Estado parte

Informe

Observaciones finales

Alemania

Quinto informe periódico

CAT/C/DEU/5

CAT/C/DEU/CO/5

Belarús

Cuarto informe periódico

CAT/C/BLR/4

CAT/C/BLR/CO/4

Bulgaria

Informes periódicos cuarto y quinto

CAT/C/BGR/4-5

CAT/C/BGR/CO/4-5

Djibouti

Informe inicial

CAT/C/DJI/1

CAT/C/DJI/CO/1

Madagascar

Informe inicial

CAT/C/MDG/1

CAT/C/MDG/CO/1

Marruecos

Cuarto informe periódico

CAT/C/MAR/4

CAT/C/MAR/CO/4

Paraguay

Informes periódicos cuarto a sexto

CAT/C/PRY/4-6

CAT/C/PRY/CO/4-6

Sri Lanka

Informes periódicos tercero y cuarto

CAT/C/LKA/3-4

CAT/C/LKA/CO/3-4

45.En su 48º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes, a excepción del informe especial solicitado a la República Árabe Siria, y aprobó las siguientes observaciones finales:

Estado parte

Informe

Observaciones finales

Albania

Segundo informe periódico

CAT/C/ALB/2

CAT/C/ALB/CO/2

Armenia

Tercer informe periódico

CAT/C/ARM/3

CAT/C/ARM/CO/3

Canadá

Sexto informe periódico

CAT/C/CAN/6

CAT/C/CAN/CO/6

Cuba

Segundo informe periódico

CAT/C/CUB/2

CAT/C/CUB/CO/2

Grecia

Informes periódicos quinto y sexto

CAT/C/GRC/5-6

CAT/C/GRC/CO/5-6

República Árabe Siria

Informe especial

Informe no presentado

CAT/C/SYR/CO/1/Add.2

República Checa

Informes periódicos cuarto y quinto

CAT/C/CZE/4-5

CAT/C/CZE/CO/4-5

Rwanda

Informe inicial

CAT/C/RWA/1

CAT/C/RWA/CO/1

46.De conformidad con el artículo 68 de su reglamento, el Comité invitó a los representantes de todos los Estados partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité en que se examinó su informe. Salvo la República Árabe Siria, todos los Estados partes cuyos informes fueron examinados por el Comité enviaron representantes para que participaran en el examen. El Comité expresó su agradecimiento por ello en sus observaciones finales.

47.En su 47º período de sesiones, habida cuenta de la situación en el Estado parte, el Comité invitó a la República Árabe Siria a que presentara un informe especial al Comité a más tardar el 9 de marzo de 2012. El Estado parte declinó la invitación a presentar un informe y a enviar representantes para participar en el diálogo con el Comité.

48.El Comité designó relatores para los países y relatores suplentes encargados de los informes de los Estados, cuya lista figura en el anexo XII del presente informe.

49.En relación con su examen de los informes, el Comité también tuvo ante sí los siguientes documentos:

a)Directrices generales sobre la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los Estados partes con arreglo al artículo 19, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura (CAT/C/4/Rev.3);

b)Directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados partes deben presentar en cumplimiento del artículo 19 de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

50.El Comité ha venido preparando listas de cuestiones para los informes periódicos desde 2004. Esta actividad se emprendió a raíz de una petición que formularon los representantes de los Estados partes al Comité en una reunión con sus miembros. Si bien el Comité comprende el interés de los Estados partes en que se les informe con antelación de las cuestiones que puedan examinarse durante el diálogo, debe señalar, sin embargo, que la preparación de las listas de cuestiones ha dado lugar a un aumento de su volumen de trabajo. Esto reviste particular importancia en un Comité que tiene una composición tan reducida.

B.Observaciones finales sobre los informes de los Estados partes

51.A continuación se reproduce el texto de las observaciones finales aprobadas por el Comité con respecto a los mencionados informes presentados por los Estados partes, así como las relativas a la República Árabe Siria.

52.Belarús

1)El Comité contra la Tortura examinó el cuarto informe periódico de Belarús (CAT/C/BLR/4) en sus sesiones 1036ª y 1039ª, celebradas los días 11 y 14 de noviembre de 2011 (CAT/C/SR.1036 y 1039) y en su sesión 1053ª (CAT/C/SR.1053) aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)Aunque acoge con agrado la presentación del cuarto informe de Belarús, el Comité lamenta que se haya presentado con nueve años de retraso, lo que le ha impedido llevar a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte desde el último examen que realizó en 2000.

3)El Comité lamenta que ningún representante del Estado parte se haya desplazado desde la capital para reunirse con los miembros del Comité durante el período de sesiones en curso; no obstante, señala complacido que se ha podido entablar un diálogo constructivo sobre muchas de las materias contempladas en la Convención.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra la ratificación o adhesión del Estado parte a los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (3 de febrero de 2004); y

b)Los dos Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño (23 de enero de 2002 y 25 de enero de 2006).

5)El Comité observa la labor que está realizando el Estado parte para reformar su legislación, sus políticas y sus procedimientos en algunos aspectos de interés para la Convención, por ejemplo:

a)La revisión del Código Penal, el Código Penitenciario y el Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 1º de enero de 2001;

b)La aprobación en 2003 de la Ley de procedimiento y condiciones de la detención preventiva; y

c)La aprobación en 2008 de la nueva Ley sobre la concesión a los extranjeros y apátridas del estatuto de refugiados y de la protección adicional y temporal en la República de Belarús.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Salvaguardias legales fundamentales

6)Al Comité le preocupan seriamente los informes, numerosos y coincidentes, de que a los detenidos se les niegan frecuentemente las salvaguardias legales fundamentales, incluido el acceso inmediato a un abogado y a un médico y el derecho a avisar a un familiar, y de que ese trato se aplica especialmente a los detenidos en virtud de lo establecido en el artículo 293 del Código Penal. En esos informes figuran casos planteados por varios titulares de mandatos de procedimientos especiales, incluido el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como, entre otros, el de Andrei Sannikov quien, durante el juicio que se celebró contra él en mayo de 2011 denunció que se le habían negado sus derechos a tener prontamente acceso a un abogado, a avisar a un familiar y a recibir tratamiento médico, a pesar de las lesiones que las autoridades le causaron durante su detención; y el de Vladimir Neklyaev (A/HRC/17/27/Add.1, párr. 249). Aunque se hace eco de la aprobación de la Ley Nº 215-Z de procedimiento y condiciones de la detención, de 16 de junio de 2003, el Comité expresa su grave preocupación por el hecho de que el Estado parte no otorgue en la práctica, y desde el momento de su detención, a todas las personas privadas de libertad, incluidas las que se encuentran recluidas en centros del Comité de la Seguridad del Estado (KGB) a la espera de juicio o en situación de detención administrativa, todas las salvaguardias legales fundamentales que se recogen en los párrafos 13 y 14 de la Observación general Nº 2 del Comité (2008) sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes (arts. 2, 11 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que todos los detenidos gocen, por ley y en la práctica, de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención, incluido el derecho a tener prontamente acceso a un abogado y a ser examinados por un médico independiente, a ponerse en contacto con sus familiares, a ser informados en el momento de su detención de sus derechos y de las acusaciones que pesan sobre ellos y a comparecer sin dilación ante un juez;

b) Garantice a todas las personas detenidas, incluso las que se encuentran en situación de detención administrativa, la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención o el trato recibido; y

c) Adopte medidas para que todos los interrogatorios efectuados en las comisarías y en los centros de detención sean grabados o filmados para reforzar la prevención de la tortura o los malos tratos.

7)Al Comité le preocupa que se limite el acceso de los familiares y abogados de los detenidos al registro central de reclusos. Lamenta también que no se lleve a cabo un registro apropiado de los internos (arts. 2, 11 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que vele por que todas las personas privadas de libertad sean inscritas en un registro tras su detención y permita el acceso de los abogados y familiares de los detenidos a ese registro.

8)Al Comité le inquietan las numerosas denuncias de que agentes vestidos con ropas civiles practican detenciones, lo que hace imposible su identificación cuando se denuncian las torturas o malos tratos. El Comité contempla con preocupación los informes de que varios candidatos a la presidencia fueron detenidos y encarcelados por hombres no uniformados (A/HRC/17/27/Add.1, párr. 250) y las denuncias de varios reclusos, incluidos Andrei Sannikov y Vladimir Neklyaev, de que sufrieron torturas a manos de hombres enmascarados cuando se encontraban en prisión provisional a la espera de juicio (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debe vigilar el cumplimiento de la legislación que exige que todos los agentes del orden que se encuentren de servicio, incluida la policía antidisturbios (OMON) y el personal del KGB, lleven una identificación; debe proporcionar a todos los agentes del orden uniformes que incluyan una identificación visible adecuada para poder exigir responsabilidades individuales y evitar la tortura y los malos tratos; y debe investigar la actuación de los agentes del orden que vulneren la Convención e imponerles las sanciones apropiadas.

Desapariciones forzadas

9)El Comité observa la información facilitada por los representantes del Estado parte de que existe una base de datos sobre desapariciones, pero lamenta que el Estado parte no haya presentado suficiente información sobre las desapariciones, en particular sobre los casos siguientes de desapariciones pendientes de resolver: el ex Ministro del Interior, Yury Zakharenko, el ex Primer Secretario y Presidente del disuelto Parlamento de Belarús, Viktor Gonchar y su compañero Anatoly Krasovsky, y el periodista de investigación de la televisión Dmitry Zavadsky, planteados por el Comité en 2000 (CAT/C/SR.442, párr. 29) o presentados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 1999 (A/HRC/16/48) (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Estado parte debe velar por que se investiguen los casos de personas desaparecidas con el fin de obtener información fidedigna sobre su paradero y aclarar qué les ha sucedido. En particular, el Estado parte debe actualizar la información sobre los cuatro casos mencionados más arriba , entre otras cosas los resultados de las investigaciones, las penas o sanciones impuestas a los responsables, las reparaciones que se hayan hecho a sus familiares y la posibilidad de que sus abogados y familiares puedan acceder a la base de datos sobre desapariciones.

Tortura

10)Al Comité le preocupan profundamente las numerosas y coincidentes denuncias de la aplicación generalizada de torturas y malos tratos a los detenidos en el Estado parte. Según información fiable que obra en posesión del Comité, muchas personas privadas de libertad son objeto de torturas, malos tratos y amenazas por parte de agentes de las fuerzas del orden, especialmente en el momento de la detención y durante la prisión provisional a la espera de juicio. Esos informes confirman las preocupaciones expresadas por varios órganos internacionales, entre los que cabe citar al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Consejo de Derechos Humanos (resolución 17/24),la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Aunque observa lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, en el que se prohíbe la tortura, al Comité le preocupa la importante brecha que separa el marco legislativo de su aplicación práctica (arts. 2, 4, 12 y 16).

Con carácter de urgencia, el Estado parte debe adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir los actos de tortura y malos tratos en todo el país, entre otras formas, aplicando políticas que produzcan resultados mensurables en la erradicación de la tortura y los malos tratos por parte de los funcionarios del Estado.

Impunidad y ausencia de investigaciones independientes

11)El Comité sigue estando hondamente preocupado por la persistente y generalizada tendencia a que los funcionarios no lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y completas de las muchas denuncias de torturas y malos tratos ni lleven ante la justicia a los presuntos autores; la ausencia de mecanismos de denuncia y de investigaciones independientes; la intimidación a que está sometido el poder judicial; y el escaso nivel de cooperación con los órganos internacionales de vigilancia, factores que han conducido a que se denuncien muchos menos actos de ese tipo de los que se producen y a que reine la impunidad (arts. 2, 11, 12, 13 y 16). En particular, al Comité le preocupan:

a)La falta de un mecanismo independiente y eficaz encargado de recibir las denuncias y realizar investigaciones prontas, imparciales y eficaces de los presuntos casos de tortura, especialmente contra quienes se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio.

b)La información según la cual graves conflictos de intereses impiden que los mecanismos de denuncia existentes lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales de las denuncias recibidas.

c)La falta de coherencia de la información que obra en poder del Comité relativa a las denuncias presentadas por reclusos. El Comité observa con gran preocupación la información de la que se desprende que se toman represalias contra quienes presentan denuncias y los casos de negación de las denuncias formuladas por reclusos, incluidos los casos de Ales Mikhalevich y Andrei Sannikov.

d)Los informes que indican que ningún funcionario ha sido llevado ante la justicia por haber cometido actos de tortura. Según la información de que dispone el Comité, en los últimos diez años solo se ha acusado a cuatro agentes de las fuerzas del orden de los delitos, menos graves, de "abuso de la autoridad o las facultades oficiales" o "transgresión de la autoridad o las facultades oficiales" contemplados en los artículos 424 y 426 del Código Penal.

El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios públicos sean investigadas con prontitud en el marco de una actuación transparente e independiente , y por que los autores sean castigados de manera acor d e con la gravedad de sus actos. Con ese fin, el Estado parte debe:

a) Establecer un mecanismo independiente y eficaz para facilitar que las víctimas de torturas y malos tratos presenten denuncias a las autoridades públicas y obtengan pruebas médicas que apoyen sus acusaciones, y asegurar en la práctica que los denunciantes sean protegidos frente a todo maltrato o acto de intimidación como consecuencia de su denuncia o del testimonio prestado. En particular, como se recomendó anteriormente (A/56/44, párr. 46 c)), el Estado parte debe considerar la posibilidad de crear una comisión nacional de derechos humanos independiente e imparcial con componentes gubernamentales y no gubernamentales, dotada de facultades efectivas para investigar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, en particular las relativas a la aplicación de la Convención .

b) Condenar públicamente y sin ambigüedades la práctica de la tortura en todas sus formas, dirigiéndose especialmente a los agentes de las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas y al personal penitenciario, y acompañando sus declaraciones con advertencias claras de que quienquiera cometa tales actos, participe en ellos o sea cómplice de ellos, será considerado personalmente responsable ante la ley y podrá ser procesado por la vía penal .

c) En caso de presuntas torturas, velar por que los sospechosos sean suspendidos inmediatamente de sus funciones mientras dure la investigación, especialmente si existe riesgo de que su permanencia en el puesto obstaculice la investigación .

d) Comunicar los resultados de la investigación de las denuncias formuladas por el Comité, incluidos los casos de Ales Mikhalevich, Andrei Sannikov, Alexander Otroschenkov, Vladimir Neklyaev, Natalia Radina y Maya Abromchick, y las acusaciones más amplias de utilización indiscriminada y desproporcionada de la fuerza por parte de la policía antidisturbios contra unas 300 personas en la Plaza de la Independencia el 19 de diciembre de 2010.

Independencia de la judicatura

12)Aunque observa que en el artículo 110 de la Constitución y en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal se establece la independencia del poder judicial, el Comité se muestra hondamente preocupado por el hecho de que otras disposiciones legislativas de Belarús, específicamente las relativas a la disciplina y el cese de los jueces, su nombramiento y su permanencia en el cargo, socavan esas disposiciones y no garantizan la independencia de los jueces con respecto a la rama ejecutiva del Gobierno (arts. 2, 12 y 13). En particular, al Comité le inquietan:

a)La intimidación y las injerencias que sufren los abogados en el ejercicio de su profesión, como señaló con preocupación la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (A/HRC/17/30/Add.1, párr. 101). Al Comité le sigue preocupando que los colegios de abogados, aunque independientes según la ley, estén en la práctica subordinados al Ministerio de Justicia y que varios abogados que defendían a personas detenidas en relación con los hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2010 fueran expulsados del colegio por el Ministerio de Justicia.

b)Los casos en que supuestamente se produjo un desequilibrio judicial en favor de la fiscalía, como el caso de Vladimir Russkin, quien denunció que no se le había permitido presentar testigos ni interrogar a quienes testificaban en su contra, así como la actuación de los tribunales en varios juicios relacionados con los hechos del 19 de diciembre de 2010.

A la luz de su recomendación anterior (A/56/44, párr. 46 d)), el Comité insta al Estado parte a que:

a) Garantice la plena independencia del poder judicial, de conformidad con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura;

b) Vele por que la selección, nombramiento, remuneración y permanencia en el cargo de los jueces se haga con arreglo a criterios objetivos en lo que respecta a la cualificación, integridad, capacidad y eficiencia; y

c) Investigue los casos de los abogados que representaron a personas detenidas en relación con los hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2010 y fueron posteriormente expulsados del Colegio de Abogados, entre los que figuran Pavel Spelka, Tatsiana Aheyeva, Uladszimir Toustsik, Aleh Aleyeu, Tamara Harayeva y Tamara Sidarenka, y, en su caso, les reintegre la licencia para practicar la abogacía.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

13)Aunque se hace eco de la información sobre las actividades de vigilancia de los centros de detención que realizan la Fiscalía General, la comisión nacional de control público del Ministerio de Justicia y las comisiones de control locales, al Comité le preocupa profundamente la falta de independencia del sistema nacional de vigilancia y la falta de información sobre procedimientos y prácticas de presentación de informes eficaces. El Comité lamenta también los informes recibidos sobre la presunta utilización de la hospitalización psiquiátrica por motivos distintos a los terapéuticos y la ausencia de inspecciones de los hospitales psiquiátricos (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que establezca órganos plenamente independientes con capacidad para realizar sin previo aviso visitas independientes y eficaces a los centros de detención y vele por que entre sus miembros figuren profesionales procedentes de diversos ámbitos cualificados en las esferas médica y jurídica y familiarizados con las normas internacionales pertinentes, así como expertos independientes y otros representantes de la sociedad civil. El Estado parte debe velar también por que los miembros de esos órganos tengan ocasión de inspeccionar todos los centros de detención sin previo aviso y hablar en privado con los internos , y por que sus resultados y recomendaciones se hagan públicos de forma puntual y transparente.

Además, el Estado parte debe hacer pública información detallada sobre el lugar, el momento y la periodicidad de las visitas realizadas a los centros de detención, incluidos los hospitales psiquiátricos, y sobre los resultados de esas visitas y el uso que se haya hecho de ellos. Esa información deberá presentarse también al Comité.

14)Al Comité le preocupa que los mecanismos internacionales de vigilancia, tanto gubernamentales como no gubernamentales, no tengan acceso a los centros de detención de Belarús. El Comité lamenta también que el Estado parte todavía no haya respondido positivamente a las solicitudes de visitar el país formuladas por cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre los que cabe destacar el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ni haya dado respuesta a las solicitudes de visitar el país que ha formulado el ACNUDH (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Permita a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales independientes visitar todos los centros de detención del país, incluidos los calabozos de la policía, los centros destinados a la prisión provisional a la espera de juicio, las instalaciones de los servicios de seguridad, las zonas de detención administrativa, las unidades de internamiento de las instituciones médicas y psiquiátricas y las prisiones;

b) Intensifique la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular autorizando lo antes posible las visitas del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, como dijo que haría en el contexto del examen periódico universal (A/HRC/15/16, párr. 97.17); y

c) Considere la posibilidad de aceptar la solicitud formulada por el ACNUDH para que uno de sus equipos visite el país.

Institución nacional de derechos humanos

15)A la luz de las recomendaciones formuladas por varios mecanismos de derechos humanos y del compromiso contraído por el Estado parte en el contexto del examen periódico universal de considerar la posibilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos (A/HRC/15/16, párr. 97.4), el Comité lamenta que no se hayan hecho progresos en ese sentido (art. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que haga lo posible por establecer una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Definición, prohibición absoluta y penalización de la tortura

16)Aunque observa la información facilitada por el Estado parte de que la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención es la que se utiliza en el enjuiciamiento penal de los autores de actos de tortura y de que la Fiscalía General está preparando un proyecto de ley para modificar la legislación penal, al Comité le preocupa que esa definición de la tortura nunca haya sido aplicada por los tribunales nacionales, y le sigue inquietando que en la legislación nacional no figure ninguna disposición en la que se defina la tortura y que garantice su prohibición absoluta. También le preocupa que en los artículos 128 y 394 del Código Penal no se tipifique la tortura como delito con arreglo a lo establecido en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención (arts. 1, 2 y 4).

En vista de la recomendación anterior del Comité (A/56/44, párr. 46 a)) y de la aceptación por el Estado parte de las recomendaciones formuladas durante el examen periódico universal (A/HRC/15/16, párrs. 97.28 y 98.21), el Estado parte, sin demora, debe definir y penalizar la tortura en su Código Penal en plena conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Convención. Además, el Comité recomienda a l Estado parte que garantice que la prohibición absoluta de la tortura no pueda ser objeto de suspensión y que el delito de tortura no prescriba.

Aplicabilidad de la Convención en el ordenamiento jurídico nacional

17)Aunque ve con agrado el hecho de que los tratados internacionales en que Belarús es parte sean directamente aplicables con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley sobre los instrumentos normativos, el Comité observa con preocupación la falta de información sobre fallos judiciales en que se haya invocado directamente la Convención. El Comité lamenta los informes de que, aunque eso es posible en teoría, la Convención nunca se ha aplicado en los tribunales nacionales (arts. 2 y 10).

El Comité recomienda a l Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar de facto la aplicabilidad de las disposiciones de la Convención en su ordenamiento jurídico interno y la aplicación en la práctica del artículo 20 de la Ley sobre los instrumentos normativos, entre otros medios, impartiendo una capacitación amplia al personal del poder judicial y de las fuerzas del orden con el fin de que conozcan plenamente las disposiciones de la Convención y su aplicabilidad directa. Además, el Estado parte debe informar sobre los fallos pronunciados por los tribunales nacionales o las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas en que se hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención .

Pruebas obtenidas por medio de tortura

18)Aunque observa que en el artículo 27 de la Constitución se prohíbe la admisión de pruebas obtenidas por medio de tortura y que el Estado parte aceptó la recomendación formulada durante el examen periódico universal a ese respecto (A/HRC/15/16, párr. 97.28), el Comité expresa su preocupación por las denuncias de varios casos de confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos y por la ausencia de información que indique que se haya llevado ante la justicia y castigado a los agentes que obtuvieron esas confesiones. De la información que el Comité tiene ante sí se desprende que, en algunos casos, los jueces aceptaron declaraciones formuladas por los acusados antes del juicio que entraban en contradicción con el testimonio prestado durante este, a pesar de las alegaciones de coacción e intimidación. El Comité lamenta la falta de información sobre los casos de Nikolay Avtukhovich y Vladimir Asipenka, que fueron condenados sobre la base de declaraciones de testigos que posteriormente se retractaron, y que supuestamente habían sido obtenidas mediante tortura (art. 15).

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en la práctica, las confesiones obtenidas mediante tortura o coacción no se admitan en los procedimientos judiciales, en consonancia con la legislación nacional pertinente y con el artículo 15 de la Convención. También debe velar por que los jueces pregunten a todos los detenidos si fueron torturados o maltratados mientras se encontraban bajo custodia y por que ordenen que se practique un reconocimiento médico independiente cuando un acusado así lo solicite durante el juicio. El juez deberá excluir esas declaraciones, especialmente si el acusado así lo solicita durante el juicio y el reconocimiento médico sustenta esa solicitud. Deberá realizarse una investigación pronta e imparcial cuando haya motivos para creer que se ha producido un acto de tortura, especialmente cuando la confesión sea la única prueba presentada en una causa. A ese respecto, el Estado parte debe garantizar el acceso de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de ámbito internacional a las actuaciones judiciales.

Además, el Comité solicita al Estado parte que comunique si algún agente de las fuerzas del orden ha sido llevado ante la justicia y castigado por obtener confesiones mediante tortura y, de ser así , que facilite detalles de esos casos y mencione las penas o sanciones impuestas a los responsables.

Condiciones de reclusión

19)Aunque ve con agrado los esfuerzos del Estado parte por mejorar las condiciones de los reclusos (CAT/C/BLR/4, párrs. 21 y ss.) y su aceptación de la recomendación formulada con ocasión del examen periódico universal en ese sentido (A/HRC/15/16, párr. 97.30), el Comité sigue estando hondamente preocupado por las informaciones que recibe continuamente acerca de las malas condiciones que imperan en los lugares de privación de libertad, incluido un llamamiento del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en relación con las condiciones en varios lugares de detención, como la SIZO de Minsk (A/HRC/4/33/Add.1, párr. 16). Entre los problemas existentes figuran el hacinamiento, el deficiente régimen alimentario y la falta de acceso a unas instalaciones higiénicas básicas y a una asistencia médica adecuada (arts. 11 y 16).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para que las condiciones de reclusión en los lugares de privación de libertad se ajusten a las establecidas en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y en otras normas jurídicas internacionales y nacionales, en particular:

a) Reduciendo el hacinamiento y estudiando la posibilidad de poner en práctica formas de detención no privativas de la libertad, en consonancia con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad; (Reglas de Tokio);

b) Asegurando el acceso de todos los reclusos a una alimentación y una asistencia médica adecuadas; y

c) Velando por que los menores de edad privados de libertad estén separados de los adultos durante toda su detención o reclusión y ofreciéndoles actividades educativas y recreativas.

20)Aunque observa la información facilitada por la delegación de que la Fiscalía General no ha recibido denuncias de reclusas sobre amenazas de violencia, al Comité le inquietan los informes de actos o amenazas de violencia, incluso violencia sexual, por parte de otros internos y funcionarios en los centros de detención (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas prontas y eficaces para combatir de forma más eficaz la violencia en las cárceles , de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Además, el Estado parte debe establecer y promover un mecanismo eficaz para recibir las denuncias de violencia sexual y velar por que los miembros del personal de las fuerzas del orden estén debidamente informados sobre la prohibición absoluta de la violencia sexual, como forma de tortura, así como sobre la recepción de ese tipo de denuncias.

Formación

21)El Comité lamenta la falta de información sobre la formación específica impartida al personal médico y policial, los funcionarios de seguridad y de prisiones, los miembros del poder judicial y las demás personas relacionadas con la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de las personas bajo control oficial o del Estado acerca de los asuntos relacionados con la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lamenta también la falta de información, evaluación y valoración de la formación impartida (art. 10).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Imparta a todas las personas encargadas de las diferentes funciones enumeradas en el artículo 10 de la Convención capacitación periódica sobre las disposiciones incluidas en esta y la prohibición absoluta de la tortura, así como sobre las normas, instrucciones y métodos de interrogatorio, especialmente en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil;

b) Imparta a todo el personal pertinente, especialmente el personal médico, formación específica sobre la manera de detectar indicios de tortura y malos tratos y sobre el uso del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul);

c) Aplique un enfoque de género a la capacitación de las personas relacionadas con la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de las mujeres sometidas a cualquier forma de detención, privación de libertad o encarcelamiento; y

d) Evalúe periódicamente la eficacia y los efectos de esos programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos.

Violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica

22)Aunque ve con agrado las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia contra las mujeres y los niños, al Comité le preocupa la persistencia de ese tipo de violencia y la falta de información sobre: a) el enjuiciamiento de los autores en casos de violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica; y b) la asistencia práctica y las reparaciones ofrecidas a las víctimas de esa violencia. El Comité observa con pesar el alto número de mujeres muertas como resultado de la violencia doméstica y la ausencia en el derecho penal de disposiciones específicas sobre dicha violencia y la violación dentro del matrimonio, aspectos que planteó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/BLR/CO/7, párr. 19) (arts. 2, 14 y 16).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por prevenir, combatir y castigar la violencia contra las mujeres y los niños, especialmente la violencia doméstica, entre otr os medios modificando su legislación penal y facilitando a las víctimas de la violencia una protección inmediata y una rehabilitación a largo plazo. Además, debe llevar a cabo campañas más amplias de sensibilización y de formación sobre la violencia doméstica para jueces, abogados, fuerzas del orden y trabajadores sociales que se encuentran en contacto directo con las víctimas, así como para el público en general.

Trata de personas

23)Aunque celebra la labor que realiza el Estado parte para combatir la trata de personas y llevar a sus autores ante la justicia, al Comité le preocupan los informes de que la trata, especialmente de mujeres, sigue siendo un problema importante y Belarús continúa siendo país de origen, tránsito y destino de las víctimas de esa lacra (arts. 2, 10 y 16).

A la luz de las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños , a raíz de la visita que realizó a Belarús en mayo de 2009 (A/HRC/14/32/Add.2, párrs. 95 y ss.), el Estado parte debe adoptar medidas eficaces, incluso mediante la cooperación regional e internacional, para abordar las causas profundas de la trata de personas, especialmente su estrecha vinculación con la explotación sexual, seguir llevando ante la justicia y castigando a sus autores, proporcionar reparaciones y servicios de reinserción a las víctimas e impartir formación a los agentes de las fuerzas del orden, especialmente los funcionarios de fronteras y de aduanas.

Reparación e indemnización, incluida la rehabilitación

24)El Comité lamenta la falta de información sobre dos puntos: a) las medidas de reparación e indemnización, incluidos los medios para la rehabilitación, ordenadas por los tribunales y realmente facilitadas a las víctimas de la tortura o las personas a su cargo; y b) los servicios de atención y de rehabilitación social y otras formas de asistencia, incluida la rehabilitación médica y psicosocial, ofrecidos a las víctimas. También lamenta los informes de que el tribunal de la ciudad de Minsk no admite a trámite las demandas de indemnización por daños morales causados durante la detención (art. 14).

En la práctica, el Estado parte debe proporcionar reparación e indemnización a las víctimas, incluida la rehabilitación, y facilitar al Comité información sobre esos casos. Además, debe facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización decretadas por los tribunales y proporcionadas a las víctimas de tortura o sus familias. Esa información debe incluir el número de solicitudes presentadas, de indemnizaciones otorgadas y las sumas concedidas y efectivamente abonadas en cada caso. Además, el Estado parte debe proporcionar al Comité en su próximo informe periódico datos estadísticos pertinentes y ejemplos de casos en los que las víctimas hayan recibido indemnización.

Defensores de los derechos humanos

25)Al Comité le inquieta profundamente las numerosas y coincidentes denuncias de actos graves de intimidación, represalias y amenazas contra defensores de los derechos humanos y periodistas, así como la falta de información sobre la investigación de esas denuncias. El Comité muestra su preocupación por varios informes que ha recibido sobre la negativa de proceder a la inscripción de ONG independientes, amenazas y actos de enjuiciamiento penal, detenciones, redadas en oficinas y actos de intimidación, como mencionó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe que presentó verbalmente ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2011, y se menciona en los llamamientos urgentes del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a libertad de opinión y de expresión. El Comité lamenta que, a pesar del dictamen del Comité de Derechos Humanos (comunicación Nº 1296/2004) y los diversos llamamientos de los Relatores Especiales (A/HRC/17/27/Add.1, párr. 331), el Tribunal Supremo mantuviera la decisión del Ministerio de Justicia de no proceder a la inscripción de la organización Centro de Derechos Humanos Viasna (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas frente a la intimidación o la violencia como resultado de sus actividades y la pronta, imparcial y exhaustiva investigación, enjuiciamiento y castigo de esos actos. En particular, el Comité recomienda a l Estado parte que :

a) Reconozca el papel esencial que desempeñan las ONG ayudando al Estado parte a cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención y les permita solicitar y recibir financiación suficiente para llevar a cabo sus actividades pacíficas en pro de los derechos humanos;

b) Informe al Comité de los resultados de las investigaciones de presuntas amenazas y acoso de defensores de los derechos humanos y periodistas por parte de l a s autoridades, incluidos los casos de los periodistas Irina Khalip y Andrzej Poczobut; el Presidente del Comité de Helsinki de Belarús, Aleh Gulak; y el Presidente de Viasna, Ales Byalyatski; y

c) Facilite información actualizada sobre la situación en que se encuentra la aplicación de la decisión del Comité de Derechos Humanos anteriormente mencionada de que los denunciantes, 11 miembros de Viasna, tienen derecho a un resarcimiento adecuado, incluido el restablecimiento de la organización Viasna.

Refugiados y solicitantes de asilo

26.Aunque acoge con agrado la aprobación en 2008 de la nueva Ley de la concesión a los extranjeros y apátridas del estatuto de refugiados y de la protección adicional y temporal en la República de Belarús, el Comité observa que es necesario revisar la legislación y la práctica para que se ajusten cabalmente a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos y de los refugiados (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que revise sus actuales procedimientos y prácticas en materia de expulsión, devolución y extradición con miras a cumplir sus obligaciones dimanantes del artículo 3 de la Convención. El Estado parte debe garantizar una mejor protección de los solicitantes de asilo, refugiados y demás personas necesitadas de protección internacional, mejorar la calidad del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado y considerar la posibilidad de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

La pena de muerte

27)Al Comité le preocupan los informes recibidos acerca de las malas condiciones en que se encuentran las personas condenadas a muerte y sobre el secretismo y la arbitrariedad que rodean la ejecución de esas personas, incluidas las informaciones de que solo se informa a sus familias días o semanas después de que haya tenido lugar la ejecución, que no se les da la oportunidad de visitar al condenado por última vez, y que no se entrega el cuerpo de los presos ejecutados a la familia y no se les revela el lugar en que son enterrados. Además, el Comité manifiesta su profunda inquietud por los informes de que algunos reclusos condenados a muerte no gozan de las salvaguardias legales fundamentales y por la discrepancia entre los datos sobre esta cuestión facilitados por las autoridades y los obtenidos de otras fuentes diversas. Aunque el Comité observa que un grupo de trabajo del Parlamento sigue examinando la posibilidad de establecer una moratoria de la pena de muerte, lamenta la ejecución de dos condenados cuyos casos estaban siendo revisados por el Comité de Derechos Humanos, a pesar de que este solicitó que se adoptaran medidas provisionales (comunicaciones Nº 1910/2009 y Nº 1906/2009) (art. 16).

El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de detención de los condenados a muerte y velar por que gocen de todas las protecciones que se establecen en la Convención. Además, debe poner fin al secretismo y la arbitrariedad que rodea n a las ejecuciones para librar a sus familiares de un mayor sufrimiento e incertidumbre. El Comité también recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene por objeto la abolición de la pena de muerte.

Reunión de datos

28)El Comité lamenta la ausencia de datos completos y desglosados sobre numerosos aspectos de los que se ocupa la Convención, entre los que cabe mencionar las estadísticas sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias que hayan tenido lugar en relación con actos de tortura y malos tratos que pudieran haber cometido agentes de las fuerzas del orden, los órganos de seguridad y el personal penitenciario, o en relación con casos de desapariciones forzadas, trata de personas y violencia doméstica y sexual (arts. 12 y 13).

El Estado parte debe recopilar y facilitar al Comité datos estadísticos pertinentes para vigila r la aplicación de la Convención a nivel nacional, incluida información sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias que hayan tenido lugar en relación con casos de tortura y malos tratos, trata de personas o violencia doméstica y sexual, así como sobre los resultados de todas las denuncias y causas judiciales, incluidas la indemnización y la rehabilitación que se haya facilitado a las víctimas.

Cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas

29)El Comité recomienda que el Estado parte intensifique su cooperación con los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros medios permitiendo las visitas de los titulares de mandatos de procedimientos especiales que lo hayan solicitado, como el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

30)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

31)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de hacer las declaraciones que se contemplan en los artículos 21 y 22 de la Convención.

32)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, entre los que cabe citar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene por objeto la abolición de la pena de muerte. Observando el compromiso contraído por el Estado parte con ocasión del examen periódico universal (A/HRC/15/16, párrs. 97.1 y 98.3), el Comité recomienda que el Estado parte haga lo posible por ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo.

33)Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

34)El Comité pide al Estado parte que, antes del 25 de noviembre de 2012, facilite información complementaria en respuesta a las recomendaciones del Comité relativas a: a) garantizar o reforzar las salvaguardias legales para las personas detenidas; b) realizar investigaciones prontas, imparciales y eficaces; y c) encausar a los sospechosos y castigar a los autores de torturas o malos tratos, según se contempla en los párrafos 6, 11 y 14 del presente documento, así como sobre las reparaciones e indemnizaciones facilitadas a las víctimas.

35)Se invita al Estado parte a que actualice su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.70) de conformidad con los requisitos básicos de ese documento enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

36)Se invita al Estado parte a que presente su siguiente informe, que será el quinto informe periódico, antes del 25 de noviembre de 2015. Con ese fin, el Comité invita al Estado parte a que, antes del 25 de noviembre de 2012, acepte presentarlo con arreglo a su procedimiento opcional de presentación de informes, en virtud del cual el Comité transmite al Estado parte una lista de cuestiones antes de que este presente su informe periódico. La respuesta del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirá, según lo establecido en el artículo 19 de la Convención, su siguiente informe periódico al Comité.

53.Bulgaria

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes cuarto y quinto combinados de Bulgaria (CAT/C/BGR/4-5) en sus sesiones 1032ª y 1035ª (CAT/C/SR.1032 y 1035), celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2011, y aprobó en su 1054ª sesión (CAT/C/SR.1054), celebrada el 24 de noviembre de 2011, las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación de los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Bulgaria, de conformidad con las directrices para la presentación de informes, lamentablemente con dos años de retraso, y de las respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/BGR/Q/4-5).

3)El Comité valora el diálogo abierto y constructivo que mantuvo con la delegación, variada y de alto nivel, del Estado parte, a la que agradece las respuestas claras, sinceras y detalladas que dio a las preguntas planteadas por los miembros del Comité.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que, desde el examen del tercer informe periódico, el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales o se haya adherido a ellos:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2011; y

b)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujer, en 2006.

5)El Comité acoge con satisfacción la firma del acuerdo bilateral sobre cooperación concluido en junio de 2010 entre Bulgaria y Grecia para luchar contra la delincuencia organizada, incluidos el tráfico ilícito y la trata de seres humanos, y las drogas.

6)El Comité observa la labor que está realizando el Estado parte para revisar su legislación en los ámbitos que revisten importancia para la Convención, incluida la enmienda de 2007 a la Constitución por la que se establece el Consejo Judicial Supremo, y:

a)El nuevo Código de Procedimiento Civil, que entró en vigor el 1º de marzo de 2008, relativo a la indemnización o rehabilitación de las víctimas de la tortura;

b)La Ley del sistema de justicia, que entró en vigor el 10 de agosto de 2007, y la Estrategia para la reforma judicial 2009-2013, adoptada en 2009;

c)La enmienda a la Ley de asilo y refugiados, de 2007, que dispone un mecanismo para el procedimiento de determinación de la condición de refugiado;

d)La Ley de asistencia e indemnización financiera a las víctimas de delitos, que entró en vigor en 2007, y la Estrategia nacional de asistencia e indemnización a víctimas de delitos;

e)El nuevo Código de Procedimiento Administrativo, que entró en vigor el 12 de julio de 2006, relativo a la prevención y la sanción de la tortura y a la posibilidad de que los extranjeros recurran las órdenes de expulsión;

f)El nuevo Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 26 de abril de 2006, relativo a las garantías procedimentales de prohibición de la tortura y a las disposiciones para prevenirla, y a la regulación de la detención policial;

g)La Ley de asistencia letrada (2006) y el establecimiento de la Oficina Nacional de Asistencia Letrada;

h)Las enmiendas introducidas a la nueva Ley de salud, que entró en vigor el 1º de mayo de 2005, en relación con los procedimientos médicos a seguir con las personas que sufren discapacidad mental;

i)Varias enmiendas introducidas al Código Penal desde 2004, especialmente respecto del artículo 287 relativo a la exigencia planteada en la Convención de tipificar como delito los actos de tortura.

7)El Comité también acoge con satisfacción la labor realizada por el Estado parte para modificar sus políticas, programas y medidas administrativas a fin de asegurar una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, lo que incluye:

a)La adopción de la Estrategia para el desarrollo de las instalaciones penitenciarias (2009-2015) y del Programa para mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad, en 2010;

b)La Estrategia nacional para la infancia (2008-2018) y la Visión para la desinstitucionalización de los niños en Bulgaria, aprobadas el 24 de febrero de 2010;

c)La Estrategia integrada de lucha contra el delito y la corrupción, de 2010;

d)La Estrategia para reformar los lugares de reclusión (2009-2015);

e)El Plan de acción nacional de la iniciativa "Decenio para la integración de los romaníes 2005-2015" y el Programa marco para la integración de los romaníes en la sociedad búlgara (2010-2020);

f)El Plan de acción nacional para la salud mental (2004-2012).

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición, prohibición absoluta y tipificación como delito de la tortura

8)Preocupa al Comité que el Código Penal no incluya una definición amplia de tortura que incorpore todos los elementos del artículo 1 de la Convención y que la tortura no esté tipificada como un delito independiente en la legislación tal como exige la Convención. El Comité observa que el grupo de trabajo del Ministerio de Justicia establecido para elaborar un nuevo Código Penal todavía no ha examinado la sección, que incluye las disposiciones relativas a un nuevo delito e incorpora la definición de tortura (arts. 1 y 4).

El Comité insta al Estado parte a que adopte una definición de tortura que incluya todos los elementos del artículo 1 de la Convención. El Estado parte debe adoptar medidas legislativas efectivas para incluir la tortura en su legislación como un delito independiente y específico, y asegurar que las sanciones que se impongan al respecto sean proporcionales a la gravedad de ese delito. Debe garantizar también que la prohibición absoluta de la tortura no sea derogable y que los actos que se consideren como tal no puedan prescribir.

Salvaguardias legales fundamentales – acceso a un abogadoy a asistencia letrada

9)El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas, tanto legislativas como a través de la publicación de instrucciones adecuadas, que garantizan los derechos de notificación de detención policial, de acceso a un abogado y a un médico independiente y de ser informado de los cargos desde el momento mismo de la detención, pero muestra su inquietud por la información recibida de que el acceso a un abogado durante las 24 horas de detención policial no siempre se da en la práctica y que, en realidad, sigue siendo posible solo para una minoría de personas detenidas, aquellas que pueden permitirse un abogado privado. Preocupan también al Comité las denuncias de que la policía se muestra reticente a permitir el acceso a un abogado desde el momento mismo de la detención y que transcurre un tiempo hasta que se contacta con los abogados de oficio y estos acuden a las dependencias policiales. También inquieta al Comité la escasez de personal y de recursos de la Oficina Nacional de Asistencia Letrada, lo que repercute negativamente en el derecho a un juicio imparcial de las personas con una situación económica o social inferior y se traduce en desigualdades en el acceso a la justicia y la posibilidad de defenderse en un juicio; además, ven denegado igualmente su acceso a la justicia en condiciones de igualdad las personas pobres, los miembros de las minorías y ciertas categorías de extranjeros, como los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares (art. 2).

El Comité recomienda a las autoridades búlgaras que vuelvan a dar instrucciones a todos los agentes de policía acerca de la obligación legal de permitir a todos los detenidos el acceso a un abogado desde el momento mismo de su detención. Además, recomienda al Estado parte que adopte las medidas adecuadas para eliminar todos los obstáculos que se oponen al ejercicio del derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y que vele por que se asignen suficientes recursos financieros y humanos a la Oficina Nacional de Asistencia Letrada, a fin de que cumpla su función para con todas las categorías de detenidos.

Violencia policial y uso de armas de fuego

10)El Comité muestra su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego por los agentes del orden, incluidas las ocho causas en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra del Estado parte en 2010, y en la mitad de las cuales se había producido la muerte de la víctima; la amplitud del uso de armas de fuego permitido por la Ley del Ministerio del Interior (art. 74); los actos violentos atribuidos a agentes del orden, que incluyen torturas, trato inhumano o degradante y negativa a proporcionar a las víctimas asistencia médica de supervivencia; y el número muy escaso de enjuiciamientos que se han producido hasta la fecha (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que modifique su legislación para asegurarse de que la normativa sobre el uso de las armas de fuego se ajuste a las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Enc argados de Hacer Cumplir la Ley . Asimismo, el Estado parte debe adoptar medidas para erradicar toda forma de acoso y maltrato por la policía durante las investigaciones, e indagar rápidamente y de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias de violencia ejercida de manera innecesaria y desproporcionada por agentes del orden, enjuiciar y sancionar a los responsables en función de la gravedad de sus actos y proporcionar a las víctimas una indemnización que incluya los medios para una rehabilitación lo más completa posible.

Vigilancia independiente de los centros de detención y de otros lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad

11)El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención y tenga previsto establecer en el plazo de un año un mecanismo nacional de prevención, pero muestra su preocupación por que no se permita que las organizaciones de la sociedad civil ejerzan una vigilancia independiente de todos los casos de privación de libertad y que ONG como el Comité Helsinki de Bulgaria necesiten un permiso del fiscal para acceder a los presos preventivos (art. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que permita que órganos no gubernamentales puedan vigilar de manera independiente, efectiva y periódica todos los lugares de privación de libertad.

Reforma del sistema judicial

12)El Comité, si bien se hace eco del establecimiento de la Estrategia para la reforma judicial 2009-2013, se muestra preocupado por la falta de progresos de dicha reforma, entre otras cosas, por errores denunciados como la administración conjunta de los tribunales y la fiscalía. También le inquietan la falta de transparencia en relación con la selección y el nombramiento de los jueces y los miembros del Consejo Judicial Supremo; el hecho de que el principio de la independencia del poder judicial no sea respetado por los órganos ajenos a dicho poder, como los funcionarios públicos de alto nivel, ni se aplique dentro del propio poder judicial; y las denuncias de corrupción en el sistema de justicia y la falta de confianza en la administración de justicia, lo que redunda en una falta de confianza de la opinión pública en el poder judicial (arts. 2 y 13).

