Azerbaiyán

Tercer informe periódico

CAT/C/AZE/3

CAT/C/AZE/CO/3

Colombia

Cuarto informe periódico

CAT/C/COL/4

CAT/C/COL/CO/4

El Salvador

Segundo informe periódico

CAT/C/SLV/2

CAT/C/SLV/CO/2

Eslovaquia

Segundo informe periódico

CAT/C/SVK/2

CAT/C/SVK/CO/2

España

Quinto informe periódico

CAT/C/ESP/5

CAT/C/ESP/CO/5

República de Moldova

Segundo informe periódico

CAT/C/MDA/2

CAT/C/MDA/CO/2

Yemen

Segundo informe periódico

CAT/C/YEM/2

CAT/C/YEM/CO/2*

* Observaciones finales provisionales, debido a que el Estado parte no envió delegación a la reunión con el Comité.

44.En su 44º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes y aprobó las siguientes observaciones finales:

Austria

Informes periódicos cuarto y quinto

CAT/C/AUT/4-5

CAT/C/AUT/CO/4-5

Camerún

Cuarto informe periódico

CAT/C/CMR/4

CAT/C/CMR/CO/4

Francia

Informes periódicos cuarto a sexto

CAT/C/FRA/4-6

CAT/C/FRA/CO/4-6

Jordania

Segundo informe periódico

CAT/C/JOR/2

CAT/C/JOR/CO/2

Liechtenstein

Tercer informe periódico

CAT/C/LIE/3 y Corr.1

CAT/C/LIE/CO/3

República Árabe Siria

Informe inicial

CAT/C/SYR/1

CAT/C/SYR/CO/1

Suiza

Sexto informe periódico

CAT/C/CHE/6

CAT/C/CHE/CO/6

Yemen

Segundo informe periódico

CAT/C/YEM/2

CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1*

* Observaciones finales definitivas.

45.De conformidad con el artículo 66 de su reglamento, el Comité invitó a los representantes de todos los Estados partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité en que se examinara su informe. Todos los Estados partes cuyos informes fueron examinados por el Comité, excepto el Yemen en el 43º período de sesiones, enviaron representantes para que participaran en el examen. El Comité expresó su agradecimiento por ello en sus observaciones finales.

46.El Comité designó relatores para los países y relatores suplentes encargados de los informes de los Estados, cuya lista figura en el anexo XII del presente informe.

47.En relación con su examen de los informes, el Comité también tuvo ante sí los siguientes documentos:

a)Las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales que los Estados partes deben presentar con arreglo al artículo 19, párrafo 1, de la Convención (CAT/C/4/Rev.2);

b)Las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados partes deben presentar en cumplimiento del artículo 19, párrafo 1, de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

48.El Comité ha venido preparando listas de cuestiones para los informes periódicos desde 2004. Esta actividad se emprendió a raíz de una petición que formularon al Comité los representantes de los Estados partes en una reunión con los miembros del Comité. Si bien entiende que los Estados partes deseen conocer por adelantado las cuestiones que probablemente se examinarán durante el diálogo, el Comité debe señalar que la preparación de las listas de cuestiones ha hecho aumentar el volumen de trabajo del Comité. Este hecho reviste particular importancia en un Comité que tiene una composición tan reducida

B.Observaciones finales sobre los informes de los Estados partes

49.Seguidamente se reproduce el texto de las observaciones finales aprobadas por el Comité con respecto a los mencionados informes presentados por los Estados partes.

50. Azerbaiyán

1)El Comité examinó el tercer informe periódico de Azerbaiyán (CAT/C/AZE/3) en sus sesiones 907ª y 909ª (CAT/C/SR.907 y CAT/C/SR.909), celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2009, y aprobó en su 920ª sesión, celebrada el 18 de noviembre de 2009 (CAT/C/SR.920), las siguientes conclusiones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del tercer informe periódico de Azerbaiyán y las respuestas escritas a la lista de cuestiones (CAT/C/AZE/Q/3) facilitadas por el Estado parte.

3)El Comité agradece el intenso diálogo con la delegación de alto nivel enviada por el Estado parte y las respuestas a las preguntas planteadas durante el diálogo. También acoge con agrado la actitud constructiva del Estado parte en cuanto a la aplicación de sus recomendaciones, como muestran las diferentes reformas jurídicas y normativas llevadas a cabo.

B. Aspectos positivos

4)El Comité celebra las medidas legislativas y de otros tipos adoptadas por el Estado parte desde el examen de su anterior informe, a saber:

a)La aprobación en 2005 de la Ley de lucha contra la trata de personas, la modificación del Código Penal (2005) y la creación de un fondo de ayuda para las víctimas de la trata de personas;

b)La firma del Decreto presidencial de 19 de enero de 2006 sobre la modernización del sistema judicial y las modificaciones introducidas por la Ley de enmienda, de 19 de enero de 2006, que dispone el establecimiento de tribunales regionales de apelación que proporcionan asistencia jurídica a los interesados, así como la aprobación de un programa nacional para el desarrollo del sistema judicial de Azerbaiyán para 2009-2013 que, entre otras cosas, prevé mejoras en la situación de los condenados;

c)La ratificación, en 2009, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

d)La ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su Protocolo Facultativo en 2009.

5)El Comité también acoge con agrado los siguientes avances:

a)La aprobación de un Plan de Acción Nacional de defensa de los derechos humanos el 28 de diciembre de 2006;

b)La reforma del sistema penitenciario en 2006;

c)La creación de un comité público para supervisar las instituciones penitenciarias;

d)El establecimiento, en 2007, del Consejo de Estado de apoyo a las ONG, dependiente de la Presidencia, y la asignación de otros recursos a esas organizaciones.

e)Los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de detención y las disposiciones adoptadas que sirvieron para reducir considerablemente la tasa de mortalidad por tuberculosis en las cárceles desde 1995.

6)El Comité se felicita por el compromiso contraído por la delegación del Estado parte de publicar los informes con las conclusiones de las tres visitas a Azerbaiyán realizadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes desde 2005.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Consideraciones generales relativas a la aplicación

7)El Comité lamenta que, a pesar de las solicitudes de información estadística específica que formuló tanto en la lista de cuestiones como durante el diálogo oral con el Estado parte, no se le haya proporcionado esta información. La falta de datos globales o desglosados sobre las denuncias, investigaciones, procesos y condenas por casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden, así como sobre las condiciones de detención, los malos tratos por parte de funcionarios públicos y la violencia doméstica y sexual, dificulta mucho la identificación de posibles cuadros de abusos que requieren atención (arts. 2 y 19).

El Estado parte debería compilar los datos estadísticos que sean de interés para supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional, desglosados por género, edad, región geográfica y tipo y ubicación del lugar de privación de libertad, con inclusión de datos sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos y las condenas por casos de tortura y malos tratos, las condiciones de detención, los malos tratos por funcionarios públicos, la detención administrativa y la violencia doméstica y sexual, y los resultados de todos esos casos y denuncias. El Estado parte debería proporcionar al Comité la información detallada mencionada anteriormente, junto con el número de denuncias de tortura que se han presentado desde 2003.

Definición de tortura

8)El Comité acoge con satisfacción el compromiso del Estado parte de modificar el artículo 133 del Código Penal para que la definición de tortura se adapte plenamente a la que figura en el artículo 1 de la Convención. El Comité insiste en su preocupación de que la definición de tortura del artículo 133 del Código Penal vigente omite las referencias a la finalidad de la tortura expuestas en la Convención, concretamente "por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación", y carece de disposiciones que definan como delito la tortura infligida con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u otra persona que desempeñe funciones públicas (arts. 1 y 4).

Teniendo presente la obligación de modificar su legislación de acuerdo con el artículo 1 de la Convención, el Estado parte debería cumplir con el compromiso contraído durante el diálogo interactivo con el Comité para que la definición de tortura se adapte plenamente a la Convención, de modo que todos los funcionarios públicos y otros responsables de actos de tortura puedan ser enjuiciados en virtud del artículo 133 del Código Penal.

Tortura y malos tratos

9)Siguen preocupando al Comité las continuas y numerosas denuncias de tortura y malos tratos a sospechosos y otros detenidos, que aparentemente suelen ocurrir entre el momento de la detención y el registro oficial en los centros de detención. El Comité también está muy preocupado por las denuncias de que las autoridades se resisten a incoar acciones penales por presuntas torturas y malos tratos, y muestra su preocupación porque los funcionarios que presuntamente han cometido actos de tortura o malos tratos no son acusados de estos delitos, sino de "abuso de autoridad", "negligencia" y "faltas y delitos menos graves o graves contra la salud por imprudencia". El Comité teme que dichas prácticas contribuyan a crear una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden y está particularmente preocupado por el hecho de que, a pesar de las numerosas denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden, no se haya incoado ni un solo caso contra ningún agente en virtud del artículo 133, párrafo 3, del Código Penal. El Comité valora que el Gobierno haya perseguido 161 casos de violencia doméstica de acuerdo con el artículo 133 desde 2001, pero señala que no ha habido ningún caso contra personas que actuaban en ejercicio aparente de funciones públicas (arts. 2, 15 y 16).

El Estado parte debería tomar todas las medidas necesarias para velar por que, en la práctica, todas las denuncias de tortura sean objeto de una investigación pronta, imparcial y eficaz y, según proceda, perseguir y, si se considera que hay responsabilidad, sancionar como corresponda.

Oficina del Ombudsman

10)El Comité lamenta la falta de información acerca del número de acusaciones o denuncias de actos concretos de tortura o malos tratos recibidas e investigadas por la Oficina del Ombudsman, así como sobre el número de investigaciones de tortura o malos tratos iniciadas de oficio. A pesar de que el órgano que supervisa la aplicación de los Principios de París dio una calificación de "A" a la Oficina del Ombudsman, el Comité está profundamente preocupado por la información facilitada por el Estado parte según la cual los estatutos de la Oficina del Ombudsman no le permiten supervisar todos los órganos estatales. El Comité muestra su inquietud por el hecho de que el Ombudsman carezca del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, así como para desempeñar las funciones de mecanismo nacional de prevención con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas eficaces para velar por que la Oficina del Ombudsman sea en la práctica un órgano funcional e independiente en cumplimiento de los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General, en particular por lo que respecta a su independencia. El Estado parte debería informar al Comité de todos los casos de tortura y malos tratos que hayan sido investigados por el Ombudsman y de los resultados de dichas investigaciones.

Salvaguardias legales básicas insuficientes

11)A pesar de los esfuerzos del Estado parte para mejorar el sistema de registro de detenidos, inquietan al Comité las acusaciones de que la tortura y los malos tratos contra los detenidos están muy extendidos y se infligen de forma sistemática en las comisarías, tanto antes del registro oficial como durante la detención preventiva. El Comité también muestra su preocupación por las insuficientes salvaguardias legales de los detenidos, entre otras cosas, el acceso restringido a médicos independientes y defensores de oficio y el hecho de que a los detenidos no se los informe de sus derechos en el momento de la detención, incluido el derecho a ponerse en contacto con sus familiares, como se denunció en los casos de Emin Milli y Adnan Hajizade y de Kamil Saddredinov. Preocupa también al Comité la escasez de defensores de oficio en el Estado parte y las denuncias sobre la baja calidad de la asistencia jurídica debido a la insuficiencia de recursos. Además, el Comité observa con inquietud las denuncias de que los sospechosos son detenidos deliberadamente durante largos períodos en calidad de testigos y que, por lo tanto, se les niegan las salvaguardias legales básicas hasta que, posteriormente, son considerados sospechosos. El Comité lamenta además la falta de información relativa al mecanismo o disposición jurídica que permite a los detenidos solicitar que un médico independiente les realice un reconocimiento médico, y sigue preocupado por las denuncias de que, en la práctica, se les suele negar la asistencia médica, como ocurrió presuntamente en los casos de los detenidos Mahir Mutafayev, que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y no recibió atención médica hasta 11 ó 12 horas después del incidente, y Novruzali Mammadov (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas diligentes y eficaces para asegurar que se registre a los detenidos en el momento exacto de su privación de libertad y que no sean objeto de actos contrarios a la Convención cuando estén bajo custodia pero todavía no figuren como detenidos. Se debería mejorar el sistema de registro de detenidos de acuerdo con las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. El Estado parte debería velar por que los sospechosos comparezcan ante un juez lo antes posible, desde el momento exacto de la privación de libertad, para poder determinar la legalidad de la detención. Debería introducirse el uso sistemático de equipo audiovisual en las comisarías de policía y los centros de detención, en particular en las salas de interrogatorio y en todas las interrogaciones de menores.

El Estado parte debería también tomar disposiciones eficaces para asegurar que, en la práctica, se garantice a todos los detenidos en todos los centros de detención, entre otras cosas, el acceso inmediato a un asesor jurídico independiente y un reconocimiento médico independiente. Además, deberían adoptarse medidas para establecer y precisar el procedimiento actual mediante el cual los detenidos, sus asesores jurídicos o un juez pueden solicitar dicho reconocimiento. El Estado parte debería seguir adoptando medidas para solucionar la escasez de defensores de oficio, en particular velar por que éstos perciban un sueldo adecuado por su trabajo.

Inspección independiente de los lugares de detención

12)El Comité celebra particularmente el establecimiento del comité público, formado por representantes de ONG, cuya tarea consiste en visitar las instituciones penitenciarias. A pesar de la insistencia del Estado parte en que esas visitas son ilimitadas, el Comité muestra su preocupación por el hecho de que ese comité público no pueda realizar visitas a los establecimientos de detención sin haberlo avisado previamente porque, con arreglo a la Orden del Ministerio de Justicia de 25 de abril de 2006, las visitas están sujetas a un reglamento disciplinario interno que, en la práctica, exige un aviso con 24 horas de antelación.Asimismo, preocupa al Comité que el mandato de un año de los miembros del comité público limita excesivamente la aplicación de los conocimientos especializados adquiridos por los miembros. Además, preocupa al Comité que el comité público no tenga acceso a los centros de detención preventiva y al centro de detención preventiva del Ministerio de Seguridad Nacional (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería garantizar que el comité público tenga un derecho ilimitado a realizar visitas, sin trabas y sin tener que avisar previamente, a todos los lugares de detención del país, incluidos los centros de detención preventiva y el centro de detención preventiva del Ministerio de Seguridad Nacional.

Condiciones de los lugares de privación de libertad y muertes bajo custodia

13)El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar las condiciones de las instituciones penitenciarias y los centros de detención preventiva, como las notables mejoras de las condiciones de detención de las personas que cumplen cadena perpetua mediante el aumento del número de visitas y llamadas de teléfono y del importe de la asignación mensual, así como el establecimiento de unidades de servicios médicos. El Comité también acoge con satisfacción la construcción de nuevas cárceles en Shaki, Ganja, Lenkaran, Nakhchivan y otras regiones, así como la construcción de centros de detención preventiva, como el de Bakú, con la finalidad de mejorar las condiciones de los detenidos. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la cantidad de muertes y suicidios de reclusos y por las presuntas limitaciones a los exámenes forenses independientes para determinar las causas de dichas muertes. Preocupan también al Comité las denuncias de que el Estado parte utiliza la reclusión en régimen de aislamiento por períodos prolongados (art. 11).

El Estado parte debería investigar con diligencia, en profundidad y de forma imparcial todos los casos de muerte bajo custodia y enjuiciar a las personas declaradas responsables de cualquier muerte. El Estado parte debería facilitar información al Comité sobre cualquier muerte que sea consecuencia de tortura, malos tratos o negligencia deliberada.

Las familias de las víctimas deberían recibir indemnización y rehabilitación adecuadas.

El Estado parte debería limitar la reclusión en régimen de aislamiento y utilizarla como medida de último recurso, durante el menor tiempo posible, bajo una supervisión estricta y con la posibilidad de un examen judicial. El Estado parte también debería averiguar los motivos que llevan a los reclusos a suicidarse, proporcionar los recursos apropiados y revisar la legislación al respecto. Debería permitir que se realicen exámenes forenses independientes y aceptar sus conclusiones como prueba en los casos civiles y penales.

14)El Comité expresa su inquietud por el hecho de que el centro de detención preventiva del Ministerio de Seguridad Nacional siga funcionando y se utilice para recluir a condenados (art. 11).

El Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado parte transfiera la jurisdicción sobre el centro de detención preventiva del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia o deje de usarlo.

Internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas

15)El Comité muestra su preocupación por las numerosas denuncias de internamiento forzoso en hospitales psiquiátricos en Nakhchivan, por motivos distintos a los médicos (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas para evitar que nadie sea internado contra su voluntad en instituciones psiquiátricas por motivos que no sean médicos. Cuando la hospitalización sea necesaria por razones médicas, el Estado parte debería asegurarse de que es una decisión tomada de acuerdo con el consejo de expertos psiquiatras independientes y que se puede recurrir.

16)Inquietan al Comité las malas condiciones de las instituciones psiquiátricas fuera de Bakú. El Comité también observa con inquietud la falta de un órgano independiente que supervise estas condiciones (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería establecer un sistema independiente para supervisar e inspeccionar dichas instalaciones. Debería mejorar las condiciones de vida de los pacientes de las instituciones psiquiátricas y velar por que órganos independientes de supervisión visiten regularmente todos los lugares en los que haya enfermos mentales para recibir un tratamiento involuntario con la finalidad de garantizar la correcta aplicación de las salvaguardias establecidas para proteger sus derechos.

Independencia de l a judicatura

17)El Comité acoge con satisfacción las importantes mejoras del sistema judicial. También celebra el Decreto presidencial de 17 de agosto de 2006 mediante el que se aumentó el número de jueces del Estado parte en un 50%, así como otras reformas en el proceso de selección de jueces. No obstante, el Comité sigue preocupado por la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo y su susceptibilidad a la presión política (art. 14).

El Comité reitera su recomendación previa al Estado parte de que garantice plenamente la independencia e imparcialidad del poder judicial, de conformidad con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

18)Al tiempo que el Comité recuerda la decisión del pleno del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2000, que ordenaba a todos los tribunales que no aceptaran pruebas obtenidas mediante tortura, malos tratos o presión física o psicológica, señala con preocupación que Azerbaiyán no ha sido capaz de mencionar un solo caso en que un tribunal rechazara aceptar pruebas obtenidas mediante métodos ilegales. El Comité muestra su preocupación por las denuncias de que, al contrario, en varias ocasiones hubo tribunales que se basaron en declaraciones presuntamente realizadas bajo coacción (art. 14).

El Estado parte debería adoptar medidas de aplicación inmediata para que en la práctica las pruebas obtenidas mediante tortura no puedan ser invocadas como prueba en ningún procedimiento. El Estado debería revisar los casos de condenas basadas exclusivamente en confesiones, consciente de la posibilidad de que muchas de ellas se hayan basado en pruebas obtenidas mediante la tortura o los malos tratos y, en su caso, efectuar investigaciones oportunas e imparciales y adoptar las medidas de reparación apropiadas. El Estado parte debería establecer un mecanismo que vele por que las personas condenadas sobre la base de pruebas obtenidas mediante coacción o como consecuencia de tortura o malos tratos puedan tener otro juicio y un recurso, una reparación y/o una indemnización apropiados.

Violencia doméstica

19)El Comité acoge con agrado las campañas organizadas para aumentar el conocimiento sobre la violencia doméstica y la aprobación de una declaración para combatir la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica. Sin embargo, sigue preocupado por las denuncias que sigue habiendo de que la violencia doméstica está muy extendida no sólo contra las mujeres, sino también contra los niños, y por el retraso que ha sufrido la aprobación del proyecto de ley sobre la violencia doméstica. También está preocupado por la falta de centros de acogida para las víctimas de violencia doméstica. El Comité lamenta, asimismo, la falta de información estadística sobre el número total de denuncias por este tipo de violencia y el número de investigaciones, condenas y sanciones establecidas (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería proteger a las mujeres y los niños mediante la promulgación con diligencia del proyecto de ley sobre la violencia doméstica y la adopción de medidas para prevenir esa violencia en la práctica. Con la finalidad de proteger a las víctimas, el Estado parte debería proporcionarles acceso a servicios médicos, sociales y jurídicos, alojamiento temporal e indemnizaciones y rehabilitación. Los autores deberían ser castigados conforme a la gravedad de sus delitos.

El Estado parte debería recopilar información sobre el número de casos de violencia doméstica que se han denunciado, el número de dichas denuncias que se han investigado de manera pronta, imparcial e independiente, el número de investigaciones que dieron lugar a juicios y los resultados de los juicios, junto con la sanción establecida y la indemnización que se concedió a las víctimas.

Trata de personas

20)Si bien el Comité observa con agrado la adopción de medidas legislativas y normativas relativas a la trata de seres humanos, sigue preocupado por la prevalencia del fenómeno en Azerbaiyán (arts. 2, 10, 12 y 16).

El Estado parte debería asegurar la aplicación de la legislación sobre la trata de seres humanos y también proseguir su actividad de investigación, enjuiciamiento y castigo de las personas declaradas responsables, en particular los funcionarios públicos implicados en la trata de personas.

Violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos

21)El Comité manifiesta su preocupación por las denuncias de la continua presión ejercida sobre los medios de comunicación, en particular por el hostigamiento y las palizas supuestamente sufridos por los periodistas y los defensores de los derechos humanos que no se han investigado. Además, está preocupado por las denuncias de restricciones a las debidas garantías procesales en la reciente condena de personas que presuntamente habían expresado opiniones en medios de comunicación no convencionales (arts. 2, 10, 12 y 16).

El Estado parte debería garantizar y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión de los periodistas y los representantes de los medios de comunicación, e introducir mecanismos legales y medidas prácticas a tal efecto. El Estado parte debería llevar a cabo investigaciones diligentes e imparciales de las denuncias de violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y enjuiciar y castigar a los autores. El Comité recuerda su Observación general Nº 2 (CAT/C/GC/2, párr. 21), según la cual el Estado parte debería garantizar la protección de los miembros de los grupos que corren particular riesgo de sufrir malos tratos, enjuiciando y castigando todos los actos de violencia y de maltrato perpetrados contra esas personas y aplicando medidas positivas de prevención y protección.

No devolución

22)Preocupan al Comité los casos de entrega extrajudicial, como la entrega de chechenos a la Federación de Rusia, sobre la base de acuerdos de extradición bilaterales, y de curdos a Turquía, donde pueden estar expuestos a un riesgo real de tortura. El Comité lamenta la falta de información sobre las solicitudes de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado, el número de expulsiones, devoluciones y extradiciones y el número de casos sometidos a examen judicial administrativo. También lamenta la falta de información sobre las garantías diplomáticas y sobre cualquier procedimiento de seguimiento posterior al retorno establecido para esos casos (art. 3).

El Estado parte debería velar por que ninguna persona sea expulsada, devuelta o extraditada a un país en el que existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, y por que las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas puedan interponer un recurso efectivo con efecto suspensivo. El Estado parte debería proporcionar al Comité datos estadísticos, desglosados por país de origen, sobre el número de personas que han solicitado asilo o reconocimiento de la condición de refugiado, el estado de tramitación de sus solicitudes y el número de expulsiones, deportaciones o extradiciones y los países a los que fueron devueltas estas personas. El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las personas que puedan estar expuestas a tortura en sus países de origen no sean devueltas, extraditadas o deportadas a esos países. El Estado parte debería evitar el uso sistemático de las garantías diplomáticas, y debería proporcionar información detallada sobre el contenido de los acuerdos de ese tipo y las garantías mínimas de trato que ofrecen.

Capacitación

23)El Comité toma nota con reconocimiento de los cursos de capacitación sobre los derechos humanos y la prohibición de los malos tratos introducidos en el programa de la formación obligatoria para los funcionarios de prisiones, incluido el personal médico, así como la publicación de manuales sobre la prohibición de la tortura y la traducción del manual "Derechos humanos y cárceles" al azerbaiyano. Sin embargo, el Comité lamenta la escasa información sobre el seguimiento y la evaluación de esos programas de capacitación y la falta de información disponible acerca de los efectos de la capacitación en los funcionarios interesados, como las fuerzas del orden, los funcionarios de prisiones y los guardias fronterizos, así como sobre la eficacia de esos programas para reducir los casos de tortura y malos tratos (art. 10).

El Estado parte debería seguir preparando programas educativos para que todos los funcionarios, incluidos los agentes del orden, los funcionarios de prisiones y los guardias fronterizos, sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, no se toleren y se investiguen las violaciones y se enjuicie a los infractores. Todo el personal médico pertinente debería recibir capacitación específica sobre la manera de reconocer los indicios de tortura y malos tratos. El Comité recomienda que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) pase a ser parte integrante de la capacitación impartida a todo el personal relacionado con la detención o encarcelamiento de personas, así como con la investigación y documentación de la tortura. Además, el Estado parte debería preparar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia y el efecto de esos programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de tortura, violencia y malos tratos.

Reparación, indemnización y rehabilitación

24)Aunque el Comité celebra la información proporcionada por Azerbaiyán de que las víctimas de tortura tienen derecho a una indemnización, le preocupa la falta de ejemplos de casos en los que alguien haya recibido dicha indemnización (art. 14).

El Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado parte vele por que, en la práctica, se garantice a las víctimas la reparación, la indemnización y la rehabilitación, y facilite ejemplos de dichos casos al Comité.

Menores

25)Preocupan al Comité los casos denunciados de malos tratos y tortura utilizados para conseguir confesiones inculpatorias y testimonios de menores y que no se haya llevado a cabo una investigación sobre dichas denuncias (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería asegurar a los menores la presencia de un abogado y de un adulto de confianza en todas las fases del procedimiento, incluido el interrogatorio por un funcionario de policía, independientemente de que el menor esté o no privado de libertad. El Estado parte debería poner fin a todas las prácticas de malos tratos a menores en los lugares de detención, castigar a los autores y prohibir que los detenidos menores de edad estén con los detenidos adultos.

Violencia en las fuerzas armadas

26)Inquieta al Comité la supuesta prevalencia de casos de violencia y malos tratos a reclutas en las fuerzas armadas, comúnmente llamados dedovshchina (intimidación o novatadas), que han tenido como consecuencia lesiones graves y un número elevado de muertes de reclutas en circunstancias no aclaradas, incluidos suicidios (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería iniciar investigaciones diligentes y efectivas de todas las muertes de soldados que no se produzcan en campaña, incluidos los suicidios, y enjuiciar y castigar a los autores de actos que tengan como resultado estas muertes y tomar disposiciones para prevenir este tipo de incidentes en el futuro.

27)Se alienta a Azerbaiyán a que considere la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

28)Se alienta al Estado parte a divulgar ampliamente los informes que presenta al Comité, sus respuestas a la lista de cuestiones, las actas resumidas de las reuniones y las conclusiones y recomendaciones del Comité, en todos los idiomas apropiados, por conducto de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

29)El Comité invita al Estado parte a presentar su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común que figuran en las directrices armonizadas sobre la preparación de informes aprobadas por los órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.5).

30)El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año, le comunique su respuesta a las recomendaciones que se formulan en los párrafos 9, 11, 12 y 26.

31)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el cuarto, a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

51. Colombia

1)El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (CAT/C/COL/4) en sus sesiones 908ª y 911ª (CAT/C/SR.908 y 911), celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2009, y aprobó en su 925ª sesión (CAT/C/SR.925), las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del cuarto informe periódico de Colombia, expresa su complacencia por el diálogo sincero y abierto con la delegación del Estado parte y agradece las respuestas escritas a la lista de cuestiones (CAT/C/COL/Q/4/Add.1), que facilitaron los debates entre la delegación y los miembros del Comité. Además, el Comité agradece la información que se facilitó al Comité en 2006 (CAT/C/COL/CO/3/Add.1) y 2007 (CAT/C/COL/CO/3/Add.2) acerca de la implementación de las recomendaciones anteriores.

B. Aspectos positivos

3)El Comité acoge con agrado que en el período transcurrido desde que examinó el tercer informe periódico, el Estado parte haya ratificado los instrumentos siguientes:

a)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificado el 23 de enero de 2007);

b)Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (ratificado el 25 de mayo de 2005);

c)Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (ratificada el 12 de abril de 2005);

d)Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (ratificado el 28 de enero de 2005);

e)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención (ratificados el 4 de agosto de 2004);

f)Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (ratificado el 11 de noviembre de 2003).

4)El Comité celebra la continua colaboración del Estado parte con el ACNUDH desde que se estableció una oficina en el país en 1997.

5)El Comité estima positiva la colaboración del Estado parte con los Relatores Especiales, Representantes Especiales y Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y las numerosas visitas efectuadas por dichos mecanismos de derechos humanos.

6)El Comité celebra la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las extensas referencias de ésta a las normas internacionales de derechos humanos.

7)El Comité estima positivo que las disposiciones sobre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional se apliquen al Estado parte sin reserva alguna desde 2009.

8)Al Comité expresa su satisfacción por la inexistencia de la pena de muerte en el Estado parte.

9)El Comité observa con satisfacción los esfuerzos que se están realizando en el Estado parte para reformar la legislación, las políticas y los procedimientos con el fin de garantizar una mayor protección del derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular:

a)El "criterio de certificación" de derechos humanos para ascensos de la fuerza pública adoptado por el Ministerio de Defensa en noviembre de 2008;

b)La aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2007;

c)La Política de Lucha contra la Impunidad (Conpes 3411 de 2006);

d)La realización de capacitaciones sobre los Protocolos de Estambul y Minnesota, con asesoría del ACNUDH y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

e)La conformación de un grupo especial de investigación en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema de la tortura.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

10)El Comité observa que el Código Penal recoge la tipificación de crímenes de tortura. Sin embargo, al Comité le preocupa que en la práctica, la imputación de crímenes de tortura no permita identificar claramente los casos de tortura como crimen específico y autónomo ya que estos delitos se subsumen en las agravantes de otros delitos conexos que se consideran más graves por las autoridades judiciales. Asimismo, preocupa al Comité que se realicen tipificaciones erróneas asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, como el delito de lesiones personales, que no exige probar la intencionalidad del perpetrador. Al Comité le preocupa que estas prácticas tengan como resultado graves carencias en el registro de los casos de tortura y conlleven impunidad por dichos crímenes (artículos 1, 2 y 4 de la Convención).

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para que la imputación de delitos de tortura sea como delito autónomo y corresponda a la gravedad de los hechos, y no debe permitir que casos de tortura sean subsumidos en otros delitos conexos. En el mismo sentido, es necesario evitar que hechos de tortura sean tipificados como una infracción de menor gravedad, tal como el delito de lesiones personales. El Comité recomienda reforzar la capacitación de los fiscales para garantizar que la imputación de crímenes de tortura sea acorde con las obligaciones internacionales del Estado parte.

Denuncias de tortura e impunidad

11)Aunque se registra una disminución global del número de denuncias de tortura desde el último examen periódico de 2004, al Comité le preocupa que la incidencia de la tortura en el Estado parte siga siendo alta y corresponda a patrones específicos que indican una práctica generalizada. El Comité señala que, si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones, se sigue denunciando la participación o aquiescencia de agentes del Estado en esos actos. ElComité está especialmente preocupado porinformación que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de agentes estatales. También expresa gran preocupación por la persistencia de graves violaciones relacionadas con la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños en el contexto del conflicto armado, y por la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos como las mujeres, los niños, las minorías étnicas, los desplazados, la población reclusa, y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (artículo 2 de la Convención).

12)A pesar de las iniciativas del Estado parte para contrarrestar la impunidad, el Comité constata su prevalencia en el Estado parte. El Comité expresa gran preocupación por la falta de información fidedigna sobre los casos de tortura y las fases procesales en las cuales se encuentran éstos. Asimismo le preocupa la carencia de investigaciones penales realizadas por la Fiscalía General de la Nación, el número limitado de casos que han llegado a la fase de juicio y el hecho de que no se asignen todos los casos pertinentes a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es motivo de preocupación para el Comité que las investigaciones de casos de tortura se sigan realizando únicamente en las jurisdicciones administrativa, disciplinaria y militar, sin contar con la jurisdicción penal. Al Comité le preocupan las contradicciones entre las cifras entregadas por distintas entidades del Estado acerca del número de casos de tortura y la falta de un sistema centralizado para la compilación de datos acerca de los casos de tortura, que hace difícil conocer con certeza el número de casos denunciados, investigados y sancionados (artículos 2, 4 y 12 de la Convención).

El Comité exhorta al Estado parte a que cumpla con las obligaciones contenidas en la Convención e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. El Comité subraya la responsabilidad del Estado parte de asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Comité insta al Estado parte a que asigne recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor y señala la importancia de que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. El Comité recomienda que el Estado parte establezca un sistema centralizado para poder identificar todos los casos de tortura y su etapa de investigación.

Independencia de la Fiscalía

13)El Comité expresa su interés por que se refuerce y respete la independencia del Fiscal General de la Nación. Asimismo le preocupa la ubicación de fiscales, delegados de la Fiscalía General de la Nación, dentro de instalaciones militares, ya que esto puede poner en peligro la independencia de su actuación (artículos 2 y 12 de la Convención).

El Comité insta al Estado parte a que la designación del Fiscal General de la Nación se realice mediante criterios que garanticen la elección de un profesional capaz de ejercer su cargo con total y plena independencia. El Comité recomienda también que se ponga fin a la ubicación de fiscales dentro de instalaciones militares.

Desmovilización y amnistía de facto

14)El Comité está gravemente preocupado por la falta de un marco jurídico adecuado para establecer la responsabilidad penal de los desmovilizados de grupos armados ilegales, entre éstos aproximadamente 30.000 paramilitares. Los derechos jurídicos otorgados por la Ley Nº 975 de 2005 (Ley de justicia y paz) y el Decreto Nº 128 de 2003 no están conformes con el principio de la proporcionalidad de la pena, y la ausencia de condenas indica una amnistía de facto que contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos. El Comité está gravemente preocupado por el hecho de que a pesar de la sistemática violencia relevada en las versiones libres y la afirmación en la Ley Nº 975 de 2005 que la aplicación de las disposiciones previstas en dicha ley deberá realizarse "de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia", hasta la fecha no se haya dictado ninguna condena por violaciones graves de derechos humanos. El Comité destaca que la aprobación de la Ley Nº 1312 de julio de 2009 sobre la aplicación del principio de oportunidad conduce a la impunidad si la renuncia a la persecución penal se ejerce sin cumplimiento con la normativa de derechos humanos y constituye una violación del derecho de la víctima a obtener una reparación integral (artículos 2, 4, 12 y 13 de la Convención).

El Comité insta al Estado parte a que cumpla con las obligaciones dimanantes de la Convención y otros instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. En este sentido, señala al Estado parte, con referencia a su Observación general Nº 2, aprobada en 2007 (CAT/C/GC/2), que el Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, pueden infringir el carácter imperativo de la prohibición.

Aquiescencia y complicidad con grupos armados ilegales

15)Preocupa al Comité la amplia complicidad de funcionarios públicos y representantes elegidos con grupos armados ilegales que se ha visto evidenciada con el alto número de procesos penales por connivencia con estos crímenes. Expresa gran preocupación por el hecho de que jueces de la Corte Suprema de Justicia hayan sido amenazados y hayan tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección. Asimismo, el Comité expresa su consternación por que jueces de la Corte Suprema de Justicia hayan sido objeto de acoso, seguimiento e interceptaciones telefónicas por agentes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (artículo 2 de la Convención).

El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para procesar a funcionarios públicos y representantes elegidos por complicidad con grupos armados ilegales e insta al Estado parte a que garantice plenamente la integridad y seguridad de las personas que colaboran en las entidades de la administración de justicia. El Comité insta al Estado parte a que tome medidas inmediatas para poner fin al acoso y seguimiento de jueces por agentes del DAS y sancione a los responsables por amenazar la independencia del poder judicial.

Justicia militar y ejecuciones extrajudiciales

16)Al Comité le preocupa seriamente el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente han sido presentadas por la fuerza pública como casos de muertos en combate ("falsos positivos"). El Comité reitera su preocupación por el hecho de que la justicia militar siga asumiendo la jurisdicción de casos de graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por la fuerza pública, lo cual socava profundamente la imparcialidad de dichas investigaciones (artículos 2, 12 y 13 de la Convención).

El Estado parte debe poner término inmediato a estos crímenes y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione a los responsables. La gravedad y la naturaleza de los crímenes demuestran que quedan claramente fuera de la jurisdicción de la justicia militar. El Comité subraya la responsabilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en resolver los conflictos de competencias. Además, el Comité enfatiza la importancia de que las primeras indagaciones, la reunión de pruebas y el levantamiento de cadáveres estén a cargo de las autoridades civiles.

Desapariciones forzadas

17)El Comité expresa su grave preocupación por la extendida práctica de las desapariciones forzadas (28.000 casos reconocidos oficialmente en el Registro Nacional de Desaparecidos) y la cantidad de cadáveres que se han exhumado de fosas comunes, 2.778 hasta la fecha según cifras del Estado parte. El Comité observa que el descubrimiento de las fosas se ha hecho principalmente con base en las declaraciones de paramilitares desmovilizados y que la gran mayoría de las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas, como demuestran los cadáveres que se encontraron atados o desmembrados. El Comité considera positiva la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2007. Sin embargo, le preocupa la lentitud de la implementación del Plan y su falta de coordinación institucional con la Fiscalía General de la Nación. El Comité lamenta que el poder ejecutivo se haya opuesto a un proyecto de ley para el esclarecimiento de desapariciones forzadas y la identificación de cadáveres en fosas comunes (artículo 2 de la Convención).

