribunal de Apelación de Arnhem absolvió al autor de un cargo y lo condenó a una pena de tres años de prisión por los otros cargos. En su recurso de casación contra este fallo, el autor sostuvo que aún no se había respondido a su alegación relativa a las conversaciones telefónicas grabadas. El 16 de abril de 1996, el Tribunal Supremo desestimó el recurso, sin fundamentar su decisión, en virtud del artículo 101a de la Ley del poder judicial.

2.8.El 22 de octubre de 1996, el autor presentó una denuncia ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando, entre otras cosas, una violación del artículo 6 del Convenio Europeo. Por decisión de 8 de diciembre de 1997, la Comisión declaró inadmisible el recurso aduciendo que "un tribunal de apelación no viola el artículo 6 del Convenio cuando, basándose en una disposición jurídica específica, rechaza una apelación que no tiene posibilidades de prosperar, sin dar otras razones de su decisión". Con respecto a las otras denuncias del autor, la Comisión consideró que "no contenían ninguna indicación de que se hubieran violado los derechos y libertades establecidos en el Convenio o en sus Protocolos".

La denuncia

3.1.El autor sostiene que el rechazo por el Tribunal Supremo, por mera referencia al artículo 101a de la Ley del poder judicial, de su alegación relativa a las conversaciones telefónicas grabadas, así como la admisión como prueba y el uso de informes sobre conversaciones telefónicas grabadas entre él y su abogado, constituyeron violaciones del derecho que le reconoce el artículo 14 del Pacto, y que la injerencia en el ejercicio de su derecho de comunicación confidencial con su abogado era ilegal y arbitraria y constituía una violación del artículo 17 del Pacto.

3.2.El autor señala que el hecho de que los tribunales no hayan expuesto las razones por las que se desestimó su alegación vació de contenido su derecho a recurrir el fallo condenatorio. En particular, el ejercicio por el Tribunal Supremo de su facultad discrecional, basada en el artículo 101a de la Ley del poder judicial, para limitarse a declarar que era posible que una petición no condujera a la casación del fallo original o que no hacía necesario responder a cuestiones de derecho en interés de la uniformidad o el desarrollo de la ley, lo privaba de una oportunidad para preparar los argumentos jurídicos de su denuncia ante el Comité o, en ese caso, ante la Comisión Europea de Derechos Humanos.

3.3.El autor sostiene que, con arreglo al artículo 121 de la Constitución neerlandesa, los fallos serán motivados y las excepciones a esta norma deben establecerse por ley y limitarse a un mínimo absoluto. En consecuencia, el artículo 101a, introducido en 1988 para reducir el volumen de trabajo y fortalecer la eficiencia del Tribunal Supremo, no puede justificar la denegación del derecho que asiste a un imputado de conocer las razones del rechazo de su recurso a fin de poder preparar adecuadamente su defensa.

3.4.El autor se refiere a la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con arreglo a la cual los tribunales nacionales deben exponer con suficiente claridad los motivos de sus decisiones a fin de que el acusado pueda ejercer efectivamente su derecho de apelación. Habida cuenta de las semejanzas existentes entre el artículo 6 del Convenio Europeo y el artículo 14 del Pacto, se sostiene que las excepciones limitativas de este principio, que pueden inferirse de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, también se aplican al artículo 14 del Pacto. En consecuencia, no es necesario que un tribunal exponga los motivos de una decisión: a) si un tribunal inferior ya ha pronunciado una sentencia motivada sobre el mismo asunto; b) si un fallo no puede apelarse; c) en relación con argumentos no esenciales; d) en el contexto de un régimen de autorización para apelar; y e) en relación con una decisión sobre admisibilidad.

3.5.El autor considera que las excepciones mencionadas supra no se aplican en su caso por las razones siguientes: a) ninguno de los tribunales que examinaron su caso respondieron, de una manera amplia y sustantiva, a su impugnación del uso de conversaciones telefónicas grabadas en el proceso penal;  b) si bien el fallo del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1996 no estaba sujeto a ulterior recurso de apelación en el ámbito nacional, debían haberse expuesto sus motivos para que el autor pudiera preparar una denuncia ante el Comité o ante la Comisión Europea de Derechos Humanos; c) su alegación no podía rechazarse aduciendo que no era esencial, porque se refería a violaciones de sus derechos a proteger su vida privada y a un juicio imparcial; y  d) la facultad discrecional del Tribunal Supremo para desestimar un recurso de casación sobre la base del artículo 101a de la Ley del poder judicial no puede compararse con un régimen de autorización para apelar, puesto que en esa disposición se atribuye al Tribunal la facultad de "no exponer fundamento alguno".

3.6.Con respecto a la reclamación que presentó con arreglo al artículo 17, el autor sostiene que, como cliente del Sr. A. T. M. M., debía haber gozado de protección judicial contra la posibilidad de que grabaran y registraran sus conversaciones telefónicas con su abogado, puesto que él no podía saber que éste era un sospechoso objeto de investigación penal. El derecho a consultar un abogado de su propia elección se ve socavado si la protección de la confidencialidad depende del hecho de que el abogado sea o no un presunto delincuente.

3.7.El autor sostiene que su derecho, reconocido por el artículo 17, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada incluye el derecho a comunicarse de modo confidencial con su abogado que sólo puede ser limitado a) con arreglo a la ley; b) con una finalidad legítima; y c) si la injerencia es proporcionada al objetivo perseguido.

3.8.El autor reconoce que la lucha contra la delincuencia es una finalidad legítima, pero impugna la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual, aunque en el párrafo 2 del artículo 125h del Código de Procedimiento Penal se establece que deben destruirse los informes sobre comunicaciones telefónicas grabadas en las que participe una persona que tenga derecho a negarse a declarar, ello no impide que se tome conocimiento del tipo de información al que se aplica el artículo 218 del Código, puesto que no puede saberse con antelación si en la conversación participa una persona obligada por ley a preservar la confidencialidad. El autor considera que, por el contrario, el párrafo 2 del artículo 125h debe interpretarse como una prohibición estricta de grabar comunicaciones telefónicas en las que participe un abogado o un sospechoso, "porque todas las conversaciones confidenciales deben ser destruidas inmediatamente". De no ser así, la intervención y la grabación de conversaciones permitiría obtener información que normalmente no podría obtenerse mediante las declaraciones de los testigos o los sospechosos. El autor añade que la grabación de las conversaciones telefónicas que mantuvo con su abogado constituyó una medida desproporcionada.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.En sus observaciones de fecha 23 de abril de 2003, el Estado Parte no impugna la admisibilidad de la comunicación, pero sostiene que ni la referencia del Tribunal Supremo al artículo 101a de la Ley del poder judicial ni la admisión como prueba de conversaciones telefónicas grabadas entre el autor y el Sr. A. T. M. M. constituyeron una violación del derecho del autor a un juicio imparcial reconocido por el artículo 14, y que la injerencia en su vida privada y su correspondencia no fue ilegal ni arbitraria.

4.2.Si bien reconoce que el derecho a un juicio imparcial requiere, en principio, que los tribunales expongan los motivos de sus fallos, el Estado Parte sostiene que el derecho a que se expongan los motivos de la decisión judicial no es absoluto, sino que depende de la naturaleza de la decisión, las características de cada caso y la etapa del proceso. La jurisprudencia del Tribunal Europeo, según la cual los tribunales de apelación pueden, en principio, limitarse a hacer suyos los motivos expuestos en la decisión del tribunal inferior, también debe aplicarse a fortiori a la exposición de los motivos por los tribunales supremos, los cuales, al igual que los tribunales constitucionales, suelen desestimar recursos de manera expeditiva.

4.3.El artículo 101a de la Ley del poder judicial se introdujo con objeto de mejorar la eficiencia del Tribunal Supremo en la tramitación de un volumen de trabajo cada vez más considerable. Esta disposición fue examinada por el Tribunal Europeo, que declaró manifiestamente infundadas las impugnaciones presentadas en su contra. Por consiguiente, no puede afirmarse que la mera existencia del artículo 101a constituya una violación del artículo 14 del Pacto.

4.4.El Estado Parte rechaza el argumento del autor de que la aplicación del artículo 101a redujo sus posibilidades de defenderse ante el Comité, aduciendo que las garantías del artículo 14 del Pacto se aplican únicamente a los recursos presentados en el ámbito nacional. Con respecto a la afirmación del autor de que su derecho a presentar una denuncia ante el Comité se vio cercenado por el hecho de que el Tribunal Supremo se limitó a referirse al artículo 101a, el Estado Parte sostiene que la decisión del Tribunal Supremo no afectó en modo alguno a los motivos expuestos por los tribunales en las etapas anteriores del proceso. Considera infundada la alegación del autor de que ningún órgano judicial aportó una respuesta sustantiva a su reclamación sobre la grabación de las conversaciones telefónicas con su abogado. Además, el Tribunal Supremo sólo hizo referencia al artículo 101a de la Ley del poder judicial después de haber anulado en parte el fallo del Tribunal de Apelación de 10 de abril de 1992 y tras haber remitido el caso al Tribunal de Apelación de Arnhem en su fallo de 30 de noviembre de 1993.

4.5.En cuanto a la admisión como pruebas de determinadas grabaciones de conversaciones telefónicas entre el autor y el Sr. A. T. M. M., el Estado Parte señala que, en general, corresponde a los tribunales nacionales y no al Comité evaluar las pruebas que tienen ante sí, a no ser que existan indicios claros de una violación del artículo 14. Para el Estado Parte, el proceso en su conjunto debe considerarse imparcial porque: a) el Tribunal de Distrito sólo admitió las grabaciones de las conversaciones entre el autor y su abogado en la medida en que guardaban relación con la participación de éste en la comisión de un delito penal y aclaró que ni el fiscal ni el propio Tribunal habían basado sus conclusiones en conversaciones entre el abogado y su cliente protegidas por la ley; b) no se realizaron ni se incorporaron al sumario transcripciones de las grabaciones, las cuales sólo se mencionaron en el juicio, de conformidad con el fallo del Tribunal Europeo en Kruslin c. Francia, en el que el Tribunal destacó la necesidad de comunicar ese tipo de grabaciones en su totalidad para que pudieran ser examinadas por el juez y la defensa; c) la veracidad de las pruebas nunca fue puesta en entredicho por el autor, quien se limitó a afirmar que se debería haber eliminado la información; y d) en el sumario se indica que el fallo por el que se declaró culpable al autor no se basó en conversaciones intervenidas en las que el Sr. A. T. M. M. hubiera participado en calidad de abogado y no de presunto delincuente.

4.6.En cuanto a la reclamación del autor relacionada con el artículo 17, el Estado Parte reconoce que los conceptos de "vida privada" y "correspondencia" pueden abarcar las llamadas telefónicas realizadas o recibidas en un bufete de abogados y que la escucha de las llamadas telefónicas del autor constituyó una "injerencia" en el sentido de esa disposición. Remitiéndose a la Observación general Nº 16 del Comité, el Estado Parte niega que esa injerencia fuera ilegal o arbitraria en el sentido del artículo 17, que sólo prohíbe toda injerencia no prevista por la ley ("ilegal"), que a su vez debe conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto, o no razonable en las circunstancias particulares del caso ("arbitraria").

4.7.El Estado Parte sostiene que las disposiciones entonces aplicables, a saber, los apartados f) a h) del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, no prohibían la intervención de conversaciones telefónicas con personas sujetas por ley al secreto profesional. Cuando se promulgaron esas disposiciones en 1971, el legislador no indicó que no fueran aplicables a las personas sujetas por ley al secreto profesional en el sentido del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. Es más, la ley aplicable, en la que figuraba un conjunto detallado de directrices para examinar las conversaciones telefónicas, era lo suficientemente precisa para autorizar la injerencia en el derecho a proteger la vida privada y establecía salvaguardias procesales contra el abuso de poder, como el requisito de la autorización judicial para intervenir un teléfono y la obligación de preparar registros oficiales sobre toda conversación intervenida y destruirlos en determinados casos.

4.8.El Estado Parte sostiene que la injerencia en el derecho del autor a la protección de su vida privada tenía un fin legítimo (la lucha contra la delincuencia) y fue proporcionada, ya que el Tribunal de Distrito veló por que las conversaciones intervenidas en las que el Sr. A. T. M. M. participaba en calidad de abogado del autor y no de presunto delincuente no se tuvieran en cuenta en el proceso penal entablado contra el autor. En cuanto a las conversaciones que se intervinieron porque A. T. M. M. era un presunto delincuente, las cuales, por lo tanto, no entrañaban la comunicación profesional entre un abogado y su cliente, el Estado Parte sostiene que es poco razonable suponer que no cabía imponer pena alguna al autor y a A. T. M. M. por el mero hecho de que éste fuera además abogado.

4.9.Por último, el Estado Parte sostiene que el perjuicio causado al autor por la intervención de su conversación con A. T. M. M. es básicamente una cuestión entre particulares, ya que el autor podría haber abierto una causa civil contra A. T. M. M., quien, además, podría ser considerado responsable en actuaciones disciplinarias.

Comentarios del autor

5.1.En sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte, de fecha 15 de julio de 2003, el autor reitera sus alegaciones y desarrolla su argumentación sobre la presunta violación del artículo 17. Señala que, en la práctica, la consecuencia de los fallos de los tribunales neerlandeses es que, siempre que se considere que un abogado es sospechoso de un delito y, por esa razón, se intervenga su línea telefónica, sus clientes perderán el derecho a exigir que se respete el carácter confidencial de la relación entre abogado y cliente o la garantía de que las grabaciones de esas conversaciones se eliminen inmediatamente.

5.2.El autor argumenta que el Estado Parte no hizo distinción entre las conversaciones de un abogado y su cliente, por un lado, y las mantenidas entre dos presuntos delincuentes, cuando intervino las conversaciones telefónicas del autor con A. T. M. M. sobre una cuestión totalmente diferente de aquella por la que se consideraba a su abogado sospechoso de un delito, alertando así a la policía de la posibilidad de un nuevo delito, o cuando intervino ulteriormente la línea telefónica del autor, alertando una vez más a la policía sobre otro posible delito, que tampoco era aquel por el cual se había intervenido el teléfono y cuya autoría se atribuía igualmente a su abogado. La base de la denuncia del autor es que empezó a sospecharse de él como consecuencia de la intervención de conversaciones telefónicas confidenciales cuyas grabaciones deberían haber sido destruidas inmediatamente y no incluidas en el sumario como pruebas de cargo.

5.3.El autor concluye que la libertad de las autoridades de utilizar información confidencial obtenida mediante la intervención de conversaciones telefónicas para incoar investigaciones sobre posibles delitos que haya podido cometer el cliente de un abogado cuyo teléfono esté intervenido por ser considerado sospechoso de un delito constituye una injerencia desproporcionada con arreglo al artículo 17 del Pacto, que no se puede justificar sobre la base del fin perseguido. Cualquier otra interpretación convertiría en ilusorio el derecho de toda persona a la confidencialidad en las comunicaciones telefónicas con su abogado.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité ha comprobado, en cumplimiento de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional y que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.

6.3.En la medida en que el autor alega que la mera referencia al artículo 101a de la Ley del poder judicial que figura en el fallo del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1996 le impidió preparar los argumentos adecuados para apoyar la presente comunicación, el Comité observa que las garantías que figuran en el apartado b) del párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 14, que son aplicables a los procesos penales internos, no se hacen extensivas al examen de denuncias individuales presentadas a las instancias internacionales de examen o arreglo. Por lo tanto, esa parte de la comunicación no es admisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.

6.4.En cuanto a la alegación del autor de que, en virtud del párrafo 5 del artículo 14, su derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le había impuesto fueran sometidos a un tribunal superior se violó porque en ninguno de los fallos de los tribunales, salvo el del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1996, se daban razones suficientes para desestimar su alegación contra la legalidad de las pruebas obtenidas, el Comité recuerda que, si las leyes del país prevén varias instancias de apelación, toda persona declarada culpable de un delito debe tener acceso efectivo a cada una de esas instancias. Para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho, la persona declarada culpable tiene derecho a dictámenes debidamente motivados y por escrito en el tribunal de primera instancia y, como mínimo, en el primer tribunal de apelación.

6.5.El Comité observa que los fallos del Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelación de 's‑Hertogenbosch, así como el del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1993 y el del Tribunal de Apelación de Arnhem, sí dan razones para desestimar la alegación del autor. El Comité recuerda que, en general, corresponde a los tribunales nacionales, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso determinado, salvo que pueda establecerse que la tramitación ante los tribunales internos fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia. A efectos de la admisibilidad, el Comité estima que el autor no ha justificado su afirmación de que las razones dadas por los tribunales neerlandeses para rechazar su alegación contra la admisibilidad de las pruebas fueran arbitrarias o constituyeran una denegación de justicia. Por lo tanto, el Comité considera que esa parte de la comunicación no es admisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.6.En lo relativo a la alegación de que la admisión como pruebas de las grabaciones de determinadas conversaciones telefónicas entre el autor y A. T. M. M. y su utilización en el proceso penal en general violaron el derecho del autor a un juicio imparcial, el Comité no considera arbitraria la distinción establecida por el Tribunal de Distrito entre las grabaciones de las llamadas telefónicas intervenidas que se podían utilizar como pruebas porque se referían a conversaciones intervenidas en el contexto de la investigación preliminar sobre A. T. M. M., y las grabaciones de las conversaciones en que A. T. M. M. participaba en calidad de abogado del autor, que no se podían utilizar como pruebas y debían ser retiradas del sumario y destruidas. Aunque el autor sostiene que las autoridades neerlandesas no hicieron distinción alguna entre las conversaciones de un abogado y su cliente y las mantenidas entre dos presuntos delincuentes, ya que sus llamadas al Sr. A. T. M. M. no guardaban relación con la cuestión por la que su abogado era considerado presunto delincuente, el Comité estima que el autor no ha justificado esa alegación. Tampoco esa parte de la comunicación es admisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.7.El Comité considera que, a los efectos de la admisibilidad, el autor ha justificado que la intervención de las conversaciones telefónicas que mantuvo con su abogado, así como el hecho de que el Estado Parte no destruyera las grabaciones de determinadas llamadas intervenidas, podrían plantear cuestiones relacionadas con el artículo 17 del Pacto. Por lo tanto, el Comité concluye que la comunicación es admisible en la medida en que plantea cuestiones relacionadas con el artículo 17.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2.El Comité debe determinar si la intervención y grabación de las conversaciones telefónicas del autor con el Sr. A. T. M. M. constituyeron una injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, en violación del artículo 17 del Pacto.

7.3.El Comité recuerda que, para que una injerencia en el derecho a la protección de la vida privada sea permisible con arreglo al artículo 17, debe cumplir todas las condiciones establecidas en el párrafo 1, es decir, deberá estar prevista en la ley, estar en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y ser razonable en las circunstancias particulares del caso.

7.4.El Comité observa que el artículo 125g del Código de Procedimiento Penal neerlandés autoriza al juez instructor a ordenar, durante la investigación judicial preliminar, la intervención o el registro del tráfico de datos en el que se considere que participe el presunto delincuente, siempre y cuando sea estrictamente necesario para la investigación y guarde relación con un delito por el que quepa imponer la detención preventiva. El autor no ha impugnado la actuación de las autoridades competentes con arreglo a esa disposición. Por lo tanto, el Comité conviene en que la injerencia en las conversaciones telefónicas del autor con el Sr. A. T. M. M. fue legal a los efectos del párrafo 1 del artículo 17 del Pacto.

7.5.Otra cuestión que el Comité debe determinar es si el Estado Parte estaba obligado por el párrafo 2 del artículo 125h y por el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal a desechar y destruir toda información obtenida mediante la intervención y grabación de las conversaciones del autor con el Sr. A. T. M. M., en la medida en que éste actuaba en calidad de abogado del autor y, por lo tanto, estaba sujeto al secreto profesional. A ese respecto, el Comité observa que el autor cuestiona la jurisprudencia del Tribunal Supremo de que es legal tomar conocimiento de las conversaciones telefónicas intervenidas a una persona que tenga derecho a no declarar, aun cuando el párrafo 2 del artículo 125h establece que los informes sobre esas conversaciones deben ser destruidos. El Comité considera que una injerencia no es "ilegal" según los términos del párrafo 1 del artículo 17 si se ajusta a las disposiciones legales correspondientes del país tal como las interpretan los tribunales internos.

7.6.Por último, el Comité debe determinar si la injerencia en las conversaciones telefónicas del autor con el Sr. A. T. M. M. fue arbitraria o razonable dadas las circunstancias del caso. El Comité recuerda su jurisprudencia de que el requisito de ser razonable implica que cualquier injerencia en la vida privada debe ser proporcional al propósito perseguido y necesaria en las circunstancias particulares del caso. El Comité ha tomado nota de la alegación del autor de que ninguna persona puede seguir confiando en la confidencialidad de las comunicaciones que mantenga con su abogado si existe el riesgo de que el contenido de esa comunicación sea intervenido y usado en su contra por el hecho de que el abogado sea un presunto delincuente, lo sepa o no su cliente. Aunque reconoce la importancia de proteger la confidencialidad de la comunicación, en particular entre un abogado y su cliente, el Comité debe también sopesar la necesidad de los Estados Partes de adoptar medidas eficaces para prevenir e investigar los delitos.

7.7.El Comité recuerda que en la legislación pertinente por la que se autoriza la injerencia en las comunicaciones de una persona se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrá autorizarse esa injerencia y que la decisión pertinente sólo podrá ser adoptada por la autoridad designada por la ley tras examinar cada caso en particular. El Comité observa que los requisitos en cuanto al procedimiento y al fondo para intervenir llamadas telefónicas se enuncian claramente en el artículo 125g del Código de Procedimiento Penal neerlandés y en las Directrices para examinar las conversaciones telefónicas, de 2 de julio de 1984. En ambos casos se establece que la intervención debe basarse en una autorización dada por escrito por el juez instructor.

7.8.El Comité estima que la intervención y grabación de las conversaciones telefónicas del autor con A. T. M. M. no afectaron desproporcionadamente a su derecho a comunicarse con su abogado en condiciones de pleno respeto del carácter confidencial de las comunicaciones entre ambos, ya que el Tribunal de Distrito hizo una distinción entre las conversaciones intervenidas en las que A. T. M. M. participaba en calidad de abogado del autor, que el Tribunal ordenó retirar del sumario, y las demás conversaciones, que fueron admitidas como pruebas porque se habían intervenido en el contexto de la investigación preliminar sobre A. T. M. M. Aunque el autor sostuvo que el Estado Parte no había establecido esa distinción correctamente, no ha justificado esa alegación.

7.9.En cuanto a la alegación del autor sobre el incumplimiento de la obligación de destruir de inmediato los informes sobre las conversaciones intervenidas entre él y su abogado, el Comité toma nota del argumento irrefutado del Estado Parte de que todas las grabaciones se conservaron intactas, sin incluirlas en el sumario, para el caso de que la defensa hubiera querido examinarlas. Como el derecho a preservar la vida privada entraña que toda persona debe tener derecho a pedir la rectificación o eliminación de los datos personales incorrectos que figuren en los archivos controlados por las autoridades públicas, el Comité estima que la conservación por separado de las grabaciones de las conversaciones intervenidas entre el autor y el Sr. A. T. M. M. no se puede considerar no razonable a los efectos del artículo 17 del Pacto.

7.10. A la luz de lo expuesto, el Comité concluye que la injerencia en la vida privada del autor en relación con sus conversaciones telefónicas con A. T. M. M. fue proporcionada y necesaria para lograr el fin legítimo de luchar contra la delincuencia y, por lo tanto, razonable en las circunstancias particulares del caso, y que, en consecuencia, no ha habido violación del artículo 17 del Pacto.

7.11. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí no ponen de manifiesto una violación del artículo 17 del Pacto.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

D. Comunicación Nº 912/2000, Deolall c. Guyana (Dictamen aprobado el 1º de noviembre de 2004, 82º período de sesiones) *

Presentada por:Sra. Deolall (no está representada por un abogado)

Presunta víctima:Sr. Deolall (marido de la autora)

Estado Parte:República de Guyana

Fecha de la comunicación:17 de agosto de 1998 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de noviembre de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 912/2000, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre del Sr. Deolall con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora de la comunicación, de fecha 17 de agosto de 1998, es la Sra.  Deolall. Presenta la comunicación en nombre de su marido, el Sr. Deolall, actualmente preso y condenado a muerte en Guyana. Ambos son ciudadanos de Guyana. La autora afirma que su marido ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos por Guyana. Aunque no invoca ningún artículo concreto del Pacto, su comunicación parece plantear cuestiones con arreglo a los artículos 14 y 6 del Pacto. La presunta víctima no está representada por un abogado.

1.2.De conformidad con el artículo 86 del reglamento del Comité, el 7 de febrero de 2000 éste pidió al Estado Parte, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, que no ejecutara la sentencia de muerte contra el Sr. Deolall mientras el Comité estuviera examinando su caso. No se ha recibido respuesta del Estado Parte a esta petición.

L os hechos expuestos por la autora

2.1.El Sr. Deolall fue detenido el 26 de octubre y acusado de asesinato el 3 de noviembre de 1993. El 22 de noviembre de 1995 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte por el Tribunal Penal de Georgetown. Apeló al Tribunal Superior y posteriormente al Tribunal de Apelación. Los motivos de la apelación ante el Tribunal de Apelación fueron: a) que el juez erró al no presentar adecuadamente la defensa del acusado ante el jurado; y  b) que el juez admitió erróneamente pruebas inadmisibles, es decir, una confesión presuntamente involuntaria. El Tribunal de Apelación desestimó su recurso y el 30 de enero de 1997 el Presidente del Tribunal Superior confirmó la imposición de la pena capital. Se afirma que con ello quedaron agotados todos los recursos internos. La autora señala que el Sr. Deolall se encuentra en espera de la ejecución de la pena de muerte desde noviembre de 1995 y que se le debería haber conmutado la sentencia.

2.2.Según la autora, se condenó al Sr. Deolall sobre la base de una sola prueba, que era su confesión, presuntamente firmada tras haber sido sometido a malos tratos por agentes de policía durante el interrogatorio. Aunque según las actas de la policía el Sr. Deolall no mostraba señales de violencia en el cuerpo, durante el juicio se reveló que cuando fue examinado por tres médicos tenía ese tipo de señales. En las actas del juicio, presentadas por la autora, consta que el Sr. Deolall fue examinado los días 30 de octubre y 8 de noviembre de 1993. El Dr. Persaud lo vio el 30 de octubre de 1993 y en su informe dijo que "el examen puso de manifiesto un pequeño hematoma en la parte inferior de la región de la fosa ilíaca izquierda (la parte inferior izquierda del abdomen)". El Dr. Maynard lo vio el mismo día y llegó a la misma conclusión. El Dr. Joshua Deen lo vio el 8 de noviembre de 1993 y dijo en su informe que el Sr. Deolall tenía "rasguños en la espalda", que, en su opinión, se le habían infligido entre el 27 de octubre y el 31 de octubre de 1993, es decir, antes de que hiciera la presunta declaración.

2.3.Según la autora, la policía disparó contra el hermano del Sr. Deolall, de quien se sospechaba que había participado en el mismo delito aunque nunca fue acusado.

2.4.El 1º de junio de 2004, la autora proporcionó nueva información concreta sobre las circunstancias del juicio y las condiciones de detención.

La denuncia

3.1.La autora afirma que su marido fue golpeado y sometido a malos tratos por agentes de policía durante los interrogatorios en la comisaría.

3.2.Se afirma que el Sr. Deolall es inocente y que el juicio contra él fue injusto.

3.3.La autora sostiene que se forzó a su marido a que firmara una confesión tras haber sido golpeado por agentes de policía y que su condena se basó únicamente en esa confesión.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

4.1.El 7 de febrero de 2000, el 28 de febrero de 2001, el 24 de julio de 2001, el 8 de abril de 2004 y el 9 de agosto de 2004 se pidió al Estado Parte que presentara al Comité información sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. El Comité señala que aún no se ha recibido esa información y lamenta que el Estado Parte no haya facilitado información alguna en relación con la admisibilidad o el fondo de las denuncias de la autora. Recuerda que en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo queda implícito que los Estados Partes deben examinar de buena fe todas las denuncias que se presenten contra ellos y facilitar al Comité toda la información de que dispongan. A falta de una respuesta del Estado Parte, debe darse la debida importancia a las afirmaciones de la autora en la medida en que hayan quedado debidamente demostradas.

4.2.De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

4.3.El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento del inciso a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

4.4.El Sr. Deolall recurrió contra la condena y el recurso fue desestimado. A falta de argumentos en contra, el Comité estima que el Sr. Deolall ha agotado los recursos internos.

4.5.El Comité observa que la comunicación se presentó antes de que Guyana denunciara el Protocolo Facultativo el 5 de enero de 1999 y volviera a adherirse a él con una reserva relacionada con la competencia del Comité para examinar casos de pena de muerte. Por consiguiente, concluye que su competencia no se ve afectada por esta denuncia. El Comité considera que no hay ningún motivo para declarar inadmisible esta comunicación y procede a examinar el fondo de la cuestión.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

5.1.La autora afirma que los agentes de policía sometieron al Sr. Deolall a malos tratos durante los interrogatorios y que le obligaron a firmar una confesión, denuncia que atañe al párrafo 1 y al apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 y al artículo 6 del Pacto. El Comité se remite a su jurisprudencia anterior en relación con el texto del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, que establece que toda persona tiene derecho "a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable", que ha de interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras no ejercerán coacción física o psicológica directa o indirecta alguna sobre el acusado a fin de hacerle confesar su culpabilidad, y considera que este principio lleva implícito que el fiscal hade probar que la confesión fue obtenida sin coacción. En el presente caso, el Comité observa que el testimonio prestado por tres médicos durante el juicio acerca de que el Sr. Deolall tenía heridas, que se menciona en el párrafo 2.2 supra, así como el propio testimonio del Sr. Deolall, serían una demostración prima facie de las alegaciones de que había sufrido malos tratos durante los interrogatorios de la policía y antes de que firmara la confesión. En sus instrucciones a los miembros del jurado, el tribunal les dijo claramente que si consideraban que el Sr. Deolall había sido golpeado por la policía antes de dar su confesión, incluso aunque los golpes no fueran muy fuertes, no podían dar crédito a esa confesión y debían absolver al acusado. Sin embargo, el tribunal no explicó al jurado que debían estar convencidos de que el ministerio fiscal había logrado demostrar que la confesión era voluntaria.

5.2.El Comité mantiene su posición de que en general no está en condiciones de evaluar los hechos y las pruebas sometidos a un tribunal nacional. En el presente caso, sin embargo, estima que las instrucciones impartidas al jurado plantean una cuestión en relación con el artículo 14 del Pacto, ya que el acusado había logrado presentar pruebas prima facie de que había sufrido malos tratos y el tribunal no advirtió al jurado de que el ministerio fiscal debía demostrar que la confesión había sido hecha sin coacción. Este error representó una violación del derecho del Sr. Deolall a un juicio imparcial consagrado en el Pacto así como de su derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, violaciones que no se repararon en el recurso. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que el Estado Parte ha violado el párrafo 1 y el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto respecto del Sr. Deolall.

5.3.El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual la imposición de una pena de muerte tras la conclusión de un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto, constituye, si no es posible recurrir de nuevo contra la sentencia, una violación del artículo 6 del Pacto. En el presente caso, puesto que la sentencia firme de muerte se pronunció sin que se hubieran cumplido los requisitos de un juicio imparcial establecidos en el artículo 14 del Pacto, debe llegarse a la conclusión de que también se ha violado el derecho que protege el artículo 6.

6.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 6 y del párrafo 1 y el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

7.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar al Sr. Deolall un recurso efectivo, incluida su puesta en libertad o la conmutación de la sentencia.

8.Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto, y que en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

E. Comunicación Nº 931/2000, Hudoyberganova c. Uzbekistán (Dictamen aprobado el 5 de noviembre de 2004, 82º período de sesiones)*

Presentada por:Sra. Raihon Hudoyberganova (no está representada por un abogado)

Presunta víctima:La autora

Estado Parte:Uzbekistán

Fecha de la comunicación:15 de septiembre de 1999 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 5 de noviembre de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 931/2000, presentada al Comité de Derechos Humanos por la Sra. Raihon Hudoyberganova con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.La autora de la comunicación es Raihon Hudoyberganova, nacional uzbeka nacida en 1978. Alega ser víctima de violaciones de los derechos que le reconocen los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cometidas por Uzbekistán. No está representada por un abogado.

Los hechos expuestos por la autora

2.1.La Sra. Hudoyberganova era estudiante en el Departamento de Farsi de la Facultad de Idiomas del Instituto Estatal de Idiomas Orientales de Tashkent desde 1995 y en 1996 se incorporó al recientemente creado Departamento de Asuntos Islámicos del Instituto. Explica que, como musulmana practicante, se vestía adecuadamente, de conformidad con los principios de su religión, y que en su segundo año de estudios empezó a usar un pañuelo de cabeza (hiyab). Según ella, desde septiembre de 1997 la administración del Instituto empezó a limitar seriamente el derecho a la libertad de creencia de los musulmanes practicantes. La sala de oración existente fue clausurada y, cuando los estudiantes presentaron una queja ante la dirección del Instituto, la administración empezó a acosarlos. Todas las estudiantes que usaban el hiyab fueron "invitadas" a dejar los cursos del Instituto y a estudiar en el Instituto Islámico de Tashkent.

2.2.La autora y las estudiantes en cuestión siguieron asistiendo a los cursos, pero los profesores ejercieron cada vez más presión sobre ellas. El 5 de noviembre de 1997, tras la presentación de una nueva queja al Rector del Instituto en la que se alegaba que se habían violado sus derechos, los padres de las estudiantes fueron convocados en Tashkent. Al llegar, le dijeron al padre de la autora que ésta estaba en contacto con un peligroso grupo religioso que podía perjudicarla y que usaba el hiyab en el Instituto y se negaba a dejar sus cursos. A causa de la grave enfermedad que padecía la madre de la autora, el padre llevó a su hija de vuelta a casa. La autora volvió al Instituto el 1º de diciembre de 1997 y el Vicedecano encargado de los asuntos ideológicos y educacionales convocó a sus padres y se quejó del atuendo de la autora; ésta afirma que posteriormente recibió amenazas y se intentó impedirle asistir a clase.

2.3.El 17 de enero de 1998 se le informó de que se había aprobado un nuevo reglamento del Instituto, en virtud del cual los estudiantes no tenían derecho a usar un atuendo religioso y le pidieron que lo firmara. Ella lo hizo, pero además escribió que no estaba de acuerdo con las disposiciones que prohibían a las estudiantes cubrirse el rostro. Al día siguiente, el Vicedecano encargado de los asuntos ideológicos y educacionales la convocó a su despacho durante una clase, volvió a mostrarle el nuevo reglamento y le pidió que se quitara el pañuelo. El 29 de enero el Vicedecano llamó a los padres de la autora para convocarlos, en principio porque la Sra. Hudoyberganova había sido expulsada de la residencia de estudiantes. El 20 de febrero de 1998 la autora fue transferida del Departamento de Asuntos Islámicos a la Facultad de Idiomas. Le dijeron que el Departamento de Asuntos Islámicos había sido clausurado y que sólo se podría reabrirlo si las estudiantes en cuestión dejaban de usar el hiyab.

2.4.El 25 de marzo de 1998 el Decano del Departamento de Farsi informó a la autora de una orden por la que el Rector la expulsaba del Instituto. La decisión se basaba en la presunta actitud negativa de la autora para con los profesores y en una violación de las disposiciones del reglamento del Instituto. Se comunicó a la autora que, si cambiaba de posición respecto al hiyab, se anularía la orden.

2.5.En cuanto al agotamiento de los recursos internos, la autora explica que el 10 de marzo de 1998 escribió al Ministerio de Educación para solicitar que se dejara de violar la ley en el Instituto; según afirma, esto le hizo perder su condición de estudiante el 15 de marzo de 1998. El 31 de marzo de 1998 presentó una queja al Rector en la que alegaba que su decisión era ilegal. El 13 de abril de 1998 presentó una queja al Presidente del Comité de Asuntos Religiosos (dependiente del Consejo de Ministros); el 22 de abril de 1998, el Presidente le aconsejó que respetara el reglamento del Instituto. El 14 de abril de 1998 escribió a la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Uzbekistán, pero no recibió "ninguna respuesta por escrito". El 3 de marzo y los días 13 y 15 de abril de 1998 escribió al Ministro de Educación y el 11 de mayo de 1998 el Viceministro le aconsejó que cumpliera el reglamento del Instituto.