El Comité recomienda al Estado parte que acelere la reforma judicial teniendo en cuenta las conclusiones preliminares y las observaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de fecha 16 de mayo de 2011, y las normas internacionales, en particular los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, las Directrices sobre la Función de los Fiscales y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Asimismo debe asegurar que la selección y el nombramiento de los jueces, incluido el Consejo Judicial Supremo, sean transparentes y basados en criterios objetivos para brindar igualdad de oportunidades a los candidatos. Asimismo, debe concienciar a los miembros del sistema judicial y a otros funcionarios, así como a la opinión pública en general, sobre la importancia de la independencia del poder judicial. No debe haber injerencias externas en el proceso judicial. El Estado parte debe intensificar su labor para luchar contra la corrupción y velar por que todos los incidentes sospechosos de corrupción se investiguen con rapidez y de forma pormenorizada e imparcial y se enjuicie a los responsables, en particular en el marco de la Estrategia integrada de lucha contra el delito y la corrupción de 2010.

Institución nacional de derechos humanos y mecanismo nacional de protección

13)Inquieta al Comité que no exista en el Estado parte una institución nacional de conformidad con losPrincipios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), si bien toma nota debidamente del hecho de que el Ombudsman y la Comisión para la Protección frente a la Discriminación de Bulgaria hayan solicitado su acreditación como instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos alComité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (arts. 2, 11 y 13).

El Comité recomienda que el Ombudsman y la Comisión para la Protección frente a la Discriminación se ajusten a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Acceso a un procedimiento imparcial para los solicitantes de asilo

14)Preocupa al Comité que el Estado parte no haya adoptado medidas para garantizar el ejercicio de todos los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados, inclusive en cuestiones como la detención y el traslado de solicitantes de asilo, la falta de servicios de traducción y asistencia letrada y la expulsión de extranjeros por motivos de seguridad nacional (arts. 3, 11 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Modifique el artículo 16 de la Ordenanza sobre responsabilidad y coordinación entre la Agencia Estatal para los Refugiados, el Organismo de Migración y la Policía Fronteriza, a fin de eliminar oficialmente la norma por la que se permite la detención de los solicitantes de asilo sobre la base de su ingreso ilegal, y garantizar que los solicitantes de asilo reciban alojamiento, documentación, acceso a la atención de salud, asistencia social, educación y enseñanza del idioma, tal como se dispone en los artículos 29 y 30 a) de la Ley de asilo y refugiados;

b) Se asegure de que la detención de los solicitantes de asilo solo se emplee como último recurso, cuando sea necesaria y por un período lo más corto posible, y que se pongan plenamente en práctica las salvaguardias contra la devolución;

c) Acelere la demorada apertura del centro de tránsito de Pastrogor para corregir la práctica actual de transferir a los solicitantes de asilo a centros de detención debido a la falta de centros de recepción suficientes;

d) Asegure servicios de interpretación y traducción en todos los puestos fronterizos y los centros que trabajan con solicitantes de asilo;

e) Vele por que la Agencia Estatal para los Refugiados reinstaure su programa de asistencia jurídica y se asegure de que los informes, las descripciones en las actas de las pruebas presentadas por los solicitantes de asilo y las entrevistas se hagan de manera profesional.

Definición de apatridia

15)Preocupa al Comité que la legislación del Estado parte no incluya una definición jurídica de apátrida y que no haya un marco jurídico ni mecanismos para determinar la situación jurídica de esas personas (arts. 2 y 3).

El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de incorporar la definición de apátrida en su legislación y que establezca un marco jurídico y mecanismos para determinar la apatridia. Lo a lienta a que considere la posibilidad de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

No devolución

16)Inquieta al Comité que el Estado parte no cumpla plenamente su obligación en virtud del artículo 3 de la Convención, en lo que hace al respeto del principio de no devolución (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Observe las salvaguardias que garantizan el respeto del principio de no devolución y, entre otras cosas, examine si hay razones fundadas que indiquen que el solicitante de asilo podría estar en peligro de ser sometido a tortura o a malos tratos tras su deportación;

b) Modifique su legislación para garantizar un derecho de recurso interno, con efecto suspensivo, así como el respeto de todas las salvaguardias y medidas provisionales en los procedimientos de asilo y deportación, hasta el resultado del recurso;

c) Garantice servicios de interpretación a los solicitantes de asilo en los casos de asilo y los recursos;

d) Someta las situaciones contempladas en el artículo 3 de la Convención a una exhaustiva evaluación de los riesgos, en particular impartiendo una capacitación apropiada a los jueces sobre los riesgos de tortura en los países receptores y celebrando automáticamente entrevistas individuales para evaluar el riesgo personal que corren los solicitantes; y

e) Haga un seguimiento de los casos, a la luz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular de los casos de los dos solicitantes de asilo palestinos cuyas solicitudes fueron rechazadas, Youssef Kayed y Moussa Kamel Ismael, que fue ron torturado s a su regreso al Líbano el 27 de noviembre de 2010, e informe al Comité de su situación en el próximo informe periódico.

Jurisdicción por los delitos a los que se refiere el artículo 4 de la Convención

17)Preocupa al Comité que la legislación vigente de Bulgaria no prevea la jurisdicción sobre los delitos a los que se refiere el artículo 4 de la Convención para todos los actos de tortura, debido a que no tipifica un delito específico y autónomo de tortura acorde con la definición de la Convención (arts. 5, 6 y 7).

El Comité recomienda al Estado parte que adopte una definición de tortura de conformidad con la Convención a fin de garantizar que todos los actos de tortura, y no solo los que constituyan crímenes de guerra, puedan ser juzgados en virtud de la jurisdicción sobre los delitos a los que se hace referencia en el artículo 4 de la Convención, y que todos los sospechosos de haber perpetrado actos de tortura que se encuentren en el territorio de Bulgaria sean extraditados o enjuiciados con arreglo al artículo 6 del Código Penal.

No admisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura

18)Preocupa al Comité que en el Estado parte no haya legislación que garantice la no admisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura (art. 15).

El Comité recomienda al Estado parte que promulgue legislación que, de conformidad con la Convención (art. 15), prohíba expresame nte la utilización como prueba de declaraciones obtenidas bajo tortura, y que sus autoridades competentes reúnan estadísticas de causas en las que pruebas obtenidas bajo tortura hayan sido consideradas inadmisibles, y que remita esas estadísticas al Comité.

Trato de las personas internadas en instituciones sociales, incluidas las quesufren discapacidad mental

19)Inquieta al Comité:

a)Que las personas con discapacidad mental internadas en instituciones sociales estatales y municipales, en particular en instituciones médicas, carezcan de salvaguardias legales y garantías procesales adecuadas del respeto de su derecho a la integridad psíquica y física; que las personas privadas de su capacidad jurídica y cuyas decisiones y preferencias no sean tenidas en cuenta no dispongan de medios para impugnar las violaciones de sus derechos; que en los procedimientos de admisión y los sistemas de tutela participen frecuentemente funcionarios de las instituciones en las que están internadas las personas con discapacidad, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses y detenciones de hecho, y que el consentimiento de los tutores al tratamiento médico pueda dar lugar a un tratamiento contrario a la voluntad del paciente; el uso de restricciones físicas y la administración forzosa de tratamientos invasivos e irreversibles como neurolépticos; la ausencia de un mecanismo de inspección independiente de las instituciones de salud mental; y las competencias del personal, la frecuencia de las visitas de los especialistas y las condiciones materiales de estas instituciones, incluida su localización en lugares remotos, alejados de las familias y los principales centros médicos;

b)La situación actual y futura de los niños con discapacidad mental ingresados en instituciones, si bien observa que se proyecta una transición de la atención institucional a una atención comunitaria similar al entorno familiar y el cierre de todas las instituciones de atención a la infancia en un plazo de 15 años; que 238 niños con discapacidad mental hayan muerto en 2000-2010, las tres cuartas partes por causas evitables, sin que se haya condenado a nadie hasta la fecha en 166 investigaciones penales, y que dos niños hayan muerto hace poco en circunstancias similares en Medven; que una inspección que abarca el año 2010, sobre la internación y el tratamiento en contra de la voluntad del paciente en virtud de la Ley de salud y sobre la internación forzosa con fines de tratamiento en virtud del Código Penal, no haya constatado ninguna violación en la aplicación de la legislación; que no se hagan las renovaciones y el mantenimiento necesarios de los locales existentes mientras se lleva a cabo la desinstitucionalización proyectada, debido a que se supone que dejarán de ser utilizados (arts. 2, 11, 12, 13, 14 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Revise la legislación y la política de privar a las personas con discapacidad mental de su capacidad jurídica, prevea salvaguardias legales y garantías procesales de sus derechos y vele por que tengan un rápido acceso a la revisión judicial efectiva de las decisiones, así como a recursos e fectivos contra las violaciones.

b) Evalúe cada caso de forma individual y garantice el respeto del derecho a la integridad física y psíquica de las personas internadas en instituciones, en particular en lo que respecta al uso de restricciones físicas y la administración forzada de tratamientos invasivos e irreversibles como neurolépticos , y vele por que se tengan en cuenta las decisiones y preferencias de estas perso nas.

c) Adopte medidas eficaces para regular el sistema de tutela, con miras a evitar los conflictos de intereses y las situaciones que den lugar a tratamiento s forzosos y detención de hecho.

d) Instituya un estricto control de las internaciones a cargo de órganos judiciales y de mecanismos de inspección independientes para garantizar que se apliquen las salvaguardias y las normas internacionales, como los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental.

e) Proporcione una cantidad suficiente de funcionarios profesionales competentes y lleve a cabo las renovaciones materiales necesarias de los locales de las instituciones, que deben encontrarse en ciudades grandes con hospitales y centros mé dicos.

f) Garantice que se investiguen las muertes de niños con discapacidad mental internados en instituciones , y que se enjuicie, con dene y sancione a los culpables.

g) Modifique y refuerce la legislación para mejorar la rendición de cuentas y prevenir la reincidencia y la impunidad, y regule los tratamientos autorizados en las instituciones, en particular de las personas con discapacidad mental. Se debe prestar atención a las necesidades particulares de cada niño y al tratamiento adecuado prescrito, de conformidad con las disposiciones de la Convención .

h) Garantice que mecanismos independientes, incluidas la institución nacional de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, realic en una supervisión y control es frecuentes y profesionales de todas las instituciones y de la aplicación de la desinstitucionalización, que comprenda la agilización del proceso para que se lleve a cabo lo antes posible, con miras a mantener un sistema de atención sostenible.

Capacitación

20)Preocupa al Comité que la capacitación específica sobre las disposiciones de la Convención, y en particular sobre la prohibición absoluta de la tortura, incluida la violencia sexual, y sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), no esté comprendida en la formación obligatoria de los funcionarios pertinentes, como los jueces, los agentes del orden y los funcionarios de prisiones (art. 10).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Prepare y ponga en práctica programas de capacitación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden y funcionarios de las instituciones penitenciarias sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, en particular de la prohibición absoluta de la tortura, y por que no se toleren y se investiguen las violaciones, y se enjuicie a los culpables;

b) Elabore módulos de capacitación dirigidos a sensibilizar a los agentes del orden y a otros funcionarios sobre la discriminación por motivos étnicos y religiosos;

c) Imparta al personal médico y a las demás personas que intervienen en la custodia, el interrogatorio o el trato de las personas objeto de cualquier forma de detención, reclusión o prisión, así como a los demás profesionales que participan en la documentación y la investigación de la tortura, capacitación periódica y sistemática sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) , y se asegure de que se imparta también esa capacitación a las personas que participan en los procesos de concesión de asilo;

d) Elabore y aplique una metodología para evaluar la eficacia de los programas de capacitación y educación y sus efectos en la reducción de los casos de tortura y malos tratos.

Condiciones de reclusión

21)Si bien toma nota del plan del Estado parte de construir nuevos centros de privación de libertad y renovar los existentes, el Comité está preocupado por la persistencia en Bulgaria de condiciones de reclusión anticuadas, insalubres y de hacinamiento, contrarias a las normas internacionales. Inquietan particularmente al Comité: el hacinamiento, que ha reducido el espacio disponible por recluso en muchas cárceles a solo 1 m2, en vez de los 6 m2 que recomiendan las normas, y el hecho de que algunos detenidos se vean forzados a dormir en el piso; que no se hayan construido nuevos centros de reclusión y pocos se hayan renovado; que la relación entre reclusos y personal no haya mejorado debido a las restricciones presupuestarias; que el Ombudsman haya destacado en 2009 la necesidad de reformas en el sistema penitenciario, expresando su preocupación porque los fondos destinados a la renovación de las cárceles en el marco de la Estrategia para la reforma de los lugares de reclusión (2009-2015) se vieran drásticamente reducidos en 2009 y 2010; y que las condiciones materiales como el acceso al agua potable, la higiene, la electricidad, el uso de los sanitarios, la calidad y la cantidad de la alimentación, las actividades provechosas y el ejercicio no sean conformes a las normas internacionales (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Intensifique la labor e incremente los fondos para adecuar las condiciones de vida en los centros de reclusión a las normas internacionales, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;

b) Acelere la aplicación y aumente los fondos de la Estrategia para la reforma de los lugares de reclusión (2009-2015) y del Programa para mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad, de 2010;

c) Apruebe plazos específicos para la construcción de nuevos centros penitenciarios y la renovación de los existentes, y aumente el número de funcionarios en todos los centros;

d) Incremente las asignaciones presupuestarias para los servicios básicos proporcionados a las personas privadas de libertad, incluidos el acceso al agua potable, la alimentación, la electricidad, la higiene y el saneamiento, y garantice que dispongan de suficiente luz natural y artificial, así como de calefacción y ventilación en las celdas; y preste apoyo psicosocial a los reclusos que requieran supervisión y tratamiento psiquiátricos.

El Comité invita al Estado parte a que utilice en mayor medida las alternativas a la reclusión, de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y a que reduzca el hacinamiento.

22)Preocupa al Comité la información de que siguen existiendo centros de reclusión subterráneos en cinco emplazamientos donde se mantiene a presos preventivos. Le inquieta el hecho de que algunas celdas carezcan de ventanas y, en algunos casos, tengan un espacio vital inferior a 1 m2 por recluso, mientras que otras no ofrezcan la posibilidad de hacer ejercicio al aire libre. Además, el Comité está preocupado por las condiciones de detención en numerosas comisarías de policía donde las celdas no cumplen las normas internacionales en materia de higiene y no son aptas para pernoctar, y por que, en algunos casos, las personas detenidas pasan las primeras 24 horas en una zona con barrotes denominada la "jaula", a veces manifiestamente a la vista de las personas que acuden a la comisaría. Aunque toma nota de que se ha prohibido la práctica de esposar a los detenidos a los barrotes y a las cañerías, preocupa al Comité la información que señala que se ha mantenido a algunos detenidos esposados a elementos fijos como radiadores y tuberías o a una silla hasta seis horas (art. 11).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas urgentes para asegurar que los presos preventivos en centros de reclusión y las personas detenidas en las comisarías de policía reciban un trato conforme con las normas internacionales, y lo insta a que construya nuevos centros de privación de libertad o adapte y renueve los existentes a fin de que ninguna persona esté recluida bajo tierra y se respeten las normas mínimas internacionales. Los centros de detención policiales deben disponer de un número suficiente de celdas aptas para pernoctar con las condiciones materiales adecuadas, como colchones y cobertores limpios, y una iluminación, ventilación y calefacción apropiadas.

b) Prohíba, tanto en la legislación como en la práctica, el uso de esposas para sujet ar a los detenidos a elementos fijos.

Violencia entre reclusos y muertes durante la privación de libertad

23)Al Comité le preocupa que el hacinamiento y la falta de personal favorezcan la violencia entre los reclusos, incluida la de carácter sexual, en los centros de privación de libertad, especialmente durante la noche; y que de los 3.161 casos de violencia ocurridos entre enero de 2007 y julio de 2011, solo se incoaran procedimientos de investigación con respecto a 22 casos. Considera preocupante que haya aumentado el número de denuncias de casos de violencia entre reclusos desde 2008, especialmente en 2011. También le preocupa la incidencia de la violencia sexual, que se denuncia pocas veces, incluida la violación, y de los casos de acoso y palizas que en ocasiones han dado pie a suicidios, así como el elevado número de muertes durante la reclusión, que oscila entre 40 y 50 al año (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Intensifique su labor de poner coto a la violencia entre los reclusos abordando los factores que contribuyen a ella, como el hacinamiento, la insuficiencia de personal , la falta de espacio y las condiciones materiales deficientes, la falta de actividades útiles, la disponibilidad de estupefacientes y la existencia de bandas rivales;

b) Preste atención a la protección de los presos, en particular los pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans, contra la violencia entre reclusos, y al perfil psicosocial de los reclusos y las personas que participan en los actos violentos, investigue los incidentes y castigue a los responsables;

c) Aumente el número de efectivos, en particular los que tienen formación en la gestión de la violencia entre los reclusos;

d) Aumente la calidad y la frecuencia de la supervisión y la vigilancia, especialmente durante la noche, mediante , entre otras cosas , la instalación de equipos adicionales de vigilancia por vídeo; y

e) Investigue de manera imparcial, minuciosa y rápida todos los casos de muerte durante la reclusión, incluidos los suicidios, dé a conocer públicamente los resultados de las investigaciones y enjuicie a los responsables de las violaciones que hayan ocasionado las muertes.

Internamiento en régimen de aislamiento y reclusos condenados a cadenaperpetua

24)Preocupa al Comité que los reclusos que hayan cometido una infracción disciplinaria sigan siendo internados hasta 14 días o 2 meses en régimen de aislamiento con el propósito de evitar fugas, atentados contra la vida de otras personas, incluso con resultado de muerte, y otros delitos. También preocupa al Comité que la legislación vigente establezca un régimen estricto de segregación durante el período inicial de cinco años impuesto por la condena para los reclusos que cumplen cadena perpetua y que estos deban permanecer esposados cuando se encuentren fuera de sus celdas. Al Comité le inquieta en especial que algunos solicitantes de asilo también sean sometidos a un régimen de aislamiento durante períodos prolongados (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que examine las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles , inhumanos o degradantes (A/66/268), que insta a los Estados a prohibir la aplicación del régimen de aislamiento como castigo, ya sea mediante una sentencia judicial o como medida disciplinaria, y recomienda que los Estados elaboren y apliquen sanciones disciplinarias alternativas para evitar la aplicación del régimen de aislamiento (párr.  84). El Comité recomienda que se reduzcan los períodos de confinamiento en régimen de aislamiento y las restricciones conexas. La práctica de internar a los solicitantes de asilo en régimen de aislamiento debe cesar de inmediato. El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de enmendar la legislación relativa al régimen estricto de segregación durante los cinco primeros años y la práctica de mantener esposados a los reclusos que cumplen cadena perpetua cuando se encuentren fuera de sus celdas. Dich os reclusos deben poder incorporarse al resto de la población penitenciaria.

Violencia doméstica

25)Preocupa al Comité la interpretación restrictiva del concepto de violencia doméstica y que el Código Penal no contemple ese fenómeno como un delito específico. Le preocupa también que, en caso de lesiones físicas leves o moderadas, las denuncias de violencia doméstica deban interponerlas las víctimas y que sean pocos los casos, en particular los que afectan a mujeres y niñas, que se llevan ante la justicia y en los que se castiga a los autores; que los casos suelan limitarse a violaciones de órdenes de protección dictadas normalmente para un mes; y que no existan mecanismos eficaces de protección contra la violencia doméstica, incluida la violación conyugal (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe modificar su legislación a fin de tipificar la violencia doméstica como un delito específico procesable de oficio en el Código Penal. Asimismo, debe intensificar su labor para prevenir dicho tipo de violencia, en especial contra las mujeres y las niñas, y alentar a las víctimas a denunciar los casos ante las autoridades. Todos los casos de violencia doméstica deben investigarse debidamente y los responsables deben ser enjuiciados y sancionados. Las órdenes de protección deben tener una mayor duración. El Estado parte debe introducir mecanismos de supervisión y de protección eficaz contra la violencia doméstica, en particular un mecanismo de denuncia efectivo.

Matrimonio precoz

26)Al Comité le preocupa la práctica de los matrimonios precoces y los matrimonios forzados de niñas romaníes, hasta de tan solo 11 años, que se realizan por cauces no oficiales (arts. 2 y 16).

El Estado parte debe aplicar la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio, estableciendo claramente que los matrimonios de niños carecen de validez legal y constituyen una práctica perjudicial, a la luz de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño y de la Recomendación general Nº 24 (1999) sobre el artículo 12 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se deben realizar campañas para sensibilizar a la opinión pública acerca de la prohibición de esos matrimonios, de sus nocivas consecuencias y de los derechos del niño. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a que aplique el requisito de inscribir todos los matrimonios en el registro a fin de comprobar su legalidad, y a que aplique estrictamente la prohibición de los matrimonios precoces, investigue los casos que puedan producirse y enjuicie a los responsables.

Trata de personas

27)El Comité toma nota del Programa nacional para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, y de las enmiendas al artículo IX del Código Penal, relativo a la trata de personas, pero expresa su inquietud por el hecho de que la pobreza y la exclusión social puedan hacer que las mujeres y los niños, sobre todo las mujeres y niñas romaníes, incluidas las embarazadas, sean vulnerables a la trata de personas (arts. 2, 3, 14 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su labor para luchar contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en particular para:

a) Prevenir la trata de personas y las prácticas conexas y para investigar con celeridad, rigor e imparcialidad los casos que puedan darse, y juzgar y castigar a los responsables;

b) Mejorar la identificación de las víctimas de la trata y proporcionarles medios de reparación efectiva, que incluyan indemnizaciones y rehabilitación, y ayudarlas a denunciar los casos a la policía, en particular ofreciéndoles asistencia letrada, médica y psicológica y servici os de rehabilitación, entre otro s medios , asegurándose de que tengan realmente acceso a los servicios de atención de la salud y de asistencia psicológica y a centros de acogida adecuados, de conformidad con el artículo 14 de la Convención;

c) Impedir el retorno de las víctimas de la trata a sus países de origen cuando existan motivos fundados para creer que corren el riesgo de ser sometidas a torturas, garantizando así el cumplimiento del artículo 3 de la Convención;

d) Impartir regularmente formación a los policías, los fiscales y los jueces sobre la prevención y la investigación de los casos de trata y el enjuiciamiento y castigo de sus autores, y sobre las garantías del derecho a estar representado por un abogado de propia elección, e informar a la opinión pública del carácter delictivo de esos actos; y

e) Cuando sea oportuno, compilar datos desglosados por nacionalidad, país de origen, etnia, sexo, edad y empleo, así como sobre la reparación obtenida.

Discriminación, incitación al odio y violencia contra grupos vulnerables

28)Si bien reconoce la posición adoptada por la autoridades al condenar públicamente las manifestaciones de discriminación e intolerancia, el Comité está profundamente preocupado por esas manifestaciones, incluida la incitación al odio y las agresiones a determinados grupos étnicos y religiosos minoritarios, y a personas pertenecientes a minorías sexuales. También inquieta al Comité el uso excesivo de la fuerza contra algunas minorías por parte de la policía, y los recientes disturbios contra los romaníes y la destrucción de bienes, en algunos casos sin que la policía adoptase ningún tipo de medida preventiva. Le preocupan asimismo los lemas que incitan al odio utilizados contra grupos minoritarios vulnerables, incluso por miembros de algunos partidos y grupos políticos, y el hecho de que la intolerancia hacia las minorías religiosas se haya traducido en actos de vandalismo contra lugares de culto y en agresiones a los fieles. El Comité toma nota de que se están investigando los recientes ataques a periodistas en relación con los disturbios contra los romaníes (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe hacer todo lo posible por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los romaníes y otras minorías nacionales mediante, entre otras cosas, campañas adicionales de sensibilización e información destinadas a fomentar la tolerancia y el respeto de la diversidad. Deben tomarse medidas para prohibir y prevenir la incitación al odio, la di scriminación y la intolerancia, en la esfera pública inclusive, de conformidad con las normas internacionales y los instrumentos de derechos humanos en los que Bulgaria es parte. También debe intensificar la aplicación de las leyes contra la discriminación y garantizar que los actos de violencia, discriminación e incitación al odio se investigue n, que se enjuicie sistemáticamente a los r esponsables y que los autores sea n condenados y castigados. Asimismo, debe aplicar sistemáticamente las disposiciones del Código Penal relativas a los delitos motivados por la intolerancia y asegurarse de que la discriminación se considere circunstancia agravante de los delitos en los enjuiciamientos penales. El Estado parte debe velar por que los miembros de la comunidad romaní no reciban un trato diferente por motivos étnicos en lo referente al empleo de la fuerza por la policía y por que el empleo excesivo de la fuerza contra los miembros de las minorías nacionales y de otras minorías se investigue sin dilación y de manera imparcial, y se enjuicie y castigue a los autores. Es necesario resarcir a las víctimas, a las que se deben proporcionar todos los recursos previstos en la Convención, incluidas indemnizaciones por los daños sufridos. El Comité pide información actualizada sobre los resultados de las investigaciones de las agresiones recientes a periodistas.

Reparación

29)El Comité toma nota de la información facilitada en el informe del Estado parte sobre el derecho de las personas cuyos derechos se hayan vulnerado a obtener reparación, incluidas indemnizaciones financieras, pero lamenta que no se hayan proporcionado más datos sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones sobre reparación en el caso de las personas que han sido víctimas de torturas o malos tratos, como las internadas en centros y asilos para personas con discapacidad mental, incluido un alto número de niños (art. 14).

El Estado parte debe reforzar las disposiciones sobre reparación, entre las que figuran las relativas a las indemnizaciones y la rehabilitación, a fin de resarcir a las víctimas, incluidas las que han sufrido torturas y malos tratos en esos centros, concediéndoles una indemnización justa y adecuada y proporcionándoles los medios necesarios para su rehabilitación en la medida de lo posible.

Castigos corporales

30)El Comité toma nota de que los castigos corporales están expresamente prohibidos en la legislación, pero expresa inquietud por la persistente falta de aplicación y señala que el Comité de los Derechos del Niño ha indicado que los niños siguen siendo objeto de castigos corporales en el hogar, la escuela, el sistema penal, las instituciones de cuidado alternativo y el empleo. Al Comité le preocupa que una encuesta realizada en 2009 revele que el 34,8% de los ciudadanos estén a favor de los castigos corporales, en algunos casos, en la crianza de los niños y que el 10,9% los consideren admisibles si los padres piensan que son eficaces. Le preocupa, en particular, que la utilización de los castigos corporales sea considerablemente mayor en las instituciones para niños con discapacidad y que varios casos de maltrato físico estén documentados en los expedientes personales de los niños (art. 16).

El Comité recomienda a l Estado parte que organice actividades de sensibilización destinadas a los profesionales y la opinión pública a fin de promover métodos positivos, participativos y no violentos para la crianza y la educación de los niños, y que adopte un enfoque integral para garantizar que se aplique de forma generalizada y todos conozcan la legislación que prohíbe los castigos corporales, incluidos los niños por lo que respecta a su derecho de protección contra todas las formas de castigo corporal. Los castigos corporales deben estar totalmente prohibidos en los contextos institucionales, en particular en los que atienden a niños con discapacidad. El Estado parte debe dar una respuesta efectiva y adecuada a los castigos corporales, que incluya la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores.

Reunión de datos

31)El Comité lamenta la falta de datos generales y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos y las condenas por casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes del orden, personal de seguridad, efectivos militares y personal penitenciario, así como sobre la trata y la violencia doméstica y sexual, y sobre los medios de reparación (arts. 2, 11, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe compilar los datos estadísticos que sean de interés para supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional, con inclusión de datos sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas por casos de tortura y malos tratos, trata y violencia doméstica y sexual, y sobre los medios de reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación, proporcionados a las víctimas.

32)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, en especial la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

33)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

34)Se invita al Estado parte a que actualice su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.81), de conformidad con los requisitos relativos a ese documento enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

35)El Comité pide al Estado parte que, antes del 25 de noviembre de 2012, facilite información sobre la aplicación de las recomendaciones que ha formulado relativas a garantizar o reforzar las salvaguardias jurídicas para las personas detenidas, realizar con celeridad investigaciones imparciales y efectivas, y enjuiciar a los sospechosos y castigar a los autores de torturas y malos tratos, como se indica en los párrafos 9, 10 y 28 del presente documento.

36)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el sexto, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. Para ello, el Comité invita al Estado parte a que, antes de esa fecha, acepte presentar su informe con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes, consistente en la transmisión por el Comité al Estado parte de una lista de cuestiones antes de la presentación del informe periódico. La respuesta del Estado parte a la lista de cuestiones constituirá su siguiente informe periódico al Comité, de conformidad con el artículo 19 de la Convención.

54.Djibouti

1)El Comité contra la Tortura (en adelante, "el Comité") examinó el informe inicial de Djibouti (CAT/C/DJI/1) en sus sesiones 1024ª y 1027ª (CAT/C/SR.1024 y 1027), celebradas los días 2 y 3 de noviembre de 2011, y aprobó en sus sesiones 1045ª y 1046ª (CAT/C/SR.1045 y 1046), los días 17 y 18 de noviembre de 2011, las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del informe inicial de Djibouti, que sigue en general sus directrices sobre la presentación de informes iniciales, y expresa su satisfacción por la franqueza de ese informe, en que el Estado parte reconoce diversas lagunas en la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, "la Convención"). Sin embargo, el Comité lamenta que el informe se haya presentado con siete años de retraso y se congratula por el diálogo sumamente franco que ha podido mantener con la delegación del Estado parte sobre los numerosos ámbitos que abarca la Convención.

B.Aspectos positivos

3)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte ha ratificado los instrumentos internacionales siguientes:

a)El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2002;

b)El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2002;

c)Los dos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2002;

d)La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en 2011; y

e)El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 2002.

4)El Comité celebra que, conforme a las disposiciones del artículo 37 de la Constitución, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado parte, incluida la Convención, sean jerárquicamente superiores a las leyes del derecho interno y puedan aplicarse directamente durante un procedimiento judicial nacional.

5)El Comité acoge con agrado el establecimiento, en agosto de 2011, de una Comisión de reformas jurídicas y judiciales encargada de modernizar la legislación y armonizarla con las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado parte, incluida la Convención.

6)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte abolió la pena de muerte en 1995.

7)El Comité valora que el Estado parte haya podido preparar y presentar sus informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas establecidos en virtud de los instrumentos de derechos humanos gracias al Comité interministerial de coordinación del proceso de preparación y presentación de informes a los órganos de tratados, con el apoyo técnico del ACNUDH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aún así, el Comité lamenta que esos informes hayan sido presentados con retraso.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y penalización de la tortura

8)El Comité observa que la Constitución de Djibouti prohíbe la tortura, los malos tratos y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes en su artículo 16, y toma nota del compromiso del Estado parte de modificar su derecho interno a la luz de las obligaciones establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos que ha ratificado y de introducir, en particular, una definición de tortura. No obstante, al Comité le sigue preocupando la falta de una definición explícita de la tortura en el Código Penal vigente en el Estado parte, así como la falta de disposiciones que tipifiquen como delito los actos de tortura, de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Convención (arts. 1 y 4).

El Estado parte debe incorporar en su Código Penal el delito de tortura , que ha de ser punible con penas adecuadas teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos, e incluir una definición de tortura que abarque todos los elementos enunciados en el artículo 1 de la Convención. Al nombrar y definir el delito de tortura de conformidad con la Convención y al distinguirlo de otros delitos, los Estados partes contribuirían directamente, a juicio del Comité, al objetivo fundamental de la Convención que consiste en prevenir y castigar los actos de tortura.

Tortura

9)El Comité observa con preocupación que el Estado parte reconoce que la policía de Djibouti ha cometido abusos en el ejercicio de sus funciones, en particular actos de tortura, y se muestra especialmente preocupado por el hecho de que estos casos no hayan sido objeto de investigaciones a fondo, lo cual ha contribuido a que esos delitos sigan impunes (arts. 2 y 12).

El Comité invita al Estado parte a que tome inmediatamente medidas concretas para investigar los actos de tortura y, dado el caso, enjuic iar y castigar a sus autores. Lo invita además a garantizar que los miembros de las fuerzas del orden no recurran a la tortura en ningún caso; a reafirmar pública y claramente la prohibición absoluta de la tortura; a condenar esta práctica, sobre todo por parte de la policía y el personal penitenciario; y a hacer saber claramente que toda persona que cometa tales actos , s ea cómplice de los mismos o participe en ellos será considerada personalmente responsable ante la ley, será objeto de acciones penales y será castigada con las penas adecuadas.

Impunidad por los actos de tortura y de malos tratos

10)El Comité toma nota de que el Estado parte reconoce que han ocurrido casos de tortura y que no han sido objeto de investigaciones ni enjuiciamiento. En particular, observa que falta información concreta sobre los procesos iniciados, las condenas pronunciadas o las sanciones disciplinarias impuestas a los agentes de policía o miembros del personal penitenciario declarados culpables de actos de tortura o de malos tratos. El Comité observa igualmente que el Estado parte reconoce que la debilidad de la legislación interna contribuye en parte a la impunidad (arts. 2, 4, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe asegurarse de que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean objeto inmediatamente de una investigación imparcial, a fondo y eficaz, y que los autores de esos actos sean enjuiciados y condenados a una pena proporcional a la gravedad de los actos cometidos, como exige el artículo 4 de la Convención, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias adecuadas. El Estado parte debe igualmente adoptar todas las medidas legislativas apropiadas para remediar totalmente esta impunidad.

Salvaguardias legales fundamentales

11)Al Comité le preocupa la disparidad que existe entre las salvaguardias legales fundamentales establecidas en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal y la puesta en práctica de esas salvaguardias desde el comienzo de la detención. También le siguen preocupando los informes relativos a la duración excesiva de la detención preventiva, así como la lentitud de los procedimientos. El Comité lamenta asimismo la falta de información sobre las salvaguardias legales fundamentales de que disfrutan las personas que padecen discapacidad mental, intelectual o física y la falta de un sistema completo de justicia juvenil centrado en la educación y la socialización de los niños en conflicto con la ley (art. 2).

El Estado parte debe tomar sin demora medidas eficaces para que todos los detenidos gocen en la práctica de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el comienzo de su detención. Conforme a las normas internacionales, esas salvaguardias deben incluir, en particular, el derecho de los detenidos a ser informados de los motivos de su detención, así como de los cargos formulados contra ellos; el derecho a tener pronto acceso a un abogado y, en caso necesario, a asistencia letrada; el derecho a ser sometidos a un examen médico independiente, realizado de ser posible por un médico de su elección; el derecho a avisar a un familiar; el derecho a comparecer sin demora ante un juez; y el derecho a solicitar a un tribunal que se pronuncie sobre la legalidad de la detención. El Estado parte debe velar por que se establezcan todas las salvaguardias legales fundamentales para las personas internadas en un establecimiento psiquiátrico.

El Estado parte debe también adoptar medidas para crear un sistema de justicia juvenil conforme a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ( Reglas de Beijing), aprobadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, y a las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), aprobadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

Vigilancia e inspección de los lugares de privación de libertad

12)El Comité se hace eco de la información facilitada por el Estado parte sobre la creación de un cuerpo penitenciario dentro de la Dirección de Legislación y Derechos Humanos, adscrita al Ministerio de Justicia Penal y Derechos Humanos. El Comité también observa la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las visitas que organiza a la prisión de Gabode, a las comisarías y brigadas de gendarmería y a otros centros de detención o reclusión, así como de la utilización de los datos reunidos durante esas visitas en los informes elaborados por la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Djibouti. No obstante, el Comité sigue preocupado por los esfuerzos insuficientes del Estado parte para garantizar de forma continuada la vigilancia y la inspección de los lugares de privación de libertad (arts. 2, 10, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que establezca un sistema nacional independiente y eficaz de supervisión e inspección de todos los lugares de privación de libertad y que vele por dar un seguimiento sistemátic o a los resultados de esta supervisión. El Estado parte debe también reforzar su cooperación con las ONG , a las que debe prestar un mayor apoyo para permitir que ejerzan una supervisión independiente de las condiciones de detención en los centros de privación de libertad.

Se pide al Estado parte que en su próximo informe periódico presente información detallada sobre los lugares, las fechas y la frecuencia de las inspecciones, en particular de las inspecciones sin previo aviso efectuadas en los centros de privación de libertad, así como sobre las conclusiones y el seguimiento dado a los resultados de esas inspecciones.

Institución nacional de derechos humanos

13)El Comité observa con satisfacción el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada en particular de efectuar visitas a los lugares de privación de libertad y de examinar las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos. Lamenta, sin embargo, que esta Comisión no se ajuste a los Principios relativos al estatuto y el funcionamiento de las instituciones nacionales para la protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París, anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General). Entre otras cosas, sus miembros, incluidos su Presidente y Vicepresidente, son designados por el Presidente de la República, lo que pone en duda su independencia (art. 2).

El Estado parte debe reforzar la función y el mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular la de llevar a cabo visitas regulares y sin previo aviso a los lugares de privación de libertad para formular conclusiones y recomendaciones independientes. Debe también conceder la debida importancia a las conclusiones a que haya llegado esta Comisión sobre las denuncias individuales presentadas y comunicar esas conclusiones a la Fiscalía General en los casos en que se hayan constatado actos de tortura o malos tratos. Se insta al Estado parte a que facilite información, inclu id o s datos estadísticos, sobre las denuncias examinadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas con presuntos casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que indique si estos casos se han comunicado a las autoridades competentes con miras a su enjuiciamiento.

El Comité alienta al Estado parte a que solicite la acreditación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el Comité Internacional de coordinación de las instituciones nacionales de derechos humanos para garantizar que se ajusta a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en particular por lo que respecta a la independ encia de la Comisión.

Investigaciones

14)Pese a las explicaciones dadas por el Estado parte durante el diálogo, el Comité sigue preocupado por:

a)La falta de una investigación a fondo de la detención de más de 300 personas durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 18 de febrero de 2011. Algunas personas habrían sufrido torturas y malos tratos en los locales de la gendarmería (arts. 12 a 14).

b)El caso de dos nacionales etíopes, el capitán Behailu Gebre y el Sr. Abiyot Mangudai, quienes el 11 de julio de 2005 fueron devueltos a Etiopía donde fueron mantenidos en detención y torturados. El Comité observa con inquietud que, según la información recibida, esas personas no tuvieron acceso a un recurso que les permitiera impugnar la devolución. Al Comité también le preocupa el hecho de que el Estado parte no haya realizado ninguna investigación completa y eficaz de este caso. Además, el Comité observa con preocupación que Djibouti no ha respondido a los llamamientos de urgencia enviados por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a este respecto. En consecuencia, agradecería al Estado parte que le informase sobre esta cuestión (arts. 12 a 14).

c)El caso del nacional yemení Mohammed al-Assad. Según las informaciones de que dispone el Comité, habría sido detenido en régimen de incomunicación en Djibouti durante dos semanas antes de ser trasladado al Afganistán, donde habría sido objeto de torturas, incluido un régimen de aislamiento extremo sin contacto humano, sometido a una música constante a un elevado volumen, expuesto a luz artificial 24 horas al día, al frío y a manipulación dietética. El Comité observa que este caso está actualmente siendo examinado por el sistema africano de derechos humanos, en concreto la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

El Estado parte debe iniciar sin demora investigaciones independientes, imparciales y a fondo sobre l os incidente s mencionado s a fin de que comparezcan ante la justicia los posibles autores de violaciones de la Convención. El Comité recomienda que estas investigaciones las lleven a cabo expertos independientes encargados de examinar todas las informaciones a fondo, sacar conclusiones sobre los hechos y sobre las medidas adoptadas y otorgar a las víctimas y a sus familias una indemnización adecuada, que incluya los medios necesarios para una rehabilitación lo más completa posible. Se pide al Estado parte que facilite al Comité en su próximo informe periódico información detallada sobre los resultados a que se haya llegado en estas investigaciones.

El Estado parte debe a prob ar un marco legislativo que reglamente la expulsión, la devolución y la extradición con el fin de cumplir la obligación contraída en virtud d el artículo 3 de la Convención. La expulsión, la devolución y la extradición de personas, incluidas las que se encuentran en situación irregular, deben derivarse de una decisión judicial adoptada tras un examen minucioso del riesgo de tortura incurrido en cada caso, y poder ser objeto de recurso con efecto suspensivo. Deben revisarse los términos de los acuerdos de cooperación en materia de asistencia judicial con los países vecinos para asegurar que el traslado de un detenido hacia uno de los Estados signatarios se desarrolle en el marco de un procedimiento judicial y respetando estrictamente el artículo 3 de la Convención.

Mecanismos de denuncia

15)Pese a las informaciones facilitadas en el informe del Estado parte sobre la posibilidad que se ofrece a los reclusos y detenidos de presentar denuncias a la Fiscalía General, al Fiscal General de la República, al juez de instrucción o al Presidente de la cámara de acusación, según los casos, o a la dirección de la administración penitenciaria del Ministerio de Justicia, el Comité lamenta la falta de un mecanismo especializado independiente y eficaz habilitado para recibir denuncias e investigar de manera rápida e imparcial las alegaciones de tortura, en particular de los reclusos y detenidos, y para tomar medidas con el fin de que los responsables sean castigados. El Comité también toma nota de la falta de información, en particular de estadísticas, sobre el número de denuncias de actos de tortura y malos tratos y sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones penales incoadas y las sanciones impuestas, tanto penales como disciplinarias, a los autores de esos actos (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe tomar medidas concretas para establecer un mecanismo de denuncia independiente y eficaz, destinado específicamente a recibir las denuncias de tortura y de malos tratos cometidos por miembros de las fuerzas del orden, los servicios de seguridad, los militares y los funcionarios de la administración penitenciaria, con el mandato de investigar sin demora y de manera imparcial esas denuncias e inco ar ac tua ciones penales contra los responsables. También debe tomar medi d as para que, en la práctica, las personas que presenten denuncias sean protegidas contra los malos tratos o los actos de intimidación de que pudieran ser objeto en razón de su denuncia o su testimonio.

El Comité insta al Estado parte a que indique si los actos de tortura y malos tratos dan lugar a investigaciones y acciones judiciales de oficio, y a que facilite información, en particular datos estadísticos, sobre el número de denuncias de torturas y malos tratos presentadas contra agentes del Estado, así como información sobre el resultado de los procedimientos iniciados, tanto penales como disciplinarios. Estos datos deben desglosarse por sexo y edad del autor de la denuncia y precisar qué autoridad ha llevado a cabo la investigación.

Refugiados y solicitantes de asilo

16)Al Comité le preocupa el hecho de que la Comisión nacional sobre el derecho de asilo no funcione de manera adecuada y que los solicitantes del estatuto de refugiado o de asilo pasen demasiado tiempo en una situación jurídicamente indefinida y bajo la amenaza de expulsión. Observa además con inquietud que el Estado parte no se ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) ni a la Convención para reducir los casos de apatridia (1961) (arts. 3 y 16).

El Estado parte debe velar por que la Comisión nacional sobre el derecho de asilo funcione de manera adecuada y que las personas objeto de una orden de expulsión puedan recurrir estas decisiones ante los tribunales.

El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención para reducir los casos de apatridia.

Condiciones de detención

17)El Comité toma nota de los compromisos asumidos por el Estado parte durante el diálogo que mantuvo con él en cuanto a mejorar las condiciones de los centros de detención, en particular mediante la renovación o la construcción de algunos edificios en la prisión central de Gabode, y la reapertura y rehabilitación de prisiones en las regiones. Asimismo, toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar el acceso a los servicios de salud. No obstante, sigue profundamente preocupado por las informaciones recibidas, que el Estado parte también ha confirmado, sobre el hacinamiento carcelario, las malas condiciones higiénicas y de salubridad, así como la falta de agua y de una alimentación adecuada (arts. 11 y 16).

El Estado parte debe tomar urgentemente medidas adecuadas para asegurar que las condiciones de detención en las comisarías, las prisiones y otros centros de privación de libertad se ajusten a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como a otras normas pertinentes aprobadas, y en particular para :

a) Reducir el hacinamiento en las prisiones, especialmente considerando la aplicación de formas de castigo no privativas de libertad conforme a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio);

b) Mej orar la calidad y cantidad de lo s alimentos y el agua ofrecido s a los reclus os, tanto en prisión preventiva como condenados;

c) Reforzar la supervisión judicial de las condiciones de priva ción de libertad ;

d) Velar por que los menores, en prisión preventiva o condenados, estén separados efectivamente de los adultos conforme a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ( Reglas de Beijing), aprobadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, y a las Reglas de las Naciones Unidas para la p rotección de los menores privados de libertad, aprobadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

18)El Comité toma nota de la afirmación escrita del Estado parte según la cual "el ordenamiento legislativo y reglamentario de Djibouti reconoce el derecho a reparación y a una indemnización equitativa de toda víctima de la tortura" (CAT/C/DJI/1, párr. 181). No obstante, preocupa al Comité que sin una definición jurídica de tortura, cualquier reparación e indemnización equitativas resulten difíciles. El Comité lamenta igualmente la escasez de decisiones de los tribunales en que se hayan concedido indemnizaciones a las víctimas de actos de tortura y malos tratos, o a sus familias así como la falta en Djibouti de programas de rehabilitación de las víctimas de la tortura (art. 14).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para ofrecer a las víctimas de actos de tortura y malos tratos una reparación, bajo la forma de una indemnización justa y adecuada, así como la rehabilitación más completa posible sobre la base de una definición clara de la tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención. D ebe también facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización ordenadas por los tribunales en favor de las víctimas de actos de tortura o de sus familias. Además, deberá facilitar información sobre los programas existentes de rehabilitación de las víctimas de actos de tortura y malos tratos y destinar recursos suficientes para garantizar su ejecución efectiva.