El Comité urge al Estado parte a que tome medidas eficaces y otorgue los recursos adecuados para implementar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas, asegurando que las familias de las víctimas y las organizaciones de víctimas participen adecuadamente en su desarrollo y se establezca una adecuada coordinación interinstitucional entre todas las entidades competentes. El Comité recomienda que se respalden iniciativas legislativas que promuevan el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas y la pronta identificación de los cadáveres en fosas comunes. El Comité invita al Estado parte a ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Prevención de actos de tortura

18)El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir graves violaciones de derechos humanos a través del establecimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y la presencia de defensores comunitarios en poblaciones de alta vulnerabilidad. Sin embargo, le preocupa que los recursos humanos y financieros para estas incitativas sean insuficientes y que el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), responsable de emitir alertas tempranas, aparentemente no actúe de manera pronta y adecuada (artículo 2 de la Convención).

El Comité recomienda al Estado parte que refuerce el SAT para prevenir el desplazamiento y otras violaciones graves de los derechos humanos, velando por que se asignen recursos humanos y financieros suficientes, se hagan públicas oportunamente las alertas y las autoridades civiles de ámbito departamental y municipal y otros ámbitos, participen en la coordinación de las medidas preventivas. Dado su valioso papel en la prevención de las violaciones, el Comité recomienda al Estado parte que asigne más recursos a los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo y extienda la cobertura del programa.

Extradición

19)Al Comité le preocupa que la extradición de jefes paramilitares a los Estados Unidos de América para responder a cargos de narcotráfico haya generado una situación que obstaculiza la realización de investigaciones acerca de su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. La falta de un marco jurídico eficaz para garantizar las obligaciones contraídas en la Convención tiene como consecuencia el impedimento al derecho a la justicia, la verdad y la obtención de reparación de las víctimas y contraviene la responsabilidad del Estado parte de investigar, enjuiciar y castigar los crímenes de tortura (artículos 6 y 9 de la Convención).

El Estado parte debe asegurar que las extradiciones no obstaculicen las actividades necesarias para investigar, enjuiciar y castigar las violaciones graves de los derechos humanos. El Estado parte debe tomar medidas para que las personas extraditadas cooperen con investigaciones en Colombia sobre violaciones graves de los derechos humanos. El Estado parte debe asegurar que las futuras extradiciones se lleven a cabo en un marco jurídico que reconozca las obligaciones de la Convención.

Detenciones arbitrarias

20)Al Comité le preocupa la alta incidencia de detenciones arbitrarias, y en particular el uso de la detención preventiva administrativa por parte de la policía y la realización de detenciones masivas por parte de la policía y el ejército. El Comité observa que muchas veces las órdenes de captura carecen de suficientes elementos probatorios y que las detenciones sirven para estigmatizar a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos (artículo 2 de la Convención).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para erradicar la detención preventiva administrativa y las detenciones masivas y aplique las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria después de su misión a Colombia en 2008 (A/HRC/10/21/Add.3).

Condiciones de privación de libertad

21)Las condiciones de detención siguen siendo una preocupación del Comité, ya que el hacinamiento persiste y siguen presentándose quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal. Preocupa al Comité que el aislamiento durante tiempo prolongado sea usado como una medida de castigo. Al Comité le ha llegado información que indica tratos inhumanos y/o degradantes en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar y la cárcel de Bellavista en Medellín. Le preocupa que las denuncias de casos de tortura y tratos inhumanos tiendan a quedarse únicamente en la jurisdicción disciplinaria y que en pocos casos se haya logrado abrir investigaciones. Además, preocupa al Comité que las cárceles tengan carácter castrense y que la disponibilidad de servicios de salud mental para los internos sea muy escasa (artículos 11 y 16 de la Convención).

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. El uso del aislamiento debe ser revisado y su aplicación restringida. Las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y lugares de detención temporal deben investigarse de manera pronta e imparcial y ponerse en conocimiento de la justicia penal.

Protocolo Facultativo

22)El Comité toma nota de la postura del Estado parte de rechazar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y su argumento de que los Comités de Derechos Humanos, constituidos por la Defensoría del Pueblo y los presos ya cumplen esta función,argumentando que las directrices internas (Resolución Nº 5927/2007) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) brindan un mecanismo de garantía de los derechos humanos de los prisioneros mediante un proceso de consulta y toma de decisiones en los comités de cada establecimiento penitenciario, en los que participan de forma directa los detenidos y las oficinas de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. El Comité considera un avance positivo la iniciativa de la creación de comités de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios; sin embargo, le preocupa que estos mecanismos estén bajo la supervisión del INPEC y no constituyan un mecanismo independiente de prevención del tipo previsto por el Protocolo Facultativo (artículo 2 de la Convención).

El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención lo antes posible para mejorar la prevención de violaciones de la Convención.

Defensores de los derechos humanos

23)El Comité reitera su preocupación por la estigmatización de los defensores de los derechos humanos y de sus familiares, la alta incidencia de amenazas y frecuentes ataques contra su seguridad y la falta de medidas de protección eficaces. Al Comité le preocupa que los defensores también hayan sido objeto de seguimiento e interceptaciones telefónicas por agentes del DAS, al igual que otros actores de la sociedad civil como sindicalistas, ONG y periodistas (artículo 2 de la Convención).

El Comité inst a al Estado parte a que ponga té rmino inmediato al acoso de los defensores y otros agentes de la sociedad civil que actúen para defender a los derechos humanos por agentes del DAS y sancionar a los responsables por prácticas que estigmatizan a defensores de derechos humanos. El Estado parte debe asegurar que se otorguen medidas de protección eficaces a los defensores de los derechos humanos y otros cuando hayan sido víctimas de amenazas por su labor.

Protección de testigos

24)Al Comité le preocupa la frecuencia de las amenazas contra testigos de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Comité expresa particular preocupación por los hostigamientos y asesinatos que han sufrido testigos y víctimas que han participado en los procesos establecidos por la Ley Nº 975 de 2005. El Comité considera que, a pesar de los programas de protección existentes, el Estado parte no ha cumplido cabalmente con su deber de garantizar la seguridad e integridad de testigos y víctimas (artículo 13 de la Convención).

El Comité insta al Estado parte a que tome medidas eficaces para garantizar la seguridad e integridad de testigos y víctimas y refuerce los programas de protección con recursos adicionales. El Comité urge al Estado parte a que preste especial atención a las medidas cautelares y provisionales emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tome medidas efectivas e inmediatas para garantizar su cumplimiento.

Reparación integral

25)El Comité está preocupado por la carencia de reparaciones para víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Comité observa que, hasta la fecha, se han registrado unas 250.000 víctimas del conflicto armado y que la Ley Nº 975 de 2005 y el Decreto Nº 1290 de 2008 prevén reparaciones para las víctimas de violaciones cometidas por grupos armados ilegales. La Ley Nº 975 de 2005 (art. 42) atribuye la responsabilidad de las reparaciones a los grupos armados condenados por sentencia judicial, lo cual ha vuelto la ley inoperativa hasta la fecha por la ausencia de condenas. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte de establecer un programa para la reparación individual administrativa a través del Decreto Nº 1290 de 2008 pero observa que, a pesar de las referencias a "la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado", el programa se basa en el principio de solidaridad y no en el deber de garantía del Estado. Dado que al Estado parte se le atribuye responsabilidad por violaciones perpetradas con el consentimiento, complicidad u omisión de agentes del Estado, al Comité le preocupa gravemente que la responsabilidad del Estado no esté claramente definida y que la legislación actual pueda dar lugar a discriminación entre las víctimas (artículo 14 de la Convención).

El Estado parte debe garantizar plenamente el derecho a obtener reparación para las víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y asegurar que este derecho se establezca sin discriminación en la legislación nacional y que se haga efectivo en la pr á ctica. El cumplimiento de ese derecho debe lograrse tomando en cuenta los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones y considerar los cinco elementos de este derecho: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Debe prestarse particular atención a los aspectos de género y a las víctimas que sean niños, afrocolombianos o indígenas. Deben dedicarse recursos específicos a brindar atención psicológica y social.

Restitución

26)Preocupan al Comité las amenazas contra víctimas del desplazamiento forzado que han solicitado la restitución de sus tierras. El Comité observa que los principales afectados son campesinos, afrocolombianos e indígenas. Al Comité le preocupa que grupos armados ilegales se hayan apropiado de tierras de los desplazados y que, en ciertos casos, estas tierras hayan sido vendidas a terceros para monocultivo y explotación de recursos naturales (artículo 14 de la Convención).

El Comité insta al Estado parte a que tome medidas eficaces para garantizar la restitución de las tierras a las víctimas que han sido desplazadas y que se respete la propiedad de campesinos, afrocolombianos e indígenas sobre las tierras.

Derecho a la verdad

27)Al Comité le preocupa que los mecanismos establecidos por la Ley Nº 975 de 2005 no garanticen plenamente el derecho a la verdad, a pesar de las referencias al mismo en la ley, y que este derecho se limite en la práctica a la verdad procesal. Si bien el Comité reconoce la labor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, observa que la Comisión está principalmente integrada por entidades estatales (artículo 14 de la Convención).

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas eficaces para garantizar el derecho a la verdad y que considere la posibilidad de establecer una comisión de la verdad autónoma e independiente.

Violencia sexual

28)Preocupa al Comité la alta incidencia de la violencia sexual, así como su utilización como arma de guerra. El Comité lamenta que no se hayan tomado todas las medidas necesarias para cumplir con el Auto Nº 092 de 2008 de la Corte Constitucional y no se disponga de información acerca de las investigaciones relacionadas. El Comité expresa preocupación por las violaciones sexuales atribuidas a la fuerza pública, frente a las que se constata una ausencia de medidas firmes y por la falta de investigaciones para identificar a los responsables. Asimismo, le preocupa que los crímenes de violencia sexual no estén recogidos en los mecanismos establecidos por la Ley Nº 975 de 2005 y que en los informes forenses, a pesar de las instrucciones que se han difundido, no siempre se documenten esos crímenes (artículos 2 y 16 de la Convención).

El Estado parte debe tomar medidas eficaces y urgentes para erradicar la violencia sexual, y en particular cuando se utilice como arma de guerra. En particular, el Estado parte debe cumplir con el Auto Nº 092 de 2008 de la Corte Constitucional y hacer que se investiguen los casos relacionados. La violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser investigada, enjuiciada y firmemente sancionada. Se deben implementar medidas que garanticen la aplicación plena y sistemática de las instrucciones que obliguen a documentar señales de tortura o violencia sexual en los informes forenses.

Niños soldados

29)Al Comité le preocupa que niños y niñas sigan siendo reclutados y usados por grupos armados ilegales. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte con el establecimiento en diciembre de 2007 de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, y observa que, según información del Estado parte, se ha logrado desvincular de esos grupos a 3.800 niños y niñas. Sin embargo el Comité lamenta la ausencia de información sobre la responsabilidad penal de los responsables del reclutamiento de niños y niñas. Al Comité le preocupa que los niños desvinculados no reciban suficiente asistencia para su rehabilitación y recuperación física y psicológica, que existan diferentes niveles de protección dependiendo de si se desmovilizan de guerrillas o de otros grupos armados ilegales y que, al ser capturados por la fuerza pública, no siempre sean entregados a las autoridades civiles en el plazo legal de 36 horas. Al Comité también le preocupa que la fuerza pública utilice niños y niñas con fines de inteligencia, ocupe escuelas en zonas en conflicto y realice jornadas cívicas militares en escuelas en todo el territorio (artículos 2 y 16 de la Convención).

El Estado parte debe reforzar las medidas para prevenir el reclutamiento de niños y niñas, suministrar asistencia adecuada para su rehabilitación y recuperación física y psicológica y enjuiciar en tribunales penales a quienes los reclutaron. La fuerza pública debe abstenerse de poner en riesgo la neutralidad de las escuelas y respetar las normas para la entrega de niños y niñas desvinculados o capturados a las autoridades civiles. El Comité recomienda que el Estado parte extienda su plena colaboración al Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados con el propósito de avanzar con la aplicación de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad .

No devolución

30)El Comité observa que el Decreto Nº 2450 de 2002 "por el cual se establece el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado" contiene disposiciones que no recogen plenamente las obligaciones del artículo 3 de la Convención y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, el Comité toma nota que está pendiente la aprobación de un nuevo decreto al respeto que incluya el principio de no devolución (artículo 3 de la Convención).

El Estado parte debe agilizar la adopción de nueva legislación que incluya el principio de no devolución. Para asegurar el cumplimiento de la garantía de no devolución en la práctica debe impartirse capacitación sobre esta obligación a los oficiales de inmigración y agentes de policía.

31)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).

32)El Comité recomienda al Estado parte que examine la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

33)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 12 a 17.

34)El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las disposiciones adecuadas para atender estas recomendaciones, incluyendo transmitirlas a los integrantes del Gobierno y del Parlamento para que sean examinadas y se tomen las medidas necesarias.

35)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que presentó al Comité y las observaciones finales del Comité mediante los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

36)El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales.

37)El Comité invita al Estado parte a que le presente su quinto informe periódico a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

52. El Salvador

1)El Comité examinó el segundo informe periódico de El Salvador (CAT/C/SLV/2) en sus sesiones 902ª y 904ª (CAT/C/SR.902 y 904), celebradas los días 5 y 6 de noviembre de 2009, y aprobó en sus sesiones 920ª y 921ª (CAT/C/SR.920 y 921), celebradas el 18 de noviembre de 2009, las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con agrado el segundo informe periódico de El Salvador, preparado de conformidad con las directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos. No obstante, el Comité lamenta que este informe se haya presentado con seis años de demora. El Comité aprecia el diálogo constructivo establecido con los representantes del Estado parte y expresa su agradecimiento por las respuestas presentadas en relación a las cuestiones e inquietudes planteadas por el Comité.

B. Aspectos positivos

3)El Comité observa con agrado que, durante el período transcurrido desde que examinó el informe inicial, el Estado parte ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (ratificados el 13 de diciembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2007, respectivamente);

b)Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (ratificado el 17 de mayo de 2004);

c)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (ratificado el 18 de abril de 2002).

4)El Comité valora las invitaciones por el Estado parte a varios mecanismos de procedimientos especiales, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

5)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte ha suprimido la pena de muerte. Sin embargo, recomienda al Estado parte que la suprima también para ciertos delitos militares, previstos en las leyes militares durante el estado de guerra internacional.

6)El Comité toma nota con beneplácito de la aprobación de la Ley especial para la protección de víctimas y testigos en mayo de 2006.

7)El Comité celebra:

a)La creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia mediante la reforma de la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia en julio de 2006;

b)La creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER) en julio 2002;

c)La creación en junio de 2000 de una Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil (PNC), conformada por tres departamentos: promoción, protección y administrativo.

8)El Comité observa con satisfacción que el 1º de abril de 2004, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluyó que algunos artículos de la Ley antimaras infringían la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que violaban el principio fundamental de igualdad ante la ley; asimismo, concluyó que la ley presuponía que los individuos se dedicaban a actividades delictivas basándose en sus circunstancias personales o sociales y no en los hechos reales de haber cometido un delito, y también concluyó que un niño no puede ser juzgado como adulto.

9)El Comité acoge con agrado la voluntad del Gobierno de establecer una política de pleno reconocimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emanadas de los tratados internacionales ratificados por el Estado parte, y de reconocer los derechos a conocer la verdad, acceder a la justicia y recibir reparaciones adecuadas, del cual son titulares las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

10)Pese a que el artículo 297 del Código Penal y la Constitución del Estado parte tipifican la tortura, el Comité reitera su preocupación, que ya expresó en el examen del informe inicial, por el hecho de que el Estado parte aún no haya ajustado la tipificación del delito de tortura de su legislación interna a lo establecido por el artículo 1 y los requisitos del artículo 4 de la Convención. El Comité nota con preocupación que la tipificación de la tortura no incluye una determinación de la finalidad del delito, que no se establecen circunstancias agravantes, que se excluye la posibilidad de tentativa y que no se abarca la intimidación o coacción de la víctima o de una tercera persona ni la discriminación de todo tipo como motivo o razón para infligir la tortura. También carece de disposiciones en que se tipifique como delito la tortura infligida por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público o de otra persona que ejerza una función oficial. Además al Comité le preocupa que la legislación nacional no haya previsto la aplicación de penas apropiadas teniendo presente el grave carácter del delito de la tortura (artículos 1 y 4).

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los actos de tortura, incluidos todos los elementos aludidos en los artículos 1 y 4 de la Convención, sean considerados delitos en su legislación penal interna y que, de conformidad con el artículo 4, párrafo 2, de la Convención, se apliquen penas apropiadas en cada caso teniendo presente el grave carácter de dichos delitos.

Denuncias de tortura

11)Al Comité le preocupa que se sigan recibiendo denuncias de delitos graves, incluidos actos de tortura, cometidos por agentes de la PNC y el personal penitenciario en el desarrollo de sus funciones, sobre todo en el marco de las estrategias para combatir el alto nivel de crimen. Al Comité le preocupa particularmente que las alegaciones de tortura recibidas se extiendan a personas vulnerables, como niños, niñas y jóvenes de la calle o de familias desestructuradas. Asimismo, el Comité toma nota con preocupación de que algunos posibles casos de tortura fueron investigados bajo el régimen disciplinario como abuso de poder a pesar de su gravedad. El Comité lamenta que no haya un órgano independiente para investigar las denuncias de malos tratos y tortura, lo cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes (artículos 2 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que avance en las reformas legislativas para crear un órgano independiente de control de la conducta y la disciplina de las fuerzas policiales. Asimismo el Estado parte deberá garantizar que ningún acto de éstas que sea contrario a la Convención permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean de carácter penal, efectivas y transparentes. También se deberían reforzar los programas educativos continuos para lograr que todos los agentes de las fuerzas del orden tengan plena conciencia de las disposiciones de la Convención.

Impunidad y falta de investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales

12)El Comité observa con preocupación que la impunidad generalizada es una de las principales razones por las que no se ha logrado erradicar la tortura. Inquieta particularmente al Comité la información sobre varios casos de graves acusaciones contra las fuerzas del orden, particularmente miembros de la PNC y personal penitenciario que no pasan de la etapa de una investigación cada vez más prolongada, en los que no se ha hecho comparecer efectivamente a los culpables ante la justicia, y sobre presuntos autores de delitos que permanecen en el ejercicio de sus funciones. También preocupa al Comité que el Estado parte no haya establecido un órgano independiente para salvaguardar la independencia del poder judicial (arts. 12, 13 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas de lucha contra la impunidad tales como:

a) Comunicar públicamente que el Estado parte no tolera la tortura y que los autores de tales actos serán llevados ante la justicia .

b) Investigar de forma pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de tortura y malos tratos por agentes de las fuerzas del orden. En particular, esas investigaciones no deberían estar a cargo o bajo la autoridad de la policía o funcionarios penitenciarios, sino de un órgano independiente. En los casos en que hubiera indicios de tortura y malos tratos, como norma se debería suspender del servicio al sospechoso o asignarle otro destino durante la investigación, especialmente si hay riesgo de que pueda obstaculizarla .

c) Llevar a los autores ante la justicia e imponer penas apropiadas a los condenados, con el fin de eliminar la impunidad de los agentes de las fuerzas del orden responsables de violaciones de la Convención .

d) Garantizar la plena independencia del poder judicial, de conformidad con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (resolución 40/146 de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1985), y establecer un órgano independiente para salvaguardar la independencia del poder judicial.

Seguridad pública

13)El Comité toma nota con preocupación de que el Estado parte ha integrado 4.000 miembros de las fuerzas armadas a unidades de policía llamadas grupos de tareas conjuntos para intervenir en temas de naturaleza policial, como la prevención y represión de crímenes comunes vinculados con el número de pandillas, en vez de respaldar el cuerpo de policía para que cumpla con su misión (art. 2).

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para respaldar a la Policía Nacional Civil y abolir programas, aún temporales, que autorizan al ejército a intervenir en actividades netamente policiales y de prevención de la criminalidad común que corresponden únicamente a la policía.

Desapariciones forzadas o involuntarias durante el conflicto armado de 1980 a 1992

14)El Comité acoge con agrado el trabajo, aún limitado, de la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a consecuencia del Conflicto Armado y el proyecto de restructuración y redefinición de las funciones de la Comisión Interinstitucional. También acoge con beneplácito la invitación extendida por el Estado parte al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 2007. Sin embargo, el Comité expresa preocupación por la falta de reparación integral a las víctimas y familias de las personas víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias durante el conflicto armado de 1980 a 1992 y, en general, por la insuficiencia de investigaciones y castigos y la falta de plena reparación y rehabilitación en relación con esos delitos. Lamenta también la ausencia de búsqueda de personas adultas desaparecidas (arts. 2, 4 y 16).

El Comité recuerda al Estado parte que el crimen de la desaparición forzada es de carácter continuo y debe ser investigado en tanto sus efectos se sigan produciendo y perseguido hasta identificar a los responsables de su comisión. De igual manera, el Comité reitera las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y señala con preocupación que no se han cumplido plenamente. El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas rápidas para asegurar que se avance en la búsqueda de las personas desaparecidas, se establezca un programa de reparación e indemnización integral para las víctimas y sus familias y se prevengan nuevos casos de desapariciones forzadas o involuntarias.

Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y recomendaciones de la Comisión de la Verdad

15)El Comité observa con satisfacción la posición del Gobierno de no dar continuidad a la posición que prevaleció en las administraciones anteriores, la cual consistió en justificar la vigencia de la Ley de amnistía como necesaria para la conservación de la paz en el Estado parte. Nota también que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 26 de septiembre de 2000 sostuvo que, aunque la Ley de amnistía es constitucional, los jueces, al pronunciarse sobre casos concretos, tienen la posibilidad de inaplicarla, indicando que "el juzgador deberá determinar en cada caso concreto cuándo opera dicha excepción mediante una interpretación conforme a la Constitución" y que "si los hechos que dieron origen a la responsabilidad civil de un funcionario o empleado público no han sido amnistiados —por tratarse de delitos que no son susceptibles de ser amnistiados— o la amnistía concedida contraviene la Constitución, el reclamo de la obligación de indemnizar es viable ante los tribunales competentes". No obstante, el Comité considera que dicha ley vulnera el derecho a un recurso efectivo, puesto que impide que se investigue y se sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, e impide el derecho a la reparación, indemnización y rehabilitación a las víctimas. El Comité nota con preocupación que el Estado parte no ha implementado las recomendaciones de la Comisión de la Verdad emitidas en 1993 (arts. 2, 4, 5 y 14).

El Comité insta al Estado parte a que derogue la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. En este sentido señala a la atención del Estado parte el párrafo 5 de su Observación general Nº 2 sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes (CAT/C/GC/2), conforme a la cual el Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura. Asimismo, el Comité recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y castigo de los autores, así como a la adopción de medidas de reparación y rehabilitación a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la Convención.

El Comité observa con satisfacción la voluntad del nuevo Gobierno de "adoptar una política de reparación integral —material y moral— a las víctimas de violaciones de derechos humanos sucedidas en el presente y en el pasado reciente". No obstante, el Comité insta al Estado parte a adoptar medidas prontas para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, particularmente enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura, malos tratos o desapariciones forzadas o involuntarias, retirar de sus cargos a todos los funcionarios que hayan sido identificados como supuestos autores de violaciones de derechos humanos, crear un fondo especial para la compensación de las víctimas, construir un monumento nacional con los nombres de todas las víctimas y establecer un día feriado nacional recordatorio de las víctimas.

Detención preventiva

16)Al Comité le preocupa la larga duración de la prisión preventiva y el elevado número de personas que se encuentran en dicha detención debido, según ha reconocido el Estado parte, a un aumento general de la violencia en el país (art. 2).

El Estado parte debe tomar las medidas oportunas para limitar el recurso de la detención preventiva, así como su duración, recurriendo a medidas alternativas siempre que sea posible y cuando el acusado no suponga una amenaza para la sociedad.

Condiciones de privación de libertad

17)El Comité nota con satisfacción el plan de medidas y acciones de la administración del sistema penitenciario para superar las violaciones de derechos humanos de la población privada de libertad. No obstante, el Comité expresa su preocupación por el grave problema de hacinamiento —según la información del Estado parte la población privada de libertad es de 21.671 personas frente a una capacidad de 9.000 plazas—, que incide negativamente en las demás condiciones de detención. Al Comité le preocupa particularmente la falta de separación entre acusados y condenados, entre mujeres y hombres y entre niños y adultos, y también el acceso inadecuado a la salud, la higiene, el agua potable, la educación y las visitas. Al Comité también le preocupa las denuncias sobre el uso de la detención en régimen de incomunicación por períodos prolongados.

18)El Comité lamenta los altos niveles de violencia entre reclusos y falta de control en los centros penitenciarios que ha resultado en fallecimientos de detenidos. Al Comité le preocupa también que estos hechos no hayan sido investigados de manera pronta e imparcial, y que los responsables no hayan sido sancionados. En luz de esto, al Comité le preocupa la inclusión en el artículo 45 de la Ley penitenciaria de un plazo de prescripción de 15 días desde que se cometió el hecho, para las quejas judiciales por los detenidos.

19)Además, al Comité le preocupan particularmente las condiciones de detención de los menores, que sufren de malos tratos y de acceso insuficiente a servicios médicos y educación (arts.11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte inmediatamente medidas para reducir el hacinamiento en los centros de detención, en particular mediante la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento, y adopte medidas para mejorar la infraestructura, las condiciones higiénicas y los servicios de salud .

b) Vele por que en todos los lugares de detención los acusados estén separados de los condenados, las mujeres de los hombres y los niños de los adultos .

c) Proporcione el material, el personal y los recursos presupuestarios necesarios para que las condiciones de encarcelamiento en todo el territorio del país se ajusten a las normas y principios mínimos internacionales en materia de derechos de las personas privadas de libertad .

d) Derogue todo tipo de detención en régimen de incomunicación .

e) Avance en el desarrollo de programas de resocialización y reintegración de las personas privadas de libertad .

f) Adopte medidas urgentes para prevenir la violencia entre los reclusos y garantice la investigación pronta, imparcial y exhaustiva en todos los hechos de violencia en centros de detención y la sentencia de los responsables. Las quejas judiciales de los reclusos no deberán estar sometidas a un plazo de prescripción .

g) Investigue de manera pronta, imparcial y exhaustiva todas las alegaciones de malos tratos a menores privados de libertad y tome urgentemente medidas para impedir los actos de tortura y malos tratos contra menores privados de libertad. El Estado parte deberá además velar por que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y, por el período más breve posible, promover y fomentar el uso de otras medidas que no conlleven la privación de libertad.

Condiciones de privación de libertad bajo el régimen de internamiento especial

20)El Comité toma nota con preocupación de las alegaciones de traslado de detenidos al Centro de Seguridad sin acto de aplicación por las autoridades y las denuncias de detención en régimen de incomunicación. Además, el Comité expresa su preocupación por las condiciones de detención bajo el régimen de internamiento especial en el Centro de Seguridad, en particular, las alegaciones de malos tratos por parte del personal penitenciario al momento del ingreso del detenido, la detención prolongada en celdas de aislamiento, y el acceso limitado a la visita familiar, alimentación, luz y aire (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte garantice el derecho del detenido al debido proceso en la aplicación del régimen de internamiento especial y que derogue todo tipo de detención en régimen de incomunicación. El Estado parte deberá investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva todas las alegaciones de malos tratos. Asimismo, el Estado parte deberá adoptar medidas para mejorar las condiciones de detención bajo el régimen de internamiento especial para que se ajusten a las normas y principios mínimos internacionales en materia de derechos de las personas privadas de libertad.

Violencia contra la mujer y feminicidio

21)El Comité toma nota de la creación de 14 comités interinstitucionales para la ejecución del Plan nacional de violencia intrafamiliar, la creación de observatorios contra la violencia y también, en 2005, la investigación nacional sobre los feminicidios. El Comité toma nota del anteproyecto de una ley contra la violencia hacia las mujeres y las ferias preventivas con objetivo de informar, educar y comunicar a la población sobre la violencia intrafamiliar. No obstante, el Comité expresa profunda preocupación por la prevalencia de numerosas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres (feminicidios). Además, al Comité le preocupa la insuficiencia de las investigaciones rigurosas de los casos denunciados y la impunidad de que gozan los autores de tales actos (arts. 12, 13 y 16).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para asegurar la aplicación de medidas de protección urgentes y eficaces destinadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres. El Comité considera que estos crímenes no deberían quedar impunes y el Estado parte tendría que prever recursos humanos y financieros para castigar a los responsables de estos actos. El Estado parte debería además organizar campañas de sensibilización amplias y cursos de capacitación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, destinados a los funcionarios que están en contacto directo con las víctimas (agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados, trabajadores sociales, etc.) y al público en general.

22)Asimismo, al Comité le preocupan las informaciones relativas a los exámenes corporales vejatorios de mujeres al llegar a los lugares de detención como visitantes, en particular el hecho que dichos exámenes puedan ser efectuados por personas no calificadas, incluso personal sin formación médica (art. 16).

El Comité subraya que los exámenes de las partes íntimas de la mujer pueden constituir tratos crueles o degradantes, y que el Estado parte debería tomar medidas para asegurar que dichos exámenes se realicen sólo cuando sea necesario, por mujeres con calificación médica y con el mayor cuidado a fin de preservar la dignidad de la mujer examinada.

Alegaciones de violación o incesto

23)Al Comité le preocupa particularmente que, según información recibida, más de la mitad de las denuncias por violación o incesto provengan de víctimas que eran menores cuando se cometió el crimen. Le preocupa también que el actual Código Penal de 1998 penalice y sancione con penas de prisión de 6 meses a 12 años todas las formas de acceso a interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación o incesto, lo cual ha causado graves daños, incluso muertes de mujeres (arts. 2 y 16).

Recordando su Observación general Nº 2, el Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias, incluyendo medidas legales, para prevenir, investigar y castigar de manera eficaz el delito y también todos los actos que perjudiquen gravemente a la salud de las mujeres y niñas, proporcionando la atención médica requerida, fortaleciendo los programas de planificación familiar y ofreciendo un mejor acceso a información y servicios de salud reproductiva, en particular para los adolescentes.

Trata de personas

24)El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para hacer frente a la trata de mujeres y niños, como la creación de un albergue temporal para las mujeres y sus hijas e hijos que han sido víctimas de la explotación sexual comercial y de otra índole, y un albergue de niñas víctimas de la trata. Sin embargo, preocupan al Comité las constantes denuncias de casos de trata de mujeres y niños, dentro del país y a través de las fronteras, con fines sexuales u otros, y lamenta que no se investigue, enjuicie y sancione adecuadamente a los funcionarios sospechosos de la comisión de esos actos (arts. 2, 10 y 16).

El Estado parte debería asegurar que todas las alegaciones de trata de personas sean investigadas de manera pronta, imparcial y exhaustiva y que los autores de esos hechos sean enjuiciados y castigados por el crimen de trata de personas. El Estado parte debería seguir realizando campañas de sensibilización en todo el país, ofreciendo programas adecuados de asistencia, recuperación y reintegración para las víctimas de la trata y ofreciendo capacitación a las fuerzas del orden, los funcionarios de migraciones y la policía de fronteras sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones de la trata y otras formas de explotación. El Comité recomienda además que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para establecer formas y mecanismos de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino, a fin de prevenir, investigar y sancionar la trata de personas.

Principio de "no devolución"

25)El Comité lamenta las alegaciones de que no se respeta sistemáticamente el principio de "no devolución", acceso al debido proceso y acceso a información para los refugiados o potenciales solicitantes de asilo, ni se garanticen plenamente los mecanismos que impidan poner en riesgo a las personas devolviéndolas a su país de origen. Lamenta también la insuficiencia de mecanismos que permitan a las autoridades migratorias verificar que una persona corre el riesgo de ser torturada si regresa a su país de origen. Asimismo, el Comité nota con preocupación las alegaciones de tratamiento discriminatorio de solicitantes de asilo por las autoridades del Estado parte (arts. 3 y 6).

El Estado parte debería adoptar medidas administrativas y legislativas que garanticen el respeto al debido proceso durante el trámite de determinación del estatuto de refugiado y de deportación, en especial el derecho a la defensa y la presencia de personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Asimismo se recomienda el establecimiento de programas de capacitación sobre el derecho internacional humanitario aplicable a los refugiados en que se haga énfasis en el contenido y alcance del principio de "no devolución" dirigidos a los policías de migración y funcionarios administrativos a cargo de los procesos de determinación del estatuto de refugiado y de deportación.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

26)El Comité acoge con satisfacción el aumento del presupuesto y la mejora del diálogo entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el actual Gobierno. No obstante, el Comité constata que este presupuesto es todavía insuficiente. Lamenta las alegaciones de injerencias con el trabajo de esta institución nacional de derechos humanos y amenazas ocurridas durante sus investigaciones de ciertos incidentes (art. 2).

El Comité recuerda al Estado parte la importancia del trabajo de la institución nacional de derechos humanos e insta al Estado parte a proteger sus actividades y asignar un presupuesto adecuado. También le recomienda que dé el seguimiento adecuado a las recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y fortalezca el nexo entre las actividades y los procedimientos de denuncia de esta dependencia y los de otros mecanismos oficiales de vigilancia de modo que se resuelvan efectivamente los problemas encontrados.

Defensores de los derechos humanos

27)El Comité expresa su preocupación por las denuncias sobre actos de acoso y amenazas de muerte sufridos por los defensores de los derechos humanos, y por el hecho de que esos actos queden impunes (art. 2).

El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para combatir los casos de acoso y amenazas de muerte sufridos por los defensores de los derechos humanos y prevenir nuevos actos de violencia contra ellos. Además, el Estado parte debería asegurar que se realice una investigación pronta, exhaustiva y eficaz de estos actos y se imponga el castigo correspondiente a sus autores.

Capacitación sobre la prohibición de la tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul

28)El Comité observa con satisfacción la incorporación del estudio y de la práctica de los derechos humanos, comprendiendo la Convención contra la Tortura y el Protocolo de Estambul, en la formación básica por la Academia de Seguridad Pública de los agentes policiales y la realización de jornadas de capacitación sobre los derechos humanos al personal policial. No obstante, el Comité lamenta la escasez de la información proporcionada sobre el seguimiento y la evaluación de los programas existentes de capacitación, así como la falta de información sobre los resultados de las capacitaciones y sobre la utilidad de esos programas para reducir el número de casos de tortura y de malos tratos. Lamenta también la falta de información acerca de capacitaciones sobre el Protocolo de Estambul del personal involucrado en la investigación e identificación de casos de tortura y su tratamiento (art. 10).

El Estado parte debería elaborar y aplicar un método para evaluar la eficacia de los programas de formación y de enseñanza, así como su incidencia en la reducción del número de casos de tortura, de violencia y de malos tratos. El Comité recomienda al Estado parte que redoble los esfuerzos de manera que todo el personal involucrado en la investigación e identificación de tortura conozca el contenido del Protocolo de Estambul y esté capacitado para aplicarlo.

Reparación y rehabilitación

29)Al Comité le preocupa que en el Estado parte no exista un programa de reparación y rehabilitación para las víctimas de tortura y que no todas las víctimas hayan tenido derecho a una reparación justa y adecuada (art. 14).

El Comité reafirma al Estado parte su obligación de velar por que todas las víctimas de actos de tortura tengan un derecho legal a una reparación y rehabilitación justa y adecuada.

30)El Comité invita al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

31)Asimismo, el Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado el 25 de septiembre de 2009), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (firmado el 4 de abril de 2001), el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

32)El Comité toma nota del Programa de gobierno 2009-2014 en el marco de la reforma política —derechos humanos— que incluye la promoción del levantamiento de las reservas al reconocimiento de la competencia contenciosa. No obstante, el Comité recomienda al Estado parte que examine la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

33)El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las disposiciones adecuadas para implementar estas recomendaciones, incluyendo transmitirlas a los integrantes del Gobierno y del Congreso para que sean examinadas y se tomen las medidas necesarias.

34)El Comité recomienda que el Estado parte divulgue ampliamente, incluyendo en los idiomas indígenas, a través de los medios de comunicación, los sitios web oficiales y las ONG los informes presentados por el Estado parte al Comité, así como estas conclusiones y recomendaciones.

35)El Comité solicita al Estado parte que en el plazo de un año lo informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los párrafos 15, 19 y 21.

36)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico de conformidad con los requisitos de las directrices armonizadas para la preparación de informes (HRI/GEN/2/Rev.6).

37)Se invita al Estado parte a que presente su tercer informe periódico, a más tardar, el 20 de noviembre de 2013.

53. República de Moldova

1)El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de la República de Moldova (CAT/C/MDA/2) en sus sesiones 910ª y 912ª (CAT/C/SR.910 y CAT/C/SR.912), celebradas los días 11 y 12 de noviembre de 2009, y aprobó en su 922ª sesión (CAT/C/SR.922), celebrada el 19 de noviembre de 2009, las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación del segundo informe periódico de Moldova que, si bien en general sigue las directrices del Comité, se presentó con un retraso de casi tres años y no contiene información estadística ni práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención. El Comité también celebra las respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1) presentadas por el Estado parte, que proporcionaron información adicional sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la Convención. Sin embargo, el Comité lamenta, en relación con el seguimiento, que el Estado parte no haya respondido a las preguntas formuladas por el Comité durante el examen del informe inicial de la República de Moldova (CAT/C/32/Add.4) ni a la carta de fecha 7 de marzo de 2006 enviada por el Relator del Comité para el seguimiento de las observaciones finales (CAT/C/CR/30/7).