2.6.El 15 de mayo de 1998 entró en vigor la nueva Ley de libertad de conciencia y organizaciones religiosas. Según el artículo 14, los nacionales uzbekos no pueden usar atuendo religioso en los lugares públicos. La administración del Instituto informó a las estudiantes que todas las que usaban el hiyab serían expulsadas.

2.7.El 20 de mayo de 1998, la autora inició una acción ante el Tribunal de Distrito de Mirabad (Tashkent) para pedir que le restituyera su condición de estudiante. El 9 de junio de 1998 el abogado del Instituto pidió al Tribunal que ordenara la detención de la autora en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la nueva ley. El abogado de la Sra. Hudoyberganova replicó que esa ley violaba los derechos humanos. Según la autora, en la audiencia que celebró el Tribunal el 16 de junio su abogado convocó en su nombre al abogado del Comité de Asuntos Religiosos, quien testificó que el atuendo de la autora no constituía una indumentaria de culto.

2.8.El 30 de junio de 1998 el Tribunal desestimó la acción presentada por la autora, al parecer basándose en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de libertad de conciencia y organizaciones religiosas. Según la autora, el Instituto facilitó al Tribunal documentos falsos para testificar que la administración le había advertido que corría el riesgo de ser expulsada. Luego la autora pidió al Fiscal General, al Viceprimer Ministro y al Presidente del Comité de Asuntos Religiosos que aclararan los límites de los términos indumentaria (religiosa) "de culto", y el Comité le informó de que el islam no prescribía una indumentaria de culto específica.

2.9.El 15 de julio de 1998 la autora interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Distrito (de fecha 30 de junio de 1998) ante el Tribunal de la Ciudad de Tashkent, y el 10 de septiembre éste confirmó la decisión. A fines de 1998 y en enero de 1999, la autora presentó una reclamación ante el Parlamento, el Presidente de la República y el Tribunal Supremo; el Parlamento y la Presidencia transmitieron sus cartas al Tribunal Supremo. El 3 de febrero y el 23 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo le informó de que no veía razón alguna para impugnar las decisiones pronunciadas por los tribunales en su caso.

2.10. El 23 de febrero de 1999 la autora presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo y el 26 de marzo de 1999 recibió una copia de la respuesta enviada al Defensor por el Rector del Instituto, en la que éste reiteraba que la Sra. Hudoyberganova violaba constantemente el reglamento del Instituto y se comportaba indebidamente con sus profesores, que sus actos demostraban que pertenecía a una organización extremista de wahabíes y que no veía motivos para readmitirla como estudiante. El 12 de abril de 1999 la autora presentó una reclamación ante el Tribunal Constitucional, que le notificó que no tenía jurisdicción para tramitar su caso y que su reclamación se había transmitido a la Fiscalía General, que a su vez la había transmitido a la Fiscalía de Tashkent. El 30 de junio de 1999 la Fiscalía de Tashkent informó a la autora de que no había motivos para anular las decisiones judiciales pronunciadas en su caso. El 1º de julio de 1999 la autora volvió a presentar una reclamación al Fiscal General para pedir que se examinara su caso. No recibió ninguna respuesta.

La denuncia

3.La autora afirma ser víctima de una violación de los derechos que le garantizan los artículos 18 y 19 del Pacto, porque fue expulsada de la universidad por llevar un pañuelo en la cabeza por motivos religiosos y porque se negó a quitárselo.

Observaciones del Estado Parte

4.1.El 24 de mayo de 2000, el 26 de febrero de 2001, el 11 de octubre de 2001 y el 3 de septiembre de 2004, se pidió al Estado Parte que presentara al Comité información y comentarios sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. El Estado Parte presentó sus comentarios el 21 de octubre de 2004. Recuerda que el 21 de mayo de 1998 la autora presentó por escrito al Tribunal de Distrito de Mirabad, en Tashkent, una solicitud para que se reconociera la ilegalidad de su expulsión del Instituto Estatal de Idiomas Orientales de Tashkent y para se la readmitiera como estudiante. El 30 de junio de 1998 el Tribunal de Distrito de Mirabadsky desestimó la apelación de la autora.

4.2.El Estado Parte explica que del caso civil visto ante el Tribunal se desprende que la autora fue admitida en la Facultad de Lenguas del Instituto en 1995 y que en 1996 continuó sus estudios en la Facultad de Historia (Departamento de Asuntos Islámicos). Según el apartado d) del párrafo 2 del Reglamento Interno (que regula los derechos y obligaciones de los estudiantes del Instituto), en el Instituto los estudiantes tienen prohibido portar ropas "que atraigan una atención indebida", así como circular con el rostro cubierto (con un hiyab). Esta normativa se debatió en una reunión mantenida con todos los estudiantes en 15 de enero de 1998. A la autora se le presentó el texto, respecto del cual redactó una nota en la afirmaba que estaba en desacuerdo con lo exigido en el apartado d) del párrafo 2. El 26 de enero de 1998, el Decano de la Facultad de Historia advirtió a la autora que estaba violando las disposiciones del apartado d) del artículo 2 del reglamento del Instituto. La autora se negó a firmar el aviso, y el 27 de enero de 1998 se levantó acta al respecto.

4.3.El 10 de febrero de 1998, por orden del Decano de la Facultad de Historia, se amonestó a la autora por infringir el Reglamento Interno. Por orden del Rector del Instituto de 16 de marzo de 1998, las Sra. Hudoyberganova fue expulsada del Instituto. La orden se justificaba en su "actitud grosera e inmoral para con un profesor y en la contravención del reglamento interno del Instituto, tras numerosos apercibimientos". Según el Estado Parte, contra esta decisión no se presentó recurso de casación alguno. Su reclamación con arreglo al procedimiento sumario de supervisión (nadzornaya zhaloba) fue infructuosa.

Deliberaciones del Comité

Decisión sobre la admisibilidad

5.1.Antes de examinar una denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, si la comunicación es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

5.2.El Comité señala que el mismo asunto no ha sido sometido a ningún otro procedimiento internacional de examen y que se han agotado los recursos internos. [No se ha recibido ninguna objeción del Estado Parte a esta conclusión.] Por consiguiente, se han satisfecho los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

5.3.El Comité ha observado que la autora invoca el artículo 19 del Pacto, pero no formula alegaciones concretas con respecto a esta cuestión particular, sino que se limita a una mera enumeración del citado artículo. Por lo tanto, el Comité concluye que la autora no ha fundamentado esta reclamación, a los efectos de la admisibilidad, y que esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

5.4.Por lo que respecta al resto de las reclamaciones de la autora, en virtud del artículo 18 del Pacto, el Comité considera que han quedado suficientemente establecidas a los efectos de su admisibilidad y decide pasar al examen de la cuestión en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

6.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información recibida, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.2.El Comité ha tomado nota de la alegación de la autora de que su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión fue violado cuando fue expulsada de la universidad porque se negó a quitarse el pañuelo que llevaba en la cabeza en razón de sus creencias. El Comité considera que la libertad de manifestar la propia religión comprende el derecho a llevar en público un atuendo que esté en consonancia con la fe o la religión de la persona. Además, considera que impedir a una persona que porte prendas religiosas en público o en privado puede constituir una violación del párrafo 2 del artículo 18 del Pacto, que prohíbe toda medida coercitiva que pueda menoscabar la libertad de una persona de tener o de adoptar una religión. Tal como se desprende de la Observación general Nº 22 (párr. 5) del Comité, las políticas o prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos que medidas coercitivas directas, como, por ejemplo, las que limitan el acceso a la educación, son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. Sin embargo, el Comité recuerda que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias no es absoluta y puede estar supeditada a limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás (párrafo 3 del artículo 18 del Pacto). En el presente caso, la expulsión de la autora se produjo el 15 de marzo de 1998 y se basó en las disposiciones del nuevo reglamento del Instituto. El Comité observa que el Estado Parte no ha invocado ningún motivo específico en razón del cual la restricción impuesta a la autora hubiera sido necesaria, desde su punto de vista, en el sentido del párrafo 3 del artículo 18. Por el contrario, el Estado Parte ha tratado de justificar la expulsión de la autora de la Universidad en razón de su negativa a acatar la prohibición. Ni la autora ni el Estado Parte han especificado la clase exacta de prenda que la autora vestía, y a la que ambas parte se refieren como hiyab. En las circunstancias particulares del presente caso, y sin prejuzgar ni el derecho de un Estado Parte a restringir las expresiones de fe religiosa y creencias en el contexto del artículo 18 del Pacto, teniendo debidamente en cuenta el ámbito concreto, ni el derecho que ampara a las instituciones académicas a adoptar normativas específicas que regulen su propio funcionamiento, el Comité llega a la conclusión de que, ante la falta de cualquier justificación aportada por el Estado Parte, ha habido una violación del párrafo 2 del artículo 18.

7.El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 2 del artículo 18 del Pacto.

8.De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la Sra. Hudoyberganova un recurso efectivo. El Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

9.Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a ofrecer un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

APÉNDICE

Voto particular (disidente) del miembro del Comité Sr. Hipólito Solari Yrigoyen

Fundo a continuación mis opiniones disidentes en la comunicación en examen.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

Para ajustarse a lo dispuesto en el artículo 5 del párrafo 1 del Protocolo Facultativo la comunicación debe examinarse tomando en cuenta toda la información que le ha sido proporcionada por las partes. En el presente caso la autora es quien ha proporcionado más informaciones, aunque las mismas no avalan y hasta contradicen sus propias alegaciones.

La autora (párr. 2.4) afirma que fue expulsada del Instituto Estatal de Idiomas Orientales de Tashkent por su Rector, después de varios apercibimientos, por los siguientes motivos:

1.Su actitud negativa para con los profesores, y

2.Su violación de las disposiciones del reglamento del Instituto.

En cuanto a la actitud negativa para con los profesores, a través de la sentencia del Tribunal de Distrito de Mirabad, se toma conocimiento de que la autora acusó de soborno a uno de los profesores, el que, según ella, vendía la aprobación de los exámenes. Según el Estado Parte (párr. 4.3) la expulsión se justificó por la "actitud grosera e inmoral para con un profesor". La autora no ha aportado información que acredite su grave acusación contra el mencionado profesor o que invalide el primer motivo invocado contra su expulsión. Tampoco ha explicado la posible relación de esta causa de expulsión con la violación del artículo 18 del Pacto que invoca.

Sobre la violación del reglamento del Instituto que no autorizaba el uso del atuendo religiosos en su ámbito, la autora ha informado de su disconformidad con el mismo porque "prohibía a las estudiantes taparse el rostro" (párr. 2.3). El Estado Parte señala que el reglamento interno prohíbe en el Instituyo portar ropas "que atraigan una atención indebida", así como circular con el rostro cubierto (párr. 4.2). Si bien la autora y el Estado Parte no han especificado la clase de ropa que la autora llevaba, ésta aclara que se vestía "de conformidad con los principios de su religión". Pero la misma autora ha informado que presentó una queja al Presidente del Comité de Asuntos Religiosos (dependiente del Consejo de Ministros) y que el presidente "le informó de que el islam no prescribía una indumentaria de culto específica" (párr. 2.8), sin que la autora haya rebatido esta información que ella misma ha proporcionado.

Sobre el reglamento del Instituto universitario debe tenerse en cuenta el derecho que ampara a las instituciones académicas a adoptar normas específicas de funcionamiento dentro de su ámbito. Cabe también agregar que este reglamento se aplicaba a todos los estudiantes sin excepción en virtud de tratarse de un Instituto de Educación del Estado, no ser un lugar de culto, y en el que la libertad de manifestar la propia religión está sujeta a la necesidad de proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás, o sea la libertad religiosa para todos, amparada por la garantía de la igualdad ante la ley, cualesquiera fueran las convicciones religiosas o las de creencias de cada estudiante en particular. No cabría pedirle al Estado Parte motivos específicos sobre la restricción de la que se queja la autora, ya que el reglamento que se le aplicó es una norma general para todos los alumnos y no se trata de una limitación impuesta sólo a ella o a los fieles de una religión en particular. Además, la expulsión de la autora, según sus propias informaciones, obedeció a causas más complejas y no exclusivamente a las prendas religiosas que ella vestía o a su reivindicación de taparse el rostro en el seno del Instituto.

Por las razones expuestas y por la información proporcionada llego a la conclusión de que la autora no ha justificado su alegación de ser víctima de la violación del artículo 18 del Pacto en ninguno de sus cuatro párrafos.

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, estimo que los hechos del presente caso no revelan ninguna violación de los artículos 18 y 19 del Pacto.

(Firmado): Hipólito Solari Yrigoyen

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la española la versión original. Posteriormente se publicará ten árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Voto particular del miembro del Comité Sir Nigel Rodley

Estoy de acuerdo con la conclusión del Comité y con la mayor parte del razonamiento expuesto en el párrafo 6.2. Sin embargo, me siento obligado a discrepar de una afirmación que figura en la última oración de ese párrafo, en la que el Comité afirma que tiene "debidamente en cuenta el ámbito concreto".

El Comité tiene razón al deducir que, en los casos de cláusulas "de limitación" como las establecidas en los artículos 12, 18, 19, 21 y 22, es necesario tener en cuenta el contexto en que se aplican las restricciones previstas en esas cláusulas. Desafortunadamente, en el presente caso, el Estado Parte no explicó en qué se basaba para tratar de justificar la restricción impuesta a la autora. En consecuencia, el Comité no estuvo en condiciones de tener en cuenta contexto alguno. Afirmar que lo ha hecho, cuando no disponía de la información sobre la base de la cual podía haberlo hecho, no contribuye a mejorar ni la calidad ni la autoridad de su razonamiento.

(Firmado): Sir Nigel Rodley

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Voto particular del miembro del Comité Sra. Ruth Wedgwood

Los hechos de este caso son demasiado poco claros para permitir sacar una conclusión de violación del Pacto. La autora se ha quejado ante el Comité de que se le impidió usar un hiyab cuando era estudiante en el Instituto Estatal de Tashkent en Uzbekistán. El término hiyab se suele traducir como "pañuelo de cabeza" y puede no ser nada más que un pañuelo que cubre el cabello y el cuello. No obstate, la autora también escribió en su protesta a los decanos del Instituto de Tashkent que "no estaba de acuerdo con las disposiciones que prohibían a las estudiantes cubrirse el rostro" (párr. 2.3). El Estado Parte señala que, según el reglamento del Instituto, los estudiantes tienen prohibido "circular con el rostro cubierto (con un hiyab)" (párr. 4.2).

Sin más aclaraciones de los hechos por parte de la autora, parecería por lo tanto que la manifestación de la creencia religiosa en cuestión en el presente caso puede suponer que la estudiante se cubra completamente el rostro en el seno de una institución docente laica. Los Estados Partes se diferencian en su práctica a este respecto. Algunos países permiten cualquier forma de atuendo religioso, inclusive el taparse el rostro, que convenga a las mujeres que de lo contrario encontrarían difícil asistir a la universidad. Otros Estados Partes han concluido que las finalidades de la educación laica imponen ciertas restricciones a la forma de vestirse. Por ejemplo, un profesor universitario podría desear observar cómo reaccionan los estudiantes a una clase o un seminario, o mantener un contacto visual al hacer y contestar preguntas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en fecha reciente concluyó que una universidad laica podía imponer restricciones al uso de un hiyab tradicional por las estudiantes, es decir de un pañuelo que cubra el cabello y el cuello, debido al "efecto" en las demás estudiantes. Véase Leyla Sahin c. Turquía, caso Nº 44774/98, decisión de 29 de junio de 2004. El Tribunal afirmó que se trataba de "los derechos y libertades de los demás" y del "mantenimiento del orden público", porque un atuendo particular podía hacer que otras personas de la misma fe religiosa se sintiesen presionadas a adoptarlo. El Tribunal Europeo observó que no perdía de vista "el hecho de que... movimientos políticos extremistas en Turquía" trataban de "imponer a la sociedad en general sus símbolos religiosos y su concepción de una sociedad fundada en preceptos religiosos".

Esa interferencia en la manifestación de una creencia religiosa personal es problemática. Sin embargo, se puede permitir que un Estado restrinja las formas de vestirse que interfieran directamente con una pedagogía eficaz, y el hecho de que una estudiante se cubra el rostro plantearía una serie de cuestiones diferentes. La incertidumbre de los antecedentes en este caso no ofrece una base suficiente para efectuar un examen adecuado de la cuestión y ni siquiera para llegar a una conclusión sui generis de violación.

(Firmado): Ruth Wedgwood

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

F. Comunicación Nº 945/2000, Marik c. la República Checa (Dictamen aprobado el 26 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:Sr. Bohumir Marik (no representado por abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:República Checa

Fecha de la comunicación:8 de octubre de 1998 (comunicación inicial)

Asunto : No restitución de propiedad confiscada por razones de nacionalidad

Cuestiones de procedimiento : No agotamiento de los recursos internos

Cuestiones de fondo : Discriminación por razones de nacionalidad

Artículos del Pacto : Artículo 26

Artículos del Protocolo

Facultativo : Apartado b) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 26 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 945/2000, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Bohumir Marik con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación es Bohumir Marik, ciudadano estadounidense y checo nacido en Plzen (Checoslovaquia) y que reside actualmente en los Estados Unidos. El autor afirma que ha sido víctima de una violación por la República Checa del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No está representado por letrado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.En 1969 el autor emigró de Checoslovaquia a los Estados Unidos con su familia. Más tarde adquirió la nacionalidad estadounidense. En 1972, el Tribunal de Distrito de Plzen le declaró culpable de haber huido del país y confiscó sus bienes, entre otras cosas, las dos casas que poseía en Letkov y en Plzen.

2.2.El 23 de abril de 1990, la República Checa y Eslovaca promulgó la Ley Nº 119/1990 de rehabilitación judicial, que anulaba todas las sentencias pronunciadas por los tribunales comunistas por razones políticas. En virtud del artículo 23.2 de esa ley, las personas cuyos bienes se habían confiscado tenían derecho a recuperarlos, siempre que reuniesen las condiciones que se especificarían en la Ley de restitución que se aprobaría separadamente.

2.3.El 1° de febrero de 1991 se aprobó la Ley Nº 87/1991 de rehabilitación extrajudicial. En virtud de esa ley, la persona que reclamase la restitución de bienes tenía que ser: a) ciudadano checoslovaco y b) residente permanente en la República Checa para poder reivindicar esos bienes. Además, según la ley, c) la carga de la prueba de la ilegalidad de la adquisición por el actual propietario de los bienes recaía en el reclamante. Era necesario cumplir las dos primeras condiciones durante el plazo previsto para la presentación de la solicitud de restitución, es decir, entre el 1° de abril y el 1° de octubre de 1991. Sin embargo, el Tribunal Constitucional checo, en un fallo de 12 de julio de 1994 (Nº 164/1994), anuló la condición de la residencia permanente y estableció un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución por las personas que pasaban de esta manera a tener derecho a dicha restitución; ese plazo iba del 1° de noviembre de 1994 al 1° de mayo de 1995. Según el autor, en este fallo se establecía un derecho a la restitución que podía ser ejercido por quienes no tenían residencia permanente en el país y cumplían la condición de la nacionalidad en el nuevo plazo. Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional interpretaron este fallo en el sentido de que las personas que tenían ahora derecho eran aquellas que, durante el plazo inicial (de 1° de abril a 1° de octubre de 1991) reunían todas las demás condiciones, incluida la nacionalidad, con excepción de la residencia permanente. Aunque el autor afirma que nunca perdió la nacionalidad checa, la adquirió de nuevo oficialmente en mayo de 1993.

2.4.En 1994 el autor presentó dos solicitudes de restitución separadas por sus casas situadas en Letkov y Plzen. En el primer caso (la propiedad situada en Letkov), el Tribunal de Distrito de Plzen-mesto rechazó su petición el 13 de noviembre de 1995 porque el autor no cumplía la condición de la nacionalidad en el período inicial previsto para la presentación de las solicitudes de restitución, plazo que había vencido el 1° de octubre de 1991. El Tribunal observó también que en este caso no se cumplía tampoco la tercera con­dición relativa a la ilegalidad de la adquisición del bien por quienes eran propietarios en ese momento. El Tribunal Regional de Plzen confirmó esta decisión el 25 de marzo de 1996. La apelación del autor al Tribunal Supremo fue desestimada el 20 de agosto de 1997 con el argumento de que el autor no cumplía la condición de ser nacional checo en 1991. El fallo confirmó que el nuevo plazo establecido no modificaba esta exigencia original sino que daba a los no residentes más tiempo para presentar sus solicitudes de restitución. El Tribunal Supremo no consideró las demás condiciones. Una apelación ulterior al Tribunal Constitucional fue desestimada el 12 de mayo de 1998.

2.5.En el segundo caso (la propiedad situada en Plzen), el Tribunal de Distrito de Plzen-mesto rechazó la solicitud de restitución del autor el 22 de septiembre de 1995 sosteniendo que no cumplía la condición de ser nacional checo en 1991. El Tribunal Regional confirmó esta decisión el 20 de diciembre de 1995. La apelación del autor al Tribunal Supremo fue declarada inadmisible el 26 de septiembre de 1996 y la apelación al Tribunal Constitucional fue desestimada por razones de procedimiento el 7 de octubre de 1998. El autor afirma pues que ha agotado todos los recursos internos.

La denuncia

3.El autor afirma que es víctima de una violación del artículo 26 del Pacto, porque la exigencia de la nacionalidad prevista en la Ley Nº 87/1991 constituye una discriminación ilícita. Remite a la jurisprudencia del Comité en los casos Simunek c. la República Checa y Adam c. la República Checa, en los que estimó que la exigencia de la nacionalidad que figuraba en la Ley Nº 87/1991 era irrazonable y que sus efectos constituían una violación del artículo 26 del Pacto.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y fondo de la comunicación

4.1.El 8 de julio de 2003, el Estado Parte transmitió sus comentarios sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. En relación con una cuestión de hecho, el Estado Parte señala que el autor no había perdido su anterior nacionalidad checoslovaca por decisión de la antigua República Checoslovaca sino en virtud de un tratado internacional bilateral, el Tratado de Naturalización de 16 de julio de 1928 entre la República Checoslovaca y los Estados Unidos de América, que permaneció en vigor hasta 1997. De conformidad con ese tratado, el autor perdió automáticamente la nacionalidad checoslovaca cuando adquirió la nacionalidad de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a pesar de ese Tratado, desde 1990 quienes deseaban adquirir la nacionalidad checa tenían oportunidad de hacerlo presentando la solicitud correspondiente. El autor, que presentó su solicitud en 1992, la adquirió el 20 de mayo de 1993. Sin embargo, desde el momento en que adquirió la nacionalidad de los Estados Unidos de América hasta el 20 de mayo de 1993, no era nacional checo.

4.2.El Estado Parte subraya que la Ley Nº 87/1991, además de las condiciones de nacionalidad y residencia permanente, establecía otras condiciones que los solicitantes debían reunir para que sus solicitudes de restitución prosperasen. En particular, para proteger a quienes eran en ese momento propietarios de los bienes cuya restitución se solicitaba, la ley preveía que dicho propietario sólo debía devolver los bienes si los había obtenido en violación de la legislación entonces vigente o gracias a un trato preferente ilícito. La carga de la prueba recaía en el solicitante. En el caso de la solicitud de restitución de la propiedad de Letkov, los tribunales nacionales decidieron que el autor no había demostrado que quienes eran propietarios en ese momento habían adquirido ilegalmente dichos bienes. El autor no cumplía pues esta condición ni poseía la nacionalidad checa en 1991. El Estado Parte alega que en este caso, aunque la condición de la nacionalidad no hubiese existido, la solicitud de restitución del autor no habría prosperado.

4.3.El Estado Parte alega además que la parte de la comunicación relativa a la propiedad situada en Plzen es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos. La finalidad del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo es dar a los Estados Partes la oportunidad de solucionar o corregir las presuntas violaciones del Pacto, antes de que se sometan al Comité las correspondientes alegaciones. Los solicitantes deben además cumplir los plazos legales previstos cuando interponen un recurso interno. En el caso de la propiedad situada en Plzen, aunque el autor interpuso un recurso constitucional, lo hizo después de expirado el plazo para dicha apelación.

4.4.El Estado Parte no discute la admisibilidad de la parte de la comunicación relativa a la propiedad situada en Letkov.

4.5.En cuanto al fondo, el Estado Parte indica que sus leyes sobre la restitución, incluida la Ley Nº 87/1991, perseguían dos objetivos. El primero es mitigar las consecuencias de las injusticias que se cometieron durante el régimen comunista, aunque se sabe que esas injusticias nunca se podrán remediar enteramente. El segundo es permitir la rápida realización de una reforma económica global con el fin de establecer una economía de mercado efectiva. La condición de la nacionalidad se incluyó en la ley para incitar a los propietarios a cuidar debidamente sus bienes después del proceso de privatización.

4.6.Según el Estado Parte, el autor tuvo la oportunidad de adquirir la nacionalidad checa en 1990 y 1991; como no la solicitó hasta 1992, se privó de la oportunidad de cumplir la condición relativa a la nacionalidad durante el período en que se podían presentar las solicitudes de restitución.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

5.1. De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la r e clamación contenida en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

5.2El Comité ha comprobado, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

5.3.En cuanto a la condición de agotamiento de los recursos internos, el Comité observa que el Estado Parte ha refutado la admisibilidad de la parte de la comunicación relativa a la propiedad situada en Plzen. El Comité recuerda que sólo es necesario agotar los recursos disponibles y efectivos. El Comité toma nota de que, aunque el autor no interpuso el recurso constitucional en el plazo de 60 días fijado por la ley en el caso de la propiedad de Plzen, sí lo hizo respecto de la restitución de la propiedad en Letkov. El Comité recuerda su jurisprudencia pertinente y observa que el recurso constitucional del autor sobre la propiedad situada en Letkov fue desestimado el 12 de mayo de 1998, que otros solicitantes en situaciones análogas han impugnado infructuosamente la constitucionalidad de la Ley Nº 87/1991 y que no se ha dado cumplimiento a los dictámenes emitidos por el Comité en casos anteriores. El Comité considera que, a falta de una legislación que permitiese al autor, que no tenía la nacionalidad checa en 1991, reclamar la restitución, la interposición de un recurso constitucional dentro del plazo legal no habría ofrecido al autor la oportunidad razonable de obtener una reparación efectiva y no habría constituido pues un recurso efectivo a efectos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

5.4.El Comité toma nota de que el Estado Parte no ha refutado la admisibilidad de la parte de la comunicación relativa a la restitución de la propiedad situada en Letkov. Decide pues que la comunicación es admisible, en la medida en que parece plantear cuestiones en relación con el artículo 26 del Pacto y procede a su examen en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

6.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación t e niendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.2El Comité debe decidir si la aplicación al autor de la Ley Nº 87/1991 equivale a una violación de su derecho a la igualdad ante la ley y a una protección igual de la ley, contraria al artículo 26 del Pacto.

6.3.El Comité reitera su jurisprudencia de que no todas las diferencias de trato se pueden considerar discriminatorias a tenor del artículo 26. Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y que se base en criterios razonables y objetivos no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26. Como el criterio de la nacionalidad es objetivo, el Comité debe determinar si su aplicación al autor era razonable en las circunstancias del caso.

6.4.El Comité recuerda sus dictámenes en los casos de Simunek, Adam, Blazek y Des Fours Walderode, en los que sostuvo que se había violado el artículo 26 del Pacto: "los autores, en este caso y muchos otros en situaciones análogas, habían abandonado Checoslovaquia debido a sus opiniones políticas y, para protegerse de la persecución política, se habían refugiado en otros países donde finalmente establecieron su residencia permanente y obtuvieron una nueva nacionalidad. Considerando que el propio Estado Parte es responsable de [su] partida..., sería incompatible con el Pacto exigir [les] ... que obtuvieran la nacionalidad checa como condición previa para la restitución de los bienes o, en caso contrario, para el pago de una indemnización". El Comité también recuerda su jurisprudencia de que el requisito de la nacionalidad no es razonable en estas circunstancias. Además, el argumento del Estado Parte de que la condición de la nacionalidad se había incluido en la ley para incitar a los propietarios a cuidar debidamente sus bienes después del proceso de privatización no viene respaldado con pruebas.

6.5.El Comité considera que el precedente establecido en los casos citados se aplica también al autor de la presente comunicación. El Comité observa que, en el caso de la propiedad de Letkov, el Estado Parte alega que el autor no cumplió el tercer requisito, es decir, probar que los propietarios actuales adquirieron la propiedad ilegalmente. Sin embargo, el Comité observa asimismo que, aunque los tribunales inferiores tuvieron este elemento en cuenta, el Tribunal Supremo basó su decisión exclusivamente en la falta de cumplimiento de la condición de la nacionalidad. En vista de estas consideraciones, el Comité llega a la conclusión de que la aplicación al autor de la Ley Nº 87/1991, que establece el requisito de la nacionalidad para la restitución de los bienes confiscados, violó sus derechos a tenor del artículo 26 del Pacto.

7.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 26 del Pacto.

8.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva que puede consistir en una indemnización y, en el caso de la propiedad de Plzen, en la restitución o en una indemnización alternativa. El Comité reitera que el Estado Parte debe revisar su legislación para velar por que todas las personas gocen de igualdad ante la ley y de una igual protección de la ley.

9.Teniendo en cuenta que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

G. Comunicación Nº 968/2001, Jong-Cheol c. la República de Corea (Dictamen aprobado el 27 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:Kim Jong-Cheol (representado por el abogado Cho Yong‑Whan, del estudio Horizon Law Group, de Seúl)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:República de Corea

Fecha de la comunicación:31 de enero de 2000 (presentación inicial)

Asunto: Condena penal de un periodista por haber publicado los resultados de una encuesta de opinión antes de las elecciones

Cuestiones de procedimiento: Ninguna

Cuestiones de fondo: Derecho a la libertad de expresión

Artículos del Pacto: Párrafos 2 y 3 del artículo 19, apartados a) y b) del artículo 25 y artículo 26

Artículos del Protocolo

Facultativo: Artículo 1

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 27 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 968/2001, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de Kim Jong-Cheol con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación es el Sr. Kim Jong-Cheol, ciudadano de Corea. Afirma ser víctima de violaciones por la República de Corea de sus derechos en virtud del párrafo 2 del artículo 19, de los apartados a) y b) del artículo 25 y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Sr. Jong-Cheol está representado por un abogado.

Antecedentes

2.1.El 11 de diciembre de 1997, el autor, que es periodista, publicó un artículo en un semanario nacional en el que incluía datos sobre encuestas de opinión realizadas entre el 31 de julio y el 11 de diciembre de 1997 sobre las elecciones presidenciales del 18 diciembre de 1997. En febrero de 1998, el Fiscal de Distrito lo acusó de haber violado las disposiciones del párrafo 1 del artículo 108 de la Ley de elecciones a cargos públicos y de prevención del fraude electoral (en adelante, la "Ley electoral"), que prohíbe la publicación de los resultados de encuestas de opinión durante la campaña electoral. Según el párrafo 1 del artículo 33, la campaña electoral dura 23 días. La Ley electoral sanciona penalmente la divulgación de encuestas de opinión política durante los 23 días anteriores a las elecciones, incluido el día mismo de la votación. El 16 de julio de 1998 la división colegial del Tribunal Penal de Distrito de Seúl lo declaró culpable de los delitos de que estaba acusado y le impuso una multa de 1 millón de won (aproximadamente 445 dólares de los EE.UU.).

2.2.El autor apeló contra esta decisión ante el Tribunal Constitucional y al mismo tiempo impugnó la constitucionalidad de las correspondientes disposiciones de la Ley electoral. El 28 de enero de 1999, el Tribunal declaró constitucionales esas disposiciones de la ley, estableciendo que la duración del período de la campaña electoral en el que estaba prohibido publicar los resultados de las encuestas era razonable para garantizar resultados electorales imparciales y no distorsionados. En su sentencia, hizo referencia a un estudio que presuntamente demostraba que las encuestas de opinión pública podían alentar a los votantes a preferir al candidato con más posibilidades de ganar (el denominado "efecto de Panurgo"), o podían dar votos de compasión al candidato menos favorecido (el denominado "efecto de David"), distorsionando la voluntad de los votantes. El 13 de abril de 1999, el Tribunal Superior confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito y el 20 de agosto de 1999 la Corte Suprema rechazó la apelación del autor.

La denuncia

3.1.El autor afirma que su condena viola las disposiciones del párrafo 2 del artículo 19 y los apartados a) y b) del artículo 25 del Pacto. Afirma que no se ha demostrado que la prohibición de publicar resultados de encuestas durante la campaña electoral promueva las elecciones imparciales, ya que la afirmación del Tribunal Constitucional de que la publicación de las encuestas podría desviar los votos hacia determinados candidatos o alejarlos de ellos eran meras conjeturas. El razonamiento del Tribunal Constitucional se basa principalmente en una teoría académica no demostrada (los efectos "de Panurgo" y "de David") y no puede invocarse una "teoría" tan incierta para privar al autor de su derecho a la libertad de expresión y a proporcionar información. De hecho, según el razonamiento del propio Tribunal Constitucional, en teoría los dos posibles efectos adversos podrían anularse mutuamente.

3.2.El autor estima que, en su carácter de periodista, el artículo 19 le garantiza el derecho a cumplir su obligación profesional de dar información pertinente al lector. Su obligación de informar es un requisito previo para ejercer el derecho público de acceso a la información y la prohibición de que se trata es excesiva y desproporcionada.

3.3.El autor sostiene que el párrafo 1 del artículo 108 de la Ley electoral viola las disposiciones de los apartados a) y b) del artículo 25, ya que impide el intercambio libre y pleno de información, que es vital para que los electores puedan formarse una opinión de manera significativa. Los resultados de las encuestas de opinión pública fiables brindan información pertinente y significativa que es de interés para los votantes. Al ser informados de la posible posición de los candidatos en una elección, los electores pueden libremente formarse su propia opinión acerca de los candidatos o modificarla.

3.4.El autor dice que la prohibición discrimina de forma injustificada a las personas con acceso directo a las encuestas (ya que realizar encuestas no constituye en sí un delito) respecto a las que no tienen acceso a ellas y que ello provoca distorsiones en la formación de la opinión del votante. Sostiene que, como la restricción sobre la publicación de las encuestas no se aplica a los medios de comunicación extranjeros a los que se puede acceder fácilmente en el país, la prohibición no tiene ninguna utilidad práctica. Por último, afirma que el Estado Parte no ha demostrado que la publicación del autor haya tenido efectos negativos sobre las elecciones y que, por consiguiente, el castigo era injustificado.

3.5.El autor sostiene que el mismo asunto no se ha sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional y que han sido agotados los recursos internos.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión y comentarios del autor al respecto

4.1.El 22 de febrero de 2002, el Estado Parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. Se remite a la decisión del Tribunal Constitucional, que consideró que las restricciones a la publicación de los resultados de encuestas de opinión pública durante el tiempo necesario para garantizar elecciones imparciales no constituyen una violación ni de la Constitución ni del Pacto. Hace referencia al párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución, que dispone que las libertades y los derechos de los ciudadanos pueden ser restringidos por ley sólo cuando resulte esencial para salvaguardar la seguridad nacional y el mantenimiento del orden o el bienestar públicos, al igual que el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto. Sostiene que la garantía de las elecciones imparciales forma parte integrante del orden público en una sociedad democrática. La duración del período de restricción no puede considerarse ni excesiva ni discriminatoria.

4.2.El Estado Parte afirma que el razonamiento del Tribunal Constitucional no se basa en teorías o posibilidades, sino en la experiencia del país, y tiene en cuenta que en el pasado la cultura y el clima electorales en la República de Corea habían sido vulnerables a manipulaciones e irregularidades políticas. Los resultados de encuestas de opinión pública, manipulados en forma indebida o parcial, que se han dado a conocer antes de las elecciones han afectado a menudo las decisiones de los votantes, poniendo así en peligro la transparencia del proceso. Sin embargo, el Estado Parte dice que con el tiempo, cuando haya madurado el clima político, podría levantarse la prohibición de publicar los resultados de las encuestas de opinión pública.