Formación

19)El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte en su informe y durante el diálogo con respecto a la formación, los seminarios y los cursos de derechos humanos organizados para jueces, fiscales, policías, personal penitenciario y militares. Al Comité le preocupa, sin embargo, la información que figura en los párrafos 126 y 130 del informe sobre la falta de prohibición expresa de la tortura en la formación impartida al personal de la policía nacional, así como en la formación impartida a los funcionarios y agentes pertenecientes a las administraciones y a los servicios públicos (art. 10).

El Estado parte debe seguir elaborando programas de formación y reforzar los que ya existen, a fin de que el conjunto de funcionarios, en particular los jueces, los miembros de las fuerzas del orden, los agentes de seguridad, los militares, los agentes de los servicios de información y el personal penitenciario conozcan bien las disposiciones de la Convención y, en particular, tomen conciencia plenamente de la prohibición absoluta de la tortura, y sepan que las violaciones de la Convención no se tolerarán, sino que darán lugar inmediatamente a investigaciones imparciales y los autores de esas violaciones serán enjuiciados.

Por lo demás, todo el perso nal pertinente, en particular la s personas mencionadas en el artículo 10 de la Convención, deberá recibir una formación específica para aprender a detectar los indicios de tortura y malos tratos. Esa formación deberá, en particular, contener una iniciación en la utilización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), publicado por las Naciones Unidas en 2004. El Estado parte debe ad emás evaluar la eficacia y el impacto de esos programas educativos y de capacitación.

Confesiones obtenidas mediante tortura

20)El Comité observa que las declaraciones obtenidas bajo tortura no pueden ser invocadas como prueba durante los procedimientos, y que el Estado parte reconoce que son "actos considerados nulos" o compromisos "obtenidos bajo coacción". No obstante, el Comité sigue preocupado al comprobar que la legislación no contiene una prohibición explícita de la obtención de confesiones mediante coacción y, por consiguiente, que las disposiciones actualmente en vigor son insuficientes para aplicar la Convención (art. 15).

El Estado parte debe tratar de armonizar las normas probatorias de carácter procesal con el artículo 15 de la Convención a fin de prohibir explícitamente las confesiones obtenidas mediante tortura.

Violencia contra la mujer y prácticas tradicionales nocivas

21)El Comité celebra que la práctica de la mutilación genital femenina sea en un delito penal desde 1995, al haberse incluido el artículo 333 en el Código Penal del Estado parte. Este último ha reconocido que las disposiciones de ese artículo no se aplicaban debido a la falta de denuncias presentadas contra esta práctica. Al Comité le inquieta que la mutilación genital femenina siga siendo una práctica muy extendida, en particular que haya numerosos casos de infibulación, forma extrema de dicho tipo de mutilación, sobre todo en las zonas rurales. Le sigue preocupando también que los casos de mutilaciones generalmente no se denuncien, a consecuencia de lo cual no den lugar a acciones penales ni a sanciones (arts. 2, 10 y 16).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por prevenir, combatir y castigar la violencia contra las mujeres y los niños y las prácticas tradicionales nocivas, en particular en las regiones rurales. E l Comité hace suyas las recomendaciones dirigidas al Estado parte con motivo del examen periódico universal de Djibouti (A/HRC/11/16, párrs. 67.18, 67.25, 68.3 y 68.8), al igual que las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, párrs. 18 y 19) y del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/DJI/CO/2, párr. 56). Además, e l Estado parte debe garantizar a las víctimas servicios de rehabilitación, aunque también jurídicos, médicos y psicológicos, así como una indemnización. También debe crear las condiciones adecuadas para que las víctimas denuncien las prácticas tradicionales nocivas de que sean objeto , así como los casos de violencia en el hogar y de violencia sexual sin temor a represalias o a estigmatización. Asimismo, debe impartir formación a los jueces, fiscales, miembros de la policía y autoridades locales sobre la estricta aplicación del Código Penal y sobre el carácter delictivo de las prácticas tradicionales nocivas y otras formas de violencia contra la mujer.

En general, el Estado parte debe lograr que su derecho consuetudinario y sus prácticas consuetudinarias sean compatibles con las obligaciones en el ámbito de los derechos humanos, en particular los que se derivan de la Convención. D ebe explicar también las relaciones jerárquicas existentes entre el derecho consuetudinario y el derecho interno, en particular en lo que respecta a las diferentes formas de discriminación contra la mujer .

El Comité también pide al Estado parte que detalle en su próximo informe , apoyándose en datos estadísticos el número de denuncias, investigaciones, acciones penales y condenas pronunciadas a este respecto y las penas impuestas a las personas declaradas culpables de un comportamiento delictivo relacionado con las prácticas tradicionales nocivas, incluido el asesinato, así como la asistencia prestada a las víctimas y las indemnizaciones concedidas.

Trata de personas

22)El Comité observa las medidas adoptadas por el Estado parte, como la tipificación de la trata de personas como delito, las actividades de formación y la creación de un Centro de Respuesta a la Migración en Obock, así como el establecimiento de un mecanismo de coordinación nacional encargado de luchar contra la trata de personas. No obstante, sigue preocupado por la amplitud de este fenómeno en el Estado parte.

El Estado parte debe inte nsificar su labor de prevenir y combatir la trata de personas, ofrecer protección y una indemnización a las víctimas , y garantizar su acceso a los servicios de rehabilitación, además de jurídicos, médicos y psicológicos. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia global de lucha contra la trata de personas y sus causas. El Estado parte debe además investigar todas las alegaciones de trata y asegurar que sus autores sean enjuiciados y condenados a penas apropiadas que tomen en consideración la gravedad de sus delitos. Se invita al Estado parte a que facilite información sobre las medidas adoptadas para prestar asistencia a las víctimas de la trata, así como datos estadísticos sobre el número de denuncias, investigaciones, acciones penales y condenas relacionadas con la trata.

Castigos corporales a los niños

23)El Comité observa con preocupación que los castigos corporales no están prohibidos cuando se trata de medidas de corrección en el seno de la familia, conforme a la interpretación de las disposiciones del Código Penal (1995), del Código de Familia (2002) y de la Constitución (art. 16).

El Estado parte debe considerar la posibilidad de modificar el Código Penal y el Código de Familia revisado con el fin de prohibir los castigos corporales en todas las situaciones, incluido en el seno de la familia, y de concienciar a la población respecto de otras formas de disciplina positivas, participativas y no violentas.

Recopilación de datos

24)El Comité lamenta no disponer de datos completos y detallados sobre las denuncias, las investigaciones, las acciones penales, las condenas y las medidas de reparación en los casos de tortura y malos tratos en que se han visto implicados las fuerzas del orden, el personal de seguridad, los militares y el personal penitenciario (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe recopilar datos estadísticos pertinentes sobre la supervisión de la aplicación de la Convención en el plano nacional, que incluyan las denuncias, las investigaciones, las acciones penales, las condenas y las medidas de reparación (indemnización y rehabilitación de las víctimas) relacionadas con los casos de tortura y malos tratos , y debe incluir estos datos en su próximo informe periódico.

25)El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros medios, autorizando las visitas, por ejemplo del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

26)El Comité, haciéndose eco del compromiso asumido por el Estado parte con motivo del diálogo que han mantenido, recomienda al Estado parte que ratifique lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

27)El Comité recomienda además al Estado parte que formule las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención a fin de reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias individuales de violación de la Convención.

28)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, en particular la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

29)El Comité alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales formuladas por este, en los idiomas pertinentes, por conducto de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

30)El Comité pide al Estado parte que le facilite, antes del 25 de noviembre de 2012, informaciones sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones destinadas a: 1) asegurar o reforzar las salvaguardias legales de las personas detenidas; 2) llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales y eficaces; 3) procesar a los sospechosos y sancionar a los autores de actos de tortura o de malos tratos; y 4) mejorar las condiciones de detención, según figuran en los párrafos 11,14, 15 y 17 del presente documento.

31)El Comité invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico, que será el segundo, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. Con este fin, el Comité invita al Estado parte a que acepte, antes del 25 de noviembre de 2012, presentar su informe según el procedimiento facultativo, que consiste en la transmisión por el Comité de una lista de cuestiones al Estado parte, previa al informe periódico. La respuesta del Estado parte a esta lista de cuestiones previas constituirá el próximo informe periódico del Estado parte, conforme al artículo 19 de la Convención.

55.Alemania

1)El Comité contra la Tortura examinó el quinto informe periódico de Alemania (CAT/C/DEU/5) en sus sesiones 1028ª y 1031ª (CAT/C/SR.1028 y 1031), celebradas los días 4 y 8 de noviembre de 2011. En sus sesiones 1046ª y 1047ª (CAT/C/SR.1046 y 1047), celebradas el 18 de noviembre de 2011, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del quinto informe periódico del Estado parte, pero lamenta que se haya realizado con una demora de más de dos años. Observa que dicho informe se ajusta en general a las directrices sobre la presentación de informes aunque carece de datos específicos desglosados por sexo, edad y nacionalidad, en particular acerca de los actos de tortura y malos tratos cometidos por miembros de las fuerzas del orden.

3)El Comité elogia al Estado parte por su amplia delegación interministerial, que incluía a representantes federales y de los Länder del Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, y expresa su aprecio por el diálogo sostenido entre la delegación y los miembros del Comité respecto de muchos temas de la Convención. Lo elogia también por haber respondido detalladamente por escrito a la lista de cuestiones antes del período de sesiones, para facilitar el examen del informe del Estado parte.

B.Aspectos positivos

4)El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 14 de junio de 2006;

b)El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 14 de junio de 2006;

c)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 4 de diciembre de 2008;

d)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 24 de febrero de 2009;

e)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 24 de febrero de 2009;

f)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 15 de julio de 2009;

g)La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el 24 de septiembre de 2009.

5)El Comité celebra también que se haya promulgado la siguiente legislación:

a)La Ley federal de control parlamentario de los servicios de inteligencia, que entró en vigor el 30 de julio de 2009;

b)La Ley federal de detención preventiva de enero de 2011, que prescribe que la detención preventiva solo debe aplicarse como último recurso, de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad.

6)El Comité expresa su satisfacción por el establecimiento del Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, integrado por el Organismo Federal y por la Comisión Mixta de los Länder, con el mandato de actuar como mecanismo nacional independiente de prevención, con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

7)El Comité acoge favorablemente el proyecto conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados, destinado a identificar a los solicitantes de asilo que son víctimas potenciales de la trata.

8)El Comité observa la existencia de una sociedad civil dinámica que contribuye considerablemente a la vigilancia de la tortura y los malos tratos, facilitando así la aplicación efectiva de la Convención en el Estado parte.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de la tortura y su tipificación como delito

9)El Comité celebra la existencia del Código de Delitos contra el Derecho Internacional del Estado parte que tipifica, entre otras cosas, el delito de tortura en situaciones de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No obstante, expresa su grave preocupación por la falta de disposiciones que tipifiquen adecuadamente los actos de tortura en el contexto del derecho penal general, ya que las disposiciones del Código Penal (incluido el artículo 340, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 224) y del Código Penal Militar (arts. 30 y 31) no sancionan adecuadamente el hecho de infligir dolor o sufrimientos físicos o mentales, como prescribe el artículo 1 de la Convención. Además, si bien observa los datos sobre las investigaciones de presuntos delitos cometidos por miembros de las fuerzas del orden, el Comité lamenta que no quede claro cuáles denuncias de malos tratos infligidos por funcionarios públicos, si se demuestra su veracidad, equivaldrían a una tortura con arreglo a la definición del artículo 1 de la Convención, o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el artículo 16 de la Convención (arts. 1 y 4).

El Estado parte debe incluir la tortura como delito específico en su derecho penal general y hacer que su definición comprenda todos los elementos del artículo 1 de la Convención. Según la Observación general Nº 2 (2007) del Comité relativa a la aplicación por los Estados partes del artículo 2, el Estado parte debe aclarar qué incidentes de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas del orden, comunicados en la respuesta del Estado parte a la lista de cuestiones, equivalen a torturas o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para que el Estado parte pueda determinar más fácilmente si se aplica la Convención y en qué condiciones, y para facilitar la supervisión del Comité.

10)El Comité observa con preocupación que el Estado parte no conoce ningún caso en que se haya invocado y aplicado directamente la Convención en los tribunales nacionales (arts. 2 y 10).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para dar a conocer la Convención a todas las autoridades públicas, incluidas las judiciales, facilitando con ello la aplicación directa de la Convención en los tribunales nacionales, a nivel tanto federal como de los Länder, y que en su próximo informe periódico facilite información actualizada sobre casos ilustrativos.

11)Aunque le satisface que el Código Penal Militar prevea la sanción de los malos tratos y el trato degradante por parte de los mandos superiores, que viene a sumarse a las eventuales sanciones que contempla el Código Penal por "causar lesiones corporales graves" o "causar lesiones en el ejercicio de un cargo público", al Comité le preocupa la lenidad de las sanciones previstas en el Código Penal Militar, que van de seis meses a cinco años, aun cuando estos actos pueden ocasionar grave dolor o sufrimiento (art. 4).

El Estado parte debe modificar su Código Penal Militar a fin de que los delitos de tortura en el ejército se castiguen con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad, de conformidad con el artículo 4 de la Convención y con la jurisprudencia pertinente del Comité.

Obligaciones de la Federación y de los Länder

12)Al tiempo que toma nota de la reforma constitucional de 2006, por la que se transfirió la responsabilidad de la legislación penitenciaria del plano federal al de los Länder, sigue preocupando al Comité el hecho de que el nivel de protección contra la tortura y los malos tratos es más alto a nivel federal que en los Länder. Es el caso en particular de la coerción física ( Fixierung ). También le inquieta la falta de claridad respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno federal para garantizar el cumplimiento de la Convención en los Länder (art. 2).

Como quiera que en derecho internacional la República Federal de Alemania es un Estado parte, que ha asumido la obligación de aplicar íntegramente la Convención en el plano nacional, el Comité le recomienda que proporcione orientación y asistencia a los distintos Länder para que adopten y apliquen medidas legislativas y políticas a fin de que, en el contexto de la actividad de las fuerzas del orden, la protección de los derechos humanos sea la misma a nivel federal que en los Länder, y para armonizar las medidas adoptadas por estos con objeto de que las normas y salvaguardias previstas en la Convención estén igualmente protegidas y aplicadas en todos ellos.

Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura

13)Al Comité le preocupa la insuficiencia del personal y los recursos financieros y técnicos proporcionados al Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, incluido el Organismo Federal para la Prevención de la Tortura y la Comisión Mixta de los Länder; en consecuencia, actualmente los lugares de detención solo pueden visitarse una vez cada cuatro años, lo que impide el cumplimiento adecuado del mandato de supervisión de esos organismos (arts. 2 y 12). Además, al Comité le inquieta la información facilitada por el Estado parte de que la Comisión Mixta de los Länder, en algunos casos, debe anunciar a las autoridades correspondientes su intención de visitar los centros de detención para poder acceder a ellos.

El Comité recomienda al Estado parte que proporcione recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos suficientes al Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, a fin de que pueda cumplir sus funciones de manera efectiva y con independencia, de conformidad con el artículo 18 , párrafo 3, del Protocolo Facultativo de la Conven ción y con las Directrices Nos. 11 y 12 del Subcomité para la Prevención de la Tortura, y que garantice su acceso regular y oportuno a todos los lugares de detención a nivel federal o de los Länder sin necesidad de solicitar a las autoridades correspondientes que autoricen la visita.

14)El Comité, aunque felicita al Organismo Nacional por sus recomendaciones destinadas, entre otras cosas, a mejorar las condiciones de la coerción física, las exigencias en cuanto a las prendas que llevan los reclusos en las celdas de seguridad especial o los requisitos técnicos de las nuevas celdas de detención en la prisión de Brandenburgo, observa con inquietud que el público desconoce las recomendaciones del Organismo Nacional y las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar su aplicación. Al Comité le preocupan también los informes según los cuales no se ha establecido una cooperación entre la Comisión Mixta de los Länder y los organismos existentes, incluidos los comités de peticiones que en algunos Länder están facultados a hacer visitas sin aviso previo a los lugares de detención (arts. 2 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Dé a conocer al público y distribuya regularmente, utilizando todos los medios adecuados de comunicación, las recomendaciones aprobadas por el Organismo Nacional para mejorar las condiciones en los lugares de detención y las medidas arbitradas por el Estado parte para asegurar la aplicación efectiva de esas recomendaciones;

b) Haga una compilación de las mejores prácticas del Organismo Nacional e imparta la formación pertinente a su personal; y

c) Establezca la cooperación entre la Comisión Mixta de los Länder y los organismos existentes en estos , en particular los comités de peticiones cuyo mandato comprende la realización de visitas preventivas a los lugares de detención .

Trata de personas

15)El Comité observa con interés los programas de cooperación entre las autoridades federales y de los Länder, así como las organizaciones religiosas y de la sociedad civil, para prestar asistencia a las víctimas de la trata, y ve con agrado el ejercicio de la jurisdicción universal respecto de los delitos de trata con fines de explotación sexual y laboral, de conformidad con la sección 6 del Código Penal. Sin embargo, le preocupa mucho la afirmación del Estado parte de que hay un "agujero negro" de casos de trata no detectados, que se evidencia en el bajo número de delitos de este tipo registrados por la policía, en comparación con las estimaciones no gubernamentales. Según fuentes de ONG, se presume que unas 15.000 personas, incluidos niños, han sido introducidas en el Estado parte desde diversos países europeos, asiáticos y africanos para forzarlas a trabajar en la industria del sexo, adoptarlas ilegalmente o hacerlas trabajar en los sectores de servicios (arts. 2, 3, 12, 14 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Prevenga e investigue con diligencia, exhaustividad e imparcialidad, enjuicie y sancione la trata de personas y otras prácticas análogas;

b) Proporcione medios de reparación a las víctimas de la trata, incluida la ayuda a las víctimas para que denuncien estos casos a la policía, en particular mediante la prestación de asistencia y rehabilitación jurídica, médica y psicológica, así como la creación de los refugios adecuados, de conformidad con el artículo 14 de la Convención;

c) Impida el regreso de las personas víctimas de la trata a sus países de origen cuando haya razones fundadas para creer que correrían peligro de ser sometidas a torturas en esos países, para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención;

d) Organice actividades periódicas de formación de la policía, los fiscales y los jueces respecto de la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción efectivos de los actos de trata, incluida la garantía del derecho a estar representado por un abogado de libre elección, e informe al público en general del carácter penal de esos actos;

e) Compile datos desglosados, según proceda, por nacionalidad, país de origen, etnia, género, edad y sector laboral , y sobre la reparación proporcionada.

Medios de coerción física ( Fixierung )

16)El Comité acoge con agrado la información facilitada por el Estado parte según la cual, desde la visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) al Estado parte en 2005, la policía federal se ha abstenido de utilizar medios de coerción física ( Fixierung ), y en los Länder la práctica del Fixierung solo se ha utilizado como último recurso. Sin embargo, sigue preocupando al Comité la afirmación del Estado parte de que a largo plazo no será posible abandonar la práctica del Fixierung en todos los ámbitos aparte de los médicos en los Länder, como recomendó el Comité Europeo contra la Tortura, y la falta de información sobre la aplicación uniforme de los principios y normas mínimas del Comité Europeo contra la Tortura en relación con el Fixierung (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a regular estrictamente el uso de la coerción física en las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los centros de detención de menores y los centros de detención de extranjeros, a fin de reducir gradualmente esta práctica hasta su desaparición en todas las circunstancias ajenas al ámbito médico. El Estado parte debe proporcionar una formación adecuada a los miembros de las fuerzas del orden y a otros funcionarios públicos, armonizar los medios permisibles de coerción física en todos los Länder y velar por que en todos los establecimientos se respeten los principios y normas mínimas formulados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en relación con el Fixierung .

Detención preventiva

17)El Comité toma nota del fallo de 4 de mayo de 2011 del Tribunal Constitucional Federal, según el cual son inconstitucionales todas las disposiciones del Código Penal y de la Ley de los tribunales de menores sobre la imposición y la duración de la detención preventiva, y se felicita de que las autoridades federales y de los Länder hayan empezado a aplicar esta norma. No obstante, observa con pesar que, según se informa, más de 500 personas siguen estando detenidas preventivamente, algunas de ellas desde hace más de 20 años (arts. 2 y 11).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Adapte y modifique sus leyes sobre la base de la decisión del Tribunal Constitucional Federal, a más tardar el 31 de marzo de 2013, como solicitó el Tribunal, para reducir al mínimo los riesgos derivados de la detención preventiva; y

b) Tome todas las disposiciones necesarias, en el intervalo, para poner en práctica las medidas institucionales solicitadas en la decisión del Tribunal, en particular la puesta en libertad de las personas en detención preventiva, la imposición menos frecuente de esta medida y la reducción de su duración, y tenga en cuenta las disposiciones de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) cuando conciba medidas alternativas a la detención preventiva.

Acceso a los mecanismos de denuncia

18)Al Comité le preocupa la información según la cual las presuntas víctimas de malos tratos infligidos por la policía no conocen los procedimientos de denuncia, excepto para presentar sus denuncias a la policía que, en algunos casos, se ha negado a aceptar las alegaciones de comportamiento indebido de sus agentes. Inquietan asimismo al Comité los casos de que ha tenido conocimiento de malos tratos de personas en situación de vulnerabilidad que no han querido denunciar a la policía por miedo de que esta los denunciara a su vez o tomara otras represalias (arts. 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas adecuadas para:

a) Garantizar la disponibilidad y la amplia publicidad de la información sobre la posibilidad de presentar denuncias contra la policía y el procedimiento para hacerlo mediante , entre otras cosas , la exposición visible de esta información en todas las comisarías de policía a nivel federal y de los Länder; y

b) Asegurarse de que todas las denuncias de comportamientos indebidos de la policía sean oportunamente evaluadas e investigadas, incluidos los casos de intimidación o represalias, especialmente contra personas vulnerables, como consecuencia de denuncias de malos tratos por la policía.

Investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas

19)El Comité agradece la información facilitada por el Estado parte sobre las medidas adoptadas por el Gobierno federal y los Länder a fin de que las investigaciones de denuncias de comportamientos delictivos de la policía se lleven a cabo con diligencia e imparcialidad. Sin embargo, se muestra preocupado por que las denuncias de torturas, malos tratos y uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía a nivel federal sigan siendo investigadas por las fiscalías públicas y la policía bajo la supervisión de esas fiscalías. Al Comité le preocupa también particularmente que varios incidentes de presuntos malos tratos de la policía, señalados durante el diálogo con el Estado parte, no se hayan investigado de manera diligente, independiente y exhaustiva y que, en algunos de esos casos, la dependencia de la policía federal a la que pertenecía el agente de policía acusado se encargase de una parte de la investigación. En consecuencia, el Comité expresa de nuevo su inquietud por la falta de investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de malos tratos a nivel federal y en algunos Länder (arts. 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tome todas las medidas pertinentes a nivel federal y de los Länder para que todas las denuncias de torturas y malos tratos de la policía sean investigadas con diligencia y de manera exhaustiva por órganos independientes, y que no haya nexos institucionales o jerárquicos entre los investigadores y los presuntos responsables de la policía; y

b) Proporcione al Comité sus comentarios sobre los casos concretos de malos tratos de la policía, mencionados durante el diálogo con el Estado parte .

Personas intersexuales

20)El Comité toma nota de la información recibida en el curso del diálogo en el sentido de que el Consejo de Ética se ha comprometido a revisar los informes sobre las prácticas de alteración quirúrgica sistemática de los niños nacidos con órganos sexuales que no se pueden clasificar de masculinos o femeninos, llamados también personas intersexuales, con miras a evaluar y posiblemente modificar la práctica actual. No obstante, sigue preocupando al Comité que no se investiguen ni se apliquen medidas de reparación en los casos de extracción de gónadas y de realización de cirugía plástica de los órganos reproductivos, que conllevan la administración de medicación hormonal durante toda la vida del paciente y se han efectuado sin el consentimiento efectivo e informado de las personas interesadas o de sus tutores legales. Al Comité le preocupa asimismo la falta de disposiciones legales relativas a la reparación e indemnización en esos casos (arts. 2, 10, 12, 14 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que se apliquen efectivamente la s norma s jurídica s y médica s acorde s con las prácticas idóneas del consentimiento informado para los tratamientos médicos y quirúrgicos de las personas intersexuales, lo que supone ofrecer inform ación completa verbal y escrita sobre el tratamiento propuesto, su justificación y las posibles alternativas;

b) Abra una investigación sobre los casos de operaciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos de personas intersexuales que se han efectuado sin contar con el consentimiento efectivo de esas personas, y tome medidas legales para proporcionar reparación a las víctimas de esos tratamientos, incluida una indemnización adecuada;

c) Eduque y forme a los profesionales de la medicina y la psicología respecto de la diversidad sexual y la correspondiente diversidad biológica y física; y

d) Informe debidamente a los pacientes y a sus padres de las consecuencias de las operaciones quirúrgicas innecesarias y otras intervenciones médicas en personas intersexuales .

Los refugiados y la protección internacional

21)Si bien toma nota de la suspensión de las transferencias a Grecia con arreglo al Reglamento Dublín-II, debido a las lamentables condiciones de recepción, el Comité observa con preocupación que es muy improbable que las mencionadas deficiencias queden resueltas en la fecha límite de vigencia de la actual suspensión, el 12 de enero de 2012 (art. 3).

Se alienta al Estado parte a prorrogar la suspensión de las transferencias forzadas de solicitantes de asilo a Grecia en enero de 2012, salvo que la situación en el país de retorno mejore significativamente.

22)Aunque observa que las solicitudes de asilo correspondientes al Reglamento Dublín‑II pueden ser recurridas, al Comité le preocupa que, de conformidad con el artículo 34 a), párrafo 2, de la Ley de procedimientos de asilo de Alemania, la presentación de un recurso no surta efecto suspensivo de las decisiones impugnadas (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que derogue las disposiciones de la Ley de procedimientos de asilo que excluyen los efectos suspensivos de los recursos contra una decisión de transferir a un solicitante de asilo a otro Estado que participe en el sistema de Dublín.

23)El Comité toma nota de que los solicitantes de asilo no reciben asesoramiento antes de la celebración de una vista por las autoridades competentes y de que, en un recurso contra una decisión negativa, los honorarios del abogado solo se pagan si el recurso tiene probabilidades de prosperar según la apreciación sumaria del tribunal (arts. 3, 11 y 16).

El Comité exhorta al Estado parte a que garantice el acceso de los solicitantes de asilo a un asesoramiento independiente y gratuito a cargo de personal cualificado antes de la celebración de una vista por las autoridades competentes en materia de asilo y garantice el acceso a la asistencia letrada de los solicitantes de asilo necesitados después de una decisión negativa, siempre y cuando el recurso no carezca claramente de posibilidades de prosperar.

Internamiento en espera de la expulsión

24)El Comité observa una disminución del número y la duración de los internamientos de extranjeros. Sin embargo, le preocupa la información de que varios miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas y la mayoría de los afectados en los llamados "casos Dublín" sigan ingresando en centros de internamiento de los Länder directamente a su llegada, a veces durante períodos muy prolongados. Esa práctica es contraria a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, que regula el internamiento a efectos de expulsión como último recurso. Al Comité le inquieta especialmente que en varios Länder no existan procedimientos para identificar a los solicitantes de asilo vulnerables, como los refugiados traumatizados o los menores no acompañados, dado que no se practican reconocimientos médicos obligatorios al ingresar en el centro de internamiento, excepto para detectar la tuberculosis, ni reconocimientos sistemáticos para diagnosticar enfermedades mentales y trauma. Le preocupa asimismo la falta de instalaciones para alojar a los solicitantes de asilo separándolos de los presos preventivos, especialmente en el caso de las mujeres pendientes de expulsión (arts. 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Limite el número de solicitantes de asilo internados, incluidos los afectados por lo dispuesto en el Reglamento de Du blín, y la duración de su internamiento previo a la exp ulsión, respetando la Directiva 2008/115/CE de la Unión Europea;

b) Garantice que , a su ingreso en cualquier centro de detención de los Länder , se practiquen obligatoriamente reconocimientos médicos y un diagnóstico sistemático de enfermedades mentales o trauma a todos los solicitantes de asilo, incluidos los de casos previstos en el Reglamento de Dublín, por profesionales independientes y cualificados;

c) Cuando las autoridades encargadas del asilo observen indicios de tortura o trauma, hagan que un experto independiente practique un examen médico y psicológico y prepare un informe;

d) Proporcione a los solicitantes de asilo internados un alojamiento adecuado, separándolos de los presos preventivos en todos los centros de internamiento, en particular a las mujeres pendientes de expulsión.

Garantías diplomáticas

25)El Comité se hace eco de la sentencia del Tribunal Administrativo de Düsseldorf, de marzo de 2009, confirmada por el Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte‑Westfalia en mayo de 2010, acerca del caso de un nacional tunecino, considerado una amenaza para la seguridad nacional por las autoridades de Alemania, que no podía ser expulsado a Túnez a pesar de las garantías diplomáticas por considerarse que estas "no son vinculantes jurídicamente... y son por naturaleza poco fiables o verificables". Asimismo, observa la práctica de los Tribunales Superiores Regionales en materia de evaluación de las solicitudes de extradición a la luz de toda la información disponible, incluidos los casos de tortura y malos tratos. El Comité toma nota además de la afirmación del Estado parte de que desde 2007 no se aceptan las garantías diplomáticas; sin embargo, según el Estado parte "subsiste la posibilidad de aceptar garantías diplomáticas en casos de extradición en circunstancias pertinentes y excepcionales, y en particular cuando el riesgo de sufrir torturas o malos tratos es solamente de carácter general". Al Comité le preocupan también los informes según los cuales el reglamento de aplicación de la Ley de residentes, que tiene por objeto controlar la entrada, residencia y empleo de extranjeros en Alemania, prevé el uso de garantías diplomáticas en las expulsiones ordenadas por el Ministerio Federal del Interior por razones de seguridad nacional; otro motivo de preocupación es la falta de información actualizada sobre la aplicación de las garantías diplomáticas en este contexto (arts. 3 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que se abstenga de pedir y aceptar garantías diplomáticas de un Estado , tanto en el contexto de la extradición como en el de la deportación, cuando existan razones para creer que la persona corre el riesgo de sufrir tortura o malos tratos a su regreso al Estado en cuestión, porque estas garantías no aseguran que una persona no será torturada a su regreso, incluso si existen mecanismos de vigilancia tras el retorno.

Detención secreta y entregas extrajudiciales

26)El Comité expresa su satisfacción por la adopción de una nueva ley sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia, a raíz de la investigación parlamentaria de 2009 sobre la presunta participación del Estado parte en entregas extrajudiciales y la detención secreta de sospechosos de terrorismo. No obstante, observa con inquietud la poca claridad respecto de la aplicación por el Gobierno federal de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria de Investigación. El Comité también observa con inquietud que no se ha emprendido una investigación del Gobierno federal a raíz de la decisión adoptada en junio de 2009 por el Tribunal Constitucional, que determinó que el Gobierno no había cooperado plenamente con la investigación parlamentaria, lo que suponía una vulneración de la Constitución Federal. Asimismo, preocupa al Comité la falta de información del Estado parte acerca de las medidas concretas adoptadas para aplicar las recomendaciones del estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42) (art. 3).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas para cumplir las recomendaciones de la Comisión Parlame ntaria de Investigación de 2009 y las medidas arbitradas para dar comienzo a la investigación gubernamental federal sobre la presunta participación de miembros de las fuerzas del orden del Estado parte en programas de entrega y detención secreta de la CIA;

b) Publique el resultado de la investigación;

c) Tome todas las medidas necesarias para impedir que en el futuro se produzcan incidentes semejantes; y

d) Adopte medidas concretas para poner en práctica las recomendaciones del estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42).

Menores no acompañados

27)Si bien toma nota de la información según la cual el llamado "procedimiento aeroportuario" previsto en el artículo 18 de la Ley del procedimiento de asilo se aplica a los solicitantes de asilo procedentes de un país de origen seguro o que no poseen un pasaporte válido, al Comité le preocupan especialmente los informes de que el procedimiento aeroportuario se aplica continuamente a los menores no acompañados, incluidos aquellos cuyas solicitudes de asilo se han denegado, o que han sido privados de su condición de refugiado y pueden ser expulsados a los países de origen si no hay motivos razonables para creer que sufrirán torturas o malos tratos en esos países. También preocupa al Comité la falta de información sobre la posición del Estado parte en el contexto de los debates de la Unión Europea acerca de los menores sometidos al "procedimiento aeroportuario" (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Excluya a los menores no acompañados del procedimiento aeroportuario, como recomendó la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia;

b) Se asegure de que los menores no acompañados puedan gozar de los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño;

c) Proceda a la compilación y distribución pública de datos, desglosados por edad, sexo y nacionalidad, sobre el número de menores no acompañados que son expulsados por la fuerza del Estado parte; y

d) Participe activamente en el debate de la Unión Europea sobre esta cuestión, con miras a proteger a los menores no acompañados del riesgo de torturas y malos tratos.

Ejercicio de la jurisdicción

28)Al Comité le inquietan seriamente los informes según los cuales el Estado parte es remiso a ejercer su jurisdicción sobre las denuncias de torturas y malos tratos de personas en el extranjero, incluido el caso de Khaled El-Masri, lo que vulnera el artículo 5 de la Convención. Además, le preocupa la falta de información del Estado parte acerca de si Khaled El-Masri obtuvo reparación, incluida una indemnización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención (arts. 5 y 14).

Se insta al Estado parte a que se atenga al artículo 5 de la Convención que establece que los criterios para ejercer la jurisdicción no se aplican solamente a sus nacionales . El Estado parte debe informar también al Comité acerca de las reparaciones, incluida la indemnización correspondiente, proporcionadas a Khaled El-Masri, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención.

Formación de los miembros de las fuerzas del orden

29)El Comité toma nota de la formación dispensada a los miembros de las fuerzas del orden federales y de los Länder en lo referente a la Convención, las garantías constitucionales y el derecho penal y procesal público y nacional, pero expresa su preocupación por la falta de una formación específica sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) dirigida a todos los profesionales que participan directamente en la investigación y la documentación de las torturas, así como el personal médico y de otro tipo que trabaja con los detenidos y los solicitantes de asilo. Al Comité le preocupa también que la formación sobre el Protocolo de Estambul, que se iniciará el año próximo en todos los Länder, está orientada a la detección de los signos de tortura físicos, pero no psicológicos. Otro motivo de inquietud es la falta de formación sobre la prohibición absoluta de la tortura en el contexto de las instrucciones dadas a los servicios de inteligencia (arts. 2, 10 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que todos los miembros de las fuerzas del orden y el personal médico y de otro tipo que interviene en la detención, el interrogatorio o el tratamiento de personas sujetas a cualquier forma de detención, internamiento o encarcelamiento , y en la documentación e investigación de los casos de tortura, reciban regularmente formación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), que requiere la identificación de las secuelas físicas y psíquicas que afectan a las víctimas de la tortura;

b) Se asegure de que se imparta también formación al personal que interviene en los procedimientos de examen de las solicitudes de asilo, e introduzca en Internet las publicaciones y los instrumentos disponibles de formación sobre el Protocolo de Estambul; y

c) Incluya una referencia sistemática a la prohibición absoluta de la tortura en las instrucciones a los servicios de inteligencia.

Identificación de agentes de policía

30)Al Comité le preocupa la información del Estado parte de que los agentes de policía, con excepción de los de Brandenburgo y de Berlín, no están obligados a llevar consigo tarjetas de identidad que indiquen su número o su nombre mientras están en servicio, y que incluso en esos dos Länder se puede eximir a los agentes de policía de la obligación de llevar esas tarjetas, según el Estado parte para proteger su seguridad y sus intereses. Esta práctica parece haber obstaculizado muchas veces las investigaciones y la rendición de cuentas de los agentes de policía presuntamente responsables de infligir malos tratos, incluidos los incidentes de uso excesivo de la fuerza durante una manifestación. Según un estudio encargado por la Policía de Berlín, un 10% aproximadamente de los casos de presuntos malos tratos infligidos por la policía no pudieron aclararse ni enjuiciarse porque no se pudo identificar a los culpables (arts. 12, 13 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Sopese los intereses de los agentes de policía y de las víctimas potenciales de los malos tratos y se asegure de que los miembros de todos los Länder puedan identificarse de manera efectiva en todo momento cuando ejercen sus funciones de protección del orden público, y se les pida cuentas cuando hayan participa do en episodios de malos tratos; y

b) Determine los casos en que no ha habido investigaciones, mencionados durante el diálogo con el Estado parte, e informe al respecto al Comité.

Interrogatorios en el extranjero

31)El Comité celebra que, al parecer, hayan cesado los interrogatorios de sospechosos de terrorismo por agentes de inteligencia alemanes en el extranjero, como consecuencia de las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación del caso de Khaled El‑Masri y la declaración del Gobierno federal de que se pondría fin a las investigaciones de la policía, los fiscales y los agentes de inteligencia en el extranjero. Sin embargo, al Comité le preocupa que no esté claro si el compromiso de suspender las investigaciones en el extranjero se aplica también a las empresas privadas de seguridad. El Comité observa además con inquietud que no se han facilitado explicaciones, a la luz de la decisión de junio de 2005 del Tribunal Supremo de Hamburgo en relación del caso de Mounir Al‑Motassadeq, acerca de quién debe asumir ante los tribunales nacionales del Estado parte la carga de la prueba en relación con la inadmisibilidad de pruebas presuntamente obtenidas mediante torturas o malos tratos. Es sumamente preocupante la falta de información acerca de si el Gobierno sigue basándose en la información proporcionada por los servicios de inteligencia de otros países, que en parte pudo ser obtenida mediante tortura o malos tratos (arts. 2, 3, 11 y 15).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Aplique la prohibición de realizar investigaciones en el extranjero a todas las autoridades e instituciones del orden público, así como a las empresas privadas de seguridad, cuando se sospeche el uso de medidas coercitivas;

b) Aclare las normas de procedimiento, incluida la carga de la prueba, aplicadas por los tribunales del Estado parte para la evaluación de las pruebas que puedan haberse obtenido mediante torturas o malos tratos ; y

c) Se abstenga de utilizar automáticamente las informaciones de servicios de inteligencia de otros países, para impedir que se utilicen la tortura o los malos tratos para obtener confesiones por la fuerza.

Castigos corporales

32)Aunque toma nota de que el ordenamiento jurídico alemán (artículo 163 del Código de Derecho Civil) prohíbe los castigos corporales en todas las circunstancias, el Comité expresa su preocupación por la falta de información sobre los intentos de impartir formación profesional y enseñanza pública apropiada y continua respecto de la prohibición de los castigos corporales en todos los contextos (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que promueva activamente formas positivas, participativas y no violentas de educación y crianza de los niños, como alternativa a los castigos corporales.

Reunión de datos

33)El Comité aprecia la decisión del Estado parte de compilar nuevas estadísticas de delitos, incluidos los malos tratos cometidos por la policía, y los "actos de violencia en las relaciones sociales cercanas". Asimismo, observa los datos sobre las denuncias de malos tratos por parte de funcionarios de las fuerzas del orden, desglosados por presunto delito, pero lamenta la falta de datos globales y desglosados sobre las denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas en los casos de tortura y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas del orden, personal de seguridad, miembros del ejército y personal de prisiones, casos de trata y violencia doméstica y sexual, delitos de motivación racista y medios de reparación, como las indemnizaciones y la rehabilitación, proporcionados a las víctimas (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que reúna los datos pertinentes para supervisar el cumplimiento de la Convención a nivel nacional, con inclusión de datos sobre denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas en casos de torturas y malos tratos por miembros de las fuerzas del orden y personal de seguridad, miembros del ejército y personal de prisiones, casos de trata y violencia doméstica y sexual, delitos de motivación racista y sobre los medios de reparación, como las indemnizaciones y la rehabilitación , proporcionado s a las víctimas.

34)Teniendo en cuenta el compromiso contraído por el Estado parte en el examen periódico universal de Alemania, el Comité le recomienda que garantice la plena aplicación de las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular en el contexto de las medidas contra el terrorismo.

35)El Comité invita al Estado parte a ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no sea parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y a considerar la posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

36)El Estado parte debe considerar la conveniencia de retirar su declaración relativa al artículo 3 de la Convención, para permitir la aplicación directa de dicho artículo ante los tribunales y las autoridades en el plano federal y de los Länder.

37)Se pide al Estado parte que dé una amplia difusión al informe presentado al Comité, las actas resumidas y las presentes observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales.

38)El Comité invita también al Estado parte a que actualice ulteriormente su documento básico común (HRI/CORE/DEU/2009), de conformidad con los requisitos de esta clase de documentos indicados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

39)El Comité pide al Estado parte que proporcione, a más tardar el 25 de noviembre de 2012, información sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité acerca de: a) la regulación y limitación de la utilización de la coerción física en todos los centros, b) la limitación del número de los solicitantes de asilo internados, incluidos los casos relativos al Reglamento de Dublín y la garantía de la práctica obligatoria de reconocimientos médicos de los solicitantes de asilo internados, c) el ejercicio de la jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención y la facilitación de información sobre los medios de reparación, incluida la indemnización, proporcionados a Khaled El-Masri, y d) la garantía de que los miembros de la policía de todos los Länder puedan ser identificados efectivamente y respondan cuando participen en incidentes de malos tratos, según lo indicado en los párrafos 16, 24, 28 y 30 de este documento.

40)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe, que será el sexto informe periódico, el 25 de noviembre de 2015 a más tardar. Para ello, el Comité invita al Estado parte a que acepte informar, a más tardar el 25 de noviembre de 2012, con arreglo a su procedimiento facultativo de presentación de informes, consistente en que el Comité transmite al Estado parte una lista de cuestiones antes de la presentación del informe periódico. La respuesta del Estado parte a la lista constituirá, a tenor del artículo 19 de la Convención, el siguiente informe periódico presentado al Comité.

56.Madagascar

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de Madagascar (CAT/C/MDG/1) en sus sesiones 1034ª y 1037ª (CAT/C/SR.1034 y 1037), celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2011, y aprobó en sus 1052ª y 1053ª sesiones (CAT/C/SR.1052 y 1053) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Madagascar y celebra el diálogo franco y constructivo mantenido con la delegación del Estado parte, a la que expresa su agradecimiento por haber proporcionado detalladas respuestas durante su celebración, así como por las respuestas adicionales presentadas por escrito más adelante.

B.Aspectos positivos

3)El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya ratificado los instrumentos internacionales siguientes:

a)El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 2008;

b)El Convenio Nº 105/1957 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la abolición del trabajo forzado, en 2007.

4)El Comité toma nota del compromiso contraído por el Estado parte de ratificar el Protocolo Facultativo relativo a la Convención y de preparar un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal, incluidas las medidas adecuadas para combatir eficazmente la tortura y los malos tratos.

5)El Comité toma nota de:

a)La prohibición de la tortura consagrada en la Constitución del Estado parte.

b)La declaración del Estado parte según la cual la firma de la hoja de ruta para salir de la crisis, en septiembre de 2011, que dio lugar al nombramiento de un Primer Ministro por consenso, y debería permitir también el retorno al normal funcionamiento de las instituciones nacionales, obstaculizadas por la crisis política desde 2009. El funcionamiento de esas instituciones, en particular del Parlamento, permitiría aprobar o revisar las leyes destinadas a armonizar la legislación nacional con las normas internacionales contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado parte.

c)El compromiso contraído por el Estado parte de confirmar cuanto antes la invitación permanente expresada oralmente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

d)La aplicación de la moratoria de facto sobre la pena de muerte.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Penalización de la tortura y de los malos tratos

6)El Comité, si bien toma nota de que el Estado parte aprobó la Ley Nº 2008-008, de 25 de junio de 2008, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo con la Convención, expresa su preocupación por el hecho de que no exista una escala de penas para sancionar los casos de malos tratos, lo que otorga al juez la facultad discrecional en materia de sanciones. A juicio del Comité, esta ausencia de escala de penas viola el principio de legalidad de los delitos y las penas. Por otra parte, el Comité deplora que esa Ley, desde que se promulgó en 2008, nunca haya sido aplicada, como lo confirma la información según la cual los magistrados, los abogados y los agentes encargados del cumplimiento de la ley desconocen su existencia (art. 4).

El Estado parte debe revisar la Ley contra la tortura a fin de incluir en ella una escala de penas para los casos de malos tratos. Además, debe revisar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para incluir las disposiciones pertinentes de la Ley contra la tortura y facilitar con ello su aplicación. Hasta que se lleve a cabo esa revisión, el Estado parte debe difundir el texto de esa Ley entre los magistrados, los abogados, los oficiales de la policía judicial, los jefes de fokontany (subdivisión administrativa con base en la comunidad) y el personal penitenciario, para que la Ley sea aplicada inmediatamente.