3)El Comité expresa también su satisfacción por el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte.

4)El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que no puede ser responsable de las violaciones de los derechos humanos cometidas en las partes de su territorio sobre las cuales "no ejerce una jurisdicción real", como es el caso del territorio situado en la orilla izquierda del río Dniéster (HRI/CORE/1/Add.14, párrs. 33 y 34). No obstante, el Comité reitera que el Estado parte sigue siendo responsable de velar por que la tortura y otros malos tratos se prohíban en todo su territorio.

B. Aspectos positivos

5)El Comité celebra que, en el período transcurrido desde el examen del informe inicial, el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los siguientes instrumentos internacionales y regionales:

a)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2006;

b)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en 2004;

c)El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2005;

d)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 2006;

e)El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en 2006;

f)El Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos, en 2006;

g)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2007;

h)El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2008.

6)El Comité observa con satisfacción los esfuerzos que sigue realizando el Estado parte para reformar la legislación a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular:

a) La revisión del Código Penal y, en especial, la inclusión del artículo 309/1, que armoniza la legislación del Estado parte con el artículo 1 de la Convención en lo relativo a la definición de tortura;

b)La inclusión en el nuevo Código de Procedimiento Penal del artículo 94, párrafo 1, que determina la inadmisibilidad como prueba de las declaraciones obtenidas por medio de tortura; y la inclusión de la sección 3/1 en el artículo 10, que dispone que, en los casos de tortura, la carga de la prueba recae en la institución en la que se encontraba el detenido, institución que debe demostrar la falsedad de la existencia de torturas;

c)La reforma del sistema de justicia penal y la adopción de la libertad vigilada, los trabajos en beneficio de la comunidad y otro tipo de penas sustitutivas, que han permitido el descenso de la población carcelaria total y la mejora de las condiciones de detención;

d)La Ley Nº 270-XVI de diciembre de 2008 sobre asilo en la República de Moldova, que en general se conforma a las normas internacionales y europeas;

e)La Ley Nº 45-XVI de marzo de 2007 de prevención y lucha contra la violencia doméstica.

7)El Comité también acoge con agrado los siguientes avances:

a)La referencia directa a los artículos 12 y 13 de la Convención por parte del Tribunal Supremo de Justicia en casos examinados en febrero de 2006 y marzo de 2008;

b)La asignación por el Estado parte de recursos adicionales para mejorar las condiciones en los centros de detención, en particular en lo referente al acceso a la salud, las actividades, la formación y el nivel de vida.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Tortura y malos tratos

8)Preocupan al Comité las numerosas y continuas quejas, corroboradas por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su informe (A/HRC/10/44/Add.3, párr. 82), en relación con el uso habitual y generalizado de la tortura y otros tipos de malos tratos con las personas detenidas en locales de la policía. También preocupan al Comité las quejas sobre el uso de tortura y malos tratos para obtener confesiones o información con miras a emplearlas como pruebas en los procesos penales, a pesar de las modificaciones legislativas y organizativas realizadas por el Estado parte (arts. 2, 15 y 16).

Con carácter de urgencia, el Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para impedir los actos de tortura y malos tratos, y anunciar que no se tolerará ninguna forma de tortura o malos tratos. En particular, el Estado parte debería condenar pública e inequívocamente los actos de tortura en todas sus formas, dirigiéndose en especial a los agentes de policía y los funcionarios de prisiones con responsabilidad de mando y advirtiendo claramente que toda persona que cometa tales actos o sea cómplice o participe en ellos será considerada personalmente responsable ante la ley y sometida a sanciones acordes con la gravedad del delito.

9)Preocupan particularmente al Comité las numerosas, continuas y concordantes denuncias de tortura y otros tipos de malos tratos en los centros de detención temporal que dependen del Ministerio del Interior. También preocupa al Comité que, a pesar de que el Estado parte tenía previsto trasladar la responsabilidad de los centros de detención temporal al Ministerio de Justicia en el contexto de la aplicación del Plan de acción sobre los derechos humanos para 2004-2008, ese traslado no tuvo lugar y actualmente está condicionado a la construcción de ocho nuevos centros de detención preventiva (arts. 2 y 16).

Como se recomendó en las anteriores observaciones finales del Comité (CAT/C/CR/30/7, párr. 6 i)), el Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para trasladar plenamente la responsabilidad de los centros de detención temporal del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, como medida de prevención de las torturas y los malos tratos.

Salvaguardias legales fundamentales

10)Preocupan al Comité las denuncias de que no siempre se respetan las salvaguardias legales fundamentales de las personas detenidas por la policía, tales como el acceso ilimitado a abogados y médicos independientes, particularmente en las primeras fases de la detención, pese a las garantías jurídicas previstas en los artículos 64 y 167 del Código de Procedimiento Penal y a la aprobación de la Ley de asistencia letrada del Estado y del Código de Delitos. Además, el Comité observa con preocupación que en las comisarías de policía no existe un sistema de registro obligatorio y que en la práctica los detenidos no siempre se registran en las comisarías, lo que los priva de una salvaguardia efectiva contra los actos de tortura. Además, los informes elaborados por médicos independientes no tienen el mismo valor probatorio que los elaborados por el servicio médico de los centros de detención (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería:

a) Asegurarse de que en la práctica todo detenido, incluidos los detenidos en virtud del derecho administrativo, disfrute de todas las garantías jurídicas fundamentales durante su detención. Entre estas garantías figuran, en particular, el derecho a tener acceso desde el mismo momento de la privación de la libertad a un abogado y someterse a un reconocimiento médico independiente, a notificar su estado oportunamente a sus familiares y a ser informado de sus derechos, incluidos los motivos de detención. El Estado parte debería cerciorarse de que no se producen detenciones arbitrarias y de que todos los detenidos son llevados sin demora ante un juez y tienen la posibilidad de impugnar efectiva y rápidamente la legalidad de su detención por medio del hábeas corpus .

b) Introducir un procedimiento de examen médico obligatorio de los detenidos cada vez que entren o salgan de los centros de detención provisional, similar al establecido en el artículo 251, párrafo 1, del Código de Ejecución Penal para las personas que cumplen condenas en instituciones penitenciarias .

c) Garantizar en la práctica que las conclusiones y los informes de los médicos independientes, cuya opinión médica puede solicitarse en virtud del artículo 5, párrafo e), de la Ley sobre los derechos y obligaciones de los pacientes de 2005 y/o del artículo 251, párrafo 4, del Código de Ejecución Penal, tengan en los tribunales del Estado parte el mismo valor probatorio que los informes médicos emitidos por el servicio médico de los centros de detención .

d) Adoptar normas que exijan el registro obligatorio en todos los locales de la policía de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes, en particular el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En el registro deben constar la identidad del detenido; la fecha, la hora y el lugar de la detención; la identidad de la autoridad que procedió a la detención; los motivos de la detención; la fecha y hora de ingreso en el centro de detención; el estado de salud del detenido en el momento del ingreso y cualquier cambio al respecto; la hora y el lugar de los interrogatorios y los nombres de todas las personas que estuvieron presentes; y la fecha y hora de la puesta en libertad o del traslado a otro centro de detención. El Estado parte debería también garantizar que todos los detenidos, incluidos los menores de edad, estén inscritos en un registro central que funcione de manera eficaz.

Independencia de l a judicatura

11)El Comité sigue preocupado por la disfunción del poder judicial en general y del sistema de justicia penal en particular, en primer lugar por la falta de independencia del poder judicial y en segundo lugar por la falta de seguridad en cuanto a la permanencia en el cargo de los jueces (arts. 2, 15 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas efectivas y eficaces para asegurar la independencia del poder judicial, de conformidad con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, recurriendo en caso necesario a la cooperación internacional.

Detención preventiva

12)El Comité expresa su preocupación por el sistema de detención preventiva cuya duración se determina en función de la pena aplicable al delito del que se acusa al inculpado (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar las medidas adecuadas para que su política de detención preventiva se ajuste a la presunción de inocencia de las personas detenidas, satisfaga las normas internacionales, en particular el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y que esa detención se utilice únicamente como medida excepcional por un período limitado. Además, el Comité alienta al Estado parte a que aplique medidas no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva.

Defensores parlamentarios y mecanismo nacional de prevención

13)El Comité observa con preocupación que existen graves limitaciones jurídicas y logísticas que impiden el funcionamiento eficaz del mecanismo nacional de prevención establecido en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Preocupa en particular al Comité la falta de claridad sobre lo que constituye el mecanismo nacional de prevención (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería aclarar lo que constituye el mecanismo nacional de prevención y fortalecer la independencia y la capacidad de los defensores parlamentarios y del mecanismo nacional de prevención, incluido su Consejo Consultivo, para realizar visitas periódicas y sin previo aviso a todos los centros de detención. En particular, el Estado parte debería:

a) Aclarar las disposiciones legales relacionadas con el derecho de los miembros del mecanismo nacional de prevención a realizar visitas periódicas y sin previo aviso a todos los centros de detención, sin restricción alguna, y para asegurar que el Consejo Consultivo tenga esas mismas facultades, como parte del mecanismo nacional de prevención, a fin de que pueda desempeñar eficazmente su función de mecanismo de prevención de la tortura;

b) Proporcionar al mecanismo nacional de prevención en su conjunto, incluido el Consejo Consultivo, el apoyo y los recursos necesarios, en particular apoyo logístico y de secretaría;

c) Organizar actividades de capacitación y aplicar las medidas pertinentes para que las personas que hagan las visitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención puedan cumplir su función de documentar el trato dado a las personas detenidas;

d) Asegurarse de que todas las personas que participan en la administración de los centros de detención sepan que todos los miembros del mecanismo nacional de prevención tienen derecho a acceder, libremente y sin ser acompañados, a todas las zonas de todos los lugares de privación de libertad, sin ningún tipo de notificación previa; esas facultades deberían comprender asimismo la posibilidad de que el mecanismo nacional de prevención examine, previa solicitud, los registros relacionados con las detenciones, incluidos los registros médicos, teniendo debidamente en cuenta los derechos de las personas afectadas;

e) Abrir un expediente disciplinario a los funcionarios que entorpezcan el libre acceso de las personas que hagan las visitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención a todos los lugares de privación de libertad, o les nieguen de otro modo el acceso privado y confidencial a los detenidos, restrinjan su capacidad para examinar y copiar los registros y otros documentos pertinentes o se inmiscuyan de otro modo en el desempeño de sus funciones;

f) Velar por que, por regla general, y a menos que existan razones imperiosas de derechos humanos para no hacerlo, el informe y las recomendaciones de cada visita del mecanismo nacional de prevención se publiquen y se incluyan en el sitio web del Centro de Derechos Humanos de Moldova poco después de la visita, adoptando medidas para garantizar el derecho de los detenidos a la seguridad personal y a la intimidad y previa autorización colegiada del mecanismo nacional de prevención en su conjunto;

g) Adoptar otras medidas para que se tome conciencia pública del problema de la tortura y los malos tratos en los centros de detención de la República de Moldova.

Penas adecuadas para los actos de tortura en el Código Penal

14)Si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para promulgar el artículo 309/1 del Código Penal, que incorpora una definición de tortura que contiene todos los elementos del artículo 1 de la Convención y la tipifica como delito específico, el Comité está preocupado por las sanciones insuficientes que se aplican a la tortura y por la frecuente suspensión de la ejecución de las penas impuestas a las personas declaradas culpables de haber cometido actos de tortura. El Comité también está preocupado por la baja tasa de condenas y medidas disciplinarias impuestas a los agentes del orden en vista de las numerosas denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la falta de información pública sobre esos casos (art. 4).

El Estado parte debería velar por que la tortura se castigue con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, según lo establecido en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención, y por que periódicamente se publiquen y se pongan a disposición del público estadísticas sobre las condenas y las medidas disciplinarias impuestas. El Comité considera que, de esa manera, el Estado parte promoverá directamente el objetivo principal de la Convención de prevenir la tortura, entre otras cosas, alertando a todas las personas, incluidos los autores, las víctimas y la ciudadanía, sobre la especial gravedad del delito de tortura y aumentando el efecto disuasorio de la propia prohibición.

Uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden

15)El Comité está preocupado por las denuncias dignas de crédito de un uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, con particular referencia a las manifestaciones ocurridas en abril de 2009 después de las elecciones. Preocupan especialmente al Comité los informes de detenciones arbitrarias, el empleo abusivo de métodos antidisturbios, en particular de golpizas, y la tortura y los malos tratos de que fueron víctimas los detenidos en relación con las manifestaciones posteriores a las elecciones (arts. 2, 10, 11, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debería:

a) Investigar de manera pronta, imparcial y eficaz todas las denuncias de conducta inapropiada por parte de agentes del orden en las manifestaciones ocurridas en abril de 2009 después de las elecciones mediante el establecimiento de un órgano independiente, imparcial y creíble que se ajuste a las normas internacionales pertinentes en esta esfera, en particular el Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, cuyas conclusiones se den a conocer públicamente .

b) Asegurarse de que se enjuicie a los agentes del orden culpables de actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes y los detenidos, incluidos los que tengan responsabilidad jerárquica por dichos actos, y que se les impongan las penas que correspondan. En relación con los casos en que existan indicios racionales de que hubo tortura y malos tratos, los agentes implicados deberían, como norma, ser suspendidos o asignados a otro destino durante la investigación, especialmente si hay riesgo de que la obstaculicen.

c) Velar por que las víctimas de tortura y otras formas de malos tratos ocurridos en relación con las manifestaciones de abril de 2009 después de las elecciones reciban una disculpa oficial y una indemnización adecuada, independientemente del resultado de la acción penal que se emprenda contra los autores, y por que se pongan a su disposición servicios médicos y de rehabilitación psicológica adecuados.

16)El Comité está preocupado por los informes de que la policía y otros agentes del orden llevaban máscaras y no portaban distintivos de identificación durante las manifestaciones posteriores a las elecciones, ocurridas el 7 de abril de 2009, y de que las personas fueron detenidas por policías de paisano, lo que hizo imposible su identificación cuando se denunciaron las torturas o los malos tratos (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería promulgar y hacer cumplir leyes que exijan que todos los agentes del orden en servicio, incluida la policía antidisturbios y los miembros de las fuerzas especiales, lleven una identificación, y proporcionar a todos los agentes del orden uniformes que incluyan una identificación visible adecuada para poder exigir responsabilidades individuales y evitar la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes.

Capacitación

17)El Comité toma nota de la gran variedad de programas educativos que existe para los agentes de policía, los oficiales de investigación criminal y los fiscales, el personal de las instituciones penitenciarias, el personal de departamentos jurídicos y otros funcionarios del Estado que trabajan en el sector de los derechos humanos, pero lamenta la falta de información sobre actividades de capacitación en el empleo de medios no violentos, el control de multitudes y el uso de la fuerza y de armas de fuego, así como sobre los programas de formación que puedan existir para magistrados, fiscales, médicos forenses y personal médico que trata con personas detenidas, a fin de detectar y documentar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura. El Comité también toma nota con preocupación de la falta de programas para evaluar el impacto de las actividades de formación realizadas y determinar en qué medida reducen los incidentes de tortura, violencia y malos tratos (art. 10).

El Estado parte debería:

a) Velar por que todos los funcionarios de las fuerzas del orden estén debidamente equipados y capacitados para emplear medios no violentos y recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego sólo cuando sea estrictamente necesario y proporcionado. A este respecto, las autoridades del Estado parte deberían realizar un examen minucioso de las prácticas que aplica la policía, con inclusión del adiestramiento y el despliegue de agentes del orden para el control de multitudes y la reglamentación sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por esos agentes. En particular, el Estado parte debería estudiar la posibilidad de aprobar un manual sobre el uso de la fuerza que sea conforme con los acuerdos internacionales pertinentes, como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

b) Asegurarse además de que todo el personal pertinente reciba capacitación específica sobre la forma de detectar los signos de tortura y de malos tratos, y de que el Protocolo de Estambul de 1999 (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) sea un elemento esencial de esa capacitación.

c) Elaborar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia y el impacto de esos programas educativos o de capacitación en la reducción de los casos de tortura, violencia y malos tratos.

Condiciones de privación de libertad

18)El Comité acoge complacido la enmienda del Código Penal efectuada en diciembre de 2008, que redujo las sanciones mínimas y máximas, condujo a un examen general de las penas y la reincidencia y estableció alternativas a la privación de libertad, contribuyendo así a reducir la población penitenciaria en el Estado parte. El Comité también se complace de la reconstrucción, las reparaciones y la labor de mantenimiento llevadas a cabo en varias instituciones penitenciarias desde 2007. No obstante los esfuerzos del Estado parte por mejorar las condiciones de detención, el Comité continúa preocupado por el hacinamiento en ciertos establecimientos y porque las condiciones siguen siendo muy duras, con insuficiente ventilación e iluminación, malos servicios de saneamiento e higiene y un acceso insuficiente a la atención de salud. Al Comité le preocupan los informes recibidos sobre la violencia entre reclusos, que incluye violencia sexual e intimidación, en los lugares de detención (art. 10).

El Estado parte debería:

a) Adoptar las medidas necesarias para reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias, entre otras cosas aplicando medidas alternativas al encarcelamiento y poniendo en marcha, por su propia iniciativa, una revisión de las condenas con vistas a asegurarse de que estén en conformidad con las enmiendas del Código Penal de diciembre de 2008. El Estado parte debería seguir suministrando los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para lograr que las condiciones de detención en el país sean conformes con las normas internacionales mínimas .

b) Adoptar medidas prácticas y rápidas para proteger a los detenidos contra la violencia entre reclusos. Además, el Estado parte debería establecer y promover un mecanismo eficaz para recibir las denuncias de violencia sexual, también en los centros de detención policial, y velar por que el personal de las fuerzas del orden esté debidamente informado sobre la prohibición absoluta de la violencia sexual y la violación durante la detención policial, como forma de tortura, así como sobre la recepción de ese tipo de denuncias.

Denuncias e investigaciones prontas, eficaces e imparciales

19)Al Comité le preocupa:

a)El limitado número de investigaciones realizadas por el Estado parte en comparación con el elevado número de denuncias de torturas y malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas del orden, y el escasísimo número de procesos y condenas entre los casos que se investigan.

b)El hecho de que el carácter dual de las responsabilidades de la fiscalía, que se encarga del procesamiento y de la supervisión de la adecuada práctica de las investigaciones, sea uno de los principales obstáculos a las investigaciones imparciales de las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos por la policía.

c)La ausencia de una autoridad independiente, sin conexiones con el órgano encargado de instruir o llevar adelante el caso contra la presunta víctima de tortura o malos tratos, que investigue de oficio, con rapidez y a fondo, todas las denuncias de torturas y malos tratos por la policía.

d)El reconocimiento por el Estado parte de que el Comité de Reclamaciones establecido en virtud del artículo 177 del Código de Ejecución Penal no está facultado para vigilar el trato que reciben los reclusos en lo que respecta al uso de tortura o tratos inhumanos o degradantes por el personal del establecimiento penitenciario (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, párr. 254).

e)El reconocimiento por el Estado parte de que con frecuencia en las investigaciones no se corroboran los casos de señales de malos tratos por agentes de la policía contra las víctimas en las causas penales, y de que, en tales casos, la fiscalía suspende el proceso penal por falta de pruebas de que se haya cometido un delito (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, párr. 46). Pese a que la documentación de los signos de tortura puede hacerse más difícil con el paso del tiempo, preocupa al Comité la información de que no se hayan investigado de manera suficiente casos de tortura en razón de la imposibilidad de la fiscalía de establecer las pruebas de que se ha cometido un delito de tortura.

f)Los informes sobre las amenazas y represalias contra quienes denuncian actos de tortura o malos tratos, incluidos los médicos y los abogados. El Comité observa con particular preocupación que en junio de 2006 la Fiscalía General envió al Colegio de Abogados una carta en que recomendaba que se examinaran las actividades de ciertos abogados jóvenes que estaban "dañando la imagen de Moldova" al enviar "información no verificada sobre torturas" a organizaciones internacionales, "en contravención de los procedimientos nacionales sobre los derechos humanos" (arts. 11 a 13).

El Estado parte debería reforzar las medidas para asegurar la investigación pronta, imparcial y efectiva de todas las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por funcionarios de las fuerzas del orden, de seguridad, militares y de prisiones, incluidos los que tengan responsabilidades de mando. En particular:

a) Esas investigaciones no deberían correr a cargo ni estar bajo la autoridad de la Fiscalía General ni de ningún otro organismo encargado de hacer cumplir la ley, sino de un órgano independiente. En relación con los casos en que existan indicios racionales de tortura y malos tratos, el sospechoso debería, como norma, ser suspendido de sus funciones o reasignado durante el proceso de investigación, para evitar todo riesgo de que pueda obstaculizar la investigación o seguir perpetrando los actos en violación de la Convención .

b) Investigar los actos de tortura y malos tratos, procesar a sus supuestos autores y castigarlos debidamente sin son declarados culpables .

c) Enmendar el Código de Procedimiento Penal para establecer un plazo dentro del cual deban adoptarse las medidas para iniciar una investigación penal de toda denuncia verosímil de tortura y malos tratos, y aclarar que deben tenerse en cuenta los efectos físicos y mentales individuales y acumulativos del trato o el castigo .

d) Adoptar medidas eficaces para asegurar que quienes notifiquen actos de tortura o malos tratos, incluidos los médicos y abogados, estén protegidos de la intimidación y de posibles represalias por haber dado esa información. En particular, la carta enviada por la Fiscalía al Colegio de Abogados en junio de 2006 debería ser declarada públicamente sin efecto a la mayor brevedad posible, y deberían adoptarse las salvaguardias necesarias para evitar que en el futuro se repitan violaciones de ese tipo.

Reparación, en particular indemnización y rehabilitación

20)El Comité observa que, aunque la Ley de 1998 sobre el procedimiento de indemnización por daños causados por actuaciones ilícitas de los órganos de enjuiciamiento penal, las fiscalías y los tribunales y el artículo 1405 del Código Penal contienen disposiciones sobre el derecho a la indemnización de las víctimas, no existe una ley expresa que prevea la plena reparación, incluidas formas de tratamiento psicosocial y rehabilitación. El Comité lamenta la falta de estadísticas centralizadas sobre el número de víctimas de tortura y malos tratos que hayan recibido indemnización, y sobre los importes adjudicados en esos casos (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, párrs. 294 y 295), así como la ausencia de información sobre otras formas de asistencia, incluida la rehabilitación médica o psicosocial, prestada a las víctimas de torturas y malos tratos. El Comité también lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para dar efecto a los fallos dictados contra la República de Moldova por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se haya determinado que se violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la indemnización proporcionada a las víctimas (art. 14).

El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos en lo que respecta a proporcionar a las víctimas indemnización, reparación y rehabilitación, incluidos los medios para una rehabilitación lo más completa posible, y mejorar los servicios de salud y rehabilitación prestados a las víctimas .

b) Adoptar medidas para dar efecto a los fallos dictados contra la República de Moldova por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se haya determinado que se violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .

c) Proporcionar en su próximo informe periódico información sobre todo programa de reparación que exista, incluido el tratamiento de los traumas y otras formas de rehabilitación ofrecidas a las víctimas de torturas y malos tratos, así como la asignación de recursos adecuados para asegurar el funcionamiento eficaz de esos programas. Se alienta al Estado parte a que apruebe la legislación necesaria, establezca un fondo nacional para las víctimas de la tortura y asigne suficientes recursos financieros para su funcionamiento eficaz.

Confesiones obtenidas por la fuerza

21)Aunque toma nota de que en el artículo 94, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal se prohíbe la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tortura, el Comité expresa su preocupación por las denuncias de varios casos de confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos y por la ausencia de información que indique que se haya enjuiciado y castigado a los agentes que obtuvieron esas confesiones (art. 15).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar en todos los casos la inadmisibilidad en los tribunales de las confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos, en consonancia con la legislación nacional y con las disposiciones del artículo 15 de la Convención. En particular, debería mejorar los métodos de investigación penal para poner fin a toda práctica en la que la confesión se considere un elemento fundamental y central de prueba en el enjuiciamiento penal, en algunos casos en ausencia de cualquier otra prueba. El Comité pide al Estado parte que informe sobre la aplicación de las disposiciones en las que se prohíbe la admisibilidad de pruebas obtenidas por la fuerza, y que indique si se ha enjuiciado o castigado a algún agente por haber hecho uso de la fuerza para obtener confesiones.

Trata de personas

22)El Comité valora positivamente la variedad de medidas legislativas, de política y de otro tipo adoptadas, como la aprobación en octubre de 2005 de la Ley Nº 241-XVI para prevenir y combatir la trata de personas y la creación del Centro de Rehabilitación para las Víctimas de la Trata de Personas. Sin embargo, expresa su preocupación por las persistentes denuncias de que el Estado parte sigue siendo un país de origen y tránsito de la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños (arts. 2, 10, 12 y 16).

El Estado parte debería seguir intensificando sus esfuerzos para combatir la trata de mujeres y niños y adoptar medidas eficaces a fin de perseguir y castigar a sus autores, entre otras cosas aplicando de forma rigurosa la legislación pertinente, creando conciencia sobre este problema e incluyendo esta cuestión en la capacitación impartida a las fuerzas del orden y otros grupos pertinentes. El Estado parte debería asimismo aplicar en forma más amplia medidas destinadas a contribuir a la reinserción social de las víctimas y a darles un acceso verdadero a la atención de salud y a servicios de asistencia psicosocial.

Violencia en el hogar

23)Aunque toma nota de las diversas medidas adoptadas por el Estado parte, incluida la decisión de un tribunal de Anenii Noi, el 25 de septiembre de 2009, de dictar una orden de protección en favor de la víctima en una causa por violencia doméstica, el Comité sigue preocupado por la persistente violencia contra las mujeres y los niños, en particular la violencia doméstica, por la escasa intervención del poder judicial, por el limitado número de albergues existentes para las víctimas de la violencia doméstica y su reducida capacidad, y por los informes de que la intervención de la policía en casos de violencia doméstica sólo se considera justificada cuando se han producido lesiones graves (arts. 2, 13 y 16).

El Estado parte debería hacer cumplir la Ley de prevención y lucha contra la violencia doméstica y dar apoyo a las víctimas mediante el establecimiento de más albergues, la prestación de servicios gratuitos de asistencia psicosocial y demás medidas necesarias para proteger a las víctimas. El Comité insta al Estado parte a que combata la impunidad en esta esfera, adopte medidas de prevención adecuadas e imparta a todos los profesionales que intervengan en casos de violencia doméstica, como los agentes de policía, los fiscales, los jueces y los asistentes sociales, capacitación sobre el manejo de esos casos, prestando especial atención a los aspectos de género de este tipo de violencia. El Estado parte debería asimismo presentar en su próximo informe datos sobre la incidencia de la violencia doméstica, sobre las medidas adoptadas para hacerle frente, como la utilización de órdenes de alejamiento, y sobre el efecto de esas medidas.

Detención obligatoria de los enfermos de tuberculosis

24)El Comité observa con preocupación que, según una norma promulgada en agosto de 2009, los enfermos de tuberculosis pueden ser obligatoriamente detenidos cuando se considere que "se han negado a recibir tratamiento". En particular, la norma no deja en claro qué se entiende por negarse a recibir tratamiento ni prevé salvaguardias adecuadas para garantizar, entre otras cosas, el acceso regular a un asesor letrado, cuando sea solicitado; los derechos procesales, en particular por lo que respecta a la revisión periódica de los motivos esgrimidos para efectuar la detención y para mantener detenida a la persona; la privacidad, la familia y la correspondencia del enfermo; la confidencialidad; la protección de datos; y la no discriminación y no estigmatización (art. 16).

El Estado parte debería revisar con urgencia esta medida, junto con las políticas conexas sobre el trato dado a los enfermos de tuberculosis, para adecuarlas a la Convención, garantizando en particular una revisión periódica independiente de los motivos de la detención, la privacidad, la confidencialidad y otros derechos del paciente y la no discriminación y los derechos conexos.

Violencia en las fuerzas armadas

25)Aunque reconoce los avances registrados por el Estado parte en la reducción del número de casos de novatadas en las fuerzas armadas ( dedovshchina ), y aunque toma nota de las medidas adoptadas para evitar este fenómeno, el Comité sigue preocupado por la persistencia de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las fuerzas armadas (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería:

a) Adoptar medidas eficaces para erradicar las novatadas en las fuerzas armadas; reforzar las medidas de prevención y velar por que estos abusos se investiguen y sus autores sean enjuiciados de forma pronta, imparcial y efectiva; e informar públicamente de los resultados de esos enjuiciamientos;

b) Velar por la rehabilitación de las víctimas, entre otras cosas garantizándoles el acceso a asistencia médica y psicológica adecuada.

Instituciones psiquiátricas

26)Al Comité le preocupa el trato dispensado a los enfermos mentales, en particular la falta de salvaguardias legales y las deficientes condiciones de vida en los centros de internamiento involuntario, así como la falta de mecanismos de supervisión independiente de estos centros de privación de libertad (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería mejorar las condiciones de vida de los pacientes internados en centros psiquiátricos y asegurarse de que todos los centros de internamiento involuntario de pacientes con problemas de salud mental sean visitados periódicamente por entidades de supervisión independientes, a fin de velar por la adecuada aplicación de las salvaguardias previstas para garantizar sus derechos; también debería asegurarse de que se establezcan formas alternativas de tratamiento.

Minorías y grupos marginados

27)El Comité expresa su preocupación por las denuncias de casos de odio y violencia contra las minorías, especialmente los romaníes, y otros grupos vulnerables de la República de Moldova, incluidas las supuestas manifestaciones verbales recientes de odio e intolerancia contra los homosexuales (art. 16).

A la luz de su Observación general Nº 2 sobre la aplicación del artículo 2 (CAT/C/GC/2, 2008), el Comité recuerda que la especial protección de las minorías y los grupos o individuos marginados en particular situación de riesgo forma parte de la obligación del Estado parte de evitar la tortura y los malos tratos. A este respecto, el Estado parte debería:

a) Tipificar y sancionar en su Código Penal los delitos motivados por el odio como actos de intolerancia e instigación al odio y la violencia por razones de orientación sexual. Además, el Estado parte debería seguir velando por que se observen estrictamente las medidas jurídicas y administrativas en vigor en la materia, y asegurarse de que en los programas de formación y las instrucciones administrativas se comunique constantemente al personal el mensaje de que la instigación al odio y la violencia no será tolerada y será sancionada como corresponde .

b) Facilitar información detallada y estadísticas sobre el número y el tipo de delitos motivados por el odio, sobre las medidas judiciales y administrativas adoptadas para investigar esos delitos y sobre las penas impuestas.

Reunión de datos

28)El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite estadísticas detalladas, desglosadas por delito, pena impuesta, etnia, sexo y edad, sobre el número de personas privadas de libertad; las denuncias de presuntas torturas o malos tratos supuestamente infligidos por agentes de las fuerzas del orden; las investigaciones, los enjuiciamientos y las sanciones penales o disciplinarias relacionadas con esas denuncias; y los presos en espera de juicio y que ya estén cumpliendo condena. El Comité solicita también información sobre las indemnizaciones y las medidas de rehabilitación ofrecidas a las víctimas.

29)El Comité recomienda al Estado parte que examine la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

30)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de convertirse en parte en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia. También alienta al Estado parte a que ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

31)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.5).

32)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité, su respuesta a la lista de cuestiones las actas resumidas de las reuniones, y las conclusiones y recomendaciones del Comité, en todos los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

33)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 13, 15, 16, 20 y 24 supra.

34)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el tercero, a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

54. Eslovaquia

1)El Comité examinó el segundo informe periódico de Eslovaquia (CAT/C/SVK/2) en sus sesiones 899ª y 901ª (CAT/C/SR.899 y 901), celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2009, y aprobó en su 916ª sesión (CAT/C/SR.916), celebrada el 16 de noviembre de 2009, las observaciones finales que se transcriben a continuación.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación del segundo informe periódico de Eslovaquia, que abarcaba el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2006 y se ajustaba a las directrices sobre la presentación de informes, así como las respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1), que proporcionaron información adicional sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la Convención. El Comité también señala con satisfacción el diálogo constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte.

B. Aspectos positivos

3)El Comité toma señala con reconocimiento los hechos siguientes:

a)La precedencia otorgada a los tratados internacionales respecto de las leyes de Eslovaquia;

b)La ratificación de los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2004 del relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y en 2006 del relativo a la participación de niños en los conflictos armados;

c)La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 11 de abril de 2002;

d)Las modificaciones de la legislación encaminadas a mejorar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado parte en virtud de la Convención, por ejemplo el nuevo Código Penal Nº 300/2005, el nuevo Código de Procedimiento Penal Nº 301/2005, la Ley Nº 475/2005 sobre la ejecución de las penas privativas de libertad y la Ley Nº 221/2006 sobre la prisión preventiva;

e)La creación en 2001 del Defensor Público de los Derechos (Oficina del Defensor del Pueblo).

4)El Comité también celebra la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el 26 de junio de 2008 en el sentido de no enviar al Sr. Mustapha Labsi a Argelia porque correría peligro de ser sometido a tortura.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

5)El Comité, aunque toma nota de la amplia definición de la tortura que figura en el Código Penal eslovaco, expresa su preocupación por el hecho de que esa definición no abarque la finalidad de la discriminación y por que no formen parte de la definición elementos como la instigación, el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas (art. 1).

El Estado parte debería adecuar su definición de tortura al artículo 1 de la Convención incorporando el elemento de la discriminación y penalizando la instigación, el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas.

Salvaguardias fundamentales

6)Preocupa al Comité el hecho de que las personas sometidas a detención policial no puedan ejercer su derecho a ponerse en contacto con un miembro de su familia ni puedan tener acceso a un médico independiente y a asistencia letrada más que "tan pronto como sea posible" y no desde el inicio de su detención (art. 2).

El Estado parte debería garantizar que las personas en detención policial puedan ejercer su derecho a ponerse en contacto con un miembro de su familia y tener acceso a un médico independiente, a ser posible de su elección, y a asistencia letrada desde el inicio de su privación de libertad.

Independencia de l a judic atura

7)Preocupa al Comité que los jueces sean designados por el Presidente de Eslovaquia sobre la base de una propuesta del Consejo Judicial, habida cuenta de que algunos miembros del Consejo Judicial son designados y destituidos por el Presidente de la República y por el Gobierno (art. 2).

El Estado parte debería garantizar la plena independencia del Consejo Judicial a fin de asegurar la independencia del poder judicial. A ese respecto, el Comité recuerda los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura aprobados en Milán en 1985, que hizo suyos la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 y 40/146.

No devolución y riesgo de tortura

8)Preocupa al Comité que, conforme al artículo 13 de la Ley de asilo, las personas que se considere que son una amenaza para la seguridad nacional o un peligro para la comunidad no estén protegidas por el principio de no devolución, de modo que pueden quedar expuestas a un riesgo de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También le preocupa el número muy bajo de solicitudes de asilo aceptadas (art. 3).

El Estado parte debería adoptar urgentemente las medidas necesarias, especialmente de carácter jurídico, para garantizar la protección de los derechos de todos los solicitantes de asilo y de las personas que pidan que se les reconozca la condición de refugiados. Además, el Estado parte debería aplicar el principio de no devolución sin discriminación ni excepción alguna.

Denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas

9)Aunque observa que la Oficina del Servicio de Inspección depende del Ministro del Interior y supuestamente es independiente de la policía, el Comité considera preocupante que los presuntos actos ilícitos cometidos por la policía, en particular la tortura y los malos tratos, sean investigados por agentes de policía de la Oficina del Servicio de Inspección. A ese respecto, preocupa al Comité que sean muy pocas las denuncias contra agentes de policía que se hayan aceptado e investigado y que hayan llevado a procesamientos y a condenas (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería reforzar todavía más la independencia de la Oficina del Servicio de Inspección, en particular incluyendo expertos independientes contratados fuera de la policía, para velar por que las denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean investigadas de manera rápida, imparcial, exhaustiva y eficaz.

Vigilancia independiente

10)El Comité lamenta la falta de información sobre si existe o no en el Estado parte un órgano independiente que tenga derecho a, entre otras cosas, realizar visitas no anunciadas a todos los lugares de privación de libertad, incluidas las comisarías de policía y los establecimientos de prisión preventiva (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería garantizar que tuvieran lugar de forma periódica actividades totalmente independientes de vigilancia de todos los lugares de privación de libertad, que incluyeran visitas no anunciadas. También debería velar por que el mecanismo que se establezca con ese fin, en los planos local o nacional, tenga un mandato apropiado y recursos suficientes.

Capacitación

11)El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte en lo que se refiere a la formación de los agentes de las fuerzas del orden. Sin embargo, le preocupa la eficacia de esa formación, dado el alto número de presuntos casos de acoso y de malos tratos tanto durante el arresto como durante la detención policial, especialmente de sospechosos romaníes. También le preocupa que puedan ser insuficientes los programas de formación de personal médico para la detección y documentación de casos de tortura conforme al Protocolo de Estambul (arts. 10 y 11).

El Estado parte debería:

a) Incluir, en sus módulos de formación sobre normas, instrucciones y métodos de interrogatorio, información sobre todas las disposiciones de la Convención, especialmente sobre la prohibición absoluta de la tortura;

b) Asegurarse de que el personal que participa en el trato con los detenidos esté capacitado para reconocer señales de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme al Protocolo de Estambul, y reforzar la formación sobre el Protocolo de Estambul para todos los profesionales que participen en la investigación y documentación de casos de tortura;

c) Evaluar periódicamente la formación impartida a sus agentes de las fuerzas del orden.