5.El 31 de julio de 2003, el autor hizo llegar sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte, y afirmó que no existía ninguna relación entre el hecho de que hubiera publicado los resultados de encuestas de opinión y las denominadas "manipulaciones e irregularidades políticas" en las campañas electorales, y que el propio Gobierno era responsable de crear una "cultura y un clima electorales... vulnerables a las manipulaciones e irregularidades políticas". A su juicio, esas manipulaciones eran posibles en parte porque el Gobierno había impuesto limitaciones a la libertad de expresión y al acceso irrestricto a la información en el contexto electoral. El Estado Parte no ha explicado qué tipo de daño ha causado el autor al anunciar los resultados de la encuesta ni qué relación guardaba la prohibición con el deseo de garantizar elecciones imparciales. Tampoco demostró un vínculo entre el castigo del autor y los motivos de la restricción del derecho a la libertad de expresión consagrado en el Pacto.

Observaciones complementarias del Estado Parte

6.1.En su presentación de 28 de junio de 2004, el Estado Parte recuerda que la Ley electoral tiene por fin garantizar que las elecciones públicas sean más transparentes al impedir que se vean afectadas por encuestas de opinión pública tendenciosas o manipuladas cuya información errónea pudiese influir sobre los votantes. Incluso aunque se realicen de manera imparcial y objetiva, las encuestas pueden ejercer una influencia por los efectos de "Panurgo" y "David".

6.2.El Estado Parte reconoce que el abuso de poder por algunos actores políticos socavó en el pasado la realización de elecciones imparciales, pero niega que el Gobierno sea responsable de la cultura electoral que impera en la actualidad. El poder social y político de los medios de comunicación hoy en día es mayor y tiene efectos cruciales sobre la formación de la opinión, en particular en el período electoral. Según la Ley electoral, el Gobierno tiene la obligación legal de mejorar la cultura electoral impidiendo que los medios de comunicación publiquen resultados de encuestas de opinión incorrectas que puedan interferir en los resultados de las elecciones. Por último, dice que no tiene necesidad de demostrar el daño causado por la publicación de las encuestas de opinión en cada caso individual para justificar la aplicación de la ley.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

7.2.El Comité ha comprobado, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Comité señala que el Estado Parte no ha dicho que existan otros recursos internos que no se hayan agotado o a los que el autor pudiera tener acceso.

7.3.En cuanto a las denuncias del autor en virtud de los apartados a) y b) del artículo 25 y del artículo 26 del Pacto, el Comité estima que el autor no las ha fundamentado debidamente a afectos de admisibilidad. Por consiguiente, declara no admisibles estas denuncias en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo. El Comité procede inmediatamente a examinar el fondo de la denuncia formulada en el marco del artículo 19 del Pacto.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información que le han presentado las partes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8.2.El Comité observa que la cuestión que tiene ante sí es si la condena del autor en virtud del párrafo 1 del artículo 108 de la Ley de elecciones a cargos públicos y de prevención del fraude electoral, por haber publicado un artículo con resultados de encuestas de opinión durante la campaña para las elecciones presidenciales, viola las disposiciones del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto. El párrafo 2 del artículo 19 del Pacto garantiza a toda persona el derecho a la libertad de expresión e incluye "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". El Comité estima que con sus artículos el autor ejercía su derecho a transmitir información e ideas en el sentido del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto.

8.3.El Comité observa que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 19, toda restricción de la libertad de expresión debe cumplir las condiciones siguientes: debe haber sido establecida por ley, debe estar dirigida a alcanzar los objetivos enumerados en el párrafo 3 del artículo 19 y debe ser necesaria para que se alcance el fin deseado. Las restricciones fueron establecidas por ley, con arreglo al párrafo 1 del artículo 108 de la Ley de elecciones a cargos públicos y de prevención del fraude electoral. En cuanto a si las medidas estaban dirigidas a alcanzar uno de los objetivos enumerados en el párrafo 3, el Comité observa que el Estado Parte sostiene que la restricción se justifica porque está destinada a proteger el orden público (apartado b) del párrafo 3). El Comité considera que, en la medida en que la restricción se refiere a los derechos de los candidatos presidenciales, esta restricción quizá también esté amparada por el apartado a) del párrafo 3 del artículo 19 (necesaria para asegurar el respeto de los derechos de los demás). El Comité observa que el razonamiento en que se basa la restricción es el deseo de dar al electorado un período limitado de reflexión durante el cual estará al abrigo de consideraciones ajenas a las cuestiones que se debaten en las elecciones y que se aplican restricciones análogas en muchos países. El Comité observa también las características de la historia reciente de los procesos políticos democráticos del Estado Parte, incluidos los mencionados por el propio Estado Parte. En tales circunstancias, una ley que restrinja la publicación de las encuestas de opinión por un período limitado de tiempo antes de una elección no parece ipso facto vulnerar los objetivos del párrafo 3 del artículo 19. En cuanto a la cuestión de la proporcionalidad, el Comité observa que, aunque el período de limitación de 23 días antes de la elección es inusualmente prolongado, no es necesario que se pronuncie sobre la compatibilidad per se del período de limitación con el párrafo 3 del artículo 19, puesto que el hecho inicial del autor, a saber, la publicación de encuestas de opinión inéditas, tuvo lugar siete días antes de la elección. La condena del autor por esa publicación no puede considerarse excesiva en el contexto de las condiciones establecidas por el Estado Parte. El Comité también observa que la sanción impuesta al autor, aunque entra en el ámbito del derecho penal, no puede considerarse excesivamente dura. Por tanto, el Comité no está en condiciones de sostener que la ley, tal como se aplicó al autor, sea desproporcionada con respecto a sus objetivos. El Comité estima, pues, que en ese respecto no se ha producido una violación del artículo 19 del Pacto.

9.El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, opina que los hechos expuestos no ponen de manifiesto una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

APÉNDICE

Voto particular (disidente) de los miembros del Comité Christine Chanet, Abdelfattah Amor, Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Alfredo Castillero Hoyos, Ahmed Tawfik Khalil y Rajsoomer Lallah

Observamos que toda restricción impuesta a la libertad de expresión con arreglo al párrafo 3 del artículo 19 debe reunir las siguientes condiciones: debe estar prevista en la ley, debe promover uno de los objetivos enumerados en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 19 y debe ser necesaria para alcanzar un fin legítimo. Aunque el Estado Parte ha afirmado que las restricciones en este caso se justifican para proteger el orden público y están previstas en la ley, con arreglo al párrafo 1 del artículo 108 de la Ley de elecciones a cargos públicos y de prevención del fraude electoral, no consideramos que las medidas adoptadas contra el autor fueran necesarias para el fin expresado. Señalamos que el Estado Parte ha invocado el orden público en el contexto de deseo de garantizar elecciones libres y justas y del temor de que los medios de información manipulen a la opinión pública dando a conocer resultados imprecisos de encuestas de opinión. El Estado Parte también se ha referido al deseo de evitar los efectos de "Panurgo" y de "David" en el electorado. Consideramos que el Estado Parte no ha demostrado la realidad de la amenaza que comporta el ejercicio de la libertad de expresión por el autor; tampoco ha explicado por qué debe privarse al electorado de información que puede ayudarlo a obtener el resultado electoral más acorde a sus preferencias políticas generales. Señalamos también que los supuestos efectos "de Panurgo" y "de David" son mutuamente contradictorios y subrayamos además que el período de 23 días exigidos por la ley es inusitadamente largo. Concluimos que los argumentos del Estado Parte son insuficientes para afirmar que la restricción de la libertad de expresión del autor es compatible con el párrafo 3 del artículo 19. Por consiguiente, consideramos que los hechos que el Comité tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto.

(Firmado):

(Firmado):

(Firmado):

(Firmado):

(Firmado):

(Firmado):

Sr. Christine Chanet

Sr. Abdelfattah Amor

Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Sr. Alfredo Castillero Hoyos

Sr. Ahmed Tawfik Khalil

Sr. Rajsoomer Lallah

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Voto particular (disidente) del miembro del Comité Ruth Wedgwood

Me sumo a mis colegas del Comité de Derechos Humanos que han concluido que la Ley penal que prohíbe la publicación de encuestas de opinión política durante una campaña electoral contraviene el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

La Ley de prevención del fraude electoral de Corea del Sur prohíbe que se publiquen o citen los "resultados" de las encuestas de opinión pública y cualquier detalle de esas encuestas durante todo el período de la campaña electoral. Por tanto, durante el período de 23 días que dura la campaña para la presidencia de Corea del Sur ningún escritor o analista político puede hacer especulaciones acerca de las posibilidades de un candidato o acerca de la aprobación por el público de la plataforma política de uno de los partidos, si esas especulaciones se basan en encuestas de opinión de los votantes.

Esto restringe las posibilidades oralmente o por escrito de los ciudadanos así como la libertad de expresión de los periodistas. La ley limita lo que puede decir un partido político acerca del grado de apoyo público que obtiene y se aplica a las campañas locales así como a las nacionales. La falta de definición de "encuesta" indicaría que aparentemente se prohíbe incluso una simulación de elección entre los miembros de un club de fútbol. Esta limitación impuesta al derecho de expresarse por escrito y oralmente es especialmente estricta, pues se sanciona con pena de prisión de hasta dos años, aunque en este caso la pena impuesta sea una multa.

Algunos consideran conveniente que haya un intervalo durante el cual las elecciones no pueden discutirse como si se tratara de una carrera de caballos. Pero la prohibición total durante la duración de la campaña de toda encuesta acerca de los candidatos políticos y los partidos políticos también vulnera la capacidad de examinar problemas y controversias. La prohibición significa que ningún periodista puede decir en la radio ni mencionar en una columna del periódico que, según un muestreo de la opinión pública, determinado candidato parece haber ganado apoyo en una campaña y que ese apoyo está vinculado con las opiniones del candidato sobre una cuestión de actualidad.

El Estado Parte ha sostenido que las encuestas electorales pueden ser "incorrectas" y que los medios de información tienen "cada vez más poder" y trata de justificar la prohibición aduciendo la protección del "orden público" (véase párr. 6.2 supra). Sin embargo, las encuestas de opinión pública pueden considerarse como parte del diálogo entre los candidatos y los ciudadanos. Éstas pueden aportar una de las salvaguardias necesarias para lograr elecciones honestas, tanto en las democracias nuevas como en las establecidas. En todo caso, el artículo 19 del Pacto dispone que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la "libertad de expresión" y a "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa".

El Estado Parte no ha demostrado que su tajante prohibición de la publicación de una encuesta que revele la evolución de la opinión de los votantes es una restricción justificable en el marco de las garantías generales de la libertad de expresión del Pacto.

En una impugnación de la ley sometida al Tribunal Penal de Corea del Sur, un juez "disidente" señaló que "la libertad de intercambiar opiniones es una condición previa absoluta del sistema democrático". Esta clarividente declaración se refleja también en el Pacto.

(Firmado):

Sra. Ruth Wedgwood

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

H. Comunicación Nº 971/2001, Arutyuniantz c. Uzbekistán (Dictamen aprobado el 30 de marzo de 2005, 83º período de sesiones)*

Presentada por:Irina Arutyuniantz (no representada por un abogado)

Presunta víctima:Vazgen Arutyuniantz, hijo de la autora

Estado Parte:Uzbekistán

Fecha de la comunicación:18 de diciembre de 2000 (comunicación inicial)

Asunto: Fallo condenatorio basado en el testimonio de un presunto cómplice; incapacidad del tribunal de determinar en forma concluyente quién fue el asesino

Cuestiones de fondo: Presunción de inocencia

Cuestiones de procedimiento: Ninguna

Artículos del Pacto: Párrafo 2 del artículo 14

Artículos del ProtocoloPárrafo 2 del artículo 4 y apartado b) del párrafo 2 del

Facultativo: artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 30 de marzo de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 971/2001, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de Vazgen Arutyuniantz con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora es Irina Arutyuniantz, ciudadana de Uzbekistán nacida en 1952. Presenta la comunicación en nombre de su hijo, Vazgen Arutyuniantz, también ciudadano uzbeko, nacido en 1977, que actualmente está preso en la ciudad de Andijan (Uzbekistán). La autora afirma que su hijo es víctima de la violación por parte de Uzbekistán de los artículos 6 y 7, del párrafo 2 y el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 y del artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No está representada por un abogado.

1.2.El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor en Uzbekistán el 28 de diciembre de 1995.

Los hechos expuestos por la autora

2.1.El 31 de mayo de 2000, el Tribunal Militar de Tashkent condenó a Vazgen Arutyuniantz y a otro hombre, Armen Garushyantz, por el asesinato de dos personas y el robo de sus apartamentos, a la pena de muerte. El tribunal determinó que, en enero de 1999, los dos hombres habían visitado en su apartamento a una de las víctimas, a la que debían dinero, que la mataron con un martillo y que saquearon su apartamento. El tribunal resolvió que, en marzo de 1999, esos dos hombres habían matado a otro hombre, al que golpearon repetidas veces con un martillo en la cabeza, cuyo apartamento habían saqueado después. La autora afirma que su hijo admitió que había estado presente en el lugar en que se habían cometido los dos asesinatos y reconoció el robo, pero la autora sostiene que su hijo es inocente en lo que respecta a los asesinatos.

2.2.La autora señala que su hijo no tuvo un juicio imparcial y que fue injustamente declarado culpable de asesinato. Su condena se basó en el testimonio de su presunto cómplice, Garushyantz, que se desdijo varias veces. Al ser detenido, Garushyantz declaró que Arutyuniantz, quien a la sazón se encontraba todavía en libertad, había cometido los dos asesinatos. Cuando Arutyuniantz fue detenido, Garushyantz admitió que había mentido sobre la culpabilidad de Arutyuniantz, porque confiaba en que éste no fuera detenido y, por tanto, no contradiría su declaración. Durante el juicio, Garushyantz volvió a cambiar su declaración por temor a ser condenado a la pena de muerte, afirmando que Arutyuniantz había matado a la primera víctima y él a la segunda. Pese a estas contradicciones, el hijo de la autora fue declarado culpable de asesinato sobre la base de la declaración de Garushyantz.

2.3.La autora señala que no hubo pruebas ni conclusión judicial de que el autor de la muerte de una de las víctimas o de las dos fuera de hecho Arutyuniantz ni de que fuera cómplice, a pesar de que en el auto Nº 10 del Tribunal Supremo se prescribe que, en caso de delitos presuntamente cometidos por un grupo de personas, el tribunal debe cerciorarse de qué papel desempeñó cada una de ellas en el delito. En la decisión judicial sólo se indica que "Garushyantz y Arutyuniantz golpearon (a las víctimas) con un martillo", sin que se examinara la cuestión de quién fue exactamente el que asestó los martillazos. Por consiguiente, la autora sostiene que se conculcó el derecho de su hijo a la presunción de inocencia mientras no se demostrara su culpabilidad. La autora señala que el tribunal se mostró durante el juicio predispuesto a la condena y que aceptó todos y cada uno de los cargos formulados contra su hijo con arreglo al Código Penal, aunque algunos no eran claramente aplicables. En efecto, se acusó a su hijo de haber asesinado a dos o más personas, a tenor del artículo 97 del Código Penal que, según la autora, sólo se aplica cuando los asesinatos se cometen de manera simultánea. La autora sostiene además que no había pruebas de que hubiera circunstancias agravantes, como determinó el tribunal. Sostiene que la decisión de éste fue una simple repetición del auto de procesamiento, lo que constituye otro indicio de la falta de objetividad del tribunal.

2.4.La autora afirma que, tras ser detenido por la policía, su hijo fue brutalmente golpeado con el propósito de arrancarle una confesión de su presunta participación en los asesinatos. Que su hijo fue golpeado quedó demostrado en un reconocimiento médico realizado por el Ministerio de Defensa el 12 de julio de 1999. La autora señala que su marido fue a visitar a su hijo detenido y regresó muy impresionado porque el hijo estaba cubierto de hematomas. El recluso dijo a su padre que le dolían mucho los riñones, orinaba sangre, le dolía la cabeza y no podía apoyarse en los talones. Al parecer, el investigador le dijo al marido de la autora que su hijo era un asesino y que lo iban a fusilar. En un mensaje que envió a sus padres desde su celda, el detenido imploró su ayuda y dijo que era objeto de constantes palizas, pero que se negaba a confesar porque no era un asesino. La autora afirma que su marido, desesperado por la situación en que se encontraba el hijo, se suicidó en octubre de 1999.

2.5.El Sr. Arutyuniantz interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar los hechos, salvo la alegación de que había sido brutalmente golpeado. El 6 de octubre de 2000 se desestimó la apelación contra la condena por asesinato.

La denuncia

3.La autora alega que el juicio de su hijo y los malos tratos de que fue víctima en prisión preventiva constituyen violaciones de los artículos 6 y 7, del párrafo 2 y del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, y del artículo 16 del Pacto.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.Mediante nota de fecha 13 de enero de 2005, el Estado Parte declaró que, el 28 de diciembre de 2001, el Tribunal Supremo dictó un auto por el que se conmutaba la pena de muerte a la que había sido condenado Arutyuniantz por una pena de 20 años de reclusión. Al amparo de los Decretos presidenciales de amnistía, de fechas 28 de diciembre de 2000, 22 de agosto de 2001 y 3 de diciembre de 2002, la pena del Sr. Arutyuniantz se redujo a 9 años, 4 meses y 22 días de prisión; no tuvo derecho a beneficiarse de ulteriores decretos de amnistía, de fecha 1º de diciembre de 2003 y 1º de diciembre de 2004, por haber infringido el reglamento de la prisión.

4.2.El Estado Parte señala que la investigación preliminar de los delitos por los que se condeno al Sr. Arutyuniantz se efectuó de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de Uzbekistán y que todos los cargos y pruebas fueron objeto de una evaluación a fondo. Sostiene que se consideró probada la culpabilidad de Arutyuniantz, por lo que la comunicación es inadmisible y carece de fundamento.

Deliberaciones del Comité

5.1.Antes de examinar la queja que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, debe decidir si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

5.2.El Comité se ha cerciorado, en cumplimento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

5.3.El Comité observa que no se ha fundamentado la queja de la autora con arreglo al artículo 16, ya que no figura en el expediente ninguna información que indique que al hijo de la autora se le haya denegado el reconocimiento de la personalidad jurídica. Además, en vista de que al Sr. Arutyuniantz le fue conmutada la pena capital, la queja de la autora con arreglo al artículo 6 del Pacto ha dejado de tener hechos que la sustenten. El Comité considera, por consiguiente, que no se han fundamentado esas quejas y que, por ende, son inadmisibles según el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

5.4.En relación con las alegaciones de la autora de que se violaron los derechos de su hijo a tenor del artículo 7 y el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, el Comité señala que, en el recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo, el hijo de la autora no planteó esas cuestiones. No se ha proporcionado información al Comité en el sentido de que la autora hubiera denunciado ante las autoridades del Estado Parte los presuntos malos tratos de que fue víctima su hijo a manos de la policía. El Comité reitera que la exigencia de que el autor de una queja debe agotar los recursos de la jurisdicción interna se aplica a cada denuncia de una presunta violación del Pacto y no sólo a la decisión de un tribunal desfavorable al autor de una comunicación. El Comité considera, por consiguiente, que, con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, son inadmisibles las quejas de la autora sobre la violación del artículo 7 y del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

5.5.El Comité considera que nada se opone a la admisibilidad de la comunicación de la autora en relación con el párrafo 2 del artículo 14 y pasa a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

6.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información que le han presentado las partes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Observa que, si bien el Estado Parte ha formulado observaciones sobre el caso y sobre la condena impuesta al hijo de la autora y ha facilitado información sobre la conmutación de la pena capital, no ha proporcionado en cambio ninguna información sobre las quejas de la autora. El Estado Parte se limita a argüir que el Sr. Arutyuniantz fue juzgado y condenado conforme a la legislación uzbeca, que los cargos y pruebas fueron objeto de una evaluación a fondo, que quedó demostrada su culpabilidad y que la comunicación es inadmisible y carece de fundamento.

6.2.En relación con la alegación de la autora de que no se presumió la inocencia de su hijo mientras no se probara su culpabilidad, la autora ha hecho observaciones precisas que el Estado Parte no ha refutado. El Comité recuerda que del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo se desprende que un Estado Parte debe examinar de buena fe todas las alegaciones formuladas en su contra y facilitar al Comité toda la información pertinente de que disponga. El Comité no considera que esta obligación se cumpla con una declaración general sobre la idoneidad del procedimiento penal en cuestión. En esas circunstancias, debe otorgarse la debida importancia a las alegaciones de la autora, en la medida en que se las haya fundamentado.

6.3.La autora destaca algunas circunstancias que, según ella, demuestran que su hijo no obtuvo el beneficio de la presunción de inocencia. Afirma que la condena de su hijo se basó en el testimonio de un cómplice, que cambió su declaración varias veces y que, en un momento dado, confesó que él había cometido los asesinatos y que había implicado falsamente a Arutyuniantz. La autora también declara que el Tribunal de Primera Instancia nunca llegó a una conclusión definitiva sobre la identidad del asesino de las dos víctimas; en la sentencia se indica que los dos acusados golpearon y mataron a las víctimas con un solo martillo.

6.4.El Comité recuerda su Observación general Nº 13, en la que se reitera que, en virtud del principio de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación, y el acusado debe tener el beneficio de la duda. No puede presumirse la culpabilidad hasta que no se haya demostrado la acusación más allá de toda duda razonable. De la información de que dispone el Comité, que no ha sido refutada en cuanto al fondo por el Estado Parte, se desprende que los cargos y las pruebas contra el autor dejan un margen de duda considerable. En opinión del Comité, las pruebas incriminatorias presentadas contra una persona por un cómplice acusado del mismo delito deben examinarse con prudencia, especialmente cuando el cómplice ha modificado su versión de los hechos en diversas ocasiones. Con arreglo a la información de que dispone el Comité, ni el Tribunal de Primera Instancia ni el Tribunal Supremo han tenido esas cuestiones en cuenta, a pesar de haber sido planteadas por el hijo de la autora.

6.5.El Comité es consciente de que, con arreglo a su jurisprudencia, por lo general no le corresponde a él sino a los tribunales de los Estados Partes, examinar o evaluar los hechos y las pruebas o examinar la interpretación de la legislación nacional por parte de los tribunales nacionales, a menos que pueda demostrarse que la ordenación material del juicio o la evaluación de los hechos y las pruebas o la interpretación de la legislación han sido manifiestamente arbitrarias o equivalido a una denegación de justicia. Por las razones expuestas más arriba, el Comité considera que, en el presente caso, el juicio del autor adoleció de esos defectos.

6.6.A falta de una explicación del Estado Parte, las inquietudes antes expuestas suscitan grandes dudas acerca de la culpabilidad del hijo de la autora en los asesinatos por los que fue condenado. Basándose en la documentación de que dispone, el Comité considera que no se concedió al Sr. Arutyuniantz el beneficio de la duda en el proceso penal a que fue sometido. Por ello, el Comité llega a la conclusión de que no se respetó el principio de presunción de inocencia, en violación del párrafo 2 del artículo 14.

7.El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estima que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.

8.Conforme al apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Comité considera que el hijo de la autora tiene derecho a una reparación apropiada, incluida una indemnización y a un nuevo juicio o a la liberación.

9.Al adquirir la condición de Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto, y se ha comprometido, de conformidad con el artículo 2 del Pacto, a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y una reparación efectiva y ejecutoria cuando se determine que se han violado esos derechos. El Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información acerca de las medidas adoptadas para llevar a efecto el presente dictamen. Se pide también al Estado Parte que haga público el dictamen del Comité.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

I. Comunicación Nº 973/2001, Khalilova c. Tayikistán (Dictamen aprobado el 30 de marzo de 2005, 83º período de sesiones)*

Presentada por:Sra. Maryam Khalilova (no representada por un abogado)

Presunta víctima:Sr. Validzhon Alievich Khalilov (hijo de la autora)

Estado Parte :Tayikistán

Fecha de la comunicación:14 de mayo de 2001 (comunicación inicial)

Asunto: Pena de muerte impuesta al término de un proceso sin las debidas garantías

Cuestiones de procedimiento: Información no proporcionada por el Estado Parte

Cuestiones de fondo: Imposición de la pena de muerte al término de un juicio sin las debidas garantías y malos tratos durante las investigaciones preliminares

Artículos del Pacto:Artículos 6, 7, 10 y 14

Artículos del Protocolo: Artículo2 y párrafo 4 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 30 de marzo 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 973/2001, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre del Sr. Validzhon Alievich Khalilov con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le ha presentado por escrito el autor de la comunicación,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora de la comunicación es la Sra. Maryam Khalilova, ciudadana de Tayikistán nacida en 1954. Presenta la comunicación en nombre de su hijo, Validzhon Alievich Khalilov, también ciudadano tayiko, nacido en 1973, que en la época en que fue remitida la comunicación estaba recluido en el pabellón de los condenados a muerte del Centro de Detención SIZO Nº 1, de Dushanbé, en espera de su ejecución, luego de que el Tribunal Supremo de Tayikistán le impusiera la pena de muerte el 8 de noviembre de 2000. La autora afirma que su hijo es víctima de la violación por Tayikistán de los párrafos 1 y 4 del artículo 6; del párrafo 1 del artículo 10; y del párrafo 2, del apartado g) del párrafo 3 y del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La comunicación también parece plantear cuestiones comprendidas en el artículo 7 del Pacto, respecto de la autora y su hijo, aunque la autora no haya invocado directamente esta disposición. La autora no está representada por un abogado.

1.2.El 16 de mayo de 2001, con arreglo al artículo 92 (antiguo artículo 86) de su reglamento, el Comité de Derechos Humanos, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, pidió al Estado Parte que no ejecutara la pena de muerte impuesta al Sr. Khalilov mientras el caso fuera examinado por el Comité. Esta solicitud sobre medidas provisionales de protección fue reiterada el 17 de diciembre de 2002 y el 15 de abril de 2004. No se ha recibido respuesta del Estado Parte. En una carta de fecha 18 de febrero de 2005, la autora informó al Comité de que el 10 de febrero de 2005 había recibido una certificación firmada por un vicepresidente del Tribunal Supremo en la que constaba que su hijo había sido ejecutado el 2 de julio de 2001.

Los hechos expuestos

2.1.En 1997, un tal Saidmukhtor Yorov formó una banda armada en el distrito de Gulliston, ubicado en la región de Lenin (Tayikistán). Por la fuerza y mediante amenazas, Yorov reclutó a jóvenes como miembros de su banda y los obligó a cometer varios delitos graves. La autora explica que su hijo fue amenazado y obligado a punta de pistola a sumarse a la banda de Yorov. Cuando su hijo se percató de la naturaleza supuestamente "anticonstitucional" de las actividades de la banda, escapó y se escondió en la casa de una tía en el distrito de Lokhur, para eludir la persecución de los pandilleros.

2.2.En abril de 1997, el Sr. Khalilov visitó su pueblo natal (Khosilot kolkhoz), en el distrito de Gulliston, para asistir a la boda de su hermana. Después de la ceremonia, el Sr. Khalilov y su padre fueron a orar a la mezquita del pueblo. Según la autora, miembros de la banda de Yorov que se encontraban en la mezquita reconocieron a su hijo y de inmediato lo capturaron y lo condujeron ante Yorov. El Sr. Khalilov fue obligado a unirse de nuevo al grupo.

2.3.A fines de septiembre de 1997, tropas del gobierno lanzaron volantes desde helicópteros en los que el Presidente hacía un llamamiento a todas las personas que "por la fuerza y con mentiras" se hubieran unido a la banda de Yorov. El Presidente explicaba en ese texto que serían indultados los miembros de la banda que se entregaran de manera pacífica. El Sr. Khalilov volvió a escapar y la banda amenazó entonces con matar a sus padres. Varios miembros de la banda lo localizaron en casa de su tía y lo llevaron ante Yorov, que lo amenazó con que mataría a todos los miembros de su familia si se escapaba una vez más.

2.4.Aun así, en diciembre de 1997, el Sr. Khalilov escapó de nuevo y se escondió en la casa de otra tía, en la región de Hissar. Poco después, supo que se había desintegrado la banda, que Yorov había sido enjuiciado y que se habían retirado las acusaciones en su contra. En junio de 1998, abandonó la región de Hissar para regresar al distrito de Lokhur, donde las autoridades lo detuvieron en enero de 2000.

2.5.Según la autora, su hijo fue golpeado por los investigadores que trataban de obligarlo a confesar su participación en diferentes delitos no resueltos, entre ellos asesinatos, actos de violencia, atracos y robos, así como varios otros delitos cometidos entre 1998 y 2000. Según ella, los investigadores se negaron a interrogar a los vecinos de las tías en cuyas casas se había alojado su hijo entre diciembre de 1997 y enero de 2000 y que podrían haber testificado que era inocente.

2.6.En una fecha no especificada, el Sr. Khalilov fue trasladado del Departamento de Policía del distrito de Lenin al Departamento de Policía del distrito de Kaferingansky. Mientras tanto, sacaron al padre de su lugar de trabajo y lo llevaron a ver a su hijo en el Departamento de Policía del distrito de Kaferingansky. El padre observó que a su hijo lo habían golpeado y afirmó que presentaría una queja ante las autoridades competentes. Los investigadores empezaron a pegarle delante de su hijo. Amenazaron a este último con que matarían a su padre a menos que se confesara culpable de dos asesinatos en una emisión de televisión. El Sr. Khalilov se confesó culpable de los dos asesinatos, como le habían exigido. A pesar de ello, los investigadores mataron a su padre.

2.7.El 12 de febrero se volvió a ver al Sr. Khalilov en la televisión nacional (en el programa "Iztirob"). De acuerdo con la autora, su hijo había sido golpeado y tenía la nariz rota, pero las cámaras mostraban su cara sólo desde un ángulo particular en el que no eran evidentes estas lesiones.

2.8.El Tribunal Supremo examinó el caso del Sr. Khalilov junto con los de otros cinco coacusados. El hijo de la autora fue declarado culpable de los delitos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 104 (homicidio), el párrafo 3 del artículo 181 (toma de rehenes), el párrafo 3 del artículo 186 (pertenencia a banda armada), el párrafo 3 del artículo 195 (compra, venta, posesión y transporte ilegales de armas, municiones, explosivos, etc.), el artículo 244 (robo) y el artículo 249 (atraco con violencia) del Código Penal de Tayikistán y condenado a muerte el 8 de noviembre de 2000. Según la autora, ninguna víctima o parte agraviada reconoció a su hijo durante el juicio como coautor de los delitos, pese a que los testigos habían declarado que podrían reconocer de vista a cada uno de los copartícipes. El tribunal presuntamente pasó por alto las declaraciones de los testigos y se negó a tenerlas en cuenta o a incluirlas en su decisión.

2.9.El hijo de la autora presentó una solicitud de gracia presidencial, que le fue denegada el 23 de mayo de 2001.

2.10. En una carta de fecha 5 de junio de 2003, la autora reitera que su hijo fue obligado a unirse a la banda de Yorov, pero que no cometió ningún delito. Escapó de la banda y, una vez que ésta se desintegró y cuando ya no existía el peligro de que sus miembros lo persiguieran, "se reintegró a la vida normal". Los delitos fueron cometidos mientras vivía en casa de sus tías. Tras su detención en 2000, fue acusado de delitos perpetrados por la banda y, como resultado de ello, condenado a muerte. Se señala que la sentencia fue confirmada por un tribunal de casación (no se precisa la fecha ni el tribunal).

2.11. La autora explica asimismo que no sabe en qué lugar estaba recluido su hijo. Los funcionarios del Centro de Detención SIZO Nº 1, de Dushanbé, se habían negado presuntamente a aceptar los paquetes que llevaba para su hijo, diciéndole que éste había sido transferido, sin darle más explicaciones.

2.12. El 18 de febrero de 2005, la autora informó al Comité de que había recibido una carta del Vicepresidente del Tribunal Supremo, de fecha 2 de febrero de 2005, en que le comunicaba que su hijo había sido ejecutado el 2 de julio de 2001.

La denuncia

3.1.La autora alega que fueron violados los derechos de su hijo amparados por el párrafo 1 del artículo 10, por las brutales palizas que le propinaron los investigadores. Esta parte de la comunicación también puede plantear cuestiones con arreglo al artículo 7 del Pacto respecto del Sr. Khalilov, pese a que la autora no lo invoque expresamente.

3.2.La alegación de la autora en el sentido de que, para ejercer mayor presión sobre el Sr. Khalilov, los investigadores habían llevado a su padre al centro de detención donde fue muerto a golpes delante de su hijo también parece plantear cuestiones relacionadas con el artículo 7 del Pacto, en lo referente al hijo, pese a que la autora no invoca esta disposición en concreto.

3.3.La autora sostiene que los hechos expuestos equivalen a una violación del derecho de su hijo a que se presumiera su inocencia con arreglo al párrafo 2 del artículo 14. Recuerda que su hijo fue exhibido en la televisión nacional durante la etapa de investigación, esto es, antes de que un tribunal determinara su culpabilidad, y que fue obligado a confesarse culpable, en público, de varios delitos graves.

3.4.La autora afirma además que su hijo fue víctima de una violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, puesto que los investigadores lo obligaron a confesarse culpable.

3.5.Sin mayor fundamentación de este alegato, la autora sostiene que también se violó el derecho del Sr. Khalilov, previsto en el párrafo 5 del artículo 14, a que la pena impuesta fuera sometida a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

3.6.La autora afirma que se violaron los derechos de su hijo con arreglo a los párrafos 1 y 4 del artículo 6, interpretados en forma conjunta con el artículo 14, porque fue condenado a muerte al término de un juicio sin las debidas garantías procesales.

3.7.Por último y pese a que la autora no lo plantea expresamente, la comunicación también parece suscitar cuestiones con arreglo al artículo 7, respecto de la propia autora, debido a que presuntamente las autoridades tayikas se negaron reiteradas veces a revelarle la situación y paradero de su hijo.

Desatención por el Estado Parte de la petición del Comité de que adoptara medidas provisionales de conformidad con el artículo 92 de su reglamento

4.1.El Comité observa que el Estado Parte había ejecutado al hijo de la autora a pesar de que se había presentado una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo y de que se había solicitado al Estado Parte la adopción de medidas provisionales de protección a este respecto. El Comité recuerda que, en virtud de su adhesión al Protocolo Facultativo, todo Estado Parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctima de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto (preámbulo y artículo 1). La adhesión del Estado al Protocolo lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para que éste pueda examinar esas comunicaciones y, después del examen, presentar sus observaciones al Estado Parte y al interesado (párrafos 1 y 4 del artículo 5). Es incompatible con estas obligaciones que un Estado Parte adopte medidas que impidan o frustren la consideración y el examen de la comunicación por el Comité y la expresión de sus observaciones.

4.2.Al margen de cualquier violación del Pacto de que se acuse a un Estado Parte en una comunicación, dicho Estado comete violaciones graves de sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo si actúa de manera que impida o frustre la consideración por el Comité de una comunicación en que se alegue una violación del Pacto o haga que el examen por el Comité quede en suspenso o que la expresión de sus observaciones sea inoperante y vana. En la presente comunicación, la autora alega que se han denegado a su hijo los derechos enunciados en los artículos 6, 10 y 14 del Pacto. Formula asimismo alegaciones que se podrían subsumir en relación con el artículo 7, a pesar de que ese artículo no es invocado expresamente. Tras haberse notificado al Estado Parte la comunicación, el Estado ha violado sus obligaciones en virtud del Protocolo al proceder a la ejecución de la presunta víctima antes de que el Comité concluyera su consideración y examen y antes de que formulara y comunicara sus observaciones. Es particularmente inexcusable que el Estado lo haya hecho después de que el Comité hubiera actuado con arreglo al artículo 92 (ex artículo 86) de su reglamento, pidiendo al Estado Parte que se abstuviera de hacerlo.

4.3.El Comité también manifiesta su grave preocupación por la falta de explicación del proceder del Estado Parte, a pesar de las diversas solicitudes cursadas a este respecto.

4.4.El Comité recuerda que las medidas provisionales que se adopten en cumplimiento del artículo 92 (antiguo artículo 86) de su reglamento, aprobado de conformidad con el artículo 39 del Pacto, son esenciales para que el Comité pueda cumplir su función con arreglo al Protocolo. Toda violación del reglamento, en especial mediante medidas irreversibles como, en el presente caso, la ejecución del hijo de la autora, debilita la protección de los derechos enunciados en el Pacto mediante el Protocolo Facultativo.