Categorías y prescripción de la tortura

7)El Comité observa que la Ley de 2008 establece una distinción entre los actos de tortura calificados de delitos, sancionados con penas de prisión de dos a cinco años, y los calificados de delitos graves, sancionados con penas de cinco a diez años de prisión. Asimismo, lamenta que la prescripción en el caso de la tortura sea de diez años como máximo, y que el Estado parte solo haya previsto la imprescriptibilidad de la tortura en caso de genocidio o de crímenes de lesa humanidad (arts. 1 y 4).

El Estado parte debe revisar esta Ley teniendo en cuenta la gravedad del acto de tortura, que debe considerarse como un delito imprescriptible. De hecho, la aplicación de sanciones adecuadas y la imprescriptibilidad permiten efectivamente reforzar el efecto disuasorio de la prohibición del empleo de la tortura. Permiten igualmente al público vigilar, y en caso necesario impugnar , la acción o la inacción del Estado cuando estas violen la Convención.

La tortura como acto injustificable y su investigación a fondo e imparcial

8)Al Comité le preocupan seriamente las numerosas alegaciones de violaciones de los derechos humanos desde la crisis política de 2009, incluidas torturas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desapariciones forzadas, que no han sido objeto de investigación ni de juicios. Le inquietan asimismo las informaciones según las cuales se ha utilizado la tortura por motivos políticos, en particular contra adversarios políticos, periodistas y abogados (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe tomar medidas apropiadas para investigar de forma independiente, detallada e imparcial las violaciones de los derechos humanos, incluidos los casos de tortura y malos tratos, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, y velar por que sus autores sean efectivamente enjuiciados y sancionados. De hecho, ninguna circunstancia, ni siquiera la inestabilidad política interna, puede invocarse para justificar la tortura, y ningún acuerdo, aunque sea de carácter político, debe implicar la amnistía para los autores de los delitos más graves cometidos durante la crisis política. Por lo demás, el Estado parte debe reforzar los mecanismos de denuncia a disposición de las víctimas y garantizar que estas obtengan reparación y puedan beneficiarse de medidas de reinserción social y rehabilitación psicológica. También debe velar por que los denunciantes, los testigos y sus familiares estén protegidos contra cualquier acto de intimidación relacionado con su denuncia o su testimonio.

El Comité invita al Estado parte a que incluya en su próximo informe periódico estadísticas sobre el número de denuncias presentadas por tortura o malos tratos, y sobre las condenas penales dictadas o las medidas disciplinarias impuestas, incluidos los casos que tuvieron lugar durante el estado de excepción de facto en 2009. Las informaciones solicitadas deben precisar la autoridad que llevó a cabo la investigación, y desglosarse por sexo, edad y origen étnico del autor de la denuncia.

Salvaguardias legales fundamentales

9)El Comité observa que los sospechosos detenidos rara vez son informados de su derecho a ser examinados por un médico, que no son objeto de un reconocimiento médico apropiado y que a veces los detenidos difícilmente pueden ponerse en contacto con sus abogados y sus familiares. Por otra parte, considera excesiva la posibilidad de prolongar la detención preventiva hasta 12 días. Los numerosos casos de detención preventiva que sobrepasan los plazos aceptables preocupa gravemente al Comité (arts. 2, 12, 13, 15 y 16).

Habida cuenta de la Observación general Nº 2 del Comité sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, el Comité invita al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar que los detenidos disfruten en la práctica de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el inicio de su detención. Estas salvaguardias incluyen, en particular, el derecho de los detenidos a ser informados de sus derechos y de las acusaciones que se les imputan ; a tener acceso rápidamente a la asistencia jurídica y, en caso necesario, a asistencia letrada; a ser examinados por un médico independiente , a ser posible de su elección ; a ponerse en contacto con un familiar ; y a comparecer rápidamente ante el juez.

El Estado parte debe asegurar que se aplique el Decreto Nº 2 009-970, de 14 de julio de   2009, sobre la reglamentación de la asistencia letrada, reforzar el sistema de asistencia letrada gratuita para los detenidos y facilitarles el acceso a sus abogados y a sus familiares. Debe igualmente considerar la posibilidad de revisar el Código de Procedimiento Penal con el fin de reducir la duración de la detención preventiva, que debe acompañarse de limitaciones estrictas para evitar cualquier abuso. El Comité invita al Estado parte a que promueva la justicia de proximidad en la medida de lo posible con el fin de resolver los problemas logísticos causados por la distancia entre los acusados y los agentes de la policía judicial.

Condiciones de vida en los centros de reclusión y control sistemático de estos

10)El Comité, si bien toma nota de la información facilitada por el Estado parte sobre la construcción de cuatro nuevos centros penitenciarios, sigue preocupado por las malas condiciones de vida dentro de las prisiones, en particular por la falta de separación de los detenidos, la malnutrición, la falta de cuidados médicos, que ha provocado la muerte de algunos detenidos, y las condiciones inhumanas en las celdas de castigo. También sigue preocupado por el hacinamiento en las prisiones y por el hecho de que, aunque la Constitución afirma que la detención preventiva es una excepción, más del 50% de los reclusos en las prisiones están en esa situación. Al Comité le inquieta especialmente la información sobre el trato humillante que se inflige a los detenidos, las violaciones y los casos de explotación sexual forzada a cambio de alimentos (arts. 2, 11, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe:

a) Asegurar que las condiciones dentro de las prisiones sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, incluidas las estrechas celdas de castigo, de modo que las condiciones del régimen de aislamiento en esas celdas se ajusten a las normas internacionales .

b) Proceder a la separación de los detenidos y garantizar que los que se encuentran en detención preventiva estén separados de los condenados, y que los menores estén separados de los adultos.

c) Tener en cuenta los problemas específicos de las mujeres detenidas, así como la necesidad de establecer medidas apropiadas para resolver estos problemas de acuerdo con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), aprobadas por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010 .

d) Garantizar a los detenidos un acceso en condiciones dignas a la alimentación y a la atención médica .

e) Tratar con diligencia los casos de detención preventiva, exigiendo responsabilidades a los agentes en caso necesario .

f) Recurrir a penas alternativas a la reclusión a fin de reducir el hacinamiento en las prisiones de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), aprobadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990 .

g) Investigar las alegaciones de trato humillante hacia los detenidos, las violaciones y otra clase de violencia de carácter sexual y tomar medidas urgentes para sancionar a los autores de esos delitos. El Comité recuerda la obligación que tiene el Estado parte de iniciar de oficio investigaciones, sin necesidad de la presentación de una denuncia previa de la víctima, en todos los casos en que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura .

h) Establecer un sistema de control sistemático de los centros de privación de libertad con el fin de mejorar las condiciones en esos centros. El Estado parte debe dotar a la Comisión de vigilancia de prisiones de los medios financieros necesarios. Además, debe intensificar su cooperación con las ONG , concediéndoles acceso libre a los centros de reclusión para que puedan ejercer un control independiente al respecto .

Justicia tradicional (Dina)

11)Al Comité le preocupa en particular el recurso sistemático de la población al sistema de justicia Dina , lo que parece deberse a su falta de confianza en el sistema judicial. Además de las decisiones en materia civil, el recurso al sistema tradicional de justicia Dina parece que ha dado lugar a decisiones en materia penal, en particular casos de tortura y ejecuciones sumarias y extrajudiciales (arts. 2 y 16).

Teniendo en cuenta su observación general sobre la aplicación del artículo 2 de la Convención, el Comité no admite la invocación de motivos fundados en las tradiciones para justificar una derogación de la prohibición absoluta de la tortura. El Estado parte debe establecer medios de control eficaces para vigilar las decisiones de la justicia Dina e investigar cualquier violación de la ley y de las disposiciones de la Convención . También debe tomar las medidas necesarias para que las decisiones de la justicia Dina sean compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular las establecidas en la Convención. Asimismo, debe explicar la relación jerárquica existente entre el derecho consuetudinario y el derecho interno.

El Estado parte debe tomar medidas urgentes para vigilar los decisiones de la justicia Dina sobre la base de la Ley Nº 2001-004, de 25 de octubre de 2001, que exige, entre otras cosas, la homologación de las decisiones de la justicia Dina por los tribunales de derecho común. Además, debe garantizar que todas las decisiones de la justicia Dina sean objeto de recurso ante los tribunales. El Estado parte debe también fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial. Debe llevar a cabo una reforma de la justicia con el fin de resolver los principales problemas con que tropieza la administración de justicia y que desacreditan al sistema judicial , y aportar soluciones adecuadas para que est e funcione de manera eficaz al servicio de la población.

Trata de personas

12)El Comité deplora la falta de información en el informe del Estado parte sobre la trata de personas, pese al problema persistente del turismo sexual y de la explotación de los niños de la calle (arts. 2, 12, 13 y 14).

El Estado parte debe investigar todas las denuncias de trata de personas de conformidad con la Ley Nº 2007-038, de 14 de enero de 2008, sobre la trata y el turismo sexual y con las normas internacionales pertinentes. Debe también llevar a cabo campañas de sensibilización e impartir formación a las fuerzas del orden con el fin de prevenir y combatir ese fenómeno. También debe ofrecer protección a las víctimas y facilitarles el acceso a los servicios médicos, sociales y jurídicos, incluidos los servicios de rehabilitación. El Comité invita al Estado parte a que detalle en su próximo informe el número de investigaciones llevadas a cabo y de denuncias presentadas, así como las condenas pronunciadas a este respecto.

Violencia contra las mujeres y los niños

13)Preocupa al Comité la información sobre el elevado número de matrimonios precoces o forzados y sobre casos de malos tratos y violencia doméstica. Le inquieta igualmente la falta de denuncias, debido a la presión social y familiar, no obstante la Ley Nº2000-21, que tipifica como delitos la violencia familiar y las agresiones sexuales (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe proseguir los debates con las comunidades, en particular con los jefes de fokontany, y tomar otras medidas para reducir y eliminar los matrimonios forzados o moletr y (matrimonios de ensayo, de un año de duración, con muchachas menores de edad). Debe imponer que se respete la obligación de inscribir en el registro todos los matrimonios a fin de asegurar el control de su legalidad conforme a las leyes nacionales y a las convenciones que ha ratificado debidamente. El Estado parte debe igualmente velar por que se prohíban los matrimonios precoces y perseguir a los infractores.

El Comité alienta al Estado parte a que apruebe una ley con el objeto de prevenir y sancionar la violación conyugal y prohibir los castigos corporales infligid o s a los niños. También lo invita a que incluya en la formación que se imparte a los agentes de las fuerzas del orden la detección de los actos de violencia cometidos contra las mujeres y los niños.

Institución nacional de derechos humanos

14)El Comité lamenta que la crisis política de 2009 no haya permitido nombrar a los miembros del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y que este siga sin funcionar desde su creación en 2008 (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe garantizar el funcionamiento efectivo e independiente de esta institución dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de su mandato, que consiste en particular en la investigación de las alegaciones de tortura y malos tratos. El Comité alienta al Estado parte a que solicite asistencia técnica al ACNUDH para que esta institución se ajuste a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos (Principios de París ) , anexo a la resolución 48/143 de la Asamblea General.

Toma de rehenes de familiares

15)El Comité deplora que presuntamente se haya detenido y privado de libertad a mujeres para obligar a sus maridos a entregarse a las fuerzas del orden (arts. 12 y 16).

El Estado parte debe tratar de poner fin a la práctica consistente en tomar como rehenes a familiares de los presuntos autores de delitos, acelerando las investigaciones para sancionar a los responsables. Esta práctica es muy grave y constituye una violación de las leyes nacionales y de los principios fundamentales de derechos humanos.

Condenados a muerte y pena capital

16)El Comité, si bien toma nota de que el Estado parte ha suspendido de facto la pena capital, conmutando sistemáticamente las penas de muerte por penas de prisión, lamenta que esta moratoria no haya sido oficialmente consagrada por la ley (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe mantener la moratoria de facto sobre la aplicación de la pena capital y considerar la posibilidad de promulgar una ley para conmutar sistemáticamente las condenas a muerte por penas de prisión. El Comité quisiera obtener más información sobre las sentencias de muerte que sigan pronunciándose, las condiciones de encarcelamiento de los condenados a muerte, el plazo que se observa por lo general para conmutar las penas capitales por penas de prisión, el trato dispensado a los condenados a muerte y el derecho de estos últimos a recibir visitas de su familia y de sus abogados. Además, alienta al Estado parte a que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.

Formación

17)El Comité, si bien se hace eco de la organización de sesiones de formación en derechos humanos, deplora la falta de una evaluación de las repercusiones que tienen en la mejora de la situación de los derechos humanos, así como la falta de formación centrada en los métodos para detectar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura (art. 10).

El Comité recomienda que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) se incluya en los próximos programas de formación destinados a los agentes del orden y al personal médico, y que se difunda entre el personal penitenciario y médico. El Estado parte debe también evaluar los efectos y la eficacia de esos programas de formación.

Recopilación de datos

18)El Comité lamenta la falta de datos completos y detallados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relacionados con casos de torturas y de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden, el personal de seguridad, los militares y el personal penitenciario, así como sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata, la violencia doméstica, las condiciones de detención y las reparaciones ofrecidas (arts. 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe recopilar datos estadísticos pertinentes con el fin de supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional sobre , entre otras cosas, las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relacionados con torturas, malos tratos y otras violaciones de los derechos humanos, así como sobre las medidas de reparación, en particular las indemnizaciones y la rehabilitación ofrecidas a las víctimas. El Comité invita al Estado parte a que incluya estos datos en su próximo informe periódico. Su recopilación podría llevarse a cabo en el marco del proyecto ejecutado conjuntamente con los organismos de las Naciones Unidas para establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos del Estado parte en el ámbito de los derechos humanos.

Refugiados

19)El Comité observa que el artículo 19 de la Ley contra la tortura prohíbe las extradiciones a un Estado en que la persona corra el riesgo de ser objeto de tortura, pero no menciona los casos de expulsión y devolución. Asimismo, advierte la falta de información sobre la situación de los refugiados en el país, así como la inexistencia de una ley de asilo (art. 3).

El Estado parte debe revisar el artículo 19 de la Ley contra la tortura, de 25 de junio de 2008, para incluir en ella también los casos de devolución y de expulsión de conformidad con el artículo 3 de la Convención. El Comité alienta al Estado parte a que se adhiera al Protocolo sobre el estatuto de los refugiados (1967), así como a la Convención que regula los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África. Además, lo invita a que incluya en su próximo informe periódico información sobre la situación de los refugiados en Madagascar.

Cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas

20)El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular autorizando las visitas, entre otros, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

21)El Comité se hace eco del compromiso anunciado por el Estado parte en el marco del examen periódico universal y el diálogo con el Comité, y le recomienda que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

22)El Comité recomienda además al Estado parte que haga las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención reconociendo con ello la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias individuales sobre las violaciones de la Convención.

23)El Comité invita al Estado parte a ratificar los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, en particular la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

24)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité, así como a sus observaciones finales, en los sitios oficiales en Internet y por conducto de los medios de información y de las ONG.

25)El Comité invita asimismo al Estado parte a que actualice su documento básico común, de 18 de mayo de 2004 (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1), y, con ese fin, siga las directrices armonizadas relativas a la forma y el contenido de los informes destinados a los órganos creados en virtud de instrumentos internacionales de derechos humanos, aprobadas en junio de 2009 por los organismos de seguimiento de dichos instrumentos (HRI/GEN/2/Rev.6).

26)El Comité invita al Estado parte a que, en el plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 10, 14 y 15 del presente documento.

27)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el segundo, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. Con este fin, lo invita a que acepte presentar su informe, antes del 25 de noviembre de 2012, según el procedimiento facultativo que consiste en la presentación por el Comité de una lista de cuestiones al Estado parte antes de la presentación de su informe, constituyendo las respuestas del Estado parte, en virtud del artículo 19 de la Convención, el próximo informe periódico.

57.Marruecos

1)El Comité contra la Tortura examinó el cuarto informe periódico de Marruecos (CAT/C/MAR/4) en sus sesiones 1022ª y 1025ª (CAT/C/SR.1022 y 1025), celebradas los días 1º y 2 de noviembre de 2011, y en sus sesiones 1042ª, 1043ª y 1045ª (CAT/C/SR.1042, 1043 y 1045) aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción el cuarto informe periódico de Marruecos, las respuestas suministradas por escrito por el Estado parte (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) a la lista de cuestiones (CAT/C/MAR/Q/4) y la información complementaria proporcionada oralmente por la delegación de Marruecos durante el examen del informe, aunque lamenta que este se haya presentado con más de dos años de retraso. Por último, se felicita por el constructivo diálogo entablado con la delegación de expertos enviada por el Estado parte y agradece a esta las detalladas respuestas suministradas a las cuestiones planteadas, así como las respuestas adicionales que presentó por escrito.

B.Aspectos positivos

3)El Comité toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Estado parte durante el período que se está examinando en relación con los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos:

a)Ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en abril de 2009;

b)Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, en abril de 2009;

c)Ratificación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en abril de 2011;

d)Reconocimiento de la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones individuales enviadas en virtud del artículo 22 de la Convención;

e)Retirada de varias reservas a cierto número de convenciones internacionales, entre ellas la reserva al artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y al artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de todas las reservas relativas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

4)El Comité toma igualmente nota con satisfacción de las medidas siguientes:

a)La aprobación por medio de un referéndum, el 1º de julio de 2011, de una nueva Constitución que contiene nuevas disposiciones referentes a la prohibición de la tortura y a las salvaguardias fundamentales de las personas detenidas, encarceladas, procesadas o condenadas;

b)El proceso de reforma del sistema jurídico emprendido por el Estado parte con el objeto de adaptar y transformar las leyes y prácticas nacionales a fin de que se ajusten a sus obligaciones internacionales;

c)El establecimiento del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el 1º de marzo de 2011, que ha sustituido, con poderes más amplios, al Consejo Consultivo de Derechos Humanos, y la creación de instituciones regionales para la protección de dichos derechos;

d)La moratoria de hecho de la ejecución de las penas capitales;

e)El establecimiento de un mecanismo de justicia de transición, la Institución de Equidad y Reconciliación, encargada de determinar lo realmente ocurrido en lo que concierne a las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, y de permitir la reconciliación nacional, y

f)La organización de diferentes actividades de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, en particular destinadas a los magistrados y los funcionarios de prisiones.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y tipificación como delito de la tortura

5)El Comité, aunque observa que actualmente se están preparando algunos proyectos de ley que tienen por finalidad modificar el Código Penal, está preocupado por el hecho de que la definición de tortura según lo dispuesto en el artículo 231.1 del Código Penal vigente no sea plenamente conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura, en particular a causa del ámbito de aplicación restringido de su definición. El artículo 231.1 se limita a los objetivos enunciados en el propio artículo y no abarca las situaciones de complicidad ni de consentimiento expreso o tácito de un agente de las fuerzas del orden o de cualquier otra persona que actúe a título oficial. Además, el Comité deplora que en el Código Penal no haya ninguna disposición que declare imprescriptible el delito de tortura, pese a sus anteriores recomendaciones en ese sentido (arts. 1 y 4).

El Estado parte debe velar por que los proyectos de ley actualmente presentados al Parlamento amplíen el ámbito de aplicación de la definición de tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. También debe garantizar que, conforme a sus obligaciones internacionales, quienes cometa n actos de tortura o sean cómplices en su comisión, trat e n de cometer tales actos, o participe n en ellos sean objeto de una instrucción penal y sean procesados y sancionados sin que puedan beneficiarse de ningún plazo de prescripción.

6)Preocupan al Comité ciertas disposiciones existentes en el ordenamiento actual relativo a la tortura, en particular la posibilidad de amnistía y de gracia para los autores de actos de tortura, por la falta de una disposición específica que establezca claramente la imposibilidad de invocar la orden de un superior o de una autoridad pública para justificar dichos actos, y la falta de un mecanismo específico de protección para los subordinados que se nieguen a obedecer las órdenes de torturar a una persona detenida (arts. 2 y 7).

El Estado parte debe velar por que en su ordenamiento jurídico se disponga la prohibición de conceder la amnistía a las personas declaradas culpables del delito de tortura en violación de la Convención. Debe igualmente modificar su legislación para disponer expresamente que no se puede invocar la orden de un superior o de una autoridad pública para justificar la tortura. El Estado parte debe establecer un mecanismo para proteger a los subordinados que se nieguen a obedecer tales órdenes , y dar amplia difusión entre todas las fuerzas del orden a la prohibición de obedecer dichas órdenes y a los mecanismos de protección conexos.

Salvaguardias jurídicas fundamentales

7)El Comité observa que en el derecho positivo marroquí se han establecido algunas salvaguardias fundamentales para prevenir la tortura de las personas detenidas. Toma nota asimismo de los proyectos de reformas legislativas encaminados, entre otras propuestas importantes, a permitir un acceso más rápido a un abogado durante la detención. No obstante, continúa preocupado por las restricciones impuestas al ejercicio de algunas de esas salvaguardias fundamentales, tanto en el derecho positivo actual como en la práctica. En particular, inquieta al Comité el hecho de que actualmente el abogado no pueda reunirse con su cliente hasta la primera hora de prórroga de la detención, y siempre que haya obtenido la autorización del Fiscal General del Rey. También le preocupa que el derecho de acceso al servicio de asistencia jurídica de oficio se limite a los niños y a las personas que podrían ser objeto de penas de más de cinco años de prisión. El Comité deplora la falta de información sobre la aplicación, en la práctica, de las demás salvaguardias fundamentales, como la visita de un médico independiente y la notificación a la familia (arts. 2 y 11).

El Estado parte debe velar por que los proyectos de ley actualmente en estudio garanticen a todos los sospechosos el derecho de beneficiarse, en la práctica, de las salvaguardias fundamentales previstas por la ley, que incluyen en particular el derecho del interesado a tener acceso a un abogado desde el momento de la detención, a ser examinado por un médico independiente, a ponerse en contacto con un familiar, a ser informado de sus derechos, así como de los cargos formulados en su contra , y a comparecer inmediatamente a nte un juez. El Estado parte debe tomar medidas para permitir el acceso a un abogado desde el momento mismo de la detención sin ninguna autorización previa, así como para establecer un régimen de asistencia jurídica gratuita eficaz, en particular para las personas en situación de riesgo o pertenecientes a grupos vulnerables.

Ley contra el terrorismo

8)El Comité observa con preocupación que la Ley Nº 03-03 de 2003 de lucha contra el terrorismo no contiene ninguna definición precisa de terrorismo, a pesar de que lo exige el principio de legalidad de las infracciones, e incluye los delitos de apología del terrorismo y de incitación al terrorismo, que según la Ley no tienen necesariamente que estar vinculados a un riesgo concreto de acción violenta para que se considere que se han cometido. Además, la Ley amplía a 12 días el plazo legal de detención en relación con asuntos de terrorismo y no permite el acceso a un abogado más que al cabo de 6 días, con lo cual aumenta el riesgo de que se someta a tortura a los sospechosos detenidos. Precisamente en esos períodos, durante los cuales no pueden comunicarse con sus familias ni con sus abogados, hay más posibilidades de que los sospechosos sean objeto de torturas (arts. 2 y11).

El Estado parte debe revisar su Ley Nº 03-03 de lucha contra el terrorismo a fin de definir mejor el terrorismo, reducir al mínimo indispensable el plazo máxim o de tiempo que una persona puede permanecer bajo custodia policial y permitir el acceso a un abogado desde el momento mismo de la detención. El Comité recuerda que, de conformidad con la Convención contra la Tortura, para justificar la tortura no se puede invocar ninguna circunstancia, por excepcional que sea, y que, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular las resoluciones 1456 (2003) y  1566 (2004) y otras resoluciones relativas a la cuestión, las medidas de lucha contra el terrorismo deben aplicarse respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos.

No devolución y riesgo de tortura

9)Preocupa al Comité el hecho de que los procedimientos y las prácticas actuales de Marruecos en materia de extradición y de devolución puedan exponer a algunas personas a la tortura. A este respecto, el Comité recuerda que ha recibido denuncias individuales contra el Estado parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención, relativas a solicitudes de extradición y que le preocupan las decisiones y las medidas adoptadas por el Estado parte en esos casos. Así pues, inquieta al Comité la decisión actual del Estado parte de solamente "suspender" la extradición del Sr. Ktiti, cuando el Comité llegó a la conclusión de que tal extradición constituiría también una violación del artículo 3 de la Convención y cuando esa decisión definitiva se transmitió debidamente al Estado parte. Además, el Comité expresa su profunda preocupación por la extradición del Sr. Alexey Kalinichenko a su país de origen, que se llevó a cabo pese a que el Comité había decidido pedir que se suspendiera temporalmente la aplicación de esa medida hasta que se adoptara la decisión definitiva, tanto más por cuanto dicha extradición se hizo basándose solamente en las seguridades diplomáticas suministradas por el país de origen del Sr. Kalinichenko (art. 3).

El Estado parte no debe, en ninguna circunstancia, proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado si hay razones fundadas para creer que esa persona corre el riesgo de ser sometida a tortura. El Comité recuerda su posición de que los Estados partes no pueden, en ningún caso, recurrir a las seguridades diplomáticas como garantía contra la tortura o contra los malos tratos cuando haya razones fundadas para creer que una persona corre el riesgo de ser sometida a tortura si regresa a su país. El Estado parte, para determinar si se aplican las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, debe examinar cuidadosamente, en cuanto al fondo, cada caso particular, incluida la situación general en materia de tortura en el país al que se regresa. Además, debe establecer y aplicar procedimientos bien definidos para obtener esas seguridades diplomáticas, mecanismos judiciales apropiados de control y dispositivos eficaces de seguimiento en caso de devolución.

Marruecos debe respetar sus obligaciones internacionales y atenerse a las decisiones tanto definitivas como provisionales del Comité en los diferentes casos que se le presentan en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura. En el caso del Sr. Ktiti, Marruecos debe anular su extradición a su país de origen definitivamente, so pena de violar el artículo 3 de la Convención.

Recurso a la tortura en relación con asuntos de seguridad

10)El Comité está preocupado por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de policía, los funcionarios de prisiones y más particularmente los agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, reconocidos actualmente como agentes de la policía judicial, cuando se priva a las personas de las salvaguardias jurídicas fundamentales, como el derecho de acceso a un abogado, en particular contra las personas que, según se sospecha, pertenecen a redes terroristas o son partidarias de la independencia del Sáhara Occidental o durante los interrogatorios con el objeto de extraer confesiones a los sospechosos de actos de terrorismo (arts. 2, 4, 11 y 15).

El Estado parte debe adoptar inmediatamente medidas concretas para investigar los actos de tortura y enjuiciar y sancionar a sus autores. Debe velar por que los miembros de las fuerzas del orden no utilicen la tortura, entre otros medios reafirmando claramente la prohibición absoluta de la tortura y condenando públicamente su práctica , en especial por la policía, los funcionarios de prisiones y los miembros de la Dirección de Vigilancia del Territorio, y haciendo saber claramente que toda persona que cometa tales actos, sea cómplice de ellos o participe en ellos será considerada personalmente responsable ante la ley, será objeto de enjuiciamiento penal y será sancionada con las penas pertinentes.

"Traslados secretos"

11)El Comité toma nota de las declaraciones del Estado parte en el sentido de que no está involucrado en casos de "traslados secretos" realizados en el contexto de la lucha internacional contra el terrorismo. No obstante, sigue estando preocupado por las denuncias de que Marruecos ha servido de punto de salida, de tránsito y de destino para "traslados secretos" realizados fuera de todo marco legal, en particular en los casos del Sr. Mohamed Binyam, del Sr. Ramiz Belshib y del Sr. Mohamed Gatit. Señala que la información incompleta proporcionada por el Estado parte sobre las investigaciones que ha realizado a ese respecto no permite descartar esas denuncias. El Comité está seriamente preocupado por las denuncias según las cuales, al parecer, todos esos "traslados secretos" estuvieron acompañados de encarcelamiento en régimen de incomunicación o en lugares secretos, de actos de tortura y de malos tratos, en particular durante los interrogatorios de los sospechosos, y de devolución a países en los que, al parecer, estas personas también fueron sometidas a tortura (arts. 2, 3, 5, 11, 12 y 16).

El Estado parte debe velar por que ninguna persona que se encuentre bajo su control en un momento determinado sea objeto de tales " traslados secretos " . El traslado, la devolución, el encarcelamiento y el interrogatorio de personas en tales condiciones constituyen en sí mismos una violación de la Convención contra la Tortura. El Estado parte debe hacer investigaciones efectivas e imparciales y, cuando proceda, aclarar plenamente los casos de " traslados secretos " en los que haya intervenido. Debe enjuiciar y sancionar a los autores de estos traslados.

Acontecimientos relativos al Sáhara Occidental

12)El Comité está preocupado por las denuncias recibidas sobre la situación imperante en el Sáhara Occidental, donde, al parecer, las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad marroquíes someten a las personas sospechosas a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, a encarcelamientos en régimen de incomunicación y en lugares secretos, a torturas y malos tratos, a la obtención de confesiones mediante tortura, a desapariciones forzadas y al uso excesivo de la fuerza.

El Comité recuerda una vez más que, de conformidad con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no se puede invocar ninguna circunstancia excepcional, cualquiera que esta sea, para justificar la tortura en el territorio sometido a la jurisdicción del Estado parte, y que las medidas de mantenimiento del orden y los procedimientos de instrucción penal y de investigación deben ponerse en práctica respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos, así como los procedimientos judiciales y las salvaguardias fundamentales en vigor en el Estado parte. Este debe tomar urgentemente medidas concretas para prevenir los actos de tortura y los malos tratos que se describen más arriba. Además, debe anunciar una política que pueda traducirse en resultados mensurables desde el punto de vista de la eliminación de los actos de tortura y de los malos tratos cometidos por agentes del Estado. El Estado parte debe reforzar las medidas adoptadas para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz todas las denuncias de tortura y de malos tratos infligidos a prisioneros y a detenidos, y en todos los demás casos.

El campamento de Gdeim Iziken

13)Inquietan muy particularmente al Comité los acontecimientos relacionados con la evacuación del campamento de Gdeim Iziken en noviembre de 2010, en el curso de la cual varias personas resultaron muertas, entre ellas agentes de las fuerzas del orden, y cientos de otras personas fueron detenidas. El Comité reconoce que la gran mayoría de las personas detenidas han sido posteriormente puestas en libertad y están en espera de ser procesadas. No obstante, sigue seriamente preocupado por el hecho de que esos procesos se celebrarán ante tribunales militares, en tanto que los interesados son civiles. Además, el Comité está preocupado por el hecho de que no se haya iniciado ninguna investigación imparcial y eficaz para aclarar los acontecimientos y determinar las posibles responsabilidades en el seno de las fuerzas del orden (arts. 2, 11, 12, 15 y 16).

El Estado parte debe reforzar las medidas adoptadas para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz y rápida todos los actos de violencia y las muertes ocurridas en el contexto del desmantelamiento del campamento de Gdeim Iziken, y para enjuiciar a los responsables de tales actos. Asimismo, debe modificar su legislación para que todos los civiles sean juzgados exclusivamente por la vía civil.

Detención y encarcelamiento secretos en relación con asuntos de seguridad

14)El Comité está preocupado por la información recibida según la cual, en los asuntos vinculados al terrorismo, no siempre se respetan en la práctica los procedimientos judiciales por los que se rigen la detención, los interrogatorios y el encarcelamiento. También le inquietan las denuncias sobre el sistema al que se recurre repetidamente con arreglo al cual, según parece, agentes vestidos de civil que no se identifican claramente detienen a los sospechosos. Luego se los traslada para someterlos a interrogatorio y se los recluye en lugares de encarcelamiento secretos, lo que en la práctica equivale a un régimen de incomunicación. Los sospechosos son objeto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sin quedar oficialmente registrados. Se los mantiene en esas condiciones durante varias semanas, sin permitirles comparecer ante un juez y sin control de parte de las autoridades oficiales. No se informa a la familia de su detención, sus movimientos, ni el lugar de encarcelamiento hasta el momento en que se los traslada a la comisaría para que firmen las confesiones obtenidas mediante tortura. Solo entonces quedan oficialmente registrados e integrados en el procedimiento judicial regular con fechas y datos falsificados de hecho (arts. 2, 11, 12, 15 y 16).

15)El Comité toma nota de las declaraciones formuladas por el Estado parte durante el diálogo en el sentido de que no existe ningún centro de detención secreto en la sede de la Dirección de Vigilancia del Territorio en Temara, como lo demuestran los resultados de las tres visitas efectuadas por el Fiscal General del Rey en 2004, y por varios representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y parlamentarios en 2011. No obstante, el Comité lamenta la falta de información sobre la organización y la metodología de esas visitas que, habida cuenta de la situación imperante y de las numerosas y persistentes denuncias sobre la existencia de tal centro de detención secreto, no permiten disipar las dudas sobre su posible existencia. Así pues, la cuestión sigue siendo un motivo de preocupación para el Comité. También le inquietan las denuncias según las cuales, al parecer también se han establecido lugares de detención secretos en el seno mismo de ciertos establecimientos de detención oficiales. Según las denuncias recibidas por el Comité, aparentemente esos centros de detención secretos no son objeto de ninguna vigilancia ni inspección de parte de órganos independientes. Por último, preocupan al Comité las denuncias en el sentido de que se ha construido una nueva prisión secreta en los alrededores de Ain Aouda, cerca de la capital, Rabat, a fin de mantener encarcelados en ella a los sospechosos relacionados con movimientos terroristas (arts. 2, 11, 12, 15 y 16).

El Estado parte debe velar por que en todos los casos de persona s detenida s y encarcelada s se sigan los procedimientos judiciales en vigor y por que se respeten las salvaguardias fundamentales consagradas por el derecho positivo, como el acceso del detenido a un abogado y a un médico independiente, su derecho a que se informe a los miembros de su familia de su detención y su lugar de encarcelamiento, y su derecho a comparecer ante un juez.

El Estado parte debe tomar medidas para que los registros, actas y demás documentos oficiales relativos a las detenciones y a los encarcelamientos se lleven con el mayor rigor y para que todos los datos relativos a la detención y al encarcelamiento queden consignados en esos documentos y sean confirmados tanto por los agentes de la policía judicial como por el interesado. Asimismo, debe velar por que se investiguen a fondo y de manera imparcial, eficaz y rápida todas las denuncias de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como por que se enjuicie a los posibles responsables.

El Estado parte debe asegurarse de que nadie sea mantenido en un centro de detención secreto que esté de hecho bajo su control efectivo. Como lo ha subrayado frecuentemente el Comité, el encarcelamiento de personas en tales condiciones constituye en sí mismo una violación de la Convención. El Estado parte debe iniciar una investigación seria, imparcial y eficaz sobre la existencia de estos lugares de detención. Todos los centros de detención deben estar sujetos a un sistema regular de control y vigilancia.

Enjuiciamiento de los autores de actos de torturas y de malos tratos

16)Inquieta particularmente al Comité no haber recibido hasta la fecha información alguna en el sentido de que se haya condenado a ningún responsable de un acto de tortura con arreglo al artículo 231-1 del Código Penal. También observa con inquietud que los agentes de policía son, en el mejor de los casos, procesados por violencia o por lesiones y no por el delito de tortura, y que, según los datos proporcionados por el Estado parte, las sanciones administrativas y disciplinarias impuestas a los agentes de que se trata no parecen ser proporcionales a la gravedad de los actos cometidos. También observa con inquietud que las denuncias de tortura, aunque son numerosas y frecuentes, raras veces dan lugar a investigaciones y a procesamientos, y que parece haberse instaurado un clima de impunidad al no haberse adoptado verdaderas medidas disciplinarias ni haberse incoado enjuiciamientos penales serios contra los agentes del Estado acusados de la comisión de actos previstos en la Convención, en particular contra los autores de las violaciones graves y masivas de los derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 (arts. 2, 4 y 12).

El Estado parte debe velar por que todas las denuncias de tortura y de malos tratos sean rápidamente objeto de una instrucción penal eficaz e imparcial y que sus autores sean procesados y castigados con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, como lo exige el artículo 4 de la Convención. Además, el Estado parte debe modificar su legislación para que disponga expresamente que no se puede invocar la orden de un superior o de una autoridad pública para justificar la tortura. Debe igualmente velar por que, en la práctica, los denunciantes y los testigos estén protegidos contra todo maltrato y todo acto de intimidación relacionado con su denuncia o con su testimonio.

Confesiones obtenidas mediante coacción

17)Preocupa al Comité que el sistema de instrucción penal actualmente en vigor en el Estado parte admita la confesión como forma sumamente corriente de prueba a los efectos del procesamiento y la condena de una persona. Le preocupa constatar que la confesión sirve de base de numerosas condenas penales, incluso en casos de terrorismo, lo que crea condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos tratos contra el sospechoso (arts. 2 y 15).

El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para que las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de las confesiones del inculpado, en particular en los casos en que este se retracta de sus confesiones durante el juicio, y para que las declaraciones que se hayan hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso del procedimiento, excepto contra personas acusadas de tortura, conforme a lo dispuesto en la Convención.

Se invita al Estado parte a que examine las condenas penales pronunciadas exclusivamente sobre la base de confesiones, a fin de determinar los casos en que la condena se funda en confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos. Asimismo, se le invita a que tome todas las medidas correctivas apropiadas y a que informe al Comité de sus conclusiones.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

18)El Comité toma nota de la información detallada proporcionada por el Estado parte sobre los diferentes tipos de visitas efectuadas a los lugares de detención por el Fiscal General del Rey, los diferentes jueces, las comisiones provinciales de control de las prisiones y los representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Toma nota igualmente de los proyectos de reforma para designar al Consejo Nacional de Derechos Humanos como mecanismo nacional de prevención en el marco de la próxima adhesión de Marruecos al Protocolo Facultativo de la Convención. No obstante, preocupa al Comité que se haya negado a varias ONG que deseaban estudiar la situación existente en los establecimientos penitenciarios el derecho a visitar los centros de reclusión. Con arreglo al artículo 620 del Código de Procedimiento Penal, dichas visitas parecen ser competencia exclusiva de las comisiones provinciales. Deplora asimismo la falta de información sobre el seguimiento de las visitas efectuadas y sobre los resultados obtenidos (arts. 11 y 16).

El Estado parte debe velar por que el mecanismo nacional de control de los lugares de privación de libertad esté en condiciones de realizar una vigilancia y una inspección efectivas de la totalidad de dichos lugares, y por que se dé seguimiento a los resultados de tales controles. El mecanismo de que se trata debe prever visitas periódicas realizadas sin previo aviso por observadores nacionales e internacionales, a fin de prevenir las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Estado parte debe también velar por que durante esas visitas estén presentes médicos forenses capacitados para detectar indicios de tortura. Además, debe modificar su legislación para conceder igualmente a las ONG la posibilidad de efectuar visitas regulares, independientes, sin previo aviso e ilimitadas a los lugares de privación de libertad .

Condiciones de reclusión

19)El Comité toma nota con satisfacción de la información proporcionada por el Estado parte sobre su plan de construcción y de renovación de los establecimientos penitenciarios, que según parece lleva a cierto mejoramiento de las condiciones de reclusión en esos establecimientos. No obstante, sigue preocupando al Comité el hecho de que, según la información recibida, las condiciones existentes en la mayoría de las prisiones sigan siendo alarmantes, en particular por lo que se refiere al hacinamiento, a los malos tratos y a las sanciones disciplinarias, incluida la imposición del régimen de incomunicación durante períodos prolongados, a las condiciones sanitarias, al aprovisionamiento de alimentos y al acceso a los servicios médicos. Inquieta al Comité que, según parece, tales condiciones hayan llevado a ciertos detenidos a declararse en huelga de hambre, y a otros a rebelarse y a participar en movimientos de protesta violentamente reprimidos por las fuerzas del orden (arts. 11 y 16).

A fin de que las condiciones de reclusión en todo el territorio marroquí sean conformes a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas , el Estado parte debe proseguir sus iniciativas de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y de renovación de los antiguos, y seguir incrementando los recursos asignados al funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, en particular por lo que se refiere a la alimentación y a los servicios médicos. Para luchar contra el hacinamiento en las prisiones, debido en gran parte a que la mitad de los detenidos en las prisiones marroquíes están allí a título preventivo, el Estado parte debe modificar su legislación a fin de que se puedan adoptar medidas distintas de la detención preventiva de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) . En tal sentido, podría establecer un sistema de fianzas y de recurso más frecuente a la imposición de penas no privativas de libertad en el caso de las infracciones menos graves.

Muertes en las prisiones

20)El Comité toma nota de la información detallada suministrada acerca del número de muertes en las prisiones marroquíes y de las causas oficiales de esas muertes. Con todo, deplora que no se disponga de información sobre los mecanismos establecidos para investigar de manera sistemática e independiente las causas de tales muertes, en tanto que los casos de suicidio son objeto de investigación de manera sistemática (arts. 11, 12 y 16).

El Estado parte debe investigar rápidamente, a fondo y de manera imparcial todas las muertes durante el encarcelamiento y, cuando proceda, enjuiciar a los responsables. Debe proporcionar al Comité información sobre todos los casos de muerte ocurrida durante la reclusión a causa de actos de tortura, malos tratos o negligencia voluntaria. Debe también velar por que mé dico s forenses independientes realicen exámenes y aceptar sus conclusiones como pruebas en los procedimientos penales y civiles.

Condenados a muerte

21)El Comité toma nota de la moratoria de hecho de la pena de muerte en vigor desde   1993, así como del proyecto de reforma legislativa destinado a reducir considerablemente el número de delitos punibles con la pena capital y a exigir que tales penas se impongan por unanimidad. Asimismo, está preocupado por las condiciones de encarcelamiento de los condenados a muerte, que en sí mismas pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante, en particular en vista de la duración del encarcelamiento en los pabellones de los condenados a muerte, así como de la incertidumbre que pesa sobre la suerte de esos condenados, sobre todo por la inexistencia de perspectivas de conmutación de su pena (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Entretanto, el Estado parte debe mantener su moratoria de hecho de la aplicación de la pena capital, prever en su legislación la posibilidad de conmutar las penas de muerte y velar por que todos los condenados a muerte gocen de la protección de la Convención. Además, debe garantizar que los condenados sean tratados con humanidad y, en particular, que puedan recibir visitas de sus familiares y de sus abogados.

Hospitales psiquiátricos

22)El Comité toma nota de la información complementaria que le ha transmitido por escrito el Estado parte sobre las medidas previstas para luchar contra los malos tratos en los hospitales psiquiátricos y sobre la nueva Ley marco de 2011 relativa al sistema de salud. No obstante, sigue preocupado por la falta de información sobre la vigilancia y la inspección de las instituciones psiquiátricas en las que se puede internar a los enfermos, así como sobre los posibles resultados de esa vigilancia o inspección (art. 16).

El Estado parte debe velar por que el mecanismo nacional de control y vigilancia de los locales de reclusión que debe establecerse próximamente tenga también competencia para inspeccionar los demás lugares de privación de libertad, como los hospitales psiquiátricos. Además, debe garantizar que se tomen medidas en función de los resultados de ese proceso de control. El mecanismo pertinente debe prever visitas periódicas efectuadas sin previo aviso, a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Estado parte debe asimismo garantizar que durante esas visitas estén presentes médicos forenses capacitados para detectar indicios de tortura. También debe asegurar que los pacientes mantenidos en estas instituciones en contra de su voluntad puedan apelar contra la decisión de internación y tener acceso a un médico de su elección.

Violencia contra las mujeres

23)Habida cuenta de la magnitud del fenómeno de la violencia contra las mujeres en Marruecos, el Comité está seriamente preocupado por la falta de un marco jurídico específico y amplio destinado a prevenir y reprimir penalmente la violencia contra las mujeres, así como a proteger a las víctimas y a los testigos de tal violencia. También está preocupado por el escaso número de denuncias que interponen las víctimas, por la falta de procedimientos penales iniciados por el fiscal, por el hecho de que las denuncias presentadas no sean sistemáticamente objeto de instrucción penal, particularmente en caso de violación, y por el hecho de que la carga de la prueba sea excesiva y recaiga exclusivamente en la víctima en un contexto social en el que hay gran riesgo de estigmatización de las víctimas. Además, inquieta al Comité la falta de disposiciones jurídicas específicas que tipifiquen como delito la violación conyugal. Por último, le preocupa seriamente el hecho de que, en el derecho positivo marroquí, se conceda al autor de la violación de una niña la posibilidad de eludir su responsabilidad penal contrayendo matrimonio con la víctima. A este respecto, el Comité lamenta la falta de información sobre el número de casos en que la víctima ha contraído matrimonio con el autor de la violación o ha rechazado tal matrimonio (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité insta al Estado parte a promulgar lo más rápidamente posible disposiciones legislativas que repriman la violencia contra las mujeres y las niñas, tipificando como infracción penal todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se alienta al Estado parte a velar por que las mujeres y las niñas víctimas de violencia tengan inmediatamente acceso a medios de protección, incluso albergues de acogida, puedan obtener reparación y los autores sean procesados y sancionados como proceda. Así pues, el Comité reitera las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer . El Estado parte debe modificar sin demora el Código Penal para tipificar como delito la violación conyugal y asegurar que los autores de violaciones no eludan el procesamiento penal contrayendo matrimonio con su víctima. Debe también emprender estudios sobre las causas y el alcance de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia sexual y la violencia doméstica. Además, debe presentar en su próximo informe al Comité información sobre las leyes y políticas en vigor para combatir la violencia contra las mujeres, e indicar los efectos de las medidas adoptadas.