Justicia juvenil

12)El Comité está preocupado por las condiciones de detención de los menores, como la reclusión en régimen de aislamiento por un plazo de hasta diez días y la colocación junto con adultos de menores que se encuentran en detención preventiva (arts. 11 y 16).

En consonancia con las observaciones finales de 2007 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/SVK/CO/2, párr. 68), el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Aplique las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), aprobadas en 1985, y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), aprobadas en 1990;

b) Vele por que los menores permanezcan detenidos únicamente como último recurso y en estricto cumplimiento de la ley y por que se examinen periódicamente las condiciones de detención de los menores;

c) Establezca un programa de formación de jueces para que se especialicen en la justicia de menores, en particular en la aplicación de medidas no privativas de la libertad;

d) De ser necesario, pida asistencia técnica y cooperación de otro tipo al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil.

Denuncias de tortura y malos tratos durante la detención policial

13)Preocupan al Comité las muchas denuncias de malos tratos de detenidos por parte de agentes de las fuerzas del orden, en particular bofetadas, puñetazos, patadas o golpes con objetos contundentes, así como la muerte de un hombre en 2001 después de un brutal interrogatorio policial. También le preocupa la práctica de mantener a los detenidos esposados a elementos fijos en corredores u oficinas durante períodos prolongados (arts. 12 y 16).

El Estado parte debería tomar las medidas necesarias para que todas las denuncias de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes se investiguen de manera pronta e imparcial, para que los autores de esos actos sean debidamente procesados y, si se los declara culpables, sean condenados a penas proporcionadas a la gravedad de sus actos, y para que las víctimas sean indemnizadas adecuadamente, además de rehabilitadas completamente. Asimismo debería poner fin a la práctica de mantener esposados durante períodos prolongados a los detenidos, así como cualesquiera otros malos tratos a que se someta a los sospechosos mientras se encuentren detenidos.

Esterilización de mujeres romaníes

14)Preocupan profundamente al Comité las denuncias de que continúan las esterilizaciones no voluntarias de mujeres romaníes.

El Estado parte debería:

a) Tomar medidas urgentes para investigar de manera pronta, imparcial, exhaustiva y eficaz todas las denuncias de esterilizaciones no voluntarias de mujeres romaníes, procesar y castigar a los autores y proporcionar a las víctimas una indemnización equitativa y adecuada, y

b) Hacer cumplir efectivamente la Ley de atención de salud (2004) publicando directrices y formando a los funcionarios públicos, en particular sobre la responsabilidad penal del personal médico que realice esterilizaciones sin el consentimiento otorgado libre y plenamente y con conocimiento de causa por las mujeres a las que se vaya a esterilizar, así como sobre la forma de obtener tal consentimiento.

La minoría romaní

15)Preocupan al Comité las informaciones recibidas sobre malos tratos de romaníes a manos de agentes de la policía durante su detención y mientras permanecían detenidos. También le inquieta el alto porcentaje de niños romaníes que se encuentran en escuelas para niños con discapacidades mentales. Está preocupado además por la discriminación contra la minoría romaní, que ha llevado a violaciones de los derechos protegidos por la Convención (arts. 10 y 16.)

El Comité recuerda, a la luz de su Observación general Nº 2 sobre la aplicación del artículo 2 (CAT/C/GC/2), que la protección especial de ciertas minorías o personas o grupos marginados que corren especial peligro forma parte de las obligaciones que impone al Estado parte la Convención. A este respecto, el Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos por luchar contra los malos tratos infligidos a los detenidos romaníes garantizándoles desde el inicio de su detención el ejercicio de los derechos que les confiere la ley .

b) Hacer cumplir la Ley escolar Nº 245/2008 velando por que los niños romaníes sean admitidos en la educación general, a menos que una evaluación en toda regla lleve a la conclusión de que el niño tiene una discapacidad mental y que el representante legal del niño haya pedido que se inscriba a éste en una escuela especial. En particular, debería disociar la noción de "socialmente desfavorecido" de la de "discapacidad mental".

Reparación, indemnización y rehabilitación

16)El Comité lamenta que no se ponga en práctica el derecho de las víctimas de tortura o de malos tratos a obtener reparación e indemnización, incluida la rehabilitación. El Comité deplora también que no se disponga de información sobre el número de víctimas de tortura o de malos tratos que hayan recibido indemnizaciones ni sobre la cuantía de éstas, así como que no se disponga de información sobre otras formas de asistencia, en particular los servicios médicos o de rehabilitación psicosocial, prestadas a esas víctimas (art. 14).

El Estado parte debería velar por que las víctimas de tortura o de malos tratos tengan derecho a reparación e indemnización, incluida la rehabilitación, a fin de que se pueda proporcionar a las víctimas de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes una indemnización equitativa y adecuada, incluidos los medios de lograr una rehabilitación lo más completa posible. También debería reunir datos sobre el número de víctimas que hayan recibido indemnización u otras formas de asistencia.

Violencia contra las mujeres y los niños

17)Preocupa al Comité la insuficiencia de las medidas adoptadas para proteger a las mujeres y a los niños contra la violencia. A este respecto, el Comité comparte la inquietud expresada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/SVK/CO/4, párr. 20) sobre la alta tasa de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los homicidios de mujeres y de niñas como resultado de la violencia doméstica (art. 16).

El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos por lograr la adopción de medidas de protección urgentes y eficaces, investigar rápida e imparcialmente todas las denuncias de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los homicidios de mujeres y de niñas como resultado de la violencia doméstica, y procesar y castigar a los autores de esos actos;

b) Proporcionar a las mujeres víctimas de la violencia centros de acogida en número suficiente y en las condiciones debidas, así como servicios de asesoramiento;

c) Realizar campañas más amplias de concienciación y formación sobre la violencia doméstica para funcionarios (jueces, fiscales, abogados, agentes de las fuerzas del orden y trabajadores sociales) y para la población en general;

d) Estrechar la cooperación con las ONG que se ocupan de proteger a las mujeres y a las niñas contra la violencia.

Castigos corporales

18)El Comité considera preocupante que en la Ley de la familia no se prohíban expresamente los castigos corporales y que los castigos corporales tengan amplia aceptación en la sociedad (art. 16).

El Estado parte debería prohibir explícitamente los castigos corporales en la familia. Además, debería velar por que se aplique estrictamente la legislación que prohíbe los castigos corporales y por que se realicen campañas de concienciación y educación a ese respecto.

Trata de personas

19)Preocupan al Comité las informaciones sobre la trata transfronteriza de mujeres para fines sexuales y otros tipos de explotación, así como sobre los niños romaníes llevados al extranjero mediante la trata, especialmente para ejercer la mendicidad forzada. También preocupa al Comité la trata interna de mujeres y niñas romaníes. El Comité lamenta la falta de estadísticas sobre estas cuestiones, el escaso número de casos enjuiciados y la frecuente suspensión de las condenas impuestas a los autores. Asimismo preocupa al Comité que los servicios de reintegración y rehabilitación sean insuficientes para las víctimas de la trata (art. 16).

El Estado parte debería:

a) Investigar pronta e imparcialmente todas las denuncias de trata de personas, especialmente mujeres y niños, procesar a los presuntos autores y castigar con las penas adecuadas a los que sean declarados culpables;

b) Redoblar sus esfuerzos por prestar servicios de reintegración y rehabilitación a las víctimas;

c) Realizar campañas de concienciación de ámbito nacional e impartir formación a los agentes de las fuerzas del orden, a los funcionarios de migración y a los policías de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de seres humanos.

Instituciones psiquiátricas

20)Preocupa al Comité el tratamiento de los pacientes psiquiátricos, en particular el uso de camas con red, así como la falta de vigilancia independiente de esos lugares de privación de libertad (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería mejorar las condiciones de vida de los pacientes de las instituciones psiquiátricas, velar por que todos los lugares en que se recluya y se someta a un tratamiento no voluntario a personas con enfermedades mentales sean visitados periódicamente por órganos de vigilancia independientes a fin de que se apliquen correctamente las salvaguardias establecidas para proteger los derechos de esas personas, y velar por que se establezcan otras formas de tratamiento.

Reunión de datos

21)El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite estadísticas detalladas, desglosadas por delito, pena impuesta, etnia, sexo y edad, sobre el número de personas privadas de libertad; las denuncias de presuntas torturas o malos tratos supuestamente infligidos por agentes de las fuerzas del orden; las investigaciones, los enjuiciamientos y las sanciones penales o disciplinarias relacionadas con esas denuncias; y los presos en espera de juicio y que ya estén cumpliendo condena. El Comité también pide que se le proporcione información sobre las indemnizaciones y los servicios de rehabilitación que se hayan proporcionado a las víctimas.

22)El Comité alienta al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

23)El Comité invita al Estado parte a que pase a ser parte en los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no sea parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Comité invita al Estado parte a ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

24)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité así como a las observaciones finales y las actas resumidas del Comité a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y ONG.

25)El Comité invita al Estado parte a presentar su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común que figuran en las directrices armonizadas sobre la preparación de informes aprobadas por los órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.5).

26)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 13, 14 y 15 de las presentes observaciones finales.

27)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el tercero, a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

55. España

1)El Comité contra la Tortura examinó el quinto informe periódico de España (CAT/C/ESP/5) en sus sesiones 913ª y 914ª (CAT/C/SR.913 y 914), celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 2009, y aprobó en su 923ª sesión (CAT/C/SR.923) las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

2)El Comité acoge con agrado la presentación del quinto informe periódico de España, presentado en conformidad con las directrices del Comité, así como las respuestas a la lista de preguntas. El Comité también señala con satisfacción los esfuerzos constructivos realizados por la delegación multisectorial del Estado parte para proporcionar información y explicaciones adicionales durante el diálogo.

B. Aspectos positivos

3)El Comité acoge con agrado la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (4 de abril de 2006);

b)Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (24 de septiembre de 2009);

c)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (3 de diciembre de 2007);

d)Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2 de abril de 2009).

4)El Comité observa con satisfacción los esfuerzos que sigue realizando el Estado parte para reformar la legislación, las políticas y los procedimientos a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular:

a)La adopción de la Ley de memoria histórica (Ley Nº 52/2007), de 26 diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, incluso el derecho a obtener una declaración de reparación;

b)La reforma del artículo 154 del Código Civil para abolir explícitamente cualquier duda o resquicio en el que pudiera ampararse alguna forma de violencia o castigo físico contra los niños;

c)La instrucción conjunta, en diciembre de 2005, del Secretario General del Estado y del Comisionado General de Policía con un folleto informativo sobre el procedimiento de asilo para distribuir a todas las personas que llegan a España de manera irregular por mar e internados en los centros de internamiento para extranjeros de Canarias o Andalucía;

d)La sentencia del Tribunal Supremo Nº 829/2006 en la que se absuelve al Sr. Hamed Abderrahaman Ahmed por el delito de terrorismo, dado que las acusaciones se fundaban en interrogatorios llevados a cabo durante la estancia del Sr. Ahmed en Guantánamo, y la definición de este último como un "limbo en la comunidad jurídica que queda definida por una multitud de tratados y convenciones firmados por la comunidad internacional";

e)La aprobación del Plan de Derechos Humanos, por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008;

f)La aprobación del Plan contra la trata para fines de explotación sexual, el 12 de diciembre de 2008, y su seguimiento a través de la creación e implementación del Foro Español contra la Trata;

g)El hecho de que no sólo desde 1995 (año en que se eliminó la pena de muerte en tiempo de guerra) la abolición de la pena de muerte es absoluta, sino que además el Estado parte participa de forma activa en los foros internacionales para promover una moratoria global en la aplicación de la pena capital.

5)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte ha cursado invitaciones a varios mecanismos de procedimientos especiales, y recientemente al Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

6)El Comité valora que España no haya creado un sistema paralelo de justicia para combatir el flagelo del terrorismo y toma nota de que el Estado parte ha reconocido reiteradamente que la prohibición de la tortura es absoluta y que en ningún caso se podrán invocar circunstancias excepcionales para justificarla.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

7)El Comité toma nota con beneplácito de la reforma del artículo 174 del Código Penal mediante Ley orgánica Nº 15/2003, a través de la cual se incluye en la definición de tortura el inciso "o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación", que responde adecuadamente a una previa preocupación del Comité. Sin embargo, el Comité —a pesar de la explicación proporcionada al respecto por la delegación del Estado parte— considera que sería oportuno incluir explícitamente en la definición del artículo 174 del Código Penal dos importantes elementos ulteriores para que ésta sea plenamente conforme al artículo 1 de la Convención: que el acto de tortura también puede ser cometido por "otra persona en el ejercicio de funciones públicas" y que la finalidad de tortura puede incluir el fin "de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras" (art. 1).

El Comité alienta al Estado parte a seguir armonizando la definición de tortura que figura en el artículo 174 del Código Penal con el artículo 1 de la Convención.

8)El Comité observa que, de acuerdo con el artículo 174 del Código Penal, el culpable de tortura "será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es", lo que no parece propiamente ser conforme al artículo 4, párrafo 2, de la Convención, que establece la obligación de todo Estado parte de castigar todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería castigar todos los actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de acuerdo con el artículo 4, párrafo 2, de la Convención. Además el Estado parte debería asegurar que en todos los casos se considere de carácter grave todo acto de tortura, dado que ello atañe indisolublemente e intrínsecamente al concepto mismo de tortura.

Garantías fundamentales

9)Al Comité le preocupa la información recibida de distintas fuentes respecto a la posible utilización en sede procesal —bajo determinadas condiciones y siguiendo un cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo— de las declaraciones formuladas por los detenidos en sede policial. El Comité toma nota, a ese respecto, del contenido del párrafo 21 de las respuestas a la lista de cuestiones del Estado parte en el que se establece claramente que: "Conforme al ordenamiento jurídico español, a los efectos de decidir sobre la culpabilidad o la inocencia del inculpado únicamente pueden tenerse en cuenta las pruebas practicadas en el juicio oral en presencia judicial, con asistencia del acusado y del abogado de su elección" (arts. 2 y 15).

El Estado parte —como él mismo ha recordado en las respuestas a las listas de preguntas— debería asegurar el respeto del principio según el cual en todos los casos el momento fundamental, a efectos de la práctica de prueba susceptible de valoración, tiene que ser el del juicio oral. Este principio general es aun más valido como salvaguarda del principio contenido en el artículo 15 de la Convención —que prohíbe la invocación como prueba de las declaraciones hechas como resultado de tortura— en los casos en los cuales, lamentablemente, se permiten interrogatorios en sede policial de los detenidos sin abogado de elección o donde se impide al abogado entrevistarse de forma privada con el detenido (como es el caso del régimen de incomunicación).

10)El Comité nota que, de acuerdo con la medida 96 del Plan de Derechos Humanos, para mejorar las garantías de las personas detenidas, el Gobierno propondrá la reforma del artículo 520, párrafo 4, de la Ley de enjuiciamiento criminal a fin de reducir el actual plazo máximo de ocho horas, dentro del cual debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que entre los derechos listados en al artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal, el derecho a solicitar el hábeas corpus no está expresamente previsto (art. 2).

El Estado parte debería implementar a la mayor brevedad posible la reforma del artículo 520, párrafo 4, de la Ley de enjuiciamiento criminal a fin de hacer más efectivo el derecho a la asistencia letrada. Además, el Comité —compartiendo la preocupación del Defensor del Pueblo al respecto— alienta al Estado parte a una ulterior reforma del artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal , a fin de asegurar que en el momento crítico en el que se procede a la detención, cuando se produce la lectura de los derechos, se incluya entre ellos el derecho a solicitar la presentación inmediata ante un juez.

11)El Comité toma nota de la instrucción Nº 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. Mientras que, en principio, ésta representa una medida positiva, el Comité considera que el rango normativo mediante el que se produce este refuerzo de las garantías es inadecuado (art. 2).

El Estado parte debería regular estos asuntos que atañen derechos fundamentales, como los derechos a la libertad y a la integridad física, mediante una norma adecuada que no puede ser solamente una decisión de una Secretaría de Estado dirigida a su personal.

Detención en régimen de incomunicación

12)El Comité toma nota de las disposiciones adoptadas para mejorar las garantías de los detenidos sometidos a régimen de incomunicación, en particular: a) el llamado "Protocolo Garzón", que prevé visitas de un médico de confianza del detenido (aunque dicho Protocolo no ha sido aplicado de manera uniforme); b) la medida 97 c) del Plan de Derechos Humanos que prevé que el detenido sometido a régimen de incomunicación puede ser reconocido, además de por el médico forense, por otro médico adscrito al sistema público de salud libremente designado por el titular del futuro mecanismo nacional de prevención de la tortura; y c) la medida 97 b) que —de acuerdo con varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos— dispone que el Estado parte abordará las medidas normativas y técnicas necesarias para grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales de los detenidos sometidos a régimen de incomunicación. El Comité también toma nota con agrado del compromiso contenido en la medida 97 a) para prohibir expresamente la aplicación del régimen de detención incomunicada a los menores de edad. Sin embargo, el Comité debe reiterar su preocupación —compartida por todos los órganos regionales e internacionales relevantes de protección de los derechos humanos— que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado parte en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los 13 días, vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura. El Comité sigue especialmente preocupado por las limitaciones que este régimen provoca en el acceso y en el ejercicio de derechos y garantías fundamentales que se aplican universalmente a las personas privadas de libertad (art. 2).

El Estado parte debería revisar el régimen de incomunicación, con vistas a su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido:

a) A escoger un abogado de su elección;

b) A ser visitado por un médico de su elección;

c) A que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento;

d) A entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido aun cuando éste sea un abogado de oficio).

El Estado parte también debería implementar y fortalecer las medidas programáticas previstas en el Plan de Derechos Humanos en la medida 97; a este respecto, es especialmente importante que el sistema de grabación previsto cubra todas dependencias policiales del país y que se instale en las celdas y salas de interrogación y no se limite a las áreas comunes.

No devolución

13)El Comité toma nota de la posición del Estado parte según la cual las garantías diplomáticas no contravienen a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención —si, por ejemplo, se establecen mecanismos de supervisión adicionales expresamente aceptados y respetados por el país concernido. Al respecto, el Comité quiere reiterar su posición anteriormente expresada de que bajo ninguna circunstancia se debe recurrir a las garantías diplomáticas como salvaguardia contra la tortura o los malos tratos cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos a su regreso (art. 3).

El Estado parte, si recurriera a las garantías diplomáticas en cualquier situación distinta de las que deben excluirse en virtud del artículo 3 de la Convención, debería facilitar en su siguiente informe al Comité información sobre el número de casos de extradición o expulsión que hayan estado sujetos a la recepción de seguridades o garantías diplomáticas desde la consideración de este informe; los requisitos mínimos del Estado parte para dichas seguridades o garantías; las medidas de seguimiento que haya adoptado posteriormente en tales casos; y la exigibilidad jurídica de las seguridades o garantías dadas.

14)El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre las alegaciones de que algunos aeropuertos españoles fueron utilizados desde 2002 para el traslado de prisioneros bajo el programa denominado "rendiciones extraordinarias", como asimismo del rechazo del Estado parte del empleo de tales métodos y su compromiso de investigar y esclarecer los hechos alegados (arts. 3 y 12).

El Comité insta al Estado parte a que continúe su cooperación sobre las investigaciones que las autoridades judiciales están llevando a cabo al respecto y proporcione al Comité todas las informaciones pertinentes en su próximo informe periódico.

15)El Comité acoge con beneplácito la aprobación, en octubre de 2009, de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, cuyo objetivo es alcanzar un sistema europeo común de asilo que garantice el máximo nivel de protección a los refugiados y a las personas perseguidas. Sin embargo, está preocupado por el posible uso en la nueva ley, como base para rechazar las demandas de asilo, de la cláusula de excepción a la prohibición de devolución contenida en el artículo 33, párrafo 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Al Comité le preocupa en particular que, conforme a esta ley, las evaluaciones de rechazo puedan ocurrir en la fase del procedimiento acelerado, incluso en la misma frontera, sin que haya podido llevarse a cabo una valoración sustancial de cada demanda y cada posible elemento de inclusión (art. 3).

El Estado parte debería revisar la aplicación de las cláusulas de exclusión en la nueva ley , para asegurar que en ningún caso se pueda contravenir al principio de no devolución contenido en el artículo 3 de la Convención.

16)El Comité toma nota de los acuerdos bilaterales de retorno asistido de menores que España ha firmado con Marruecos y el Senegal. Sin embargo, al Comité le preocupa la falta, en la implementación de estos acuerdos, de salvaguardas que aseguren la identificación de los niños que puedan necesitar protección internacional y, por lo tanto, tener derecho al procedimiento de asilo (art. 3).

El Estado parte debería asegurar que los acuerdos bilaterales de retorno asistido de menores firmados por España contengan adecuadas garantías para asegurar la protección contra la devolución de los niños víctimas de trata, prostitución y pornografía, así como a los que han sido involucrados en conflictos o que se han escapado de su país por un temor fundado de persecución. El Comité quiere subrayar que el retorno al país de origen sólo debe llevarse a cabo si es en el interés superior del niño.

Competencia sobre los actos de tortura

17)El Comité reconoce que los tribunales del Estado parte han sido pioneros en la aplicación de la jurisdicción universal por los crímenes internacionales, incluido el de tortura. El Comité toma nota de una reciente modificación legislativa al respecto, la Ley orgánica Nº 1/2009 de 3 de noviembre, que establece condiciones para su ejercicio (arts. 5 y 7).

El Estado parte debe asegurar que esta reforma no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción sobre todos los actos de tortura de acuerdo con los artículos 5 y 7 de la Convención y en particular con el principio de aut dedere aut judicare contenido en los mismos.

Capacitación

18)El Comité toma nota de que la medida 103 del Plan de Derechos Humanos prevé la organización de cursos y jornadas de formación inicial y continuada sobre los comportamientos exigidos a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. El Comité toma nota además de que los cursos relacionados con los derechos humanos y el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes) se van a incluir en el plan de formación continuada a partir del año 2010 (art. 10).

El Estado parte debería:

a) Seguir preparando e implementando programas de capacitación y formación para que todos los funcionarios, incluidos los agentes del orden y los funcionarios de prisiones, sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención y su Protocolo Facultativo, para que nunca se toleren abusos o violaciones;

(b) Asegurar que todo el personal pertinente reciba capacitación específica sobre la manera de reconocer los indicios de tortura y malos tratos;

c) Preparar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia y el efecto de esos programas de capacitación y formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos.

Condiciones de privación de libertad

19)Mientras que valora el Programa Marco de Prevención de Suicidios establecido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con la instrucción Nº 14/2005, que, según se informa, ha permitido una reducción del número de suicidios, el Comité sigue considerando elevado el número de suicidios y de muertes violentas tanto en custodia policial como en las prisiones (art. 11).

El Estado parte debería seguir en sus esfuerzos para reducir el número de suicidios y de muertes violentas en todos los lugares de detención. El Comité también insta al Estado parte a investigar pronta, exhaustiva e imparcialmente todos los casos de fallecimiento de detenidos y proporcionar, cuando sea apropiado, indemnización adecuada a las familias de las víctimas.

20)El Comité lamenta la falta de información suficiente sobre las medidas adoptadas para responder a las serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo en su informe de 2009 sobre las condiciones en los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. En particular, al Comité le preocupan las alegaciones de la práctica de aislamiento en muchos de estos centros, así como de una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías (arts. 11 y 12).

El Estado parte debería tomar las medidas necesarias para asegurar unas condiciones humanas y dignas en los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. El Estado parte debería también investigar exhaustivamente todas las alegaciones de abusos o malos tratos cometidos en estos centros.

Ley de amnistía e imprescriptibilidad de la tortura

21)Si bien toma nota de que el Estado parte señaló que la Convención contra la Tortura entró en vigor el 26 de junio de 1987, mientras que la Ley de amnistía de 1977 se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a la adopción de dicha ley, el Comité quiere reiterar que, en consideración al arraigado reconocimiento del carácter de jus cogens de la prohibición de la tortura, el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de la prescripción. El Comité además ha recibido distintas interpretaciones sobre el apartado c) del artículo 1 de la Ley de amnistía —que prevé que la amnistía no se aplicará si los actos han "supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas"— en el sentido de que el mismo excluiría en todo caso la tortura de los delitos amnistiados (arts. 12, 13 y 14).

El Estado parte debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. Al respecto, el Comité alienta al Estado parte a continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible. Asimismo, el Comité reitera que, de acuerdo con el artículo 14 de la Convención, el Estado parte debe asegurar la reparación y el derecho a una indemnización a toda víctima de actos de tortura.

22)Al Comité le preocupa que el crimen de tortura, entendido de manera autónoma y contemplado en el artículo 174 del Código Penal, prescriba en el plazo máximo de 15 años, mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad, es decir, cuando es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella (artículo 607 bis del Código Penal) (arts. 1, 4 y 12).

El Estado parte debería asegurar la imprescriptibilidad de la tortura en todo caso.

Datos sobre tortura y malos tratos

23)El Comité toma nota de que la medida 102 del Programa de Derechos Humanos prevé la recopilación de datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. Sin embargo, el Comité constata la imposibilidad actual de aportar datos sobre denuncias durante la custodia y detención policial. Además el Comité, si bien aprecia las informaciones adicionales escritas proporcionadas sobre este punto por el Estado parte, nota que también los datos sobre casos de tortura en centros penitenciarios, si bien están disponibles, resultan de alguna manera imprecisos y discordantes, en particular por lo que concierne a los resultados de las investigaciones por tortura, las condenas judiciales y las sanciones impuestas (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería implementar, a la mayor brevedad posible, la m edida 102 del Programa de Derechos Humanos y asegurar la recopilación de datos ciertos y fiables sobre actos de tortura y malos tratos tanto en custodia policial como en otros lugares de detención. Estos datos deberán precisar también el seguimiento dado a las alegaciones de tortura y malos tratos, incluyendo los resultados de las investigaciones llevadas a cabo, y las eventuales condenas judiciales y sanciones penales o disciplinarias impuestas.

Violencia contra la mujer

24)El Comité saluda las medidas tomadas por el Estado parte contra la violencia de género, como por ejemplo la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (2004). Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la existencia de información sobre el inaceptable número de actos de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito doméstico, que a veces concluyen en asesinatos. El Comité considera que el nivel de este problema en el Estado parte requiere una respuesta que va más allá de disposiciones legislativas y planes de acción, y presupone un trabajo integral que contribuya a una constante modificación en la percepción de la mujer en la sociedad que disipe los estereotipos que la acompañan (art. 16).

El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para poner la lucha contra la violencia contra la mujer entre las prioridades en su agenda política. El Comité también recomienda que se amplíen las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

25)Al Comité le preocupa la situación particularmente vulnerable de las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia de género, dado que la legislación vigente obliga a los funcionarios policiales a abrir un expediente para investigar la regularidad de la situación de las mujeres migrantes que denuncian actos violentos y de malos tratos. Al respecto, el Comité nota que existe un proyecto de reforma de la Ley orgánica Nº 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), cuya finalidad es favorecer la presentación de denuncia por hechos constitutivos de violencia de género y regular la posibilidad de que las mujeres extranjeras que denuncien queden exentas de responsabilidad administrativa por su estancia irregular (arts. 13 y 16).

El Estado parte debería acelerar la aprobación del proyecto de reforma de la Ley orgánica Nº 4/2000, al fin de facilitar que la mujer extranjera en situación irregular que sea reconocida como víctima de violencia de género pueda solicitar y obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Violencia por motivos raciales

26)El Comité toma nota del esfuerzo del Estado parte en la lucha contra el racismo y la xenofobia que se deduce, entre otras cosas, de la adopción de leyes en la materia y del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010). Sin embargo, al Comité le preocupa la información que señala una mayor frecuencia de actos de intolerancia e incidentes de violencia racista que sufren los migrantes y las personas de distinta etnia o religión y por las alegaciones de que las respuestas a estos actos por parte de las autoridades no son siempre puntuales y adecuadas (arts. 13 y 16).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para investigar exhaustivamente todos los actos de violencia racista y sancionar adecuadamente a los responsables. La respuesta legislativa, investigativa y judicial contra estos odiosos fenómenos se debería acompañar con una mayor concienciación y sensibilización pública.

Armas Taser

27)El Comité toma nota de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no utilizan armas Taser, pero le preocupa la información que señala que las policías locales sí las usan (arts. 2 y 16).

El Estado parte debe considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías locales, pues sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención.

Trata de personas

28)El Comité valora la aprobación del Plan contra la trata para fines de explotación sexual (véase supra, párr. 4 f)). Sin embargo, el Comité observa que éste tiene un enfoque de prevención del crimen más que de derechos humanos y protección de las víctimas. También preocupa al Comité la falta en el Código Penal de un tipo penal que se dedique específicamente a temas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (art. 16).

El Comité alienta al Estado parte a que finalice el anteproyecto del Código Penal con un título específicamente dedicado a los temas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. El Estado parte también debería asegurar que el Plan contra la trata reconozca la posibilidad que las víctimas de trata puedan necesitar de protección internacional. A este respecto, el Estado parte debería:

a) Establecer un mecanismo nacional para la identificación de todas las víctimas;

b) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo para las mujeres extranjeras víctimas de la trata —o expuestas al riesgo de ser sometidas a trata— que demuestren su necesidad de protección internacional.

Protocolo Facultativo y mecanismo nacional de prevención

29)El Comité toma nota de que mediante la Ley orgánica Nº 1/2009 se ha establecido que el Defensor del Pueblo ejercerá las funciones de mecanismo nacional de prevención de la tortura de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También toma nota de que la misma ley prevé la creación de un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del mecanismo nacional de prevención, que será presidido por el adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición (art. 2).

El Estado parte debería asegurar que el Defensor del Pueblo disponga de recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país. El Estado parte también tendría que asegurar que el Consejo Asesor tenga una clara competencia y rol y que se determine con claridad la relación entre el mecanismo nacional de prevención y el Consejo. El Comité alienta al Estado parte a que procure que los miembros del Consejo sean seleccionados a través de un proceso público y transparente y que incluya expertos reconocidos en varias materias que atañen a la prevención de la tortura, incluyendo representantes de la sociedad civil.

30)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

31)El Comité invita al Estado parte a presentar el documento básico de conformidad con los requisitos para la preparación de un documento básico común establecidos en las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y que figuran en el documento HRI/GEN/2/Rev.6.

32)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

33)El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año, le proporcione información en respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10, 12, 20, 23 y 25 del presente documento.

34)Se invita al Estado parte a presentar su sexto informe periódico a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

56. Yemen

1)El Comité examinó el segundo informe periódico del Yemen (CAT/C/YEM/2) en su 898ª sesión (CAT/C/SR.898), celebrada el 3 de noviembre de 2009, y aprobó en su 917ª sesión (CAT/C/SR.917) las observaciones finales de carácter provisional que figuran a continuación.

A. Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico del Yemen, que, aunque en general sigue las directrices del Comité para la presentación de informes, carece de información estadística y práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y sobre la legislación nacional pertinente. El Comité lamenta que el informe haya sido presentado con retraso y también que el Estado parte no haya presentado respuestas por escrito a su lista de cuestiones (CAT/C/YEM/Q/2) ni haya respondido a la carta de 21 de abril de 2006 en la que el Relator del Comité para el seguimiento de las observaciones finales solicitaba más información sobre el Yemen (CAT/C/CR/31/4 y Add.1).

3)El Comité lamenta la ausencia de una delegación del Estado parte con la que entablar un diálogo y observa que, debido a la falta de representantes del Estado parte, el examen del informe se llevó a cabo de conformidad con el artículo 66, párrafo 2 b), de su reglamento. El Comité invita al Estado parte a presentar por escrito respuestas y observaciones sobre las presentes observaciones finales de carácter provisional, y lo insta a cumplir plenamente en el futuro con sus obligaciones dimanantes del artículo 19 de la Convención.

B. Aspectos positivos

4)El Comité celebra el hecho de que, en el período transcurrido desde el examen del informe inicial, el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los instrumentos internacionales siguientes:

a)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, en 2009;

b)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en 2007;

c)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2004.

5)El Comité toma nota de los esfuerzos que está haciendo el Estado parte para reformar su legislación, sus políticas y sus procedimientos con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser objeto de tortura ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular:

a)La firma por el Estado parte de varios memorandos de entendimiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2004, 2005 y 2007, y en ese sentido su compromiso de elaborar una ley de refugiados y promoverla;

b)Las diversas actividades de educación y formación en materia de derechos humanos y la apertura del Estado parte a la cooperación internacional.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Aplicación de la Convención

6)El Comité observa con preocupación que las conclusiones y recomendaciones que formuló al Yemen en 2003 no se han tenido suficientemente en cuenta. El Comité subraya la obligación de los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En su opinión, las especificidades culturales y religiosas pueden tenerse en cuenta para elaborar los medios adecuados de asegurar el respeto de los derechos humanos universales, pero no pueden poner en peligro la aplicación de todas las disposiciones de la Convención o negar el estado de derecho. A ese respecto, el Comité observa con preocupación la creación, en 2008, de una comisión para proteger la virtud y luchar contra el vicio y la falta de información sobre el mandato y la jurisdicción de esa comisión y sobre su eventual sujeción al examen de las autoridades judiciales ordinarias (art. 2).

El Estado parte debería aplicar de buena fe todas las recomendaciones formuladas por el Comité y encontrar medios de asegurar que sus leyes y principios religiosos sean compatibles con los derechos humanos y con sus obligaciones dimanantes de la Convención. En este sentido, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 2 sobre la aplicación del artículo 2. Se solicita al Estado parte que proporcione información sobre el mandato de la nueva comisión de protección de la virtud y lucha contra el vicio y sus procedimientos de apelación y que indique si ésta tiene una jurisdicción precisa en plena conformidad con las disposiciones de la Convención o está sujeta al examen de las autoridades judiciales ordinarias.

Definición de tortura

7)Aunque el Comité toma nota de que la Constitución del Yemen prohíbe la tortura, reitera su preocupación por la falta de una definición amplia de la tortura en la legislación interna, como la establecida en el artículo 1 de la Convención (CAT/C/CR/31/4, párr. 6 a)). Al Comité le preocupa que la definición actual de la Constitución sólo prohíba la tortura como medio de obtener una confesión durante la detención, la investigación y la privación de libertad, y que las penas impuestas por ese delito se limiten a las personas que cometan u ordenen cometer actos de tortura y no se hagan extensivas a las personas que sean cómplices de otro modo en dichos actos. Al Comité también le preocupa que, si bien la Constitución establece que los delitos de tortura física o psicológica no deben prescribir, la Ley de procedimiento penal contemple la prescripción (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería incorporar el delito de tortura a la legislación nacional y adoptar una definición de tortura que abarque todos los elementos que contiene el artículo 1 de la Convención. El Comité considera que los Estados partes, nombrando y definiendo el delito de tortura de conformidad con la Convención y distinguiéndolo de otros delitos, promoverán directamente el objetivo primordial de la Convención de prevenir la tortura, entre otras cosas advirtiendo a todos, incluidos los autores, las víctimas y el público, de la especial gravedad del delito de tortura y aumentando el efecto disuasorio de la propia prohibición. El Comité pide al Estado parte que le aclare si los actos de tortura prescriben; de ser así, el Estado parte debería examinar sus normas y disposiciones sobre la prescripción de los delitos y hacerlas plenamente compatibles con la Constitución y las obligaciones del Estado parte dimanantes de la Convención.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

8)El Comité está profundamente preocupado por las numerosas denuncias, corroboradas por varias fuentes yemeníes e internacionales, de que la tortura y los malos tratos a los reclusos son prácticas generalizadas en las prisiones yemeníes, incluidas las prisiones de seguridad del Estado administradas por el Departamento de Seguridad Pública, la Dirección Nacional de Seguridad y el Departamento de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior. Al Comité le preocupa además que esas denuncias rara vez se investiguen o se traduzcan en un proceso judicial, y que parezca existir un clima de impunidad para los autores de los actos de tortura. A ese respecto, el Comité expresa su preocupación por el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe presentar denuncias contra miembros de las fuerzas del orden o funcionarios públicos por cualquier delito cometido en el desempeño de su trabajo o causado por éste, salvo con el permiso del Fiscal General, un fiscal o un fiscal adjunto, y por la falta de información sobre la aplicación de esa disposición (arts. 2, 4, 12 y 16).

Con carácter urgente, el Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para impedir los actos de tortura y malos tratos en todo el país y anunciar una política de erradicación de los actos de tortura o malos tratos cometidos por funcionarios del Estado.

El Estado parte debería velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad, y que los autores sean enjuiciados y condenados de acuerdo con la gravedad de los hechos, como exige el artículo 4 de la Convención.

El Comité pide al Estado parte que le aclare si el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal aún está en vigor y, en caso afirmativo, de qué manera se aplica en la práctica.