Falta de información del Estado Parte

5.Mediante las notas verbales de 16 de mayo de 2001, 17 de diciembre de 2002 y 15 de abril de 2004, se pidió al Estado Parte que presentara al Comité información sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. El Comité observa que dicha información todavía no se ha recibido. El Comité lamenta que el Estado Parte no haya proporcionado ninguna información en relación con la admisibilidad o el fondo de las alegaciones de la autora. Recuerda que está implícito en el Protocolo Facultativo que los Estados Partes deben poner a disposición del Comité toda la información de que dispongan. Ante la falta de respuesta del Estado Parte, debe darse el peso debido a las alegaciones de la autora, en la medida en que éstas han sido debidamente fundamentadas.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar cualquier denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité señala que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional y que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna sobre la base de las pruebas que se le han presentado. Puesto que no se ha recibido ninguna objeción del Estado Parte, el Comité considera que se han satisfecho los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.3.El Comité ha tomado conocimiento de la reclamación de la autora de que se violaron los derechos de su hijo amparados por el párrafo 4 del artículo 6 del Pacto. De la comunicación de la autora se desprende, no obstante, que el Sr. Khalilov había presentado una solicitud de gracia presidencial en una fecha no especificada y que su solicitud fue denegada por decreto presidencial, el 23 de mayo de 2001. En vista de ello, el Comité considera que la autora no ha fundamentado suficientemente esta alegación a efectos de la admisibilidad y decide, por consiguiente, que esta parte de la comunicación es inadmisible en virtud del párrafo 2 del Protocolo Facultativo.

6.4.El Comité considera que las alegaciones restantes de la autora están suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad, en la medida en que parecen plantear cuestiones relacionadas con los artículos 6, 7, 10 y 14 del Pacto.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han presentado las partes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2.El Comité ha tomado nota de las alegaciones de la autora de que su hijo, mientras estuvo detenido, fue víctima de malos tratos y golpeado por los investigadores que lo obligaron a confesarse culpable y que, con objeto de ejercer mayor presión sobre él, golpearon y torturaron a su padre delante de él, como consecuencia de lo cual el padre murió en las dependencias policiales. Además, la autora da los nombres de algunos de los individuos que presuntamente fueron responsables de las palizas que recibió su hijo y de las quemaduras en las manos con un hierro de que fue víctima su esposo. En ausencia de información del Estado Parte, debe darse el peso debido a las denuncias de la autora, en la medida en que han sido suficientemente fundamentadas. El Comité considera que los hechos que tiene a la vista justifican la conclusión de que el hijo de la autora fue sometido a torturas y a tratos crueles e inhumanos, en violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

7.3.En vista de que los investigadores infligieron estas vejaciones al Sr. Khalilov con objeto de obligarlo a confesarse culpable de varios delitos, el Comité considera además que los hechos expuestos también revelan una violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

7.4.El Comité ha observado la reclamación de la autora, al amparo del párrafo 2 del artículo 14, de que los investigadores violaron el derecho de su hijo a que se presumiera su inocencia. Ella sostiene que, durante la etapa de investigación, su hijo fue obligado a admitir su culpabilidad al menos en dos ocasiones en la televisión nacional. A falta de cualquier información del Estado Parte, debe darse el debido peso a estas alegaciones. El Comité se refiere a su Observación general Nº 13 y a su jurisprudencia de que "todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso". En el presente caso, el Comité llega a la conclusión de que las autoridades a cargo de la investigación no cumplieron sus obligaciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 14.

7.5.La autora alegó que se violó el derecho de su hijo a que la pena impuesta fuera sometida a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. De los documentos que el Comité tiene a la vista se desprende que, el 8 de noviembre de 2000, el Tribunal Supremo condenó a muerte, en primera instancia, al hijo de la autora. En el fallo se indica que la sentencia es firme y que no admite ningún otro recurso de casación. El Comité recuerda que, aun cuando un sistema de recurso pueda no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la pena, tanto en lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como en derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso. A falta de una explicación pertinente del Estado Parte, el Comité considera que la imposibilidad de recurrir ante una instancia judicial superior contra los fallos pronunciados por el Tribunal Supremo en primera instancia incumple los requisitos del párrafo 5 del artículo 14 y que, por consiguiente, se violado esta disposición.

7.6.En cuanto a la alegación de la autora al amparo del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto, el Comité recuerda que la imposición de la pena de muerte al concluir un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto constituye una violación del artículo 6 del Pacto. En el presente caso, la condena del hijo de la autora a la pena capital se dictó, y posteriormente se ejecutó, en violación del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 14 del Pacto y, por consiguiente, también en violación del artículo 6 del Pacto.

7.7.El Comité ha tomado conocimiento de la denuncia de la autora de que las autoridades tayikas, incluido el Tribunal Supremo, han pasado sistemáticamente por alto sus solicitudes de información y también se han negado a revelar cualquier detalle sobre la situación o el paradero de su hijo. El Comité entiende la angustia permanente y el estrés psicológico que, como madre del condenado, ha sufrido la autora debido a la incertidumbre persistente sobre las circunstancias que condujeron a su ejecución y sobre la ubicación de su sepultura. El secreto en torno a la fecha de la ejecución y el lugar del entierro tiene por efecto intimidar o castigar a las familias dejándolas deliberadamente en un estado de incertidumbre y aflicción mental. El Comité considera que el hecho de que las autoridades no informaran inicialmente a la autora de la ejecución de su hijo equivale a haberla tratado de manera inhumana, lo que viola el artículo 7 del Pacto.

8.El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opina que los hechos que se le han expuesto ponen de manifiesto la existencia de una violación de los derechos del Sr. Khalilov amparados por el párrafo 1 del artículo 6, el artículo 7, el párrafo 1 del artículo 10 y el párrafo 2, el apartado g) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, así como una violación del artículo 7 respecto de la propia autora.

9.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la autora de la comunicación un recurso efectivo, incluida la información sobre el lugar donde está enterrado su hijo y una indemnización por la angustia sufrida. El Estado Parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones análogas en el futuro.

10.Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se ruega además al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

J. Comunicación Nº 975/2001, Ratiani c. Georgia (Dictamen aprobado el 21 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:Shota Ratiani (no representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Georgia

Fecha de la comunicación:22 de julio de 1998 (comunicación inicial)

Asunto: Detención y maltrato de un partidario del ex Presidente del Estado Parte; juicio no imparcial bajo la acusación de haber participado en una conspiración para asesinar al sucesor del Presidente

Cuestiones de fondo: Juicio no imparcial; denegación del derecho de apelación; no agotamiento de los recursos internos; falta de fundamentación de algunas alegaciones

Artículos del Pacto: Artículo 7, párrafos 1 y 4 del artículo 9, párrafo 1 del artículo 10, párrafos 1 y 2, apartados c), d) y e) del párrafo 3 y párrafo 5 del artículo 14.

Artículos del Protocolo: Artículo 2 y apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5.

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 21 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 975/2001, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Shota Ratiani con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación es el Sr. Shota Ratiani, ciudadano georgiano nacido en 1955. Afirma ser víctima de la violación por Georgia del párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2, el artículo 7, el párrafo 2 del artículo 8, los párrafos 1 y 4 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 10, los párrafos 1 y 2, los incisos c), d) y e) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14, los párrafos 1 y 2 del artículo 19, el artículo 21, los apartados a) y b) del artículo 25 y el artículo 26 del Pacto. No está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor era partidario del ex Presidente de Georgia, Zviad Gamsakhurdia. Prestaba servicio en la Guardia Nacional del Sr. Gamsakhurdia y en 1993 participó en el conflicto armado de Georgia, en apoyo del Sr. Gamsakhurdia y de su Gobierno.

2.2.El 30 de agosto de 1995, un día después de una aparente tentativa de asesinato del Presidente Shevardnadze, el autor fue detenido junto con otras diez personas. La detención se efectuó sin orden de arresto. Se le acusó de tentativa de derrocamiento del Gobierno (alta traición), tentativa de terrorismo y participación en una organización que desplegaba actividades contra el Estado. El día de su detención, unos representantes de los servicios de seguridad declararon, en la televisión y en la prensa, que el autor y los demás detenidos eran "terroristas" y partidarios del ex Presidente Gamsakhurdia.

2.3.Según el autor, más tarde se detuvo a miembros de los servicios de seguridad en relación con la tentativa de asesinato, pero las autoridades siguieron sospechando que el autor y los demás detenidos habían participado en la conspiración como cómplices encargados de desviar la atención de los verdaderos responsables.

2.4.El autor afirma que los cargos en su contra fueron inventados y que se trataba de acusaciones de carácter muy general. Por ejemplo, se le acusó de ser "miembro activo" de un grupo subversivo, porque solía reunirse una vez por semana con un grupo de personas, de las cuales una fue acusada posteriormente de delitos de terrorismo.

2.5.El autor sostiene que el día de su detención, durante el interrogatorio, fue golpeado, amenazado e insultado y que no se le facilitó asistencia letrada. Afirma que no se le concedió acceso rápido a los documentos pertinentes del expediente y que el juicio no comenzó hasta un año y medio después de su detención. Asimismo, declara que durante el juicio sólo se presentaron en su contra pruebas abstractas e indirectas, algunas de las cuales habían sido obtenidas de otros detenidos mediante amenazas y palizas. No se dan detalles a este respecto. El autor afirma que el tribunal se negó a examinar sus denuncias de "violaciones" cometidas por los servicios de seguridad, así como sus alegaciones en relación con la legalidad de la detención y del juicio, y rechazó su petición de interrogar a testigos que pudieran demostrar su inocencia. El 21 de abril de 1997 fue declarado culpable y condenado a siete años de cárcel. El autor declara que se le negó el derecho a apelar contra esta decisión.

2.6.El autor sostiene que se le juzgó y condenó debido a sus opiniones políticas, por ser partidario del ex Presidente.

2.7.El 9 de febrero de 1998, el autor escribió al Defensor del Pueblo de Georgia para denunciar su detención ilegal y el juicio no imparcial. El 15 de mayo de 1999, el Defensor del Pueblo envió a la Presidencia del Tribunal Supremo una carta en la que pedía que se revisara el caso del autor. Se ha sabido después que el Tribunal Supremo revisó ulteriormente el caso del autor, así como su sentencia.

La denuncia

3.1.El autor afirma que fue golpeado y maltratado por los servicios de seguridad, en contravención de los artículos 7 y 10; que su detención fue arbitraria e ilegal, en contravención del artículo 9; y que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta sus alegaciones relativas a la ilegalidad de su detención (párrafo 4 del artículo 9). Afirma que se cometieron numerosas violaciones del artículo 14: no se le concedió un acceso rápido a los documentos pertinentes en posesión del tribunal para preparar su defensa (apartado b) del párrafo 3 del artículo 14); no se le facilitó asistencia letrada en determinados momentos (apartado d) del párrafo 3 del artículo 14); se le impidió interrogar a testigos (apartado e) del párrafo 3 del artículo 14); no se respetó la presunción de inocencia (párrafo 2 del artículo 14); y se le condenó con un fallo firme (párrafo 5 del artículo 14).

3.2.El autor alega que su detención y juicio tuvieron una motivación política, en contravención de sus derechos en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 19. También afirma, sin fundamentar sus alegaciones, que el Estado Parte violó los artículos 1, 8, 21, 25 y 26.

Observaciones del Estado Parte y comentarios del autor

4.1.En una nota de fecha 24 de mayo de 2001, el Estado Parte señala que el autor fue condenado a siete años de prisión por el Colegio del Tribunal Supremo de Georgia por alta traición, tentativa de terrorismo y participación en una organización subversiva. Afirma que, por decisión de 14 de mayo de 1999, la Presidencia del Tribunal Supremo redujo posteriormente la condena del autor a 3 años, 8 meses y 14 días, y que el autor salió libre el mismo día de la sala del tribunal.

4.2.El Estado Parte alega que el autor tenía el derecho de solicitar al tribunal su "rehabilitación", pero no lo hizo.

5.1.En sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte de fecha 28 de julio de 2001, el autor facilita más información sobre el aparente intento de asesinato del Presidente de Georgia en 1995. Cita a ex funcionarios, que en artículos de prensa sostuvieron que el intento de asesinato había sido orquestado por las fuerzas de seguridad y por el propio Presidente con el fin de incriminar a los partidarios del ex Presidente Gamsakhurdia.

5.2.En febrero de 1998, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo sin posibilidad de apelación, el autor escribió a la recientemente establecida Oficina del Defensor del Pueblo para pedir asistencia con el fin de obtener una revisión de su condena. La carta fue trasmitida a la Presidencia del Tribunal Supremo, que el 16 de junio de 1998 rechazó la petición. El 25 de enero de 1999, el Defensor del Pueblo transmitió a la Presidencia del Tribunal Supremo otra carta en nombre del autor. El autor afirma que, a tenor de la legislación de Georgia, la Presidencia del Tribunal Supremo tenía la obligación de formular observaciones sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo en un plazo de dos meses. No habiendo recibido ninguna respuesta, el autor inició en mayo una huelga de hambre para obtener contestación. El autor afirma que el 14 de mayo de 1999 el Tribunal Supremo examinó su condena en sesión privada y decidió reducir la pena al tiempo exacto que ya había pasado en la cárcel. El autor añade que no salió libre de la sala del tribunal, como afirma el Estado, ya que no se encontraba en ella, sino que fue liberado al día siguiente.

Exposiciones ulteriores de las partes

6.1.En sus observaciones sobre los comentarios del autor de fecha 27 de agosto de 2001, el Estado Parte remite información de la Fiscalía General sobre el caso del autor. Afirma que el autor fue condenado por el Colegio del Tribunal Supremo el 21 de abril de 1997. En virtud de la ley aplicable a la sazón, no era posible apelar contra esa decisión. Sin embargo, la Presidencia del Tribunal Supremo examinó la queja del autor transmitida por el Defensor del Pueblo en virtud del procedimiento de supervisión y conmutó la pena que se le había impuesto. La condena, en cambio, subsiste.

6.2.El Estado Parte observa que, tras la decisión del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1999, el autor fue puesto en libertad después de cumplidas las formalidades necesarias. Afirma que los fragmentos de artículos de prensa mencionados en los comentarios del autor no pueden considerarse pruebas en apoyo de sus alegaciones de inocencia.

6.3.Por último, el Estado Parte explica que, si el autor adujera nuevas circunstancias que pusieran en duda la corrección de su condena, podría solicitar un nuevo juicio al Tribunal Supremo. De ser absuelto, tendría derecho a la rehabilitación de acuerdo con la legislación de Georgia.

7.En nuevos comentarios de fecha 19 de octubre de 2001, el autor afirma que los artículos de prensa mencionados en sus comentarios anteriores guardan relación con la cuestión de su inocencia. El autor da más detalles sobre la "recomendación" que el Defensor del Pueblo dirigió al Tribunal Supremo para que se anulara su pena, citando cuatro fragmentos relativos a claros defectos en las pruebas que sirvieron de base para su condena y a otras pruebas que apuntan a su inocencia.

8.En sus nuevas observaciones de fecha 27 de diciembre de 2001, el Estado Parte remite un memorando del Presidente del Tribunal Supremo en el que se indican los delitos por los cuales se condenó al autor, la pena inicialmente impuesta y su posterior conmutación. El Estado Parte afirma que, en virtud del procedimiento penal de Georgia, una decisión de la Presidencia del Tribunal Supremo sólo se puede revisar si aparecen nuevas circunstancias, y que la solicitud de revisión debe dirigirse al Fiscal General. El Tribunal Supremo revisará el caso si el Fiscal General declara que existen nuevas circunstancias y recomienda la revisión.

9.En nuevos comentarios de fecha 12 de febrero de 2002, el autor reitera sus alegaciones anteriores. El 2 de septiembre de 2004, el autor presentó otra comunicación en que reitera que, con arreglo a la legislación vigente a la sazón en Georgia, la condena impuesta por el Tribunal Supremo el 21 de abril de 1997 era firme. Adjunta también una copia de la carta que la Oficina del Defensor del Pueblo dirigió a la Presidencia del Tribunal Supremo en enero de 1999 para pedir una revisión de la condena, así como una copia de la decisión de la Presidencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de mayo de 1999, por la cual se redujo su condena.

Deliberaciones del Comité

10.1. De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

10.2. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

10.3. En lo tocante a las reclamaciones del autor relativas al artículo 1, el Comité recuerda su jurisprudencia anterior y señala que esas reclamaciones no entran en el campo de acción del Protocolo Facultativo. En cuanto a las reclamaciones del autor relativas a los artículos 2, 8, 9 y 10, apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 y artículos 19, 21, 25 y 26 del Pacto, el Comité considera que el autor no ha presentado suficientes pruebas en apoyo de sus alegaciones y, por consiguiente, las declara inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.4. En relación con las reclamaciones del autor de que fue golpeado, amenazado e insultado en violación de los artículos 7 y 10 y en relación con su reclamación de que no se le facilitó asistencia letrada, en contravención del inciso d) del párrafo 3 del artículo 14, el Comité observa que las reclamaciones del autor al respecto revisten un carácter general y considera que el autor no ha presentado información suficientemente detallada para fundamentarlas. En consecuencia, el Comité declara que estas alegaciones son inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.5. Respecto de la afirmación del autor en virtud del párrafo 1 del artículo 14 de que había injustamente condenado, el Comité considera que el objeto de las alegaciones se relaciona esencialmente con la evaluación de los hechos y las pruebas durante las actuaciones en el Tribunal Supremo de Georgia. El Comité recuerda su jurisprudencia y reitera que en general no le incumbe a él, sino a los tribunales de los Estados Partes, examinar o evaluar los hechos y las pruebas, a menos que pueda determinarse que la ordenación material del juicio o el examen de los hechos y las pruebas fueron manifiestamente arbitrarios o equivalieron a una denegación de justicia. El Comité determina que las actuaciones judiciales en el caso del autor no han adolecido de estos defectos. Por consiguiente, las alegaciones del autor que se basan en los párrafos 1 y 2 del artículo 14 son inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.6. En cuanto a las alegaciones del autor de que se violó su derecho a la presunción de inocencia debido a las declaraciones públicas hechas por representantes de los servicios de seguridad, el Comité recuerda su Observación general Nº 13 acerca del artículo 14, en la que se afirma que todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso. Sin embargo, el Comité también observa que el autor no proporciona información suficientemente detallada para fundamentarlas. Por lo tanto, el Comité declara que estas reclamaciones son inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.7. Respecto de la reclamación en virtud del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14, el Comité observa que el Estado Parte no ha facilitado información sobre el período que transcurrió entre la detención del autor y su juicio, pero recuerda su jurisprudencia y considera que un período de un año y medio no constituye, de por sí, una dilación indebida. La cuestión de qué constituye una "dilación indebida" depende de las circunstancias de cada caso, como la complejidad de los presuntos delitos y su investigación. En ausencia de más información, el Comité considera que esta alegación no se ha fundamentado suficientemente y por lo tanto la declara inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.8. En relación con la denuncia del autor de que, al no haber tenido la oportunidad de convocar a determinados testigos, se vio privado de sus derechos enunciados en el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14, el Comité observa que no se han proporcionado detalles acerca de la identidad de los testigos en cuestión, ni de las circunstancias en que el autor pidió, y el Tribunal no autorizó, la presencia de esos testigos. Aunque en las comunicaciones del Estado Parte no se aborda esta cuestión, el Comité considera que esta alegación no se ha fundamentado suficientemente y por consiguiente también la declara inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

10.9. El Comité no ve impedimento en declarar admisible la reclamación del autor en virtud del párrafo 5 del artículo 14 y procede a examinar la cuestión en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

11.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz del toda la información suministrada por las partes, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

11.2. En cuanto a la reclamación de que el autor no pudo recurrir contra el fallo dictado por el Tribunal Supremo, el Comité recuerda su jurisprudencia según la cual, en virtud del párrafo 5 del artículo 14, debe existir un procedimiento de apelación que comporte una revisión a fondo del fallo condenatorio y de la pena, junto con el debido examen del caso en primera instancia. En el presente caso, el autor ha aludido a tres procedimientos de revisión y el Comité debe examinar si alguno de ellos cumple los requisitos del párrafo 5 del artículo 14. En primer lugar, el autor afirma que había presentado una queja en relación con su condena ante la Oficina del Defensor del Pueblo, el cual, según parece, examinó el caso del autor y preparó una recomendación a la Presidencia del Tribunal Supremo. Como resultado de este proceso, la Presidencia del Tribunal Supremo volvió a examinar el caso y finalmente revisó la pena, después de lo cual el autor fue puesto en libertad. El Estado Parte observa que, con arreglo a la legislación vigente en Georgia a la sazón (2001), no era posible apelar contra la decisión del Colegio del Tribunal Supremo que condenó al autor, pero que, en virtud del "procedimiento de supervisión", la Presidencia del Tribunal Supremo examinó nuevamente el caso del autor y conmutó su pena. El Comité observa que el propio Estado Parte no afirma que este proceso sea equivalente a un derecho de apelación, sino que se refiere a él meramente como a un "procedimiento de supervisión". El Comité recuerda su jurisprudencia anterior en el sentido de que una solicitud de examen de "supervisión", que equivale a un examen discrecional y sólo ofrece la posibilidad de un recurso extraordinario, no constituye un derecho a la revisión de la condena o la pena por un tribunal más alto conforme a la ley. Los documentos que el Comité tiene a la vista parecen indicar que el proceso de supervisión en este caso fue de esa naturaleza. Por consiguiente, a partir de la información de que dispone, el Comité considera que este proceso no equivale a un derecho de apelación a los efectos del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

11.3. En segundo lugar, el Estado Parte señala que el autor podría solicitar al Tribunal Supremo una revisión de su caso, por conducto del Fiscal General, si encontrara nuevas circunstancias que pusieran en duda la corrección de la decisión inicial. Sin embargo, el Comité no considera que tal proceso satisfaga los requisitos del párrafo 5 del artículo 14; el derecho de apelación comporta una revisión a fondo, por un tribunal más alto, de la condena y la pena existentes en primera instancia. La posibilidad de solicitar a un tribunal la revisión de una condena sobre la base de nuevas pruebas es, por definición, distinta de una revisión de la condena existente, ya que esta última se basa en las pruebas que existían cuando la condena se pronunció. De la misma manera, el Comité considera que la posibilidad de solicitar la rehabilitación no puede, en principio, considerarse una apelación de una condena anterior, a los efectos del párrafo 5 del artículo 14. Por consiguiente, el Comité estima que los mecanismos de examen invocados en este caso no cumplen los requisitos del párrafo 5 del artículo 14 y que el Estado Parte violó el derecho del autor a que su condena y su pena fuesen revisadas por un tribunal superior de acuerdo con la ley.

12.El Comité de Derechos Humanos, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que se le han expuesto ponen de manifiesto una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

13.En virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a una reparación adecuada. El Estado Parte está obligado a conceder al autor una indemnización adecuada y adoptar medidas eficaces para impedir que se cometan violaciones análogas en el futuro.

14.Por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y, en virtud del artículo 2 del Pacto, se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

K. Comunicación Nº 1023/2001, Länsman c. Finlandia (Dictamen aprobado el 17 de marzo de 2005, 83º período de sesiones)*

Presentada por:Jouni E. Länsman, Eino A. Länsman y el Comité de Pastores Muotkatunturi (representados por la Sra. Johanna Ojala, abogada)

Presuntas víctimas:Los autores

Estado Parte:Finlandia

Fecha de la comunicación:6 de noviembre de 2000 (presentación inicial)

Asunto: Derechos de los pastores de renos en relación con las operaciones de tala emprendidas por el Estado Parte

Cuestiones de procedimiento: Solicitud de examen de la decisión de admisibilidad

Cuestiones de fondo: Medida en que las autoridades estatales pueden realizar operaciones de tala sin que ello represente una violación de los derechos de los pastores de renos

Artículos del Pacto: Artículo 27

Artículos del Protocolo

Facultativo: Artículo 2 y apartado b) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 17 de marzo de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1023/2001, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de Jouni Länsman, Eino Länsman y el Comité de Pastores Muotkatunturi con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito los autores de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.Los autores de la comunicación son Jouni E. Länsman, Eino A. Länsman, ambos ciudadanos finlandeses, y el Comité de Pastores Muotkatunturi (del que son miembros los dos autores individuales). Los autores dicen ser víctimas de una violación por Finlandia del artículo 27 del Pacto. Están representados por una abogada. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado Parte el 23 de marzo de 1976.

1.2.El 31 de octubre de 2002, en virtud del artículo 86 del reglamento del Comité, éste pidió al Estado Parte, por conducto del Presidente del Comité, que se abstuviera de realizar actividades de tala de árboles que afectaran a la cría de renos por el Sr. Jouni Länsman y otros en la zona de Angeli mientras el Comité examinaba su caso.

Los hechos expuestos por los autores

2.1.El 30 de octubre de 1996, el Comité dio a conocer su dictamen en Länsman y otros c. Finlandia ("la comunicación anterior"). El Comité concluyó, basándose en los hechos que se le habían presentado, que no se había producido una violación de los derechos que se reconocen en el artículo 27 a los dos autores particulares actuales (y a otros) por razón de la tala ya completada de unas 250 ha en Pyhäjärvi y la tala propuesta de 250 ha más en Kirkko-outa (ambos lugares se encuentran en la zona de Angeli).

2.2.El Comité expuso además lo siguiente:

10.6. En lo que respecta a las futuras actividades de tala, el Comité observa que, según la información de que dispone, las autoridades forestales del Estado Parte han aprobado la tala en una escala que, si bien requiere esfuerzos y entraña gastos adicionales para los autores y otros pastores de renos, no parece poner en peligro la supervivencia de la cría de renos. La escasa rentabilidad económica de esa actividad no obedece, según la información disponible, a que el Estado Parte fomente otras actividades económicas en la zona de que se trata, sino a otros factores económicos externos.

10.7. A juicio del Comité, si se aprobaran planes de tala en mayor escala que la de los ya aprobados para los próximos años en la zona de que se trata o si se pudiera demostrar que los efectos de las talas ya previstas son más graves de lo que cabe pensar actualmente, entonces cabría examinar la posibilidad de si ello constituye una violación del derecho de los autores a disfrutar de su propia cultura en el sentido del artículo 27. El Comité tiene presente, basándose en comunicaciones anteriores, que se proyecta realizar en la zona en que vive el pueblo sami otros proyectos de explotación en gran escala que afectan al medio natural, tales como la explotación de canteras. Aun cuando el Comité ha llegado, en la actual comunicación, a la conclusión de que los hechos del caso no revelan una violación de los derechos de los autores, considera que es importante subrayar que el Estado Parte debe tener en cuenta, al adoptar medidas que afectan a los derechos enunciados en el artículo 27, que, si bien las distintas actividades en cuanto tales no constituyen una violación de dicho artículo, consideradas conjuntamente pueden menoscabar el derecho del pueblo sami a disfrutar de su propia cultura.

2.3.En 1999 se habían talado las 500 ha de las dos zonas denunciadas al Comité en la comunicación inicial. Además, en 1998 se talaron 110 ha más en la zona de Paadarskaidi del Comité de Pastores (que no forman parte de las zonas a las que se refería la comunicación anterior).

2.4.Cuando se presentó la comunicación ya se había propuesto otra operación de tala en Paadarskaidi, dando aviso con una antelación mínima al Comité de Pastores y con una fecha de comienzo inminente. En ese momento, el Comité de Pastores todavía no había recibido un plan escrito de la naturaleza y el alcance de la operación de tala. El Servicio de Bosques y Parques Nacionales había comunicado que enviaría los planes al Comité de Pastores en una fecha ulterior, tras haber indicado en su plan anterior que la siguiente operación de tala sólo se llevaría a cabo pasado un año y en un lugar diferente.

La denuncia

3.1.Los autores afirman que se han violado los derechos que como pastores de renos les reconoce el artículo 27 del Pacto, tanto en lo que se refiere a las talas realizadas como a las propuestas. Empiezan por denunciar que desde el decenio de 1980 se han talado unas 1.600 ha de la zona de pastoreo del Comité de Pastores en Paadarskaidi, lo que representa la pérdida de un 40% del liquen (utilizado para alimentar a los renos) en esa zona concreta.

3.2.En cuanto a los efectos de la tala sobre los renos que pastorean los autores, se afirma que el reno es un animal sensible que evita zonas en proceso de tala o de preparación para la misma. Por lo tanto se aleja en busca de otros pastos, lo cual supone más trabajo para los pastores. Después de la tala, sus residuos impiden pastar a los renos y la nieve apelmazada dificulta la limpieza. Las operaciones de tala entrañan la pérdida total del liquen durante centenares de años en las zonas afectadas.

3.3.Los autores recuerdan que, tras intensas nevadas en 1997, los pastores tuvieron que aportar por primera vez piensos, que exigen mucho capital y mano de obra, para los renos puesto que no podían contar con el liquen. Las talas en curso y cada vez más intensas de bosques de liquen de calidad aumentan la necesidad de proporcionar piensos y ponen en peligro la autosostenibilidad económica de la cría del reno, ya que ésta depende de que el animal pueda mantenerse por sí solo.

3.4.Los autores recuerdan que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura decide el número máximo de renos que puede mantener el Comité de Pastores. Al Ministerio le incumbe por ley velar, al determinar el número máximo de renos, por que el número de renos que pastan en la zona del Comité de Pastores en la estación invernal no excede de la capacidad productiva sostenible de los pastizales de invierno de dicho Comité. Desde que el Comité pronunció su dictamen sobre la comunicación anterior, el Ministerio ha reducido dos veces el número de animales del Comité de Pastores: de 8.000 a 7.500 en 1998 y de 7.500 a 6.800 en 2000. Así pues, en dos decisiones administrativas adoptadas en el transcurso de dos años, el Ministerio consideró que la capacidad de sustento de los pastizales de invierno de Muotkatunturi era tan baja que se debía reducir en un 15% el número sostenible de renos. Los autores afirman que la causa principal de la regresión de los pastizales de invierno, y en particular de los pastos de liquen del género bryoria, son las operaciones de tala.

3.5.Pese a estas reducciones recientes, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales sigue llevando a cabo operaciones de tala, destruyendo los pastizales del Comité de Pastores y empeorando aún más las condiciones de cría del ganado. Los autores afirman que esta situación viola el artículo 27, en cuanto que continúan las operaciones forestales y sus consecuencias son más graves de lo que se pensó al principio. Al mismo tiempo que prosigue la tala, se ha reducido el número de renos porque los pastizales aún disponibles no pueden sostener a los que había.

3.6.Los autores afirman que, por lo que respecta a la tala en Kirkko‑outa y Pyhäjärvi, se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Respecto de las otras zonas, los autores se basan en el dictamen del Comité sobre la comunicación anterior para sostener que no es necesario volver a someter la cuestión a los tribunales nacionales. Se afirma que se han cumplido estos requisitos, dado que el propio Estado Parte reconoce que los efectos han sido más graves, al tiempo que sigue talando árboles y planeando nuevas talas.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1.El 31 de diciembre de 2001, el Estado Parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación únicamente. El 8 de febrero de 2002, el Comité, por conducto de su Presidente, decidió examinar por separado la admisibilidad y el fondo del caso.

4.2.El Estado Parte informó al Comité de que "se abstenía de realizar actividades de tala en la zona de Angeli (párrafo 10.1 del dictamen del Comité sobre el caso Nº 671/1995, aprobado el 30 de octubre de 1996) que pudieran afectar a la cría de renos por los autores individuales mientras el Comité estuviera examinando su comunicación".

4.3.El Estado Parte señala que, por lo que respecta a la zona de Paadarskaidi, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales llevó a cabo entre 1998 y 2000 talas de mejora (corte preparatorio) en un total de entre 200 y 300 ha. La distancia que separa a la zona de Angeli de la de Paadarskaidi es de unos 30 km. Considera que la comunicación es inadmisible por tres motivos: por no estar debidamente facultado uno de los autores, por no haberse agotado los recursos internos y por no haberse sustanciado las denuncias, a efectos de admisibilidad.

4.4.El Estado Parte, aunque acepta la condición jurídica de los autores particulares, rechaza la competencia del Comité de Pastores para presentar una comunicación. Considera que el Comité de Pastores no está comprendido dentro de lo previsto en el artículo 27 del Pacto ni es un "individuo" en el sentido del artículo 2 del Protocolo Facultativo. Según la Ley sobre la cría del reno, los comités de pastores están integrados por todos los pastores de renos de una zona determinada que no sean responsables personalmente del desempeño de las funciones del Comité; así, toda denuncia en nombre de un Comité de Pastores equivale a una actio popularis.

4.5.El Estado observa que aún hay recursos internos disponibles, según demuestran las decisiones del Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo en la comunicación anterior, cuya efectividad no ha sido impugnada. Los autores no iniciaron ningún procedimiento respecto de las operaciones de tala planeadas o llevadas a cabo en las zonas de Angeli o de Paadarskaidi posteriormente al dictamen del Comité en la comunicación anterior.

4.6.El Estado Parte señala que, en su dictamen sobre el caso Nº 671/1995, el Comité se limitó a observar que, si los efectos de las talas fueran más graves o si se aprobaran nuevos planes, cabría examinar la posibilidad de si ello constituye una violación de los derechos que reconoce a los autores el artículo 27. El Comité no daba a entender que en una nueva denuncia se pudiera prescindir del requisito de agotar los recursos de la jurisdicción interna. Esto resulta especialmente aplicable cuando para evaluar una posible violación del artículo 27 se precisa una evaluación de las pruebas pertinentes, tanto por los tribunales nacionales como, a su vez, por el Comité. No hay pruebas de que los efectos de las anteriores operaciones de tala fueran más graves de lo previsto en su momento. Las decisiones del Ministerio de reducir el tamaño de los rebaños del Comité de Pastores no fundamentan ninguna denuncia de los efectos de ciertas operaciones de tala individuales. Tampoco puede considerarse la disminución del número de renos como una justificación para no valerse de los recursos de la jurisdicción interna, en los que se examinarían las denuncias.

4.7.En consecuencia, ni los autores han agotado los recursos de la jurisdicción interna de que disponen ni han demostrado la existencia de ninguna circunstancia especial que los pudiera eximir de hacerlo. Finalmente, el Estado Parte afirma que la breve comunicación carece de bases materiales suficientes, inclusive las pruebas necesarias, que supongan algo más que una simple alegación. En consecuencia, puede afirmarse que el caso no está fundamentado.

Comentarios de los autores

5.1.El 15 de marzo de 2002 los autores presentaron comentarios, limitados a los argumentos del Estado Parte sobre la admisibilidad.

5.2.En cuanto a la disponibilidad de recursos de la jurisdicción interna respecto de las demás zonas (no abarcadas por la comunicación anterior), los autores argumentan que la sugerencia del Estado Parte relativa a los recursos disponibles no viene al caso. Ninguna acción judicial ideada para prohibir planes determinados de tala ha prosperado, en parte porque cualquier terreno de tala concreto "nunca pasa de ser una parte aparentemente pequeña de todas las tierras que utilizan los sami para la cría de renos". Nada indica que pudiera prosperar un caso en el que se solicitara protección positiva para los criadores de renos sami y, de todas maneras, el fallo ya pronunciado por el Tribunal Supremo sería un nuevo obstáculo.

5.3.Los autores afirman que el Servicio de Bosques y Parques Nacionales ha actuado de manera demasiado restrictiva al facilitar información sobre sus actividades de tala que afectan a la vida de los sami de Angeli. En cuanto a la fundamentación de las reclamaciones, los autores afirman haber demostrado que las disminuciones del número de renos después de las decisiones del Ministerio fueron consecuencia directa de las repercusiones de la tala sobre los pastizales. Han expuesto en detalle los planes del Estado Parte para continuar la tala a pesar del dictamen anterior del Comité. Los autores consideran que ello constituye fundamentación suficiente.

5.4.Finalmente, los autores afirman que el Servicio de Bosques y Parques Nacionales proyecta seguir realizando talas en la zona que ya es objeto de procedimientos judiciales, en el sector conocido como zona de Kippalrova.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.En su 77º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. En cuanto a la afirmación de que el Comité de Pastores Muotkatunturi no estaba facultado para presentar una denuncia en virtud del Protocolo Facultativo, el Comité se remitió a su invariable jurisprudencia en el sentido de que las personas jurídicas no son "individuos" competentes para presentar tal denuncia. Tampoco había ninguna indicación de que los miembros individuales del Comité de Pastores Muotkatunturi hubieran autorizado a éste a presentar una denuncia en su nombre, o de que Jouni o Eino Länsman estuvieran autorizados a actuar en nombre del Comité de Pastores y sus miembros. Por consiguiente, aunque no se cuestionaba la capacidad legal de Jouni y Eino Länsman de incoar la comunicación en su propio nombre, el Comité consideró que la comunicación era inadmisible en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo en lo que respecta al Comité de Pastores Muotkatunturi y a los miembros que lo constituyen, con excepción de Jouni y Eino Länsman.