Castigos corporales

24)El Comité observa con preocupación que en la legislación marroquí no hay disposiciones que prohíban los castigos corporales en el hogar, la escuela y las instituciones encargadas de la protección de la infancia (art. 16).

El Estado parte debe modificar su legislación para prohibir que se recurra a los castigos corporales en la educación de los niños, tanto en el hogar como en las instituciones de protección a la infancia. Asimismo, debe sensibilizar a la población sobre formas positivas, participativas y no violentas de disciplina.

Trato de los refugiados y de los solicitantes de asilo

25)El Comité toma nota de la información transmitida por el Estado parte sobre la intensificación de su colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en particular por lo que se refiere al refuerzo de las capacidades del Estado en materia de acogida, identificación y protección de los solicitantes de asilo y de los refugiados. Le inquieta, no obstante, la falta de un marco jurídico específico para los refugiados y para los solicitantes de asilo que impida que se los confunda con los migrantes clandestinos. Preocupa al Comité que, en la situación actual, los solicitantes de asilo no siempre puedan presentar su solicitud a las autoridades competentes, particularmente en los puntos de entrada en el territorio marroquí, en los que frecuentemente no se los diferencia de los inmigrantes clandestinos. Inquieta igualmente al Comité la falta de una oficina especial que facilite a los refugiados y los apátridas la tramitación de forma diligente y eficaz de sus solicitudes de asilo y garantice a los refugiados el disfrute de todos sus derechos en el territorio marroquí (arts. 2, 3 y 16).

El Estado parte debe establecer un marco jurídico que garantice los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo e instituir los instrumentos institucionales y administrativos necesarios para poner en práctica esa protección, en particular estrechando su cooperación con el ACNUR y concediendo a este el estatuto de observador durante el proceso de reforma del sistema de asilo. Asimismo, debe velar por que se establezcan procedimientos y mecanismos que garanticen la identificación sistemática de los posibles solicitantes de asilo en todos los puntos de entrada en el territorio marroquí. Además, el Estado parte debe permitir a estas personas presentar su solicitud de asilo. Estos mecanismos deben también garantizar que las decisiones adoptadas sobre las solicitudes de asilo puedan ser objeto de recurso con efectos suspensivos y que no se devuelva a nadie a un país en el que corra el riesgo de ser torturado.

El Estado parte debe considerar la posibilidad de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y a la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961.

Trato de los migrantes y de los extranjeros

26)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el marco jurídico por el que se rigen las medidas de expulsión de los migrantes en situación irregular, particularmente en virtud de la Ley Nº 02-03, relativa a la entrada y a la permanencia de los extranjeros en Marruecos, y toma nota asimismo de los ejemplos de expulsiones de extranjeros efectuadas de conformidad con las disposiciones de la Ley que se menciona más arriba. Sin embargo, está preocupado por la información recibida en el sentido de que migrantes en situación irregular han sido trasladados a la frontera o expulsados, infringiendo la legislación marroquí, sin darles la posibilidad de hacer valer sus derechos. Según algunas denuncias, cientos de estas personas han sido abandonadas en el desierto sin agua ni alimentos. El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información sobre estos acontecimientos, como tampoco sobre los lugares de detención y los regímenes de detención de los extranjeros en espera de expulsión que no están sometidos a la administración penitenciaria. Por último, deplora la falta de información sobre las investigaciones que puedan haberse efectuado acerca de los actos de violencia cometidos por las fuerzas del orden contra los migrantes clandestinos en las regiones de Ceuta y de Melilla en 2005 (arts. 3, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe tomar medidas para que en la práctica siempre se apliquen las salvaguardias jurídicas por las que se rigen los traslados a la frontera de los migrantes en situación irregular y la expulsión de extranjeros, y que dichos traslados y expulsiones sean compatibles con la legislación marroquí. También debe realizar investigaciones imparciales y eficaces sobre las denuncias según las cuales las expulsiones de migrantes se han caracteriza do , al parecer, por el uso excesivo de la fuerza o los malos tratos contra los migrantes. Además, el Estado parte debe garantizar que los responsables sean enjuiciados y que se les impongan penas adecuadas a la gravedad de sus actos.

Se pide al Estado parte que en su próximo informe proporcione detall es sobre los lugares y los regímenes de detención de los extranjeros en espera de expulsión, así como datos desglosados por año, género, lugar, duración de la detención y razón que justifique la detención y la expulsión.

Trata de seres humanos

27)El Comité está preocupado por la falta general de información sobre la práctica de la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual o de otra índole, así como sobre el alcance de la trata en el Estado parte, en particular sobre el número de denuncias, de instrucciones penales, de procesamientos y de condenas, así como sobre las medidas tomadas para prevenir y combatir ese fenómeno (arts. 2, 4, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe intensificar su labor de prevenir y combatir la trata de mujeres y de niños, entre otros medios, aprobando una ley específica sobre la prevención y la represión de la trata y sobre la protección de las víctimas, brindando a estas protección y asegurándoles el acceso a servicios de readaptación, así como a servicios médicos, sociales , jurídicos y de asesoramiento cuando sea necesario. El Estado parte debe además establecer condiciones propicias para que las víctimas puedan ejercer su derecho a presentar denuncias. Debe disponer la realización rápida de investigaciones imparciales y eficaces sobre todas las denuncias de trata , y velar por que los responsables sean enjuiciados y se les impongan penas adecuadas a la gravedad de sus actos.

Formación

28)El Comité toma nota de la información suministrada sobre las actividades de formación, los seminarios y los cursos de derechos humanos organizados para los magistrados, los agentes de policía y los funcionarios de prisiones. Le inquieta, de todas formas, la falta de formación especial para el personal de los servicios de la Dirección de Vigilancia del Territorio, los militares, los médicos forenses y el personal médico que se ocupa de los detenidos o de los internados en establecimientos psiquiátricos, y en particular de los medios que permitan detectar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura (art. 10).

El Estado parte debe seguir elaborando y reforzando los programas de formación para que todos los funcionarios (las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia, los agentes de seguridad, los militares, el personal penitenciario y el personal médico de las prisiones o de los hospitales psiquiátricos) tengan conocimientos sólidos de las disposiciones de la Convención, así como para que las violaciones denunciadas no sean toleradas y den lugar a instrucciones penales para que se procese a sus autores. Además, el Estado parte debe garantizar que todo el personal pertinente, incluidos los miembros del cuerpo médico, aprendan a detectar los indicios de tortura y de malos tratos mediante una formación específica, basada en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Por último, debe evaluar la eficacia y la incidencia de esos programas de formación y de enseñanza.

La Institución de Equidad y Reconciliación y la cuestión de la reparación

29)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el considerable volumen de trabajo realizado entre 2003 y 2005 por el mecanismo de justicia de transición, a saber, la Institución de Equidad y Reconciliación, sobre las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Marruecos entre 1956 y 1999. Estas investigaciones permitieron aclarar un gran número de esas violaciones, dilucidando en particular numerosos casos de desapariciones forzadas, y posibilitaron el otorgamiento de distintos tipos de reparación a numerosas víctimas. Con todo, el Comité sigue estando preocupado por el hecho de que esos trabajos no hayan incluido las violaciones cometidas en el Sáhara Occidental y por que ciertos casos de desaparición forzada no hayan quedado resueltos al finalizar los trabajos de la Institución en 2005. Además, inquieta al Comité que los trabajos de la Institución puedan haber llevado a la impunidad de hecho de los autores de violaciones de la Convención cometidas en el curso de ese período, ya que hasta la fecha ninguno de ellos ha sido procesado. Por último, le preocupa la información recibida en el sentido de que no todas las víctimas ni todas las familias de víctimas han recibido una indemnización y no todas las indemnizaciones pagadas han sido equitativas, suficientes o efectivas (arts. 12, 13 y 14).

El Estado parte debe disponer que el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que fue designado para finalizar los trabajos de la Institución de Equidad y Reconciliación, prosiga su labor para dilucidar los casos de desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre 1956 y 1999 y que continúan sin aclarar, en particular los relativos al Sáhara Occidental. Debe igualmente redoblar sus esfuerzos para dar a las víctimas de la tortura y de malos tratos una reparación consistente en una indemnización equitativa y suficiente y en una readaptación tan completa como sea posible. A tal efecto, debe incluir en su legislación disposiciones sobre el derecho de las víctimas de la tortura a ser indemnizadas de manera equitativa y adecuada por el perjuicio sufrido.

Cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas

30)El Comité recomienda al Estado parte que estreche su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros medios, autorizando las visitas del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

31)El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de adherirse a los principales instrumentos de derechos humanos en los que todavía no es parte, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

32)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que ha presentado al Comité, así como a las conclusiones y recomendaciones de este, por medio de los sitios web oficiales y por conducto de los medios de comunicación y de las ONG.

33)El Comité pide al Estado parte que, antes del 25 de noviembre de 2012, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones formuladas en relación con lo siguiente: 1) garantizar o reforzar las salvaguardias jurídicas de las personas detenidas; 2) tramitar instrucciones penales rápidas, imparciales y eficaces; 3) enjuiciar a los sospechosos y sancionar a los autores de tortura o de malos tratos; y 4) conceder las reparaciones previstas en los párrafos 7, 11, 15 y 28 del presente documento. Además, el Comité pide al Estado parte que le informe del seguimiento que haya dado a las recomendaciones formuladas sobre la Ley de lucha contra el terrorismo que figuran en el párrafo 8 del presente documento.

34)El Comité invita al Estado parte a que actualice, según proceda, su documento básico de fecha 15 de abril de 2002 (HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 y Corr.1), conforme a las instrucciones relativas al documento básico común que figuran en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

35)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el quinto, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. A tal fin, lo invita a que acceda, antes del 25 de noviembre de 2012, a presentar su informe de conformidad con el nuevo procedimiento facultativo consistente en la transmisión por el Comité al Estado parte de una lista de cuestiones preparadas de antemano a la presentación del informe periódico. La respuesta del Estado parte a esta lista de cuestiones se constituirá en el informe periódico siguiente del Estado parte, de conformidad con el artículo 19 de la Convención.

58.Paraguay

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados del Paraguay (CAT/C/PRY/4-6) en sus sesiones 1026ª y 1029ª (CAT/C/SR.1026 y CAT/C/SR.1029), celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2011, y aprobó en su 1048ª sesión (CAT/C/SR.1048), celebrada el día 21 de noviembre de 2011, las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A.Introducción

2)El Comité acoge con agrado que el Paraguay haya presentado sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados en respuesta a la lista de cuestiones previas a la presentación de informes (CAT/C/PRY/Q/4-6), y aprecia que el Estado parte haya aceptado este nuevo procedimiento para la presentación de informes periódicos, que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité y centra el examen del informe así como el diálogo con la delegación.

3)El Comité aprecia también el diálogo franco y abierto entablado con la delegación del Estado parte y la información complementaria que esta proporcionó durante el examen del informe, aunque lamenta que algunas de las preguntas formuladas al Estado parte hayan quedado sin responder.

B.Aspectos positivos

4)El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del tercer informe periódico del Estado parte, este ha ratificado o se ha adherido a los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (14 de mayo de 2001);

b)Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (14 de mayo de 2001);

c)Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (3 de octubre de 2001);

d)Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados (27 de septiembre de 2002), y relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (18 de agosto de 2003);

e)Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (18 de agosto de 2003). En este sentido, el Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya abolido la pena de muerte y le recomienda suprimirla de modo expreso del ámbito de la justicia militar;

f)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (18 de agosto de 2003);

g)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención (22 de septiembre de 2004);

h)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (2 de diciembre de 2005);

i)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo (3 de septiembre de 2008);

j)Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (23 de septiembre de 2008);

k)Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (3 de agosto de 2010).

5)El Comité ve con agrado las visitas del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes al Estado parte en marzo de 2009 y septiembre de 2010 (visita de seguimiento), así como el hecho de que el Estado parte haya autorizado la publicación de los informes del Subcomité y haya enviado sus respuestas por escrito a esos informes.

6)El Comité felicita al Estado parte por la declaración efectuada el 29 de mayo de 2002 mediante la cual reconoce la competencia del Comité para recibir denuncias bajo los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura.

7)El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte mantenga desde 2003 una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Desde la consideración del anterior informe periódico del Estado parte, el Paraguay recibió la visita de cuatro relatores del Consejo, incluida la del Relator Especial sobre la Tortura.

8)El Comité toma nota de la labor que realiza el Estado parte para revisar su legislación con miras a cumplir las recomendaciones del Comité y mejorar la aplicación de las convenciones, lo que incluye:

a)La aprobación, el 20 de abril de 2011, de la Ley Nº 4288, por la que se crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b)La adopción, el 12 de octubre de 2011, de la Ley orgánica Nº 4423 del Ministerio de la Defensa Pública, que otorga autonomía funcional y autarquía financiera a esa institución;

c)La aprobación, el 11 de agosto de 2011, de la Ley Nº 4381, que declara imprescriptible el derecho a solicitar una indemnización por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el sistema dictatorial imperante desde 1954 hasta 1989; y la Ley Nº 3603 de 2008, que legitima a los hijos de las víctimas a reclamar dicha indemnización;

d)La creación, por el Decreto Nº 2225 de 2003, de la Comisión de Verdad y Justicia, a cargo de investigar violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales o paraestatales entre 1954 y 2003, y su efectiva puesta en funcionamiento en agosto de 2004;

e)La Decisión Nº 195, de 5 de mayo de 2008, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que la acción penal así como la pena impuesta por crímenes de tortura son imprescriptibles.

9)El Comité también celebra la labor realizada por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos, a fin de velar por una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular:

a)La creación, por el Decreto Nº 4674, de 9 de julio de 2010, de la Comisión Nacional de Reforma Penitenciaria, como foro técnico de debate y apoyo a la elaboración de un plan orientado a reformular el trato que se ha de otorgar a las personas privadas de libertad y la gestión de las prisiones;

b)La creación, por el Decreto Nº 2290 de 2009, de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo para coordinar las políticas, los planes y los programas de derechos humanos;

c)La publicación, en agosto de 2008, del Informe Final Anivé Haguä Oiko (Para que no vuelva a ocurrir) de la Comisión de Verdad y Justicia con los resultados de sus investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paraguay durante el período comprendido entre 1954 y 2003;

d)La creación, por el Decreto Nº 5093 de 2005, de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en la República del Paraguay, encargada de elaborar políticas públicas sobre este tema;

e)La designación, por la Resolución Nº 768 de la Cámara de Diputados en octubre de 2001, de un Defensor del Pueblo, cuya oficina cuenta actualmente con delegaciones en diferentes ciudades del Paraguay;

f)La elaboración de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH) a iniciativa del Estado parte, mediante un proceso participativo.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

10)El Comité se hace eco de la existencia de un proyecto de ley para modificar el actual tipo penal de tortura pero lamenta que, no obstante sus recomendaciones anteriores y las de distintos mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, todavía no se haya tipificado en el Código Penal del Estado parte el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención (arts. 1 y 4).

El Comité reitera su anterior recomendación (A/55/44, párr. 151) según la cual el Estado parte debe adoptar una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debe velar por que esos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo estableci do en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

Garantías procesales fundamentales

11)Al Comité le preocupa el hecho de que no se respeten en la práctica muchos de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluidos menores de edad, previstos en la legislación del Paraguay. En particular, el Comité expresa su preocupación sobre la falta de mecanismos que permitan hacer efectivos los derechos de las personas privadas de libertad a asistencia letrada desde los primeros momentos de la detención, a exámenes médicos independientes, a comunicar la detención a un familiar u otra persona de confianza, y a ser informados de sus derechos y de las razones por las que se procede al arresto en el momento de la detención. Respecto del habeas corpus, el Comité observa con inquietud la información recibida según la cual dicha acción puede demorar 30 días en ser resuelta. En cuanto a los exámenes médicos al inicio de la detención, preocupa al Comité que dichos exámenes no se realicen habitualmente y que tengan lugar en presencia de personal policial. Está igualmente preocupado por las informaciones según las cuales las personas privadas de libertad permanecen en custodia policial por períodos prolongados sin que se proceda a su inscripción en el registro correspondiente y un número considerable de dependencias policiales no cumplen en la práctica las normas que rigen los procedimientos de registro de los detenidos. En general, el Comité expresa su inquietud por lo que manifestó la delegación del Estado parte en cuanto a que existirían dificultades para aplicar en todo el país la Resolución Nº 176/2010 de la Comandancia de la Policía Nacional que ordena el establecimiento de un sistema de registro en las comisarías (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debe adoptar con prontitud medidas eficaces para asegurar que todos los detenidos cuenten en la práctica con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención. También debe garantizar que, en la práctica, todos los detenidos sean informados inmediatamente del motivo de la detención y de los derechos que les asisten, y que se garantice el derecho del detenido a acceder a un abogado y a comunicarse con un familiar o persona de confianza. El recurso de h a beas corpus debe ser revisado y reforzado , y deben tomarse las medidas necesarias para que este recurso sea sumario y breve y sea decidido en todo los casos en el plazo legal establecido. El Estado parte debe garantizar que las personas que se encuentran bajo detención policial puedan acceder a un examen médico independiente y sin la presencia de un funcionario de policía desde los primeros momentos de su detención . Debe cerciorarse de que se registre sin demora a las personas privadas de libertad y velar por que en las dependencias policiales se inspeccionen periódicamente los registros de los detenidos para asegurarse de que se mantienen con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley. El Estado parte debe asimismo velar por que se cumplan las disposiciones de la resolución Nº 176/2010 sobre el registro de los detenidos y , a esos efectos, deberá considerar convertir en ley dicha norma administrativa .

Asistencia letrada gratuita

12)Si bien el Comité se congratula de la reciente aprobación de la Ley orgánica de la Defensa Pública y del aumento de recursos humanos de esta institución, el Comité expresa su inquietud por el número limitado de abogados de la Defensa Pública en el país, que impide que muchas personas privadas de libertad obtengan asistencia letrada adecuada.

El Estado parte debe garantizar la asistencia letrada gratuita desde los primeros momentos de la detención a todas las personas sin recursos que lo soliciten. A tal efecto, debe mejorar las condiciones laborales en la Defensa Pública y asignar a dicha institución mayores recursos humanos, financieros y materiales que permitan el cumplimiento de sus funciones.

Estado de emergencia

13)El Comité toma nota de la declaración, en virtud de la Ley Nº 4473 de 10 de octubre de 2011, de un estado de excepción de 60 días de duración en los departamentos de Concepción y San Pedro, y observa con preocupación que se han declarado otros estados de excepción en el período cubierto por el informe del Estado parte. A pesar de la información proporcionada por este en cuanto a las medidas tomadas para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas afectadas, al Comité le preocupan la restricción de derechos humanos durante este período así como la posibilidad de que se produzcan violaciones de la Convención durante el estado de excepción.

El Estado parte debe limitar la declaración del estado de emergencia a los casos en que sea absolutamente necesario, y debe respetar en todo momento las disposiciones del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También debe velar por la aplicación estricta de la prohibición absoluta de los actos de tortura, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, donde se establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

Institución nacional de derechos humanos

14)El Comité se congratula por la designación, en 2001, del primer Defensor del Pueblo del Estado parte, que llevaba pendiente más de siete años, pero muestra su inquietud porque, según lo manifestado por la delegación del Estado parte, el mandato del actual Defensor del Pueblo ha expirado y aún no se ha designado a un sucesor que reúna las condiciones de idoneidad necesarias. Al Comité le preocupa, asimismo, que la Defensoría del Pueblo no cuente con los recursos necesarios para poder realizar su tarea de protección y promoción de los derechos humanos de una manera eficaz e independiente (art. 2).

El Comité recomienda a l Estado parte que adopte las medidas necesarias para nombrar lo antes posible a un nuevo Defensor del Pueblo, que reúna las condiciones de idoneidad necesarias , mediante el procedimiento legal establecido. El Estado parte debe dotar a la Defensoría del Pueblo de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados para llevar a cabo su mandato de manera eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de París ( anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General , de 20 de diciembre de 1993 ).

Mecanismo nacional de prevención

15)El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por la delegación del Estado parte en cuanto a la labor en curso destinada a poner en funcionamiento el mecanismo nacional de prevención, creado por la Ley Nº 4288. No obstante lo anterior, el Comité observa con preocupación que el mecanismo nacional de prevención del Estado parte debió haber sido establecido en 2007 y que este mecanismo aún no ha sido puesto en funcionamiento.

El Estado parte debe acelerar el proceso de implementación de la ley que crea el mecanismo nacional de prevención, en particular la pronta conformación del órgano selector establecido por esta ley. Asimismo debe asegurar que dicho mecanismo cuente con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato en todo el territorio.

Prevención y erradicación de la corrupción

16)El Comité está profundamente preocupado por las repetidas denuncias de actos de corrupción generalizada en el sistema penitenciario y en la policía del Estado parte, según las cuales las personas privadas de libertad deben sobornar a funcionarios públicos para obtener atención médica, alimentos o recibir visitas. También expresa su inquietud por el otorgamiento de beneficios indebidos a ciertas personas privadas de libertad a causa de prácticas corruptas y lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información sobre estas cuestiones (arts. 2, 10 y 12).

El Estado parte debe adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la corrupción en la policía y en el sistema penitenciario, que representa un obstáculo para la aplicación eficaz de la Convención. Esas medidas deben incluir la realización de auditorías que identifiquen conductas y riesgos de corrupción, y formulen recomendaciones de medidas tendientes a asegurar el control interno y externo. El Estado parte también debe incrementar su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de corrupción. Además, debe organizar programas de formación, sensibilización y fomento de la capacidad sobre la lucha contra la corrupción y sobre los códigos de ética profesional pertinentes, dirigidos a la policía y otros agentes del orden, los fiscales y los jueces, y crear, de hecho y de derecho, mecanismos eficaces para garantizar la transparencia de la conducta de los funcionarios públicos. El Comité pide al Estado parte que lo informe sobre las medidas que se hayan tomado y las dificultades encontradas en la lucha contra la corrupción y que le proporcione información sobre el número de funcionarios, incluidos los de alto rango, que hayan sido enjuiciados y castigados por corrupción.

No devolución

17)El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas respecto de extradiciones realizadas por el Estado parte en las cuales no se habría examinado el riesgo de que la persona extraditada sea sometida a torturas en el país receptor. Está preocupado asimismo porque no se capacita específicamente a los miembros del poder judicial sobre el alcance del artículo 3 de la Convención (art. 3).

El Estado parte debe formular y adoptar disposiciones jurídicas para incorporar en su derecho interno el artículo 3 de la Convención y velar por que sus disposiciones sean aplicadas en casos de expulsión, retorno o extradición de extranjeros. No debe, en ninguna circunstancia, proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado si hay razones fundadas para creer que esa persona estaría en peligro cierto de ser sometida en el país receptor a tortura o malos tratos.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

18)El Comité está preocupado por las numerosas y concordantes alegaciones de tortura y malos tratos infligidos a personas privadas de libertad, en particular por parte de agentes de la policía, y lamenta la ausencia de datos consolidados sobre denuncias de tortura, investigaciones y sanciones aplicadas durante el período abarcado por el informe del Estado parte. El Comité toma nota de las estadísticas sobre procedimientos administrativos incoados contra funcionarios policiales proporcionadas en el informe del Estado parte, pero señala que las mismas no indican cuántos de esos casos han sido judicializados. Al Comité le inquieta también que, de acuerdo con la información facilitada en el informe del Estado parte, durante el año 2009 se habrían presentado únicamente nueve denuncias de tortura en los centros penitenciarios del Estado parte. El Comité considera que estos datos contrastan con las persistentes alegaciones y amplia documentación recibida de otras fuentes sobre casos tortura y malos tratos a personas privadas de libertad. Al Comité le preocupa igualmente la reducida eficacia de los mecanismos de control y supervisión de la policía existentes, así como la ausencia de indemnizaciones y rehabilitación para víctimas de tortura y malos tratos (arts. 2, 12 a 14 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte con carácter urgente medidas de aplicación inmediata y efectiva para prevenir los actos de tortura y malos tratos mediante, entre otras cosas, la proclamación de una política que tenga resultados mensurables en cuanto a la erradicación de dichos actos cometidos por funcionarios del Estado;

b) Adopte medidas apropiadas para velar por que un órgano independiente investigue de forma pronta e imparcial todas las denuncias de tortura o malos tratos;

c) Revise la eficacia del sistema de denuncias interno a disposición de las personas privadas de libertad y considere el establecimiento de un mecanismo de denu ncias independiente para todas est as personas;

d) Se asegure de que el Ministerio Público realice investigaciones de oficio y, en su caso, inicie acciones penales cuando haya motivos razonables para creer que se hubieran cometido actos de tortura;

e ) Se enjuicie debidamente a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, en caso de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos;

f) Refuerce los mecanismos de control y supervisión de la policía existentes para asegurar una supervisión independiente y efectiva;

g ) Proporcione a las víctimas una indemnización adecuada y dirija su labor a asegurar una rehabilitación lo más completa posible.

Condiciones de detención y uso de la prisión preventiva

19)Al Comité le preocupa el uso habitual y generalizado de la prisión preventiva, que puede lesionar el derecho a la presunción de inocencia, en detrimento de medidas no privativas de la libertad. Le preocupa también la falta de respeto del plazo máximo legal para la prisión preventiva y la existencia de legislación en el Estado parte que restringe la posibilidad del recurso a medidas sustitutivas de dicha forma de reclusión. Al Comité le inquieta especialmente el uso extendido de la prisión preventiva para niños de entre 16 y 18 años de edad, y le preocupa la abundante información recibida de diversas fuentes sobre condiciones materiales deplorables en muchas de las comisarías y centros penitenciarios del Estado parte, la sobrepoblación y el hacinamiento en los mismos, el servicio médico insuficiente y la falta casi total de actividades para las personas privadas de libertad. En particular, el Comité expresa su inquietud por las condiciones materiales del pabellón psiquiátrico de la penitenciaría nacional de Tacumbú, y por la falta de atención médica especializada a las personas allí alojadas. Además, está preocupado por las alegaciones de discriminación contra la comunidad lesbiana, gay, bisexual y trans (LGBT) en centros penitenciarios del Estado parte, incluida la discriminación en el acceso a visitas íntimas, y por el uso arbitrario del aislamiento como castigo en las prisiones del Estado parte (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para garantizar que su política de prisión preventiva est é de acuerdo con l a s normas internacionales y que la prisión preventiva sol o se utili ce como medida de último recurso durante un período limitado, de conformidad con los requisitos establecidos en su legislación. Con este fin, debe reconsiderar el recurso a la prisión preventiva como primera medida en el caso de los acusados en espera de juicio y examinar la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas a la privación de libertad, tal como se describe en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), aprobadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 , en particular en el caso de los menores de edad . También debe aumentar el control judicial de la duración de la prisión preventiva.

El Estado parte debe adoptar medidas urgentes para que las condiciones de detención en las comisarías, las prisiones y otros centros de detención estén en consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2076 (LXII). En particular, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte un plan de mejoras de la infraestructura de comisarías y cárceles del país a fin de garantizar condiciones de vida dignas a las personas privadas de libertad;

b) Se garantice un número suficiente de profesionales médicos, incluidos profesionales de la salud mental, a fin de asegurar una atención médica de calidad a las personas privadas de libertad;

c) Proporcione alojamiento y tratamiento psiquiátrico adecuado s a las personas privadas de libertad que requieran supervi sión y tratamiento psiquiátrico;

d) Redoble esfuerzos para combatir la discriminación contra grupos vulnerables, en particular la comunidad LGBT;

e) Utilice el aislamiento como medida de último recurso, por el menor tiempo posible, bajo una supervisión estricta y con la posibilidad de control judicial .

Declaraciones obtenidas bajo coacción

20)El Comité manifiesta su preocupación por las informaciones de que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 90 del Código Procesal Penal sobre la imposibilidad de que la policía tome declaración a la persona detenida, en la práctica la policía continúa obteniendo declaraciones bajo tortura o malos tratos. Asimismo, preocupa al Comité que los tribunales del Estado parte utilicen en ocasiones estas declaraciones como elementos de prueba. Le inquieta también la falta de información sobre los funcionarios que pudieran haber sido enjuiciados y castigados por obtener esas declaraciones (arts. 2, 4, 10 y 15).

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que las declaraciones obtenidas bajo tortura sean inadmisibles ante los tribunales en todos los procedimientos , de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que asegure en la práctica la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, y le proporcione información sobre si se ha procesado y sancionado a algún funcionario por obtener declaraciones de ese modo, así como ejemplos de procesos que hayan sido declarados nulos porque se había obtenido una declaración bajo tortura . Asimismo, el Estado parte debe velar por que se imparta formación a los agentes del orden, los jueces y los abogados sobre los métodos de detección e investigación de los casos de declaración obtenida bajo tortura .

Violencia contra la mujer

21)El Comité toma nota de las distintas medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia contra la mujer, que incluyen la dotación de recursos a cinco comisarías de policía para recibir denuncias de violencia doméstica. También toma nota de la implementación del Programa nacional de prevención y atención integral a víctimas de violencia de género en siete hospitales públicos y de la inclusión de penas de privación de libertad para sancionar actos de violencia familiar. Sin embargo, el Comité está preocupado por la ausencia de una ley específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres, no obstante su alta incidencia en el Estado parte (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe intensificar su labor para asegurar la aplicación de medidas de protección urgentes y eficaces destinadas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y l as muertes violentas de mujeres. Dichas medidas deberían incluir, en particular , la pronta adopción de una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que esté de acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la R ecomendación g eneral Nº 19 de 1994 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer , sobre la violencia contra la mujer . El Estado parte debe además realizar campañ as de sensibilización amplias e impartir cursos de capacitación sobre prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, destinados a los funcionarios que están en contacto directo con las víctimas (agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados, trabajadores sociales, etc.) y al público en general.

22)El Comité expresa su preocupación por la prohibición general del aborto en el artículo 109 del Código Penal, incluso en casos de violencia sexual, incesto o inviabilidad del feto, con la única excepción de la muerte indirecta del feto en caso de que la misma fuera consecuencia de un intervención necesaria para proteger de un peligro serio la vida de la madre. Esto implica para las mujeres afectadas recordar constantemente la violación de que han sido víctimas, lo que causa un grave estrés traumático con el riesgo de padecer problemas psicológicos duraderos. El Comité observa también con preocupación que las mujeres que solicitan el aborto por las circunstancias mencionadas más arriba son penalizadas. Al Comité también le preocupa que se niegue atención médica a aquellas mujeres que hubieran decidido abortar, lo que puede perjudicar gravemente la salud física y mental de las mujeres y puede constituir actos crueles e inhumanos. En este sentido, el Comité expresa su profunda inquietud por el hecho de que los abortos clandestinos continúen siendo una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres, y observa con preocupación que el Estado parte puede investigar y sancionar al personal médico por practicar abortos terapéuticos. También observa con preocupación las denuncias por parte de personal médico de casos de aborto conocidos bajo secreto profesional, en violación de las normas éticas de la profesión (arts. 2 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como le fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus últimas observaciones finales y que estudie la posibilidad de prever excepciones adicionales a la prohibición general del aborto, en particular para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debe adoptar medidas para preservar la confidencialidad en la relación médico-paciente cuando la asistencia médica sea por causa de complicaciones debidas a un aborto.

Trata de personas

23)El Comité reconoce la labor realizada por el Estado parte para hacer frente a la trata de personas, que incluye la creación de una Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas y de dependencias especializadas en la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y en la Secretaría de la Mujer, el establecimiento de un centro de atención integral a víctimas de trata de personas y la elaboración de un proyecto de ley contra la trata de personas. Asimismo, observa con interés la apertura de un albergue transitorio para víctimas de trata, pero observa que su capacidad es limitada y que solo recibe a víctimas de sexo femenino.Al Comité le preocupa el hecho de que el Paraguay continúe siendo un país de origen y tránsito para la trata de personas y lamenta la ausencia de información exhaustiva sobre casos de trata, así como sobre condenas por este delito (arts. 2, 10 y 16).

El Estado parte debe asegurarse de que todas las alegaciones de trata de personas sean investigadas de manera pronta, imparcial y exhaustiva , y que los autores de esos hechos sean enjuiciados y castigados por dicho delito. El Estado parte debe seguir realizando campañas de sensibilización en todo el país, ofreciendo programas adecuados de asistencia, recuperación y reintegración para las víctimas de la trata , e impartiendo capacitación a las fuerzas del orden, los jueces y fiscales, los funcionarios de migraciones y la policía de fronteras sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación. En particular, el Estado parte debe procurar aplica r e l Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, al que debería asignarle los recursos humanos y financieros necesarios. El Comité recomienda además que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para establecer formas y mecanismos de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino, a fin de prevenir, investigar y sancionar la trata de personas.

Capacitación y aplicación del Protocolo de Estambul

24)El Comité toma nota de la información incluida en el informe del Estado parte sobre programas de capacitación para las fuerzas armadas, fiscales y agentes de la Policía Nacional, pero lamenta la escasa información disponible sobre la evaluación de dichos programas y su eficacia en la reducción de caso de tortura y malos tratos. Lamenta, en particular, la falta de información acerca de la capacitación impartida sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) al personal involucrado en la investigación e identificación de la tortura y su tratamiento (art. 10).

El Estado parte debe:

a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, y en particular los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención;

b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de la tortura y malos tratos;

c) Establecer un plan de capacitación para todo el personal involucrado en la investigación e identificación de la tortura, incluidos defensores públicos, médicos y psicólogos, de modo que se conozca el contenido del Protocolo de Estambul y se aplique en la práctica.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

25)El Comité toma nota de la información proporcionada en el informe del Estado parte sobre indemnizaciones pecuniarias otorgadas a víctimas de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, ocurridas durante el período de 1954 a 1989, pero lamenta no haber recibido información sobre la adopción de medidas de rehabilitación, tales como asistencia psicológica o capacitación, para dichas personas. El Comité lamenta asimismo la ausencia total de información sobre medidas de reparación para las víctimas de la tortura fuera del período dictatorial (art. 14).

El Estado parte debe asegurar que se tom e n las medidas adecuadas para proporcionar a las víctimas de tortura s y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible.

El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico le proporcione datos estadísticos e información completa sobre aquellos casos en los que las víctimas hayan recibido una reparación plena, incluyendo la investigación y el castigo de los responsables, así como indemnización y rehabilitación.

Violencia contra los niños

26)El Comité toma nota de las medidas adoptadas para prohibir los castigos corporales a niños que se encuentren con sus madres privadas de libertad y en albergues y de la información proporcionada por la delegación del Estado parte sobre la existencia de un anteproyecto de ley para prohibir el castigo corporal. Sin embargo, al Comité le preocupa que el castigo corporal no se encuentre prohibido aún en el ámbito doméstico (art. 16).

El Comité recomienda a l Estado parte que prohíba expresamente el castigo corporal de niños en todas las circunstancias, con inclusión del ámbito doméstico.

Protección de pueblos indígenas

27)El Comité toma nota de las medidas ya tomadas por el Estado parte en cumplimiento de las sentencias y decisiones del sistema interamericano de derechos humanos relativas a la protección de los pueblos indígenas en el territorio del Estado parte, y de las medidas adoptadas en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para combatir la explotación laboral de estos pueblos. Sin embargo, expresa su preocupación por las informaciones recibidas sobre la persistencia de situaciones de explotación laboral, equivalentes a trato inhumano en violación de la Convención, de miembros de pueblos indígenas que habitan en el Paraguay (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para erradicar toda forma de explotación laboral de miembros de pueblos indígenas. Asimismo, el Estado parte debe dar cumplimiento integral en un plazo razonable de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obligan a adoptar medidas protectoras de los pueblos indígenas.

28)Se insta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que presentó al Comité y a las observaciones finales de este, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

29)El Comité solicita al Estado parte que, antes del 25 de noviembre de 2012, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones formuladas sobre: a) el acceso y el fortalecimiento de las salvaguardas legales para las personas detenidas; b)  la realización de investigaciones con prontitud, imparcialidad y eficacia; y c) el procesamiento de las personas sospechosas y el castigo de los responsables de actos de tortura y otros malos tratos, que figuran en los párrafos 11 y 18 del presente documento. Además, el Comité solicita información de seguimiento respecto de las medidas que se adopten para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, que figuran en el párrafo 23 del presente documento.

30)Se invita al Estado parte a presentar su próximo informe, que constituirá su séptimo informe periódico, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. A tal efecto, el Comité enviará al Estado parte, en su debido momento, una lista de cuestiones previas a la presentación del informe, habida cuenta de que el Estado parte ha aceptado enviar sus informes al Comité conforme al procedimiento facultativo de presentación de informes.

59.Sri Lanka

1)El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de Sri Lanka (CAT/C/LKA/3-4) en sus sesiones 1030ª y 1033ª, celebradas los días 8 y 9 de noviembre de 2011 (CAT/C/SR.1030 y 1033), y aprobó en sus sesiones 1050ª, 1051ª y 1052ª, celebradas los días 22 y 23 de noviembre de 2011 (CAT/C/SR.1050, 1051 y 1052), las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación de los informes periódicos tercero y cuarto combinados de Sri Lanka que, en general, siguen las directrices del Comité para la presentación de informes. No obstante, lamenta que el informe, que fue presentado con dos años de retraso, no incluya datos estadísticos ni información práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención. El Comité aprecia el diálogo mantenido con la delegación, las respuestas presentadas oralmente durante el examen del informe y las comunicaciones escritas adicionales.

B.Aspectos positivos

3)El Comité celebra que, en el período transcurrido desde el examen del segundo informe periódico, el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los siguientes instrumentos internacionales:

a)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en septiembre de 2006;

b)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en septiembre de 2006.

4)El Comité observa la labor que ha realizado el Estado parte para reformar su legislación, en particular:

a)La aprobación, en 2005, de la Ley de prevención de la violencia doméstica, Nº 34, que prevé las órdenes de protección en favor de niños y mujeres;

b)La aprobación, en 2006, de la Ley Nº 16 por la que se modifica el Código Penal y que, entre otras cosas, tipificó el delito de captación o reclutamiento de niños con miras a su participación en conflictos armados y en el trabajo infantil, así como la trata de niños y la utilización de niños en la pornografía.

5)El Comité también acoge con satisfacción la labor del Estado parte en el marco de las políticas y procedimientos vigentes, en particular:

a)La aprobación de un Plan de acción nacional para la infancia (2010-2015);

b)Las consultas con las organizaciones de la sociedad civil sobre los elementos que deberían incorporarse en el proyecto de plan de acción nacional de derechos humanos, que incluiría una sección sobre la prevención de la tortura;

c)El establecimiento de la Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas en mayo de 2010.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Denuncias del uso generalizado de la tortura y los malos tratos

6)A pesar de las nuevas circunstancias imperantes desde la derrota de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y del fin del conflicto militar que desgarró al país durante alrededor de treinta años, y del compromiso público del Estado parte ante el Comité de adoptar en las políticas y prácticas estatales un criterio de tolerancia cero con respecto a la tortura, el Comité sigue seriamente preocupado por las continuas y constantes denuncias del uso generalizado de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los sospechosos durante la custodia policial, en especial para obtener confesiones o información destinada a los procedimientos penales. También está preocupado por la información según la cual la tortura y los malos tratos perpetrados por agentes del Estado, tanto las fuerzas armadas como la policía, continuaron en muchas partes del país tras el fin del conflicto en mayo de 2009 y prosiguen en 2011 (arts. 2, 4, 11 y 15).

Con carácter urgente, el Comité exhorta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y eficaces para investigar todos los actos de tortura y malos tratos , y para enjuiciar y castigar a los responsables con sanciones acordes con la gravedad de sus actos. También lo e xhorta a que garantice que la tortura no sea empleada por los agentes del orden ni los miembros de las fuerzas armadas. Además de estas medidas, el Estado parte debe reafirmar inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura y condenar públicamente su práctica, así como advertir claramente que toda persona que cometa tales actos o sea cómplice o partícipe en tortura s será considerada personalmente responsable ante la ley por dichos actos, y estará sujeta a enjuiciamiento penal y a las sanciones correspondientes.

El Comité recuerda la prohibición absoluta de la tortura del artículo 2, párrafo 2, de la Convención, en el que se dispone que en "ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura", así como la declaración del representante del Estado parte reafirm ando lo anterior.

Salvaguardias legales fundamentales

7)Si bien se hace eco de la información proporcionada por el Estado parte acerca del contenido de las instrucciones del Presidente de 7 de julio de 2006 (publicadas nuevamente en 2007) y del Reglamento relativo a las personas bajo custodia policial (Disposición departamental Nº A 20), el Comité expresa su profunda inquietud porque, en la práctica, el Estado parte no proporciona a todos los detenidos, incluidos los que lo han sido en virtud de las leyes de lucha contra el terrorismo, todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de la detención. Preocupa al Comité que, a pesar del contenido de las instrucciones del Presidente de 2006, la ley no reconozca a los sospechosos de delitos penales que se hallan bajo custodia policial el derecho jurídico a informar a un familiar de su detención ni a acceder rápidamente a un abogado de su elección. El Código de Procedimiento Penal tampoco contempla otras salvaguardias jurídicas fundamentales, como el derecho a la presencia de un abogado y a la asistencia de un intérprete durante los interrogatorios, o el derecho a comunicaciones confidenciales entre el abogado y su cliente. El Comité observa con preocupación que el acceso a un médico queda a discreción del oficial de policía responsable de la comisaría. También expresa preocupación por la información según la cual la policía no hace comparecer a los sospechosos ante un juez dentro de los plazos prescritos por la ley y, con frecuencia, los sospechosos no son debidamente informados de sus derechos. El Comité expresa asimismo su inquietud por la falta de un programa estatal de asistencia letrada y por los diferentes obstáculos institucionales, técnicos y de procedimiento que anulan la eficacia del recurso de habeas corpus (art. 2).

El Estado parte debe adoptar medidas pront as y eficaces para garantizar, en el derecho y en la práctica, que todos los detenidos gocen de todas las salvaguardias jurídicas desde el momento de su detención. Entre estas se cuentan, en particular, el derecho de los detenidos a que se les informe de las razones de su detención, incluidos los cargos en su contra; a tener un rápido acceso a un abogado y a consultarlo en forma privada y, cuando sea necesario, a recibir asistencia letrada , así como a ser objeto de un examen médico independiente, si fuera posible por un médico de su elección; a notificar a un familiar y a ser informado de sus derechos; a la presencia de un abogado y la asistencia de un intérprete durante los interrogatorios policiales; a comparecer rápidamente ante un juez y a que un tribunal examine la legalidad de su detención, de conformidad con los instrumentos internacionales.

El Estado parte debe asegurar que, cuando los sospechosos sea n llevados ante los tribunales por la policía, los jueces siempre pregunten si ha n sido torturado s o sometido s a malos tratos por la policía durante la custodia. Asimismo, debe asegurar que los funcionarios públicos, en particular los médicos forenses, los médicos de las cárceles, los funcionarios penitenciarios y los jueces que tengan razones para sospechar un acto de tortura o malos tratos, consignen las sospechas o las denuncias de tales actos y las transmitan a las autoridades pertinentes.

Centros de detención secretos

8)A pesar de la declaración de la delegación de Sri Lanka en la que refutó categóricamente todas las alegaciones sobre la existencia de centros de detención no reconocidos en su territorio, el Comité está gravemente preocupado por los informes de fuentes no gubernamentales sobre centros de detención secretos gestionados por la inteligencia militar de Sri Lanka y grupos paramilitares, en los que presuntamente han tenido lugar desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales (arts. 2 y 11).

El Estado parte debe ga r antiz ar que nadie sea mantenido en un centro de detención secreto, dado que estas instalaciones constituyen en sí mismas una violación de la Convención. Debe igualmente investigar y revelar la existencia de cualquier instalación de este tipo y qué autoridades han sido responsables de su establecimiento. El Estado parte también debe garantizar que los resultados de esta investigación se hagan públicos. Debe suprimir toda instalación de esta índole y exigir responsabilidad a todos los que sean encontrados culpables.

Desapariciones forzadas

9)Si bien acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo del Estado parte en la causa Kanapathipillai Machchavallavan v Officer in Charge Army Camp Plaintain Point, Trincomalee and Three Others (2005), según la cual las desapariciones forzadas podrían constituir una violación del artículo 13 4) de la Constitución, el Comité observa con preocupación que este razonamiento no se ha reflejado en decisiones más recientes. También observa que la desaparición forzada no es un delito independiente en el derecho penal de Sri Lanka y que, en el Código Penal, estos actos están incorporados en otros delitos como el secuestro o la detención ilegal. El Comité expresa su inquietud porque 475 nuevos casos de desapariciones forzadas fueron transmitidos por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias al Estado parte en el marco de su procedimiento de urgencia en el período 2006-2010, y por las denuncias de que las fuerzas armadas, la policía, el Departamento de Investigación Penal y grupos paramilitares son los supuestos culpables. También está preocupado por los informes que sugieren que las amplias facultades previstas en la legislación de lucha contra el terrorismo han contribuido al elevado número de desapariciones (arts. 2, 11, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe:

a) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la desaparición forzada se tipifique como delito en su derecho interno;

b) Garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean exhaustiva y efectivamente investigados, que se enjuicie a los sospechosos y se castigue a los culpables con sanciones acordes con la gravedad de sus delitos;

c) Velar por que toda persona que haya sufrido daños como resultado directo de una desaparición forzada tenga acceso a información sobre la suerte de la persona desaparecida, así como a una indemnización justa y adecuada ;

d) Adoptar medidas para aclarar los casos pendientes de desaparici ones forzada s y dar una respuesta afirmativa a la solicitud de visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (A/HRC/16/48, párr. 450).