Salvaguardias legales fundamentales

9)El Comité sigue muy preocupado por el hecho de que el Estado parte no otorgue en la práctica a todos los detenidos, incluidos los recluidos en las prisiones de seguridad del Estado, todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención. Las salvaguardias incluyen el derecho a tener acceso inmediato a un abogado y a un examen médico independiente, a notificar la detención a un familiar y ser informado de sus derechos en el momento de la detención, en particular de los cargos que se le imputan, y a comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales. A ese respecto, al Comité le preocupa la afirmación hecha por el Estado parte en su informe (párr. 203) de que "las personas en detención preventiva podrán reunirse con sus familiares y abogados, siempre y cuando obtengan la autorización por escrito de la entidad que haya dictado la orden de detención". Al Comité le preocupa también que no exista un registro central de todas las personas privadas de libertad, incluidos los menores de edad (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería adoptar con prontitud medidas eficaces para asegurar que todos los detenidos cuenten, en la práctica, con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención. Esas salvaguardias incluyen, en particular, el derecho del detenido a tener acceso inmediato a un abogado y a un examen médico independiente, a notificar la detención a un familiar y ser informado de sus derechos en el momento de la detención, en particular de los cargos que se le imputan, así como a comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales. El Estado parte debería también garantizar que todos los detenidos, incluidos los menores de edad, estén inscritos en un registro central que funcione de manera eficaz.

El Comité pide al Estado parte que lo informe de los requisitos necesarios para obtener una autorización por escrito de manera que las personas en detención preventiva puedan reunirse con sus familiares y abogados, así como las condiciones en que dicha autorización puede ser denegada.

Vigilancia e inspección de los lugares de privación de libertad

10)Aunque el Comité toma nota de que el Departamento del Ministerio Público (Fiscal General) tiene la responsabilidad general de supervisar e inspeccionar las prisiones y que existen oficinas de la fiscalía en las prisiones centrales de las diferentes provincias en cumplimiento del Decreto Nº 91 de 1995, le preocupa la falta de un sistema de vigilancia e inspección sistemáticas y efectivas de todos los lugares de privación de libertad, en particular los centros de reclusión, que incluya visitas periódicas y sin previo aviso a esos lugares por organismos nacionales e internacionales de vigilancia como el Comité Internacional de la Cruz Roja. A ese respecto, el Comité expresa su preocupación por la proliferación de los lugares de detención, que incluyen prisiones de seguridad política y de seguridad nacional y prisiones militares, así como centros de detención privados administrados por jefes tribales, y por la aparente falta de control de esas prisiones y centros de detención por parte del Fiscal General. Como consecuencia de ello, supuestamente, los detenidos son privados de las salvaguardias legales fundamentales, como un mecanismo de supervisión del trato que reciben y procedimientos de examen de su privación de libertad (arts. 11 y 16) .

El Comité exhorta al Estado parte a que establezca un sistema nacional que vigile e inspeccione todos los lugares de detención y adopte las medidas que se consideren necesarias habida cuenta de los resultados de dicha vigilancia sistemática. El Estado parte debería velar también por que en esas visitas participen médicos forenses capacitados para detectar los signos de tortura. El Comité pide al Estado parte que aclare si el Departamento de Seguridad Política, así como la Dirección de Seguridad Nacional y el Departamento de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior, están bajo el control de las autoridades civiles y si el Fiscal General tiene acceso a los lugares de detención administrados por esos organismos, así como a las prisiones militares y a los centros de detención privados. El Estado parte debería prohibir oficialmente todos los lugares de detención que no estén sujetos a la autoridad del Estado.

Medidas de lucha contra el terrorismo

11)El Comité reconoce las dificultades con que se enfrenta el Estado parte en su larga lucha contra el terrorismo. Sin embargo, recordando la prohibición absoluta de la tortura, está preocupado por las denuncias de graves violaciones de la Convención cometidas en el contexto de la lucha del Estado parte contra el terrorismo. Esas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones indefinidas sin presentación de cargos ni juicio, torturas y malos tratos y deportaciones de ciudadanos extranjeros a países en que corren peligro de ser sometidos a tortura o malos tratos. Al Comité le preocupa también el contenido del proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y del proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular la definición supuestamente amplia de terrorismo y la falta de procedimientos jurídicos o judiciales referentes a la entrega, la detención o la privación de libertad de los presuntos culpables (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para que sus medidas de lucha contra el terrorismo de carácter legislativo, administrativo y de otra índole sean compatibles con lo dispuesto en la Convención, especialmente en el artículo 2, párrafo 2. El Comité recuerda que en ningún caso pueden invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura, y que, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, especialmente la resolución 1624 (2005), las medidas de lucha contra el terrorismo deben ponerse en práctica respetando plenamente la normativa internacional de derechos humanos, particularmente la Convención. El Comité pide también al Estado parte que proporcione información sobre el contenido y la situación del proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y del proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Detención en régimen de incomunicación

12)El Comité reitera su preocupación por las denuncias fundamentadas sobre la práctica frecuente de la detención en régimen de incomunicación por los agentes del Departamento de Seguridad Política, especialmente los casos de detenciones por períodos prolongados sin que se abra un proceso judicial (CAT/C/CR/31/4, párr. 6 c)), y le preocupa que, al parecer, otros organismos de seguridad apliquen también esas prácticas. Al Comité le preocupa asimismo la falta de información sobre el número exacto y la ubicación de los lugares de detención en el Estado parte (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para abolir la detención en régimen de incomunicación y velar por que todas las personas que se encuentren en ese régimen sean puestas en libertad o enjuiciadas con todas las garantías procesales. El Estado parte debería presentar información sobre el número exacto y la ubicación de los lugares de detención utilizados por el Departamento de Seguridad Política y otras fuerzas de seguridad, y sobre el número de personas privadas de libertad en esas instalaciones. Asimismo, el Estado parte debería proporcionar información actualizada sobre el caso de cuatro ciudadanos del Camerún, a saber, Mouafo Ludo, Pengou Pierpe, Mechoup Baudelaire y Ouafo Zacharie, que permanecen detenidos en Saná, en régimen de incomunicación y sin las debi das garantías procesales, desde  1995.

Desapariciones forzadas y detenciones y arrestos arbitrarios

13)El Comité expresa su preocupación por las noticias de desapariciones forzadas y de la práctica generalizada de proceder a arrestos colectivos sin una orden judicial y de privar a personas de su libertad de forma arbitraria y prolongada sin pronunciar cargos ni ponerlas a disposición judicial. También preocupan al Comité la gran variedad de organismos y fuerzas de seguridad del Yemen que tienen facultades para arrestar y detener, y la ausencia de aclaraciones acerca de si esas facultades están establecidas en los instrumentos legislativos correspondientes, en particular la Ley de procedimiento penal. El Comité subraya que los arrestos sin orden judicial y la falta de supervisión judicial con respecto a la legalidad de la detención pueden propiciar la tortura y los malos tratos (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería tomar todas las medidas necesarias para luchar contra las desapariciones forzadas, los arrestos colectivos sin orden judicial y la detención arbitraria sin presentación de cargos ni puesta a disposición judicial. El Estado parte debería aclarar al Comité si las facultades de los diversos organismos y fuerzas de seguridad para arrestar y detener están establecidas en los instrumentos legislativos correspondientes, en particular la Ley de procedimiento penal, y debería reducir al mínimo el número de organismos y fuerzas de seguridad que disponen de esas facultades. Además, el Estado parte debería adoptar todas las disposiciones apropiadas para la aplicación de los instrumentos legislativos pertinentes, seguir reduciendo la duración de la detención previa a la presentación de cargos, e idear y aplicar alternativas a la privación de libertad, como la libertad condicional, la mediación, los servicios comunitarios o la condena condicional. El Comité pide al Estado parte información detallada acerca de toda investigación referida a la multitud de detenciones efectuadas presuntamente durante los " sucesos de Bani Hashish " en mayo de 2008.

Retención de familiares como rehenes

14)El Comité expresa gran preocupación porque al parecer se retiene a familiares, incluidos niños y ancianos, de presuntos delincuentes como rehenes, en ocasiones por períodos de varios años, para obligar a los presuntos delincuentes a entregarse a la policía, y destaca asimismo que dicha práctica atenta contra la Convención. A este respecto, el Comité observa con particular preocupación el caso de Mohammed Al-Baadani, que fue secuestrado en 2001 a los 14 años de edad por un jefe tribal porque su padre no había pagado unas deudas, y que al parecer sigue en una prisión del Estado sin que se haya fijado una fecha para el juicio (arts. 12 y 16).

El Estado parte debería poner fin, con carácter prioritario, a la práctica de retener a familiares de presuntos delincuentes como rehenes, y castigar a quienes incurran en ella. El Estado parte debería facilitar también información actualizada sobre el caso de Mohammed Al-Baadani.

Denuncias de ejecuciones extrajudiciales

15)Preocupan seriamente al Comité las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad y de otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas en diversos puntos del país, en particular en la provincia septentrional de Saada y en el sur del país (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas efectivas para que se investigue con prontitud, eficacia e imparcialidad la supuesta participación de miembros de las fuerzas del orden y de los organismos de seguridad en ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de los derechos humanos en la provincia septentrional de Saada y en el sur del país.

Las denuncias y su investigación pronta e imparcial

16)Sigue preocupando al Comité que al parecer no se investiguen con prontitud e imparcialidad las numerosas denuncias de tortura y malos tratos, ni se procese a los presuntos infractores. El Comité expresa su particular preocupación por la falta de claridad en cuanto a cuál es el organismo encargado de examinar cada denuncia de tortura o malos tratos formulada contra las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, el ejército o los funcionarios de prisiones, así como de iniciar la investigación del caso. El Comité lamenta también la falta de información, en particular estadísticas, sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos, sobre el resultado de todos los procedimientos, tanto por la vía penal como disciplinaria, y sobre su resolución (arts. 11, 12 y 16).

El Estado parte debería tomar más medidas para que se investiguen con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia todas las denuncias de tortura y malos tratos formuladas contra las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, el ejército o los funcionarios de prisiones. En particular, estas investigaciones no deberían estar a cargo o bajo la autoridad de la policía o el ejército, sino de un órgano independiente. En relación con los presuntos casos de tortura o malos tratos, los supuestos autores deberían ser suspendidos o trasladados de forma sistemática mientras dure la investigación, para evitar que puedan obstruir las pesquisas, o persistir en las presuntas conductas inadmisibles contrarias a la Convención.

El Estado parte debería enjuiciar a los infractores e imponerles penas apropiadas, para que los funcionarios del Estado responsables de prácticas contrarias a la Convención paguen por sus actos.

El Comité pide al Estado parte que facilite información, en particular estadísticas, sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos, sobre el resultado de todos los procedimientos, tanto por la vía penal como disciplinaria, y sobre su resolución. Esta información debería desglosarse por sexo, edad y origen étnico de los denunciantes, e indicar qué organismo llevó a cabo la investigación.

Procedimientos judiciales e independencia del poder judicial

17)Preocupa al Comité la supuesta falta de eficiencia e independencia del poder judicial, a pesar de las garantías constitucionales existentes y de las medidas adoptadas para reformar el poder judicial, en particular en el contexto de la Estrategia nacional de modernización y desarrollo del poder judicial (2005-2015). Le preocupa especialmente que esta situación pueda obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de tortura y malos tratos. En este sentido, preocupan al Comité las denuncias de injerencia del poder ejecutivo y la falta de seguridad en el cargo de los jueces. Si bien toma nota de que el artículo 150 de la Constitución del Yemen prohíbe sin excepción el establecimiento de tribunales especiales, el Comité también se muestra preocupado por la creación en virtud del Decreto republicano de 1999 del tribunal penal especializado, y las informaciones de que éste no respeta la normativa internacional sobre el juicio imparcial (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería tomar todas las medidas necesarias para establecer y asegurar la independencia e imparcialidad plenas del sistema judicial en el ejercicio de sus funciones, y para que se cumpla la normativa internacional, en particular los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. A este respecto, el Estado parte debería velar por que el poder judicial no sea objeto de injerencia alguna, en particular del poder ejecutivo, ni en la normativa ni en la práctica. El Estado parte también debería dotar de mayores competencias a los jueces y fiscales con respecto a la apertura de investigaciones y al enjuiciamiento de los casos de tortura y malos tratos, y en lo que se refiere a la legalidad de la detención, en particular dando a los jueces y fiscales una formación adecuada sobre las obligaciones del Estado parte dimanantes de la Convención.

El Comité pide al Estado parte que presente información detallada sobre las actuales garantías jurídicas relativas a la seguridad de los jueces en el cargo, así como sobre su aplicación. En particular, debería facilitarse información sobre el procedimiento utilizado para nombrar a los jueces, la duración de su mandato, las normas constitucionales o legislativas que rigen su inamovilidad en el cargo y la forma en que pueden ser destituidos.

Asimismo, el Estado parte debería disolver el Tribunal Penal Especializado, ya que los juicios celebrados por este tribunal excepcional vulneran los principios básicos de la celebración de un juicio imparcial.

Sanciones penales

18)Sigue preocupando al Comité que la ley todavía autorice ciertas sanciones penales (denominadas penas hadd), como la flagelación, los azotes e incluso la amputación de miembros, y que dichas sanciones sigan aplicándose en el Estado parte, en infracción de la Convención. También preocupa al Comité que, al parecer, los tribunales de todo el país impongan penas de flagelación casi a diario por presuntos delitos relacionados con el alcohol y el sexo, y que estas penas se ejecuten inmediatamente, en público y sin posibilidad de apelación. También le preocupa la gran discreción de que disponen los jueces para imponer estas sanciones, y la forma discriminatoria en que se aplican a los diferentes grupos, en particular las mujeres (arts. 1 y 16).

El Estado parte debería poner fin inmediatamente a esas prácticas y modificar su legislación en consecuencia, sobre todo en lo que respecta a los efectos discriminatorios de esas sanciones en los diferentes grupos, en particular las mujeres, para hacerla plenamente compatible con la Convención.

Desplazados internos

19)Preocupa seriamente al Comité el elevado número de desplazados internos en la provincia septentrional de Saada, y el hecho de que al parecer el Estado parte no haya adoptado suficientes medidas para asegurar la protección de las personas afectadas por el conflicto en el norte, especialmente los desplazados internos actualmente confinados en campamentos (arts. 12 y 16).

El Estado parte debería tomar todas las medidas necesarias para asegurar la protección de las personas afectadas por el conflicto en la provincia septentrional de Saada, especialmente los desplazados internos actualmente confinados en campamentos.

Defensores de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas y otras personas en situación de riesgo

20)El Comité observa con preocupación, junto con los sucesos acaecidos recientemente en la región de Saada, las denuncias de que numerosos opositores al Gobierno, entre ellos defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas, han sido objeto de detenciones y arrestos arbitrarios, y han permanecido recluidos en régimen de incomunicación durante períodos de varios días e incluso meses, sin acceso a un abogado ni posibilidad de impugnar ante los tribunales la legalidad de su detención. El Comité lamenta la falta de información sobre las eventuales investigaciones referentes a estas denuncias (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería hacer todo lo necesario para que todas las personas, incluidas las que vigilan la situación de los derechos humanos, estén protegidas de toda forma de intimidación o violencia derivada de sus actividades y del ejercicio de las garantías de los derechos humanos, y velar por la investigación pronta, imparcial y eficaz de tales actos, así como enjuiciar y castigar a sus autores con penas adecuadas al carácter de dichas conductas. El Estado parte debería facilitar información sobre las investigaciones que se realicen respecto de los sucesos acaecidos recientemente en la región de Saada y sobre los resultados de esas investigaciones.

Imposición de la pena de muerte

21)Preocupan profundamente al Comité las informaciones de que se ha condenado a muerte a niños de entre 15 y 18 años. Asimismo, el Comité expresa preocupación por las condiciones de reclusión de los condenados a muerte, que pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante, en particular por la duración excesiva de la espera de ejecución. También preocupa al Comité que el informe del Estado parte no incluya datos sobre el número de personas ejecutadas durante el período abarcado por el informe, sobre los delitos por los que fueron condenadas, ni sobre el número de condenados en espera de ejecución, desglosados por sexo, edad, origen étnico y delito (art. 16).

El Comité recomienda que el Estado parte considere la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Hasta entonces, el Estado parte debería revisar su política en cuanto a la imposición de la pena de muerte, y en particular tomar las disposiciones necesarias para que esta pena no se aplique a los niños. Además el Estado parte debería velar por que su legislación prevea la posibilidad de conmutar la pena de muerte, especialmente cuando haya transcurrido mucho tiempo desde su imposición. El Estado parte debería asegurar que todos los condenados a muerte gocen de la protección prevista en la Convención y reciban un trato humano.

El Comité pide al Estado parte información detallada sobre el número exacto de personas ejecutadas en el período a que se refiere su informe, sobre los delitos por los que fueron condenadas, y sobre si se ha condenado a muerte y ejecutado a algún niño. El Estado parte también debería indicar cuántos condenados están en espera de ejecución actualmente, y desglosar esa información por sexo, edad, origen étnico y delito.

No devolución

22)Siguen preocupando al Comité los numerosos casos de regreso forzado de nacionales extranjeros, en particular a la Arabia Saudita, Egipto y Eritrea, sin que los interesados puedan oponerse a ello mediante la interposición de un recurso efectivo, lo cual puede constituir un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Convención. El Comité también lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para cerciorarse de que esos nacionales extranjeros no corren peligro de ser sometidos a torturas o a tratos inhumanos o degradantes en el país de destino, y que no serán trasladados posteriormente a otro país donde puedan correr un peligro real de ser sometidos a tortura o malos tratos, así como el hecho de que el Estado parte no haya adoptado ninguna medida de seguimiento a este respecto (art. 3).

El Estado parte no debería proceder, en ninguna circunstancia, a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos. El Estado parte debería velar por la plena aplicación del artículo 3 de la Convención y por que las personas que estén bajo su jurisdicción reciban la consideración debida de las autoridades competentes y se les garantice un trato justo en todas las etapas del procedimiento, incluida la oportunidad de un examen eficaz, independiente e imparcial de las decisiones de expulsión, devolución o extradición.

Al determinar la aplicabilidad de sus obligaciones en materia de no devolución contraídas en virtud del artículo 3 de la Convención, el Estado parte debería examinar cuidadosamente el fondo de cada caso y cerciorarse de que existen mecanismos judiciales adecuados para la revisión de la decisión y un dispositivo eficaz para supervisar la situación después de la devolución. Este proceso de evaluación también debería aplicarse cuando el interesado pueda constituir una amenaza para la seguridad.

Institución nacional de derechos humanos

23)El Comité observa que, aunque el Estado parte está estudiando su creación, todavía no se ha establecido una institución nacional de derechos humanos independiente. El Comité también observa que el Ministerio de Derechos Humanos tiene el cometido de recibir denuncias, pero lamenta la falta de información sobre la manera en que se atienden las denuncias que recibe, su investigación, el procesamiento de los culpables y las sanciones penales y/o administrativas impuestas (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería, de forma prioritaria, seguir trabajando en el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos que sea conforme con los Principios relativos al estatuto y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París) aprobados por la Asamblea General en su resolución 48/134. El Comité también pide al Estado parte que facilite información, con datos estadísticos, sobre las denuncias recibidas por el Ministerio de Derechos Humanos, su investigación, el procesamiento de los culpables y las sanciones penales y/o administrativas impuestas.

La situación de las mujeres privadas de libertad

24)El Comité expresa honda preocupación por la información de que las cárceles no son aptas para mujeres y de que no hay funcionarias de prisiones en las cárceles de mujeres, con la excepción de la de Hajjah, ni atención específica de la salud de las reclusas, incluidas las embarazadas y sus hijos. Los funcionarios de prisiones suelen acosar, humillar y maltratar a las mujeres privadas de libertad y hay denuncias de violencia sexual, incluso violaciones, contra reclusas. El Comité reitera su preocupación en lo que respecta a la situación de ciertas mujeres que, aunque hayan cumplido sus penas, permanecen en prisión por períodos prolongados, debido a que sus tutores o familias se niegan a recibirlas en casa una vez cumplidas sus penas o a que no pueden pagar el dinero de sangre exigido como condena (CAT/C/CR/31/4, párr. 6 h)). El Comité expresa también preocupación porque la mayoría de las mujeres en prisión han sido condenadas por prostitución, adulterio, alcoholismo, conducta ilícita o indecente en público o en privado y violación de las restricciones de circulación impuestas por las tradiciones familiares y la legislación yemení; el Comité también observa con preocupación que esas condenas se imponen discriminatoriamente a las mujeres (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para prevenir la violencia sexual contra las mujeres privadas de libertad, en particular revisando las políticas y los procedimientos de custodia y trato de los presos, garantizando la separación entre hombres y mujeres, aplicando la reglamentación por la que se exige que las reclusas estén bajo la vigilancia de funcionarias de prisiones y vigilando y documentando los casos de violencia sexual durante la privación de libertad.

El Estado parte debería también adoptar medidas eficaces para asegurar que las reclusas que presuntamente hayan sido víctimas de abusos sexuales puedan denunciarlo sin temor a que los funcionarios de prisiones las castiguen; proteger a las reclusas que denuncien abusos sexuales de las represalias del autor o los autores; investigar y enjuiciar pronta, eficaz e imparcialmente todos los casos de abusos sexuales durante la privación de libertad; y facilitar a las víctimas de abusos sexuales privadas de libertad atención médica y psicológica confidencial, así como acceso a la reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación, según proceda. El Comité pide al Estado parte que proporcione datos, desglosados por sexo, edad y origen étnico, sobre las víctimas de abusos sexuales e información sobre la investigación, el procesamiento y el castigo de los autores.

Además, el Estado parte debería velar por que las mujeres encarceladas tengan acceso a servicios adecuados de salud, y prever programas de rehabilitación para reinsertarlas en la comunidad a pesar de la negativa del tutor o la familia a recibirlas. En ese sentido, el Comité pide al Estado parte que lo informe de las medidas adoptadas para crear " casas de reinserción " para esas mujeres, como recomendó el Comité en sus observaciones finales anteriores (CAT/C/CR/31/4, párr. 7 k)).

Niños privados de libertad

25)El Comité sigue profundamente preocupado por que se continúe privando de libertad a niños, incluso de tan sólo 7 u 8 años de edad; está también preocupado porque a menudo no se separa a los niños de los adultos en las instituciones penitenciarias y esos niños suelen ser víctimas de malos tratos. El Comité sigue también preocupado por la muy baja edad de responsabilidad penal (7 años) y otras deficiencias del sistema de justicia de menores (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería aumentar urgentemente la edad mínima de responsabilidad penal para ajustarla a las normas internacionales generalmente aceptadas. El Estado parte debería adoptar también todas las medidas necesarias para reducir considerablemente el número de niños detenidos y velar por que no se encarcele a menores de 18 años de edad con adultos, que haya medidas sustitutivas de la privación de libertad, como la libertad condicional, los trabajos comunitarios o la condena condicional, que los profesionales de la recuperación y la reinserción social de los niños estén adecuadamente capacitados y que la privación de libertad se utilice sólo como último recurso, durante el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas. A ese respecto, el Comité reitera las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/15/Add.267, párrs. 76 y 77). El Comité pide al Estado parte que proporcione estadísticas sobre el número de niños detenidos, desglosadas por sexo, edad y origen étnico.

Capacitación

26)El Comité toma nota de la información detallada del informe del Estado parte sobre los programas de capacitación y concienciación. No obstante, está preocupado por la falta de información sobre los programas de concienciación y capacitación de los miembros del Departamento de Seguridad Política, la Dirección de Seguridad Nacional y el Ministerio del Interior, así como sobre los programas de capacitación de los jueces, los fiscales, los médicos forenses y los miembros del personal médico que se ocupan de las personas privadas de libertad para que detecten y documenten las secuelas físicas y psicológicas de la tortura. El Comité lamenta también la falta de información sobre el seguimiento y la evaluación del efecto de sus programas de capacitación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos (art. 10).

El Estado parte debería desarrollar y fortalecer los programas educativos para que todos los funcionarios, en particular los agentes de policía, el personal de seguridad, los miembros del ejército y los funcionarios de prisiones, conozcan plenamente las disposiciones de la Convención, no se toleren y sean investigadas las infracciones y que se enjuicie a los infractores. En ese sentido, se solicita al Estado parte que proporcione información sobre los programas de concienciación y capacitación de los miembros del Departamento de Seguridad Política, la Dirección de Seguridad Nacional y el Ministerio del Interior. Además, todo el personal competente debería recibir capacitación específica sobre la manera de detectar los indicios de tortura y malos tratos y esa capacitación debería incluir el uso del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), que se debería proporcionar a los médicos y se debería utilizar efectivamente. Además, el Estado parte debería evaluar la eficacia y la repercusión de esos programas de capacitación/educación.

Reparación, en particular indemnización y rehabilitación

27)El Comité reitera su preocupación por la falta de información sobre las modalidades de indemnización y rehabilitación de las víctimas de tortura y malos tratos por el Estado parte (CAT/C/CR/31/4, párr. 6 g)), así como sobre el número de víctimas de tortura y malos tratos que hayan podido recibir indemnización y las sumas concedidas en esos casos. El Comité lamenta también la falta de información sobre los servicios de tratamiento y rehabilitación social y otras formas de asistencia, incluida la rehabilitación médica y psicosocial, prestados a esas víctimas (art. 14).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para proporcionar a las víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización decretadas por los tribunales y proporcionadas a las víctimas de tortura o sus familias durante el período examinado. Esa información debería incluir el número de solicitudes presentadas y el número de indemnizaciones y las sumas concedidas y efectivamente abonadas en cada caso. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre los programas de reparación vigentes, con inclusión del tratamiento del trauma y otras formas de rehabilitación proporcionadas a las víctimas de tortura y malos tratos, así como la asignación de recursos suficientes para que esos programas funcionen eficazmente.

Confesiones obtenidas por la fuerza

28)Aunque el Comité observa que las garantías constitucionales y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal establecen la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, está preocupado por las denuncias de numerosos casos de confesiones obtenidas bajo coacción y por la falta de información sobre los funcionarios procesados y condenados por ello (art. 15).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para asegurar que las confesiones obtenidas bajo tortura o coacción sean inadmisibles en los tribunales en todos los casos, de conformidad con la legislación nacional y las disposiciones del artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que presente información sobre la aplicación de las disposiciones por las que se establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo coacción e indique si se ha procesado y condenado a algún funcionario por obtener confesiones de ese modo.

Violencia doméstica

29)El Comité observa la referencia del informe del Estado parte a la aprobación de la Ley Nº 6 de 2008 relativa a la protección contra la violencia doméstica (CAT/C/YEM/2, párrs. 132 a 146), pero lamenta que se haya facilitado información muy escasa sobre su contenido y aplicación. El Comité observa con preocupación que la violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica, sigue siendo frecuente en el Yemen. El Comité está también preocupado porque, al parecer, las mujeres tienen dificultades para presentar denuncias y tratar de obtener reparación en lo que respecta a ese tipo de violencia. El Comité está también preocupado porque el artículo 232 del Código Penal dispone que un hombre que mate a su mujer o a un familiar del sexo femenino de quien se sospeche que ha cometido adulterio no está sujeto a procesamiento por asesinato, sino por un delito menos grave. El Comité expresa también su preocupación por la falta de datos, en particular de estadísticas, sobre las denuncias, los procesamientos y las condenas en relación con los homicidios cometidos contra mujeres por sus maridos o familiares varones y la violencia doméstica (arts. 1, 2, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos por prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica. Se alienta al Estado parte a participar directamente en los programas de rehabilitación y asistencia letrada y a llevar a cabo campañas de concienciación más amplias de los funcionarios (jueces, funcionarios judiciales, agentes del orden y trabajadores sociales) que están en contacto directo con las víctimas. El Comité recomienda también al Estado parte que establezca procedimientos claros para la presentación de denuncias de violencia contra la mujer y cree secciones de la mujer en las comisarías de policía y las fiscalías para que se encarguen de esas denuncias e investigaciones.

El Estado parte debería derogar el artículo 232 del Código Penal para que los homicidios cometidos contra mujeres por sus maridos o familiares varones se enjuicien y sancionen de la misma manera que cualquier otro. El Estado parte debería redoblar también sus esfuerzos en lo que respecta a la investigación y la recopilación de datos sobre la magnitud de la violencia doméstica y los homicidios cometidos contra mujeres por sus maridos o familiares varones, y el Comité le pide también que proporcione datos estadísticos sobre las denuncias, los procesamientos y las condenas a ese respecto.

Trata de personas

30)El Comité expresa su preocupación por las denuncias de trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, entre otros, incluidas las denuncias de trata de niños del Yemen, principalmente con destino a la Arabia Saudita. El Comité está también preocupado por la falta de información general sobre el alcance de la trata en el Estado parte, incluido el número de denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas de responsables de trata, así como sobre las medidas concretas adoptadas para prevenir y combatir esos fenómenos (arts. 1, 2, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos por prevenir y combatir la trata de mujeres y niños y colaborar estrechamente con las autoridades de la Arabia Saudita en lo que respecta a los casos de lucha contra la trata de niños. El Estado parte debería proteger a las víctimas y asegurar su acceso a servicios médicos, sociales, jurídicos y de rehabilitación, así como a apoyo psicológico, según proceda. El Estado parte debería también crear las condiciones adecuadas para que las víctimas ejerzan su derecho a presentar denuncias, investigar pronta, imparcial y eficazmente todas las denuncias de trata y asegurarse de que se lleve a los responsables ante la justicia y se les impongan penas acordes con la naturaleza de sus delitos. El Comité pide al Estado parte que proporcione información sobre las medidas adoptadas para prestar asistencia a las víctimas de la trata, así como datos estadísticos sobre el número de denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas relacionados con la trata.

Matrimonios precoces

31)El Comité está profundamente preocupado por la modificación de la Ley Nº 20 de 1992, relativa al estatuto personal, mediante la Ley Nº 24 de 1999, por la que se legalizó el matrimonio de las niñas menores de 15 años de edad con el consentimiento de sus tutores. El Comité expresa su preocupación por la "legalidad" de esos matrimonios precoces de niñas, algunas de tan sólo 8 años de edad, y subraya que constituyen violencia contra ellas, así como tratos inhumanos o degradantes y, por lo tanto, son contrarios a la Convención (arts. 1, 2 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas legislativas urgentes a fin de elevar la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y en el artículo 16, párrafo 2, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, relativo al matrimonio de niños, y debería establecer también que los matrimonios de niños no tienen efectos jurídicos. El Comité también insta al Estado parte a que haga cumplir la disposición relativa al registro de todos los matrimonios a fin de supervisar su legalidad y la prohibición estricta de los matrimonios precoces, y a enjuiciar a quienes infrinjan dichas disposiciones, de acuerdo con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/YEM/CO/6, párr. 31) y el examen periódico universal (A/HRC/12/13).

Reunión de datos

32)El Comité lamenta la falta de datos exhaustivos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos por agentes de policía, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, así como sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata y la violencia doméstica y sexual (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería recopilar los datos estadísticos pertinentes para supervisar la aplicación de la Convención en el plano nacional, con inclusión de datos sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trata y violencia doméstica y sexual, así como sobre los medios de reparación, con inclusión de la indemnización y la rehabilitación, proporcionada a las víctimas.

Cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas

33)El Comité recomienda al Estado parte que estreche su colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular permitiendo las visitas de, entre otros, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

34)Tomando nota del compromiso contraído por el Estado parte en el contexto del examen periódico universal (A/HRC/12/13, párr. 93 4)), el Comité le recomienda que estudie la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes lo antes posible.

35)El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

36)Con referencia a sus observaciones finales anteriores (CAT/C/CR/31/4, párr. 4 d)), el Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

37)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

38)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos internacionales de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

39)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité, y las presentes observaciones finales de carácter provisional, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

40)El Comité pide al Estado parte que proporcione respuestas y observaciones sobre las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales provisionales, incluidas las solicitudes de información del Comité, el 15 de febrero de 2010, a más tardar. De conformidad con el artículo 66, párrafo 2 b), de su reglamento, el Comité examinará las presentes observaciones finales provisionales a la luz de las respuestas y las observaciones del Estado parte y aprobará las observaciones finales definitivas en su próximo período de sesiones.

57. Austria

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Austria (CAT/C/AUT/4-5) en sus sesiones 940ª y 942ª (CAT/C/SR.940 y 942), celebradas los días 5 y 6 de mayo de 2010, y aprobó en su 950ª sesión (CAT/C/SR.950) las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación puntual de los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Austria y las respuestas a la lista de cuestiones. Sin embargo, lamenta que el informe no siga las directrices del Comité sobre la presentación de informes.

3)El Comité aprecia los constructivos esfuerzos hechos por la delegación de alto nivel para proporcionar información y explicaciones adicionales durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

4)El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del tercer informe periódico del Estado parte, éste ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (26 de septiembre de 2008);

b)Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (12 de octubre de 2006);

c)Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos (30 de agosto de 2006).

5)El Comité toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para revisar su legislación con miras a cumplir las recomendaciones del Comité y mejorar la aplicación de las convenciones, por ejemplo:

a)La entrada en vigor, el 1º de enero de 2008, de la Ley de reforma del procedimiento penal y las enmiendas al Código de Procedimiento Penal. En particular, el Comité acoge con satisfacción las disposiciones sobre:

i)La prohibición de presentar pruebas obtenidas por medio de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, u otros métodos de interrogatorio ilícitos;

ii)La obligación de los tribunales de señalar inmediatamente y de oficio al fiscal los casos en que las pruebas se hayan presuntamente obtenido por estos medios ilícitos;

iii)La referencia explícita al derecho del acusado a guardar silencio;

iv)El derecho a ponerse en contacto con un abogado antes del interrogatorio;

v)El derecho del acusado a ser asistido por un intérprete;

vi)El derecho del acusado a examinar el expediente policial sobre el caso;

b)La entrada en vigor, en junio de 2009, de la Ley de protección adicional contra la violencia, que modifica la Ley sobre las víctimas de delitos y amplía la gama de servicios y asistencia en favor de las víctimas de delitos, incluidas las víctimas de la violencia de género.

6)El Comité también celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de velar por una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular:

a)La adopción de una posición firme y de principios contra la utilización de garantías diplomáticas para facilitar el traslado de personas a un país en el que puedan correr el riesgo de sufrir torturas u otras penas inhumanas o degradantes;

b)La aprobación de dos planes de acción nacionales de lucha contra la trata de seres humanos para los períodos 2007-2009 y 2009-2011;

c)La creación del Comité de coordinación para proteger a los niños de la explotación sexual, encargado de coordinar y evaluar permanentemente la aplicación de los compromisos internacionales del Estado parte en el ámbito de la lucha contra el abuso sexual de los niños;

d)La publicación, en marzo de 2010, del informe sobre la visita a Austria en febrero de 2009 del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y de la respuesta del Estado parte a ese informe.

7)El Comité aprecia que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a los mecanismos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

8)Si bien observa que el Estado parte está preparando una modificación del Código Penal para incluir una definición de tortura, el Comité sigue preocupado porque el Estado parte todavía no ha tipificado en su derecho interno el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención (arts. 1 y 4).

El Comité reitera su anterior recomendación (A/54/44, párr. 50 a) y CAT/C/AUT/CO/3, párr. 6) de que el Estado parte tipifique en su derecho interno el delito de tortura y adopte una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debería velar por que esos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención.

Salvaguardias fundamentales

9)Preocupan al Comité las restricciones impuestas por el Estado parte al ejercicio del derecho de las personas arrestadas o detenidas a comunicarse con un abogado, y a que éste se encuentre presente durante los interrogatorios. A este respecto, el Comité observa con preocupación que, de conformidad con el artículo 59 1) del Código de Procedimiento Penal enmendado, los agentes de policía puedan supervisar las entrevistas entre las personas arrestadas o detenidas y su abogado, e impedir la presencia del abogado durante los interrogatorios si esto "resulta necesario para prevenir la interferencia en las investigaciones en curso o la alteración o destrucción de pruebas". En tal caso, habrá de hacer, si es posible, una grabación sonora o visual del interrogatorio (artículo 164, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal). También preocupa al Comité el contenido del párrafo 24 de la instrucción interna (Erlass) Ref. BMI-EE1500/0007-II/2/a/2009 del Ministerio Federal del Interior de fecha 30 de enero de 2009, del que parece deducirse que la policía no tiene la obligación de retrasar los interrogatorios para permitir que el abogado esté presente (arts. 2 y 11).

El Comité reitera su recomendación (CAT/C/AUT/CO/3, párr. 11) de que el Estado parte adopte todas las salvaguardias legales y administrativas necesarias para garantizar a los sospechosos el derecho al acceso confidencial a un abogado, en particular durante la detención, y a la asistencia letrada desde el momento del arresto e independientemente de la naturaleza del presunto delito. El Estado parte también debería ampliar el uso de grabaciones audiovisuales a todas las comisarías de policía y centros de detención, no sólo en las salas de interrogatorio sino también en las celdas y los corredores.

El Estado parte debería modificar sin demora el párrafo 24 de la instrucción interna mencionada para evitar situaciones que puedan privar a los detenidos del derecho a una defensa eficaz en una etapa fundamental de los procedimientos y exponerlos al riesgo de tortura o malos tratos.

Menores infractores

10)El Comité observa que, de conformidad con el artículo 164, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal enmendado, los menores infractores no pueden ser interrogados en ausencia de un abogado. No obstante, el Comité recibió información según la cual menores infractores, algunos de 14 años de edad, habían sido interrogados por la policía, en ocasiones durante períodos prolongados, y se les había pedido que firmaran declaraciones sin que estuviera presente una persona de confianza o un abogado (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para que el sistema de justicia juvenil funcione adecuadamente y cumpla las normas internacionales, y para que los menores siempre sean oídos en presencia de un representante legal.

Asistencia jurídica

11)El Comité toma nota del programa de asistencia legal iniciado por el Ministerio Federal de Justicia y el Colegio Federal de Abogados. Sin embargo, sigue preocupando al Comité la información según la cual todavía hay deficiencias en la aplicación práctica del derecho a acceder a un abogado durante la custodia policial, en particular en lo que hace a la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado (art. 2).