6.2.Respecto del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el Comité señaló que con la decisión de 22 de junio de 1995 del Tribunal Supremo se agotaron las vías disponibles para impugnar la decisiónde emprender actividades de tala en las zonas de Pyhäjärvi y Kirkko‑outa (las zonas objeto de la comunicación anterior). Por lo tanto, el Comité considera admisible la cuestión de si la tala de esas zonas ha tenido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27, efectos mayores que los previstos por los tribunales finlandeses en esas actuaciones o por el Comité en su dictamen sobre la comunicación Nº 671/1995.

6.3.Por lo que respecta a la zona de Kippalrova en la que se proyectaban actividades de tala, el Comité señaló que este bosque también estaba comprendido en la zona abarcada por la decisión de 22 de junio de 1995 del Tribunal Supremo. Por consiguiente, no parecía, dentro de los límites de la información de que disponía el Comité, que hubiera más posibilidades de examen judicial de esa decisión. En consecuencia, el Comité consideraba que las cuestiones derivadas de la propuesta de talar esta zona eran admisibles.

6.4.En cuanto a la tala de 1998 en los bosques de Paadarskaidi (fuera de la zona que abarca la decisión del Tribunal Supremo), el Comité señaló que todos los recursos de la jurisdicción interna que mencionaba el Estado Parte eran instancias jurídicas que habían conocido, a tenor del artículo 27, de planes de tala antes de que se los ejecutara. En tales circunstancias, la decisión sobre los efectos futuros previstos de la tala no puede ser sino especulativa y sólo los acontecimientos posteriores pueden confirmar si la evaluación inicial fue correcta o no. El Comité observó que otros casos mencionados por la abogada también habían sido impugnaciones de operaciones de tala propuestas de antemano. El Comité consideraba que el Estado Parte no había demostrado mediante la información facilitada de qué recursos internos podrían valerse los autores que solicitan indemnización ni que exista otro recurso apropiado contra una supuesta violación del artículo 27 debida a las operaciones de tala que ya se han producido. En consecuencia, el Comité consideraba que la cuestión de los efectos, a tenor del artículo 27, de la tala que ya se había llevado a cabo en los bosques de Paadarskaidi era admisible.

6.5.Respecto de las nuevas operaciones de tala propuestas en los bosques de Paadarskaidi, el Comité tomó nota de la afirmación de los autores de que no había prosperado ninguna denuncia ante los tribunales finlandeses encaminada a impedir que se llevaran a cabo operaciones de tala. El Comité tenía presente la necesidad de examinar si los recursos judiciales en cuestión estaban disponibles y eran efectivos en la práctica, pero carecía de información suficiente sobre el número de acciones incoadas, los argumentos esgrimidos y sus resultados para concluir que los recursos judiciales indicados por el Estado Parte no eran efectivos. Por lo tanto, esta parte de la comunicación era considerada inadmisible a tenor de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.6.Teniendo en cuenta la afirmación de los autores de que habían sufrido una importante reducción del número de renos que se les autorizaba a mantener en sus zonas de pastoreo, el Comité consideraba que, a efectos de la admisibilidad, habían quedado fundamentadas las partes de la comunicación no declaradas inadmisibles por falta de capacidad legal o por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna.

6.7.El 1º de abril de 2003, el Comité declaró la comunicación admisible en lo que se refería a los efectos acumulativos del ejercicio por Jouni y Eino Länsman de sus derechos reconocidos por el artículo 27 del Pacto derivados de las actividades de tala que se habían llevado a cabo en las zonas de Pyhäjärvi, Kirkko-outa y Paadarskaidi, además de las operaciones de tala propuestas en Kippalrova.

Exposición del Estado Parte sobre el fondo de la comunicación

7.1.El 1º de octubre de 2003, el Estado Parte presentó comentarios sobre el fondo de la comunicación y pidió al Comité que reexaminara su decisión anterior sobre la admisibilidad por no haberse agotado los recursos internos. Recuerda que ciertas cuestiones complejas como la cuestión de los presuntos efectos de la tala en el presente caso deben y pueden ser investigadas a fondo, por ejemplo, mediante testimonios de expertos y testigos, inspecciones in situ e información concreta sobre las circunstancias locales. Es poco probable que pueda reunirse toda la información necesaria fuera de acciones iniciadas ante los tribunales nacionales. En el presente caso no parece existir circunstancia especial alguna que hubiera eximido a los autores del requisito de agotar los recursos internos disponibles. Los autores podían incoar una acción civil por daños y perjuicios contra el Estado en un tribunal de distrito en primera instancia y, de ser necesario, en apelación ante el Tribunal de Apelación, y a reserva de autorización para apelar ante el Tribunal Supremo.

7.2.En relación con el fondo de la cuestión, el Estado Parte reconoce que la comunidad sami es una comunidad étnica en el sentido del artículo 27, y que los autores, como miembros de esta comunidad, tienen derecho a protección conforme a esa disposición. Tras examinar la jurisprudencia del Comité sobre el artículo 27 del Pacto, reconoce que el concepto de "cultura" en el sentido del artículo 27 abarca el pastoreo de renos, componente esencial de la cultura sami.

7.3.El Estado Parte admite que el concepto de "cultura" en el sentido del artículo 27 entraña la protección de los medios tradicionales de sustento de las minorías nacionales, en la medida en que sean esenciales para la cultura y necesarios para su supervivencia. No todas las medidas ni sus consecuencias, que de alguna forma modifiquen las condiciones anteriores, pueden interpretarse como una injerencia prohibida en el derecho de las minorías a gozar de su propia cultura. El Estado Parte se remite a la Observación general sobre el artículo 27, adoptada en abril de 1994, en la que se reconoce que la protección de los derechos enunciados en el artículo 27 tiene por objeto garantizar "la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías interesadas" (párr. 9). Recuerda la ratio decidendi del dictamen del Comité en I. Länsman y otros c. Finlandia, en el que el Comité sostuvo que los Estados Partes podrían tener a bien alentar el desarrollo económico y permitir la actividad económica, y que las medidas con cierta repercusión limitada sobre el modo de vida de las personas pertenecientes a una minoría no violan necesariamente el artículo 27.

7.4.El Estado Parte señala que la zona a que se hace referencia en la comunicación es de propiedad del Estado y que la administra el Servicio de Bosques y Parques Nacionales, que está facultado, entre otras cosas, para talar bosques y construir carreteras a su discreción, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones de la legislación nacional y de los tratados internacionales pertinentes. En opinión del Estado Parte, se observaban las debidas precauciones en todas las operaciones de tala realizadas en bosques de propiedad del Estado en Finlandia septentrional. En los últimos años las actividades de tala se han realizado principalmente para reducir la densidad de los bosques y garantizar así su debido crecimiento.

7.5.El Estado Parte señala que la extensión del territorio administrado por el Comité de Pastores Muotkatunturi es adecuado. La superficie de las tierras administradas por el Comité de Pastores es de aproximadamente 248.000 ha, de las cuales unas 16.100 son de bosques (un 6% de las tierras administradas por el Comité) que se dedican a la explotación forestal en tierras de propiedad del Estado. De hecho, ha habido muy pocas actividades de tala en la zona, y la superficie de las tierras sujetas a tala representa aproximadamente el 1,2% de la zona administrada por el Comité. Las operaciones realizadas en este territorio entre 1983 y 2001 ascendieron a 152 ha por año, en tanto que las operaciones de tala proyectadas para el período de 2003 a 2012 ascenderían a 115 ha por año. Habida cuenta de la superficie total de las zonas de bosque, tanto las operaciones de tala ya realizadas como las previstas son menos extensas que las realizadas en los bosques privados de la región. Los propietarios de renos, si bien han pedido al Servicio de Bosques y Parques Nacionales que ponga fin a las actividades de explotación forestal en las tierras administradas por el Comité, no han reducido sus propias operaciones de tala.

7.6.El Estado Parte niega que se haya previsto nuevas operaciones de tala en la zona de Angeli (Pyhäjärvi y Kirkko-outa) y que se hayan realizado o proyectado operaciones de tala en la zona de Kippalrova. El Estado Parte señala que, por lo que respecta a la parte admisible de la queja relativa a la zona de Paadarskaidi, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales llevó a cabo principalmente talas de mejora (corte preparatorio) en la región, en una superficie equivalente a unas 110 ha en 1998.

7.7.El Comité de Derechos Humanos ya había tenido en cuenta, el 22 de noviembre de 1996, las operaciones de tala en Pyhäjärvi en 1996 (170 ha) y en 1999 (tala de regeneración en 60 ha), así como las operaciones en Kirkko-outa en 1998 (tala de regeneración en 70 ha y aclareo en 200 ha). El Comité examinó las operaciones de tala realizadas hasta la fecha de la decisión, así como las operaciones proyectadas en la zona de Angeli y decidió que no había violación del artículo 27 del Pacto. Observó también que la tala de regeneración (300 ha) en la zona de Angeli representaba el 0,8% y que las operaciones de aclareo (200 ha) correspondían al 0,5% de los bosques administrados por el Comité de Pastores Muotkatunturi.

7.8.En cuanto a los efectos de la tala sobre el pastoreo de renos, el Estado Parte señala que no se ha demostrado que los efectos de las operaciones de tala en el pasado fueran superiores a los previstos. Tampoco se ha demostrado que las operaciones de tala ocasionasen daños perdurables que impedieran a los autores seguir practicando el pastoreo de renos en la zona en la proporción actual. Observa que los efectos de la explotación forestal no deben examinarse a corto plazo o respecto de determinados sitios de tala, sino desde una perspectiva más amplia. De conformidad con una declaración hecha por el Instituto de Investigaciones sobre Caza y Pesca de Finlandia el 31 de enero de 2002, las operaciones mencionadas en la comunicación no acarrean ningún efecto nocivo adicional significativo para el pastoreo de renos a largo plazo si se mantiene el número de renos aproximadamente a su nivel actual. Habida cuenta de la situación de las zonas de pastoreo de invierno, el número actual de renos es elevado.

7.9.El Estado Parte señala que, habida cuenta de las rigurosas condiciones naturales existentes en la región administrada por el Comité de Pastores, se incluyen disposiciones para la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, en particular, en el artículo 21 de la Ley sobre la cría del reno, en el que se dispone que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura determinará el número máximo de renos que el Comité de Pastores podrá tener en sus rebaños, así como el número de renos que podrán poseer los distintos miembros del Comité. En la determinación de los números máximos de renos se aplica el principio enunciado en el párrafo 2 del artículo 21, según el cual el número de renos en los rebaños que pastan en tierras administradas por el Comité no deberá superar la capacidad productiva sostenible de los pastizales de invierno.

7.10. Aun después de las reducciones del número máximo de renos por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura en 1998-1999 y 2000-2001, este número resulta más de tres veces el autorizado en el decenio de 1970. En 1973 el número no superaba los 1.051, mientras que la cifra más alta en 1990 fue de 10.398. El Estado Parte alega que el incremento significativo del número de renos en los distintos rebaños en los decenios de 1980 y de 1990 repercutió negativamente sobre la situación de los pastizales de invierno. El elevado número de renos en los rebaños del Comité de Pastores y el efecto negativo consiguiente sobre los pastizales incrementan la necesidad de piensos adicionales, perjudicando así la cría de estos animales. El Estado Parte sostiene que, aparte del número de renos por rebaño, las dificultades de los pastores de renos y el mal estado de los pastizales no resultan tan afectados por la explotación forestal como por otras formas de uso de los bosques. Para el Estado Parte, la decisión del Ministerio sobre el número autorizado de renos no constituye por sí sola prueba fundamentada alguna de los efectos de determinadas talas, sino de los efectos de la elevada concentración de renos en los rebaños.

7.11. El Estado Parte afirma que ha habido comunicación periódica entre las autoridades y el Comité de Pastores en forma de cartas, negociaciones e incluso visitas sobre el terreno. Señala que, independientemente de que el propietario sea el Estado o un particular, las posibles restricciones resultantes del derecho de los sami, de otros finlandeses o de nacionales de otros países del Espacio Económico Europeo a criar renos no pueden desposeer por completo de sus derechos a los propietarios de las tierras. También observó que los comités de pastores de renos entre los sami suelen ser de composición mixta, integrados tanto por sami como por otros finlandeses. Las disposiciones pertinentes de la Constitución de Finlandia se basan en el principio de que ambos grupos de población están, en cuanto al ejercicio de actividades profesionales, en pie de igualdad ante la ley, y no puede favorecerse a ningún grupo en detrimento del otro ni siquiera con respecto a la cría de renos.

Comentarios de los autores

8.1.El 5 de diciembre de 2003, los autores presentaron comentarios sobre la comunicación del Estado Parte. Discrepan de la afirmación de que pueden incoar una acción civil por daños y perjuicios contra el Estado Parte. Conforme al artículo 1 del capítulo 5 de la Ley finlandesa sobre la responsabilidad civil, de 1974, "se pagará una indemnización por daños y perjuicios en compensación por las lesiones personales y los daños materiales. Cuando las lesiones o daños hayan sido causados por un acto punible por la ley o en el ejercicio de la autoridad pública, o en otros casos cuando puedan atribuirse a razones especialmente importantes, también se pagará una indemnización por las pérdidas económicas no relacionadas con las lesiones personales o daños materiales". El Servicio de Bosques y Parques Nacionales, causante del daño, no ejerce autoridad pública alguna y las operaciones de tala no constituyen una infracción penal. Así pues, sólo podría plantearse una compensación por perjuicios económicos con arreglo a la ley si existieran "razones especialmente importantes". La aplicación del concepto de "razones especialmente importantes" en la jurisprudencia finlandesa ha causado problemas de interpretación, y "no está nada claro que la disposición pueda aplicarse al daño sufrido por los autores". En todo caso, el proceso de litigio sería laborioso, oneroso y económicamente prohibitivo. La solución del litigio tardaría varios años.

8.2.Los autores rechazan la afirmación del Estado Parte de que no proyecta realizar operaciones de tala en Kippalrova y presentan un mapa que a su juicio demuestra lo contrario. En octubre de 2003, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales anunció que estaba preparando un nuevo proyecto de tala en Paadarskaidi.

8.3.En cuanto a las operaciones de tala realizadas en todo el territorio, los autores afirman que el territorio abarcado por el Comité de Pastores no es un bosque homogéneo, sino que está compuesto por diferentes tipos de pastizales. Aun cuando el Servicio de Bosques y Parques Nacionales sólo explota una parte de la región administrado por el Comité, el 35% de los pastizales de la zona de pastoreo de invierno y el 48% de los pastizales de la zona de pastoreo de verano son objeto de operaciones de tala por parte del Estado y de propietarios privados. De conformidad con la demarcación actual de las tierras con fines de explotación forestal y las declaraciones formuladas por el Servicio de Bosques y Parques Nacionales, la zona de que se trata quedará absorbida tarde o temprano en el ciclo de tala. El ciclo de tala entraña una gama amplia de medidas, de las cuales incluso las menos invasivas son perjudiciales para la cría de renos. El 9% de todo el territorio del Comité es de propiedad privada y los propietarios no están sujetos a las mismas obligaciones que el Estado con respecto a la cría de renos.

8.4.El Servicio de Bosques y Parques Nacionales invitó al Comité de Pastores a hacer dos viajes sobre el terreno a Kippalvaara y Kippalrova en septiembre de 2001 y a Savonvaara‑Pontikkamäki en enero de 2002, en los que los pastores expresaron su oposición a los proyectos de tala. No obstante, las operaciones se iniciaron en la región de Savonvaara‑Pontikkamäki (no abarcada por la presente comunicación) a principios de la primavera de 2002. En octubre de 2003, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales anunció que pronto se iniciaría la tala en ese lugar.

8.5.Con respecto a la participación del Comité de Pastores, aunque el Servicio de Bosques y Parques Nacionales organizó una audiencia abierta a los miembros del Comité y otros grupos interesados, la audiencia no fue en la práctica más que una reunión destinada a recabar opiniones. A juicio de los autores, el Servicio de Bosques y Parques Nacionales determina los principios, estrategias y objetivos de sus operaciones de explotación forestal exclusivamente en función de sus propias necesidades. Habida cuenta de que sus decisiones son inapelables, la participación no es efectiva.

8.6.En cuanto a los efectos de la tala, los autores se remiten a diversas investigaciones, estudios e informes del Comité preparados después del anterior caso Länsman, en los que presuntamente se demuestran los considerables daños causados por las operaciones de tala. En 1999 y 2000 se hizo un inventario de líquenes del tipo alectoria en el territorio del Comité de Pastores de Laponia, inventario en el que se confirmó que la incidencia de alectoria en las zonas taladas es muy baja y que las operaciones de tala causan un daño considerable a la cría de renos. Se llegó a resultados similares en otros informes, en particular en diversos estudios suecos publicados en 1998 y 2000. Además, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia, al considerar la población máxima autorizada de renos por rebaño, reconoció la importancia y la disponibilidad de la alimentación invernal para los renos, a saber, los líquenes, la alectoria y la deschampsia, y que la tala ha reducido las existencias de los dos primeros alimentos.

8.7.Se afirma que, después de la tala, como los renos no pastan en las zonas explotadas, el resto del territorio se ve sometido a mayor presión en materia de pastoreo. Esto significa que los efectos de la tala se extienden también más allá de las zonas efectivamente explotadas. Los autores alegan que las repercusiones de las operaciones de tala son a largo plazo, prácticamente permanentes, y que las medidas tomadas crean nuevos daños, exacerban los daños existentes y amplían la superficie de la zona afectada por la tala. Desde las operaciones de tala, el acceso de los renos a sus alimentos de invierno depende más de otras variaciones en las zonas de Pyhäjärvi y Kirkko-outa, incluidas las debidas a fenómenos naturales, como un espeso manto de nieve, primaveras tardías y el aumento de predadores, en particular lobos.

8.8.En relación con el argumento del Estado Parte de que, según el Instituto de Investigaciones sobre Caza y Pesca de Finlandia, "las talas mencionadas en la comunicación no tienen efectos negativos adicionales significativos sobre la cría de renos a largo plazo si el número de renos se mantiene aproximadamente a su nivel actual", los autores afirman que el Estado Parte omitió el final de la opinión, que dice "... y el deterioro de los pastizales es compensado por la alimentación con piensos. Por otra parte, si el objetivo es la cría de renos sobre la base de pastos naturales exclusivamente, entonces las talas -incluso las calificadas de relativamente leves- tendrán más importancia para esa cría, ya comprometida por otras razones". Los autores hacen referencia a la opinión de los Comités de Pastores de Laponia y Kemin-Sompio, que ya señalaron que la alimentación artificial provoca desigualdades y litigios en el Comité de Pastores y se considera una amenaza para la tradición y cultura ancestrales de la cría de renos de los sami. En los últimos años, debido a la falta de alimentos naturales de invierno, los autores han tenido que recurrir a piensos artificiales, lo cual exige obtener ingresos adicionales de fuentes distintas de la cría de renos, lo que a su vez repercute sobre la rentabilidad de esta forma de sustento.

8.9.Los autores reconocen que en los últimos dos años las condiciones han sido favorables desde el punto de vista de la obtención de alimentos naturales, con lo que se ha conseguido una reducción considerable de los gastos por concepto de piensos adicionales y la tasa de supervivencia de los renos ha superado las expectativas. No obstante estas condiciones, no ha mejorado la rentabilidad de la cría de renos, puesto que las empresas que compran la carne de estos animales han bajado los precios hasta un 30% y han comprado menos. Además, el Estado cobra una multa al Comité de Pastores si éste excede su cuota de renos por rebaño a causa de una merma de la venta.

Examen de la admisibilidad

9.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información facilitada por las partes, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

9.2.Con respecto a la petición del Estado Parte de que se revise la admisibilidad porque los autores no incoaron una acción civil por daños y perjuicios y, por consiguiente, no agotaron los recursos internos, el Comité considera que en el presente caso, en el que se examinan los efectos de talas anteriores, el Estado Parte no ha demostrado que una acción por daños sería un recurso eficaz en relación con todos los aspectos pertinentes de la responsabilidad de dicho Estado en virtud del artículo 27 del Pacto a efectos de proteger el derecho de las minorías a gozar de su propia cultura, y en relación con la afirmación de que esta cultura se ha destruido o se está destruyendo. Por esta razón, el Comité no se propone reconsiderar su decisión sobre la admisibilidad.

9.3.Con respecto a la afirmación de que los efectos negativos de la tala propuesta en Kippalrova violaría los derechos reconocidos por el artículo 27, el Comité reconoce el compromiso del Estado Parte, expresado en su exposición sobre el fondo de la comunicación, de no proceder a la tala en esta zona y, por lo tanto, estima que ya no es necesario considerar la posibilidad de futuras talas en esta zona por parte del Estado.

9.4.El Comité procede a examinar el fondo de las reclamaciones relativas a los efectos de talas anteriores en las regiones de Pyhäjärvi, Kirkko-outa y Paadarskaidi.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

10.1. En relación con las reclamaciones relativas a los efectos de la tala en las zonas de Pyhäjärvi, Kirkko-outa y Paadarskaidi del territorio administrado por el Comité de Pastores Muotkatunturi, el Comité señala que es indiscutible que los autores son miembros de una minoría en el sentido del artículo 27 del Pacto y que como tales tienen derecho a gozar de su propia cultura. También es indiscutible que la cría de renos es un elemento esencial de su cultura y que las actividades económicas podrían encajar en el ámbito del artículo 27, si constituyen un elemento esencial de la cultura de una comunidad étnica. El artículo 27 dispone que no se negará a las personas que pertenezcan a una minoría el derecho a gozar de su propia cultura. Las medidas cuya repercusión equivalgan a una negación de ese derecho son incompatibles con las obligaciones que impone el artículo 27. Sin embargo, como lo señaló el Comité en sus dictámenes sobre el caso Nº 511/1992 de Länsman y otros c. Finlandia, las medidas que sólo tuvieran una repercusión limitada sobre el modo de vida y de sustento de las personas pertenecientes a una minoría no equivaldrían necesariamente a una denegación de los derechos reconocidos por el artículo 27.

10.2. El Comité recuerda que en el caso anterior Nº 511/1992, relativo a las zonas de Pyhäjärvi y Kirkko-outa, decidió que no había habido violación del artículo 27, pero determinó que, si se procediera a la tala en una escala superior a la ya prevista o si se demostrara que los efectos de la tala ya proyectada serían más graves que los previstos hasta ahora, entonces tal vez habría que considerar si ello podría entrañar una violación del artículo 27. Al ponderar los efectos de la tala o, de hecho, de cualesquiera otras medidas adoptadas por un Estado Parte con repercusión sobre la cultura de una minoría, el Comité señala que los efectos combinados de una serie de actos o medidas adoptados por un Estado Parte durante cierto período, y en más de una zona del Estado ocupada por esa minoría, pueden redundar en una violación del derecho de dicha minoría a gozar de su propia cultura, establecido en el artículo 27. Así, el Comité debe considerar los efectos globales de esas medidas sobre la capacidad de la minoría de que se trate para continuar disfrutando su cultura. En el presente caso y teniendo en cuenta los elementos específicos señalados a su atención, debe considerar los efectos de esas medidas, no en un determinado momento -inmediatamente antes o después de su aplicación- sino los efectos de las talas pasadas, presentes y proyectadas sobre la capacidad de los autores de gozar de su cultura en común con los demás miembros de su grupo.

10.3. Los autores y el Estado Parte discrepan sobre los efectos de la tala en las zonas de que se trata. Ambos expresan opiniones divergentes sobre todos los acontecimientos ocurridos desde que se inició la tala en estas zonas, en particular sobre las razones que dieron lugar a la decisión del Ministro de reducir el número de renos por rebaño: mientras los autores atribuyen la reducción a la tala, el Estado Parte alega que el aumento del número de renos compromete la sostenibilidad de la cría de renos en general. El Comité toma nota de la referencia de los autores a un informe del Instituto de Investigaciones sobre Caza y Pesca de Finlandia según el cual "las talas -incluso las calificadas de relativamente leves- tendrán más importancia para la cría de renos" si esa cría se basa en pastos naturales únicamente (párr. 8.8 supra), pero también toma nota de que no sólo en ese informe sino también en muchas otras referencias en los documentos que tiene ante sí se mencionan otros factores que explican por qué la cría de renos sigue siendo poco rentable. También tiene en cuenta que, pese a las dificultades existentes, el número total de renos sigue siendo relativamente alto. Por estas razones, el Comité concluye que no se ha demostrado que los efectos de la tala realizada en las zonas de Pyhäjärvi, Kirkko-outa y Paadarskaidi sean lo suficientemente graves como para entrañar una violación del derecho de los autores a gozar de su propia cultura en común con los demás miembros de su grupo con arreglo al artículo 27 del Pacto.

11.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí no ponen de manifiesto una violación del artículo 27 del Pacto.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

L. Comunicación Nº 1061/2002, Fijalkowska c. Polonia (Dictamen aprobado el 26 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:Bozena Fijalkowska (no está representada por abogado)

Presunta víctima:La autora

Estado Parte:Polonia

Fecha de la comunicación:19 de agosto de 1999 (presentación inicial)

Asunto: Detención arbitraria en una institución psiquiátrica

Cuestiones de procedimiento: Solicitud dirigida por el Comité al Estado Parte para que facilite más información en cuanto al fondo, de modo que se pueda tomar una decisión sobre la admisibilidad

Cuestiones de fondo: Detención arbitraria; el derecho a recurrir a los tribunales para impugnar la legalidad de la detención

Artículos del Pacto: Artículos 9 y 14

Artículo del Protocolo

Facultativo:Artículo 2

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 26 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1061/2002, presentada al Comité de Derechos Humanos por la Sra. Bozena Fijalkowska con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.La autora de la comunicación es la Sra. Bozena Fijalkowska, de nacionalidad polaca, que reside actualmente en Torun (Polonia). La autora pretende haber sido víctima de una violación por parte de Polonia del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La comunicación parece suscitar también ciertas cuestiones en relación con los artículos 9 y 14 del Pacto. La autora no está representada por un abogado.

Los hechos expuestos por la autora

2.1.La autora padece paranoia esquizofrénica desde 1986. El 12 de febrero de 1998 fue internada en la Clínica Psiquiátrica Provincial (en los sucesivo "clínica psiquiátrica") de Torun. Su internamiento en esa institución se efectuó en virtud del artículo 29 de la Ley de protección de la salud mental y por orden del Tribunal de Distrito de Torun de 5 de febrero de 1998.

2.2.El 29 de abril de 1998, la autora fue dada de alta, pero siguió recibiendo tratamiento ambulatorio, tratamiento que terminó el 22 de julio de 1998.

2.3.El 1º de junio de 1998, la autora se presentó en la secretaría del tribunal para examinar el expediente de su causa y pidió copia de la transcripción de la audiencia y de la decisión de 5 de febrero de 1998. El 18 de junio de 1998 recibió copia de esa decisión en la clínica psiquiátrica. El 24 de junio de 1998 recurrió contra la decisión del Tribunal de Distrito de Torun de 5 de febrero de 1998, pero el 26 de junio de 1998 el Tribunal Regional desestimó su recurso porque no lo había presentado dentro del plazo legal.

2.4.El 1º de julio de 1998, la autora pidió al Tribunal Regional que fijará otro plazo para la presentación del recurso. El 16 de septiembre de 1998, el Tribunal Regional rehusó su petición. El 19 de octubre de 1998, el Tribunal Provincial de Torun rechazó asimismo el recurso de la autora contra la decisión del Tribunal Regional. Esa decisión contenía instrucciones sobre la manera de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

2.5.El 24 de noviembre de 1998 y por decisión del Tribunal Provincial de 20 de octubre de 1998 se asignó a la autora un defensor de oficio para preparar su recurso al Tribunal Supremo. El 21 de abril de 1999 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la autora.

2.6.El 1º de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo rechazó la petición de la autora de que revisase la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de protección de la salud mental porque consideró que el asunto no era de su competencia.

La denuncia

3.La autora afirma que su internamiento en una institución psiquiátrica contra su voluntad constituyó una violación del artículo 7 del Pacto. En particular, pretende que las disposiciones de la Ley de protección de la salud mental en que se fundó el internamiento son incompatibles con el artículo 7 del Pacto. Afirma también que el tratamiento que se le administró mientras estuvo internada equivale a un trato cruel, inhumano o degradante.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación y comentarios de la autora al respecto

4.1.En sus observaciones de 11 de septiembre de 2002, el Estado Parte consideró que la comunicación no es admisible porque no se han agotado los recursos internos y alegó que la autora podía haber interpuesto un recurso constitucional acogiéndose al párrafo 1 del artículo 79 de la nueva Constitución de Polonia de 2 de abril 1997. La pretensión de la autora de que el internamiento en una clínica psiquiátrica sin su consentimiento equivalía a un trato cruel, inhumano y degradante podía haber sido examinada como una violación de sus derechos reconocidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Así se habría puesto en tela de juicio la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley de protección de la salud mental de 1994.

4.2.En relación con el fondo y en particular con la presunta violación del artículo 7, el Estado Parte observa que la autora no se queja de haber recibido malos tratos durante su hospitalización obligatoria y considera sencillamente que su internamiento por el tribunal en una institución psiquiátrica sin su libre consentimiento equivale de por sí a una violación del artículo 7.

4.3.El Estado Parte considera que la comunicación está "manifiestamente infundada" y señala que el 17 de diciembre de 1997 la hermana de la autora había pedido al Tribunal de Distrito de Torun que, en virtud del artículo 29 de la Ley de protección de la salud mental, internase a la autora en una institución psiquiátrica porque padecía esquizofrenia. La autora había estado ya hospitalizada entre el 29 de noviembre de 1996 y el 18 de febrero de 1997. En el momento del alta la enfermedad estaba controlada, pero unas semanas después de salir del hospital su estado de salud se deterioró porque dejó de tomar los medicamentos prescritos. Empezó además a comportarse agresivamente. En apoyo de su solicitud, la hermana de la autora presentó un certificado médico expedido por un psiquiatra quien afirmaba que, si no se internaba a la autora en una institución psiquiátrica, su salud mental se deterioraría gravemente. El psiquiatra confirmaba también que el tratamiento médico que recibiría en esa institución contribuiría a mejorar su salud mental.

4.4.El 17 de diciembre de 1997, para corroborar las pruebas presentadas por la hermana de la autora, el Tribunal de Distrito de Torun dispuso que la autora fuese examinada por un experto independiente. El 22 de diciembre de 1997, el experto médico designado por el Tribunal informó a éste de que la autora no acudió en la fecha fijada para el examen. Ese mismo día, el Tribunal ordenó a la autora que se presentase a dicho examen el 30 de diciembre de 1997. La autora ignoró de nuevo la convocación. El Tribunal reprogramó el examen psiquiátrico para el 12 de enero de 1998 y ese día la autora compareció escoltada por la policía.

4.5.El experto que efectuó el examen llegó a la conclusión de que la autora necesitaba tratamiento en una institución psiquiátrica. El 5 de febrero de 1998 y sobre la base de estas pruebas, el Tribunal de Distrito de Torun ordenó el internamiento de la autora. La autora no compareció ante el tribunal. De ahí que el Estado Parte alegue que existían serios motivos para imponer a la autora el tratamiento y que la decisión se tomó de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley. El Estado Parte llega a la conclusión de que la autora no ha presentado ningún argumento fiable en apoyo de su afirmación sobre los presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes.

4.6.El 30 de enero de 2003, la autora reiteró su denuncia anterior y sostuvo que había agotado los recursos internos.

Observaciones complementarias del Estado Parte

5.Atendiendo la petición de la Secretaría, que había solicitado aclaraciones sobre los hechos del caso, el 16 de diciembre de 2003 el Estado Parte facilitó la siguiente información sobre la representación letrada de la autora: la autora no pidió que le asignase un defensor de oficio hasta que el Tribunal Regional de Torun rechazó su petición de que se prorrogase el plazo para recurrir contra la decisión del Tribunal de Distrito. El 20 de octubre de 1998, el Tribunal Regional accedió a esa petición y el 24 de noviembre de 1998 el Colegio de Abogados Regional le nombró un defensor de oficio. El Estado Parte alega que la representación letrada no es obligatoria y que la autora "como persona que goza de capacidad legal plena puede defender con éxito su causa por sí misma ante los tribunales". En este contexto, el Estado Parte se refiere a la decisión del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1999 en la que este Tribunal sostiene que, en las circunstancias del caso, no era necesario un abogado porque la autora "tenía capacidad legal plena" y la "enfermedad mental no se puede equiparar a una incapacidad legal".

Decisión del Comité sobre la admisibilidad

6.1.En su 80º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación.

6.2.El Comité observó que la denuncia de la autora de que su internamiento en una institución psiquiátrica contra su voluntad violaba el artículo 7 del Pacto y de que el trato que había recibido durante su internamiento violaba también dicho artículo. El Comité observó que la autora no había presentado ningún argumento ni información adicional que demostrase la manera en que sus derechos reconocidos en esa disposición habían sido violados y reiteró que una simple alegación de violación del Pacto no basta para fundamentar una denuncia con arreglo al Protocolo Facultativo. Por lo tanto, el Comité consideró inadmisibles ambas denuncias en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.3.No obstante lo que antecede, el Comité consideró que los hechos que tenía ante sí suscitaban cuestiones en relación con el Pacto que eran admisibles y que debían ser examinadas en cuanto al fondo. El Comité observó que las circunstancias en que se había internado a la autora en una institución psiquiátrica, en particular el hecho de que se la internase sin representación letrada y sin que recibiese copia de la orden de internamiento hasta el 18 de junio de 1998, más de cuatro meses después de que se hubiese dictado esa orden y después de que hubiese expirado el plazo para la interposición de un recurso, podía suscitar cuestiones en relación con los artículos 9 y 14 del Pacto.

6.4.El 9 de marzo de 2004, el Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación era admisible en la medida en que parecía suscitar cuestiones en relación con los artículos 9 y 14 del Pacto y pidió al Estado Parte que formulase comentarios acerca de si la detención de la autora se había llevado a cabo de conformidad con los procedimientos "establecidos en la ley" según el artículo 9 del Pacto y, si la detención fue legal, si el hecho de no haber proporcionado a la autora representación letrada ni copia de la orden de internamiento en el momento en que se procedió a éste y de no haberle facilitado esa copia hasta después de expirado el plazo para la interposición de un recurso equivalía a la detención arbitraria prevista en el artículo 9. Se pidió también al Estado Parte que formulase comentarios sobre si los procedimientos establecidos en la ley y su aplicación en el presente caso violan el artículo 14 del Pacto.

Exposición del Estado Parte sobre el fondo de la comunicación

7.1.El 1º de octubre de 2004, el Estado Parte respondió a la solicitud de información del Comité y afirmó que el caso no suscitaba ningún problema en relación con los artículos 9 ó 14 del Pacto y que no se había violado ninguna de estas disposiciones. En cuanto a si la detención de la autora se llevó a cabo de conformidad con los procedimientos "establecidos en la ley" según se dice en el artículo 9, el Estado Parte afirma que el internamiento de la autora en una clínica psiquiátrica del 12 de febrero al 29 de abril de 1998 se efectuó con arreglo al procedimiento previsto en la Ley de protección de la salud mental de 1994 y, en particular, a su artículo 29, en el que se estipula lo siguiente:

"1.Se podrá también internar a un enfermo mental en un hospital psiquiátrico sin el consentimiento exigido en el artículo 22:

1)Cuando su comportamiento hasta ese momento indique que, si no se le hospitaliza, su estado de salud mental se deteriorará considerablemente,

2)Cuando no sea capaz de satisfacer por sí solo sus necesidades elementales y se prevea justificadamente que el tratamiento en un hospital psiquiátrico contribuirá a mejorar su estado de salud.

2.El tribunal tutelar competente del lugar de residencia del interesado decidirá si es necesario internarlo sin su consentimiento en un hospital psiquiátrico de la manera indicada en el párrafo 1, a petición de su cónyuge, sus parientes en línea directa, sus hermanos o hermanas, su representante legal o la persona bajo cuya tutela efectiva se halle."