El Comité exhorta además al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Medidas de lucha contra el terrorismo

10)Si bien observa la decisión del Estado parte de levantar, el 31 de agosto de 2011, el prolongado estado de excepción, el Comité expresa preocupación porque 24 horas antes de su término se decretaron nuevas normas con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo, Nº 48 de 1979. Preocupa al Comité el carácter general de estas normas, que restringen indebidamente las salvaguardias jurídicas para los sospechosos o acusados de un delito de terrorismo o delito conexo, como señalaron el Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura. El Comité señala que el Presidente sigue invocando el artículo 12 de la Disposición legislativa de seguridad pública (cap. 40) para permitir a las fuerzas armadas conservar funciones policiales en 25 distritos (Orden presidencial de 6 de agosto de 2011). A este respecto, observa con inquietud que, con el fin del estado de excepción, las limitadas salvaguardias previstas en el Reglamento del estado de excepción (Disposiciones varias y competencias), Nº 1 de 2005, que se aplicaba a las detenciones efectuadas por las fuerzas armadas, han sido aparentemente derogadas por las nuevas normas adoptadas en virtud de la Ley de prevención del terrorismo (por ejemplo, una persona detenida por un miembro de las fuerzas armadas debía ser entregada a la policía dentro de las 24 horas) (arts. 2 y 16).

El Estado parte debe asegurar el respeto de las salvaguardias jurídicas fundamentales y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que su s medidas legislativas, administrativas y demás medidas de lucha contra el terrorismo sean compatibles con las disposiciones de l a Convención, en especial con su artículo 2, párrafo 2.

Confesiones obtenidas bajo coacción

11)Si bien se hace eco las aclaraciones del Estado parte sobre la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura en virtud de la Ley de prueba de 1985, el Comité sigue preocupado porque la Ley de prevención de la tortura permite que las confesiones obtenidas por agentes de policía con el rango de Superintendente Adjunto o superior sean admisibles (art. 16), y obliga al acusado a probar que la confesión fue obtenida mediante coacción (art. 17 2)). El Comité también está preocupado por la información de que, en la mayor parte de las causas vinculadas con la Ley de prevención del terrorismo, la única prueba presentada son las confesiones obtenidas por agentes de policía con el rango de Superintendente Adjunto o superior. Asimismo, observa con inquietud los informes que documentan casos individuales de tortura y malos tratos en los que las víctimas fueron presuntamente seleccionadas al azar por la policía para ser detenidas y privadas de su libertad por cargos al parecer infundados, y luego sometidas a tortura o malos tratos para obtener la confesión correspondiente a esos cargos (arts. 2, 11, 15 y 16).

El Estado parte debe excluir explícitamente toda prueba obtenida mediante tortura y garantizar que la legislación relativa a las pruebas en los procedimientos judiciales , incluida la legislación de lucha contra el terrorismo, se ajuste a las disposiciones del artículo 15 de la Convención.

El Estado parte también debe garantizar que el juez pregunte a todos los detenidos si han sufrido malos tratos o tortura durante la custodia. Debe asegurar que los jueces ordenen exámenes médicos independiente s cada vez que así lo pida el sospechoso ante el tribunal, y que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos para pensar que ha habido un acto de tortura, en especial cuando la única prueba presentada sea una confesión. El juez debe excluir estas declaraciones cuando el sospechoso así lo solicite ante el tribunal y el examen médico apoye la alegación. Los detenidos deben recibir una copia que confirme su solicitud de informe médico y una copia del propio informe.

Registro de todos los detenidos

12)El Comité observa que, de conformidad con el documento básico del Estado parte, en el período 2000-2005 más de 80.000 personas fueron encarceladas anualmente y, de estas, más de 60.000 nunca fueron condenadas. Además, de conformidad con la información adicional que presentó por escrito la delegación del Estado parte, al 11 de noviembre de 2011, 765 personas permanecían detenidas en Sri Lanka en virtud de órdenes de detención administrativa, pero no hay un registro central de las detenciones llevadas a cabo en virtud de la Ley de prevención del terrorismo. El Comité recuerda con preocupación que, en respuesta a la investigación confidencial prevista en el artículo 20 de la Convención (A/57/44, párrs. 123 a 195), el Estado parte informó que había creado un registro central informatizado de la policía, pero ahora revela que esto no ha sucedido (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe:

a) Asegurarse de que todos los sospechosos que sean objeto de una investigación penal sean inscritos sin demora en el registro desde el momento de la aprehensión y no tras la detención oficial o la presentación de cargos;

b) Establecer inmediatamente un registro central de todas las personas bajo custodia oficial, entre otr a s las que se encuentran en cárceles, comisaría de policía y "centros de rehabilitación", así como las detenida s en virtud de la Ley de prevención del terrorismo ;

c) Publicar una lista de todos los detenidos y los lugares de detención.

Defensores de los derechos humanos, abogados defensores, periodistas y otrosactores de la sociedad civil en situación de riesgo

13)El Comité expresa preocupación por la información según la cual los defensores de los derechos humanos, los abogados defensores y otros actores de la sociedad civil, como activistas políticos, sindicalistas y periodistas de medios de comunicación independientes han sido blanco de intimidación, hostigamiento —incluidas amenazas de muerte y agresiones físicas— y acusaciones por motivos políticos. Lamenta que, en muchos casos, los presuntos responsables de actos de intimidación y represalias parezcan disfrutar de impunidad. Asimismo, observa con pesar que el Estado parte fue incapaz de proporcionar información adecuada sobre los incidentes específicos sobre los que preguntó el Comité, incluidos los casos de periodistas como Poddala Jayantha, Prageeth Eknaligoda y J. S. Tissainayagam, y abogados como J. C. Welliamuna y Amitha Ariyarantne. Esto dio lugar a una serie de comunicaciones al Comité de algunas de las personas en cuestión, que contienen información contradictoria. También preocupa al Comité la información que ha recibido según la cual el Ministerio de Defensa ha publicado artículos en su sitio web que presentan a los abogados que defienden a ciertas personas como "traidores" a la nación. Le inquieta que en uno de estos artículos, titulado "Los traidores de toga negra reunidos", figuraran los nombres y las fotografías de cinco abogados, lo que los ponía en riesgo de sufrir agresiones (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe:

a) Garantizar que todas las personas, incluidas las que se dedican a la vigilancia de los derechos humanos y la lucha contra la tortura y la impunidad, estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades;

b) Adoptar medidas pront as y eficaces, en particular investigaciones y enjuiciamientos, para respo nder a las inquietudes que despierta el entorno extremadamente hostil que afrontan los defensores de los derechos humanos, los abogados, los periodistas y los a gen tes de la sociedad civil en Sri Lanka.

Condiciones de detención en las comisarías y cárceles

14)El Comité está preocupado por los deplorables niveles de hacinamiento y las precarias condiciones que imperan en comisarías y cárceles, en especial la falta de higiene, la atención médica inadecuada y el hecho de que los condenados no permanezcan separados de las personas en prisión preventiva, ni los reclusos adultos de los menores infractores, tal como informó el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (A/HRC/7/3/Add.6 y A/HRC/13/39/Add.6). A este respecto, lamenta que el Estado parte no haya presentado información sobre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de reclusión de las personas en prisión preventiva y los condenados (arts. 11 y 16).

El Estado parte debe:

a) Asegurar que las condiciones de detención en las cárceles del país sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok);

b) Procurar en mayor medida poner remedio al hacinamiento en las cárceles y los centros de prisión preventiva, en particular incorporando penas alternativas a la privación de libertad;

c) Seguir ampliando la infraestructura de las cárceles y los centros de detención preventiva, incluidos los destinados a los menores infractores;

d) Adoptar medidas eficaces para mejorar la idoneidad de los recursos destinados a la atención de la salud en las instituciones penitenciarias, y asegurar que la asistencia médica prestada a los detenidos sea de alta calidad.

Muertes de personas detenidas

15)Preocupan al Comité los informes ONG sobre muertes de personas detenidas, en incluido el asesinato de sospechosos de delitos penales por la policía en "enfrentamientos" o "intentos de fuga" presuntamente orquestados. El Comité observa con inquietud que el Estado parte solo informó de dos casos de muertes de personas detenidas en todo el período 2006-2011, que, según se había determinado, se habían debido a suicidios, mientras que en un período similar (2000-2005) el Estado parte había informado en su documento básico de aproximadamente 65 muertes anuales de personas detenidas, incluyendo todas las causas (HRI/CORE/LKA/2008, pág. 87).

El Comité insta al Estado parte a que investigue sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todas las muertes de detenidos, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes del orden y los funcionarios penitenciarios y que, cuando corresponda, castigue debidamente a los culpables y proporcione una indemnización a los familiares de las víctimas.

El Estado parte debe presentar datos detallados sobre las causas registradas de muertes de personas detenidas, desglosadas por lugar de detención, sexo, edad, etnia del fallecido y causa del deceso.

Vigilancia de los lugares de detención

16)Si bien observa las amplias facultades de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka para investigar las violaciones de los derechos humanos de conformidad con el artículo 11 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Nº 21 de 1996, el Comité está preocupado por la supuesta inactividad de la Comisión, la falta de cooperación de la policía y el Gobierno, los limitados recursos con los que cuenta y los obstáculos a su independencia e imparcialidad derivados de la 18ª enmienda a la Constitución de Sri Lanka, que atribuye el nombramiento de sus miembros exclusivamente al Jefe de Estado. También preocupa al Comité que, contrariamente a la información proporcionada por el Estado parte, no se permita al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar los "centros de rehabilitación" o instalaciones en las que se mantiene a los sospechosos de los LTTE contra los que aún no se han presentado cargos oficialmente. El Comité observa con inquietud que, en 2009, la administración militar de los campamentos de internamiento cerrados para desplazados internos negó el acceso de las organizaciones humanitarias, incluidas las Naciones Unidas y el CICR, a esos campamentos (arts. 2, 11, 12, 13 y 16).

El Comité exhorta al Estado parte a que establezca un sistema nacional independiente para controlar eficazmente e inspeccionar todos los lugares de detención, incluidas las instalaciones en las que se mantiene a sospechosos de los LTTE y los campamentos cerrados de desplazados internos, y a que haga un seguimiento del resultado de este control sistemático.

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para apoyar la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, garantizando que sus recomendaciones se apliquen plenamente. También debe proporcionar información detallada sobre las medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas por la Comisión tras su visita a la comisaría de Mount Lavinia, el 15 de agosto de 2011.

El Estado parte debe fortalecer la capacidad de las ONG que realizan actividades de vigilancia y adoptar todas las medidas apropiadas para permitirles llevar a cabo visitas periódicas, independientes y sin notificación previa a los lugares de detención.

El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura , con miras a crear un sistema de visitas periódicas sin notificación previa de observadores nacionales e internacionales destinado a prevenir la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.

Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka

17)Preocupa al Comité que el nuevo proceso de nombramiento establecido en la 18ª enmienda a la Constitución de Sri Lanka (de septiembre de 2010), por el que se puso fin a la aprobación de los nombramientos por el Parlamento, restrinja la independencia de la Comisión. También le preocupan las dificultades de la Comisión para cumplir sus funciones, en parte debido a la falta de cooperación de otras instituciones del Estado parte y a los escasos recursos humanos y financieros de los que dispone, que han mermado su capacidad para investigar incidentes concretos y formular recomendaciones en materia de reparación, y el hecho de que la Comisión no publique los informes de sus investigaciones (arts. 2 y 12).

El Estado parte debe asegurar que la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka cumpla eficazmente su mandato y reciba los recursos necesarios a tal fin. También debe asegurar que la Comisión pueda iniciar y llevar a cabo investigaciones independientes de presuntos y posibles casos de tor tura y malos tratos, en particular los que hayan podido producirse en locales militares, "centros de rehabilitación" y demás instalaciones bajo control gubernamental , como los "centros de asistencia social", y publicar sus resultados. El Estado parte debe establecer un proceso de sele cción transparente y consultivo para garantizar la plena independencia de la Comisión, de conformidad con los Principios de París.

Impunidad por actos de tortura y malos tratos

18)Sigue preocupando al Comité el clima de impunidad que impera en el Estado parte, y la aparente falta de una investigación pronta e imparcial de los casos en los que hay motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. El Comité también observa que no hay un mecanismo de supervisión eficaz e independiente para investigar las denuncias de tortura. Asimismo, expresa su inquietud por los informes según los cuales la Fiscalía General ya no remite causas a la Unidad Especial de Investigación de la policía, y por la amplia proporción de causas que siguen pendientes. También preocupan al Comité los numerosos informes sobre la falta de independencia del poder judicial (arts. 11, 12 y 13).

El Estado parte debe:

a) Garantizar que se haga una investigación pronta e imparcial de todas las denuncias de tortura o malos tratos. En particular , estas investigaciones deben ser responsabilidad de un órgano independiente, no subordinado a la policía .

b) Establecer un sistema independiente de denuncia para todas las p ersonas privadas de su libertad.

c) Iniciar de oficio una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura.

d) Asegurar que la Fiscalía General cumpla su obligación de remitir las causas a la U nidad Especial de Investigación.

e) Garantizar que, en los presuntos casos de tortura, los sospechosos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación, en particular si existe el riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de repetir el acto denunciado o de obstaculizar la investigación.

f) Garantizar que, en la práctica, los denunciantes y los testigos estén protegidos de malos tratos y actos de intimidación vinculados con su denunc ia o testimonio.

g) Enjuiciar a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, si se comprueba su culpabilidad, garantizar que las sentencias dispongan sanciones acordes con la gravedad de sus actos. A este respecto, es necesario adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial.

Protección de testigos y víctimas

19)El Comité sigue preocupado por la falta de un mecanismo eficaz que brinde protección y asistencia a los testigos y víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos, lo que tiene efectos negativos en la disposición y la capacidad de testigos y víctimas para participar en investigaciones o testificar en los juicios. A este respecto, preocupa al Comité la impunidad en los casos de agresiones contra testigos y víctimas, como en el caso de Gerald Perera y los presuntos involucrados en su asesinato tras sus denuncias de tortura contra varios agentes de la policía. El Comité observa con inquietud que un proyecto de ley de protección de testigos y víctimas ha estado en la agenda del Parlamento desde 2008. Asimismo, lamenta la escasa información sustantiva proporcionada por el Estado parte sobre el caso de Siyaguna Kosgodage Anton Sugath Nishantha Fernando, autor de una denuncia de tortura ante el Tribunal Supremo, que fue asesinado a tiros por hombres armados no identificados el 20 de septiembre de 2008. La víctima había solicitado repetidas veces medidas de protección frente a los presuntos culpables para él y sus familiares (arts. 2, 11, 12, 13 y 15).

El Comité reitera su anterior recomendación (CAT/C/LKA/CO/2, párr. 15) de que el Estado parte garantice que testigos y víctimas de violaciones de los derechos humanos reciban efectivamente protección y asistencia, en particular asegurando que los culpables no tengan influencia sobre los mecanismos de protección y que rindan cuentas de sus actos.

Desplazados internos

20)El Comité observa que, en 2009, cerca del fin del conflicto armado, más de 280.000 personas huyeron de las zonas septentrionales controladas por los LTTE a territorios controlados por el Gobierno en los distritos de Vavuniya, Mannar, Jaffna y Trincomalee, en los que la inmensa mayoría ingresaron en campamentos de internamiento cerrados administrados por las fuerzas armadas. Si bien se hace eco de la información presentada por el Estado parte sobre los importantes esfuerzos realizados para responder a la afluencia de desplazados, el Comité sigue preocupado por la situación de los desplazados internos en el país, en especial de aquellos que permanecen en "centros de asistencia social". Según el Estado parte, se proporcionó en un primer momento a los desplazados internos "un entorno seguro y atención, mientras se los examinaba para identificar a los dirigentes terroristas que se hubieran infiltrado entre la población civil rescatada al final del conflicto armado". No obstante, siguen inquietando al Comité las constantes denuncias de tortura y malos tratos de los residentes en el campamento durante los interrogatorios del Departamento de Investigación Penal y el Departamento de Investigación de Actividades Terroristas. Le preocupa que esas denuncias no hayan sido investigadas fuera del contexto de la Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas, y que no se hayan iniciado acciones judiciales. El Comité también está preocupado por la información sobre el grave hacinamiento, las precarias condiciones higiénicas y sanitarias, la malnutrición, el carácter inadecuado de la asistencia médica y psicológica, y la falta de libertad de circulación de los residentes en los campamentos durante las últimas etapas de la guerra y después de esta (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe:

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y responder a las necesidades específicas de los desplazados internos, de conformidad con los Principios rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2), incluidas la atención médica y p sicológica que requieran;

b) Garantizar que se investiguen los presuntos casos de tortura, en particular los de violencia sexual, contra los residentes en los campamentos, y que los culpables de estos actos sean llevados ante los tribunales;

c) Impartir programas de formación obligatoria en materia de derechos humanos, desplazamiento interno y violencia de género a los miembros de las fuerzas armadas y los agentes del orden que trabajan en los campamentos.

Proceso de rendición de cuentas y Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas

21)El Comité observa que ha habido un cierto número de comisiones especiales de investigación que han examinado las violaciones de los derechos humanos en el pasado, como la Comisión Presidencial de Investigación, encargada de investigar los casos graves de violaciones de los derechos humanos ocurridos desde el 1º de agosto de 2005 y que, según el Grupo Internacional Independiente de Personalidades Eminentes, no cumplía las normas internacionales de independencia, protección de testigos y víctimas, y transparencia. El Comité se hace eco de la información sobre el mandato, la composición y los métodos de trabajo de la Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas y del Comité Asesor Interinstitucional, creados en mayo y septiembre de 2010, respectivamente. Asimismo, las seguridades ofrecidas por la delegación del Estado parte de que la Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas está facultada para canalizar las denuncias recibidas y "puede proceder inmediatamente a una investigación y adoptar medidas correctivas", y de que el Fiscal General del Estado es "competente para iniciar procedimientos penales sobre la base del material reunido durante la formulación de las recomendaciones de la Comisión". No obstante, el Comité lamenta que la Comisión tenga un mandato aparentemente limitado y que carezca, al parecer, de independencia. Además, lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información sobre las investigaciones de denuncias de graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, como la tortura, la violencia, las desapariciones forzadas y otras formas de malos tratos, que supuestamente tuvieron lugar en las últimas etapas del conflicto y en la fase posterior a este, según informaron numerosas fuentes, incluidos el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el Grupo de Expertos del Secretario General sobre la Rendición de Cuentas en Sri Lanka. El Comité observa que el Estado parte afirma que la Comisión "ha tenido conocimiento de todas las denuncias", aunque lamenta no haber recibido información alguna al respecto, y que el Estado parte "(...) esperará el informe de la Comisión antes de adoptar nuevas medidas" y "se presentará" al Comité "una respuesta exhaustiva" sobre el establecimiento de programas de asistencia a las víctimas de tortura y malos tratos ocurridos durante el conflicto armado "una vez que se haya ultimado y publicado el informe de la Comisión" (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

Tras la iniciativa de la Comisión de la Reconciliación y las Enseñanzas Extraídas, el Estado parte debe iniciar sin demora una investigación imparcial y eficaz de todas las denuncias de violaciones de la Convención, incluidas las relativas a torturas, violaciones, desapariciones forzadas y otras formas de malos tratos, que tuvieron lugar durante las últimas etapas del conflicto y en la fase posterior a este, con miras a exigir responsabilidad a los culpables y proporcionar reparación efectiva a las víctimas de esas violaciones.

El Estado parte también debe considerar la posibilidad de aceptar un órgano de investigación internacional, que responda a las inquietudes surgidas en el pasado con respecto a la falta de credibilidad de investigaciones anteriores, así como a toda inquietud que persista con respecto a la Comisión.

Violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual

22)El Comité observa con preocupación la información acerca de un número creciente de casos de violencia contra la mujer, incluida violencia sexual y doméstica, así como la insuficiente información proporcionada por el Estado parte a este respecto. También observa con preocupación que la violencia doméstica y la violación en el matrimonio solo se reconocen tras la certificación jurídica de la separación de los cónyuges pronunciada por un juez. Inquietan igualmente al Comité los casos denunciados de violaciones en tiempo de guerra y otros actos de violencia sexual que ocurrieron tras el fin del conflicto, en particular en campamentos controlados por las fuerzas armadas (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe garantizar que se haga una investigación pronta, imparcial y eficaz de todas las denuncias de violencia sexual, enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables.

El Comité reitera la recomendación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/LKA/CO/7) de que el Estado parte amplíe la penalización de la violación conyugal, con independencia de que exista separación certificada judicialmente o no.

El Estado parte debe proporcionar al Comité información sobre la investigación de los casos de violación en tiempo de guerra y otros actos de violencia sexual ocurridos durante las últimas etapas del conflicto y en la fase posterior a este, y sobre el resultado de los juicios realizados , incluida información sobre las sanciones impuestas y la reparación e indemnización ofrecidas a las víctimas.

Explotación y abusos sexuales de niños por personal de mantenimiento de la paz

23)El Comité expresa su gran preocupación por los presuntos casos de explotación y abusos sexuales de menores por militares del contingente de Sri Lanka de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en 2007. Si bien observa la información proporcionada por la delegación del Estado parte según la cual las tropas en cuestión fueron repatriadas y juzgadas según la legislación militar, el Comité lamenta la falta de información disponible sobre los cargos o sanciones específicos que recayeron en los 114 miembros del contingente de Sri Lanka que fueron repatriados por motivos disciplinarios (arts. 2, 5, 12 y 16).

El Estado parte debe investigar las denuncias de incidentes de explotación y abusos sexuales por parte de militares del contingente de Sri Lanka de la MINUSTAH e informar sobre las conclusiones de las investigaciones y las medidas adoptadas en consecuencia, con inclusión del número de acusaciones, juicios y condenas resultantes, y de las medidas adoptadas para prevenir nuevos incidentes. El Comité alienta al Estado parte a que prosiga su cooperación con las dependencias pertinentes de las Naciones Unidas para asegurar que haya avances en la materia.

Trata de personas y violencia contra los trabajadores migrantes de Sri Lanka

24)Si bien se hace eco de la aprobación en 2006 de la Ley Nº 16 por la que se modifica el Código Penal, el Comité está preocupado por la persistente información sobre trata de mujeres y niños en el Estado parte con fines de trabajo forzado y explotación sexual, el bajo número de condenas vinculadas con la trata de personas y la detención de víctimas de trata. Está preocupado también por los presuntos abusos que sufren muchos trabajadores migrantes de Sri Lanka, en especial mujeres, que viajan al extranjero y afrontan situaciones de trabajo forzado u otros abusos en el país de destino, según sostuvo el representante del Estado parte. A este respecto, el Comité observa con interés la declaración del representante del Estado parte de que el proyecto de plan de acción nacional de derechos humanos contiene una sección dedicada a la protección de los trabajadores migrantes de Sri Lanka (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debe:

a) Intensificar su labor de lucha contra la trata de personas, tomando medidas eficaces para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables y estrechando aún más la cooperación internacional con los países de origen, tránsito y destino;

b) Revisar su legislación y sus prácticas con el fin de prevenir el enjuiciamiento, la detención o el castigo de las víctimas de trata por la ilegalidad de su entrada o residencia o por las actividades en las que se ven involucradas como consecuencia directa de su situación de víctimas de trata;

c) Ordenar a las autoridades consulares o diplomáticas que proporcionen protección y asistencia a los trabajadores migrantes de Sri Lanka para proteger su derecho a no sufrir violencia, reclusión o abusos en violación de la Convención;

d) Considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Definición de tortura

25)El Comité reitera su opinión de que la definición de tortura del artículo 12 de la Ley de la Convención contra la Tortura (Ley de la Convención) de 1994 no refleja completamente la definición internacionalmente acordada que figura en la Convención. La Ley restringe los actos de tortura a "todo acto que cause dolor grave, ya sea físico o mental", mientras que la definición de la Convención habla de "dolores o sufrimientos graves". Por consiguiente, la Ley no cubre actos que no son violentos en sí mismos pero que, sin embargo, infligen sufrimiento (arts. 1 y 4).

El Comité reitera la recomendación ya formulada en sus anteriores observaciones finales (CAT/C/LKA/CO/2, párr. 5) de que el Estado parte modifique la definición de tortura del artículo 12 de la Ley de la Convención para ampliar la definición de tortura a todos los actos de tortura, incluidos los que causan sufrimientos graves, de conformidad con el artículo 1 de la Convención. A este respecto, el Comité recuerda su Observación general Nº 2 (2007), que afirma que las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional abren resquicios reales o potenciales para la impunidad (CAT/C/GC/2, párr. 9).

Jurisdicción sobre actos de tortura

26)Si bien observa la información presentada por el Estado parte sobre la aplicación de los artículos 5 a 8 de la Convención, el Comité lamenta la falta de claridad sobre la existencia de las medidas necesarias para establecer la jurisdicción del Estado parte sobre los actos de tortura. Aunque la Ley de la Convención de 1994 dispone la jurisdicción sobre los presuntos culpables de tortura presentes en el territorio del Estado parte, sean o no ciudadanos, no queda claro si dispone la jurisdicción universal o si esto queda a discreción del Tribunal Superior, como se desprende del artículo 4 2) de la Ley de la Convención. Además, el artículo 7 de dicha Ley parece exigir el rechazo de una solicitud de extradición para que la causa deba ser presentada a las autoridades pertinentes. El Comité recuerda su jurisprudencia sobre el contenido de la obligación de extraditar o enjuiciar (aut dedere, aut judicare), en el sentido de que la obligación del Estado parte de enjuiciar al presunto culpable de actos de tortura no depende de la existencia previa de una solicitud de extradición (arts. 5, 6, 7 y 8).

El Comité reitera su recomendación anterior (CAT/C/LKA/CO/2, párr. 10) de que el Estado parte garantice que su legislación interna permita establecer jurisdicción sobre los actos de tortura de conformidad con el artículo 5 de la Convención, incluidas disposiciones para proceder al enjuiciamiento, conforme al artículo 7, de personas no nacionales de Sri Lanka que hayan cometido actos de tortura fuera del territorio del Estado parte y que estén presentes en su territorio y no hayan sido extraditadas.

Refugiados, no devolución

27)El Comité observa con preocupación que no hay leyes ni políticas nacionales que garanticen la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo en el Estado parte, ni de las personas que requieren protección internacional. Lamenta que el Estado parte no haya presentado información sobre el número de casos de devolución, extradición y expulsión registrados durante el período objeto de examen, ni sobre el número de casos en los que ha ofrecido seguridades o garantías diplomáticas (art. 3).

El Estado parte debe adoptar una política nacional, así como las medidas legislativas y administrativas necesarias, para garantizar protección a los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas.

El Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia.

Formación

28)El Comité se hace eco de la información sobre la capacitación en materia de derechos humanos impartida a los miembros de la policía y las fuerzas armadas que figura en el informe del Estado parte y en las respuestas a la lista de cuestiones. No obstante, lamenta la falta de información sobre la evaluación de esos programas y sobre sus consecuencias en la reducción de la incidencia de la tortura y los malos tratos, así como el hecho de que no se imparta capacitación específica para detectar signos de tortura y malos tratos al personal médico de los centros de detención (arts. 10 y 11).

El Estado parte debe:

a) Seguir impartiendo programas de formación obligatoria para asegurar que todos los funcionarios públicos, en particular los miembros de la policía y las fuerzas armadas, conozcan plenamente las disposiciones de la Convención, y que no se toleren sino que se investiguen las infracciones, y se enjuicie a los culpables;

b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de formación y educación en la reducción de la incidencia de la tortura y los malos tratos;

c) Apoyar la formación relativa al empleo del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) , destinada a todo el personal pertinente, en particular el personal médico.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

29)El Comité observa la explicación del Estado parte de que, dada su competencia en materia de derechos fundamentales, los tribunales de Sri Lanka pueden otorgar indemnizaciones (529 demandas han sido presentadas contra agentes de la policía desde 2006); que ha habido un cierto número de casos en los que el Tribunal Supremo ha otorgado indemnizaciones pecuniarias por tortura; y que la indemnización también puede obtenerse mediante una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de Distrito. Sin embargo, el Comité ha recibido información según la cual los montos de las indemnizaciones no son acordes al delito. A este respecto, lamenta que en el informe del Estado parte no haya información sobre las decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal de Distrito por las que se haya concedido indemnización a víctimas de tortura y malos tratos o a sus familiares, ni sobre los montos otorgados en esos casos. El Comité también observa con preocupación que ni la Ley de la Convención de 1994 ni el derecho penal contienen disposición alguna sobre indemnizaciones u otras formas de reparación para las víctimas de tortura. Por último, lamenta la insuficiente información presentada sobre el tratamiento y los servicios de rehabilitación social, incluida la rehabilitación médica y psicosocial, proporcionados a todas las víctimas de tortura (art. 14).

El Estado parte debe intensificar su labor para proporcionar reparación a las víctimas de tortura y malos tratos, incluida una indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación tan completa como sea posible.

El Comité reitera su anterior recomendación (CAT/C/LKA/CO/2, párr. 16) de que el Estado parte asegure programas adecuados de rehabilitación a todas las víctimas de tortura y malos tratos, incluida asistencia médica y p sicológica.

Castigos corporales

30)El Comité observa que, si bien los castigos corporales están prohibidos como sanción penal en virtud de la Ley de abolición de los castigos corporales, Nº 23 de 2005, no están prohibidos como medidas disciplinarias en las instituciones penales destinadas a los menores infractores, ni en el hogar o los entornos de cuidado alternativo, de conformidad con el artículo 82 del Código Penal. También observa con preocupación que, a pesar de la publicación en 2005 de la Circular Nº 2005/17 del Ministerio de Educación, por la que se establece que los castigos corporales no deben emplearse en las escuelas, estos no están prohibidos por ley y su utilización sigue siendo un hecho generalizado (arts. 10 y 16).

El Estado parte debe considerar la posibilidad de modificar su Código Penal para prohibir los castigos corporales en todos los entornos y sensibilizar a la opinión públic a al respecto.

Documentación necesaria sobre el cumplimiento

31)Preocupa al Comité que, a pesar de su anterior recomendación al Estado parte de que proporcionara información estadística detallada sobre diversas cuestiones penales básicas y otras cuestiones estadísticas (CAT/C/LKA/CO/2, párr. 19), esta información no fue presentada en el informe periódico del Estado parte, sus respuestas a la lista de cuestiones o los documentos complementarios presentados por escrito. La falta de datos detallados y desglosados sobre denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas en casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes del orden, personal militar y funcionarios penitenciarios, incluidos los casos de desaparición forzada, violación, violencia contra la mujer y otras formas de tortura y malos tratos, dificulta la determinación de abusos que requieran atención, y obstaculiza la aplicación eficaz de la Convención (arts. 2 y 19).

El Estado parte debe recopilar datos estadísticos pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Convención a nivel nacional y local, desglosados por sexo, etnia, edad, región geográfica y tipo y ubicación del centro de privación de libertad, con inclusión de datos sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos de casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes del orden, personal militar y funcionarios penitenciarios, y sobre desapariciones forzadas, violaciones y violencia contra la mujer.

32)Teniendo en cuenta los compromisos voluntarios asumidos por el Estado parte en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2008 (A/HRC/8/46, párrs. 90 y 108 a 110), el Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de aprobar el proyecto de ley sobre protección de testigos y víctimas y el proyecto de ley de derechos de los desplazados internos, mejore y modernice los centros de detención, y mejore la capacidad de la policía para realizar investigaciones, impartiendo formación adicional sobre interrogatorios y procesamiento.

33)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

34)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

35)El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte.

36)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presentó al Comité y a las presentes observaciones finales, en todos los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

37)Se invita al Estado parte a que actualice su documento básico (HRI/CORE/LKA/2008), de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

38)El Comité pide al Estado parte que, a más tardar el 25 de noviembre de 2012, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité de: 1) asegurar o reforzar las salvaguardias jurídicas para los detenidos; 2) llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces; y 3) enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura y malos tratos, que figuran en los párrafos 7, 11, 18 y 21 del presente documento. Además, el Comité solicita información sobre el seguimiento en materia de recursos y reparación proporcionados a las víctimas y mencionados en esos párrafos.

39)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el quinto, a más tardar el 25 de noviembre de 2015. Con tal fin, el Comité invita al Estado parte a que convenga, a más tardar el 25 de noviembre de 2012, en informar con arreglo al procedimiento facultativo, que se basa en el envío del Comité al Estado parte de una lista de cuestiones previas a la presentación del informe periódico. La respuesta del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirá el próximo informe periódico que ha de presentar en virtud del artículo 19 de la Convención.

60.Albania

1)El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de Albania (CAT/C/ALB/2) en sus sesiones 1060ª y 1063ª (CAT/C/SR.1060 y 1063), celebradas los días 8 y 9 de mayo de 2012. En su 1084ª sesión (CAT/C/SR.1084) celebrada el 25 de mayo de 2012, aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del segundo informe periódico del Estado parte, aunque se haya presentado con un retraso de casi dos años, y observa que, en general, se ajusta a las directrices para la preparación de los informes, aunque adolece de falta de datos específicos, desglosados por sexo, edad y nacionalidad, en particular sobre los actos de tortura y malos tratos por parte de los agentes del orden.

3)El Comité expresa su satisfacción por el diálogo abierto y constructivo mantenido con la delegación interdepartamental del Estado parte sobre todos los aspectos de la Convención. Aprecia asimismo que el Estado parte presentara respuestas detalladas por escrito a la lista de cuestiones que le comunicó con anterioridad al período de sesiones para facilitar el examen de su informe.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el 5 de junio de 2007;

b)El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 4 de octubre de 2007;

c)El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el 17 de octubre de 2007;

d)La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el 8 de noviembre de 2007;

e)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 5 de febrero de 2008;

f)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el 9 de diciembre de 2008;

g)El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el 6 de febrero de 2007;

h)El Protocolo Nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, el 6 de febrero de 2007.

5)El Comité acoge con satisfacción la promulgación de las leyes siguientes:

a)La Ley Nº 9686, de 26 de febrero de 2007, por la que se modificó la definición de tortura del artículo 86 del Código Penal, que tipificó como delito los actos incluidos en el artículo 1 de la Convención, incluso cuando los cometan personas en el ejercicio de sus funciones oficiales, y se añadieron circunstancias agravantes en el artículo 50 del Código Penal para sancionar los delitos motivados por factores como el género, la raza o la religión; y

b)La Ley Nº 9669, de 18 de diciembre de 2006, sobre "Medidas contra la violencia en las relaciones de familia" y la Ley Nº 10494, de 22 de diciembre de 2011, sobre "Vigilancia electrónica de personas privadas de libertad de conformidad con las decisiones de los tribunales", destinada a prevenir la violencia en la familia.

6)El Comité acoge también con satisfacción:

a)La designación por el Parlamento de Albania en 2008 del Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

b)La aprobación de un "Manual sobre el trato de las personas bajo custodia policial", aprobado por el Director General de la Policía del Estado en diciembre de 2009;

c)La aprobación de la Estrategia nacional sobre la igualdad de género y la reducción de la violencia de género y la violencia en la familia, 2011-2015, en virtud de la Decisión Nº 573 del Consejo de Ministros, de 16 de junio de 2011.

7)El Comité observa la existencia de una sociedad civil activa, lo que contribuye de manera significativa a vigilar los casos de tortura y malos tratos y facilita la aplicación efectiva de la Convención en el Estado parte.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y tipificación de la tortura como delito

8)El Comité celebra que el Código Penal (art. 86) del Estado parte se ajuste al artículo 1 de la Convención, pero expresa su grave preocupación por el hecho de que no se haya facilitado información sobre la aplicación del artículo 86 del Código Penal, y por la tendencia a clasificar los casos denunciados de tortura como actos arbitrarios con arreglo al artículo 250 del Código Penal (arts. 1 y 4).

De conformidad con la Observación general N º 2 (2007) del Comité, sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, el Estado parte debe velar por que se recopilen y evalúen debidamente datos sobre actos considerados como tortura con arreglo al artículo 86 del Código Penal, absteniéndose de clasificar los casos denunciados de tortura como actos arbitrarios con arreglo al artículo 250 de dicho Código. El Estado parte debe aclarar también qué casos de malos tratos por parte de los agentes del orden, comunicados en respuesta a la lista de cuestiones y durante el diálogo, equivalen a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como qué medidas se han tomado para que los fiscales puedan aplicar el artículo 86 del Código Penal.

Aplicabilidad directa

9)El Comité, si bien acoge con agrado la aplicabilidad directa de la Convención, de conformidad con el artículo 112 de la Constitución de Albania, observa con preocupación que el Estado parte ha reconocido durante el diálogo que no dispone de información concreta sobre los casos en que se ha invocado y aplicado directamente la Convención ante los tribunales nacionales (arts. 2 y 10).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para:

a) Asegurar la aplicación efectiva de la Convención y su aplicabilidad y exigibilidad directas en el ordenamiento jurídico nacional , y dar a conocer la Convención a todas las autoridades públicas competentes, incluidos los miembros del poder judicial, para facilitar así la aplicación directa de la Convención en los tribunales nacionales;

b) Facilitar en su informe periódico información actualizada sobre ejemplos de aplicación directa de la Convención en los órganos judiciales nacionales.

El Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención

10)Preocupan al Comité los informes en el sentido de que el Defensor del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención, solo supervisa la situación de las personas detenidas, por conducto de la Dependencia de Prevención de la Tortura, una vez que ha recibido denuncias de abusos y con el consentimiento previo, lo que limita los aspectos protectores de sus visitas preventivas (art. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que asegure el acceso periódico y oportuno del Defensor del Pueblo a todos los lugares de detención, sin limitar sus visitas a investigar in situ las alegaciones de abuso s y sin necesidad del consentimiento previo de las autoridades respectivas para llevar a cabo la visita.

11)Preocupa también al Comité la falta de personal profesional, de recursos financieros y de recursos metodológicos a disposición del Defensor del Pueblo, así como los informes que denuncian presiones indebidas en su funcionamiento, como la falta de nombramiento de un Defensor del Pueblo durante más de dos años, por lo que los lugares de detención no se han visitado periódicamente, lo que ha limitado el adecuado cumplimiento del mandato de supervisión del Defensor del Pueblo y ha reducido la función y la importancia de esta institución (arts. 2 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que facilite al Defensor del Pueblo suficientes recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para que pueda desempeñar sus funciones con eficacia e independencia, de conformidad con el artículo 18 , párrafo 3, del Protocolo Facultativo y las directrices N os. 11 y 12 del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que garantice que la institución funcione sin presiones indebidas.

12)El Comité, aunque acoge con satisfacción las recomendaciones del Defensor del Pueblo destinadas, en particular, a mejorar las condiciones en los calabozos policiales, observa con preocupación la falta de diálogo y de medidas adoptadas por el Parlamento para hacer un seguimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, como exige la ley, así como del desconocimiento de sus recomendaciones por parte del público. El Comité también observa con preocupación la falta de un mandato del Defensor del Pueblo para promover los derechos humanos de los detenidos, la falta de acceso a esta institución a nivel regional, la falta de una interacción sistemática con el sistema internacional de derechos humanos y la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de los órganos rectores (arts. 2 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas para mejorar el diálogo y el seguimiento por el Parlamento, con vistas a aplicar las conclusiones y las recomendaciones del Defensor del Pueblo tras las misiones de su Dependencia de Prevención de la Tortura a los centros de detención, de conformidad con la ley;

b) Publique, por todos los medios adecuados de comunicación, las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar una aplicación efectiva de las conclusiones y las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, y promueva su cono cimiento por parte de la opinión pública;

c) Recopile y difunda periódicamente las mejores prácticas del Defensor del Pueblo e imparta la formación pertinente al respecto a su personal;

d) Refuerce el mandato del Defensor del Pueblo, a fin de incluir la promoción de los derechos humanos, para mejorar las salvaguardias, las condiciones de vida y el trato de los reclusos, hacerlo más accesible mediante el establecimiento de una presencia regional permanente, y mejorar su interacción sistemática con el sistema internacional de derechos humanos, así como la transparencia del proceso de designación a los órganos rectores.

Salvaguardias legales fundamentales

13)El Comité expresa su profunda inquietud por los informes en el sentido de que todavía no se aplican de manera sistemática y efectiva las salvaguardias fundamentales contra los malos tratos durante la prisión preventiva, ya que los detenidos no están siempre plenamente informados de sus derechos fundamentales desde el principio de su privación de libertad, se les niega un acceso oportuno a un abogado y a un médico así como el derecho a notificar a un familiar o una persona de su elección la detención y el lugar en que se encuentren privados de libertad, y a menudo no son llevados ante un juez dentro de los plazos prescritos constitucionalmente (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tome medidas para asegurar que todas las personas detenidas por la policía sean informadas plenamente de sus derechos fundamentales desde el comienzo mismo de su privación de libertad, exigiendo que se les facilite información oral sobre esos derechos desde el comienzo mismo de la detención, complementada por la entrega lo antes posible de una hoja informativa, entrega que deberá ser confirmada mediante la firma del detenido;

b) Imparta regularmente formación a los agentes de policía sobre la obligación legal de permitir el acceso a un abogado y a un médico, desde el comienzo mismo de la privación de libertad de una persona, y de notificar a un familiar de la persona detenida o a una persona de su elección la detención y el lugar en que se encuentre privada de libertad;

c) Asegure que todas las personas detenidas por la policía comparezcan ante un juez en los plazos prescritos constitucionalmente.

Violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia contra los niños

14)El Comité, si bien acoge complacido la Ley Nº 9669, de 18 de diciembre de 2006, sobre "Medidas contra la violencia en las relaciones familiares", que impulsa el establecimiento de estructuras de policía adecuadas, mecanismos de protección para las víctimas de la violencia familiar y una serie de actividades de capacitación, y aunque observa que se aprobó el 16 de junio de 2011 la Estrategia nacional sobre la igualdad de género y la reducción de la violencia de género y la violencia en la familia, expresa su preocupación por la falta de tipificación específica como delito de la violencia contra la mujer, incluidas la violación marital y la violencia doméstica. Al Comité le preocupa también especialmente la elevada incidencia de la violencia contra los niños en la familia y en las escuelas, así como la aceptación por la opinión pública de los castigos corporales de los niños (arts. 2 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Prepare y apruebe, como cuestión de prioridad, una legislación completa sobre la violencia contra las mujeres que tipifique específicamente como delitos la violación marital y la violencia doméstica;

b) Apruebe un nuevo proyecto de ley contra la violencia contra los niños en las escuelas, prohíba los castigos corporales en todos los entornos, incluido el hogar y los entornos de cuidado alternativo, y exija responsabilidades a los autores de estos actos;

c) Tome medidas a todos los niveles del Gobierno para sensibil izar a la opinión públic a acerca de la prohibición y el daño de la violencia contra las mujeres y los niños en todos los sectores.

Trata de personas

15)El Comité se hace eco de la información del Estado parte sobre las enmiendas legislativas al Código Penal para sancionar la trata de personas (arts. 110/a, 114/b y 128/b), de las actividades del Coordinador nacional contra la trata de personas y de la aprobación el 27 de julio de 2011 de los procedimientos normalizados de acción para la identificación y referencia de las víctimas potenciales de la trata. Sin embargo, expresa su honda preocupación por la falta de datos sobre las medidas adoptadas para prevenir la trata y sobre los enjuiciamientos y el tipo de sentencias dictadas por tales actos (arts. 2, 3, 12, 13, 14 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Siga adoptando medidas eficaces para aumentar la protección de las víctimas de la trata de personas;

b) Tome medidas para impedir, investigar rápida, exhaustiva e imparcialmente , y enjuiciar y sancionar la trata de personas y las prácticas conexas;

c) Ofrezca medios de reparación a las víctimas de la trata, incluida la asistencia a las víctimas para denunciar los casos de trata a la policía, en particular facilitando asistencia jurídica, médica y psicológica, así como medidas de rehabilitación, incluso refugios adecuados, de conformidad con el artículo 14 de la Convención;

d) Impida el regreso de las personas objeto de trata a sus países de origen cuando haya motivos fundados para creer que correrían peligro de ser objeto de tortura, con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Convención;

e) Imparta periódicamente capacitación a la policía, a los fiscales y a los jueces sobre las medidas efectivas de prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de trata, entre otras cosas, sobre la garantía del derecho a estar representado por un abogado de la propia elección, y que informe al público en general del carácter delictivo de estas actividades;

f) Recopile datos desglosados sobre las víctimas, los enjuiciamientos y los tipos de sentencias dictadas por actividades de trata, las medidas de reparación otorgadas a las víctimas y las medidas adoptadas para prevenir la trata, así como las dificultades experimentadas en la prevención de tales actos.