El Comité reitera su recomendación (CAT/C/AUT/CO/3, párr. 12) de que el Estado parte considere la posibilidad de establecer un sistema de asistencia jurídica completo y adecuadamente financiado. A este respecto, el Comité recuerda las recomendaciones que formuló en 2004 y 2009 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. El Comité contra la Tortura también recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para proporcionar un sistema de asistencia jurídica gratuito y eficaz, en particular a los sospechosos indigentes.

Composición del personal de la policía y el sistema penitenciario

12)Si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar la representación de las mujeres y las minorías étnicas en el cuerpo de policía, que tendrán efectos positivos en la actuación policial, en particular en los casos de violencia de género y de discriminación, el Comité está preocupado por el hecho de que la representación de las mujeres y las comunidades étnicas minoritarias en la policía y el sistema penitenciario siga siendo muy baja (art. 2).

El Estado parte debería proseguir sus esfuerzos para diversificar la composición del personal de la policía y los servicios penitenciarios, y ampliar las compañas de contratación a las comunidades étnicas minoritarias de todo el país. El Comité invita al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, facilite información sobre las medidas que haya adoptado para mejorar esa representación, así como información estadística detallada sobre la composición del personal de la policía y el sistema penitenciario.

No devolución y acceso a un procedimiento de asilo justo y rápido

13)El Comité acoge con satisfacción las modificaciones de la Ley de asilo tras la sentencia del Tribunal Constitucional G151/02, de 12 de diciembre de 2002, que atendió a la preocupación expresada en las anteriores observaciones finales del Comité (CAT/C/AUT/CO/3). Preocupa al Comité que, en virtud del artículo 12 a) de la Ley de asilo revisada, quienes vuelvan a presentar una solicitud de protección internacional basada en nuevos motivos no puedan obtener la suspensión de la expulsión si la solicitud se ha presentado en los dos días anteriores a la fecha establecida para la deportación y, por consiguiente, corran el riesgo de devolución. Asimismo, las personas cuya primera solicitud de asilo fue desestimada con arreglo al reglamento Dublín II no tienen derecho, al repetir su solicitud, a la protección de hecho contra la expulsión (faktischer Abschiebeschutz), un permiso de residencia que se otorga a los solicitantes de asilo durante el procedimiento de admisión e impide la expulsión de Austria. El Comité observa con preocupación que, en ambas situaciones, los solicitantes de asilo no disponen de un recurso efectivo. También preocupa al Comité la información, presentada por el Estado parte, según la cual la apelación contra una denegación de asilo por cuestiones de procedimiento —a diferencia de la debida a cuestiones de fondo— no tiene un efecto suspensivo automático (art. 3) (véase la carta del Relator para el seguimiento de las observaciones finales de fecha 15 de noviembre de 2008).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar a las personas que se hallen bajo su jurisdicción un trato justo en todas las fases del procedimiento y, en particular, la posibilidad de una revisión efectiva, imparcial e independiente de la decisión de expulsión, devolución o deportación.

14)El Comité toma nota de que las disposiciones legales relativas a las necesidades básicas de los solicitantes de asilo, incluida la asistencia sanitaria, previstas en la Ley federal de asistencia (2005) y en el Acuerdo sobre apoyo básico (2004), han sido adoptadas por todos los Länder, tal como recomendó el Comité en sus anteriores observaciones finales (CAT/C/AUT/CO/3, párr. 17). No obstante, preocupa al Comité la información según la cual la legislación prevé motivos amplios para retirar y cesar la atención, como la presentación de una nueva solicitud dentro de los seis meses de pronunciada una decisión negativa en un procedimiento anterior (art. 16).

El Estado parte debería adoptar medidas efectivas para velar por que los solicitantes de asilo necesitados no se vean privados de condiciones de acogida adecuadas, incluidos el alojamiento y la asistencia sanitaria, y por que reciban un apoyo social adecuado a través de los procedimientos de asilo.

Capacitación

15)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte acerca de los programas de capacitación de los jueces, fiscales, funcionarios de policía y demás agentes del orden. No obstante, el Comité lamenta la escasa información facilitada acerca del seguimiento y la evaluación de esos programas de capacitación, y la falta de información disponible sobre los efectos y la eficacia de la capacitación realizada para reducir los casos de tortura y malos tratos (art. 10).

El Estado parte debería:

Seguir preparando y ejecutando programas de capacitación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden y funcionarios de prisiones sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, no se toleren y sean investigadas las infracciones y se enjuicie a los infractores;

Velar por que todo el personal pertinente reciba capacitación específica sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul);

Desarrollar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia y la repercusión de esos programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos.

Condiciones de privación de libertad

16)Preocupa al Comité la política de detención que se aplica a los solicitantes de asilo, y en particular las denuncias de que se los mantiene en centros de detención de la policía destinados a delincuentes y autores de infracciones administrativas (Polizeianhaltezentrum – PAZ), y que en ocasiones permanecen confinados en sus celdas durante 23 horas diarias, sólo se les permite recibir visitas en locutorios y no tienen acceso a asistencia médica o jurídica calificada. A este respecto, el Comité lamenta la modificación del marco legislativo resultante de la última reforma de la Ley de asilo y la Ley de policía de extranjería, que entró en vigor el 1º de enero de 2006. De conformidad con el párrafo 2a del nuevo artículo 76 de la Ley de policía de extranjería, la detención de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes estén en trámite o hayan sido rechazadas por motivos de procedimiento será obligatoria en ciertas circunstancias, a saber, cuando se considere necesario para proceder a la expulsión (art. 11).

De conformidad con las inquietudes expresadas por otros órganos internacionales y regionales de derechos humanos pertinentes, el Estado parte debería:

a) Velar por que la detención de los solicitantes de asilo se emplee sólo en circunstancias excepcionales o como medida de último recurso;

b) Considerar la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la detención y poner fin a la práctica de detener a los solicitantes de asilo en centros policiales;

c) Adoptar medidas inmediatas y efectivas para velar por que los solicitantes de asilo detenidos a la espera de la deportación permanezcan en centros de detención específicamente concebidos para ese propósito, que ofrezcan las condiciones materiales y el régimen apropiados a la situación jurídica de estas personas;

d) Velar por que los solicitantes de asilo tengan pleno acceso a asistencia jurídica gratuita y calificada, servicios médicos adecuados y actividades ocupacionales, y disfruten de su derecho a recibir visitas.

17)Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de vida en los centros de detención, incluidas diversas medidas legislativas (Haftenlastungspaket) destinadas a reducir el período de espera para obtener la libertad condicional y las causales de prisión preventiva, el Comité está preocupado por el persistente hacinamiento en los lugares de detención, en particular las cárceles de Josefstadt y Simmerig II en Viena, así como la insuficiencia de personal. También preocupa al Comité la reintroducción en junio de 2009 del uso de dispositivos de descarga eléctrica (Taser) en el servicio penitenciario (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para aliviar el hacinamiento en las instituciones penitenciarias, en particular mediante el recurso a medidas alternativas a la detención y la creación de los centros penitenciarios adicionales necesarios. El Estado parte también debería adoptar medidas adecuadas para aumentar la dotación de personal en general y el número de funcionarias de prisiones en particular.

El Comité reitera su preocupación por el hecho de que el uso de dispositivos de descarga eléctrica puede provocar dolores intensos equivalentes a tortura y, en ciertos casos, incluso la muerte. El Estado parte debería considerar la posibilidad de renunciar al uso de estos dispositivos para inmovilizar a los detenidos, dado que su empleo da lugar a violaciones de la Convención.

18)Si bien toma nota del Programa de prevención del suicidio creado por el Ministerio Federal de Justicia en diciembre de 2007, el Comité estima que el número de suicidios y demás muertes repentinas en los centros de detención es, aparentemente, elevado (art. 11).

El Estado parte debería aumentar sus esfuerzos para prevenir los suicidios y demás muertes repentinas en todos los lugares de detención. El Comité insta al Estado parte a que investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial todas las muertes de detenidos, evalúe la atención de salud recibida por los reclusos y toda posible responsabilidad del personal de prisiones, y proporcione, cuando corresponda, la debida indemnización a las familias de las víctimas.

Además, en el próximo informe periódico debería incluirse información sobre las investigaciones independientes de los casos de suicidio y demás muertes repentinas y sobre las directrices de prevención del suicidio que se hayan adoptado.

Investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales

19)El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado datos estadísticos suficientes sobre las denuncias de tortura y malos tratos, así como la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de estas denuncias. El Comité observa con inquietud que las víctimas de casi la mitad de los incidentes ocurridos en 2009 eran extranjeros. A este respecto, el Comité sigue preocupado por el alto nivel de impunidad en los casos de brutalidad policial, en particular los que parecen obedecer a motivos raciales. Hasta enero de 2010, una dependencia especial del Ministerio Federal del Interior —la Oficina de Asuntos Internos— era la encargada de investigar las denuncias de tortura y malos tratos y de informar al fiscal competente acerca del resultado de la investigación interna. Aunque la Oficina de Asuntos Internos presentaba una copia de sus informes al Consejo Consultivo de Derechos Humanos, los miembros de esta institución nacional de derechos humanos no estaban facultados para realizar labores de investigación. Desde la entrada en vigor de la Ley federal de creación y organización de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, el 1º de enero de 2010, la Oficina de Asuntos Internos pasó a ser la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción que, según la información proporcionada por la delegación, es "un órgano autónomo con respecto a las estructuras tradicionales de las fuerzas del orden, que realiza investigaciones independientes en estrecha cooperación con los fiscales" (arts. 12 y 13).

El Comité recomienda que el Estado parte:

Adopte medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes se investiguen de forma pronta e imparcial, se enjuicie debidamente a sus autores y, si se los declara culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos, y se proporcione a las víctimas una indemnización adecuada, incluida su completa rehabilitación;

Refuerce y amplíe el mandato de la Oficina del Defensor del Pueblo para incluir la protección y la promoción de todos los derechos humanos, de conformidad con los Principios de París;

Reúna datos claros y fiables sobre los actos de tortura y abuso ocurridos durante la custodia policial y en otros lugares de detención;

El Estado parte debería presentar al Comité información adicional sobre el mandato de la nueva Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción y los procedimientos establecidos para llevar a cabo investigaciones independientes de todas las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del orden. El Estado parte también debería facilitar al Comité información sobre los casos de tortura y malos tratos en los que las circunstancias agravantes descritas en el artículo 33 del Código Penal, como el racismo y la xenofobia, se hayan invocado en la determinación de las sanciones de esos delitos.

20)El Comité sigue profundamente preocupado por la levedad de las sentencias impuestas por los tribunales austríacos en los casos de tortura y otros malos tratos cometidos por agentes del orden. En particular, preocupa al Comité el caso del Sr. Cheibani Wague, ciudadano mauritano fallecido el 16 de julio 2003, en Viena, al ser inmovilizado por agentes de policía y un equipo médico de emergencia durante su arresto. En noviembre de 2009, el doctor de la ambulancia y uno de los agentes de policía recibieron una condena condicional de siete meses de prisión que, en el caso del agente de policía, fue reducida a cuatro meses tras un procedimiento de apelación. El Comité también expresa su preocupación por el caso del Sr. Mike B., docente estadounidense de raza negra que fue golpeado en febrero de 2009 por policías de paisano en el metropolitano de Viena (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería:

Velar por que se realicen investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de las denuncias de tortura y malos tratos, enjuiciar y castigar a los autores de esos actos y proporcionar reparación y rehabilitación efectivas a las víctimas;

Velar por que las sentencias en los casos de tortura y malos tratos sean acordes con la gravedad del delito;

Informar al Comité de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el caso del Sr. Mike B., así como de los enjuiciamientos y condenas conexos.

Reparación, indemnización y rehabilitación

21)Si bien observa que la información proporcionada por el Estado parte, según la cual el derecho de las víctimas de tortura o malos tratos a recibir una indemnización está consagrado en la ley, el Comité está preocupado por las dificultades que afrontan algunas víctimas para obtener reparación y una indemnización adecuada. En particular, preocupa al Comité el caso del Sr. Bakary Jassay, nacional de Gambia, quien fue maltratado y gravemente herido por agentes de policía en Viena el 7 de abril de 2006, y que todavía no ha recibido indemnización alguna, ni siquiera los 3.000 euros ordenados judicialmente por los daños resultantes del dolor y el sufrimiento de que fue víctima. El Comité también lamenta la falta de datos estadísticos o ejemplos de casos en los que las víctimas hayan recibido indemnización (art. 14).

En la práctica, el Estado parte debería proporcionar reparación e indemnización a las víctimas, incluida la rehabilitación, y facilitar al Comité información sobre esos casos.

En su próximo informe periódico, el Estado parte debería proporcionar al Comité datos estadísticos pertinentes y ejemplos de casos en los que las víctimas hayan recibido indemnización.

22)Preocupan al Comité las informaciones sobre la presunta falta de privacidad y las circunstancias humillantes que constituyen tratos degradantes durante los exámenes médicos semanales obligatorios, en particular los exámenes ginecológicos, practicados en la oficina sanitaria comunal de Viena a las trabajadoras del sexo registradas, y los análisis de sangre realizados en forma periódica para detectar enfermedades de transmisión sexual (art. 16).

El Estado parte debería velar por que estos exámenes médicos se lleven a cabo en un entorno en el que se respete la privacidad y se preserve al máximo la dignidad de las mujeres sometidas a examen.

Trata de personas

23)Si bien toma nota de los nuevos programas que el Estado parte ha adoptado para luchar contra la trata y la explotación sexual de las mujeres y los niños, el Comité expresa su preocupación por las reiteradas informaciones sobre casos de trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y de otro tipo, y por la falta de información sobre los enjuiciamientos y sentencias conexos (art. 16).

El Estado parte debería aumentar sus esfuerzos para luchar contra la trata de mujeres y niños, adoptar medidas eficaces para enjuiciar y castigar la trata de personas y seguir reforzando la cooperación internacional con los países de origen, tránsito y destino, con miras a reprimir en mayor medida este fenómeno.

Violencia doméstica

24)Preocupan al Comité los casos de violencia doméstica que han sido objeto de una amplia cobertura de los medios de información en el Estado parte durante el período objeto de examen, en particular los que han afectado a niños (art. 16).

El Estado parte debería incrementar los esfuerzos para aplicar medidas urgentes y eficaces de protección, con miras a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica y el abuso sexual, y castigar a los culpables, y realizar amplias campañas de sensibilización y capacitación sobre el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, destinadas a los funcionarios que están en contacto directo con las víctimas (jueces, abogados, agentes del orden y trabajadores sociales) y al público en general.

Uso de camas con red en los centros psiquiátricos

25)No obstante la explicación proporcionada por la delegación, preocupa al Comité que se sigan usando camas con red para inmovilizar a los pacientes en los centros psiquiátricos y de asistencia social (art. 16).

El Estado parte debería cesar inmediatamente de utilizar camas con red, ya que esa práctica constituye una violación del artículo 16 de la Convención.

Reunión de datos

26)El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, en muchas de las esferas abarcadas por la Convención, el Estado parte no haya podido presentar estadísticas o desglosar apropiadamente las disponibles, por ejemplo los presuntos casos de violencia sexual en las prisiones; los presuntos abusos cometidos por agentes del orden contra solicitantes de asilo; las apelaciones en las que se solicitó la suspensión de la extradición conforme al criterio de no devolución rechazadas por el Tribunal Federal Independiente para el Asilo (actualmente el Tribunal del Asilo); y el número de solicitantes de asilo expulsados o extraditados mientras esperaban una respuesta a la apelación presentada ante una denegación de asilo por cuestiones de procedimiento.

El Estado parte debería establecer un sistema eficaz para reunir todos los datos estadísticos pertinentes —desglosados por sexo, edad y origen étnico— para hacer un seguimiento de la aplicación de la Convención a nivel nacional, incluidas las denuncias, investigaciones, juicios y condenas en los casos de tortura y malos tratos, trata y violencia doméstica y sexual, así como la indemnización y rehabilitación proporcionadas a las víctimas.

27)El Comité también recomienda al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención por parte de las fuerzas armadas austríacas desplegadas en el extranjero.

28)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

29)El Comité invita al Estado parte a que presente el documento básico de conformidad con los requisitos para la preparación de un documento básico común establecidos en las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

30)Se alienta al Estado parte a que a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

31)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 16 y 19 del presente documento.

32)Se invita al Estado parte a que presente su sexto informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

58. Camerún

1)El Comité contra la Tortura examinó el cuarto informe periódico del Camerún (CAT/C/CMR/4) en sus sesiones 930ª y 944ª, celebradas los días 28 de abril y 7 de mayo de 2010 (CAT/C/SR.930 y 944), y aprobó en sus sesiones 950ª y 951ª, celebradas el 12 de mayo de 2010 (CAT/C/SR.950 y 951), las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción el cuarto informe periódico del Camerún, que se ajusta a las directrices generales para la presentación de informes, así como las respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/CMR/Q/4 y Add.1). No obstante, lamenta que el Estado parte no haya contestado a la carta de fecha 17 de febrero de 2006 en la que el Relator del Comité para el seguimiento de las observaciones finales formuladas al Camerún (CAT/C/CR/31/6) le solicitaba información complementaria.

3)El Comité se felicita por el diálogo constructivo entablado con la delegación de alto nivel del Estado parte y agradece a ésta las respuestas escritas a las preguntas formuladas por los miembros del Comité.

B. Aspectos positivos

4)El Comité celebra que, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución de 1972 en su versión enmendada de 18 de enero de 1996, los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado parte, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ("la Convención") prevalecen sobre las leyes internas.

5)El Comité observa con satisfacción los progresos normativos e institucionales realizados por el Estado parte desde el examen del tercer informe periódico (CAT/C/34/Add.17), en particular:

a)El Decreto Nº 2004/320, de 8 de diciembre de 2004, relativo a la organización del Gobierno, en virtud del cual la administración penitenciaria pasa a depender del Ministerio de Justicia;

b)El Decreto Nº 2005/122, de 15 de abril de 2005, relativo a la organización del Ministerio de Justicia, por el que se crea la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación Internacional;

c)La Ley Nº 2005/006, de 27 de julio de 2005, relativa al estatuto de los refugiados;

d)La Ley Nº 2005/007, de 27 de julio de 2007, relativa al Código de Procedimiento Penal;

e)La Ley Nº 2005/015, de 29 de diciembre de 2005, relativa a la lucha contra el tráfico y la trata de niños.

6)El Comité acoge con satisfacción la ratificación por el Estado parte, el 18 de mayo de 2004, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de dos de sus tres Protocolos, el destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el referente al tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

7)El Comité toma nota con satisfacción de la ratificación el 28 de marzo de 2009 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer.

8)El Comité celebra que el Centro Subregional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Democracia en el África Central tenga su sede en el Estado parte y se felicita por el apoyo constante que éste presta a las actividades del Centro.

9)El Comité toma nota con satisfacción de la cooperación del Estado parte con la Unión Europea en el marco del Programa de mejora de las condiciones de detención y respeto de los derechos humanos (PACDET).

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura y penas adecuadas

10)El Comité observa que el artículo 132 bis del Código Penal contiene una definición de tortura, pero lamenta que el Estado parte no le haya proporcionado una copia del texto, a pesar de que le fue solicitado en repetidas ocasiones. Por consiguiente, el Comité no puede determinar si el Estado parte ha integrado plenamente la definición de tortura conforme a los artículos 1 y 4 de la Convención. Asimismo, el Comité observa con preocupación que la legislación nacional no prevé la aplicación de penas adecuadas a la gravedad del delito (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería facilitar al Comité la información necesaria para que pueda determinar si éste ha integrado en su Código Penal una definición de tortura conforme a los artículos 1 y 4 de la Convención. El Comité subraya que la definición de tortura debería precisar la finalidad de la infracción, prever circunstancias agravantes, incluir el supuesto de tentativa e incluir también los actos destinados a intimidar a la víctima o a otra persona, o a coaccionarla, y prever la discriminación como motivo o razón para infligir la tortura. La definición también debería considerar delito la tortura infligida por incitación o con el consentimiento expreso o la aquiescencia de un funcionario público o de otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Igualmente, el Estado parte debería velar por que las disposiciones que tipifican como delito los actos de tortura les asignen penas proporcionales a la gravedad de los actos cometidos.

Salvaguardias legales fundamentales

11)El Comité toma nota de las disposiciones de los artículos 37 y 116 del Código de Procedimiento Penal, según las cuales el detenido gozará de todas las facilidades razonables para ponerse en contacto con su familia, contratar los servicios de un abogado y consultar con un médico. Sin embargo, preocupa al Comité la información de que, en la práctica, no es habitual que los detenidos, una vez efectuada la detención, disfruten de las garantías previstas por el Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, preocupa profundamente al Comité que en la práctica no se respete el período de detención, fijado en 48 horas prorrogables una vez, previa autorización del Fiscal de la República, y que las detenciones no se inscriban inmediatamente en el registro. En particular, le inquietan las alegaciones fidedignas de que los agentes de las fuerzas del orden prorrogan las detenciones con fines de extorsión (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería aplicar sin demora medidas eficaces para que todos los sospechosos gocen en la práctica de todas las garantías fundamentales desde el momento de su detención, en particular el derecho a un abogado, a ser examinado por un médico independiente, a ponerse en contacto con alguna persona de su entorno, a ser informado de sus derechos en el momento de la detención y de los cargos de que se le acusa y a ser puesto a disposición judicial lo antes posible. Asimismo, las autoridades deberían mantener al día los registros donde figura el nombre de todos los detenidos, la identidad de los funcionarios que efectuaron la detención, la fecha de ingreso y de salida del detenido, y los demás elementos relacionados con el mantenimiento de dichos registros.

Mecanismo de denuncia accesible y asistencia jurídica

12)Preocupan al Comité las alegaciones sobre las dificultades para acceder a la justicia que sufren las víctimas de actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente las mujeres. Le preocupa también que el derecho a la asistencia jurídica se limite a los acusados que pueden ser condenados a cadena perpetua o a la pena capital (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería tomar medidas para facilitar el acceso a la justicia a toda víctima de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y hacer la asistencia jurídica accesible a todas las personas sin recursos, independientemente de las penas que puedan pronunciarse contra ellas.

Hábeas corpus

13)El Comité toma nota de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal sobre el hábeascorpusy sobre la indemnización por la detención o prisión preventiva abusivas. No obstante, le preocupa que el auto de hábeascorpus deba ir acompañado de una orden de puesta en libertad del Fiscal de la República. También le preocupa que la comisión de indemnización constituida en virtud del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal no esté todavía en funcionamiento (art. 2).

El Estado parte debería revisar su Código de Procedimiento Penal para que toda persona que sea objeto de un auto de hábeas corpus sea puesta en libertad inmediatamente. Además, el Estado parte debería poner en funcionamiento sin demora la comisión de indemnización.

Prisión preventiva

14)El Comité toma nota de las explicaciones dadas por el Estado parte sobre el elevado número de presos preventivos, pero expresa su profunda inquietud al respecto, pues en 2009 hubo 14.265 personas en prisión preventiva, mientras que el número de reclusos que cumplía condena fue de 8.931. Igualmente, le preocupa que no se respete en la práctica el plazo máximo de la prisión preventiva, que en virtud del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal es de 12 meses para los delitos ordinarios y de 18 meses en caso de delito grave (art. 2).

El Estado parte debería adoptar medidas urgentes para reducir la duración de la prisión preventiva, en particular asegurándose de que se respeten los plazos máximos de prisión preventiva previstos por la ley y aplicando el principio de que este tipo de privación de libertad debe ser una medida excepcional.

Condiciones de privación de libertad

15)El Comité toma nota de los proyectos del Estado parte que reciben apoyo de la comunidad internacional y del compromiso que asumió con ocasión del examen periódico universal (A/HRC/11/21/Add.1, recomendación 76 [14, 21 y 33]) de mejorar la situación carcelaria y las condiciones de detención, pero sigue profundamente preocupado por las deplorables condiciones de vida de los centros de detención. Se ha informado al Comité de la existencia de los siguientes problemas: densidad excesiva de la población carcelaria; violencia entre reclusos; corrupción, relativa sobre todo al alquiler de celdas y a la venta de instrumental médico; falta de higiene y alimentos adecuados; inseguridad sanitaria e insuficiencia de la atención de salud; violaciones del derecho de visita; y la permanencia en prisión de reclusos que ya han cumplido su pena. Preocupa igualmente al Comité el recurso a la ejecución personal en virtud del artículo 564 del Código de Procedimiento Penal, lo cual significa que los presos que ya han cumplido su pena, incluidos los menores, deben permanecer recluidos por un período de 20 días a 5 años, en función de la suma que adeuden. También preocupa al Comité la información de que no se separa sistemáticamente a los menores de los adultos, a los detenidos de los condenados, ni a las mujeres de los hombres, y expresa su inquietud por el hecho de que las mujeres puedan estar bajo la custodia de personal masculino (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas urgentes para que las condiciones de detención de todos los centros de detención, incluidas las gendarmerías y las comisarías de policía, sean conformes al Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (resolución 43/173 de la Asamblea General) y, en particular:

a) Reducir la densidad de población carcelaria, con una política penal que favorezca las penas alternativas a la privación de libertad, como la libertad vigilada o condicional y los servicios a la comunidad, así como las vías no contenciosas para resolver litigios, tales como la mediación. En el mismo sentido, debería aumentar la dotación de personal judicial y no judicial. En el caso de los niños en conflicto con la ley, el Estado parte debería velar por que la privación de libertad constituya el último recurso .

b) Mejorar la alimentación y la atención de salud que reciben los reclusos .

c) Tomar las disposiciones apropiadas para poner fin definitivamente a las denuncias de corrupción y extorsión en las prisiones .

d) Reforzar el control judicial de las condiciones de detención .

e) Revisar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas a la ejecución personal y adoptar un nuevo sistema que permita a los reclusos pagar sus deudas .

f) Reorganizar las prisiones de modo que los detenidos estén separados de los condenados, y mejorar las condiciones de detención de los menores, manteniéndolos apartados de los presos adultos en toda circunstancia, y acondicionar más centros de reclusión de menores fuera de la prisión .

g) Adoptar medidas para que las mujeres estén separadas de los hombres y custodiadas únicamente por personal femenino .

h) Facilitar información detallada sobre los resultados obtenidos y/o las dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto de mejora de la vida carcelaria, elaborado por el Camerún en colaboración con el Fondo Europeo de Desarrollo entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010.

16)Preocupa profundamente al Comité el elevado número de personas que murieron en privación de libertad según las estadísticas facilitadas por el Estado parte. Entre enero y octubre de 2008, fallecieron 178 reclusos, y no se precisa la causa de 38 de esas muertes. También le preocupa la información recibida sobre la utilización excesiva de las armas por las fuerzas del orden cuando los reclusos intentan evadirse (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar urgentemente medidas para prevenir tanto la violencia entre los reclusos y contra los reclusos como la muerte de personas privadas de libertad. Debería velar por que los casos de violencia y las muertes que se produzcan en los centros de detención se sometan sin demora a una investigación imparcial, profunda y, en su caso, de índole medicoforense, y por que los responsables sean procesados y condenados. Debería facilitarse a los reclusos el proceso de denuncia ante los tribunales.

17)El Comité acoge con agrado el estudio realizado por el Estado parte para revisar el Decreto Nº 92/52 de 27 de marzo de 1992, pero observa con preocupación la utilización en las cárceles de medidas como el encadenamiento y el encierro en condiciones de incomunicación como medidas disciplinarias, pues pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante (arts. 11 y 16).

El Comité alienta al Estado parte a derogar el decreto relativo a las medidas disciplinarias en el ámbito penitenciario y a buscar métodos que se ajusten a la Convención para controlar a los reclusos que pongan en peligro la seguridad.

Periodistas y defensores de los derechos humanos

18)Preocupan al Comité las alegaciones sobre el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y las amenazas de muerte de que son víctimas los periodistas y defensores de los derechos humanos, y el hecho de que tales actos permanezcan impunes. Aunque tiene en cuenta la información detallada facilitada por el Estado parte, y en particular la realización de una investigación administrativa sobre la muerte en prisión, sucedida el 22 de abril de 2010, del periodista Germain Cyrille Ngota, alias Bibi Ngota, el Comité expresa su inquietud ante el elevado número de periodistas y defensores de los derechos humanos que se encuentran privados de libertad, y ante las alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. También preocupa al Comité la información sobre la represión por las fuerzas del orden de las manifestaciones de periodistas convocadas para protestar contra las circunstancias de la muerte de un periodista preso (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para poner fin al hostigamiento, las detenciones arbitrarias, las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y las amenazas de muerte de que son víctimas los periodistas y defensores de los derechos humanos, y debería evitar que se produjeran nuevos actos de violencia. También debería velar por que se lleve a cabo rápidamente una investigación diligente, exhaustiva y eficaz, y por que los autores de tales actos reciban un castigo adecuado. Asimismo, el Comité se une al llamamiento lanzado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que se abra una investigación jurídica y medicoforense exhaustiva sobre la muerte del periodista Ngota en la prisión de Kondengui.

Sucesos de febrero de 2008

19)El Comité toma nota de las investigaciones realizadas acerca de los sucesos de febrero de 2008 y del informe presentado en 2009, aunque no ha recibido copia de éste. Toma nota también de la investigación administrativa sobre las alegaciones de violaciones de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a manos de las fuerzas del orden, cuya conclusión fue que las fuerzas del orden habían actuado en legítima defensa. Sin embargo, preocupa al Comité la información fidedigna procedente de diversas fuentes según la cual se habrían producido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violaciones del derecho a un juicio justo, presuntamente cometidos por las fuerzas del orden contra adultos y niños. También preocupa al Comité que no se hayan llevado a cabo investigaciones individuales, imparciales, exhaustivas y de índole medicoforense sobre las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas del orden (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Comité recomienda la apertura de una investigación global, detallada e independiente de los sucesos de febrero de 2008. El Estado parte debería además publicar el informe de las investigaciones que ya ha realizado y remitir una copia al Comité para que pueda examinarlo. Paralelamente, el Estado parte debería iniciar investigaciones prontas, imparciales, exhaustivas y de índole medicoforense sobre las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas del orden, y velar por que los responsables sean procesados y condenados a penas apropiadas.

Impunidad

20)El Comité acoge con agrado la información transmitida por el Estado parte sobre el procesamiento de agentes de las fuerzas del orden culpables de violaciones de la Convención, pero expresa su profunda preocupación por:

a)Las alegaciones fidedignas de que no se ordenan sistemáticamente ni la apertura de investigaciones ni el inicio de actuaciones judiciales por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y que, cuando los autores son condenados, las penas son poco severas y no guardan proporción con la gravedad del delito;

b)La necesidad de obtener una autorización del Ministerio de Defensa para poder procesar a gendarmes y a militares por infracciones cometidas en un cuartel militar o durante el servicio;

c)La falta de medidas para proteger al denunciante y a los testigos frente a los malos tratos o la intimidación tras haber presentado una denuncia o haber depositado una declaración, motivo que explica la escasez de denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

d)El artículo 30, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, según el cual "el oficial, el agente de la policía judicial o el agente de las fuerzas del orden que procede a la detención conminará al detenido a seguirle y, si éste se niega, hará uso de todo medio de coerción proporcional a la resistencia que oponga el interesado";

e)La falta de datos estadísticos exhaustivos sobre el número de investigaciones y procesamientos iniciados contra agentes de las fuerzas del orden por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería mostrarse firmemente resuelto a eliminar el problema persistente de la tortura y la impunidad y:

a) Condenar públicamente y sin ambigüedades la práctica de la tortura en todas sus formas, dirigiéndose especialmente a los agentes de las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas y al personal penitenciario, y acompañando sus declaraciones con advertencias claras de que quienquiera cometa tales actos, participe en ellos o sea cómplice de ellos, será considerado personalmente responsable ante la ley y procesado por la vía penal.

b) Adoptar inmediatamente medidas para garantizar en la práctica que todas las alegaciones de tortura y malos tratos sean objeto de investigaciones prontas, imparciales y eficaces, y que los responsables —incluidos, entre otros, los agentes de la fuerza pública— sean procesados y sancionados sin autorización previa de su superior o del Ministerio de Defensa. Debería efectuar las investigaciones un órgano totalmente independiente .

c) En caso de presuntas torturas, velar por que los sospechosos sean suspendidos inmediatamente de sus funciones mientras dure la investigación, especialmente si existe riesgo de que su permanencia en el puesto obstaculice la investigación .

d) Velar por que, en la práctica, los denunciantes y los testigos estén protegidos contra los malos tratos o los actos de intimidación a raíz de la denuncia o testimonio .

e) Revisar el artículo 30, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, y velar por que todos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes sean objeto de actuaciones penales y de condenas adecuadas .

f) Recabar, a la mayor brevedad, los datos estadísticos pertinentes y completos sobre las denuncias, las investigaciones, las actuaciones, las condenas y las penas pronunciadas en los casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Consejo Constitucional

21)El Comité acoge con satisfacción el establecimiento el 21 de abril de 2004 del Consejo Constitucional, que es el órgano que regula el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, observa con preocupación que esta institución todavía no está operativa porque aún está pendiente el nombramiento de sus miembros. Observa también que aún no se sabe si el mandato de los miembros del Consejo Constitucional será renovable (art. 2).

El Estado parte debería acelerar el procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo Constitucional y velar por que esta institución comience su labor lo antes posible. El Consejo Institucional debería plantearse la revisión de las Leyes Nº 2004/004, de 21 de abril de 2004, relativa a la organización y el funcionamiento del Consejo Constitucional y Nº 2004/005, de 21 de abril de 2004, que desarrolla el estatuto de los miembros del Consejo Constitucional, con el fin de evitar toda incertidumbre en cuanto a la renovación del mandato de sus miembros.

Órgano de control de las fuerzas del orden, denominado " Policía de policías "

22)El Comité toma nota de la creación en 2005 de la División Especial de Control de los Servicios de Policía, denominada "Policía de policías", dependiente de la Delegación General para la Seguridad Nacional, pero señala con preocupación la falta de independencia y objetividad de esta institución. Preocupa al Comité que las investigaciones sobre alegaciones de actos ilícitos, incluidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por la policía sean efectuadas por funcionarios de policía adscritos a la División Especial de Control de los Servicios de Policía. A este respecto, el Comité observa con preocupación el escaso número de denuncias contra la policía que se admiten a trámite, dan lugar a una investigación pronta, imparcial y exhaustiva, y culminan en procesamientos y condenas (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería crear una entidad independiente ajena a la policía, y velar por que las alegaciones de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean objeto de investigaciones prontas, imparciales, exhaustivas y eficaces.

Justicia militar

23)El Comité toma nota de la Ley Nº 2008/015 de organización judicial militar. Sin embargo, expresa su preocupación por la extensión de las competencias de la justicia militar a los civiles cuando se trata de infracciones contra la legislación sobre las armas bélicas y de defensa, del robo con arma de fuego y demás infracciones conexas (art. 2).

El Comité recuerda las competencias clásicas de la justicia militar, que deberían limitarse a los delitos cometidos en el marco del servicio militar, y recomienda al Estado parte que revise su legislación, de modo que la justicia militar no pueda entender de las infracciones cometidas por los civiles, incluidas las referentes a la legislación sobre las armas bélicas o de defensa, el robo a mano armada y demás infracciones conexas.

Cesación de los procedimientos penales por motivos de " interés social " u " orden público "

24)El Comité observa con preocupación que el Código de Procedimiento Penal vigente dispone que el Ministerio de Justicia puede poner fin a un procedimiento penal por motivos de "interés social" u "orden público". El Comité tiene en cuenta el artículo 2 de la Ley Nº 2006/022 relativa a la organización y funcionamiento de los tribunales administrativos, que prevé sanciones para el abuso de poder, y la afirmación del Estado parte de que este procedimiento sólo se ha utilizado una vez desde la entrada en vigor de la ley en 2006, pero sigue preocupado por la imposibilidad de recurrir la decisión del Ministerio de Justicia, y por que no exista una definición de los términos empleados en el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería revisar el Código de Procedimiento Penal para que todo procedimiento penal culmine con la absolución o la condena del responsable. Debería ser posible interponer un recurso judicial contra la cesación del proceso penal por decisión del Ministerio de Justicia, incluso cuando ésta responda a motivos de " interés social " u " orden público " .

Ley sobre el estado de emergencia y Ley relativa al mantenimiento del orden

25)El Comité toma nota con preocupación de que la Ley Nº 90/047 de 19 de diciembre de 1990 sobre el estado de emergencia sigue vigente. Teniendo en cuenta las garantías previstas en el artículo 2, párrafo 2, de la Convención, el Comité observa con preocupación que la Ley sobre el estado de emergencia y la Ley Nº 90/054 relativa al mantenimiento del orden prevén que el período máximo de detención durante el estado de emergencia será de dos meses, prorrogables una vez, y que, en caso de bandidaje, el período de detención podrá ser de 15 días prorrogables (art. 2).