7.2.Según el Estado Parte, el Tribunal de Distrito de Torun limitó el derecho de la autora a la libertad por decisión de 5 de febrero de 1998 acogiéndose a esta disposición de la Ley de protección de la salud mental. La orden de internamiento se expidió a petición de la hermana de la autora, tras una audiencia en la que testimonió un experto psiquiatra. El Estado Parte estima que la decisión del Tribunal de Distrito de Torun cumplía las disposiciones pertinentes de la ley polaca y corresponde pues al "procedimiento establecido en la ley" según el párrafo 1 del artículo 9.

7.3.En cuanto a si el hecho de no haber facilitado a la autora representación letrada ni copia de la orden de internamiento en el momento en que se procedió a éste y sólo tras la expiración del plazo para la interposición de un recurso equivalía a detención arbitraria de conformidad con el artículo 9, el Estado Parte observa que no había obligación legal de facilitar a la autora una representación letrada en el momento de la audiencia ante el Tribunal de Distrito de Torun. El Estado Parte alega que no se puede pues deducir que esa obligación exista en virtud del artículo 9 y remite a la opinión del Tribunal Supremo de que "la enfermedad mental no se puede equiparar a una incapacidad legal". La autora no estaba incapacitada ni era incapaz de discernir la naturaleza de sus actos, incluidas las consecuencias que podría acarrear el hecho de que no compareciese en la audiencia ante el Tribunal de Distrito de Torun el 5 de febrero de 1998. La autora eligió deliberadamente no participar en esa audiencia rehusando aceptar la convocación y el dictamen del psiquiatra. Además, el Estado Parte afirma que la autora no solicitó un defensor de oficio durante el examen de su causa por el Tribunal de Distrito de Torun.

7.4.En cuanto a la fecha en que se facilitó a la autora copia de la orden de internamiento, el Estado Parte señala que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil: "El tribunal motivará el fallo pronunciado en una audiencia pública solamente cuando se pueda interponer un recurso interlocutorio y sólo a petición de parte formulada en el plazo de una semana a partir de la fecha del fallo. La decisión se comunicará solamente a la parte que haya solicitado la motivación del fallo y la entrega del fallo motivado". Por lo tanto, como la autora no pidió copia de la decisión hasta el 1º de junio de 1998, cuatro meses después de su formulación, el Tribunal no estaba obligado a enviar ex officio copia de la decisión motivada. A juicio del Estado Parte, la prohibición de la detención arbitraria en el artículo 9 no significa que sea obligatorio comunicar automáticamente al interesado las decisiones judiciales sobre su internamiento en un establecimiento psiquiátrico.

7.5.El Estado Parte niega que los procedimientos establecidos en la ley y su aplicación al presente caso equivalgan a una violación del artículo 14. El internamiento de la autora en una clínica psiquiátrica se efectuó en cumplimiento de la orden de un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley. El Tribunal tomó su decisión después de escuchar a un experto psiquiatra y de examinar cuidadosamente las razones del internamiento de la autora previstas en la Ley de protección de la salud mental. Los demás procedimientos judiciales, es decir, la petición de la autora de que se estableciese un nuevo plazo para la interposición de un recurso, correspondían enteramente a las garantías enunciadas en el artículo 14. El Tribunal de Distrito de Torun y el Tribunal Provincial de Torun examinaron la petición y se adujeron razones suficientes para no acceder a ella. Además, la autora entabló un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el 21 de abril de 1999 declaró el recurso infundado.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información facilitada por las partes según se prevé en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8.2.En cuanto a si el Estado Parte violó el artículo 9 del Pacto cuando internó a la autora en una institución psiquiátrica, el Comité se remite a su jurisprudencia precedente, según la cual el tratamiento en una institución psiquiátrica contra la voluntad del paciente constituye una forma de privación de libertad que entra en el ámbito del artículo 9 del Pacto. En cuanto a si el internamiento fue legal, el Comité observa que se efectuó de conformidad con los artículos pertinentes de la Ley de protección de la salud mental y era pues legal.

8.3.En relación con el posible carácter arbitrario del internamiento de la autora, el Comité considera difícil conciliar la opinión del Estado Parte de que, aunque se reconocía de conformidad con la ley el empeoramiento de la salud mental de la autora y su incapacidad para satisfacer su necesidades elementales, se la consideraba al mismo tiempo legalmente capaz de actuar en su propio nombre. En cuanto al argumento del Estado Parte de que "la enfermedad mental no se puede equiparar a una incapacidad legal", el Comité considera que el internamiento de una persona en una institución psiquiátrica equivale a reconocer la disminución de la capacidad, legal o de otra clase, de esa persona. El Comité estima que el Estado Parte tiene la obligación especial de proteger a las personas vulnerables dentro de su jurisdicción, incluidos los enfermos mentales. Como la autora tenía una capacidad reducida que podría haber afectado su capacidad de participar efectivamente en las actuaciones, el Tribunal debía haber estado en condiciones de velar por que tuviese una asistencia o representación suficientes para salvaguardar sus derechos durante la totalidad de las actuaciones. El Comité considera que la hermana de la autora no estaba en condiciones de ofrecer dicha asistencia o representación, ya que había solicitado personalmente el internamiento. El Comité reconoce que pueden darse circunstancias en las que la salud mental de una persona esté tan perturbada que, para evitar que se dañe a sí misma o dañe a otras personas, sea inevitable dar la orden de internamiento sin que disponga de asistencia o representación suficientes para salvaguardar sus derechos. En el presente caso no se han mencionado circunstancias especiales de esta clase. Por todas estas razones, el Comité considera que el internamiento de la autora fue arbitrario a tenor del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.

8.4.El Comité observa además que, aunque es posible apelar ante un tribunal contra una orden de internamiento de modo que el interesado pueda impugnar dicha orden, en el presente caso la autora, a la que no se había entregado copia de la orden y que no había estado asistida ni representada en la vista por nadie que pudiese informarle de que existía esa posibilidad, tuvo que esperar a que se la diera de alta para enterarse de que podía interponer tal recurso y para interponerlo efectivamente. Su recurso se desestimó por último porque lo había interpuesto fuera del plazo legal. A juicio del Comité, el derecho de la autora a recusar su detención no existía efectivamente porque el Estado Parte no le comunicó la orden de internamiento antes de que venciese el plazo para la interposición del recurso. Por lo tanto, en las circunstancias del caso el Comité considera que se ha violado el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto.

8.5.Habida cuenta de esta conclusión de que se violó el artículo 9, el Comité no necesita determinar si ha existido además una violación del artículo 14 del Pacto.

9.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que el Estado Parte ha violado los párrafos 1 y 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluida una indemnización, y de introducir los cambios legislativos necesarios para evitar violaciones semejantes en el futuro. El Estado Parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

11.Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide también al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

M. Comunicación Nº 1073/2002, Terrón c. España (Dictamen aprobado el 5 de noviembre de 2004, 82º período de sesiones)*

Presentada por:Jesús Terrón (representado por un abogado, la Sra. Antonia Mateo Moreno)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:España

Fecha de la comunicación:13 de febrero de 2001 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 5 de noviembre de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1073/2002, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Jesús Terrón con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación, de fecha 13 de febrero de 2001, es Jesús Terrón, de nacionalidad española, nacido en 1957. Alega ser víctima de la violación del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2, del párrafo 5 del artículo 14 y del artículo 26 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado Parte el 25 de abril de 1985. El autor está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor era diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue juzgado por el Tribunal Supremo y condenado el 6 de octubre de 1994 por un delito de falsedad en documento privado a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 pesetas.

2.2.El autor no interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerarlo fútil, en vista de la reiterada jurisprudencia del Tribunal denegando dicho recurso cuando se interpone para revisar los hechos establecidos en las sentencias de tribunales ordinarios.

La denuncia

3.1.El autor alega que se ha vulnerado su derecho a que la sentencia y la condena que le fue impuesta fueran revisadas por un tribunal superior (párrafo 5 del artículo 14 del Pacto), debido a que fue juzgado por el más alto tribunal ordinario en material penal, el Tribunal Supremo, contra cuyas sentencias no procede el recurso de casación. El autor alega que se ha violado su derecho a interponer un recurso efectivo (apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto) contra la sentencia que lo condenó en primera instancia.

3.2.El autor alega que fue víctima de una violación del artículo 26 del Pacto, debido al tratamiento diferente que existe en la legislación en relación con los jueces a quienes corresponde conocer de delitos en que intervenga un diputado. Si un diputado de Madrid comete un delito en Madrid o un diputado de una región comete un delito en dicha región, tiene derecho a ser juzgado por el Tribunal de Justicia Superior de la respectiva jurisdicción y luego puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si un diputado de una región comete un delito en Madrid, es juzgado directamente por el Tribunal Superior y pierde el derecho a interponer un recurso de casación. Según el autor, este trato diferente es discriminatorio.

3.3.En relación al requisito de agotamiento de los recursos internos, el autor sostiene que era inútil interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El autor indica que existe una jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional en el sentido que no tiene facultades para revisar las sentencias pronunciadas por los tribunales ordinarios ni tiene competencia para entrar a conocer los hechos establecidos en los procesos por prohibirlo expresamente la ley. Adicionalmente, el autor afirma que la ineficacia del recurso de amparo se demuestra por la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que las particulares garantías que acompañan a los cargos de diputados y senadores disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.El Estado Parte argumenta que la comunicación es inadmisible, debido a que los recursos internos no se han agotado. El Estado Parte indica que el autor debió haber interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

4.2.El Estado Parte adjunta un documento en el que consta que el primer abogado que defendió al autor en el proceso interno fue condenado en primera instancia por haber ejercido una defensa negligente, al no haber interpuesto el recurso de amparo. El primer abogado del autor declaró que se había propuesto interponer un recurso de amparo, pero que había en cambio interpuesto un recurso de casación que había sido declarado improcedente. El tribunal que condenó al letrado consideró que éste debía saber que el plazo para interponer el recurso de amparo continuaba corriendo si el recurso de casación por él interpuesto era manifiestamente improcedente, de lo que dedujo que su comportamiento fue negligente. El juicio en contra del primer abogado del autor fue incoado ante los tribunales internos por quien actúa como representante del autor ante el Comité. Para el Estado Parte esta conducta de la representante del autor es incompatible con la alegación del autor de que no era necesario interponer el recurso de amparo.

4.3.Sobre el fondo, el Estado Parte argumenta que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no es aplicable cuando un individuo es juzgado en primera instancia por el tribunal de la más alta jurisdicción, como el Tribunal Supremo, en razón de la situación personal del acusado. En el caso del autor, fue juzgado por el Tribunal Supremo en razón de ejercer un cargo público de elección popular. Según el Estado Parte, el autor ocupaba una posición diferente, como diputado, en relación con la generalidad de los acusados y, por lo tanto, le correspondía ser tratado de manera diferente. El Estado Parte considera que el hecho de haber sido juzgado en única instancia por el más alto tribunal de jurisdicción ordinaria es consecuencia de una circunstancia puramente objetiva, consistente en ocupar un determinado cargo público. Estima, asimismo, que la inexistencia de revisión de la condena se equilibra con el enjuiciamiento por el tribunal de más alta jurisdicción.

4.4.El Estado Parte argumenta que esta situación es frecuente en muchos Estados, como también es un hecho común que se establezcan procedimientos para privar de la inmunidad a ciertas personas que ejercen cargos públicos cuando se trata de establecer su responsabilidad penal.

4.5.El Estado Parte indica que el enjuiciamiento de los diputados está previsto en el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley orgánica Nº 9/1982 de 10 de agosto de 1982, la que establece que "corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la región. Fuera del territorio regional, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Según el Estado Parte, el autor nunca se opuso a ser juzgado en única instancia y sólo lo hizo una vez que fue condenado. Asimismo el autor gozó de todas las garantías de un juicio justo y pudo contradecir todas las pruebas de cargo presentadas en su contra.

4.6.El Estado Parte considera que en caso de infracciones mínimas resulta contraproducente el establecimiento de un procedimiento de revisión ante un tribunal superior, debido al coste económico que ello acarrea y a la innecesaria prolongación del proceso. El Estado Parte cita al respecto el párrafo 2 del artículo 2 del Protocolo Nº 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la revisión en el caso de delitos menores.

4.7.En relación a la presunta violación del artículo 26 del Pacto, el Estado Parte argumenta que, conforme a la legislación en vigor, el tribunal competente para conocer de un delito cometido por un diputado dentro del territorio para el cual ha sido elegido corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la región, mientras que, si el delito que se imputa al diputado ha sido cometido fuera del territorio de su región, el Tribunal Supremo es la instancia competente. Esta diferencia de tratamiento se basa en criterios objetivos y razonables según el Estado Parte. Por otro lado, el Estado Parte alega que esta disposición no es discriminatoria ya que se aplica en todo los casos en que se juzga a un diputado por un delito cometido fuera del territorio regional para el que ha sido designado.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y el fondo de la comunicación

5.1.En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el autor reconoce que demandó al primer abogado que lo defendió en el juicio penal en su contra. Sin embargo, indica que en el proceso contra dicho abogado, éste siempre declaró que el recurso de amparo no tenía posibilidades de prosperar debido a sus propias limitaciones. Además, en la sentencia condenatoria el tribunal dejó establecido que, si bien condenaba al abogado por actuación negligente, tampoco se le podía hacer responsable de todas las consecuencias de la condena del autor, debido a que el recurso de amparo era de carácter extraordinario, su eficacia no estaba garantizada debido a sus propias limitaciones y en ningún caso la falta de interposición del amparo privaría al autor de una segunda instancia que hubiera resuelto sobre el delito por el que fue condenado por el Tribunal Supremo.

5.2.Sobre el fondo, el autor sostiene que no es efectiva la aseveración del Estado Parte en el sentido que haya tenido un juicio justo, debido a que durante el desarrollo del juicio oral, su abogado renunció a la comparecencia de la mayoría de los testigos ofrecidos por la defensa.

5.3.El autor insiste en que su condena se basó en pruebas puramente circunstanciales y no pudo ser revisada por un tribunal superior porque fue juzgado por el más alto tribunal en única instancia.

5.4. El autor no está de acuerdo con el argumento del Estado Parte según el cual la falta de revisión de la sentencia se compensa con el hecho de haber sido el autor juzgado por el más alto tribunal. Según el autor, el hecho de ser juzgado por ese tribunal no significa que dicho tribunal no pueda cometer errores que deban ser revisados por un tribunal superior.

5.5.El autor sostiene que los argumentos del Estado Parte en relación con el Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo no son aplicables a la denuncia ante el Comité, debido a que el alcance del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto es considerablemente diferente del Protocolo Nº 7. El Estado Parte no ha emitido una reserva a la citada disposición del Pacto.

5.6. El autor insiste en que la diferencia que establece la ley orgánica para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por diputados es discriminatoria, debido a que, si a un diputado se le imputa un delito cometido en el territorio de una región, tiene derecho a la doble instancia, en cambio, si a un diputado se le imputa un delito cometido en Madrid, es juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo de Madrid.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1. De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6.2.El Comité se ha cerciorado que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo o internacionales, de modo que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impida el estudio de la denuncia.

6.3.El Estado Parte ha alegado que los recursos internos no han sido agotados debido a que el autor no interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El autor sostiene que no era necesario interponer este recurso ya que no tenía posibilidades de prosperar. El autor alega que todos los recursos de amparo interpuestos ante el Tribunal Constitucional en contra de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han sido denegados y que existe una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual el recurso de amparo no constituye una tercera instancia, ni permite la evaluación de los hechos y revisión de las sentencias pronunciadas por los tribunales ordinarios.

6.4. Para acreditar la falta de agotamiento de los recursos internos, el Estado aportó la sentencia del juzgado civil de primera instancia Nº 13, en la que consta que el autor demandó una indemnización al primer abogado que lo representó en el proceso penal seguido en su contra, debido a que este letrado no había interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El juzgado condenó al abogado a pagar una indemnización. Consideró que la actuación del abogado había sido negligente porque había dejado pasar el plazo para interponer el recurso de amparo y había interpuesto otro recurso improcedente. Para el Comité este argumento no es concluyente ya que el juzgado tuvo en cuenta para fijar el monto de la indemnización que el perjuicio para el autor era relativo, debido a que el recurso de amparo tiene un carácter extraordinario y el Tribunal Constitucional no podía haber actuado como tribunal de segunda instancia, por el limitado alcance del recurso.

6.5. La jurisprudencia constante del Comité indica que sólo corresponde agotar aquellos recursos que tengan posibilidades de prosperar. En lo que corresponde a la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el Comité observa que el Estado Parte no ha controvertido que el recurso de amparo no es un recurso que permita una revisión de la sentencia y de la condena como lo exige el Pacto. Por otra Parte, tampoco el Estado Parte ha controvertido la existencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que a través del recurso de amparo no corresponde evaluar los hechos o proceder a la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales internos. Tampoco ha controvertido el hecho que conforme a la legislación interna no proceden recursos en contra de las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Supremo. El Comité considera que el autor ha agotado los recursos internos en relación a la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. La denuncia plantea situaciones que pueden afectar el derecho reconocido en el párrafo del artículo 14 del Pacto, por lo que esta parte de la comunicación es admisible.

6.6. La jurisprudencia constante del Comité ha establecido que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto es una lex especialis en relación con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, por lo que habiéndose pronunciado el Comité sobre la admisibilidad de la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 no es necesario que decida sobre la alegada violación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.

6.7.En relación a la alegada violación del artículo 26 del Pacto, el autor afirma que la distinción que la legislación interna establece en relación con qué tribunal es competente para conocer de procesos que afecten a diputados es discriminatoria porque en algunos casos el afectado tiene derecho a que la sentencia sea revisada por un tribunal superior, mientras que en otros es juzgado en única instancia, sin posibilidad de una revisión de la sentencia. El Estado Parte ha indicado que la distinción está establecida en la ley, que es aplicada en todo el país y a todos los casos en que se juzgue a un diputado por un delito cometido fuera del territorio regional para el que ha sido elegido. El Comité considera que el autor ha fundamentado suficientemente esta alegación a efectos de su admisibilidad y que parece plantear cuestiones relevantes en relación al artículo 26 del Pacto. Por consiguiente, el Comité decide que esta parte de la comunicación es admisible.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1. El Comité debe decidir si la condena del autor en primera instancia por el Tribunal Supremo, sin que exista un recurso que permita la revisión de la sentencia y de la condena, constituye una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

7.2. El Estado Parte ha argumentado que, tratándose de infracciones menores, no es aplicable la exigencia de la revisión por un tribunal superior. El Comité recuerda que el derecho reconocido en el párrafo 5 del artículo 14 se refiere a todas las personas que han sido condenadas por un delito. Es cierto que el texto en español del párrafo 5 del artículo 14 se refiere a "un delito", mientras que el texto en inglés se refiere a un "crimen" ("crime") y el texto en francés a "una infracción" ("une infraction"). El Comité considera, sin embargo, que la condena impuesta al autor es suficientemente seria, en cualquier circunstancia, para justificar una revisión por un tribunal superior.

7.3. El Estado Parte alega que el autor no se opuso en ningún momento a estar sujeto a la jurisdicción del Tribunal Supremo y que sólo una vez condenado impugnó la imposibilidad de la doble instancia. El Comité no puede compartir este argumento, dado que el enjuiciamiento del autor por el Tribunal Supremo no era un hecho que dependiera de la voluntad del autor, sino que estaba establecido por el procedimiento penal del Estado Parte.

7.4. El Estado Parte argumenta que, en situaciones como la del autor, si una persona es juzgada por el más alto tribunal ordinario en materia penal, no es aplicable la garantía establecida en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto; que la circunstancia de no tener derecho a una revisión por un tribunal superior se compensa con el juicio en el tribunal de mayor jerarquía y que ésta es una situación común en muchos Estados Partes del Pacto. El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comité recuerda que la expresión "conforme a lo prescrito por la ley" no tiene por objeto dejar la existencia misma del derecho a revisión a la discreción de los Estados Partes. Si bien la legislación del Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. Por consiguiente, el Comité concluye que se ha violado el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto con relación a los hechos expuestos en la comunicación.

7.5.Puesto que el Comité ha concluido que el Estado Parte incurrió en la violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, no considera necesario abordar la posible violación del artículo 26 del Pacto.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

9. A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo que incluya una indemnización adecuada.

10.Al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, España reconoció la competencia del Comité para determinar si ha habido o no una violación del Pacto. En virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable en caso de que se demuestre que se ha producido una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en el plazo de 90 días, información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité. Se ruega al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la española la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

N. Comunicación Nº 1076/2002, Olavi c. Finlandia (Dictamen aprobado el 15 de marzo de 2005, 83º período de sesiones)*

Presentada por:Riitta-Liisa Kasper e Illka Olavi Sopanen (representadas por el abogado, Sr. Martti Tapio Juvonen)

Presunta víctima:Las autoras

Estado Parte:Finlandia

Fecha de la comunicación:25 de abril de 1997 (presentación inicial)

Asunto: Igualdad de trato en relación con la indemnización por expropiación de bienes

Cuestiones de procedimiento: Agotamiento de los recursos internos, abuso del derecho de presentación

Cuestiones de fondo: Divulgación de los nombres de los jueces que participaron en la decisión judicial; igualdad de trato en relación con la indemnización por expropiación de bienes

Artículos del Pacto: Párrafo 1 del artículo 14 y artículo 26

Artículos del Protocolo

Facultativo: Artículo 3 y apartado b) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 15 de marzo de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1076/2002, presentada al Comité de Derechos Humanos por Riitta-Liisa Kasper e Illka Olavi Sopanen con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito las autoras de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.Las autoras de la comunicación son Riitta-Liisa Kasper e Illka Olavi Sopanen, ambas de nacionalidad finlandesa. Afirman ser víctimas de una violación del párrafo 1 del artículo 2, del artículo 3, del párrafo 1 del artículo 14 y del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Están representadas por el abogado Sr. Martti Tapio Juvonen.

2.1.El 26 de marzo de 1987, el Consejo de Estado autorizó la expropiación de parte de las tierras de las autoras (un total de 65,97 ha). La tierra expropiada forma parte de la zona de ampliación del Parque Nacional de Linnansaari. El 18 de febrero de 1988, la Comisión de Expropiación dictó una orden de expropiación y fijó la cantidad que se debía pagar.

2.2.Las autoras afirman que sus tierras fueron expropiadas por el Gobierno a un precio considerablemente inferior al precio corriente, si se compara con las adquisiciones voluntarias y con otras expropiaciones en la región.

2.3.El Tribunal de Finlandia Oriental desestimó el 20 de septiembre de 1989 el recurso de las autoras contra esa decisión. Ese tribunal no revisó la cantidad de la indemnización. El 4 de mayo de 1990 el Tribunal Supremo denegó a las autoras la admisión a trámite de la apelación.

2.4.Se presentó entonces ante el Tribunal Supremo una petición de revocación. El Tribunal Supremo examinó la petición y, mediante dictamen de 1º de diciembre de 1993, determinó que las autoras no habían presentado nuevos hechos o pruebas susceptibles de dar lugar a otro resultado y, por lo tanto, desestimó la petición. Se afirma que con esta acción se agotaron todos los recursos internos.

2.5.Las autoras dicen que, al examinar su petición, el Tribunal Supremo pidió a la Dirección del Catastro Nacional su opinión al respecto. La Dirección llegó a la conclusión de que las autoras no habían recibido igualdad de trato en comparación con otras expropiaciones en la misma región para los mismos fines. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de las autoras.

2.6.Las autoras sostienen además que la decisión del Tribunal Supremo no revela los nombres de los jueces que participaron en la adopción de la decisión, lo que imposibilita el examen de cualquier motivo para su recusación.

2.7.El 29 de febrero de 1996, la Comisión Europea de Derechos Humanos declaró inadmisible ratione temporis la solicitud de las autoras.

La denuncia

3.Las autoras argumentan que se han violado los derechos que les reconoce el párrafo 1 del artículo 2, el artículo 3 y el artículo 26 del Pacto porque no recibieron el mismo trato en lo que respecta a la indemnización pagada por la tierra expropiada. También sostienen ser víctimas de una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto por el hecho de que el Tribunal Supremo no ha revelado los nombres de los jueces que participaron en la decisión sobre su solicitud.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.En su comunicación de 23 de julio de 2002, el Estado Parte cuestiona la admisibilidad de la comunicación. El Estado Parte mantiene que el dictamen de 4 de mayo de 1990 del Tribunal Supremo que niega a las autoras autorización para apelar es la decisión final del caso. Señala que el procedimiento de revocación iniciado por las autoras, que culminó con la decisión de 1º de diciembre de 1993 del Tribunal Supremo, es un recurso extraordinario. El Estado Parte observa pues que han transcurrieron siete años desde que se agotaron los recursos internos hasta que las autoras presentaron su caso al Comité de Derechos Humanos.

4.2.El Estado Parte observa que el Protocolo Facultativo no prevé un plazo especial para la presentación de comunicaciones al Comité. No obstante, sostiene que el largo período transcurrido desde que se tomó la decisión nacional firme debería tenerse en cuenta al determinar la admisibilidad de una comunicación.

4.3.El Estado Parte argumenta además que, en la medida en que las autoras pretenden reclamar por una injerencia en su derecho a la propiedad, la comunicación es inadmisible ratione materiae.

5.1.Mediante comunicación de 25 de noviembre de 2002, el Estado Parte suscita una objeción adicional a la admisibilidad de la reclamación de las autoras al amparo del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte alega que esta reclamación es inadmisible por incompatibilidad con las disposiciones del Pacto, ya que el Pacto no prevé el derecho a la revisión de una decisión en un caso civil ni derecho alguno de apelación extraordinaria.

5.2.Por lo que respecta al fondo de la cuestión, el Estado Parte remite a las disposiciones jurídicas que regulan la expropiación de bienes inmuebles y su indemnización. La Ley de expropiación de bienes inmuebles y derechos especiales (Nº 603/1977) prevé que el propietario tiene derecho al resarcimiento íntegro de las pérdidas económicas provocadas por la expropiación (artículo 29 de la ley). El párrafo 1 del artículo 30 de la ley establece lo siguiente: "Se determinará el resarcimiento íntegro, correspondiente al valor de mercado, para la propiedad expropiada. El momento de transferencia de la propiedad será decisivo para la determinación del valor. Si el valor de mercado no refleja la pérdida real soportada por el propietario del bien o de cualquier derecho conexo, la tasación se basará en el rendimiento de la propiedad o en las inversiones realizadas en ella".

5.3.El Estado Parte alega que, como consecuencia de esas disposiciones, el valor de las propiedades puede variar, aun cuando se hallen cerca una de otra, según sus características y su idoneidad para uso recreativo. La tasación se basará normalmente en pruebas estadísticas fiables de los precios que se pagan normalmente por terrenos comparables.

5.4.Por lo que respecta a la reclamación de los autores en relación con el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, el Estado Parte observa que el presente caso tenía que ver con la solicitud de revocación de una sentencia, lo que requiere pruebas nuevas e importantes. El Estado Parte señala que los autores no han sostenido que no tuvieron posibilidad de presentar todas las pruebas. El Tribunal Supremo, tras haber evaluado todas las pruebas que se le presentaron, llegó a la conclusión de que no había circunstancias ni pruebas nuevas aportadas por las autoras susceptibles de dar lugar a un resultado diferente. Por lo tanto, el Tribunal Supremo no revocó la sentencia. El Estado Parte observa que el hecho de que el resultado no sea el que las autoras hubieran deseado no significa que el procedimiento judicial fuera injusto.

5.5.Por lo que se refiere a la afirmación de las autoras de que no se revelaron los nombres de los jueces que participaron en la decisión, el Estado Parte señala que se puede pedir a la secretaría del Tribunal Supremo los nombres de los jueces que hayan participado en una decisión y que, por lo tanto, esa información es pública. El Estado Parte concluye que no ha habido violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto en el caso que se trata. El Estado Parte añade que, en la actualidad, los nombres de los jueces figuran en las sentencias escritas.

5.6.Respecto de la reclamación de las autoras al amparo del artículo 26 del Pacto, el Estado Parte señala que el valor de la tierra expropiada se había determinado sobre la base de las estadísticas disponibles sobre los precios pagados por terrenos comparables en el momento de la expropiación. El Estado Parte indica que el Tribunal Supremo, en su decisión de 1º de diciembre de 1993, observó que el informe de la Dirección del Catastro Nacional no indicaba que la indemnización se hubiera calculado incorrectamente. El Tribunal Supremo también consideró que las autoras no habían presentado ninguna prueba que hubiera dado motivos para determinar que no habían recibido un trato igualitario. El Estado Parte alega que la diferencia de precio no hace por sí sola que una decisión sea incorrecta o discriminatoria. El Estado Parte concluye que en el presente caso no ha habido violación del artículo 26 del Pacto.

Comentarios de las autoras sobre la exposición del Estado Parte

6.El 4 de marzo de 2004, las autoras comentan las observaciones del Estado Parte. Sostienen que su comunicación es admisible. En cuanto al fondo, reiteran que la Dirección del Catastro Nacional consideró que no habían recibido un trato igualitario en comparación con otras expropiaciones efectuadas en la misma región para los mismos fines.

Examen del Comité en cuanto a la admisibilidad

7.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

7.2.El Comité observa que las autoras han agotado todos los recursos internos de que disponían. Puede señalarse también que las autoras presentaron su comunicación un año después de que la Comisión Europea de Derechos Humanos declarase su solicitud inadmisible ratione temporis. No obstante, el Comité considera que en el presente caso, habida cuenta de sus circunstancias especiales, el retraso en la presentación de la comunicación al Comité no es tal que constituya un abuso del derecho de presentación.

7.3.Por lo que respecta a la alegación de las autoras de que no fueron tratadas igualitariamente en relación con la indemnización pagada por la tierra expropiada, en violación del artículo 26 del Pacto, el Comité observa que el Tribunal Supremo, tras haber examinado todas las pruebas que le fueron presentadas, incluido el informe de la Dirección del Catastro Nacional al que se refieren las autoras, llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para demostrar que las autoras habían sido tratadas contrariamente al principio de igualdad consagrado en la Constitución. El Comité recuerda que corresponde normalmente a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto. En el caso que se trata, el Comité, tras haber examinado la decisión del Tribunal Supremo, considera que la decisión no es manifiestamente arbitraria o infundada. Por lo tanto, el Comité llega a la conclusión de que esta denuncia es inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.4.Por lo que respecta a la denuncia restante, relativa a la violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, el Comité es de la opinión que es admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información presentada por las partes, tal como se prevé en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8.2.Por lo que respecta a la reclamación de las autoras de que son víctimas de una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, el Comité toma nota de la explicación del Estado Parte, que no ha sido refutada por las autoras, de que las autoras podían haber solicitado en todo momento a la secretaría del Tribunal Supremo los nombres de los jueces que participaron en la decisión. Por lo tanto, el Comité considera que los hechos que tiene ante sí no revelan una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

9.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí no ponen de manifiesto una violación de ninguna de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

O. Comunicación Nº 1089/2002, Rouse c. Filipinas (Dictamen aprobado el 25 de julio de 2005, 84º período de sesiones)*

Presentada por:Leon R. Rouse (no lo representa un abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Filipinas

Fecha de la comunicación:10 de junio de 2002 (fecha de la comunicación inicial)

Asunto : Juicio equitativo e igualdad de condiciones en un proceso por abuso contra la infancia

Cuestiones de procedimiento : Ninguna

Cuestiones de fondo : Juicio equitativo e imparcial; igualdad de condiciones; presunción de inocencia; posibilidad de interrogar a los testigos; dilación indebida de los procedimientos; revisión por un tribunal superior conforme a la ley; arresto y detención arbitrarios; denegación de tratamiento médico como forma de tort u ra

Artículos del Pacto : Artículo 7; párrafo 1 del artículo 9; y párrafos 1, 2, 3 a), c), d) y e) y 5 del artículo 14

Artículos del Protocolo

Facultativo : Artículos 2 y 3

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 25 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1089/2002, presentada al Comité de Derechos Humanos por Leon R. Rouse con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación, de fecha 21 de junio de 2002, es Leon R. Rouse, ciudadano estadounidense que al presentar inicialmente su comunicación se hallaba recluido en la cárcel de Bilibid de la ciudad de Muntinlupa en Filipinas. Fue excarcelado y expulsado a los Estados Unidos de América el 29 de septiembre de 2003. Sostiene que fue víctima de violaciones por parte de Filipinas del artículo 7, de los párrafos 1, 2, 3 a), c), d) y e) y 5 del artículo 14 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). No está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.Durante una visita a Filipinas, el autor fue detenido el 4 de octubre de 1995 acusado de tener relaciones sexuales con un adolescente y de violar la Ley sobre abusos contra la infancia, que tipifica como delito los actos sexuales entre un adulto y un menor de 18 años. Aunque la policía le propuso el soborno para abandonar el caso, el autor, afirmando su inocencia, optó por afrontar el juicio.

2.2.El autor sostiene que fue víctima de un montaje y una trampa tendida por la policía. A eso de las 12.00 horas del día en que fue detenido llegó al albergue Pichay, donde se encontró con Harty Dancel, un conocido, acompañado de dos individuos, Pedro Augustin y Godfrey Domingo. Los cuatro almorzaron en un restaurante, donde Dancel sugirió que Godfrey tuviera relaciones sexuales con el autor. El autor se negó diciendo que éste era demasiado joven, incluso frente a la insistencia de Dancel que le aseguraba que Godfrey ya era mayor de edad.

2.3.Más tarde las tres mismas personas esperaron al autor en su hotel. Dancel hizo que el autor los invitara a su habitación. El autor se dio una ducha y cuando salió de ella Dancel y Augustin abandonaron la habitación, dejándolo a solas con Godfrey. Éste pidió usar el baño, donde se desvistió. Llamaron a la puerta, el autor abrió y entraron unos policías. En ese momento ni el autor ni Godfrey estaban vestidos.

2.4.El autor fue arrestado sin orden judicial y llevado junto con Godfrey a la comisaría, donde Godfrey Domingo (en adelante "la presunta víctima") firmó una declaración jurada, con sus padres como testigos, y presentó una denuncia contra el autor. Declaró que tenía 15 años de edad y que el autor lo había inducido a actos sexuales. En entrevistas posteriores, la presunta víctima refirió la misma historia al fiscal adjunto de la ciudad Aurelio, a un médico de apellido Caday y a dos trabajadores sociales.

2.5.El Dr. Caday, que examinó y entrevistó a la presunta víctima después del incidente, concluyó en un certificado médico que, aunque la víctima afirmaba haber sido "sodomizada", el examen no descartaba ni confirmaba esa afirmación.

2.6.El 11 de octubre de 1995 la presunta víctima, con la ayuda de sus padres, firmó una declaración jurada de desistimiento en que confirmaba la versión de los hechos del autor y admitía que había participado en un montaje organizado por los policías Augustin y Dancel. Del fallo del Tribunal de Apelación se desprende que en ese documento la supuesta víctima también afirmó que tenía 18 años cuando fue detenido el autor.

2.7.El 19 de octubre el autor fue acusado de abuso contra la infancia en virtud del párrafo b) de la sección 5 del artículo III de la Ley de la República 7610, la llamada "Ley especial de protección de la infancia contra el maltrato, la explotación y la discriminación". El 23 de octubre, en el acto de iniciación del proceso, el autor se declaró inocente; ese mismo día elevó una petición de libertad bajo fianza. El 10 de noviembre la División II del Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Laoag (llamado en adelante el Tribunal de Primera Instancia) dictaminó que la petición de libertad bajo fianza ya no tenía objeto dado que la acusación estaba a punto de terminar de presentar las pruebas.

2.8.Pese a una orden de comparecencia de la presunta víctima y sus padres, éstos no se presentaron a las audiencias del 31 de octubre y el 10 de noviembre de 1995.

2.9.El 7 de diciembre de 1995 el autor presentó una objeción a las pruebas, motivada sobre todo por el hecho de que la acusación se basara en las declaraciones hechas a terceros por la presunta víctima, que había sido el único testigo de los hechos y que, a pesar de la orden de comparecencia, no se hallaba presente para ser interrogada. La objeción también señalaba las incongruencias de los testimonios de los otros testigos y la ilegalidad de la detención, e invocaba el principio de presunción de inocencia. Se pedía al Tribunal que desestimara el caso por insuficiencia de pruebas.