Prisión preventiva

16)El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley Nº 10494, de 22 de diciembre de 2011, "para el control electrónico de las personas en régimen de libertad limitada en virtud de una decisión de los tribunales", destinada a limitar la prisión preventiva; sin embargo, observa con inquietud que la prisión preventiva sigue aplicándose en exceso. Al Comité le preocupan en particular los informes sobre el gran número de casos de tortura y malos tratos que se producen durante la prisión preventiva, la duración de esta prisión durante períodos de hasta tres años y los informes sobre decisiones de los tribunales que imponen la prisión preventiva, a menudo sin justificación. Además, le preocupan los informes en el sentido de que las personas que han sido detenidas durante largos períodos y cuyos derechos no se han respetado durante la prisión preventiva con frecuencia tienen dificultades para acceder a la justicia y exigir una reparación (arts. 2, 11 y 14).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Modifique la legislación penal pertinente con vistas a que la prisión preventiva se imponga como último recurso, en particular cuando la gravedad del delito haga que cualquier otra medida sea claramente inadecuada;

b) Adopte medidas alternativas a la prisión preventiva y vele por que los jueces las apliquen de manera efectiva ;

c) Adopte todas las medidas necesarias para reducir la duración e imposición de la prisión preventiva y tenga en cuenta las disposiciones de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) al establecer medidas alternativas a la prisión preventiva;

d) Asegure una formación adecuada de las fuerzas del orden y demás personal sobre la utilización de la prisión preventiva;

e) Investigue inmediatamente todos los actos de tortura y malos tratos que se cometan durante la prisión preventiva y ofrezca a las víctimas acceso a la justicia y medidas de reparación.

Detención administrativa

17)Al Comité le sigue preocupando que continúe la aplicación del período de detención administrativa de 10 horas para los interrogatorios, antes del período de 48 horas al cabo del cual el sospechoso debe ser llevado ante un juez (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que suprima el actual período de detención administrativa de 10 horas para los interrogatorios, y que asegure que los objetivos de identificación de los sospechosos se cumplan en el plazo de 48 horas en el que un sospechoso debe ser llevado ante un juez.

No devolución

18)El Comité señala con preocupación la falta de información con respecto a los motivos de expulsión y las medidas de protección de las personas consideradas como una amenaza para la seguridad, de conformidad con el artículo 3 de la Convención (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que respete estrictamente en todos los casos el artículo 3 de la Convención, en virtud del cual el Estado parte no procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

Garantías diplomáticas

19)El Comité, si bien se hace eco de la información actualizada sobre la situación, condiciones y documentación de nueve antiguos reclusos de Guantánamo y sus hijos, recibidos por Albania, observa con inquietud la falta de información sobre los criterios para solicitar y obtener garantías diplomáticas, incluida una indicación de si estas garantías pueden servir para modificar la conclusión sobre el riesgo de tortura al regresar al país de origen (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que se abstenga de solicitar y aceptar garantías diplomáticas, tanto en el contexto de la extradición como en el de la deportación, de un Estado en el que haya motivos fundados para creer que una persona correría peligro de ser objeto de tortura o malos tratos a su regreso a este y de devolver a personas al país de origen cuando haya riesgo de tortura o malos tratos.

Acceso a los mecanismos de denuncia

20)Al Comité le preocupa la información según la cual las presuntas víctimas de malos tratos infligidos por la policía no conocen los procedimientos de denuncia, salvo la simple denuncia de estos casos a la propia policía, que en algunos casos se niega a aceptar las alegaciones de dichos malos tratos. Le preocupan además los casos denunciados de malos tratos de personas en situación vulnerable que han decidido no presentar denuncias contra la policía por miedo a ser denunciadas por esta o a ser objeto de otras formas de represalia (arts. 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas adecuadas para garantizar que:

a) La información sobre la posibilidad de presentar una denuncia contra la policía y los procedimientos correspondientes se distribuya y reciba amplia publicidad, incluso exhibiéndola de manera prominente en todas las comisarías del Estado parte;

b) Todas las alegaciones de malos tratos por parte de la policía sean evaluadas e investigadas debidamente, incluidos los casos de intimidación o represalias, en particular las ejercidas contra personas en situación vulnerable como consecuencia de las denuncias de dichos malos tratos.

Investigaciones prontas, independientes y exhaustivas

21)Preocupa al Comité la escasez de datos sobre las investigaciones de tortura, malos tratos y uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, en particular la falta de una investigación efectiva de la tortura y los malos tratos debido a la intervención del Ministerio del Interior en las investigaciones de presuntas violaciones de sus órganos subsidiarios, en contravención del principio de imparcialidad. Le inquieta también la falta de información sobre si las investigaciones de la muerte de tres manifestantes por disparos de la policía durante las protestas antigubernamentales en Tirana en enero de 2011 se llevaron a cabo con prontitud e independencia y en forma exhaustiva. Por ello, el Comité reitera su preocupación con respecto a la falta de independencia y de eficacia de las investigaciones de denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden y el hecho de que no se exijan responsabilidades a los autores. El Comité está preocupado igualmente por la falta de investigación de las denuncias de malos tratos de niños en entornos de asistencia social (arts. 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tome todas las medidas adecuadas para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos por parte de la policía sean investigadas de manera pronta y exhaustiva por órganos independientes, sin relación institucional o jerárquica entre los investigadores y los presuntos autores de la policía, y que se enjuicie a los responsables y se adopten todas las medidas para garantizar que no prevalezca la impunidad, según se recomienda en el contexto del examen periódico universal de Albania;

b) Facilite al Comité, como cuestión de prioridad, información sobre las investigaciones de la muerte de tres manifestantes por disparos de la policía durante las protestas antigubernamentales en Tirana en enero de 2011, que se deben llevar a cabo con prontitud e independencia y en forma exhaustiva;

c) Recopile datos precisos sobre la investigación de casos de tortura y malos tratos, así como sobre el uso ilegítimo de la fuerza , por parte de la policía, y que facilite información actualizada al Comité al respecto;

d) Se asegure de que se investiguen efectivamente las denuncias de malos tratos de niños en entornos de asistencia social.

Detención secreta

22)El Comité observa con preocupación que el Gobierno no ha procedido a una investigación a fondo de las denuncias de detención secreta en el territorio del Estado parte en el contexto de su cooperación para combatir el terrorismo. Al Comité le preocupa además la falta de información del Estado parte sobre las medidas concretas que ha tomado para aplicar las recomendaciones del Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42) (arts. 2, 3 y 12).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Facilite información sobre las medidas adoptadas para que el Gobierno inicie la investigación de la presunta participación de agentes de las fuerzas del orden del Estado parte en programas de entrega y detención secreta;

b) Haga públicos los resultados de las investigaciones;

c) Tome todas las medidas necesarias para impedir en el futuro incidentes de esta naturaleza;

d) Adopte medidas concretas para aplicar las recomendaciones del Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42).

Capacitación de los agentes del orden

23)El Comité, si bien observa la adopción, en diciembre de 2009, del Manual sobre el trato de las personas en detención policial, sigue preocupado por los informes en el sentido de que el personal de las comisarías no es consciente de la existencia de este Manual y sus exigencias. También expresa su inquietud por la falta de formación específica sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) de todos los profesionales que participan directamente en la investigación y documentación de las secuelas tanto físicas como psicológicas de la tortura, así como del personal médico y de otro tipo que trata con los detenidos y solicitantes de asilo. El Comité está preocupado además por la falta de información sobre los programas de capacitación para los jueces acerca de la Convención y la Observación general Nº 2 (2007) del Comité (art. 10).

El Comité recomienda al Estado parte que asegure:

a) Una formación adecuada acerca de los requisitos del Manual sobre el trato de las personas en detención policial dirigida a todo el personal de policía;

b) Que todo el personal de las fuerzas del orden, personal médico y de otro tipo que participe en la custodia, interrogatorio o tratamiento de una persona que sea objeto de cualquier forma de arresto, detención o prisión , y en la documentación e investigación de la tortura , reciba periódica mente formación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), que exige la identificación de las secuelas tanto físicas como psicológicas de las víctimas de la tortura;

c) Que se ofrezca también esta capacitación al personal que participa en los procedimientos para la determinación del asilo;

d) Programas de capacitación eficaces para los jueces sobre la aplicación de la Convención y la Observación general N º 2 (2007) del Comité.

Niños romaníes desaparecidos

24)El Comité está preocupado por la información de la desaparición de 502 de los 661 niños de la calle romaníes albaneses después de su estancia en la institución Aghia Varvara, en Grecia, entre 1998 y 2002. Preocupa al Comité en particular la falta de medidas eficaces adoptadas por las autoridades del Estado parte para instar a las autoridades competentes de Grecia a que realicen una investigación rápida y efectiva de los casos de presunta desaparición de niños romaníes (arts. 2, 11, 12 y 14).

El Comité insta al Estado parte a que se ponga en contacto inmediatamente con las autoridades griegas con el fin de crear cuanto antes un mecanismo eficaz para investigar estos casos y determinar el paradero de los niños desaparecidos, en colaboración con los Defensores del Pueblo de ambos países y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, e investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas implicadas antes de que los cargos puedan prescribir.

Venganzas de sangre

25)El Comité, aunque toma nota de la información del Estado parte sobre la reducción de los casos de asesinatos por venganzas de honor al margen del sistema de justicia ordinario, expresa su preocupación por el hecho de que esta práctica siga estando arraigada en ciertos sectores de la sociedad, en particular debido a la prevalencia de estereotipos profundamente arraigados por lo que respecta a la defensa y el restablecimiento del honor familiar perdido a raíz del asesinato inicial.

El Comité recuerda las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y recomienda que el Estado parte adopte nuevas medidas, incluidas campañas de investigación y sensibilización , para poner fin a la práctica de reivindicar el honor al margen del sistema de justicia ordinario, y que investigue estos delitos y enjuicie y castigue a los autores de tales actos.

Identificación de los miembros de los grupos de intervención en las prisiones

26)Al Comité le preocupa la información de que los miembros de los grupos especiales de intervención en los establecimientos penitenciarios no están obligados a llevar tarjetas de identificación en el ejercicio de sus funciones (arts. 12, 13 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que asegure que los miembros de los grupos especiales de intervención ostenten distintivos adecuados de identificación en todo momento en sus relaciones con los reclusos a fin de evitar los malos tratos y poder determinar las responsabilidades.

Indemnización adecuada

27)El Comité, si bien observa que el artículo 44 de la Constitución garantiza una indemnización a las personas que hayan sufrido un daño como consecuencia de una acción ilegal, o de la inacción por parte de las autoridades del Estado o sus empleados, expresa su preocupación por los informes según los cuales, en la práctica, muchas víctimas de tortura o malos tratos infligidos por funcionarios de policía u otros agentes públicos han tenido que recurrir a la presentación de una demanda civil para obtener indemnización (art. 14).

El Comité insta al Estado parte a que tome inmediatamente medidas jurídicas y de otro tipo para garantizar que las víctimas de tortura y malos trato s obtengan reparación y tengan el derecho , exigible ante la justicia , a una indemnización justa y adecuada, que incluya medidas para una rehabilitación lo más completa posible, en particular los antiguos presos políticos y las personas perseguidas, y que recopile datos y facilite información, en el próximo informe periódico, sobre los casos y los tipos de indemnización y rehabilitación concedida.

Recopilación de datos

28)El Comité expresa su satisfacción por la compilación que ha hecho el Estado parte de estadísticas sobre los delitos, incluidos los malos tratos por la policía y la trata de seres humanos, y observa los datos sobre denuncias de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden, desglosados por presuntos delitos. Sin embargo, lamenta la falta de datos completos y desglosados sobre denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos por parte de agentes de policía, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, y sobre los delitos de honor, la violencia doméstica y la violencia sexual y las desapariciones forzadas, así como sobre las medidas de reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación ofrecidas a las víctimas (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que recopile datos estadísticos pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Convención en el plano nacional, con inclusión de datos sobre las denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden, el personal de seguridad, los miembros del ejército y los funcionarios de prisiones, así como sobre los crímenes de honor, la violencia doméstica y sexual, las desapariciones forzadas, y las medidas de reparación, incluida s la indemnización y la rehabilitación ofrecidas a las víctimas.

29)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de hacer las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención con el fin de reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales y de los Estados, según lo indicado por la delegación.

30)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, a saber, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

31)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité, así como a las observaciones finales de este, en los idiomas adecuados, a través de los sitios oficiales en la Web, los medios de comunicación y las ONG.

32)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico común de conformidad con los requisitos de estos documentos que figuran en las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

33)El Comité pide al Estado parte que facilite, antes del 1º de junio de 2013, información de seguimiento en respuesta a las recomendaciones formuladas en relación con: a) la forma de asegurar o fortalecer las salvaguardias legales de las personas detenidas, y b) la forma de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales y efectivas, enjuiciar a los sospechosos y sancionar a los autores de torturas o malos tratos conforme a lo indicado en los párrafos 13 y 21 del presente documento. Además, el Comité solicita información de seguimiento sobre la concesión de una indemnización justa y adecuada a las víctimas y sobre la recopilación de datos, según se indica en los párrafos 27 y 28 del presente documento.

34)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el tercero, antes del 1º de junio de 2016. A tal efecto, el Comité invita al Estado parte a que acepte, antes del 1º de junio de 2013, la presentación del informe de conformidad con el procedimiento facultativo de presentación de informes, que consiste en que el Comité trasmita al Estado parte una lista de cuestiones con anterioridad a la presentación de su informe. La respuesta del Estado parte a esta lista de cuestiones constituirá, de conformidad con el artículo 19 de la Convención, su próximo informe periódico.

61.Armenia

1)El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de Armenia (CAT/C/ARM/3) en sus sesiones 1064ª y 1067ª (CAT/C/SR.1064 y 1067), celebradas los días 10 y 11 de mayo de 2012, y aprobó las siguientes observaciones finales en sus sesiones 1085ª y 1086ª (CAT/C/SR.1085 y 1086), celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2012.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del tercer informe periódico de Armenia, que sigue las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos, pero lamenta que el Estado parte lo haya presentado con siete años de retraso.

3)El Comité expresa su satisfacción por la oportunidad que se le ha brindado de examinar el cumplimiento de la Convención con una delegación de alto nivel del Estado parte y agradece las amplias respuestas que este ha dado por escrito a la lista de cuestiones (CAT/C/ARM/Q/3 y Add.1) y la información complementaria proporcionada por la delegación tanto en forma oral como por escrito.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado varios instrumentos internacionales y regionales, entre los que se incluyen:

a)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en septiembre de 2006;

b)La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en enero de 2011;

c)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en septiembre de 2010;

d)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en septiembre de 2006;

e)Los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados, en septiembre de 2005, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en junio de 2005;

f)El Protocolo Nº 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, en septiembre de 2003.

5)El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas adoptadas durante el período que se examina, como:

a)La aprobación en 2008 de una ley por la que se designó al Defensor de los Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

b)La promulgación en marzo de 2002 de la Ley sobre la custodia de los detenidos y los presos preventivos;

c)La aprobación en diciembre de 2004 del Código Penitenciario.

6)Además, el Comité celebra:

a)El establecimiento en 2006 de grupos de supervisión pública integrados por miembros gubernamentales y no gubernamentales;

b)La invitación permanente cursada a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en abril de 2006 y la visita realizada en 2010 por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

7)El Comité acoge con agrado la declaración oral hecha por la delegación en el sentido de que el Estado parte estudiará la posibilidad de formular la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, a fin de reconocer la competencia del Comité para recibir y estudiar comunicaciones individuales.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Denuncias de tortura y malos tratos sufridos bajo custodia policial

8)Preocupan gravemente al Comité las numerosas y continuas denuncias, corroboradas por diversas fuentes, del uso sistemático de torturas y malos tratos a sospechosos que se encuentran bajo custodia policial, especialmente para obtener confesiones que se utilizarán en procesos penales (arts. 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debe adoptar, con carácter urgente, medidas inmediatas y efectivas para impedir los actos de tortura y malos tratos en todo el país. El Comité insta al Estado parte a que investigue con prontitud, detalle e imparcialidad todos los incidentes de tortura, malos tratos y muerte de personas bajo custodia, enjuicie a los responsables de esos actos e informe públicamente de los resultados de esos procesos. Además, el Estado parte debe reafirmar sin ambigüedades la prohibición absoluta de la tortura y anunciar públicamente que todo aquel que cometa actos de esa índole, o bien sea cómplice de torturas o las acepte, rendirá cuentas personalmente ante la ley por dichos actos, será sometido a un proceso penal y se le impondrán las sanciones apropiadas.

Novatadas y malos tratos en las fuerzas armadas

9)Siguen inquietando al Comité las denuncias que continúan produciéndose de muertes sospechosas fuera de combate en las Fuerzas Armadas Armenias, y que los oficiales y otros soldados siguen sometiendo a los reclusos a novatadas y otros malos tratos, infligidos por oficiales o por personal de otras categorías o bien con su consentimiento, aquiescencia o aprobación. Si bien se hace eco de la información proporcionada por la delegación, el Comité continua preocupado por las denuncias de que las investigaciones de muchos de esos incidentes, en caso de haberlas, han sido insuficientes, incluidas las relativas a las muertes de Vardan Sevian, Artak Nazerian y Artur Hakobian. Asimismo, expresa su inquietud por el hecho de que, según se ha informado, no se han investigado de manera efectiva las denuncias de malos tratos, como los infligidos a Vardan Martirosian, y no se han impuesto sanciones suficientemente severas a los culpables de dichos actos (arts. 2, 4, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe reforzar las medidas para prohibir y eliminar las novatadas en las fuerzas armadas y asegurar que se investiguen con rapidez, imparcialidad y detalle todas las denuncias de novatadas y muertes fuera de combate que se produzcan en el ejército. Cuando se tengan pruebas de la realización de novatadas, el Estado parte debe velar por que se enjuicie a los responsables de todos los incidentes y se les impongan las sanciones adecuadas, hacer públicos los resultados de esas investigaciones, y otorgar indemnización a las víctimas y facilitar su rehabilitación mediante, entre otras cosas, la asistencia médica y psicológica apropiada.

Definición, prohibición absoluta y tipificación como delito de la tortura

10)Preocupa al Comité que la legislación nacional que tipifica la "tortura" como delito (artículo 119 del Código Penal) no se ajuste a la definición que figura en el artículo 1 de la Convención, y que la tortura, tal como la define actualmente el Estado parte, no comprenda los delitos cometidos por funcionarios, sino solo por particulares a título personal, lo que ha dado lugar a que ningún funcionario público haya sido condenado por tortura en el Estado parte. También le inquietan las informaciones según las cuales hay funcionarios que han cerrado casos de denuncias de tortura por haberse reconciliado el acusado con la víctima. Además, le preocupa que las sanciones actuales (un mínimo de tres años de prisión, y hasta siete años si concurren circunstancias agravantes) no reflejan la gravedad del delito. Por último, el Comité expresa su inquietud por el hecho de que se hayan concedido amnistías a varias personas acusadas de tortura o malos tratos con arreglo a otros artículos del Código Penal (arts. 1 y 4).

El Comité, si bien valora la declaración oral de la delegación en el sentido de que tiene previsto modificar el Código Penal, recomienda al Estado parte que se asegure de que la definición de tortura se ajuste plenamente a los artículos 1 y 4 de la Convención. El Estado parte debe también velar por que todos los funcionarios públicos que cometan actos que constituyan tortura o malos tratos sean acusados y por que las sanciones impuestas por ese delito reflejen la gravedad del acto de tortura, según se dispone en el artículo 4 de la Convención. Asimismo, debe asegurar que las personas acusadas de tortura u otros actos equivalentes con arreglo al Código Penal no se beneficien de un plazo de prescripción, y que las autoridades estén obligadas a investigar y castigar a las personas por dichos actos, independientemente de las declaraciones de reconciliación que se produzcan entre el/los acusado(s) y la(s) víctima(s).

Salvaguardias legales fundamentales

11)A pesar de las salvaguardias previstas por ley, en la Decisión gubernamental Nº 574‑N, de junio de 2008, y la instrucción Nº 12-C del Jefe de la Policía, de abril de 2010, y por el Tribunal de Casación en el fallo que dictó en diciembre de 2009 sobre el caso de G. Mikaelyan, el Comité se muestra profundamente preocupado por las informaciones recibidas en relación con el hecho de que el Estado parte no garantice en la práctica a la totalidad de detenidos todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio mismo de su privación de libertad de facto, lo que incluye el acceso oportuno a un abogado y a un médico y el derecho a contactar con familiares. Inquietan al Comité las informaciones según las cuales los agentes de policía no llevan registros precisos de todos los períodos de privación de libertad, no garantizan las salvaguardias fundamentales a las personas detenidas, especialmente a aquellas de cuya detención no se ha levantado acta, no informan de manera efectiva a los detenidos de sus derechos cuando se produce la detención, no respetan el plazo máximo de tres días para trasladar a las personas privadas de libertad de una comisaría de policía a un centro de detención ni llevan rápidamente a los detenidos ante un juez. El Comité observa también que el número de abogados de oficio sigue siendo insuficiente en el Estado parte (art. 2).

En el contexto de la reforma legislativa que se lleva a cabo actualmente, incluida la modificación del Código de Procedimiento Penal, el Estado parte debe adoptar medidas urgentes y efectivas para asegurar, en la ley y en la práctica, que se garantizan a la totalidad de los detenidos todas las salvaguardias legales desde el momento mismo de la privación de libertad. Ello incluye el derecho a tener acceso a un abogado y a un examen médico independiente, a ponerse en contacto con un familiar, a ser informado de sus derechos y a ser llevado sin dilación ante un juez.

El Estado parte debe tomar medidas para velar por que se graben en audio o vídeo todos los interrogatorios que se realizan en las comisarías de policía y centros de detención, como medida preventiva adicional. El Comité alienta al Estado parte a aplicar lo antes posible su plan para exigir a la policía que cree un protocolo electrónico de detención que se ponga en marcha inmediatamente tras la privación de libertad de facto de las personas en las comisarías de policía. El Estado parte debe asegurar que los abogados y familiares de los detenidos tengan acceso a esos documentos.

El Estado parte debe aumentar los fondos asignados a la Oficina del Turno de Oficio del Colegio de Abogados, para asegurar la disponibilidad de asistencia jurídica efectiva.

Investigaciones e impunidad

12)Inquieta profundamente al Comité que no se investiguen y enjuicien con rapidez, imparcialidad y efectividad las denuncias de tortura y/o malos tratos infligidos por agentes del orden y militares. Le preocupan especialmente las informaciones recibidas según las cuales la Fiscalía encarga a la policía que investigue algunas denuncias de tortura y malos tratos presuntamente infligidos por agentes de policía, en lugar de dirigir esas denuncias a un servicio de investigación independiente. En ese sentido, el Comité muestra su preocupación por que la Fiscalía no asegure sistemáticamente que diferentes fiscales supervisen la investigación de un delito y las denuncias de tortura formuladas contra agentes de policía por la persona sospechosa de haber cometido tal delito. También inquieta al Comité que el Servicio de Investigación Especial no haya podido reunir suficientes pruebas para identificar a los culpables en varios casos de denuncias de tortura o maltrato infligido por funcionarios, lo que ha llevado a plantearse su efectividad. Le preocupan además las informaciones que indican que no se suspende inmediatamente de sus funciones ni se transfiere según proceda durante la investigación a los funcionarios que presuntamente han cometido actos de tortura o maltrato, en particular si existe el riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de volver a cometer el acto denunciado o de obstaculizar la investigación (arts. 2, 11, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe:

a) Adoptar medidas concretas para asegurar que se investiguen con rapidez, detalle e imparcialidad las denuncias de actos de tortura y maltrato cometidos por agentes del orden y militares, a fin de que se enjuicie a los responsables y se impongan sanciones que sean proporcionales a la gravedad de los actos cometidos;

b) Velar por que todas las investigaciones de los delitos en los que haya funcionarios públicos implicados estén a cargo de un órgano independiente y eficaz;

c) Asegurar que se suspenda de sus funciones a todos los funcionarios presuntamente responsables de haber violado la Convención, mientras se investigan las denuncias.

El Comité insta al Estado parte a que proporcione información sobre el número de denuncias presentadas contra funcionarios públicos que presuntamente hayan cometido actos de tortura o malos tratos con arreglo a la Convención, y comunique los resultados de las investigaciones de esas denuncias y los procesos incoados, a nivel tanto penal como disciplinario. Dicha información debe describir cada denuncia pertinente e indicar la autoridad que llevó a cabo la investigación.

Muertes bajo custodia

13)El Comité se muestra preocupado por las informaciones del Estado parte y de ONG relativas a la muerte de personas bajo custodia, incluido el fallecimiento de Vahan Khalafyan y Levon Gulyan mientras se encontraban bajo custodia policial (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que investigue con rapidez, imparcialidad y efectividad todas las muertes de detenidos, estableciendo las responsabilidades que correspondan a funcionarios públicos, y asegure que se castigue a los culpables y se indemnice a las familias de las víctimas. Asimismo, le pide que aporte información amplia y actualizada de todos los casos denunciados de muerte de personas bajo custodia, incluidos el lugar, la causa de la muerte y los resultados de la investigación realizada al respecto, mencionando la sanción impuesta a los culpables y la indemnización otorgada a los familiares de las víctimas.

Denuncias, represalias y protección de las víctimas, los testigos y los defensores de los derechos humanos

14)El Comité observa con preocupación las informaciones que indican que las víctimas y los testigos de torturas y malos tratos no presentan denuncias ante las autoridades porque temen ser objeto de represalias. También se hace eco de las informaciones según las cuales hay defensores de los derechos humanos, así como periodistas, que han sufrido amenazas e intimidación a consecuencia de su trabajo, y que el Estado parte ha adoptado pocas medidas para asegurar su protección (arts. 2, 11, 12, 13, 15 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que establezca un mecanismo efectivo para facilitar que las víctimas y los testigos de torturas y malos tratos presenten denuncias ante las autoridades, y asegure en la práctica que se proteja a los denunciantes frente a cualquier tipo de maltrato, intimidación o represalia como consecuencia de su denuncia. El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos, así como de los periodistas, frente a cualquier acto de intimidación o violencia.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

15)Aunque observa que el Estado parte ha indemnizado a las víctimas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio de 2011, el Comité lamenta que el Estado parte no haya facilitado datos sobre el importe de las indemnizaciones adjudicadas por los tribunales a las víctimas de violaciones de la Convención, entre ellas, personas a quienes se negaron salvaguardias fundamentales o se sometió a torturas o malos tratos durante la detención. Al Comité le preocupa que en la ley no se prevea ninguna otra forma de reparación para las víctimas de tortura que no sea la indemnización. El Comité observa también la falta de información sobre los servicios de tratamiento y rehabilitación social, incluida la rehabilitación médica y psicosocial, proporcionados a las víctimas (art. 14).

El Estado parte debe procurar en mayor medida otorgar reparación a las víctimas de tortura y malos tratos, incluidas una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible. Asimismo, debe modificar su legislación mediante la adición de disposiciones explícitas sobre el derecho de las víctimas de tortura a obtener una reparación que incluya una indemnización justa y adecuada por los daños que les ha causado la tortura, así como servicios de rehabilitación, de conformidad con el artículo 14 de la Convención. El Estado parte debe proporcionar información al Comité sobre las medidas que adopte en ese sentido, incluida la asignación de recursos para el funcionamiento eficaz de los programas de rehabilitación.

Confesiones obtenidas bajo coacción

16)Al Comité le preocupan las denuncias de que en los tribunales del Estado parte se utilizan como prueba confesiones obtenidas bajo coacción. Asimismo, expresa inquietud por las informaciones de que los tribunales no han interrumpido procesos penales en que los acusados alegaron que una confesión se había obtenido mediante tortura ni han solicitado investigaciones exhaustivas. El Comité está preocupado también por la falta de información sobre casos en que los tribunales del Estado parte no hayan admitido como prueba una confesión por haberse obtenido mediante tortura (arts. 2, 11, 15 y 16).

El Comité insta al Estado parte a velar por que, en la práctica, no se invoquen como prueba en ningún proceso confesiones obtenidas mediante tortura. El Estado parte debe asegurar que, ante cualquier alegación relativa a una confesión obtenida mediante tortura, se interrumpa el proceso hasta la completa investigación de esa denuncia. El Comité insta al Estado parte a revisar las sentencias condenatorias basadas únicamente en confesiones.

El Comité insta al Estado parte a que luche firmemente contra toda utilización de la tortura para obtener confesiones y vele por que, en la práctica, las confesiones obtenidas mediante tortura no se utilicen nunca como prueba en los procesos judiciales. El Estado parte debe velar por que se armonicen las normas probatorias en el campo procesal con el artículo 15 de la Convención, e informar de si se ha enjuiciado y castigado a funcionarios por haber obtenido confesiones de ese modo.

Independencia de la judicatura

17)Al Comité le preocupan las informaciones relativas a la falta de independencia de la judicatura, en particular el hecho de que la responsabilidad de designar, ascender y separar del cargo a los jueces recaiga en el Presidente y en el poder ejecutivo. Le preocupa también que en la legislación del Estado parte se exija responsabilidad penal a los jueces por dictar sentencias y adoptar otras medidas judiciales injustas (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debe adoptar medidas para asegurar la plena independencia e imparcialidad de la judicatura en el desempeño de sus funciones, y revisar el régimen de designación, ascenso y separación del cargo de los jueces, en consonancia con las normas internacionales pertinentes y, en particular, con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en los que se establece que los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.

Violencia contra la mujer, incluida la trata de personas

18)Preocupan al Comité los informes generalizados de violencia física y sexual contra las mujeres y el hecho de que en raras ocasiones las mujeres denuncien a la policía los malos tratos y la violencia de que son objeto. El Comité expresa particular inquietud por las informaciones de que no se dispone de albergues financiados por el Estado para acoger a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica, que no está tipificada como delito en el Estado parte. Asimismo, lamenta que este no haya proporcionado información sobre la reparación e indemnización, incluida la rehabilitación, proporcionadas a las víctimas de la violencia contra la mujer. Si bien el Comité observa como un aspecto positivo que en el período examinado se hayan adoptado diversos planes de acción nacionales para combatir la trata de personas, expresa preocupación por las informaciones de que Armenia sigue siendo país de origen y de destino de mujeres y niñas que son objeto de trata (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe intensificar su labor de prevenir, combatir y castigar la violencia contra las mujeres y los niños, en particular la violencia doméstica, con medidas como la modificación de su legislación penal a fin de tipificar la violencia doméstica como delito independiente, la realización de campañas de sensibilización y programas de formación para las fuerzas del orden y el público en general sobre este tipo de violencia, y el ofrecimiento de protección y reparación inmediatas, en particular rehabilitación, para las víctimas de la violencia.

Asimismo, el Estado parte debe crear las condiciones adecuadas para que las víctimas de la violencia contra la mujer, incluidas las afectadas por la violencia doméstica y la trata de personas, ejerzan su derecho a denunciar. Debe también investigar rigurosamente todas las denuncias de violencia doméstica y trata de personas, y enjuiciar y castigar a quienes cometan esos delitos.

El Comité recomienda al Estado parte que vele por la aplicación del Mecanismo nacional de referencia para las víctimas de la trata de 2008 y proporcione a esas personas servicios, como albergues, asistencia médica y psicológica y programas de capacitación.

Condiciones de reclusión

19)Si bien el Comité acoge con agrado la labor que realiza actualmente el Estado parte para mejorar las condiciones de reclusión en las prisiones, incluidas las obras de renovación de algunas instalaciones y la construcción de una nueva prisión, sigue preocupado por las continuas informaciones sobre el hacinamiento severo, la escasez de personal y las condiciones inadecuadas en materia de alimentación y atención de la salud existentes en los lugares de reclusión. Al Comité le inquietan las denuncias de corrupción en las prisiones, en particular entre grupos de presos con la presunta connivencia de los funcionarios de prisiones. Le preocupan también las informaciones de que esos grupos de presos escogen a algunas de las víctimas de su violencia o discriminación por la percepción que tienen de su orientación sexual o nacionalidad. El Comité lamenta que los tribunales no hayan aumentado significativamente la aplicación de medidas sustitutorias de la detención y que no se disponga de un mecanismo confidencial que permita a los internos denunciar los casos de tortura y malos tratos. Asimismo, observa el establecimiento de grupos de supervisión pública, integrados por representantes de ONG, con el mandato de ejercer vigilancia sobre los establecimientos penitenciarios y las comisarías de policía. No obstante, al Comité le preocupa que el Grupo de supervisión de la policía no tenga pleno acceso a las comisarías (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe seguir adoptando medidas efectivas para mejorar las condiciones y reducir el hacinamiento en los lugares de detención. El Comité recomienda al Estado parte que procure en mayor medida solucionar el hacinamiento en las prisiones mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas sustitutorias de la privación de libertad, en consonancia con lo establecido en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), y proporcione información al Comité sobre todo servicio de libertad vigilada que se establezca para atender los casos de penas sustitutorias , libertad condicional y rehabilitación.

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las manifestaciones de violencia o discriminación contra los reclusos basadas en su orientación sexual o en su nacionalidad, incluidos todos los actos abusivos y discriminatorios cometidos por unos internos contra otros. Debe también crear un sistema confidencial para recibir y tramitar denuncias de tortura o malos tratos, y velar por que dicho sistema se establezca en todos los lugares de privación de libertad. Asimismo, debe asegurar la investigación pronta, imparcial y eficaz de todas las denuncias recibidas, así como el castigo de los autores con penas adecuadas.

El Estado parte debe velar por que el Grupo de supervisión de la policía tenga acceso a todas las comisarías y pueda realizar visitas sin previo aviso. Además, debe adoptar medidas efectivas para mantener una vigilancia sistemática de todos los lugares de detención, incluidos los servicios de salud existentes y disponibles en esos establecimientos, y para eliminar la corrupción en las prisiones.

Violencia posterior a las elecciones

20)El Comité observa con preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte para investigar las denuncias sobre la utilización excesiva e indiscriminada de la fuerza policial durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes a raíz de las elecciones de febrero de 2008, aún no ha finalizado la indagación del Servicio de Investigación Especial para esclarecer la muerte de diez personas durante dichos enfrentamientos. Asimismo, expresa inquietud por las persistentes denuncias de que tras los actos de violencia se produjeron numerosas detenciones arbitrarias, y a los detenidos se les negó el derecho a utilizar los servicios de un abogado de su elección y se los sometió a malos tratos durante la detención, así como por el hecho de que no se hayan investigado adecuadamente esas denuncias (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe agilizar la investigación de las diez muertes ocurridas durante los actos de violencia posteriores a las elecciones de febrero de 2008 y asegurar que se enjuicie y se impongan penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos a todo miembro de las fuerzas del orden que haya utilizado la fuerza de forma excesiva o indiscriminada, y que se proporcione reparación, incluida una indemnización, a las familias de las víctimas. También debe asegurar que se realice una investigación independiente y eficaz de denuncias más amplias de utilización indiscriminada y desproporcionada de la fuerza, malos tratos y denegación de salvaguardias por la policía en el período que siguió a esas elecciones. El Estado parte debe adoptar medidas para proporcionar una protección eficaz contra represalias e intimidación a las personas que presuntamente pose a n información sobre los acontecimientos de marzo de 2008.

Justicia juvenil

21)El Comité lamenta que el Estado parte carezca de un sistema de justicia juvenil, en particular de tribunales de menores, y observa el establecimiento de un grupo de supervisión pública, integrado por representantes de ONG, con el mandato de ejercer vigilancia sobre los internados especiales. Sin embargo, al Comité le preocupan las informaciones sobre la práctica, utilizada en esas escuelas especiales como medida disciplinaria, de mantener a los menores detenidos en régimen de aislamiento por plazos de hasta diez días (arts. 11, 12 y 16).

El Comité alienta al Estado parte a que cree un sistema de justicia juvenil y, en particular, que establezca una división o jurisdicción especializada en menores, con jueces formados en la materia y otros funcionarios judiciales, y asegure su funcionamiento adecuado con arreglo a las normas internacionales. El Estado parte debe seguir de cerca la situación de las escuelas especiales para impedir que los niños sean objeto de intimidación, malos tratos o violencia. El Estado parte debe utilizar la reclusión en régimen de aislamiento como último recurso, durante el menor tiempo posible, bajo una estricta supervisión y con la posibilidad de revisión judicial. La reclusión en régimen de aislamiento de menores de edad se debe limitar a casos muy excepcionales .

Eficacia del Defensor de los Derechos Humanos

22)Al Comité le preocupa que el Defensor de los Derechos Humanos, que ha sido designado para ejercer de mecanismo nacional de prevención de Armenia, carezca de recursos suficientes para cumplir su mandato con eficacia. Le preocupa también que no se hayan aplicado algunas recomendaciones formuladas por el Defensor a las autoridades (arts. 2 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que facilite los recursos necesarios para que la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos ejerza con eficacia su doble mandato, como tal y como mecanismo nacional de prevención de Armenia, de conformidad con las directrices sobre los mecanismos nacionales de prevención establecidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. El Estado parte debe velar por que el personal de las fuerzas del orden, las fiscalías, el ejército y las prisiones coopere con el Defensor de los Derechos Humanos y adopte medidas para aplicar sus recomendaciones.

Servicio sustitutorio

23)Si bien el Comité toma nota del proyecto de ley que modifica y complementa la Ley del servicio militar sustitutorio, sigue preocupado por el hecho de que el Estado parte reconozca que aún mantiene detenidas por incumplimiento del servicio militar a numerosas personas, algunas de las cuales, según se dice, son objetores de conciencia que se han negado a cumplir el servicio sustitutorio con el argumento de que lo supervisa exclusivamente personal militar (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que apruebe el proyecto de ley sobre el servicio sustitutorio y revise la detención de todas las personas privadas de libertad por negarse a cumplir ese servicio alegando motivos religiosos.

No devolución

24)El Comité lamenta la falta de información sobre las salvaguardias contra la tortura en los casos de extradición y expulsión. Además, está preocupado por la falta de información sobre las garantías diplomáticas obtenidas por el Estado parte para la devolución de solicitantes de asilo a países vecinos y para la aplicación del acuerdo de extradición entre la Policía Nacional de Armenia y la Policía de la Federación de Rusia, así como la carencia de datos sobre el número de personas extraditadas en el marco de ese acuerdo. El Comité está preocupado por las informaciones de que el Estado parte ha emitido órdenes de extradición sin permitir a las personas afectadas ejercer su derecho de recurso de conformidad con el artículo 479, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal y sin respetar los procedimientos de extradición habituales (art. 3).

El Estado parte debe abstenerse de solicitar y aceptar garantías diplomáticas de un Estado cuando haya razones fundadas para creer que una persona correría el riesgo de ser sometida a tortura. Asimismo, debe proporcionar al Comité información pormenorizada sobre todos los casos en que se hayan ofrecido las garantías mencionadas.

El Comité recomienda también que el Estado parte cumpla sus obligaciones de no devolución en virtud del artículo 3 de la Convención, incluido el derecho a recurrir una orden de extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 479, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal.

Formación

25)El Comité celebra que durante el período examinado se hayan organizado programas de formación sobre derechos humanos para personal de las fuerzas del orden y del ejército. No obstante, lamenta la falta de información sobre el seguimiento y la evaluación del efecto de esos programas de formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos. El Comité lamenta también que no se haya proporcionado información sobre la formación en la utilización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) en dichos programas de formación (art. 10).

El Estado parte debe reforzar los programas de formación sobre las disposiciones de la Convención destinados a las fuerzas del orden, los miembros del ejército y el personal penitenciario, y evaluar los efectos de dichos programas. Asimismo, debe asegurar que los funcionarios pertinentes reciban formación sobre la utilización del Protocolo de Estambul para reconocer los indicios de tortura y malos tratos.

26)El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

27)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

28)Se invita al Estado parte a que actualice su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.57), de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

29)El Comité pide al Estado parte que antes del 1º de junio de 2013 le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 11 y 12 del presente documento de: a) realizar investigaciones prontas, imparciales y eficaces; b) asegurar o fortalecer las salvaguardias legales de las personas detenidas; y c) enjuiciar a los sospechosos y sancionar a los autores de actos de tortura o malos tratos.

30)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el cuarto, a más tardar el 1º de junio de 2016. A tal fin, el Comité invita al Estado parte a que, antes del 1º de junio de 2013, acepte presentar su informe con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes, que consiste en la transmisión por el Comité al Estado parte de una lista de cuestiones antes de la presentación de su informe periódico. La respuesta del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirá su próximo informe periódico, de conformidad con el artículo 19 de la Convención.

62.Canadá

1)El Comité contra la Tortura examinó el sexto informe periódico del Canadá (CAT/C/CAN/6) en sus sesiones 1076a y 1079a, celebradas los días 21 y 22 de mayo de 2012 (CAT/C/SR.1076 y 1079) y, en sus sesiones 1087a y 1088a, aprobó las siguientes observaciones finales (CAT/C/SR.1087 y 1088).

A.Introducción

2)El Comité acoge con agrado la presentación del sexto informe periódico del Estado parte, que sigue las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos, pero lamenta que haya sido presentado con tres años de retraso.

3)El Comité se muestra complacido por el franco diálogo mantenido con la delegación interministerial del Estado parte y por los empeños de este por proporcionar respuestas exhaustivas a las cuestiones planteadas por los miembros del Comité durante dicho diálogo. Además, encomia al Estado parte por haber presentado respuestas escritas detalladas a la lista de cuestiones, si bien lo hizo con tres meses de atraso, apenas antes de que se iniciara el diálogo, lo que impidió al Comité realizar un análisis detenido de la información proporcionada.

4)El Comité es consciente de que el Estado parte tiene una estructura federal, pero recuerda que el Canadá es un Estado único con arreglo al derecho internacional y tiene la obligación de aplicar la Convención íntegramente a nivel nacional.

B.Aspectos positivos

5)El Comité observa la constante labor realizada por el Estado parte para reformar su legislación, sus políticas y sus procedimientos en esferas que guardan relación con la Convención, entre lo que cabe mencionar lo siguiente:

a)La creación de una División de Apelación para Refugiados en el marco de la Junta independiente de Inmigración y Refugiados, en virtud de la Ley de 2011 sobre reforma equitativa en materia de refugiados;

b)El inicio, en diciembre de 2006, de una investigación interna de la actuación de funcionarios canadienses en relación con Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati y Muayyed Nureddin (investigación Iacobucci);

c)La constitución, por parte del Gobierno de Ontario en 2007, del Comité de Acción y de Prioridades sobre Ipperwash encargado de la aplicación de las recomendaciones del informe de investigación sobre Ipperwash;

d)La creación, en enero de 2006, de un Comité de cooperación provincial sobre desaparecidos en Saskatchewan, y

e)La investigación Braidwood, iniciada por la provincia de Columbia Británica en 2008, para examinar el caso de Robert Dziekanski.

6)El Comité observa con satisfacción la disculpa oficial e indemnización ofrecidas a Maher Arar y su familia tras la publicación del informe de la Comisión de investigación sobre la actuación de funcionarios canadienses en relación con Maher Arar.

7)El Comité observa con satisfacción la disculpa oficial brindada por la Real Policía Montada del Canadá a la madre de Robert Dziekanski por la muerte de su hijo.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Incorporación de la Convención en el ordenamiento jurídico interno

8)El Comité, si bien acoge con agrado la declaración de la delegación en cuanto a que todas las instancias gubernamentales canadienses asumen con seriedad las obligaciones derivadas de la Convención, lamenta que el Canadá no haya incorporado todas las disposiciones de esta en el derecho interno y que tales disposiciones no puedan invocarse de forma independiente como fundamento de una reclamación legal ante tribunales si no es por medio de instrumentos jurídicos internos. El Comité estima que la incorporación de la Convención en la legislación canadiense no solo tendría un carácter simbólico sino que reforzaría la protección de las personas al permitirles invocar las disposiciones de la Convención directamente ante los tribunales (art. 2).

El Comité recomienda a l Estado parte que incorpore todas las disposiciones de la Convención en la legislación canadiense a fin de permitir que las personas puedan invocarla directamente ante los tribunales, dar mayor realce a la Convención y crear mayor conciencia sobre sus disposiciones entre el personal del poder judicial y la población en general. Concretamente, el Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para que las disposiciones de la Convención que generen jurisdicción extraterritorial puedan aplicarse directamente ante tribunales nacionales.

No devolución

9)El Comité se hace eco de la información proporcionada por el Estado parte en cuanto a que la ley que permite la expulsión aunque haya riesgo de tortura es meramente teórica. Sin embargo, es un hecho que la ley hoy en día está en vigor. Por lo tanto, el Comité sigue gravemente preocupado por que (art. 3):

a)El derecho canadiense, a saber la subsección 115 2) de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, siga estipulando excepciones legislativas al principio de no devolución;

b)En la práctica, el Estado parte siga llevando a cabo deportaciones, extradiciones u otro tipo de expulsiones, a menudo utilizando certificados de seguridad con arreglo a la Ley de inmigración y protección de los refugiados, y ocasionalmente recurriendo a garantías diplomáticas, lo que podría conducir a violaciones del principio de no devolución; y

c)Resulta insuficiente la información sobre las investigaciones de supuestas violaciones del artículo 3 de la Convención, las vías de recurso de las víctimas y las medidas adoptadas para garantizar unas disposiciones de seguimiento eficaces después del retorno.