El Estado parte debería velar por el respeto de los principios internacionales relativos al estado de excepción, en particular examinando la necesidad de mantener en vigor la legislación sobre el estado de emergencia, habida cuenta de los criterios establecidos por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que el Camerún es parte desde 1984. El Estado parte también debería velar por la aplicación estricta de la prohibición absoluta de los a ctos de tortura, de conformidad con el artículo 2, párrafo 2, de la Convención, donde se establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

Vigilancia sistemática de los centros de detención

26)El Comité toma nota de la aprobación de la Ley Nº 2004/016 por la que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades (CNDHL) de conformidad con los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General) y a la que el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos atribuyó la calificación B. No obstante, el Comité se sorprende de que la Comisión haya participado en el examen del informe del Camerún, no como órgano independiente, sino como miembro de la delegación del Estado parte. Por otro lado, el Comité señala la baja frecuencia de sus visitas (según la información facilitada por el Estado parte y la CNDHL, la Comisión ha visitado ocho prisiones entre 2000 y 2010) y la falta de un seguimiento riguroso por parte de las autoridades interpeladas por la Comisión. El Comité toma nota igualmente de que ciertas ONG están acreditadas para acceder a las prisiones, pero expresa su preocupación por las presuntas dificultades de acceso y la baja frecuencia de las visitas efectuadas por las ONG (arts. 2, 11 y 13).

El Estado parte debería dotar a la CNDHL de todos los medios humanos y financieros necesarios para desempeñar su cometido, y debería velar por su independencia. El Comité alienta al Estado parte a privar del derecho a voto en la CNDHL a aquellos de sus miembros que sean representantes de la administración. El Estado parte debería tomar todas la medidas necesarias para que las ONG puedan efectuar visitas periódicas, independientes, imprevistas e ilimitadas a los centros de detención.

Capacitación sobre la prohibición de la tortura

27)El Comité toma nota de los considerables esfuerzos realizados por el Estado parte con respecto a la formación en derechos humanos impartida a los agentes del Estado, pero señala con preocupación que la información, la educación y la capacitación de los agentes del orden público, el personal de los centros penitenciarios, los miembros del ejército, los jueces y los fiscales no son suficientes, y no abarcan todas las disposiciones de la Convención, especialmente en lo que se refiere al carácter absoluto de la prohibición de la tortura y a la prevención de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Comité observa con preocupación que el personal médico de los centros de detención no recibe ninguna formación específica y exhaustiva basada en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) para detectar señales de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes (arts. 10 y 15).

El Estado parte debería reforzar los programas de formación destinados al conjunto del personal encargado de la aplicación de las leyes y de las fuerzas armadas referidos a la prohibición absoluta de los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los destinados a fiscales y jueces sobre las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de la Convención. Se trataría, en particular, de actividades de formación sobre la inadmisibilidad de las confesiones y testimonios obtenidos mediante torturas. El Estado parte también debería hacer lo necesario para que todo el personal médico que atiende a los reclusos reciba una formación adecuada para detectar las señales de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las normas internacionales que figuran en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

No devolución

28)El Comité celebra que el Camerún acoja a refugiados, pero lamenta que el decreto de aplicación de la Ley Nº 2005/006, de 27 de julio de 2005, relativa al estatuto de los refugiados, todavía no haya sido aprobado. Preocupa al Comité el poder de los funcionarios de los puestos fronterizos, que pueden devolver a las personas que consideren indeseables, o decidir si una persona puede o no entrar en el territorio del Estado parte. Lamenta además la falta de información sobre las vías jurídicas de recurso destinadas a garantizar que esas personas no corran ningún peligro real de ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el país de destino, o que no acabarán siendo expulsadas a otro país donde corran un peligro real de ser sometidas a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que apruebe urgentemente el decreto de aplicación de la Ley Nº 2005/006, de 27 de julio de 2005, relativa al estatuto de los refugiados. Igualmente, debería revisar sus actuales procedimientos prácticos en materia de expulsión, de devolución y de extradición con miras a cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 3 de la Convención.

Prácticas nocivas para las mujeres

29)El Comité reitera lo dicho en sus anteriores observaciones finales sobre las prácticas nocivas observadas en ciertas regiones del país y en las poblaciones de refugiados del Camerún, como la mutilación genital femenina y el planchado de los senos, para cuya eliminación el Estado no ha emprendido ningún esfuerzo decidido ni sistemático (véase CAT/C/34/Add.17, párr. 11 c)) (arts. 1, 2, 10 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que apruebe una ley que prohíba la mutilación genital femenina y las demás prácticas tradicionales nocivas, en particular el planchado de los senos, en cualquier circunstancia, y vele por su aplicación eficaz en la práctica. También invita al Estado parte a que conciba programas destinados a ofrecer otras fuentes de ingresos a las personas para quienes la mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales nocivas constituyan un medio de subsistencia. Igualmente, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos de sensibilización y de educación, tanto de las mujeres como de los hombres, mediante programas de información sobre la necesidad imperiosa de poner fin a las mutilaciones genitales femeninas y al planchado de los senos.

Violencia contra la mujer

30)Preocupa al Comité el elevado número de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la generalización de la violencia doméstica, que permanece impune. Por otro lado, el Comité reitera su recomendación precedente, en la que alentaba al Estado parte a suprimir de su legislación la posibilidad de eximir a un violador de su pena si se casa con la víctima, cuando ésta sea menor de edad en el momento de cometerse el delito (CAT/C/CR/31/6, párr. 11 d)) (arts. 1, 2, 10 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que sensibilice a la población, mediante programas de información y de educación, sobre el hecho de que toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de la Convención. El Comité pide al Estado parte que vele por que la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica, la violación, aunque sea dentro del matrimonio, y todas las formas de maltrato sexual, sean tipificadas como delito en la legislación penal, que los autores sean procesados y castigados y las víctimas rehabilitadas, y que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia tengan acceso inmediatamente a vías de recurso, a medios de protección y a una compensación. Asimismo, el Comité pide al Estado parte que elimine todos los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, y le recomienda dar a las víctimas de la violencia acceso a la asistencia jurídica. Además, el Comité reitera su anterior recomendación de que suprima de su legislación la exención de la pena en caso de violación si el autor se casa con la víctima.

Reunión de datos estadísticos

31)El Comité observa que se le han presentado determinados datos estadísticos, pero lamenta la ausencia de datos detallados y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas en los casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de miembros de las fuerzas del orden, así como sobre la trata de seres humanos, la violencia doméstica y la violencia sexual (arts. 1, 2, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debería establecer un sistema eficaz para recabar todos los datos estadísticos pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Convención en el ámbito nacional, especialmente los relativos a las denuncias, las investigaciones, los procesamientos, las condenas y las indemnizaciones desembolsadas en los casos de tortura y de malos tratos, de violencia entre reclusos, de trata de seres humanos y de violencia doméstica o sexual. El Comité es consciente de que la recopilación de datos personales plantea delicados problemas de confidencialidad, y subraya que deberían adoptarse medidas apropiadas para garantizar que no se haga un uso indebido de estos datos.

32)El Comité toma nota de la respuesta del Estado parte a la recomendación formulada durante el examen periódico universal de que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de que estableciera un mecanismo nacional de prevención (A/HRC/11/21/Add.1, recomendación 76[1]), y alienta al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para ratificarlo lo antes posible.

33)El Comité alienta al Estado parte a que prosiga su cooperación técnica con el Centro para los Derechos Humanos y la Democracia en el África Central, en calidad de oficina subregional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para poner en práctica las recomendaciones del Comité.

34)El Estado parte debería instaurar mecanismos eficaces para recabar datos y elaborar estadísticas penales y criminológicas y demás estadísticas pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Convención en el ámbito nacional. Debería incluir en su próximo informe periódico la información siguiente, que permitiría al Comité determinar mejor si se respetan las obligaciones dimanantes de la Convención:

a)Estadísticas sobre la capacidad de acogida y la población de cada prisión situada en el territorio del Camerún, desglosadas por sexo y por grupos de edad (adulto/menor) y con una diferenciación entre presos preventivos y condenados;

b)Estadísticas sobre la violencia en los centros de detención, las comisarías de policía y los locales de la gendarmería;

c)Estadísticas sobre las denuncias de casos de tortura y el seguimiento que se les haya dado;

d)Estadísticas sobre los casos de corrupción de los agentes del orden y las sanciones que se les hayan impuesto;

e)Estadísticas sobre los casos de extradición, de expulsión o de devolución;

f)Estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y los niños, y los resultados de los procesamientos iniciados.

35)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité, así como a las observaciones finales de éste, en los idiomas pertinentes y por todos los medios adecuados, en particular los medios de comunicación y las ONG.

36)El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de 19 de junio de 2000 (HRI/CORE/1/Add.109) de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes, aprobadas recientemente por los órganos de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

37)El Comité alienta al Estado parte a que ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, firmada el 6 de febrero de 2007.

38)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 14, 18, 19 y 25.

39)El Comité invita al Estado parte a que presente su quinto informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

59. Francia

1)El Comité examinó los informes periódicos cuarto a sexto consolidados de Francia (CAT/C/FRA/4-6) en sus sesiones 928ª y 931ª, celebradas los días 27 y 28 de abril de 2010 (CAT/C/SR.928 y 931), y aprobó en su 946ª sesión, celebrada el 10 de mayo de 2010 (CAT/C/SR.946), las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos cuarto a sexto consolidados de Francia, que en general se ajustan a las directrices sobre la forma y el contenido de los informes periódicos.

3)El Comité aprecia la calidad de las bien documentadas respuestas escritas que Francia dio a la lista de cuestiones (CAT/C/FRA/Q/4-6 y Add.1), y de la información complementaria que facilitó oralmente durante el examen del informe. El Comité se felicita también del diálogo constructivo mantenido con la delegación enviada por el Estado parte y agradece a ésta sus claras respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del Comité.

B. Aspectos positivos

4)El Comité toma nota con satisfacción de:

a)La ratificación por el Estado parte del Protocolo Facultativo de la Convención, así como la creación, por medio de la Ley de 30 de octubre de 2007, de la figura del Controlador General de centros de privación de libertad, que constituye un mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura, como exige el Protocolo Facultativo;

b)La adhesión del Estado parte, el 2 de octubre de 2007, al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

c)La ratificación por el Estado parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el 23 de septiembre de 2008;

d)La ratificación por el Estado parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su Protocolo Facultativo, el 18 de febrero de 2010.

5)El Comité toma nota también con satisfacción de:

a)El establecimiento, en virtud de la Ley de 20 de noviembre de 2007, de un recurso jurisdiccional con efecto suspensivo de pleno derecho contra la decisión de inadmisión a raíz de una solicitud de asilo presentada en la frontera;

b)La aprobación de la Ley de 4 de abril de 2006 por la que se refuerzan la prevención y la represión de la violencia en el seno de la pareja y contra los menores y se endurece la lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres.

6)El Comité observa también con satisfacción la puesta en práctica de un proyecto inmobiliario de gran envergadura destinado a aumentar considerablemente la capacidad de los centros penitenciarios.

7)Asimismo, el Comité toma nota de las medidas emprendidas por el Estado parte en su voluntad de aumentar el número de reclusos que puedan beneficiarse de una modificación de su pena, en particular la aprobación de la Ley penitenciaria de 24 de noviembre de 2009, que prevé el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica como alternativa a la prisión preventiva.

8)Igualmente, el Comité observa con satisfacción el Plan de Acción de 2009 adoptado por la Ministra de Justicia para prevenir el suicidio en los centros penitenciarios y desearía ser informado periódicamente de la puesta en práctica de dicho plan, incluso en los territorios de ultramar.

9)El Comité toma nota con interés de la creación de un procedimiento por el que la recientemente creada Inspección General de la Gendarmería Nacional puede efectuar visitas sin previo aviso a los calabozos de la policía y verificar las condiciones en que se recibe a los denunciantes en las dependencias territoriales.

10)El Comité celebra la supresión, el 16 de agosto de 2007, del sistema de "rotaciones de seguridad" entre centros penitenciarios, en virtud del cual se sometía a los reclusos a repetidos traslados. El Comité toma nota también de que el Consejo de Ministros inscribió en marzo de 2010 en su orden del día el seguimiento del asunto Khider c. Francia (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 9 de julio de 2009).

11)El Comité toma nota con satisfacción de la creación de dos líneas telefónicas para denunciar casos de malos tratos y violencia en el seno de la pareja o cometidos contra menores (Nos. 3977 y 3919, respectivamente). El Comité celebra además que se haya previsto tipificar en el Código Penal la violencia psicológica.

12)El Comité ha tomado nota también con interés de la información comunicada por el Estado parte según la cual éste prevé una reforma legislativa que permitirá en su día privar a una persona de una distinción honorífica que se le haya concedido, si se sospecha que ha cometido una infracción de la Convención u otra violación grave del derecho internacional.

C. Motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

13)Si bien tiene presente que la legislación penal del Estado parte penaliza los actos de tortura y los actos de barbarie y violencia, y toma nota de los elementos jurisprudenciales relativos a la penalización de los actos de tortura que se han señalado a su atención, el Comité sigue estando convencido de la necesidad de que se integre en el Código Penal francés una definición de tortura que se ajuste rigurosamente a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención (art. 1).

El Comité reitera su recomendación anterior (CAT/C/FRA/CO/3, párr. 5) al Estado parte de que incorporara en su legislación penal una definición de la tortura rigurosamente ajustada a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. Dicha definición respondería, por un lado, al imperativo de claridad y previsibilidad en derecho penal y, por otro, a la necesidad, en virtud de la Convención, de distinguir entre los actos de tortura cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, y los actos de violencia cometidos por agentes no estatales. Además, el Comité reitera su recomendación de tipificar la tortura como infracción imprescriptible.

No devolución

14)Si bien toma nota de las informaciones que ha facilitado al Comité el Estado parte, según las cuales las cifras han disminuido respecto a las de 2008, el Comité sigue preocupado por el hecho de que el 22% de las solicitudes de asilo presentadas en 2009 se hayan tramitado conforme al procedimiento denominado prioritario, que no ofrece un recurso suspensivo contra la denegación inicial de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y los Apátridas (OFPRA). Por consiguiente, el solicitante puede ser devuelto a un país donde corra el riesgo de ser sometido a tortura, incluso antes de que el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo haya podido examinar su solicitud de protección. A falta de cifras en relación con el número de recursos presentados contra disposiciones de expulsión a causa del riesgo de tortura, así como con el número de anulaciones de disposiciones de expulsión dictadas por un juez administrativo con arreglo al artículo 3, el Comité no está convencido de que el procedimiento prioritario ofrezca garantías suficientes contra una expulsión que implique un riesgo de tortura (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que instaure un recurso suspensivo para las solicitudes de asilo tramitadas por el procedimiento prioritario. Recomienda también que las situaciones previstas en el artículo 3 de la Convención sean objeto de un examen a fondo de los riesgos, en particular garantizando que los jueces posean la debida formación sobre los riesgos de tortura en los países de expulsión y procediendo sistemáticamente a entrevistas individuales a fin de evaluar el riesgo personal que corren los solicitantes.

15)Tomando nota con satisfacción de que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de 20 de noviembre de 2007, los solicitantes de asilo que se encuentran en la frontera disponen de un recurso suspensivo contra la denegación de entrada al territorio con fines de asilo, preocupa al Comité que el plazo establecido para presentar esa solicitud sea muy corto (48 horas), que el idioma en que se debe presentar sea obligatoriamente el francés y que el juez administrativo esté facultado para rechazar el recurso mediante orden judicial, privando así al solicitante de la celebración de una audiencia en que pueda defender su recurso y de garantías de procedimientocomo el derecho a un intérprete y a un abogado (art. 3).

El Comité recomienda que los recursos que puedan interponerse de resultas de una solicitud de asilo presentada en frontera sean objeto de una vista en la que el solicitante contra el que se haya dictado una orden de expulsión pueda hacer una presentación efectiva de su recurso y goce de todas las garantías esenciales de procedimiento, en particular el derecho a un intérprete y a un abogado.

16)Por otra parte, el Comité está preocupado por las dificultades específicas con que tropiezan los solicitantes de asilo que se encuentran en un lugar donde están privados de libertad, como un centro de internamiento, y que deben presentar su solicitud en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de este derecho, con arreglo al Código de entrada y residencia de extranjeros y del derecho de asilo (CESEDA). Este plazo no es compatible con la necesidad impuesta a los solicitantes de presentar un expediente creíble que demuestre la existencia de un peligro en caso de regreso, lo que requiere, entre otras cosas, la obtención de elementos de prueba, testimonios u otros documentos probatorios en su país de origen (art. 3).

Como hizo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes a raíz de su visita en Francia, que tuvo lugar del 27 de septiembre al 9 de octubre de 2006, el Comité recomienda al Estado parte que prolongue el plazo para la presentación de una solicitud de asilo por una persona recluida en un centro de internamiento administrativo, sin que ello aumente indebidamente la duración de la detención.

17)Después de sus últimas observaciones y recomendaciones, el Comité sigue estando preocupado por las disposiciones de la Ley de 10 de diciembre de 2003 en las que se introducen los conceptos de "asilo interno" y de "países de origen seguros", que no garantizan una protección absoluta contra el riesgo de expulsión de una persona a un Estado en el que corra el peligro de ser sometida a tortura. Confirma esta preocupación la falta de información precisa acerca de las fuentes documentales utilizadas para la confección de una lista de países de origen "seguros", y los plazos para la revisión de esta lista. Por lo demás, es interesante observar que, según la OFPRA, la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria a personas originarias de los llamados "países de origen seguros" se aproximaba al 35% en 2008 (art. 3).

El Comité recomienda de nuevo al Estado parte que adopte las medidas adecuadas para que las solicitudes de asilo de personas procedentes de Estados a los que se aplican los conceptos de " asilo interno " o de " países de origen seguros " sean examinadas tomando en consideración la situación personal del solicitante y en plena conformidad con las disposiciones del artículo 3 de la Convención.

18)El Comité lamenta que se le hayan presentado varias denuncias documentadas de la expulsión de personas a países en los que corrían el peligro de ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de personas devueltas a sus países de origen que, según ellas, fueron arrestadas a su llegada y sometidas a malos tratos, en ocasiones a pesar de las medidas provisionales de protección del Comité o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 3).

El Comité recomienda de nuevo al Estado parte que haga lo necesario para garantizar en todo momento que no se expulse a nadie que esté en peligro de ser sometido a tortura si es devuelto a otro Estado.

Jurisdicción universal

19)Aunque ha tomado nota de la posibilidad de perseguir y juzgar en el Estado parte, sobre la base del Código de Procedimiento Penal, a toda persona que se encuentre en territorio francés y de la que se sospeche que ha infligido torturas, el Comité sigue estando preocupado por las limitaciones que el proyecto de ley impone al ámbito de aplicación de la competencia universal, en particular al instaurar el criterio de residencia habitual en Francia para los sospechosos. El Comité expresa además su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley por el que se adapta la legislación francesa al Estatuto de la Corte Penal Internacional no se haya incluido todavía en el orden del día de la Asamblea Nacional con miras a su aprobación, siendo así que el Senado lo aprobó en junio de 2008 (arts. 5, 6, 7 y 13).

El Comité recomienda de nuevo al Estado parte que garantice el derecho de las víctimas a un recurso efectivo contra las violaciones de la Convención, en particular estableciendo su competencia con respecto a toda infracción cometida por un sospechoso que se encuentre en su territorio, de conformidad con el artículo 5 de la Convención. El Comité recomienda además que el Estado parte sustituya la condición de residencia habitual del presunto culpable por un criterio basado en la simple presencia en el territorio, de conformidad con el artículo 6.

Capacitación de los agentes del orden

20)Aunque toma nota de las informaciones facilitadas por el Estado parte respecto de la renovación de los métodos de formación inicial de los oficiales y agentes de policía, así como del hecho de que la Ley penitenciaria de 24 de noviembre de 2009 establece un Código de Conducta para los miembros de los servicios penitenciarios, el Comité sigue estando preocupado por la escasez de la información recibida en cuanto al contenido de la formación inicial y continua dedicada a los instrumentos sobre los derechos humanos. Al Comité le interesaría en particular recibir información sobre el contenido de la formación y la evaluación hecha a posteriori (art. 10).

El Comité desearía recibir más información acerca de la evaluación hecha por el Estado parte de la formación impartida al personal de policía, penitenciario y médico, sobre la base de indicadores concretos. El Comité recomienda también que el Protocolo de Estambul ( Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) sea parte integrante de la formación del personal.

El Estado parte debería además comunicar al Comité información sobre la formación eventual impartida al personal de las empresas privadas de seguridad cuyos servicios utiliza el Estado parte, tanto en su territorio como en el extranjero.

21)El Comité sigue estando especialmente preocupado por las constantes denuncias que recibe de malos tratos infligidos por agentes del orden público a detenidos y a otras personas bajo su custodia (art. 16).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para que toda denuncia de malos tratos atribuidos a agentes del orden fuera objeto sin demora de una investigación transparente e independiente, y para que los autores fueran debidamente sancionados.

El Estado parte debería además transmitir al Comité información sobre la nota de la Inspección General de la Policía Nacional que al parecer se distribuyó en octubre de 2008, en relación con el uso de métodos de inmovilización por las fuerzas del orden contra un sospechoso o contra personas que eran objeto de una orden de expulsión del territorio, métodos que habían provocado ya muertes por asfixia (casos de Mohamed Saoud en 1998 y de Abdelhakim Ajimi en 2007).

Disposiciones sobre la custodia y el trato de las personas arrestadas, detenidas o encarceladas

Custodia policial

22)Al Comité le continúan preocupando las modificaciones introducidas por la Ley de 9 de marzo de 2004 que, en el marco del procedimiento especial aplicable en casos de terrorismo y delincuencia organizada, retrasa el acceso a un letrado hasta que hayan transcurrido 72 horas desde la detención. Estas disposiciones podrían acarrear el incumplimiento del artículo 11 de la Convención, dado que el peligro de tortura es superior durante las primeras horas del arresto y sobre todo en régimen de incomunicación. El Comité sigue estando preocupado también por la frecuencia y la duración de la detención preventiva (arts. 2 y 11).

El Comité repite su recomendación precedente de que el Estado parte adopte disposiciones legislativas adecuadas para garantizar el acceso inmediato a un letrado desde las primeras horas de la custodia policial, de conformidad con el artículo 11 de la Convención. El Comité recomienda también que se tomen medidas para reducir el recurso a la detención preventiva y la duración de ésta.

Interrogatorios

23)El Comité toma nota con satisfacción de que la Ley de 5 de marzo de 2007 hace obligatoria la grabación audiovisual de los interrogatorios realizados por las autoridades policiales y judiciales, con excepción de los casos de delitos menores, pero constata que la ley no se aplica a las personas acusadas de terrorismo o de delincuencia organizada ni prevé la instalación de cámaras de vigilancia por vídeo en todos los locales de las comisarías de policía o de las brigadas de gendarmería en los que puede haber personas custodiadas, como los pasillos (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que extienda la grabación audiovisual de los interrogatorios a todas las personas interrogadas, y que instale cámaras de vigilancia en todos los locales de la policía y la gendarmería, a fin de ampliar y fortalecer las medidas de protección de las personas detenidas o custodiadas.

Condiciones en las cárceles y política penal

24)El Comité ha tomado nota con satisfacción de la institución del Controlador General de los centros de privación de libertad por la Ley de 30 de octubre de 2007, así como de las medidas tomadas por el Estado parte para responder al problema crucial del hacinamiento en las cárceles, en particular mediante la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, incluso en los territorios de ultramar. También ha tomado nota del estudio emprendido por el Estado parte con objeto de recurrir con mayor frecuencia a penas distintas del internamiento. El Comité sigue sin embargo vivamente preocupado por las tasas de hacinamiento en las cárceles, que, aunque están disminuyendo sensiblemente, siguen siendo alarmantes, sobre todo en los territorios de ultramar. El Comité toma nota de la información transmitida por el Estado parte sobre el Plan de Acción del Ministerio de Justicia de junio de 2009, pero está asimismo preocupado por las tasas de suicido que se le han comunicado, así como por el número de incidentes violentos entre detenidos (arts. 11 y 16).

Aparte de la ampliación necesaria del parque inmobiliario penitenciario emprendida por el Estado parte, el Comité observa que numerosas leyes penales recientes prevén un endurecimiento de las penas y una disminución de la reincidencia, con el corolario directo de un mayor recurso a la reclusión; en esas circunstancias, el Comité invita al Estado parte a iniciar una reflexión importante sobre los efectos que tendrá su política penal reciente sobre el hacinamiento en las cárceles, a la luz de los artículos 11 y 16.

El Comité recomienda en particular al Estado parte que prevea recurrir más ampliamente a las penas no privativas de libertad en sustitución de las penas de encarcelamiento que se aplican actualmente. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que le proporcione información sobre la aplicación completa y periódica de las recomendaciones que formule el Controlador General de los centros de privación de libertad después de sus visitas, entre ellas las relativas a los reclusos con patologías psiquiátricas.

Zonas de espera

25)El Comité toma nota de las medidas tomadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de vida en las zonas de espera, en particular aeroportuarias, y especialmente mediante la creación de un grupo de trabajo ministerial sobre la cuestión de los menores en esas zonas de espera. Sigue sin embargo vivamente preocupado por el anuncio, en el contexto del proyecto de ley relativo a la inmigración, la integración y la nacionalidad de 31 de marzo de 2010, de la extensión de las zonas de espera a todas las fronteras del Estado parte cuando los extranjeros lleguen a la frontera en un lugar que no sea un punto de paso fronterizo, de modo que esas personas en espera quedarán sujetas a un régimen desprovisto de las garantías procedimentales aplicables fuera de esas zonas, en particular del derecho a consultar a un médico, a comunicarse con un abogado y a disponer de un intérprete (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para cerciorarse de que las condiciones de vida en las zonas de espera respondan a las exigencias de los artículos 11 y 16 de la Convención, velando en particular por evitar a los menores actos de violencia, procediendo a la separación estricta de menores y adultos, y velando escrupulosamente por que cada menor reciba obligatoriamente la asistencia de un administrador especial y que todos los procedimientos de devolución garanticen la seguridad de los menores, habida cuenta de su vulnerabilidad y del respeto debido a su persona. Además, se insta al Estado parte a que no multiplique las zonas de espera actuales y a que preste especialmente atención a la aplicación y al seguimiento de las recomendaciones que formule el Controlador General de los centros de privación de libertad después de su visita a las zonas de espera existentes.

Suicidio durante la detención

26)El Comité está vivamente preocupado por el hecho de que se describa al Estado parte como uno de los países de Europa en que el número de defunciones por suicidio en las cárceles es más elevado. Además, las cifras que se han puesto en conocimiento del Comité indican que más del 15% de las personas detenidas que se quitaron la vida en 2009 habían sido sancionadas y estaban en ese momento en un pabellón disciplinario (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las medidas necesarias para la prevención del suicidio durante la detención. Por otra parte, bajo el control del ministerio público, debería adoptar las medidas apropiadas para que el aislamiento en celdas siga siendo una medida excepcional y aplicable durante un tiempo limitado, de c o nformidad con la normativa internacional.

Régimen de diferenciación de penas

27)El Comité ha tomado nota con preocupación de que la Ley penitenciaria de 24 de noviembre de 2009 parece dotar a la administración penitenciaria de un amplio poder discrecional que permite, sobre la base del artículo 89 de dicha ley, diferenciar el régimen de detención sobre la base de una clasificación de los detenidos con arreglo a criterios subjetivos, como la personalidad o la peligrosidad. Tal régimen tiene necesariamente consecuencias, que pueden ser incluso arbitrarias, en las condiciones de ejecución de la pena. Así, es posible imaginar que un trato punitivo disciplinario o la privación de acceso a ciertos lugares durante la detención podrían, por su repetición, su ausencia de justificación o la manera arbitraria en que se dispensan, constituir una pena o trato cruel, inhumano o degradante en el sentido del artículo 16 (art. 16).

El Comité insta al Estado parte a que tome medidas adecuadas para garantizar un control del margen discrecional con su posible corolario de arbitrariedad inherente a las prerrogativas de que se ha dotado a la administración penitenciaria. Tal control se debería efectuar, en particular, mediante visitas periódicas de los mecanismos de control independiente existentes, que deberían a su vez comunicar inmediatamente a las autoridades judiciales competentes toda irregularidad o todo método que pudiera asemejarse a una medida arbitraria observada, en particular cuando tal medida fuera el aislamiento de un detenido.

Cacheo

28)El Comité toma nota de la información presentada por el Estado parte en el sentido de que el régimen actual de cacheo, que se rige por la Ley penitenciaria de 24 de noviembre de 2009, es más restrictivo que el que prevalecía anteriormente. Habida cuenta de dos condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Khider c. Francia y Frérot c. Francia), el Comité sigue preocupado por la naturaleza intrusiva y humillante de los cacheos, a fortiori los internos. Al Comité le preocupa además que el régimen relativo a la frecuencia y las modalidades de los cacheos en las prisiones y en los centros de detención emane de la administración penitenciaria. Por otra parte, también preocupa al Comité la falta de información sobre el seguimiento de los asuntos Khider c. Francia y Frérot c. Francia, especialmente la falta de indicadores que pudieran permitir una posible evaluación del riesgo futuro de violación del artículo 16 por la aplicación de cacheos (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que controle estrictamente la aplicación del régimen de cacheo, y en especial del registro integral e interno del detenido, velando por que sólo se apliquen los métodos menos intrusivos y más respetuosos de la integridad física de las personas, y que sean en todo caso conformes con la Convención. El Comité recomienda además la utilización de medidas de detección mediante equipo electrónico anunciada por el Estado parte, así como la generalización de ese mecanismo, con objeto de suprimir totalmente la práctica del cacheo.

Retención de seguridad

29)El Comité está vivamente preocupado por la medida llamada retención de seguridad creada por la Ley Nº 2008-174 de 25 de febrero de 2008 sobre la retención de seguridad y la declaración de irresponsabilidad penal por causa de enfermedades mentales, completada con la Ley Nº 2010-242 de 10 de marzo de 2010 encaminada a reducir el riesgo de reincidencia, que contiene diversas disposiciones de procedimiento penal. Además de que esta medida pone flagrantemente en tela de juicio el principio de la legalidad penal por la falta de elementos materiales objetivamente definibles y previsibles, la ausencia de relación causal entre la infracción y la pena en juego y su posible aplicación retroactiva, esta medida, que no parece prever ningún límite temporal de la reclusión, puede plantear también cuestiones en relación con el artículo 16 (art. 16).

El Comité recomienda enérgicamente al Estado parte que estudie la posibilidad de derogar esta disposición que viola flagrantemente el principio fundamental de la legalidad en derecho penal y está además en posible contradicción con el artículo 16.

Utilización de pistolas de descarga eléctrica en los lugares de detención

30)Preocupa especialmente al Comité que el Estado parte haya anunciado su voluntad de experimentar la utilización de las pistolas de descarga eléctrica (llamadas también "Taser") en los lugares de detención. El Comité toma nota de que el Consejo de Estado, en una decisión de 2 de septiembre de 2009, anuló el Decreto de 22 de septiembre de 2008 que autorizaba el empleo de esa clase de pistolas por los agentes de la policía municipal. El Comité destaca además la falta de información precisa en cuanto a las modalidades exactas de su utilización, el estatuto de las personas que las han utilizado ya y las precauciones específicas tomadas, como la formación y la supervisión del personal autorizado (arts. 2 y 16).

Reiterando su preocupación porque el empleo de estas armas provoque un dolor agudo, que constituye una forma de tortura, y porque, en ciertos casos, pueda incluso causar la muerte, desearía que el Estado parte le facilitase datos actualizados sobre la utilización que se hace de esta arma en los lugares de detención.

Investigación imparcial

31)El Comité sigue preocupado por el régimen de oportunidad de las actuaciones que da al ministerio fiscal la posibilidad de no perseguir a los autores de actos de tortura y malos tratos en que están implicados agentes del orden y de no ordenar siquiera que se proceda a una investigación, lo que contradice claramente las disposiciones del artículo 12 de la Convención. El Comité observa además con preocupación la ausencia de información precisa y reciente que permita comparar el número de denuncias recibidas sobre actos de las fuerzas del orden contrarios a la Convención con las disposiciones penales y disciplinarias que hayan podido tomarse en respuesta (art. 12).

El Comité reitera su recomendación anterior (CAT/C/FRA/CO/3, párr. 20) de que, para respetar las disposiciones del artículo 12 de la Convención, se acepte la necesidad de revocar el régimen de oportunidad de las actuaciones de modo que no quepa duda alguna sobre la obligación de las autoridades competentes de proceder espontánea y sistemáticamente a una investigación imparcial en todos los casos en que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en el territorio bajo su jurisdicción y evitar así eficazmente la impunidad de los autores de tales delitos.

32)Además del principio de la oportunidad de las actuaciones que incumbe al ministerio público y que limita la iniciación espontánea de una acción penal, el Comité está preocupado por las consecuencias del Informe Léger, de 1º de septiembre de 2009, cuyas conclusiones, si el Parlamento las refrenda, podrían acabar conduciendo a la supresión de la figura del juez de instrucción, de modo que todas las investigaciones serían dirigidas por el ministerio público, lo que repercutiría directamente en la independencia de las investigaciones (arts. 2, 12 y 13).

El Comité invita al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia y la integridad del procedimiento judicial, así como de las investigaciones efectuadas por los mecanismos independientes de control existentes, dotando en particular a éstos de la capacidad de iniciar directamente las investigaciones, y de los medios necesarios para cumplir su misión de control con toda independencia, imparcialidad y transparencia.

Derecho de denuncia

33)El Comité sigue preocupado por el modo de acceso a la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (CNDS), a la que una persona que haya sido víctima de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes no se puede dirigir directamente, sino por conducto de un miembro del Parlamento, el Primer Ministro o el Defensor del Menor (art. 13).

El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para que toda persona que pretenda haber sido víctima de la tortura o de un trato cruel, inhumano o degradante pueda dirigirse directamente a la CNDS en todo el territorio bajo su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 de la Convención.

34)El Comité observa con inquietud las consecuencias de la creación, en la reforma constitucional de 2008, de un "Defensor de los derechos", ya que el proyecto de ley orgánica prevé que éste reúna las funciones del Mediador de la República, el Defensor de los derechos del niño y la CNDS. Parece haberse previsto asimismo que, con el tiempo, la figura del Controlador General de los centros de privación de libertad acabe desapareciendo y quede también integrada en la nueva institución (art. 13).

El Comité invita al Estado parte a que tome las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo e ininterrumpido del mecanismo de control establecido con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención y de las demás instancias independientes complementarias que, además de sus funciones de mediación, cumplen una función esencial de control del respeto de los derechos y velan así por la aplicación de la Convención, cada una en la especialidad que le es propia.

Medidas provisionales de protección

35)El Comité se declara preocupado por el hecho de que el Estado parte estime que no está obligado a acceder a la petición de medidas de seguridad provisionales formuladas por el Comité (en relación con las comunicaciones Nº 195/2002, Brada c. Francia (17 de mayo de 2005) y Nº 300/2006, Tebourski c. Francia (1º de mayo de 2007).

El Comité recuerda que el artículo 108 del reglamento del Comité tiene por objeto dar sentido y alcance a los artículos 3 y 22 de la Convención, que, de lo contrario, sólo ofrecerían una protección teórica a los solicitantes de asilo que invocasen un riesgo grave de tortura, y exhorta al Estado parte a que revise su política en la materia y examine de buena fe las solicitudes de medidas provisionales que se le presenten, de conformidad con las obligaciones que le imponen los artículos 3 y 22 de la Convención.

Trata de personas

36)Al Comité le preocupa la falta de información facilitada por el Estado parte sobre la trata de personas y la explotación sexual. No se ha informado adecuadamente al Comité de la prevalencia del fenómeno ni de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la trata de mujeres y de niños en su territorio (arts. 2 y 16)

El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan nacional para luchar contra todas las formas de trata de mujeres y de niños, que incluya tanto medidas de derecho penal relativas a la persecución de los traficantes como medidas de protección y rehabilitación de las víctimas. Para ello, el Comité recomienda al Estado parte que refuerce su cooperación internacional con los países de origen, tráfico y tránsito, y vele por la asignación de recursos suficientes a las políticas y los programas en esa esfera. El Comité recomienda también al Estado parte que lo mantenga informado sobre la evolución a este respecto.

37)El Comité recomienda al Estado parte que en su próximo informe aporte datos desglosados por edad, sexo y pertenencia étnica, sobre:

a)El número de denuncias inscritas por supuesta tortura o trato cruel, inhumano o degradante;

b)El número correspondiente de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por actos de tortura o malos tratos desde el último informe presentado al Comité.

38)El Comité, aun tomando nota del derecho de los acusados a denunciar personalmente las denuncias que consideren calumniosas o difamatorias, desearía recibir datos sobre las medidas específicas tomadas por el Estado parte para proteger a las personas que denuncien agresiones cometidas por los agentes de la ley contra actos de intimidación y difamación, y las posibles represalias.

39)El Comité desearía asimismo recibir información sobre la aplicación de la Convención en los territorios en que el Estado parte ha desplegado fuerzas armadas.

40)El Comité recomienda que el Estado parte dé amplia difusión en su territorio a sus conclusiones y recomendaciones, en todos los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, la prensa y las ONG.

41)El Comité invita al Estado parte a actualizar su documento básico de 7 de octubre de 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1), siguiendo las directrices armonizadas para la preparación de informes recientemente aprobadas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

42)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 14, 21, 24, 28, 30 y 36.

43)Se invita al Estado parte a presentar su séptimo informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

60. Jordania

1)El Comité examinó el segundo informe periódico de Jordania (CAT/C/JOR/2) en sus sesiones 932ª y 934ª (CAT/C/SR.932 y CAT/C/SR.934), celebradas los días 29 y 30 de abril de 2010, y aprobó en sus sesiones 947ª y 948ª (CAT/C/SR.947 y CAT/C/SR.948) las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación del segundo informe periódico de Jordania, que, si bien cumple en general las directrices del Comité para la presentación de informes, carece de información estadística y práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y las leyes internas pertinentes. El Comité lamenta que el informe se haya presentado con un retraso de 13 años, debido a lo cual el Comité no ha podido realizar un análisis continuo de la aplicación de la Convención en el Estado parte.