2.10. El 22 de enero de 1996, antes de que el autor presentara su defensa, el Tribunal de Primera Instancia dictó una providencia instructoria en que consideró infundada la objeción a las pruebas y concluyó que las pruebas en manos de la acusación bastaban para demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado era culpable del delito que se le imputaba. La acusación había presentado las siguientes pruebas circunstanciales: 1. Un testigo de 21 años de edad había declarado que él y el autor habían tenido relaciones sexuales el día anterior a la detención, y el Tribunal consideró que, a pesar de su edad, "por su aspecto físico parece un menor". El Tribunal de Primera Instancia basó su dictamen en dicha valoración, aunque ese aspecto no formaba parte de las pruebas presentadas por la acusación, y el autor no tuvo posibilidad de defenderse contra ese cargo. 2. La policía había sorprendido al autor y a la presunta víctima desnudos al entrar en la habitación del hotel. 3. La presunta víctima había contado la misma historia a dos trabajadores sociales, al médico que la examinó y al fiscal adjunto de la ciudad. El Tribunal consideró que esas declaraciones de la presunta víctima, aunque las había hecho fuera del tribunal, no eran un mero testimonio de oídas.

2.11. El 2 de febrero el autor presentó una moción de revisión, sosteniendo que a falta del testimonio de la presunta víctima, las declaraciones de los demás testigos de cargo constituían testimonio de oídas y que no había ninguna prueba de la minoría de edad de la víctima.

2.12. El 11 de marzo el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundada la moción de revisión.

2.13. El 26 de marzo el autor presentó al Tribunal de Apelación, una petición de que dictara un auto de avocación, a fin de que se anulara la orden del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 1996 que había desestimado la objeción a las pruebas y la orden del mismo tribunal de 11 de marzo de 1996 que había rechazado la moción de revisión. El autor basó su petición en la denegación de su derecho a encarar o interrogar a los testigos de cargo y la presunta ilegalidad de su detención y del registro de su habitación por haberse realizado sin el correspondiente mandamiento.

2.14. El autor presenta copias de las observaciones del Procurador General al escrito de apelación y su propia respuesta a las observaciones del Procurador General. En sus observaciones, el Procurador General sostiene que no había necesidad de demostrar el hecho efectivo de la sodomización de la presunta víctima ya que una sección diferente de la Ley Nº 7610, la sección 10 b), del artículo VI penalizaba a quien "mantenga o tenga en su compañía a un menor de hasta 12 años o que tenga 10 años menos que él en cualquier lugar público o privado, hotel (...)". El Procurador General sostuvo que "el mero hecho de que el peticionario haya sido encontrado en compañía de Domingo (...), que es 24 años menor que él (...) hace presumir que por lo menos se cometieron otros abusos contra el menor". El autor recuerda que fue acusado de una violación del párrafo b) de la sección 5 del artículo III de la Ley Nº 7610 y no de la sección 10 b) del artículo VI.

2.15. El 24 de septiembre de 1996 el Tribunal de Apelación desestimó la petición de auto de avocación, considerando "que manifiestamente adolecía de vicio de forma" porque el autor no había presentado sus pruebas refutadoras y porque las declaraciones de la presunta víctima antes del juicio se habían calificado debidamente de pruebas circunstanciales. El Tribunal consideró que las pruebas presentadas por la acusación "pueden seguir bastando para establecer el delito menor tipificado y penalizado en la sección 10 b) de la ley". El Tribunal también consideró que la supuesta ilegalidad de la detención del autor sólo tenía efecto en la admisión como pruebas de las fotografías tomadas en la habitación del hotel en el momento de la detención.

2.16. El 29 de octubre de 1996 el autor presentó una moción de revisión del dictamen del Tribunal de Apelación. Presenta copia de las observaciones del Procurador General y su propia respuesta a esas observaciones.

2.17. El 12 de febrero de 1997 el Tribunal de Apelación desestimó la moción de revisión.

2.18. El 20 de marzo de 1997 el autor presentó una petición de revisión al Tribunal Supremo, que la desestimó el 23 de julio de 1997 "porque el peticionario no presentó pruebas suficientes de que el tribunal hubiera cometido un error reversible al emitir el dictamen impugnado".

2.19. El 12 de enero de 1998 el Tribunal de Primera Instancia consideró que "la admisión por Godfrey Domingo de lo que ocurrió entre él y el acusado, que reiteró varias veces a diferentes funcionarios inmediatamente después del incidente (...) no puede ser invalidada por la declaración jurada de desistimiento realizada por Godfrey Domingo con la ayuda de sus padres", porque la presunta víctima no compareció ante el tribunal para confirmar el contenido de ese documento. El Tribunal dictaminó que la declaración jurada de desistimiento debía considerarse testimonio de oídas y que no tenía valor probatorio. Consideró al autor culpable más allá de toda duda razonable del delito que se le imputaba. El autor fue condenado a una pena de cárcel de 10 años, 2 meses y 21 días, como mínimo, y 17 años, 4 meses y 1 día como máximo.

2.20. El autor recurrió ante el Tribunal de Apelación, que confirmó la sentencia el 18 de agosto de 1999. El Tribunal de Apelación fundamentó así su decisión. Sobre la cuestión de la edad de la presunta víctima, el Tribunal de Apelación consideró que el Tribunal de Primera Instancia no había cometido ningún error al no dar valor probatorio a la declaración jurada de desistimiento, teniendo en cuenta la regla muy conocida de que las retractaciones son por lo general poco dignas de crédito y por ello los tribunales las consideran muy desfavorablemente. En cuanto al hecho de que la presunta víctima no compareciera ante el tribunal para el contrainterrogatorio, el Tribunal de Apelación consideró que este caso constituía una excepción a la regla general de la inadmisibilidad de las pruebas de oídas, dado que las declaraciones de la presunta víctima tuvieron lugar inmediatamente después de los supuestos hechos y, por consiguiente, eran naturales y espontáneas. En cuanto a las versiones contradictorias de los hechos y de los testimonios de los testigos de la acusación y de la defensa, el tribunal decidió que la cuestión de la credibilidad de los testigos era de la incumbencia del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia se confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

2.21. El autor apeló entonces ante el Tribunal Supremo el 3 de septiembre de 1999. El Procurador General presentó sus comentarios sobre la apelación el 21 de enero de 2000 y el autor respondió el 25 de mayo de 2000. Esa fue la última vez que el autor se dirigió al Tribunal Supremo. El recurso del autor fue desestimado por el Tribunal Supremo el 10 de febrero de 2003 porque no planteaba una cuestión de derecho. Después de una moción de revisión presentada el 7 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del autor, por los mismos motivos. Ese dictamen, de fecha 23 de abril de 2003, señala que "esta denegación es DEFINITIVA".

2.22. A partir de 2001, estando en prisión, el autor afirma haber sufrido mucho a causa de unos cálculos renales. El autor sostiene que los exámenes que debían hacerle en un hospital externo fueron aplazados por razones administrativas que no se le pueden imputar (el hecho de que los guardias no se presentaran al trabajo, la falta de autorización del Departamento de Justicia, la insistencia insuficiente de los médicos de la prisión). En consecuencia, no se le hicieron los exámenes necesarios y el autor no recibió el debido diagnóstico y tratamiento. Presenta copia de un certificado médico de fecha 13 de marzo de 2003 obtenido después de un examen médico realizado ese díaen que se recomendaba que se concediera al autor un "indulto condicional y deportación voluntaria de modo que pudiera someterse en los Estados Unidos a un examen completo y una posible intervención quirúrgica".

2.23. El 26 de octubre de 2003 el autor informó al Comité de que había sido puesto en libertad el 29 de septiembre de 2003 y expulsado a los Estados Unidos, después de pasar ocho años en la cárcel.

La denuncia

3.1.El autor sostiene que es víctima de una violación de los párrafos 1, 2, 3 a), c), d) y e), y 5 del artículo 14; del párrafo 1 del artículo 9; y del artículo 7 del Pacto, porque no tuvo un juicio equitativo, fue víctima de detención arbitraria y como resultado de ello padeció torturas y tratos inhumanos o degradantes en la prisión.

3.2.El autor sostiene que hubo violación del párrafo 1 del artículo 14 y del principio de igualdad ante los tribunales. Presenta copia de la orden de excarcelación en otro caso, que fue expedida por el mismo tribunal tres días después del dictamen de rechazo de la objeción del autor a las pruebas. En ese caso el Tribunal de Primera Instancia había ordenado la puesta en libertad de un hombre acusado de violar repetidamente a una menor, porque la víctima había hecho una declaración de desistimiento y no había comparecido ante el Tribunal. El Tribunal consideró que no había manera alguna de que la acusación pudiera demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. El autor sostiene que su propio caso habría debido tratarse de la misma manera.

3.3.El autor sostiene que es víctima de una violación del derecho a un juicio equitativo ante un tribunal imparcial. Se refiere a las conclusiones de la jueza y afirma que ésta pasó por alto graves incoherencias en los testimonios dados por la policía y que valoró las pruebas e invocó e interpretó la jurisprudencia nacional en forma arbitraria y parcial. En particular, se refiere a un fallo del Tribunal Supremo con que la jueza fundamentó su orden del 22 de enero de 1996; en ese fallo, el Tribunal Supremo había dictaminado que la admisión de culpabilidad de un acusado por intermedio de otra persona no se consideraba testimonio de oídas y era admisible como prueba. En el caso del autor la jueza utilizó las "admisiones" (de hecho acusaciones) de la presunta víctima y dictaminó que por las mismas razones del fallo invocado no constituían testimonio de oídas. El autor afirma que esta jurisprudencia sólo puede invocarse en caso de confesión del acusado y que él nunca confesó. También argumenta que las pruebas basadas en lo que contó la presunta víctima a los policías, a los trabajadores sociales y al médico no se consideraron testimonio de oídas y por lo tanto se consideraron admisibles, mientras que la declaración jurada de desistimiento firmada por la presunta víctima y el testimonio del fiscal de distrito que la administró sí fueron considerados testimonio de oídas por la jueza dado que la presunta víctima no compareció ante el tribunal para confirmar su contenido. Se consideró que la declaración jurada de desistimiento no tenía ningún valor probatorio. A juicio del autor, esto confirma la predisposición y parcialidad de la jueza.

3.4.El autor sostiene que fue víctima de una violación del párrafo 2 del artículo 14 ya que en su caso no hubo presunción de inocencia. Se refiere a la orden del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 1996 (véase el párrafo 2.10 supra), y recuerda que esta orden se dictó antes de que pudiera presentar ningún argumento de defensa. También sostiene que las incongruencias de los testimonios de los policías ponen en grave tela de juicio su credibilidad y que se presentaron al tribunal dos versiones contradictorias de los hechos. El autor argumenta que el acusado debería gozar del beneficio de la duda, pero que en cambio el tribunal otorgó ese beneficio a la acusación y lo condenó contraviniendo el principio de la presunción de inocencia.

3.5.El autor denuncia varias violaciones del párrafo 3 del artículo 14. Se refiere al fallo de 24 de septiembre de 1996 en que el tribunal dictaminó que podía ser declarado culpable de un delito menor de abuso contra la infancia, tipificado en una sección diferente de la ley en virtud de la cual había sido acusado. Sostiene que ello atentó contra su derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él (párrafo 3 a) del artículo 14) y le impidió preparar su defensa a este respecto. Sin embargo, el autor parece haber desistido de esta reclamación en una comunicación posterior dado que no fue declarado culpable de ese delito.

3.6.El autor sostiene además que es víctima de una violación del párrafo 3 c) del artículo 14, que protege el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, ya que el Tribunal Supremo, que tiene la obligación de resolver en una causa en un plazo de 24 meses, sólo vino a dictaminar sobre el recurso de apelación del autor más de 32 meses después de que éste lo presentara, cuando el autor se hallaba en prisión.

3.7.En opinión del autor, el hecho de que el tribunal basara su fallo y sentencia entre otras cosas en el aspecto juvenil del testigo de 21 años, hecho que nunca fue esgrimido como prueba por la acusación, lo privó de su derecho a defenderse (párrafo 3 d) del artículo 14).

3.8.El autor sostiene que es víctima de una violación de su derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo (párrafo 3 e) del artículo 14) ya que la presunta víctima, que era el único testigo presencial de los hechos que llevaron a su condena, nunca compareció ante el tribunal para ser interrogada.

3.9.El autor sostiene que, al rechazar sumariamente su recurso de apelación, que contenía cuestiones de derecho, el Tribunal Supremo le negó el derecho a que el fallo condenatorio fuera sometido a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley (párrafo 5 del artículo 14).

3.10. El autor denuncia una violación del párrafo 1 del artículo 9 y de su derecho a no ser sometido a detención arbitraria, dado que fue detenido sin el debido mandamiento y su petición de libertad bajo fianza fue rechazada porque la acusación estaba a punto de terminar la investigación.

3.11. Por último, el autor dice ser víctima de una violación del artículo 7 porque fue sometido a torturas físicas y mentales o a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Sostiene que el agudo dolor que comenzó a sufrir en 2001 debido a sus problemas renales y el hecho de que no pudiera someterse a los exámenes necesarios y recibir el debido diagnóstico y tratamiento constituyen tortura o trato inhumano o degradante. A este respecto, se refiere al certificado médico de 13 de marzo de 2003. También sostiene que el sufrimiento que le causaron los dictámenes del tribunal, así como la denegación de su solicitud para visitar a su padre que agonizaba, equivalen a tortura emocional o trato o castigo cruel, inhumano o degradante.

Exposición del Estado Parte sobre el fondo de la cuestión y comentarios del autor

4.1.En una nota verbal de 3 de noviembre de 2004, el Estado Parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la cuestión y no puso en tela de juicio la admisibilidad de la comunicación. Según el Estado Parte, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación no consideraron convincente el argumento del autor de que había caído en una trampa para incriminarlo, a la vista de las pruebas contundentes obtenidas mediante el testimonio de los policías que sorprendieron al autor en la habitación del hotel con la presunta víctima y el de los trabajadores sociales, el fiscal y el médico que entrevistaron a la víctima después de la detención del autor.

4.2.El Estado Parte sostiene que el Tribunal Supremo no pudo examinar la solicitud de auto de avocación del autor y sus mociones de revisión porque planteaban cuestiones de hecho y no de derecho. El Tribunal Supremo no puede dictaminar sobre cuestiones relacionadas con el examen del valor probatorio de los elementos de prueba alegados por los litigantes.

4.3.El Estado Parte rechaza la afirmación del autor de que no pudo contrainterrogar a los testigos en el juicio. Sostiene que pudo confrontar y contrainterrogar, y de hecho lo hizo, a los policías y los trabajadores sociales que también firmaron la denuncia contra él (y por tanto eran también sus acusadores) y que declararon ante el tribunal.

4.4.En relación con la denuncia de violación del derecho del autor a la igualdad ante los tribunales consagrado en el párrafo 1 del artículo 14, el Estado Parte sostiene que las circunstancias del caso de violación de una menor a que se refiere el autor eran totalmente diferentes de las del caso del autor. Subraya que en ese caso el denunciante, un particular, renunció a llevar adelante la acción privada y no se presentó a declarar ante el tribunal. El Tribunal Supremo consideró que los testimonios de los investigadores, que repetían lo que la víctima les había contado, no podían ser admitidos como pruebas ya que constituían testimonio de oídas. El Estado Parte considera que en el presente caso había otros testigos que habían tomado conocimiento personalmente del delito y de hecho habían visto al autor cometiéndolo: los policías que lo sorprendieron desnudo en compañía de un menor, que también estaba desnudo, en una habitación de hotel.

4.5.El Estado Parte concluye que el autor tuvo un juicio con las debidas garantías en el Tribunal de Primera Instancia.

5.El 9 de marzo de 2005 el autor formuló comentarios ante todo sobre las observaciones del Estado Parte. En ellos reitera sus reclamaciones y refuta el argumento del Estado Parte de que su condena se fundó en los testimonios de los policías que lo vieron cometer el delito. Recuerda que los policías no declararon que efectivamente lo habían visto cometer actos sexuales con la presunta víctima.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité observa que el Estado Parte no ha opuesto ninguna objeción a la admisibilidad de la comunicación, que el autor ha agotado los recursos disponibles en la jurisdicción interna y que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3.Con respecto a la presunta violación del derecho a la igualdad ante los tribunales (párrafo 1 del artículo 14), el Comité observa que el autor se ha quejado del resultado del proceso judicial en comparación con el resultado de otro proceso similar. El Comité observa que el Estado Parte sostiene que las circunstancias del caso mencionado por el autor eran totalmente diferentes de las del caso del autor. El Comité además señala que el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto garantiza la igualdad procesal pero no puede interpretarse en el sentido de que garantice la igualdad de resultados de los procesos ante el tribunal competente. Este aspecto de la comunicación del autor está al margen del ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 14 y no puede, por tanto, acogerse ratione materiae al artículo 3 del Protocolo Facultativo. No obstante el Comité observa que la comunicación plantea cuestiones con respecto a las reclamaciones del autor en relación con la presunta violación del derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal imparcial, establecido por la ley y examinará esa parte de la reclamación presentada en virtud del mismo artículo.

6.4.Con respecto a la denuncia de violación del párrafo 3 a) del artículo 14, el Comité observa que el autor no fue declarado culpable de un delito diferente de aquel que se le imputó. Esta denuncia no está pues fundamentada a efectos de admisibilidad y no puede, por tanto, acogerse a lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5.Con respecto a la presunta violación del párrafo 3 d) del artículo 14, el Comité observa que es evidente, a juzgar por la información que tiene ante sí, que el autor estuvo presente en el juicio y que recibió en efecto asistencia letrada. El hecho de que el tribunal basara su dictamen en el aspecto juvenil del testigo de 21 años, mencionado por el autor para fundamentar su reclamación, está al margen del ámbito de aplicación del párrafo 3 d) del artículo 14, y por tanto no puede acogerse ratione mat e riae al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

6.6.El Comité considera que las demás denuncias del autor tienen suficiente fundamento a efectos de la admisibilidad, y por tanto declara que la comunicación es admisible por cuanto plantea cuestiones en relación con los párrafos 1, 2, 3 c) y e) y 5 del artículo 14, el párrafo 1 del artículo 9 y el artículo 7 del Pacto.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2.El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que en general incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto la evaluación de los hechos y las pruebas en un caso concreto, salvo que pueda determinarse que la evaluación fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia. En el presente caso, el Comité observa que la jueza condenó al autor considerando, entre otras cosas, que las declaraciones de la presunta víctima, aunque hechas fuera del tribunal, no constituían simple testimonio de oídas. En adición, la jueza no admitió como prueba la declaración jurada de desistimiento de la presunta víctima, pero admitió su primera declaración, pese a que ambas fueron igualmente confirmadas por testigos que no conocían personalmente los hechos. Finalmente, el autor tuvo que hacer frente a pruebas dudosas y aún a pruebas que no se presentaron en el tribunal (la apariencia juvenil del testigo de 21 años y la minoría de edad de la presunta víctima). En esas circunstancias, el Comité considera que la selección de pruebas admisibles hecha por el tribunal, especialmente en ausencia de pruebas confirmadas por la presunta víctima, y la evaluación de ellas, fueron claramente arbitrarias, en violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

7.3.En vista de esas conclusiones respecto del párrafo 1 del artículo 14, no es necesario examinar la reclamación formulada en relación con el párrafo 2 del artículo 14.

7.4.En relación con la supuesta dilación indebida de los procedimientos, el Comité observa que el Tribunal Supremo pronunció su fallo el 10 de febrero de 2003, es decir, 41 meses después de presentarse el recurso de apelación el 3 de septiembre de 1999, complementado por escritos de apelación, el último de los cuales data del 25 de mayo de 2000. Por consiguiente, transcurrió un período de dos años y ocho meses entre el último escrito de apelación y el fallo del Tribunal Supremo. En total transcurrió un período de seis años y medio entre la fecha de detención del autor y la del fallo del Tribunal Supremo. A juzgar por la información de que dispone el Comité, esta demora no puede atribuirse a los recursos de apelación del autor. Al no disponer de ninguna explicación pertinente del Estado Parte, el Comité concluye que ha habido violación del párrafo 3 c) del artículo 14.

7.5.En cuanto a la reclamación del autor de que fue privado de su derecho a interrogar a un testigo de cargo fundamental, el Comité observa que, según el Estado Parte, se ofreció al autor y éste aprovechó la posibilidad de interrogar a los funcionarios que también habían presentado una denuncia contra él. Sin embargo, el Comité observa que aunque se libró citación a la supuesta víctima para que declarara en el juicio, al parecer ni ella ni sus padres pudieron ser localizados. El Comité recuerda además que se atribuyó una considerable importancia a las declaraciones que hizo ese testigo fuera del tribunal. Considerando que el autor no pudo contrainterrogar a la presunta víctima, aunque era el único testigo presencial del presunto delito, el Comité llega a la conclusión de que el autor fue víctima de una violación del párrafo 3 e) del artículo 14.

7.6.Respecto de la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, el Comité observa que el autor denunció que el Tribunal Supremo había rechazado su recurso, que según afirma contenía cuestiones de derecho, sin examinar el fondo del caso, aduciendo que ese tribunal sólo examina las cuestiones de derecho. No alega que su sentencia no fuera examinada por un tribunal superior. Además, de los hechos se desprende que la condena pronunciada contra el autor por el Tribunal de Primera Instancia fue examinada por el Tribunal de Apelación, que es un tribunal superior en el sentido del párrafo 5 del artículo 14. El Comité observa que ese artículo no garantiza el examen de un caso por más de un tribunal. En consecuencia, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí no revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

7.7.En relación con la presunta violación del derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, no se ha refutado que el autor fue detenido sin mandamiento judicial. El Estado Parte no ha refutado esta denuncia ni justificado la detención del autor sin mandamiento judicial. El Comité concluye que el autor fue víctima de una violación del párrafo 1 del artículo 9.

7.8.En cuanto a la reclamación del autor en relación con el artículo 7, el Comité recuerda que los Estados Partes tienen la obligación de observar ciertas normas mínimas de detención, entre ellas la de proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados, de conformidad con la regla 22 (2) de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. A juzgar por la afirmación no refutada del autor, éste sufrió de agudos dolores debido al agravamiento de sus problemas renales y no pudo obtener el debido tratamiento médico de las autoridades penitenciarias. Como el autor padeció dichos dolores durante un período considerable, de 2001 hasta su puesta en libertad en septiembre de 2003, el Comité considera que fue víctima de un trato cruel e inhumano en violación del artículo 7. A la luz de esta conclusión, no es necesario examinar la reclamación adicional del autor en relación con el artículo 7.

8.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los párrafos 1 y 3 c) y e) del artículo 14, el párrafo 1 del artículo 9 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

9.A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva, incluida una indemnización adecuada, entre otras cosas, por el período de su detención y encarcelamiento.

10.Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

P. Comunicación Nº 1095/2002, Gomariz c. España(Dictamen aprobado el 22 de julio de 2005,84º período de sesiones)*

Presentada por:Bernardino Gomariz Valera (representado por un abogado, el Sr. José Luis Mazón Costa)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:España

Fecha de la comunicación:4 de septiembre de 1997 (comunicación inicial)

Asunto: Juicio penal con las debidas garantías judiciales

Cuestiones de procedimiento: Fundamentación suficiente de la presunta violación - agotamiento de los recursos internos.

Cuestiones de fondo:Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas - derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable - derecho a que la sentencia y condena sean sometidas a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley.

Artículos del Pacto:Párrafo 3 y apartados c) y g) del párrafo 5 del artículo 14.

Artículos del Protocolo

Facultativo: Artículo 2 y apartado b) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 22 de julio de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1095/2002, presentada en nombre del Sr. Bernardino Gomariz Valera con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1. El autor de la comunicación, de fecha 4 de septiembre de 1997, es Bernardino Gomariz Valera, nacido en 1960, de nacionalidad española. Alega ser víctima por parte de España de una violación del artículo 14, párrafo 3, apartados c) y g) y párrafo 5 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para España el 25 de abril de 1985. El autor está representado por el abogado José Luis Mazón Costa.

Los hechos expuestos por el autor

2.1. El autor trabajaba como promotor de ventas para la empresa Coloniales Pellicer S.A. en Murcia. El 20 de enero de 1989 el autor suscribió un documento privado en el cual reconoció una deuda a favor de la empresa. Luego de la firma de dicho documento, el autor continuó trabajando para la empresa hasta el mes de mayo de 1990, cuando fue despedido. El autor y la empresa firmaron un acuerdo de conciliación en el juzgado de lo social Nº 4 de Murcia, por el cual se puso fin al contrato de trabajo y las cantidades adeudadas al autor en concepto de salarios y liquidación se dedujeron del monto de la deuda reconocida por el autor en enero de 1989.

2.2. La empresa interpuso una querella en contra del autor por apropiación indebida. Con fecha 16 de mayo de 1996, el juzgado de lo penal Nº 2 de Murcia absolvió al autor. La empresa interpuso un recurso de apelación. El 16 de septiembre de 1996, la Audiencia Provincial condenó al autor por un delito de apropiación indebida a cinco meses de arresto, a la suspensión del empleo o cargo público y derecho de sufragio y a las costas.

2.3. El autor interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado el 29 de enero de 1997. En el recurso el autor alegó la violación de su derecho a no autoincriminarse, basado en que la única prueba por la que se le condenó fue el reconocimiento de una deuda a la empresa y la violación de su derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. A pesar de que el autor había invocado esta última alegación al inicio del juicio oral, como lo exigía la ley procesal penal, el Tribunal Constitucional consideró que el autor había invocado de manera extemporánea la alegación, cuando las dilaciones habían cesado. En relación a la alegación sobre la violación del derecho a no confesarse culpable, del texto de la sentencia del Tribunal Constitucional aportado por el autor, se desprende que dicho Tribunal concluyó que la eficacia probatoria del reconocimiento de la deuda no afectaba en nada al derecho a no confesarse culpable, porque el reconocimiento había sido anterior al proceso penal y porque el autor no alegó que hubiera reconocido la deuda bajo compulsión alguna.

La denuncia

3.1. El autor alega que se ha violado su derecho a no autoincriminarse (apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto), porque la única prueba en que se fundamentó su condena fue el reconocimiento de la deuda que él efectuó mucho antes del inicio del proceso penal. Sostiene que dicho reconocimiento de deuda se produjo mediante engaño, como forma para que se normalizara su situación en la empresa.

3.2. El autor alega que se ha violado el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas (artículo 14, párrafo 3, apartado c), del Pacto) puesto que desde el inicio del proceso hasta el día en que se celebró la audiencia del juicio transcurrieron 3 años, 4 meses y 29 días. El caso no tenía una complejidad que justificase dicha tardanza.

3.3. El autor alega una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto debido a que fue condenado por primera vez en segunda instancia, por el tribunal de apelación, sin que haya tenido derecho a pedir la revisión de la condena ante un tribunal superior. Aunque esta alegación no se incluyó en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el autor considera que ello habría carecido de utilidad, ya que la ley procesal penal no contempla la posibilidad de un recurso de apelación contra una sentencia dictada por el tribunal de apelación que condena por vez primera al acusado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que no son admisibles los recursos de amparo frente a las normas legales cuando son interpuestos por particulares y no por los órganos constitucionalmente previstos para impugnar la constitucionalidad de las leyes. Además, el autor invocó la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1999, que estableció que no violaba el derecho a una segunda instancia la condena impuesta por el tribunal de apelación luego de la absolución por el tribunal de primera instancia.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1. En cuanto a los hechos relatados por el autor, el Estado Parte indica que en el documento de reconocimiento de la deuda consta que el autor, sin conocimiento ni consentimiento de la empresa retuvo en su poder 4.725.369 pesetas y que el autor continuó trabajando en la empresa para compensar el pago de dicha deuda. Posteriormente el autor denunció que le habían sido sustraídas de su casa 7 millones de pesetas que había cobrado a clientes de la empresa. Ello hizo que la empresa perdiera confianza en el autor y que fuera despedido el 4 de febrero de 1991, iniciándose luego una investigación penal en su contra.

4.2.El Estado Parte alega la falta de agotamiento de los recursos internos en relación a la alegada violación del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Sostiene que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas está protegido de dos maneras en España: i) por una reparación en sustancia. En caso que se produzca una dilación indebida, el afectado puede denunciarla al juzgado que conoce del asunto y, si este juzgado no corrige la demora, el afectado puede acudir al Tribunal Constitucional, quien resuelve sobre la queja, y si la estima fundada, ordena la cesación inmediata de la dilación; ii) por una reparación indemnizatoria. El afectado debe demandar la indemnización de perjuicios por el retardo producido siguiendo el procedimiento previsto en la ley. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos constantemente ha declarado que la reparación indemnizatoria es un recurso interno válido y eficaz, por lo que si no se ha utilizado, implica la inadmisibilidad de la denuncia por no agotamiento de los recursos. En el caso del autor, el Estado Parte sostiene que mientras se instruyó la causa (3 años y 11 días), el autor no solicitó ninguna reparación en sustancia. Finalizada la investigación, al inicio del juicio oral, el autor invocó la supuesta dilación indebida de la investigación, que ya había concluido. Habiendo cesado las dilaciones, el autor debía utilizar la vía de la reparación indemnizatoria. Al no haber el autor ejercitado este derecho a reparación, su denuncia es inadmisible por no agotamiento de los recursos internos.

4.3. En cuanto a la alegada violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, el Estado Parte sostiene que el documento en que el autor reconoce haberse apropiado el dinero de la empresa es anterior al proceso penal, único en el que opera el derecho a la no autoincriminación. El documento fue suscrito libremente por el autor, sin que se haya alegado que la declaración contenida en el documento se hiciera bajo constricción o compulsión alguna. El documento y su contenido sirvieron para la absolución del autor en primera instancia, al valorarlo el juez como prueba de que no hubo voluntad de apropiación por parte del autor. La Audiencia Provincial revocó la sentencia y concluyó que sí existía voluntad de apropiación. El Estado Parte sostiene que si el documento sirvió para una sentencia absolutoria, resulta incoherente intentar luego rechazarlo en el caso de la sentencia condenatoria, sobre todo, si se considera la conducta posterior del autor. El Estado Parte sostiene que esta parte de la queja es inadmisible conforme al artículo 3 del Protocolo Facultativo y, en su defecto, que no existe violación.

4.4. En relación a la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el Estado Parte indica que es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. Indica que el autor debió haber interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Agrega que la alegación del autor en el sentido que un particular no puede interponer recurso de amparo alegando la inconstitucionalidad de normas legales, es inexacta, puesto que la ley expresamente autoriza la interposición del recurso de amparo cuando particulares estiman que se han vulnerado sus derechos fundamentales. En relación al fondo de esta alegación, el Estado Parte indica que el derecho al doble grado de jurisdicción no puede interpretarse al absurdo, como el derecho a un doble grado del doble grado del doble grado, e invoca el texto del párrafo 2 del Protocolo Nº 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según el cual, el derecho a la doble instancia puede estar sujeto a excepciones en casos en que la persona haya sido condenada después de una apelación en contra de su absolución en primera instancia. El Estado Parte agrega que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no puede ser entendido como una prohibición de utilizar recursos para las partes acusadoras. El derecho reconocido en ese texto tiene por objeto evitar la indefensión y esta indefensión no se ha producido en el caso del autor puesto que sus pretensiones han sido examinadas y resueltas conforme a derecho por dos órganos judiciales distintos, por o que no puede sostenerse que no existió revisión.

4.5.El Estado Parte agrega que la denuncia original de septiembre de 1997 no incluía la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, sino que el autor alegó por primera vez esta violación en diciembre de 1999. El 23 de abril de 2001, el autor invocó el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de junio de 1999, posterior en dos años a la denuncia original y en la que el autor se ampara para alegar que no era necesario interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Estado Parte afirma que la sentencia aportada no tiene un efecto derogatorio del requisito del agotamiento de los recursos internos establecido en el párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Concluye que debe declararse inadmisible la comunicación porque el autor nunca invocó la sustancia de la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 ante los tribunales internos.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte

5.1. En cuanto a la alegada violación del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, el autor insiste en que es evidente que el tiempo transcurrido entre la presentación de la querella hasta la sentencia, de más de tres años, contradice el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

5.2.En relación a la alegada violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, el autor sostiene que el derecho a no confesarse culpable no sólo significa que en el proceso dicha conducta quede prohibida, sino que tiene otras implicaciones. En el caso del autor, él fue condenado únicamente en base al reconocimiento de deuda efectuado 17 meses antes de la presentación de la querella, declaración mediante la cual buscaba normalizar sus diferencias con la empresa. Ni la empresa ni el fiscal aportaron pruebas directas de la comisión de un delito de apropiación indebida. Es evidente que el documento se redactó bajo un clima de confianza y voluntad de normalización de una serie de deudas contraídas por el autor. La autodeclaración de culpabilidad obtenida fuera del proceso y en virtud de una relación de confianza no puede servir de único fundamento a una condena contra el acusado, pues en ese caso, se contradice el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que es también el derecho a no declarar contra sí mismo bajo engaño.

5.3. En relación a la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el autor insiste en que fue condenado por primera vez por un tribunal de apelación. Sostiene que, a diferencia de otros Estados Partes, España no introdujo una reserva al ratificar el Pacto para excluir el caso en que la condena se impone luego de una apelación contra la absolución. Agrega que el Estado Parte tiene la obligación de garantizar el derecho de revisión de la condena cuando ésta se produce por primera vez en la segunda instancia. El autor acepta que por error en la comunicación inicial sostuvo que los individuos no podían interponer recurso de amparo alegando la inconstitucionalidad de leyes violatorias de derechos fundamentales. Sin embargo, era inoperante interponer el recurso de amparo, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que no existe violación del derecho a la segunda instancia cuando la condena se impone por primera vez por el tribunal de apelación.

Deliberaciones del Comité

6.1. De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

6.2. Con relación a la alegada violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, el Comité observa que el autor admite que el documento sobre reconocimiento de la deuda fue firmado por él voluntariamente antes del inicio del proceso penal en su contra y que en dicho documento reconoció que había retenido sin el conocimiento ni consentimiento de la empresa dinero que pertenecía a la empresa. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido que la redacción del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 -es decir, que nadie será "obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable" -debe interpretarse en el sentido de ausencia de toda presión física o psicológica directa o indirecta sobre el acusado de parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiese culpable. En relación a la alegación del autor en cuanto a que el documento de reconocimiento de la deuda obtenido extrajudicialmente fue la única prueba en que se fundamentó su condena, el Comité observa que la sentencia condenatoria basó la responsabilidad del autor en su conducta anterior, simultánea y posterior a la suscripción del referido documento que, a juicio del tribunal, acreditaban el ánimo doloso del autor. Conforme a su jurisprudencia constante, al Comité no le corresponde examinar la evaluación de los hechos y las pruebas efectuada por los tribunales internos, a menos que haya existido una arbitrariedad manifiesta o una denegación de justicia, circunstancias que no concurren en este caso. El Comité concluye que el autor no ha fundamentado para efectos de la admisibilidad de la denuncia la alegada violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto y concluye que esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.3.Con relación a la alegación de que el procedimiento se prolongó indebidamente, el Comité toma nota del argumento del Estado Parte en el sentido que el autor pudo haber interpuesto una reparación en sustancia para hacer cesar el retardo y una reparación indemnizatoria una vez que el retardo hubo concluido. El Comité toma nota que el autor no ha controvertido ni desvirtuado los argumentos del Estado Parte de que el recurso a la reparación indemnizatoria es un remedio efectivo. Considera, por consiguiente, que esta parte de la comunicación es inadmisible conforme al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.4. Con relación a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el Comité toma nota del argumento del autor de que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es ineficaz porque la jurisprudencia de dicho tribunal ha declarado que no existe violación del derecho a la segunda instancia cuando el tribunal de apelación impone la condena por primera vez. Sobre el particular, el Comité recuerda su jurisprudencia según la cual sólo corresponde agotar aquellos recursos que tengan una posibilidad razonable de prosperar y reitera que, cuando la jurisprudencia del más alto tribunal interno haya decidido la cuestión objeto de controversia, eliminando así toda posibilidad de que un recurso prospere ante los tribunales internos, el autor no está obligado a agotar los recursos internos a los efectos del Protocolo Facultativo. En el presente caso esta decisión se adoptó respecto de un caso ligeramente posterior, pero que tendía a confirmar que el recurso a dicho remedio habría resultado inútil.

6.5.En consecuencia el Comité declara que las alegaciones del autor relativas al párrafo 5 del artículo 14, son admisibles y pasa a considerar el fondo del asunto.