Recordando su anterior recomendación (CAT/C/CR/34/CAN, párr. 5 a) y b)), el Comité insta al Estado parte a que enmiende las leyes pertinentes, entre ellas la Ley de inmigración y protección de los refugiados , con miras a respetar incondicionalmente el principio de no devolución, de carácter absoluto, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención, y a que tome todas las medidas necesarias para poner en práctica plenamente dicho principio en todas las circunstancias. Además, el Estado parte debe abstenerse de recurrir a las garantías diplomáticas como forma de devolver a una persona a otro país cuando haya motivos fundados para creer que la persona estaría expuesta a sufrir tortura.

10)El Comité lamenta que el Estado parte haya incumplido en todos los casos las decisiones adoptadas por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención y las solicitudes de medidas provisionales de protección, especialmente en los casos que conllevaban expulsión o extradición (véanse las comunicaciones Nº 258/2004, Dadar c. el Canadá, y Nº 297/2006, Sogi c. el Canadá), pues ello podría socavar el compromiso asumido con respecto a la Convención. Asimismo, recuerda que el Estado parte, al ratificar la Convención y aceptar voluntariamente la competencia del Comité conforme al artículo 22, se comprometió a cooperar con este de buena fe en la aplicación y la plena efectividad del procedimiento relativo a las quejas individuales en él establecido. Por consiguiente, el Comité estima que, al expulsar a los autores de las quejas sin atender a las decisiones del Comité o a la solicitud de medidas provisionales, el Estado parte ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los artículos 3 y 22 de la Convención (arts. 3 y 22).

El Estado parte debe cooperar plenamente con el Comité, concretamente respetando en todos los casos sus decisiones y solicitudes de medidas provisionales. El Comité recomienda al Estado parte que revise su política en la materia y examine de buena fe las solicitudes de medidas provisionales que se le presenten, de conformidad con las obligaciones que le imponen los artículos 3 y 22 de la Convención.

11)Si bien observa lo declarado por el Estado parte en cuanto a que las fuerzas canadienses evaluaron el riesgo de tortura o malos tratos antes de transferir a un detenido a la custodia afgana (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1, párr. 155), el Comité manifiesta preocupación acerca de varias denuncias de que algunos prisioneros transferidos a la custodia de otros países por las fuerzas canadienses en el Afganistán han sido objeto de tortura y malos tratos(art. 3).

El Estado parte debe adoptar una política respecto de las futuras operaciones militares por la que se proh í ban con claridad los traslados de prisioneros a otro país cuando haya razones fundadas para creer que estos corren el riesgo de ser sometidos a tortura, y por la que se reconozca que no se recurrirá a las garantías diplomáticas ni a disposiciones de supervisión para justificar los traslados en los casos en que exista tal riesgo importante de tortura.

Certificados de seguridad en el marco de la Ley de inmigración y protección de los refugiados

12)Si bien toma nota del sistema de defensoría especial instituido en virtud de la enmienda a la Ley de inmigración y protección de los refugiados a raíz de las inquietudes planteadas por distintos interesados y de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Charkaoui c. el Canadá, el Comité sigue preocupado por las siguientes cuestiones (arts. 2, 3, 15 y 16):

a)Los defensores especiales tienen muy poca capacidad de realizar contrainterrogatorios o de buscar pruebas de forma independiente.

b)Las personas que reciben certificados de seguridad tienen acceso a un resumen del material confidencial que les concierne y no pueden examinar directamente todo el contenido del material con los defensores especiales. Así pues, los defensores no logran tener el debido conocimiento del caso ni dar una contestación o defensa completas, lo que infringe los principios fundamentales de la justicia y del debido proceso.

c)La duración de la detención sin presentación de cargos es indeterminada y algunas personas permanecen detenidas por períodos prolongados.

d)Los certificados de seguridad se han basado, al parecer, en información obtenida mediante tortura, como demuestra el caso de Hassan Almrei.

El Comité recomienda a l Estado parte que vuelva a examinar su política consistente en utilizar la detención administrativa y la legislación sobre inmigración para detener y expulsar a no ciudadanos basándose en motivos de seguridad nacional mediante, entre otras cosas, una extensa revisión del uso de los certificados de seguridad e implantando la prohibición de utilizar la información obtenida mediante tortura, de conformidad con las normas pertinentes del derecho nacional e internacional. A este respecto, el Estado parte debe aplicar las recomendaciones pendientes formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como resultado de la misión realizada al Canadá en 2005, en particular la relativa a la detención de supuestos terroristas en el marco del procedimiento penal y de conformidad con las salvaguardias correspondientes consagradas en las normas pertinentes del derecho internacional (E/CN.4/2006/7/Add.2, párr. 92).

Detención de inmigrantes

13)El Comité señala la necesidad de que el Estado parte realice una reforma legal para combatir el tráfico ilícito de personas, pero está sumamente preocupado por el proyecto de ley C-31 (Ley de protección del régimen de inmigración del Canadá) ya que, en vista de las excesivas facultades discrecionales ministeriales, por medio de esta ley (arts. 2, 3, 11 y 16):

a)Se autoriza la detención obligatoria de las personas que ingresen de forma irregular en el territorio del Estado parte.

b)No será posible que las personas que ingresen de forma irregular y los nacionales de países considerados "seguros" puedan recurrir la denegación de una solicitud del estatuto de refugiado. Esto aumenta el riesgo de expulsión de esas personas.

El Comité recomienda al Estado parte que modifique el proyecto de ley C-31, en particular sus disposiciones relativas a la detención obligatoria y a la denegación de los derechos de recurso , debido a la potencial violación de los derechos protegidos por la Convención que ello conlleva. Además, el Estado parte debe garantizar que:

a) La detención sea considerada una medida de último recurso; se fij e un plazo razonable respecto del período de detención, y se ofre zca a los detenidos por motivos de inmigración medidas no privativas de la libertad y otras opciones que no sean la detención ; y

b) Todas las personas que soliciten el estatuto de refugiado tengan acceso a un proceso de recurso completo ante la División de Apelación para Refugiados.

Jurisdicción universal

14)El Comité observa con interés que toda persona que se encuentre en el territorio del Estado parte y sea sospechosa de haber perpetrado actos de tortura podrá ser procesada y enjuiciada en el Estado parte de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, el escaso número de personas procesadas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos delitos de tortura, en virtud de la Ley mencionada suscita inquietudes respecto a la política que aplica el Estado parte para ejercer la jurisdicción universal. El Comité también se muestra preocupado por el gran número de denuncias que siguen presentándose sobre la política del Estado de recurrir a los procesos de inmigración para expulsar o hacer salir de otro modo de su territorio a los autores de delitos, en lugar de someterlos al proceso penal correspondiente, lo que crea vacíos legales reales o potenciales que propician la impunidad. Según los informes que el Comité tuvo ante sí, varias personas supuestamente responsables de actos de tortura y otros delitos conforme al derecho internacional han sido expulsadas pero no fueron sometidas a la justicia en sus países de origen. A ese respecto, el Comité observa con pesar la reciente iniciativa de divulgar los nombres y rostros de 30 personas residentes en el Canadá cuya permanencia en el país se había estimado inadmisible por su posible responsabilidad respecto de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En caso de que se las capture y deporte, es posible que escapen a la justicia y que sus actos no sean castigados (arts. 5, 7 y 8).

El Comité recomienda a l Estado parte que tome todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la jurisdicción universal respecto de las personas que hayan cometido actos de tortura, entre ellas personas extranjeras que residan temporalmente en el Canadá, de conformidad con el artículo 5 de la Convención. El Estado parte debe intensificar su labor —entre otras cosas aportando más recursos— a fin de que , al aplicar la política de "no dar cobijo" , se conceda prioridad a los procedimientos penales o de extradición frente a la deportación o expulsión en el marco de procesos de inmigración.

Reparación civil e inmunidad del Estado

15)El Comité sigue preocupado por la falta de medidas efectivas de reparación (incluida la indemnización) por la vía civil para todas las víctimas de tortura, principalmente debido a las restricciones impuestas en virtud de la Ley de inmunidad del Estado (art. 14).

El Estado parte debe garantizar que todas las víctimas de tortura tengan una vía de recurso y puedan obtener reparación, donde sea que hayan ocurrido los actos de tortura e independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima. A este respecto debe considerar la posibilidad de enmendar la Ley de inmunidad del Estado de modo que se eliminen los obstáculos que impiden otorgar una reparación a todas las víctimas de tortura.

Torturas y malos tratos de canadienses detenidos en el extranjero

16)El Comité manifiesta gran inquietud por la aparente reticencia del Estado parte a proteger los derechos de todos los canadienses detenidos en otro país, en comparación con el caso de Maher Arar. Preocupan particularmente al Comité las siguientes cuestiones (arts. 2, 5, 11 y 14):

a)La negativa del Estado parte a ofrecer una disculpa oficial y una indemnización a los tres canadienses, pese a las conclusiones de la investigación Iacobucci. Los casos de que trata esta investigación son semejantes al caso Arar, en el sentido de que todas las personas fueron sometidas a torturas en el extranjero y los funcionarios canadienses fueron cómplices de la violación de sus derechos.

b)La complicidad de los funcionarios canadienses en relación con la violación de los derechos humanos de Omar Khadr mientras estaba recluido en Guantánamo (Canad a (Prime Minist er ) v. Khadr,2010 SCC 3; y Canad a (Justic e ) v. Khadr, 2008 SCC 28) y la demora en aprobar su solicitud de traslado a fin de cumplir el resto de su pena en el Canadá.

En vista de las conclusiones de la investigación Iacobucci, el Comité recomienda a l Estado parte que adopte inmediatamente medidas a fin de que Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati y Muayyed Nureddin reciban una reparación, a saber, la debida indemnización y rehabilitación. Además, lo insta a que apruebe sin demora la solicitud de traslado de Omar Khadr y a que vele por que este reciba la debida reparación por las violaciones de los derechos humanos de que fue objeto, según fallo del Tribunal Supremo del Canadá.

Información secreta obtenida mediante tortura

17)El Comité toma nota de las prioridades del Estado parte en materia de seguridad nacional, pero manifiesta gran preocupación acerca de la directiva ministerial dirigida al Servicio canadiense de inteligencia de seguridad (CSIS), que podría ir en contravención del artículo 15 de la Convención por cuanto permite la utilización en el Canadá de información secreta obtenida por Estados extranjeros mediante malos tratos, así como la transmisión de información del CSIS a organismos extranjeros, aun cuando ello plantee un riesgo importante de tortura, en casos excepcionales que entrañen una amenaza a la seguridad pública, en contravención de la recomendación 14 de la investigación sobre el caso Arar (arts. 2, 10, 15 y 16).

El Comité recomienda a l Estado parte que modifique la directiva ministerial dirigida al CSIS a fin de que esté en consonancia con las obligaciones contraídas por el Canadá con arreglo a la Convención. El Estado parte debe impartir más formación en cuanto a la prohibición absoluta de la tortura en el contexto de las actividades de los servicios de inteligencia.

Mecanismo de supervisión de las operaciones de seguridad y de inteligencia

18)El Comité está preocupado por la falta de información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar las propuestas formuladas en el informe de políticas de la investigación sobre el caso Arar destinadas a crear un modelo de examen y supervisión exhaustivos de las fuerzas del orden y organismos de seguridad que participan en actividades de seguridad a nivel nacional (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Examine distintas opciones para modernizar y fortalecer el marco de examen de la seguridad nacional de manera más oportuna y transparente;

b) Evalúe urgentemente la posibilidad de aplicar el modelo de supervisión de los organismos que realizan actividades de seguridad nacional, conforme a lo propuesto por la investigación sobre el caso Arar ; y

c) Comunique al Comité, en el próximo informe periódico, los cambios introducidos en el mecanismo de supervisión respecto de las actividades de seguridad y de inteligencia.

Condiciones de reclusión

19)El Comité se hace eco del programa de transformaciones iniciado por el servicio correccional del Canadá a fin de mejorar sus operaciones, pero sigue manifestando inquietud por las siguientes cuestiones (arts. 2, 11 y 16):

a)Las carencias que presentan las instalaciones de reclusión para atender las complejas necesidades de los prisioneros, que van en aumento, especialmente en el caso de los enfermos mentales;

b)Los casos de violencia entre reclusos y de muertes en prisión debidos a estilos de vida de alto riesgo, como el uso indebido de drogas y de alcohol que, como reconoció la delegación, siguen reinando en los centros de reclusión; y

c)El uso del régimen de aislamiento, como medida de separación por motivos disciplinarios o administrativos, por períodos a menudo demasiado extensos, aun en el caso de los enfermos mentales.

El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias a fin de que las condiciones de reclusión en todos los centros de privación de libertad se ajust e n a lo dispuesto en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Entre otras, cabe mencionar las siguientes medidas:

a) Intensificar la adopción de medidas efectivas que permitan mejorar las condiciones físicas en las prisiones, reducir la superpoblación reinante, atender debidamente las necesidades básicas de todas las personas privadas de libertad y eliminar las drogas;

b) Aumentar la capacidad de los centros de tratamiento de prisioneros con problemas de salud ment al de intensidad media y aguda;

c) Considerar el aislamiento como una medida de último recurso por el plazo más breve posible y bajo estricta vigilancia, y ofrecer la posibilidad de un examen judicial ; y

d) Abolir el régimen de aislamiento para las personas que padezcan enfermedades mentales graves o agudas.

Violencia contra las mujeres

20)El Comité observa las distintas medidas adoptadas por los gobiernos federal y provincial a fin de combatir el alto grado de violencia contra las mujeres y niñas aborígenes, principalmente los asesinatos y desapariciones (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1, párr. 76 ff)), pero manifiesta preocupación por las continuas denuncias de que: a) las mujeres marginadas, en particular las aborígenes, sufren en grados desproporcionadamente elevados una forma de violencia que atenta contra su vida, homicidios conyugales y desapariciones forzadas, y b) el Estado parte no logró investigar, procesar y sancionar de manera rápida y eficaz a los autores ni proporcionar una protección adecuada a las víctimas. Además, el Comité lamenta la declaración de la delegación en cuanto a que los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres competen más precisamente a los mandatos de otros órganos, y recuerda que el Estado es responsable y que sus funcionarios deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la Convención por consentir o tolerar que agentes no estatales o sujetos privados perpetren actos de tortura o malos tratos (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debe redoblar esfuerzos a fin de ejercer la debida diligencia e intervenir para poner fin a los actos de tortura o malos tratos perpetrados por agentes no estatales o sujetos privados, imponer penas y proporcionar recursos a las víctimas. El Comité recomienda al Estado parte que no escatime esfuerzos a fin de poner fin a toda forma de violencia contra las mujeres y niñas aborígenes, entre otr os medios , elaborando un plan de acción nacional coordinado e integral, en estrecha cooperación con las organizaciones de mujeres aborígenes, que incluya medidas que aseguren una investigación, un proceso, una condena y una pena imparciales y oportunas respecto de los responsables de las desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes, y a fin de aplicar sin demora las recomendaciones pertinentes formuladas por los órganos nacionales e internacionales al respecto, a saber, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Grupo de Trabajo sobre desaparecidas.

Armas de descarga eléctrica

21)El Comité se hace eco de las diversas iniciativas tomadas por el Estado parte a fin de obligar a una mayor rendición de cuentas respecto de las armas de descarga eléctrica y aplicar normas más estrictas que rijan su uso, entre ellas las directrices nacionales emitidas por el Gobierno federal en 2010. No obstante, sigue preocupado por las denuncias de falta de compatibilidad y coherencia entre las normas aplicables a todas las fuerzas del orden en los planos federal y provincial, así como por la falta de claridad del marco legal en relación con el ensayo de nuevas formas de tales armas por parte de las fuerzas policiales en el Canadá y la aprobación de su uso. Además, el Comité lamenta que las directrices nacionales no sean vinculantes y no establezcan un umbral coherente y suficientemente elevado en relación con el uso de tales armas en todo el país (arts. 2 y 16).

Habida cuenta de las consecuencias letales y peligrosas de las armas de descarga eléctrica para el estado físico y mental de las personas a que van dirigidas, lo que puede violar los artículos 2 y 16 de la Convención, el Comité recomienda a l Estado parte que se asegure de que tales armas se usen exclusivamente en situaciones extremas y límite. El Estado parte debería revisar las reglas que rige n el uso de esas armas, entre ellas las directrices nacionales, a fin de establecer un umbral elevado para su utilización y adoptar un marco legislativo por el que se rijan el ensayo de todas las armas empleadas por las fuerzas del orden y la aprobación de su uso. Además, el Estado parte debería considerar la posibilidad de dejar de utilizar las armas de descarga eléctrica llamadas "taser".

Métodos policiales de control de multitudes

22)El Comité expresa preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes represivos en el contexto del control de multitudes en los planos federal y provincial, particularmente con referencia a protestas indígenas en relación con la tierra en Ipperwash y Tyendinaga, así como con las protestas relativas al G-8 y al G-20.Inquietan especialmente al Comité las denuncias de duros métodos de control de multitudes y de condiciones inhumanas de reclusión en los centros de detención temporal (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda a l Estado parte que procure en mayor medida que todas las denuncias de malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía sean investigadas por un órgano independiente con rapidez e imparcialidad y que los autores de tales violaciones sean perseguidos y castigados con las debidas penas. Además, el Estado parte y el Gobierno de la provincia de Ontario deberían llevar a cabo una investigación sobre la forma en que la policía provincial de Ontario manejó los sucesos ocurridos en Tyendinaga y sobre todos los aspectos de las operaciones de vigilancia y seguridad en las Cumbres del G-8 y del G-20.

Recopilación de datos

23)El Comité lamenta la falta de datos exhaustivos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes de policía, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, así como sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata y la violencia doméstica y sexual.

El Estado parte debe recopilar los datos estadísticos pertinentes para supervisar la aplicación de las obligaciones derivadas de la Convención en el plano nacional, con inclusión de datos sobre denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos, condiciones de reclusión, abuso perpetrado por funcionarios públicos, detención administrativa, trata y violencia doméstica y sexual, así como sobre los medios de reparación proporcionados a las víctimas, a saber, la indemnización y la rehabilitación.

24)El Comité recomienda al Estado parte que estreche su colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y procure en mayor medida aplicar las recomendaciones de dichos mecanismos. El Estado parte debe tomar medidas a fin de que el seguimiento de la aplicación de las obligaciones asumidas por el Canadá en virtud de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos, la Convención, esté bien coordinado y sea transparente y accesible públicamente.

25)En vista de las promesas formuladas por el Estado parte al Consejo de Derechos Humanos en 2006 y de su aceptación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/11/17, párr. 86 2)), el Comité insta al Estado parte a acelerar las conversaciones que están teniendo lugar a nivel interno y a ratificar cuanto antes el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

26)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

27)Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

28)Se invita al Estado parte a que actualice su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.91), de conformidad con los requisitos de esta clase de documentos indicados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6).

29)El Comité pide al Estado parte que proporcione, antes del 1º de junio de 2013, información sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité acerca de: a) la aplicación de salvaguardias legales a los detenidos o el refuerzo de tales salvaguardias; b) la realización de investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces; y c) el procesamiento de los sospechosos y la penalización de los autores de actos de tortura o malos tratos, según lo indicado en los párrafos 12, 13, 16 y 17 de este documento.

30)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe, que será el séptimo informe periódico, antes del 1º de junio de 2016. Para ello, el Comité lo invita a que acepte, a más tardar el 1º de junio de 2013, presentar su informe con arreglo a su procedimiento facultativo de presentación de informes, consistente en que el Comité transmite al Estado parte una lista de cuestiones antes de la presentación del informe periódico. La respuesta del Estado parte a la lista constituirá, a tenor del artículo 19 de la Convención, el siguiente informe periódico presentado al Comité.

63.Cuba

1)El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de Cuba (CAT/C/CUB/2) en sus sesiones 1078ª y 1081ª (CAT/C/SR.1078 y CAT/C/SR.1081), celebradas los días 22 y 23 de mayo de 2012, y aprobó en sus sesiones 1089ª y 1090ª (CAT/C/SR.1089 y CAT/C/SR.1090) las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción el segundo informe periódico de Cuba y expresa su reconocimiento por la oportunidad de reanudar un diálogo constructivo con el Estado parte. No obstante, observa que el informe periódico, que fue presentado con más de nueve años de retraso, no se ajusta plenamente a las directrices de presentación de informes.

3)El Comité valora las respuestas presentadas por escrito (CAT/C/CUB/Q/2/Add.1) a la lista de cuestiones (CAT/C/CUB/Q/2), así como la información complementaria proporcionada durante el examen del informe periódico, y aprecia el diálogo mantenido con la delegación, aunque lamenta que algunas de las preguntas formuladas al Estado parte quedaran sin responder.

B.Aspectos positivos

4)El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del informe inicial del Estado parte, este ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (25 de septiembre de 2001);

b)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (9 de febrero de 2007);

c)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (6 de septiembre de 2007);

d)La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2 de febrero de 2009).

5)El Comité también celebra la labor realizada por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de velar por una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular:

a)La aprobación del Plan Director de Inversiones para el Sistema Penitenciario, cuya ejecución abarca hasta el año 2017;

b)La continuidad del programa de becas a refugiados que el Estado parte ofrece para cursar estudios secundarios, de nivel universitario o medio superior y del que en la actualidad se benefician 366 refugiados, en su mayoría saharauis;

c)La continuación de los trabajos del Grupo Nacional para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar.

6)El Comité observa la respuesta afirmativa del Estado parte a la solicitud de visita del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, confirmada posteriormente en los compromisos voluntarios asumidos por Cuba durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2009 (A/HRC/11/22, párr. 130.37). El Estado parte señaló el interés expresado por el nuevo Relator Especial en realizar esta visita en fechas que aún no se han confirmado (A/HRC/19/61, párr. 6).

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

7)Si bien se hace eco de la información proporcionada por el Estado parte sobre la realización de estudios de cara a una eventual reforma del Código Penal, el Comité lamenta que todavía no se haya tipificado el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención. En cuanto a la afirmación del Estado parte sobre la existencia de otros tipos penales afines en su legislación interna, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 2 (2007), sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, en la que se destaca el valor preventivo de la tipificación de la tortura como un delito diferente (CAT/C/GC/2, párr. 11) (arts. 1 y 4).

El Comité reitera la recomendación que hizo en 1997 (A/53/44, párr. 118 a) ) de que el Estado parte tipifique en su derecho interno el delito de tortura y adopte una definición de esta que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debe velar por que tales delitos se castiguen con penas adecuadas que tengan en cuenta su grave naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 , párrafo 2, de la Convención.

Garantías procesales fundamentales

8)Si bien observa la información proporcionada por el Estado parte acerca del contenido de la Ley de procedimiento penal y sus desarrollos normativos correspondientes, el Comité señala la falta de información sobre los procedimientos existentes para garantizar en la práctica el respeto de las salvaguardias legales fundamentales. Al Comité le preocupan los informes concordantes según los cuales el Estado parte no proporciona a todos los detenidos, en particular a aquellos privados de libertad por motivos presuntamente políticos, todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de la detención, tales como el pronto acceso a un abogado y a un examen médico independiente o la notificación de la detención a un familiar. El Comité lamenta que no se hayan facilitado datos estadísticos sobre quejas o denuncias formuladas al respecto ni sobre los procedimientos de habeas corpus incoados durante el período objeto de examen. Preocupa al Comité que el artículo 245 in fine de la Ley de procedimiento penal establezca la inadmisibilidad de solicitudes de habeas corpus "en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito". Aunque se hace eco de las explicaciones de la delegación sobre este asunto, el Comité considera que este precepto limita injustificadamente el derecho a impugnar la legalidad de la detención al excluir aquellas situaciones en las que la privación de libertad, en principio ajustada a la legalidad vigente, deviene en ilegal con posterioridad (arts. 2 y 16).

El Estado parte debe adoptar sin demora medidas efectivas para garantizar que todos los detenidos disfruten, en la práctica, de todas las garantías jurídicas fundamentales, que incluyen el derecho a tener acceso a asistencia letrada desde el momento de la detención, a ser examinado por un médico independiente, a ponerse en contacto con un familiar, a ser informado de sus derechos, así como de los cargos formulados en su contra , y a comparecer inmediatamente ante un juez.

Además, el Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la legislación y en la práctica, el derecho de toda persona privada de su libertad a un recurso inmediato para impugnar la legalidad de su detención.

No devolución y acceso a un procedimiento de asilo rápido y justo

9)El Comité expresa su preocupación por la falta de un marco legal adecuado para la protección de los refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. Si bien observa la información proporcionada por el Estado parte según la cual se permite a las personas identificadas como refugiados por elACNUR permanecer en el país mientras se tramita su reasentamiento, al Comité le preocupa que esta protección temporal de facto no suponga un reconocimiento de la condición de refugiado por parte de las autoridades cubanas. También observa con inquietud que, a pesar del acceso a los servicios gratuitos de salud y educación del que disfrutan los refugiados y solicitantes de asilo, estos no pueden obtener un permiso de trabajo ni tienen acceso a una vivienda o a otros servicios públicos. Preocupa al Comité que, ante la falta de perspectivas de integración local, el reasentamiento en un tercer país sea la única solución duradera posible para los refugiados en Cuba. Por otro lado, el Estado parte debería asegurarse de que en todos los casos de deportación forzosa se proceda de manera compatible con las disposiciones de la Convención. El Comité expresa su preocupación ante la escasa información proporcionada sobre las condiciones en las que se producen las repatriaciones de inmigrantes irregulares haitianos. Lamenta también la falta de información sobre la existencia de mecanismos de gestión migratoria que permitan identificar a quienes requieren protección internacional (arts. 2, 3, 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte:

a) Adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección de los refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. Por ello, alienta al Estado parte a considerar la posibilidad de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, así como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia .

b) Establecer mecanismos de identificación y remisión de refugiados y de otras personas que tengan necesidades específicas en el contexto de flujos migratorios mixtos, a fin de responder a sus necesidades de protección .

c) Facilitar el proceso de integración local de los refugiados en territorio cubano en colaboración con el ACNUR .

d) Reformar la normativa migratoria vigente (Leyes N os 1312 y 1313 de migración y extranjería, respectivamente, de 1976).

Condiciones de la detención

10)El Comité observa que el Estado parte ofrece planes de estudio de todos los niveles educativos en los centros penitenciarios y ha aprobado un plan de inversiones para el sistema penitenciario. Lamenta, no obstante, que no se hayan proporcionado datos precisos sobre los niveles de ocupación en los centros de privación de libertad. El Comité sigue sumamente preocupado por los informes recibidos sobre las condiciones de hacinamiento, malnutrición, falta de higiene e insalubridad, y atención médica inadecuada a las que estaría expuesta la población reclusa. En dichos informes se denuncian también limitaciones injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido, internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes, y abusos físicos y verbales a los reclusos. Por todo ello, el Comité lamenta la ausencia de datos, desglosados por edad y sexo, sobre las denuncias y quejas presentadas por los reclusos o sus familiares, así como sobre las investigaciones correspondientes y su resultado (arts. 11 y 16).

Teniendo en cuenta los compromisos voluntarios asumidos por el Estado parte en el examen periódico universal en febrero de 2009 (A/HRC/11/22, párr. 130 . 45), el Comité recomienda al Estado parte adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las condiciones de detención en las instituciones penitenciarias y otros centros de detención se ajusten a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (resoluciones 663 C [XXIV], de 31 de julio de 1957, y 2076 [LXII], de 13 de mayo de 1977, del Consejo Económico y Social) y a las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok ) , aprobadas por la Asamblea General en su resolución 65/229, de 21 de diciembre de 2010. En particular, el Estado parte debe:

a) Proseguir la labor encaminad a a mejorar las infraestructuras y reducir los niveles de ocupación de los centros penitenciarios, principalmente mediante el recurso a medidas alternativas a la pena privativa de libertad;

b) Mejorar la alimentación y reforzar los recursos para la atención médica y sanitaria de los reclusos;

c) Garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan derecho a comunicarse con familiares y con un abogado;

d) Velar por que toda sanción cruel, inhumana o degradante, como el internamiento en celdas de aislamiento en condiciones deplorables, quede completamente prohibida como medida disciplinaria.

Detención preventiva prolongada, detención por delitos contra la seguridad del Estado y excarcelaciones bajo "licencia extrapenal"

11)El Comité observa la aclaración realizada por la delegación de que el ordenamiento jurídico cubano no contempla un régimen de detención incomunicada. No obstante, sigue preocupado por los informes de ONG que señalan situaciones de detención preventiva prolongada y detención de carácter indefinido en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de procedimiento penal, que afectarían especialmente a personas privadas de libertad por motivos políticos. El Comité lamenta la falta de información relativa al número y la situación de las personas privadas de libertad acusadas de un delito contra la seguridad del Estado, conforme al artículo 243 de la Ley de procedimiento penal. Por último, preocupa también al Comité la ambigüedad de la situación jurídica de los presos excarcelados bajo "licencia extrapenal", así como las informaciones recibidas sobre restricciones arbitrarias de su libertad personal y de libre circulación. En particular, el Comité señala su inquietud por la situación de José Daniel Ferrer y Oscar Elías Biscet (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para:

a) Asegurar, en la legislación y en la práctica, que la prisión preventiva no se prolongue excesivamente;

b) Modificar la Ley de procedimiento penal a fin de evitar casos de prórroga indefinida de la instrucción del expediente de fase preparatoria;

c) Garantizar una supervisión judicial independiente de las medidas privativas de libertad y un pronto acceso a la asistencia letrada;

d) Garantizar el respeto de la libertad personal y la de la libre circulación, incluido el derecho a retornar a Cuba, a las personas excarceladas bajo " licencia extrapenal " .

Medidas de seguridad predelictivas

12)El Comité expresa su preocupación por las disposiciones del Título XI del Libro I ("El estado peligroso y las medidas de seguridad") del Código Penal, en particular la tipificación fundada en conceptos subjetivos y extremadamente vagos en torno al "estado peligroso" entendido como la "especial proclividad en que se halla una persona a cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista" (art. 72). El Comité toma nota de la explicación de la delegación de que a las personas declaradas en "estado peligroso" no se les imponen sanciones penales. Sin embargo, observa que las medidas reeducativas, terapéuticas o de vigilancia estipuladas en los artículos 78 a 84 del Código Penal pueden conllevar el internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación. Inquieta al Comité no haber recibido información sobre el régimen de internamiento en esos centros (arts. 2, 11 y 16).

En el marco de los trabajos de reforma de la legislación penal anunciados por la delegación, el Comité recomienda al Estado parte que modifique las disposiciones del Código Penal arriba mencionadas con el propósito de poner fin a la detención administrativa basada en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas, como la peligrosidad social predelictiva.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

13)El Comité observa que la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior están facultados para inspeccionar los centros de detención y que, conforme a la legislación vigente, los jueces y fiscales tienen acceso a los establecimientos penitenciarios y demás lugares de internamiento. Sin embargo, el Comité no dispone de información sobre el número y la naturaleza de las visitas realizadas por la Fiscalía u otros organismos durante el período objeto de examen, ni sobre el contenido y seguimiento dado a las actas y resoluciones emitidas por la Fiscalía. Sigue preocupando al Comité la falta de supervisión e inspección sistemática, eficaz e independiente de todos los lugares de detención y discrepa con el Estado parte cuando este afirma que "el mejoramiento permanente de dicho sistema no requiere otro tipo de visitas o asistencia complementaria" (arts. 11 y 12).

El Comité reitera la recomendación que hizo anteriormente al Estado parte (A/53/44, párr. 118 d ) ) en el sentido de que establezca un sistema nacional para supervisar e inspeccionar todos los lugares de detención y haga un seguimiento de los resultados de esa supervisión sistemática.

El Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención con miras a crear un sistema de visitas periódicas sin notificación previa de observadores nacionales e internacionales , destinado a prevenir la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.

El Comité también reitera su anterior recomendación ( ibi d ., i ) ) en la que se recomendaba al Estado parte que permitiera la entrada en el país a ONG de derechos humanos y cooperar a con ellas en la identificación de casos de tortura y malos tratos.

Pena de muerte

14)El Comité observa las informaciones proporcionadas por el Estado parte sobre las tres últimas ejecuciones de condenados a muerte en el país, tras un procedimiento sumarísimo, realizadas el 11 de abril de 2003. A pesar de las explicaciones de la delegación, el Comité mantiene serias reservas sobre la observancia en estos casos por el Estado parte de las garantías de un juicio, como el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. Si bien observa que en la actualidad no hay ningún condenado a la espera de ser ejecutado en el Estado parte y que todas las penas de muerte han sido conmutadas por penas privativas de libertad de 30 años o cadena perpetua, el Comité sigue preocupado por el elevado número de delitos susceptibles de ser castigados con la pena capital, entre los que figuran delitos comunes y categorías de delitos muy vagamente definidas que se relacionan con la seguridad del Estado (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a respetar las normas internacionales establec idas en las s alvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a pena de muerte ( aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984) . Se invita al Estado parte a que examine la posibilidad de abolir la pena de muerte y a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte.

Muertes bajo custodia

15)De acuerdo con la información proporcionada por el Estado parte, en ninguno de los casos de muerte de personas privadas de libertad ocurridos durante el período objeto de examen se estableció la responsabilidad de las fuerzas actuantes y en ninguna de las autopsias realizadas se detectaron signos de violencia corporal. Sin embargo, el Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información estadística sobre las causas de esos fallecimientos ni sobre las tasas de mortalidad en centros de privación de libertad. De acuerdo con la escasa información facilitada, entre 2010 y 2011 se registraron un total de 202 fallecimientos en el sistema penitenciario, una cifra que el Comité considera elevada. Por otro lado, el Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo extemporáneo sin posibilidad de entablar diálogo alguno al respecto. Lamenta también la falta de información sobre la muerte de Juan Wilfredo Soto García mientras se encontraba bajo custodia policial, información que se había solicitado en la lista de cuestiones (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debe garantizar que se investiguen sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo eficaz todas las muertes de personas privadas de libertad , eval uar la atención de la salud recibida por los reclusos y toda posible responsabilidad del personal de prisiones, y proporcion ar , cuando corresponda, la debida indemnización a los familiares de los fallecidos.

El Estado parte debe garantizar el seguimiento y tratamiento médico adecuados a las personas privadas de libertad que se declaran en huelga de hambre.

Mecanismo de denuncia

16)A pesar de la información proporcionada por el Estado parte sobre las distintas instancias y mecanismos para atender quejas y peticiones de los ciudadanos, el Comité lamenta que aún no exista un mecanismo específico, independiente y eficaz para recibir denuncias y realizar investigaciones rápidas e imparciales sobre las denuncias de tortura y malos tratos, y para velar por que se sancione debidamente a los responsables. También señala la falta de información estadística sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y sanciones de autores de torturas y malos tratos, tanto en el plano penal como disciplinario (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité reitera sus anteriores recomendaciones (A/53/44, párr. 118 b ) y g ) ) en las que se instaba al Estado parte a:

a) Establecer un mecanismo de queja específico e independiente que permita recibir las denuncias de tortura y malos tratos para que puedan ser examinadas sin demora y de forma imparcial .

b) Crear un registro centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos. Dicho registro debería ser accesible públicamente.

El Estado parte debe garantizar que los denunciantes y los testigos de torturas y malos tratos reciban la protección y asistencia necesaria.

Investigaciones y actuaciones judiciales

17)De acuerdo con los datos facilitados por el Estado parte, la Fiscalía General de la República atendió 263 denuncias por malos tratos en centros penitenciarios y locales de detención durante el período 2007-2011 y, tras las investigaciones correspondientes, 46 agentes de la fuerza del orden resultaron penalmente responsables. El Comité lamenta que en el diálogo con la delegación no se haya proporcionado información suplementaria más detallada sobre las investigaciones, enjuiciamientos, procedimientos disciplinarios e indemnizaciones correspondientes. Tampoco se ha recibido información alguna sobre las condenas y sanciones penales o disciplinarias impuestas a los infractores, ni se ha indicado si los presuntos autores de estos actos fueron trasladados o expulsados de la función pública en espera del resultado de la investigación de las denuncias.A falta de esta información, el Comité se ve de nuevo ante la imposibilidad de evaluar, a la luz de las disposiciones del artículo 12 de la Convención, las actuaciones del Estado parte (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Comité insta al Estado parte a:

a) Garantizar que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos. Estas investigaciones deben ser responsabilidad de un órgano independiente, no subordinado al poder ejecutivo .

b) Iniciar de oficio una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura .

c) Garantizar que, en los presuntos casos de tortura y malos tratos, los sospechosos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación, en particular si existe riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de repetir el acto denunciado o de obstaculizar la investigación .

d) Enjuiciar a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, si se comprueba su culpabilidad, garantizar que las sentencias dispongan sanciones acordes con la gravedad de sus actos y se proporcione una indemnización a las víctimas.

Independencia de la judicatura y la función de los abogados

18)El Comité observa con preocupación que no se han producido cambios significativos en el sistema de justicia del Estado parte desde la presentación de su informe inicial en 1997. En particular, observa con inquietud la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados (art. 2, párr. 1).

A la luz de su anterior re comendación (A/53/44, párr. 118 e ) ) , el Comité considera indispensable que se adopten medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial. Asimismo, recomienda al Estado parte que garantice el respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990 [ A/CONF.144/28/Rev.1], pág. 118).

Instituciones psiquiátricas

19)El Comité se hace eco de la información facilitada por el Estado parte sobre el contenido de la sentencia, de fecha 31 de enero de 2011, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana en la causa seguida contra el director, los vicedirectores y otros trabajadores del Hospital Psiquiátrico de La Habana por la muerte por hipotermia de 26 pacientes en enero de 2010. El Comité lamenta no haber recibido la información solicitada sobre las medidas de reparación e indemnización ordenadas por los tribunales y efectivamente proporcionadas a los familiares de las víctimas y a otros pacientes afectados. Si bien observa la existencia de un plan del Ministerio de Salud Pública dirigido a consolidar la eficiencia de esta institución, el Comité señala no haber recibido información sobre su contenido. Por último, lamenta no haber recibido datos estadísticos sobre el número de personas con discapacidad psicosocial que siguen un tratamiento médico forzoso en la actualidad (arts. 2, 11, 14 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que envíe información relativa a las medidas de reparación e indemnización ordenadas por los tribunales y efectivamente proporcionadas a las víctimas y/o sus familiares en relación con las muertes ocurridas en el Hospital Psiquiátrico de L a Habana en 2010.

El Estado parte debe tomar las medidas necesarias para que se subsanen las deficiencias que puedan existir en la red de hospitales psiquiátricos y garantizar así que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. El Comité recomienda que se analice de manera urgente el funcionamiento real de las instituciones psiquiátricas a través de auditorías externas e internas de las instituciones actuantes, impulsando la toma de medidas legislativas y administrativas que aseguren el respeto efectivo de las garantías necesarias para la prevención de la tortura y los malos tratos.

Actores de la sociedad civil en situación de riesgo

20)El Comité observa que el Estado parte niega que haya aumentado el número de detenciones de corta duración practicadas sin orden judicial contra opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas independientes, tal como ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos ante este órgano. No obstante, y ante la falta de datos oficiales, el Comité sigue seriamente preocupado por las continuas denuncias de detenciones arbitrarias por períodos breves, el uso de figuras penales ambiguas como la "peligrosidad social predelictiva" para justificar medidas de seguridad, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de los Órganos de Seguridad del Estado. Inquietan también al Comité los informes según los cuales continúan produciéndose "actos de repudio" frente a los domicilios de miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de las Damas de Blanco, entre otros. El Comité lamenta la reticencia del Estado parte a presentar información completa sobre los incidentes mencionados en la lista de cuestiones ysobre las medidas tomadas para evitar este tipo de acciones coordinadas en las que se advierte la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial (arts. 2 y 16).

A la luz de sus anteriores observaciones finales (A/53/44, párr. 11), el Comité insta al Estado parte a:

a) Adoptar las medidas necesarias para que cesen las formas de represión arriba mencionadas, tales como detenciones arbitrarias o la aplicación de medidas de seguridad predelictiva, contra opositores políticos, defensores y activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo y sus familiares. Asimismo, el Estado parte debe garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento sean debidamente investigados y los responsables sancionados .

b) Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión , y sus derechos de asociación y reunión pacífica .

c) Autorizar la inscripción de las ONG de derechos humanos que así lo soliciten en el Registro de Asociaciones Nacionales, conf orme a lo dispuesto en la Ley N º 54, de 27 de diciembre de 1985 (Ley de asociaciones).

Violencia de género

21)El Comité observa con preocupación que el Estado parte no ha proporcionado información alguna sobre el marco jurídico existente para combatir la violencia contra la mujer en Cuba ni sobre las medidas adoptadas para eliminar este fenómeno, incluida la violencia doméstica y sexual. Asimismo lamenta la falta de datos estadísticos correspondientes al período objeto de examen sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer (arts. 2 y 16).

El Comité insta al Estado parte a proporcionar información detallada sobre la legislación vigente en la materia , y sobre los casos de violencia contra la mujer ocurridos durante el perí odo que se examina .

Confesiones obtenidas mediante coacción

22)El Comité, si bien toma nota de las garantías constitucionales y de las disposiciones de la Ley de procedimiento penal sobre la inadmisibilidad de los elementos de prueba obtenidos mediante tortura, expresa su preocupación por los informes que denuncian el uso de métodos coercitivos en interrogatorios, en particular la privación del sueño, la reclusión en condiciones de aislamiento y la exposición a cambios bruscos de temperatura. El Comité observa la información proporcionada por el Estado parte según la cual durante el período objeto de examen no se desestimó ninguna causa debido a la presentación de pruebas o testimonios obtenidos mediante tortura o malos tratos, aunque según la delegación tampoco se ha "invocado la tortura como procedimiento" en ningún caso (arts. 2 y 15).

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces que aseguren en la práctica la inadmisibilidad de las confesiones obtenidas mediante coacción , y debe velar por que se imparta formación a los agentes del orden, los jueces y los abogados sobre los métodos de detección e investigación de los casos de confesión obtenida bajo coacción.

Formación

23)El Comité toma nota de la información sobre los programas de capacitación técnica y profesional impartidos al personal médico, los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, funcionarios del sistema penitenciario y operadores de justicia, pero lamenta la escasa información disponible sobre la evaluación de dichos programas y sus efectos en la reducción de la incidencia de la tortura y los malos tratos. Asimismo, observa que el Estado parte no ha presentado información sobre programas de formación específica ni sobre el uso del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) (art. 10).

El Estado parte debe:

a) Seguir elaborando e impartiendo programas de formación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden y funcionarios de prisiones sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, que no se toleren y que se investiguen las infracciones , y que se enjuicie a los infractores;

b) Desarrollar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia y los efectos de los programas de formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos;

c) Velar por que todo el personal pertinente reciba formación específica sobre el Protocolo de Estambul.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

24)Si bien toma nota de la información proporcionada en el informe periódico sobre las vías de resarcimiento por la responsabilidad civil y el mandato institucional de la Caja de Resarcimiento, el Comité observa con preocupación que las víctimas de torturas o malos tratos no pueden obtener una indemnización si el autor de dichos actos ha sido objeto de sanción disciplinaria pero no penal. El Comité lamenta de nuevo que el Estado parte no haya proporcionado información sobre las medidas de reparación e indemnización, incluidos los medios de rehabilitación, ordenados por los tribunales y efectivamente proporcionados a las víctimas de torturas y malos tratos (véase A/53/44, párr. 117) (art. 14).

El Estado parte debe:

a) Velar por que todas las víctimas de tortura s y malos tratos obtengan reparación y tengan el derecho jurídicamente exigible a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible;

b) Garantizar la efectividad de los mecanismos de resarcimiento y de indemnización adecuada de las víctimas de tortura s y otras formas de malos tratos.

El Comité reitera su re comendación (A/53/44, párr. 118 h ) ) de que el Estado parte cree un fondo de indemnización de víctimas de la tortura y malos tratos.

Institución nacional de derechos humanos

25)Inquieta al Comité que el Estado parte no considere oportuno el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos con arreglo a los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General, anexo). Si bien observa que la Fiscalía y otras instituciones del Estado tienen entre sus funciones atender las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos, el Comité señala que ninguna de las instancias indicadas por el Estado parte tiene la naturaleza de institución nacional independiente en materia de derechos humanos (art. 2).

El Comité insta al Estado parte a considerar la creación de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París.

Recopilación de datos

26)Preocupa al Comité que, a pesar de su anterior recomendación (A/53/44, párr. 118 j)), el Estado parte no haya proporcionado información estadística detallada sobre diversas cuestiones y lamenta su decisión de no remitir toda la información solicitada. La falta de datos desglosados sobre denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas de casos de tortura y malos tratos, así como de casos de muertes bajo custodia, violencia contra la mujer o trata de personas, dificulta la determinación de abusos que requieren atención y obstaculiza la aplicación eficaz de la Convención (arts. 2, 16 y 19).

El Estado parte debe recopilar datos estadísticos pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Convención a nivel nacional y local, desglosados por sexo, origen étnico, edad, región geográfica y tipo y ubicación del centro de privación de libertad, con inclusión de datos sobre denuncias, investigacion