7.1.El párrafo 5 del artículo 14, del Pacto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comité recuerda que la expresión "conforme a lo prescrito por la ley" no tiene por objeto dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados Partes. Al contrario, lo que debe entenderse por "conforme a lo prescrito por la ley" son las modalidades de acuerdo con las cuales la revisión por un tribunal superior debe llevarse a cabo. El párrafo 5 del artículo 14 no sólo garantiza que la sentencia sea sometida a un tribunal superior como ocurrió en el caso del autor, sino que la condena sea también sometida a una segunda instancia de revisión, lo que no aconteció respecto del autor. La circunstancia que una persona absuelta en primera instancia sea condenada en apelación por el tribunal de segunda instancia, en ausencia de una reserva por el Estado Parte, no puede por sí sola menoscabar su derecho a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior. Por consiguiente, el Comité concluye que se ha violado el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto en relación con los hechos expuestos en la comunicación.

8.El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

9. A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo que incluya la revisión de su condena por un tribunal superior.

10.Al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, España reconoció la competencia del Comité para determinar si ha habido o no una violación del Pacto. En virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable en caso de que se demuestre que se ha producido una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en el plazo de 90 días, información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité. Se ruega al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la española la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

APÉNDICE

Voto particular disconforme firmado por la Sra. Elisabeth Palm, el Sr. Nisuke Ando y el Sr. Michael O'Flaherty, miembros del comité

Lamento no poder estar de acuerdo con la conclusión mayoritaria de que el autor no estaba obligado a agotar los recursos internos en el asunto que se examina.

El autor afirma que habría sido inútil presentar un recurso de amparo en su caso. El Estado Parte sostiene la opinión contraria. Observo que en la reclamación original presentada por el autor en septiembre de 1997 no se mencionaba la pretendida infracción del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, a la que el autor hizo referencia por primera vez en diciembre de 1999. En su comunicación de 23 de abril de 2001, el autor citó el fallo del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 1999 para sostener que no era necesario presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Conforme a la jurisprudencia del Comité, el autor sólo tiene que agotar los recursos que tengan unas perspectivas razonables de éxito. Cuando hay una jurisprudencia establecida según la cual la apelación habría sido inútil, no es necesario agotar ese recurso. En el asunto que se examina, el autor tenía la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, afirmando que se había violado uno de sus derechos fundamentales, porque las normas que regían los procedimientos penales no preveían la posibilidad de apelar contra una sentencia dictada por un tribunal de apelación cuando ese tribunal era el primero que declaraba culpable al acusado. Ahora bien, el autor no presentó un recurso de amparo.

En la fecha en que finalmente se resolvió la causa del autor, el 29 de enero de 1997, no existía jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hasta el 26 de junio de 1999, el Tribunal Constitucional no decidió que la declaración de culpabilidad dictada por un tribunal de apelación tras una sentencia absolutoria dictada por un tribunal de primera instancia no violaba el derecho a revisión.

En mi opinión el autor no puede, a los efectos del agotamiento de los recursos internos, basarse en una decisión del Tribunal Constitucional que se dictó casi dos años y medio después de haberse resuelto finalmente su causa. Como en aquella fecha no había ninguna práctica o jurisprudencia establecidas al respecto, el autor debería haber presentado un recurso de amparo. Ahora bien, no lo hizo. En consecuencia, considero que no agotó los recursos internos relativos a su reclamación, a los efectos del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

(Firmado): Elisabeth Palm

(Firmado): Nisuke Ando

(Firmado): Michael O'Flaherty

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Voto particular de la Sra. Ruth Wedgwood, miembro del Comité

Me sumo a mi colega Elisabeth Palm cuando pone en duda la conveniencia de examinar el fondo de la denuncia del autor, presentada en virtud del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, por el hecho de que el autor no agotase los recursos disponibles a nivel nacional. Cuando el autor interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español a finales de 1996, no incluyó, entre los fundamentos declarados de su recurso, cualquier alegación similar a la que dirige ahora al Comité de Derechos Humanos. En concreto, declinó elevar al Tribunal Constitucional queja alguna en el sentido de que la legislación española sobre procedimiento penal fuese deficiente por cuanto que no otorgase pleno derecho de apelación en relación con condenas dictadas en tribunales de segunda instancia. Lo cierto es que el autor no elevó dicha denuncia al Comité de Derechos Humanos en su comunicación original de septiembre de 1997, sino que añadió la cuestión en 1999. (Su comunicación original al Comité fue registrada oficialmente en 2002.)

La decisión del Tribunal Constitucional, en un caso diferente y posterior, aunque se considere firme a efectos de esa cuestión, no debería constituir un argumento decisivo en relación con el agotamiento de los recursos nacionales. Por ejemplo, muchos sistemas jurídicos rehúsan, adecuadamente, dar efecto retroactivo a una nueva reglamentación a menos que una parte haya suscitado con anterioridad la cuestión ante los tribunales nacionales. Corresponde a una parte amparar su alegación exponiendo la cuestión de forma oportuna. En el presente caso, el autor está representado por abogado y ello justifica más aún la aplicación con carácter ordinario del agotamiento de los recursos internos como requisito previo de admisibilidad.

Además, el fondo de la alegación del autor en virtud del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto puede ser más problemático de lo que el dictamen del Comité parece sugerir. El Comité sostiene simplemente, véase el párrafo 7.1 supra, que "la circunstancia de que una persona absuelta en primera instancia sea condenada en apelación por el tribunal de segunda instancia, en ausencia de una reserva por el Estado Parte, no puede por sí sola menoscabar su derecho a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior." Esto constituye una argumentación jurídica novedosa para el Comité y, de ser aplicada como norma con carácter amplio, podría trastocar los sistemas judiciales de muchos países de tradición jurídica romana.

Está fuera de duda que, en la tradición jurídica de los países de common law, un tribunal de apelación no puede modificar una sentencia de absolución en tribunales inferiores y, realmente, si así lo hiciese, ello plantearía graves cuestiones constitucionales. La independencia histórica del jurado constituido en virtud del common law ha mantenido sus veredictos absolutorios más allá de cualquier revisión.

Pero en los países de tradición jurídica romana, entre ellos Estados como Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Noruega, una absolución dictada por un tribunal de primera instancia puede, al parecer, ser declarada nula en favor de una condena por un tribunal de segunda instancia reunido para revisarla, y puede no existir posibilidad de interponer nueva apelación, de pleno derecho, contra la decisión de ese tribunal de segunda instancia. Los tribunales internacionales sobre crímenes de guerra creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el enjuiciamiento de los delitos de guerra en la ex Yugoslavia y en Rwanda también otorgan esa misma potestad a la Sala de Apelaciones, sin que exista derecho a interponer nuevo recurso.

Los cinco países europeos citados anteriormente han introducido reservas oficiales al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para preservar su derecho a dictar sentencias de culpabilidad en la fase de apelación, sin posibilidad de interponer nuevos recursos. Pero, tal como el juez Mohamed Shahabuddeen ha observado en otro contexto, "algunas de esas declaraciones tienden a tener un carácter interpretativo", es decir, están redactadas como aclaraciones de lo que se supone que el Pacto quiere decir originalmente.

Además, el Comité debería tener en cuenta el Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que entró en vigor el 1º de noviembre de 1988. El párrafo 1 del artículo 2 del Protocolo garantiza a cualquier persona condenada por un delito penal "el derecho a que su condena o sentencia sea revisada por un tribunal superior". Pero el párrafo 2 del artículo 2 del Protocolo también señala, como una "excepción" permisible en relación con la nueva apelación, aquellos casos "en que la persona en cuestión fue juzgada en primera instancia por el tribunal supremo o fue condenada tras apelación de la sentencia por la que se le absolvía".

Naturalmente, el Convenio Europeo no rige la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la redacción del párrafo 2 del artículo 2 del Protocolo Nº 7 va más allá del texto del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero es difícil imaginar, como el juez Shahabuddeen ha observado sabiamente, que los 35 [ahora 36] Estados Partes del Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo "se propusiesen actuar en desacuerdo con cualesquiera obligaciones contraídas en virtud del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". Al llegar hoy a su decisión, el Comité no se ha detenido a examinar en qué medida las prácticas de estos 36 Estados, o de otros signatarios del Pacto, pueden ser contrarias a los criterios que aplicamos.

En una cuestión tan fundamental para la estructura de los sistemas judiciales nacionales en los países de tradición romana, deberíamos prestar cierta atención a las opiniones de los Estados Partes, así como a su práctica generalizada. Ello es especialmente aplicable a la interpretación del texto de una disposición del Pacto, cuya redacción es históricamente ambigua y en relación con la cual algunos Estados han mantenido explícitamente su derecho a continuar con esas prácticas, sin que otros Estados Partes hayan presentado objeciones al respecto.

Lo cierto es que este Comité ha opinado anteriormente que "no cabe duda acerca de la validez internacional" de una reserva al párrafo 5 del artículo 14 en el caso de una condena dictada por el Tribunal Constitucional italiano, reunido con carácter de tribunal de primera instancia, sin posibilidad de interposición de nuevos recursos. Véase Fanali c. Italia, Nº 75/1980, párrafo 11.6. Interpretamos que la reserva de Italia se aplicaba a las partes no mencionadas explícitamente en su texto.

Por consiguiente, yo trataría la decisión de hoy como algo limitado a los hechos y partes que nos ocupan y consideraría que su carácter normativo merece ser estudiado de una forma más exhaustiva en una fecha ulterior.

( Firmado): Ruth Wedgwood

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Nota

Q. Comunicación Nº 1101/2002, Alba Cabriada c. España(Dictamen aprobado el 1º de noviembre de 2004,82º período de sesiones)*

Presentada por:José María Alba Cabriada (representado por un abogado, el Sr. Ginés Santidrán)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:España

Fecha de la comunicación:19 de junio de 2002 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de noviembre de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1101/2002, presentada en nombre del Sr. José María Alba Cabriada con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación es José María Alba Cabriada, ciudadano español, nacido en Algeciras, Cádiz, en 1972. Alega ser víctima de la violación del párrafo 5 del artículo 14 y del artículo 26 del Pacto, por parte de España. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado Parte el 25 de abril de 1985. El autor está representado por abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El 4 de abril de 1997, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al autor por un delito contra la salud pública a diez años y un día de prisión, suspensión de cargo público y al pago de una multa de 120 millones de pesetas. Según la sentencia, el autor había sido objeto de vigilancia por agentes de la brigada antinarcóticos por su presunta participación en la distribución de sustancias narcóticas. El autor fue detenido junto a un ciudadano de origen irlandés, a quién le fueron decomisadas 2.996 pastillas de una sustancia que resultó ser un derivado anfetamínico conocido como MDA. La sentencia establece que el autor era intermediario del ciudadano de origen irlandés para distribuir la droga a terceras personas.

2.2. El autor interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando la violación de su derecho a la presunción de inocencia y el error en la apreciación de la prueba. En relación con la presunción de inocencia, el autor alegó que su condena se basaba en una prueba de indicios y que la inferencia que realizó el tribunal de instancia era insuficiente para desvirtuar su inocencia. En relación con el error en la apreciación de la prueba, el autor alegó que el tribunal consideró que la sustancia decomisada era MDA, mientras que en un informe del Ministerio de Sanidad y Consumo se establecía que se trataba de una sustancia conocida como MDEA.

2.3. Por sentencia de 27 de enero de 1999, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación. En relación con la alegada violación de la presunción de inocencia, el Tribunal indicó que le correspondía únicamente examinar si existían indicios plurales y debidamente comprobados, que fueran concomitantes, que estuvieran interrelacionados y que la racionalidad de la inferencia o deducción efectuada por el tribunal de instancia se basara en las reglas de lógica y de experiencia, para comprobar que el juicio de inferencia a que llega el tribunal de primera instancia no pueda ser calificado de irracional, caprichoso, absurdo o extravagante, sino congruente con las reglas de la razón y con las máximas de la experiencia. El Tribunal declaró que le estaba terminantemente prohibido hacer una nueva valoración de los hechos que la sentencia de primera instancia consideraba indicios ya que esta función, en virtud de la ley, correspondía exclusivamente al tribunal sentenciador. En relación con el alegado error de hecho en la apreciación de la prueba, el Tribunal Supremo declaró que el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo establecía que la sustancia decomisada inicialmente fue considerada como MDMA pero luego resultó ser MDEA o MDA, ambas derivados anfetamínicos.

La denuncia

3.1.El autor alega que se ha violado el derecho del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, debido a que el Tribunal Supremo no realizó una valoración de las pruebas. Según el autor, esta restricción constituye una violación del derecho a que su sentencia y condena sean revisadas por un tribunal superior.

3.2.El autor alega asimismo que la Ley de enjuiciamiento criminal española viola el párrafo 5 del artículo 14 y el artículo 26 del Pacto, porque los casos de las personas acusadas de los delitos más graves están a cargo de un solo magistrado (juzgado de instrucción) quien, una vez llevadas a cabo las investigaciones pertinentes lo traslada a la Audiencia Provincial en la que tres magistrados presiden el juicio y dictan sentencia. Esta decisión sólo puede ser objeto de recurso de casación por razones jurídicas muy limitadas. No hay posibilidad que el tribunal de casación vuelva a evaluar las pruebas. Por el contrario, los casos de personas condenadas por crímenes menos graves, con condenas inferiores a los seis años, son investigados por un solo magistrado (juzgado de instrucción) quien, cuando el caso está listo para el juicio oral, lo traslada a un único juez ad quo (juzgado de lo penal), contra cuya decisión se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, lo cual garantiza una revisión efectiva, no sólo de la aplicación de la ley, sino también de los hechos.

3.3. El autor no presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sostiene que existe una jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional por la que se deniega el recurso de amparo, haciéndolo ineficaz. El autor sostiene que la jurisprudencia del Comité ha establecido que sólo es necesario agotar recursos que sean efectivos y estén a disposición del autor.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.El Estado Parte indica que el autor presentó la comunicación más de dos años y medio después de la sentencia del Tribunal Supremo. Agrega que el autor no interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, intentado justificar la falta de recursos internos alegando la existencia de una jurisprudencia numerosa y variada por la que se deniega el recurso de amparo, haciéndolo ineficaz.

4.2. El Estado Parte sostiene que el párrafo 5 del artículo 14 no establece un derecho a una segunda instancia con una repetición íntegra del juicio, sino el derecho a un examen por un tribunal superior sobre la corrección de juicio realizado en primera instancia, examinando la aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. La revisión tiene por objeto comprobar si la decisión de primera instancia no es claramente arbitraria ni ha constituido una denegación de justicia.

4.3. El Estado Parte sostiene que el recurso de casación tuvo su origen en el sistema de casación francés y que por razones históricas y filosóficas nació como revisión limitada a cuestiones de derecho, manteniéndose con este carácter en varios países europeos. El Estado Parte señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que los Estados Partes conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho a reexamen y pueden restringir la extensión de la revisión a cuestiones de derecho.

4.4.Según el Estado Parte, el recurso de casación español que es más amplio que la casación originaria francesa, cumple con la exigencia del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. Agrega que el derecho a la doble instancia no incluye el derecho a obtener una reevaluación de la prueba, sino que significa que los tribunales de segunda instancia examinan los hechos, el derecho y la decisión judicial y salvo que aprecien arbitrariedad o denegación de justicia, la mantienen. Señala que esto es lo que precisamente aconteció en el caso del autor: la sentencia del Tribunal Supremo constató la existencia de los indicios para establecer la culpabilidad del autor, los reprodujo, constató que eran indicios concomitantes e interrelacionados, constató que el tribunal de primera instancia había realizado un proceso de inferencia para establecer la culpabilidad del autor, que este proceso de deducción no era arbitrario, sino que se ajustaba a máximas de experiencia y lógica.

4.5. El Estado Parte alega que el dictamen del Comité en el caso Cesario Gómez Vásquez c. España, no se puede generalizar, ya que esta restringido al caso concreto para el que se adoptó. También hace notar la contradicción manifiesta que existe en la protección internacional del derecho a un doble grado de jurisdicción, que surge de la interpretación diferente que hacen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de un texto idéntico.

4.6. El Estado Parte concluye que la alegada violación al párrafo 5 del artículo 14 debe declararse inadmisible por constituir un abuso del derecho a presentar una comunicación.

4.7. En relación a la violación del párrafo 5 del artículo 14 en relación con el artículo 26 del Pacto, el Estado Parte cita el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez, en el que el Comité considera que el tratamiento diferenciado por diferentes delitos no constituye necesariamente una discriminación. Concluye que esta parte de la comunicación se debe declarar inadmisible conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo, por no haberse fundamentado suficientemente la alegación.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte

5.1. El autor sostiene que estaba excusado de interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque este recurso no constituye un remedio eficaz para solucionar la violación denunciada ante el Comité. El autor menciona que el Estado Parte invocó el texto de la sentencia del Tribunal Supremo sobre su caso, en el que expresamente consta que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional carecen de jurisdicción para realizar una nueva valoración de los hechos y las pruebas.

5.2. El autor indica que el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez pone de manifiesto la inadecuación de la legislación española en relación con el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto y que el Estado Parte no ha adoptado medidas para remediar esta situación, pese a la recomendación del Comité.

5.3. El autor sostiene que no ha solicitado al Comité un examen in abstracto de la legislación del Estado Parte, sino de su inadecuación a su caso concreto. Insiste en que el derecho a la revisión incluye la reevaluación de las pruebas y que el Tribunal Supremo expresamente excluyó esta posibilidad, al declarar que "… lo que le está terminantemente vedado, tanto al Tribunal Constitucional en amparo, como a esta Sala Segunda en casación, es hacer una nueva valoración de los hechos-base o indicios, pues es ésta una función que por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución y 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal corresponde en exclusiva al tribunal sentenciador, de suerte que un eventual reanálisis valorativo de la prueba indiciaria supondría una inadmisible invasión del ámbito privativo del Tribunal sentenciador…". El autor considera que la revisión por el Tribunal Supremo se limitó a aspectos formales y legales de la sentencia y no constituyó una revisión íntegra de la sentencia y condena.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1. De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

6.2. El Comité se ha cerciorado que el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales, por lo que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impide el examen de la denuncia.

6.3. El Estado Parte afirma que el autor tardó más de dos años y medio en presentar la denuncia ante el Comité desde le fecha de la sentencia del Tribunal Supremo. Parece alegar que debería considerarse inadmisible la comunicación como un abuso del derecho de presentarla en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo, habida cuenta del tiempo transcurrido. El Comité observa que el Protocolo Facultativo no dispone ningún plazo para presentar comunicaciones y que el solo lapso transcurrido antes de hacerlo, salvo casos excepcionales, no supone de por sí un abuso del derecho a presentarlas. El Estado Parte tampoco ha fundamentado debidamente la razón por la que considera que una demora de más de dos años sería excesiva en este caso.

6.4. El Estado Parte ha alegado que los recursos internos no han sido agotados debido a que el autor no interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El autor sostiene que no era necesario interponer este recurso porque no tenía posibilidades de prosperar debido a la existencia de una jurisprudencia numerosa y variada que ha denegado el recurso de amparo, haciéndolo ineficaz.

6.5. Según la jurisprudencia constante del Comité, sólo es necesario agotar aquellos recursos que tengan posibilidades de prosperar. En relación con la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el Comité observa que tanto el autor como el Estado Parte aceptan el texto de la sentencia del Tribunal Supremo, en el que consta que existe una prohibición legal que impide al Tribunal Constitucional volver a realizar una evaluación de los hechos y de las pruebas producidas en la primera instancia. El Comité considera, en consecuencia, que el recurso de amparo no tenía posibilidades de prosperar en relación con la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto y que el autor ha agotado los recursos internos en relación con dicha presunta violación.

6.6. El Estado Parte también sostiene que la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto debe ser declarada inadmisible como un abuso del derecho a presentar comunicaciones. El Comité observa que el Estado Parte no ha fundamentado suficientemente la razón por la que la alegación del autor constituiría un abuso del derecho a presentar comunicaciones y considera que la denuncia presenta cuestiones que pueden afectar el derecho reconocido en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, por lo que esta parte de la comunicación se considera admisible.

6.7. El Estado Parte alega que la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 en relación con el artículo 26 del Pacto debe ser declarada inadmisible por no haber sido suficientemente fundamentada. El autor considera que el sistema de recursos existente en el Estado Parte para diferentes tipos de delitos posibilita en algunos casos la revisión íntegra de la sentencia y la impide en otros casos. El Comité observa que un tratamiento diferenciado respecto de los diferentes recursos según la gravedad del delito no constituye necesariamente una discriminación. El Comité considera que el autor no ha fundamentado a efectos de la admisibilidad esta parte de la comunicación, por lo que la considera inadmisible conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información facilitada por las partes, según lo previsto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2. El Comité observa que ni el autor ni el Estado Parte han impugnado los hechos relacionados con la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El Comité observa que el Tribunal Supremo declaró expresamente que no tenía competencia para proceder a una nueva valoración de los hechos que sirvieron de fundamento para la condena del autor, función que el Tribunal consideró privativa y exclusiva del tribunal de primera instancia. Por otra parte el Tribunal Supremo evaluó si se había o no violado la presunción de inocencia del autor procediendo a constatar que existían indicios de culpabilidad en su contra, que estos indicios eran plurales, concomitantes y estaban interrelacionados y que el razonamiento utilizado por el tribunal sentenciador para derivar la responsabilidad del autor de estos indicios no era arbitrario puesto que se basaba en reglas de lógica y experiencia. Es en relación con este contexto que el Comité debe examinar si la revisión efectuada por el Tribunal Supremo es compatible con la que establece el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

7.3. El Comité toma nota de los comentarios efectuados por el Estado Parte sobre la naturaleza del recurso de casación, en particular que el Tribunal de segunda instancia se limita al examen de si las conclusiones a que llega el tribunal de primera instancia son o no arbitrarias o constituyen una denegación de justicia. Como el Comité ha decidido en anteriores comunicaciones [701/1996; 986/2001; 1007/2001], este sometimiento limitado del caso al tribunal superior no está de acuerdo con las exigencias del párrafo 5 del artículo 14. Por lo tanto, dada la limitada revisión efectuada por el Tribunal Supremo en el caso del autor, el Comité concluye que el autor es víctima de una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

8. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera que los hechos examinados revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

9.De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso efectivo. La condena del autor debe ser revisada de acuerdo con los requisitos exigidos por el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no se produzcan violaciones semejantes.

10.Teniendo en cuenta que, al constituirse en Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para decidir si se ha violado el Pacto y que, de conformidad con el artículo 2 del mismo, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo si se determina que se ha producido una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la española la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

R. Comunicación Nº 1104/2002, Martínez c. España(Dictamen aprobado el 29 de marzo de 2005,83º período de sesiones)*

Presentada por:Antonio Martínez Fernández (representado por un abogado, el Sr. José Javier Uriel Batuecas)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:España

Fecha de la comunicación:31 de julio de 2001 (comunicación inicial)

Asunto:Extensión de la revisión de la sentencia y condena en el recurso de casación en España

Cuestiones de procedimiento:Mismo asunto sometido a otro procedimiento de arreglo internacional - reserva del Estado Parte

Cuestiones de fondo: Derecho de toda persona condenada a que la sentencia y condena sean revisadas por un tribunal superior con arreglo a la ley

Artículo del Pacto: Párrafo 5 del artículo 14

Artículos del Protocolo

Facultativo:Artículo 2, y apartado a) del párrafo 2 del artículo 5

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 29 de marzo de 2005,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1104/2002, presentada en nombre del Sr. Antonio Martínez Fernández con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.El autor de la comunicación, de fecha 31 de julio de 2001, es Antonio Martínez Fernández, de nacionalidad española. Alega ser víctima de una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto por parte de España. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado Parte el 25 de abril de 1985. El autor está representado por el abogado José Javier Uriel Batuecas.

Los hechos expuestos por el autor

2.1. El autor era brigada del ejército español. Con fecha 26 de marzo de 1999 fue condenado por el Tribunal Militar Territorial Segundo, por el delito de desobediencia, a la pena de diez meses de prisión y suspensión de empleo, cargo público y derecho a sufragio. El autor sufrió una fractura de la mano derecha en octubre de 1995 y obtuvo baja por razones médicas. En febrero de 1996 fue citado en tres oportunidades para que se practicara un reconocimiento psicofísico, concurriendo solamente a la tercera citación. El 1º de marzo de 1996 fue declarado médicamente apto para el servicio y se le comunicó que debía presentarse inmediatamente a su respectiva unidad militar. El autor no concurrió sino que envió unos documentos que acreditaban incapacidad transitoria para el servicio. Fue citado nuevamente a fines de marzo de 1996, citación a la que tampoco acudió, presentando en cambio una certificación de incapacidad transitoria.

2.2. El autor interpuso un recurso de casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, constituida en Sala de lo Militar. En su recurso el autor mencionó el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. Por sentencia de 29 de diciembre de 1999, la Sala Quinta rechazó el recurso. Por disposición del artículo 325 de la Ley procesal militar, que se refiere al artículo 741 y ss. de la Ley de enjuiciamiento criminal, la Sala sólo conoció de los motivos alegados en el recurso para decidir si eran o no procedentes.

2.3. El autor interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la violación de su derecho a la doble instancia. En el recurso el autor alegó que por disposición de la Ley orgánica procesal militar, a la Sala Quinta del Tribunal le estaba vedado comportarse como una auténtica doble instancia, en el sentido de tener plenas facultades para revisar todo lo realmente actuado. También invocó el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez. Por sentencia de 9 de mayo de 2001, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso.

2.4.El 27 de julio de 2001, el autor interpuso una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relacionada con el mismo asunto objeto de la denuncia ante el Comité. Con fecha 12 de septiembre de 2002, sin embargo, el autor solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la retirada de su denuncia, hecho que comunicó al Comité en esa misma fecha. La secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó al Comité que, por decisión de 3 de diciembre de 2002, el Tribunal había archivado la denuncia del autor.

La denuncia

3.El autor sostiene que se ha violado el derecho a que su sentencia y condena sean examinadas por un tribunal superior. Indica que, por las especiales características del recurso de casación, la Sala no puede entrar a conocer en plenitud ni revisar todo lo actuado en primera instancia, sino que debe limitarse únicamente a analizar los motivos invocados por el recurrente para establecer si están o no conformes a derecho. El autor indica que la Sala solamente puede entrar a conocer de aquellas infracciones que se hayan producido en la sentencia, no puede conocer con plenitud de los "derechos" (sic), debiendo limitarse al examen de los motivos invocados por el recurrente para determinar si pueden prosperar o no. Según el autor, no existe una doble instancia en el sentido del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

Exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1. En relación a la admisibilidad de la comunicación, el Estado Parte sostiene que no existe constancia fehaciente de que la solicitud de retiro de la denuncia presentada por el autor ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya sido aceptada por dicho Tribunal. Agrega que el autor ha admitido que planteó de manera simultánea denuncias ante el Comité y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que este comportamiento del autor contradice el sentido del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo y hace inadmisible la comunicación. Incluso si el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera terminado, habría coexistido simultáneamente con el procedimiento ante el Comité. El Estado Parte concluye que, aun en el caso de que la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese sido retirada, es aplicable la reserva que introdujo al adherirse al Protocolo Facultativo, en el sentido con el que fue clarificada por el Comité en la decisión sobre inadmisibildad de la comunicación Nº 1074/2002 (Ferragut c. España, decisión de 28 de marzo de 2004).

4.2. En relación al fondo de la comunicación, el Estado Parte sostiene que el párrafo 5 del artículo 14 no establece un derecho a una segunda instancia con una repetición íntegra del juicio, sino el derecho a un examen por un tribunal superior sobre la corrección de juicio realizado en primera instancia, examinando la aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. La revisión tiene por objeto comprobar si la decisión de primera instancia no es claramente arbitraria ni ha constituido una denegación de justicia.

4.3. El Estado Parte sostiene que el recurso de casación tuvo su origen en el sistema de casación francés y que por razones históricas y filosóficas nació como revisión limitada a cuestiones de derecho, manteniéndose con este carácter en varios países europeos. El Estado Parte sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que los Estados Partes conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho a reexamen y pueden restringir la extensión de la revisión a cuestiones de derecho.

4.4. Según el Estado Parte, el recurso de casación español que es más amplio que la casación originaria francesa, cumple con la exigencia del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte indica que el derecho al doble grado de jurisdicción no incluye el derecho a obtener una reevaluación de la prueba, sino que significa que los tribunales de segunda instancia examinan los hechos, el derecho y la decisión judicial, y salvo que aprecien arbitrariedad o denegación de justicia, la mantienen. El Estado Parte alega que la sentencia y la condena del autor fueron revisadas por el Tribunal Supremo. Invoca la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al caso del autor, que señaló: "El recurrente… no apuntó siquiera, más allá de la mera alegación formal del derecho, qué aspecto concreto de la sentencia de instancia se le impidió revisar como consecuencia de la configuración legal del recurso de casación, por cuanto todos los motivos por él aducidos fueron examinados, sin que ninguno le fuera rechazado por exceder de los motivos legales".

4.5. El Estado Parte afirma que el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez no se puede generalizar a otros casos, ya que está restringido al caso concreto para el que se adoptó. También hace notar la contradicción manifiesta que existe en la protección internacional del derecho a un doble grado de jurisdicción, que surge de la interpretación diferente que hacen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de un texto idéntico.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte

5.1.En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el autor informó al Comité que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusó recibo de su denuncia ante dicho tribunal mediante una carta fechada 21 de septiembre de 2001, en la que le informó que su demanda podría ser declarada inadmisible, porque ni el artículo 6, párrafo primero, ni el 13 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos imponían la exigencia de varios grados de jurisdicción y porque España no había ratificado el Protocolo Nº 7 de tal Convención. El Tribunal informó además al autor que su caso no sería registrado como una demanda formal hasta que el autor no se pronunciara sobre si mantenía o no su denuncia. El autor acompañó una carta de fecha 20 de diciembre de 2002 mediante la cual el Tribunal Europeo le informó que un comité de tres jueces había decidido archivar su demanda con arreglo al párrafo 1 del artículo 37 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

5.2.En cuanto al fondo, el autor sostiene que la circunstancia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dado una interpretación restrictiva al contenido del derecho a la segunda instancia en nada debe afectar la jurisprudencia del Comité sobre el derecho a una revisión de la sentencia y condena por un tribunal superior.

5.3.El autor sostiene que la naturaleza del recurso de casación impide un examen de los hechos. La casación es un recurso de naturaleza jurisdiccional cuyo fin primordial es uniformar la interpretación de la ley, sin constituir una segunda instancia, ya que no permite la revisión de las pruebas practicadas ni la valoración de los elementos de convicción que hayan formado el juicio del tribunal de instancia, sino las infracciones legales de fondo o de forma o la apreciación de la prueba en vías excepcionales. El recurso no procede contra las razones que fundamentan el fallo y tiene una naturaleza extraordinaria, rigurosamente formal. El autor sostiene que el recurso no permite una auténtica revisión de la sentencia y de la condena.

5.4.El autor sostiene que, luego del dictamen del Comité en el caso Gómes Vásquez, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reunido el 13 de septiembre de 2000, se refirió a la conveniencia de instaurar un recurso de apelación previo al de casación. El autor acompaña copia de la Ley Nº 19/2003 que entró en vigor a fines de diciembre de 2003 en España, la que, mencionando el dictamen del Comité en el caso Gómes Vásquez, generaliza la segunda instancia en material penal, instituyendo el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional. El autor indica que la citada ley no se extendió al sistema de justicia penal militar.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

6.2.En cuanto a la alegación del Estado Parte en el sentido que la comunicación es inadmisible con arreglo al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo leído conjuntamente con la reserva del Estado Parte a esa disposición del Protocolo Facultativo, el Comité observa que la denuncia del autor ante el Comité tiene fecha 31 de julio de 2001, que el autor presentó una denuncia alegando la violación del derecho a la segunda instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 27 de julio de 2001, que dicho Tribunal no registró la denuncia como una demanda formal, que el autor solicitó la retirada de dicha denuncia el 12 de septiembre de 2002 y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó la retirada de la denuncia con fecha 3 de diciembre de 2002.

6.3.El Comité estima que la denuncia del autor no está siendo considerada ni fue considerada o examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no fue registrada como una demanda formal, fue retirada por el autor y dicha retirada fue aceptada por el Tribunal sin examinar el fondo del asunto planteado por el autor. El Comité concluye que la presente comunicación no es inadmisible con arreglo al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo y a la reserva del Estado Parte relativa a dicha disposición.

6.4. El Comité considera que la denuncia plantea cuestiones relevantes en relación con el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, decide que es admisible y pasa a examinar el fondo de la cuestión.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.El Comité observa que la cuestión principal en el proceso penal contra el autor era la evaluación de su capacidad para cumplir con sus obligaciones militares, lo que supone la evaluación de hechos. El Comité toma nota de los comentarios del Estado Parte sobre la naturaleza del recurso de casación, en particular que el tribunal de segunda instancia se limita al examen de si las conclusiones a que llega el tribunal de primera instancia son o no arbitrarias o constituyen una denegación de justicia. Como el Comité ha decidido en anteriores comunicaciones, este sometimiento limitado del caso al tribunal superior no es compatible con las exigencias del párrafo 5 del artículo 14. Por lo tanto, el Comité concluye que el autor es víctima de una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

8.Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera que los hechos examinados revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

9.De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso efectivo. La condena del autor debe ser revisada del modo previsto en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no se produzcan violaciones semejantes.

10.Teniendo en cuenta que, al constituirse en Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para decidir si se ha violado el Pacto y que, de conformidad con el artículo 2 del mismo, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo si se determina que se ha producido una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte en un plazo de 90 días información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la española la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Notas

S. Comunicación Nº 1107/2002, El Ghar c. la Jamahiriya Árabe Libia (Dictamen aprobado el 2 de noviembre de 2004, 82º período sesiones)*

Presentada por:Loubna El Ghar (no representada por letrado)

Presunta víctima:La autora

Estado Parte:Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista

Fecha de la comunicación:14 de junio de 2002 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 29 de marzo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1107/2002, presentada por Loubna El Ghar, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora es la Sra. Loubna El Ghar, ciudadana libia, nacida el 2 de septiembre de 1981 en Casablanca y residente en Marruecos. Afirma ser víctima de la violación por la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La autora no invoca disposiciones concretas del Pacto, pero sus acusaciones parecen plantear cuestiones relacionadas con el artículo 12 del Pacto. La autora no está representada por un abogado.

1.2.El Pacto entró en vigor para la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista el 23 de marzo de 1976 y su Protocolo Facultativo el 16 de agosto de 1989.

Los hechos expuestos por la autora

2.1.La autora, de nacionalidad libia, vive en Marruecos desde que nació, con su madre divorciada, y tiene un permiso de residencia. Estudiaba derecho francés en la Facultad Hassan II de Casablanca y quería continuar sus estudios en Francia para especializarse en derecho internacional. A este fin, en 1998 inició el trámite de solicitud de pasaporte ante la representación consular de Libia en Marruecos.

2.2.La autora afirma haber recibido únicamente respuestas negativas, sin fundamento jurídico y legítimo. Señala que, aunque es mayor de edad, presentó su solicitud acompañada de una autorización de su padre que reside en Libia, legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia, a fin de permitirle obtener cualquier documento oficial que necesitara. Añade que en septiembre de 2002 el Cónsul de Libia, que afirmaba remitirse al reglamento pertinente (sin dar detalles al respecto), le dijo que no podía expedirle un pasaporte, sino un documento provisional de viaje para ir a Libia.

2.3.La autora también se puso en contacto con la representación diplomática de Francia en Marruecos para averiguar si podría obtener un pase (laissez-passer) para Francia, petición a la que las autoridades francesas no pudieron acceder.

2.4.Al no tener pasaporte, la autora no pudo matricularse en la Universidad de Montpellier I, en Francia.

La denuncia

3.La autora afirma que la negativa del Consulado de Libia en Casablanca de expedirle un pasaporte le impide viajar y estudiar y constituye una violación del Pacto.

Exposición del Estado Parte

4.1.En sus observaciones de fecha 15 de octubre de 2003, el Estado Parte facilita la siguiente información. Tras haber sido informada de la comunicación de la autora, la Dirección General de Pasaportes y Nacionalidad del Estado Parte se puso en contacto con la Oficina de la Fraternidad, en Rabat, que le comunicó que hasta el 1º de septiembre de 1999 no había recibido ninguna solicitud oficial de pasaporte de la interesada.

4.2.El 6 de septiembre de 2002, la Dirección de Pasaportes y Nacionalidad pidió al Consulado General que le comunicar