3)El Comité expresa su agradecimiento por las extensas respuestas escritas a la lista de cuestiones (CAT/C/JOR/Q/2/Add.1), que aportaron importante información adicional, y los datos sobre las distintas instituciones jordanas que participaron en la preparación del informe. El Comité aprecia también el diálogo entablado con la delegación del Estado parte y la información oral complementaria que ésta proporcionó. El Comité lamenta que no formaran parte de la delegación los representantes de la Dirección General de Inteligencia que habían participado también en la preparación del informe.

B. Aspectos positivos

4)El Comité celebra que en el período transcurrido desde el examen de su informe inicial el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales o se haya adherido a ellos:

a)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en mayo de 2009, y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención, en junio de 2009;

b)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en marzo de 2008;

c)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en mayo de 2007;

d)Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en diciembre de 2006; y

e)Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en abril de 2002.

5)El Comité toma nota de los esfuerzos que se siguen realizando a nivel estatal para reformar la legislación, las políticas y los procedimientos, a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, en particular del derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular:

a)El establecimiento en 2003 del Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania como institución nacional independiente de derechos humanos;

b)El establecimiento en 2008 de la Oficina del Ombudsman como organismo independiente facultado para recibir denuncias desde el 1º de febrero de 2009;

c)La adopción por el Gobierno en 2007 del plan general para el desarrollo y la modernización de los centros penitenciarios y de rehabilitación, así como la clausura del Centro penitenciario y de rehabilitación de Al-Jafr en diciembre de 2006;

d)El apoyo del Gobierno a la ejecución del proyecto Karama, en cooperación con entidades de la sociedad civil; el proyecto tiene por objetivos generales la eliminación de la tortura y los malos tratos, la tipificación de esos actos como delitos, y su investigación, enjuiciamiento y castigo de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales de Jordania; y

e)El establecimiento de un Centro de servicios integrados y de justicia para la familia en el refugio para mujeres de Dar Al-Wifaq.

6)El Comité toma nota con reconocimiento de la información proporcionada por la delegación de que en el Estado parte no se ha aplicado la pena de muerte desde marzo de 2006.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Incorporación de la Convención en la legislación nacional

7)El Comité toma nota con reconocimiento de la publicación de la Convención en el Boletín Oficial en 2006, con lo que ésta pasó a ser parte de la legislación nacional y, por consiguiente, a ser aplicable en los tribunales nacionales. Sin embargo, en relación con sus observaciones finales anteriores (A/50/44, párr. 165), el Comité lamenta que, aunque Jordania es un Estado parte en la Convención desde 1991, ésta no se puso en vigor en el país hasta su publicación en el Boletín Oficial, como reconocieron sus representantes (arts. 2 y 10).

A fin de asegurar la aplicación de la Convención y de prevenir conductas que la contravengan, el Estado parte debería proporcionar una amplia capacitación a sus autoridades, a los funcionarios de las fuerzas del orden y de otros órganos pertinentes, así como a los miembros del poder judicial, a fin de que conozcan plenamente las disposiciones de la Convención.

Consideraciones generales relativas a la aplicación

8)Pese a que en la lista de cuestiones y durante el diálogo entablado con el Estado parte el Comité le pidió información estadística concreta, el Comité lamenta que no se haya proporcionado dicha información. La determinación de muchos abusos que requieren atención se ve seriamente entorpecida por la falta de datos globales o desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias que hayan tenido lugar en relación con actos de tortura y malos tratos que pudieran haber cometido funcionarios de las fuerzas del orden, los órganos de seguridad y de inteligencia y el personal penitenciario, o en relación con detenciones administrativas o casos de trata de personas, malos tratos a trabajadores migratorios o violencia doméstica y sexual (arts. 2, 12, 13 y 19).

El Estado parte debería reunir los datos estadísticos pertinentes para la vigilancia de la aplicación de la Convención a nivel nacional, desglosados por género, edad y nacionalidad, así como la información relativa a las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias que hayan tenido lugar en relación con detenciones administrativas y casos de tortura y malos tratos, trata de personas, malos tratos a trabajadores migratorios y violencia doméstica y sexual, y la información relativa a los resultados de todas las denuncias y causas judiciales. El Estado parte debería proporcionar sin demora al Comité la información antes mencionada, incluido el número de denuncias de tortura que se hayan presentado desde 1995, fecha en que se examinó el informe anterior del Estado parte.

Definición y tipificación de la tortura

9)Si bien toma nota de que en el artículo 208 del Código Penal se ha incluido una definición de tortura, el Comité lamenta que el capítulo 2 de la Constitución de Jordania, que establece los derechos y deberes de los jordanos, no contenga una prohibición concreta de la tortura y demás formas de malos tratos o penas. Preocupa también al Comité que el artículo 208 se refiera a "cualquier tipo de tortura ilícita", de lo que se infiere que hay formas o casos de tortura permitidos por la ley.Preocupaademás al Comité que la tortura no se considere delito grave, sino leve, y se castigue con penas que no corresponden a su gravedad (privación de libertad de seis meses a tres años). El Comité lamenta que en el Código Penal no se establezca la imprescriptibilidad del delito de tortura y expresa preocupación por que la prescripción prevista en algunas disposiciones del Código Penal pueda impedir la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de esos delitos graves (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería incorporar en la Constitución la prohibición de la tortura a fin de hacer patente su reconocimiento real y significativo de la gravedad del delito de tortura y de las violaciones de los derechos humanos y luchar contra la impunidad. El Comité considera que mediante la denominación y definición del delito de tortura con arreglo a los artículos 1 y 4 de la Convención, y de manera independiente de otros delitos, los Estados partes promoverán directamente la prevención de la tortura, objetivo supremo de la Convención, en particular, alertando a todas las personas, incluidos los autores, las víctimas y el público en general, sobre la especial gravedad del delito de tortura, y aumentando el efecto disuasivo de su prohibición. Asimismo, el Estado parte debería asegurar que los autores sean juzgados y condenados de acuerdo con la gravedad de sus actos, como se establece en el artículo 4 de la Convención. Con ese propósito, el Estado parte debería modificar su Código Penal con objeto de aumentar la severidad de las penas, según corresponda.

El Estado parte debería seguir revisando sus normas y disposiciones sobre la prescripción para ajustarlas plenamente a sus obligaciones en virtud de la Convención, de manera que los actos de tortura, consumados o en grado de tentativa, y los actos de toda persona que constituyan complicidad o participación en la tortura puedan investigarse, enjuiciarse y castigarse sin limitación de tiempo.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

10)El Comité expresa profunda preocupación por las numerosas afirmaciones coherentes y fidedignas de que la tortura y los malos tratos contra los detenidos constituyen una práctica generalizada y rutinaria en las instalaciones de detención, incluso las controladas por la Dirección General de Inteligencia y la Policía Judicial Auxiliar. Preocupa además al Comité que rara vez se investiguen y procesen esas denuncias y que al parecer exista un clima de impunidad que se manifiesta en la ausencia de medidas disciplinarias significativas o procesos penales contra los funcionarios acusados de la comisión de actos prohibidos por la Convención. Preocupa particularmente al Comité que, si bien nunca se ha procesado a un funcionario por haber cometido actos de tortura con arreglo al artículo 208 del Código Penal, se han realizado procesos con arreglo al artículo 37 de la Ley de seguridad pública de 1965 como lex specialis, que impone únicamente medidas disciplinarias. Preocupa además al Comité que el artículo 61 del Código Penal estipule que una persona no incurrirá en responsabilidad penal por actos realizados en cumplimiento de órdenes dictadas por un superior jerárquico (arts. 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar con carácter urgente medidas de aplicación inmediata y efectivas para prevenir los actos de tortura y malos tratos en todo el país, incluida la proclamación de una política que tenga resultados medibles en cuanto a la erradicación de los actos de tortura y malos tratos por parte de funcionarios del Estado.

El Estado parte debería velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad, y que los autores sean enjuiciados y condenados de acuerdo con la gravedad de los hechos, como exige el artículo 4 de la Convención.

Además, el Estado parte debería modificar su legislación con objeto de que se disponga expresamente que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Las denuncias y su investigación pronta e imparcial

11)El Comité expresa preocupación ante el elevado número de denuncias de torturas y malos tratos cometidos por funcionarios de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad, de inteligencia y penitenciarios, el limitado número de investigaciones realizadas en el Estado parte sobre esos casos, y las muy escasas sentencias condenatorias impuestas en relación con los casos investigados. Además, preocupa al Comité que los órganos de investigación existentes carezcan de la independencia necesaria para examinar denuncias individuales sobre conductas indebidas de los funcionarios de seguridad. El Comité lamenta también la falta de información detallada, en particular estadísticas, sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos, sobre los resultados de todos los procedimientos realizados, por las vías tanto penal como disciplinaria, y sobre su resolución (arts. 11, 12 y 16).

El Estado parte debería fortalecer sus medidas para asegurar la investigación pronta, rigurosa, imparcial y eficaz de todas las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a presos que cumplen condenas y a detenidos, y enjuiciar a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de seguridad, inteligencia y penitenciarios que hayan realizado, ordenado o tolerado esas prácticas. En particular, debería realizar esas investigaciones un órgano independiente. En relación con los presuntos casos de tortura o malos tratos, los supuestos autores deberían ser suspendidos o trasladados de forma sistemática mientras dure la investigación, para evitar que puedan obstruir las pesquisas, o persistir en las presuntas conductas inadmisibles contrarias a la Convención.

El Estado parte debería enjuiciar a los infractores e imponerles penas apropiadas, para que los funcionarios del Estado responsables de prácticas contrarias a la Convención paguen por sus actos.

Salvaguardias legales fundamentales

12)El Comité expresa seria preocupación por el hecho de que el Estado parte no otorgue en la práctica a todos los detenidos, incluso los recluidos en las instalaciones de la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Seguridad Pública, todas las garantías procesales fundamentales desde el inicio de su detención. Esas garantías incluyen el derecho de los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a ser sometidos a un examen médico independiente, a avisar a un familiar, a ser informados en el momento de la detención sobre sus derechos y, entre otras cosas, sobre los cargos que se le imputan, así como a comparecer ante un juez dentro del plazo previsto en las normas internacionales.Preocupa especialmente al Comité que los detenidos no tengan derecho a un abogado desde el momento de la detención, y especialmente durante la etapa inicial comprendida entre el arresto y la presentación ante el fiscal, y que en el artículo 63, párrafo 2, y el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal se prevea la posibilidad de que excepcionalmente, en "casos de urgencia", los fiscales interroguen a los detenidos sin la presencia de un abogado.Además, preocupan al Comité los informes según los cuales las entrevistas entre los abogados y sus clientes tienen lugar en presencia de muchas otras personas y abogados (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería adoptar con prontitud medidas eficaces para asegurar que todos los detenidos cuenten en la práctica con todas las garantías procesales fundamentales desde el momento de su detención. Esas garantías incluyen, en particular, el derecho del detenido a tener acceso inmediato a un abogado y a un examen médico independiente, a notificar la detención a un familiar, a ser informado en el momento de la detención sobre sus derechos, y en particular, sobre los cargos que se le imputan, y a comparecer prontamente ante un juez. El Estado parte debería también adoptar medidas eficaces para que en los " locutorios de abogados " se garantice la confidencialidad de las entrevistas entre el cliente y su defensor.

Detención administrativa

13)Según señala en su informe el Estado parte (párr. 45), el Gobierno ordenó a los jueces de los tribunales administrativos que pusieran fin a la práctica de la detención administrativa y fueron puestas en libertad numerosas personas que se encontraban en situación de detención administrativa. No obstante, preocupa profundamente al Comité que se siga utilizando la detención administrativa (de acuerdo con la información contenida en las respuestas a la lista de cuestiones, en 2006 se encontraban en situación de detención administrativa más de 20.000 personas, cifra que se redujo a unas 16.000 personas). El Comité expresa especial preocupación por el hecho de que la Ley de prevención del delito, de 1954, faculte a los gobernadores administrativos subordinados al Ministerio del Interior a detener por un período de un año, prorrogable indefinidamente, a todo sospechoso de la comisión de un delito o a cualquier persona que se considere un peligro para la sociedad. Preocupa también al Comité que con arreglo al Código de Procedimiento Penal sea posible realizar arrestos y mantener a personas detenidas sin una fundamentación legal explícita y sin motivos objetivos que lo justifiquen (arts. 2, 11 y 16).

Toda vez que las personas que se encuentran en situación de detención administrativa quedan fuera del control judicial sobre los detenidos y por consiguiente corren el riesgo de ser objeto de acciones contrarias a la Convención, el Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas adecuadas para abolir la práctica de la detención administrativa. El Estado parte debería modificar las leyes nacionales mencionadas anteriormente a fin de ajustarlas a las normas internacionales de derechos humanos y a las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención.

Sistema de tribunales especiales

14)El Comité expresa seria preocupación respecto del sistema de tribunales especiales en los servicios de seguridad, en particular el Tribunal de Seguridad del Estado, el Tribunal Especial de la Policía y el Tribunal Militar de la Dirección General de Inteligencia, que, según se informa, han permitido que militares y agentes de seguridad presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos evadieran su responsabilidad ante la justicia. Preocupa al Comité que este sistema ponga en peligro la transparencia, la independencia y la imparcialidad, y que los procedimientos aplicados en los tribunales especiales no siempre sean compatibles con las normas de un juicio justo (arts. 2 y 12).

En relación con su recomendación anterior (A/50/44, párr. 175), el Comité pide al Estado parte que adopte medidas inmediatas para asegurar que el funcionamiento del Tribunal de Seguridad del Estado y de los demás tribunales especiales se ajuste plenamente a las disposiciones de la Convención y a las normas judiciales internacionales y, en particular, que se conceda a los acusados el derecho a apelar las decisiones del Tribunal; en su defecto, el Estado parte debería abolir los tribunales especiales.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

15)El Comité aprecia la información proporcionada por los representantes del Estado parte de que diversos organismos, como el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Oficina de Quejas y Derechos Humanos de la Dirección General de Seguridad Pública, algunas ONG internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, realizan visitas periódicas a los lugares de investigación y detención y a los centros de rehabilitación. Sin embargo, preocupa al Comité que no se desarrolle una labor sistemática y eficaz de vigilancia e inspección de todos los lugares de detención, en especial de los establecimientos de la Dirección General de Inteligencia, y que las visitas de los órganos nacionales de vigilancia, incluido el Centro Nacional de Derechos Humanos, tengan que anunciarse de antemano y realizarse en respuesta a solicitudes previas, por lo general en compañía de representantes de la Dirección General de Seguridad Pública, en cumplimiento de un memorando de entendimiento concertado entre esas dos instituciones en marzo de 2009. Preocupa también al Comité que durante la visita del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a Jordania, en junio de 2006, al parecer se le haya denegado el acceso a los lugares de detención (arts. 2, 11 y 16).

El Comité pide al Estado parte que establezca un sistema nacional encargado de la vigilancia e inspección efectivas de todos los lugares de detención, incluidos los establecimientos de la Dirección General de Inteligencia, y medidas de seguimiento para asegurar una vigilancia sistemática. El sistema debe incluir visitas periódicas y sin previo aviso de órganos de vigilancia nacionales e internacionales, a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dirección General de Inteligencia

16)En relación con sus observaciones finales anteriores(A/50/44, párr. 168), el Comité expresa inquietud por las denuncias de torturas y malos tratos en los establecimientos de la Dirección General de Inteligencia y sigue preocupado por que ésta continúe realizando detenciones arbitrarias y sometiendo a los detenidos a régimen de incomunicación, con frecuencia por períodos prolongados y presuntamente sin acceso a jueces, abogados ni médicos (arts. 2, 11 y 16).

El Comité pide al Estado parte que ponga a todas las dependencias del servicio de Seguridad del Estado, y sobre todo la Dirección General de Inteligencia, bajo autoridad y supervisión civiles, a fin de establecer un mecanismo independiente de auditoría de esos servicios, limitar las atribuciones de la Dirección y asegurar la separación de poderes, de hecho y de derecho, entre las autoridades encargadas de la detención de los sospechosos y las encargadas de las investigaciones preliminares.

Medidas de lucha contra el terrorismo

17)Recordando la prohibición absoluta de la tortura, preocupa al Comité que la Ley de prevención del terrorismo de 2006 contenga una definición vaga y demasiado amplia del término "actividades terroristas". Le preocupa también el aparente reforzamiento de las facultades ya excesivas de los agentes de seguridad (arts. 2 y 16).

El Comité recuerda que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura, y que, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y con otras resoluciones, las medidas de lucha contra el terrorismo deben ponerse en práctica respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos. A estos efectos, el Estado parte debería revisar la Ley de prevención del terrorismo de 2006 y modificarla, según proceda, para armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos.

Impunidad de los " delitos por motivos de honor " y las violaciones

18)El Comité observa con preocupación que en Jordania la violencia contra la mujer como forma de discriminación es un problema de profundas raíces que ha redundado en la formación de una cultura de impunidad en relación con la violencia doméstica y basada en el género. En este sentido, preocupa profundamente al Comité que los delitos motivados por lo que se consideran afrentas al "honor" de una familia suelan quedar impunes, y que si se castigan, las condenas sean mucho menos severas que las impuestas por delitos igualmente violentos, pero que no afectan el "honor" (arts. 1, 2, 4, 13 y 16).

El Comité pide al Estado parte que modifique cuanto antes las disposiciones pertinentes del Código Penal, a fin de asegurar que los autores de " delitos por motivos de honor " no se beneficien de una reducción de la pena en virtud del artículo 340; que los autores de " delitos por motivos de honor " premeditados no se beneficien de una reducción de la pena en virtud del artículo 98; y que el artículo 99 no sea aplicable a " delitos por motivos de honor " ni a otros casos en que exista parentesco entre la víctima y el autor. El Comité insta también al Estado parte a que asegure que los " delitos por motivos de honor " se investiguen y juzguen con el mismo rigor que los demás delitos violentos, y se apliquen medidas preventivas eficaces.

19)Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación de que el Estado parte estaba examinando este asunto, expresa profunda preocupación por la práctica con arreglo a la cual se permite que los violadores eviten ser enjuiciados casándose con sus víctimas (artículo 308 del Código Penal), o que las familias renuncien a su "derecho a presentar denuncias" (arts. 1, 2, 4, 13 y 16).

Recordando que numerosos órganos judiciales y cuasijudiciales han establecido que la violación es una forma de tortura, el Comité pide al Estado parte que elimine la disposición eximente que figura en el artículo 308 del Código Penal y asegure que el violador no evada el castigo casándose con su víctima.

Violencia doméstica

20)Aunque en enero de 2009 se aprobó la nueva Ley de protección contra la violencia doméstica, preocupa al Comité que en ésta no se tipifique explícitamente la violencia doméstica ni se disponga adecuadamente el enjuiciamiento de los autores. De acuerdo con las respuestas a la lista de cuestiones, el problema de la tipificación se aborda en el Código Penal. Preocupa también al Comité el limitado alcance de la nueva ley, que establece como condición la convivencia del autor y la víctima en el hogar familiar. Preocupa también al Comité la falta de datos, en particular estadísticos, sobre las denuncias, los enjuiciamientos y las sentencias relacionados con la violencia doméstica (arts. 1, 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos por prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los niños y asegurar que esos actos se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia y sus autores sean enjuiciados y castigados. Se alienta al Estado parte a que participe directamente en los programas de rehabilitación y de asistencia jurídica y lleve a cabo campañas más generales de sensibilización para los funcionarios (jueces, profesionales del derecho, agentes de las fuerzas del orden y trabajadores sociales) que estén en contacto directo con las víctimas.

El Estado parte debería también redoblar sus esfuerzos en lo que respecta a la investigación y la recopilación de datos sobre la magnitud de la violencia doméstica, y el Comité le pide que proporcione, en su próximo informe periódico, datos estadísticos sobre las denuncias, los procesamientos y las condenas relacionados con ese tipo de violencia.

Custodia de protección

21)El Comité toma nota con preocupación de que en la Ley de prohibición de delitos, de 1954, se autoriza la aplicación de la "custodia de protección" a las mujeres expuestas al riesgo de sufrir violencia, medida equivalente, según información recibida, a una detención administrativa, y que algunas mujeres aún están retenidas de este modo (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que reemplace la práctica de la " custodia de protección " por otras medidas que aseguren la protección de las mujeres sin amenazar su libertad, y que, en consecuencia, transfiera a todas las mujeres que se encuentran actualmente en " custodia de protección " a otros refugios seguros donde puedan rehabilitarse. Con este fin el Comité alienta al Estado parte a que adopte un plan nacional para la protección de las mujeres que se encuentran en peligro.

Trata de personas

22)Si bien el Comité celebra la aprobación en 2009 de la Ley contra la trata de seres humanos (Ley Nº 9/2009), que tipifica todas las formas de trata, expresa su preocupación por informaciones sobre casos de trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y de otra índole. Preocupa también al Comité la falta de información general sobre el alcance de la trata en el Estado parte, incluido el número de denuncias, investigaciones, y procesamientos de responsables de la trata, así como de condenas dictadas contra éstos y sobre las medidas prácticas adoptadas para prevenir y combatir esos fenómenos (arts. 1, 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos por prevenir y combatir la trata de mujeres y niños, en particular aplicando las leyes vigentes de lucha contra la trata, protegiendo a las víctimas y asegurando su acceso a servicios médicos, sociales, de rehabilitación y jurídicos, incluido apoyo psicológico, según proceda. El Estado parte debería también crear condiciones adecuadas para que las víctimas ejerzan su derecho a la presentación de denuncias, investigar con prontitud, imparcialidad y eficacia todas las denuncias de trata y asegurar el enjuiciamiento de los autores y su castigo con penas acordes a la naturaleza de sus delitos.

Refugiados, violaciones del artículo 3 y falta de investigaciones

23)El Comité lamenta que en ninguna ley del Estado parte se garanticen los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de disposiciones legislativas, en particular en la Ley sobre los delincuentes prófugos, de 1927, y la Ley de extranjería y residencia (Nº 2 de 1973), que prohibirían expresamente la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando hubiera razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Asimismo, preocupa al Comité la información según la cual la plena protección prevista en el artículo 3 de la Convención respecto de la expulsión, devolución o deportación no se ha concedido a algunas personas, entre otras Maher Arar, Mohamed Farag Bashamilah y Salah Naser Salem Ali Darwish. Preocupan además al Comité los informes de que la cooperación de Jordania con otros gobiernos en el contexto de la "guerra contra el terrorismo", ha dado lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos, como detenciones y entregas extrajudiciales secretas de sospechosos de terrorismo, en contravención de la Convención. En este sentido el Comité lamenta la falta de información relativa a si el Estado parte examina la posibilidad de iniciar una investigación independiente para verificar esas afirmaciones (arts. 3, 12 y 13).

El Estado parte debería formular y adoptar instrumentos legislativos internos que garanticen los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. El Estado parte debería también formular y adoptar una disposición legislativa para incorporar en su derecho interno el artículo 3 de la Convención. El Estado parte no debería proceder, en ninguna circunstancia, a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos. Además, el Estado parte debería emprender una investigación independiente para examinar y verificar las denuncias sobre su participación en " entregas extrajudiciales " e informar al Comité sobre los resultados de dicha investigación.

Privación de la nacionalidad

24)Si bien el Comité reconoce que se ha otorgado la ciudadanía jordana a más de 200.000 refugiados palestinos, expresa preocupación por el hecho de que, según se afirma, se ha retirado la nacionalidad a más de 2.700 jordanos de origen palestino. No obstante la explicación proporcionada por la delegación y su declaración de que esas denuncias son una distorsión flagrante de los hechos y las cifras, el Comité señala con preocupación que dicha privación de la nacionalidad se realiza de manera arbitraria y aleatoria, y sin un fundamento legal claro, con lo que se niegan a las personas afectadas los derechos básicos de ciudadanía y se pone en riesgo de expulsión a esas personas sin las garantías establecidas en el artículo 3 de la Convención (arts. 3 y 16).

El Comité pide al Estado parte que ponga fin a la privación arbitraria de la nacionalidad a jordanos de origen palestino.

Defensores de los derechos humanos

25)El Comité toma nota con preocupación de informes relativos a amenazas, acoso e intimidación de observadores de la situación de los derechos humanos en el Estado parte, y le preocupa que esta circunstancia pueda obstaculizar el funcionamiento y las actividades de los grupos de la sociedad civil dedicados a esas actividades, y por consiguiente su capacidad para realizar una labor eficaz (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para que todas las personas, en particular los observadores de la situación de los derechos humanos, estén protegidas contra la intimidación o la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades y el ejercicio de las garantías de los derechos humanos, y para que esos actos se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia y se enjuicie y castigue a sus autores.

Niños privados de libertad

26) El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para reformar su sistema de justicia juvenil. Sin embargo, el Comité toma nota con preocupación de que, pese a la información proporcionada sobre la modificación en curso de las disposiciones de la Ley de menores con el fin de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de 7 a 12 años, este límite sigue estando por debajo de las normas internacionales, y no existen medidas alternativas a la privación de libertad. Además, el Comité observa con preocupación que el menor que delinque junto con un adulto es enjuiciado por el tribunal competente para juzgar al adulto (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería aumentar urgentemente la edad mínima de responsabilidad penal para ajustarla a las normas internacionales generalmente aceptadas. El Estado parte debería también adoptar todas las medidas necesarias para elaborar y poner en práctica un sistema amplio de medidas alternativas con el objetivo de que la privación de libertad de los menores se utilice sólo como medida de último recurso, durante el menor tiempo posible y en condiciones apropiadas. Además, el Estado parte debería asegurar que los menores sean juzgados por tribunales de menores.

Condiciones de privación de libertad

27)Si bien el Comité toma nota de la mejora de los centros de detención, en particular en el contexto del plan general del Gobierno para el desarrollo y la modernización de los centros penitenciarios y de rehabilitación, reitera su preocupación por las persistentes denuncias de hacinamiento, insuficiencia de personal, alimentación y atención sanitaria inadecuadas, e ineficacia de los programas previos y posteriores a la puesta en libertad (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería continuar adoptando medidas efectivas para mejorar las condiciones y reducir el hacinamiento de los lugares de detención, en particular mediante la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad.

Capacitación

28)El Comité toma nota de la información incluida en el informe del Estado parte sobre los programas de formación y sensibilización. Sin embargo, lamenta la falta de datos sobre formación específica para el personal de los servicios de seguridad e inteligencia, jueces, fiscales, médicos forenses y personal médico que atienden a los detenidos, en particular sobre los métodos para documentar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura (art. 10).

El Estado parte debería ampliar y reforzar los programas de educación para garantizar que todos los funcionarios, en particular los miembros de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad, de inteligencia y penitenciarios conozcan plenamente las disposiciones de la Convención, que las infracciones denunciadas no se toleren y sean investigadas, y que se enjuicie a los infractores. Además, todas las personas pertinentes, incluidos los funcionarios encargados de investigar y documentar esos casos, deberían recibir formación específica sobre la manera de identificar señales de tortura y malos tratos. La formación debería incluir la utilización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Además, el Estado parte debería evaluar la eficacia y el efecto de esos programas de capacitación/educación.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

29)Si bien toma nota de que en el artículo 256 del Código Civil se establece el derecho de toda persona a exigir una indemnización por los daños que puedan habérsele ocasionado, el Comité manifiesta preocupación por la ausencia en la legislación jordana de disposiciones expresas sobre el derecho de las víctimas de tortura a una indemnización justa y adecuada de los daños causados por la tortura, y por la falta de información sobre los tratamientos y servicios de rehabilitación social al alcance de esas víctimas, como la rehabilitación médica y psicosocial (art. 14).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para proporcionar a las víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible. A esos efectos el Estado parte debería modificar su legislación a fin de incluir disposiciones explícitas sobre el derecho de las víctimas de tortura a una indemnización justa y adecuada de los daños causados por la tortura. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización decretadas por los tribunales y proporcionadas a las víctimas de tortura o sus familias durante el período examinado. Esa información debería incluir el número de solicitudes presentadas y de indemnizaciones otorgadas y las sumas concedidas y efectivamente abonadas en cada caso. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre los programas vigentes en relación con el resarcimiento de las víctimas.

Confesiones obtenidas por la fuerza

30)Si bien el Comité toma nota de la existencia del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, que no se refiere explícitamente a la tortura, manifiesta preocupación por los informes de que en los tribunales del Estado parte se utilizan de forma generalizada confesiones obtenidas por la fuerza. Preocupa también al Comité la falta de información sobre los funcionarios que pudieran haber sido enjuiciados y castigados por extraer esas confesiones (art. 15).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para asegurar que las confesiones obtenidas bajo tortura sean inadmisibles ante los tribunales en todos los casos, de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que establezca de manera estricta la inadmisibilidad en los procesos penales de las pruebas obtenidas mediante tortura, y lo informe de si se ha procesado y condenado a algún funcionario por obtener confesiones de ese modo.

Mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas

31)El Comité toma nota del establecimiento en 2006 de la Dirección de EmpleadasDomésticas, encargada de la vigilancia y regulación de las actividades de las agencias de empleo. No obstante, le preocupan las informaciones relativas al abuso generalizado de mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas, en su inmensa mayoría procedentes de Asia Meridional y Sudoriental, que con frecuencia son víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales (arts. 13 y 16).

El Estado parte debería reforzar sus medidas para prevenir la violencia y los abusos contra las mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas en su territorio, garantizando su derecho a presentar denuncias contra los responsables de esos actos y procurando que esos casos sean examinados y enjuiciados con prontitud e imparcialidad por un mecanismo de supervisión competente, y que sean llevados ante la justicia todos los empleadores y representantes de agencias de empleo que cometan abusos contra esas trabajadoras.

32)El Comité recomienda al Estado parte que examine la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

33)El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de formular las declaraciones contempladas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

34)El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

35)El Comité invita al Estado parte a que presente su documento básico de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, que figuran en el documento HRI/GEN/2/Rev.6.

36)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que Jordania presenta al Comité y las presentes observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

37)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10, 11, 18 y 31.

38)Se invita al Estado parte a que presente su tercer informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

61. Liechten stein

1)El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de Liechtenstein (CAT/C/LIE/3 y Corr.1) en sus sesiones 938ª y 941ª (CAT/C/SR.938 y CAT/C/SR.941), celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2010, y aprobó en su 948ª sesión (CAT/C/SR.948) las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité acoge con agrado la presentación del tercer informe periódico de Liechtenstein, que se presentó con cierto retraso, y que en sentido general se ajusta a las directrices del Comité sobre la forma y el contenido de los informes periódicos. El Comité expresa su reconocimiento por las amplias respuestas escritas a la lista de cuestiones, que proporcionaron importante información adicional, y por la traducción del informe anual de 2009 del mecanismo nacional de prevención, que se presentó oportunamente con vistas al examen del informe periódico.

3)El Comité expresa su agradecimiento por el diálogo abierto, constructivo y fructífero que mantuvo con la delegación del Estado parte, y por las extensas y precisas respuestas orales y escritas a las preguntas y preocupaciones formuladas por el Comité.

B. Aspectos positivos

4)El Comité toma nota con satisfacción de la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos durante el período que abarca el informe:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2006;

b)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en 2000;

c)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 2001;

d)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, en 2009;

e)Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, en 2009.

5)El Comité toma nota con satisfacción de los hechos siguientes:

a)La revisión completa de la Ley de ejecución de las penas, que, entre otras cosas, refuerza las salvaguardias jurídicas del derecho de los condenados a prisión a tener acceso a un médico;

b)El establecimiento en diciembre de 2007, en virtud de la Ley de ejecución de las penas (2007) revisada, de la Comisión Penitenciaria, designada también mecanismo nacional de prevención en virtud de la ratificación del Protocolo Facultativo por el Estado parte, y la participación activa de éste en la redacción del Protocolo;

c)La entrada en vigor, el 1º de enero de 2008, del Código de Procedimiento Penal enmendado, que, entre otras cosas, garantiza el derecho de todas las personas detenidas a informar de su detención a un familiar o a otra persona de su confianza, y a un abogado defensor, y el derecho a guardar silencio.

6)El Comité toma nota además con satisfacción de:

a)El establecimiento de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de su Oficina de Igualdad de Oportunidades, con funciones operativas, la Oficina del Ombudsman para los Niños y los Jóvenes y la Oficina de Asistencia a las Víctimas;

b)El apoyo del Estado parte a los mecanismos de las Naciones Unidas establecidos para prevenir y erradicar la tortura y demás formas de malos tratos, en particular el aumento de su contribución al Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura y su apoyo al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

7)El Comité toma nota con satisfacción de las enmiendas constitucionales adoptadas en 2003, en que se establece que la prohibición de la tortura y el trato inhumano tiene carácter absoluto y no podrá ser menoscabada por ley ni decreto de emergencia algunos (artículo 10, párrafo 2, de la Constitución) y en 2005, que prohíbe "los tratos o castigos inhumanos o degradantes" (artículo 27 bis de la Constitución). El Comité reconoce también que, de conformidad con el sistema jurídico monista del Estado parte, estas disposiciones constitucionales pasaron a ser parte del derecho nacional en la fecha de su ratificación. No obstante haberse adoptado esas disposiciones, el Comité cree firmemente que la tipificación de la tortura como delito independiente en la legislación interna del Estado parte, sobre la base de la definición contenida en el artículo 1 de la Convención, promovería directamente la prevención de la tortura o los malos tratos, objetivo supremo de la Convención (arts. 1 y 4).

El Comité recomienda al Estado parte que en su legislación penal interna tipifique la tortura como delito independiente, de conformidad estricta con lo establecido en el artículo 1 de la Convención. El Comité considera que mediante la denominación y definición del delito de tortura con arreglo a los artículos 1 y 4 de la Convención, y de manera independiente de otros delitos, los Estados partes promoverán directamente la prevención de la tortura, objetivo supremo de la Convención, en particular, alertando a todas las personas, incluidos los perpetradores, las víctimas y el público en general, sobre la especial gravedad del delito de tortura, y aumentando el efecto disuasorio de su prohibición.

Penas adecuadas

8)El Comité, recordando que las penas por actos de tortura han de ser necesariamente proporcionales a la gravedad del delito para ejercer un efecto verdaderamente disuasorio, considera muy benignos los castigos previstos por estos delitos en las disposiciones penales vigentes en el Estado parte (privación de libertad de dos años por atormentar y desatender a un recluso (artículo 312 del Código Penal) y hasta cinco años en el caso de lesiones (artículos 83 a 85 del Código Penal)). El Comité recuerda al Estado parte que, de conformidad con la Convención, todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad (art. 4).

El Estado parte debería establecer penas adecuadas para los delitos que constituyen actos de tortura, en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con el artículo 4 de la Convención.

Plazo de prescripción

9)Preocupa también al Comité que, como resultado de la tipificación de los actos de tortura como delito con arreglo a los artículos 83 a 85 y 312 del Código Penal, se establezca un plazo de prescripción de cinco años para los delitos que constituyen tortura. En este sentido preocupa al Comité que el Estado parte no tenga la intención de enmendar el Código Penal para eliminar la prescripción aplicable a los casos de tortura. No es aceptable ninguna justificación que se invoque para imponer limitaciones de tiempo en relación con la obligación del Estado parte de investigar y enjuiciar los delitos de tortura, incluida la falta de decisiones judiciales mencionada en la respuesta escrita del Estado parte (arts. 2, 4 y 12).

El Estado parte debería asegurar la imprescriptibilidad de los delitos que constituyen tortura.

Salvaguardias fundamentales

Derecho a tener acceso a un médico

10)El Comité acoge con agrado la nueva Ley de ejecución de las penas, que, entre otras cosas, garantiza el derecho de los condenados a prisión a ser examinados por un médico lo antes posible a partir del momento de su ingreso en la prisión. Sin embargo, preocupa al Comité que en la ley no se garantice el mismo derecho a todas las personas privadas de libertad, desde el inicio de la detención. En este contexto, el Comité lamenta que la nueva Ley de salud pública ya no contenga una disposición explícita sobre el acceso a un médico durante la detención policial (antiguo artículo 7 a), párrafo 3 b)) y que no se garantice claramente este derecho en el Código Penal ni en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, si bien el Comité aprecia que en los folletos de instrucciones sobre las salvaguardias legales que la Policía Nacional entrega a las personas privadas de libertad se tenga en cuenta el ejercicio del derecho a tener acceso a un médico desde el inicio de la detención, manifiesta preocupación porque en los folletos que se entregan a los nacionales de otros países no se mencione explícitamente el ejercicio de este derecho (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería asegurar que en la legislación interna se garantice explícitamente el derecho de todas las personas privadas de libertad, incluidos los nacionales de otros países, a tener acceso a un médico independiente, de ser posible de su elección, desde el inicio de la detención.

Derecho a tener acceso a un abogado y a informar a los familiares

11)El Comité toma nota con reconocimiento de que, de conformidad con el Código Penal revisado, se garantiza legalmente a "todas las personas detenidas" el derecho a tener acceso a un abogado defensor y a informar de su detención a un familiar o a otra persona de su confianza "en el momento del arresto o inmediatamente después" (art. 128 a)). Señalando las restricciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal en relación con la fase de los interrogatorios, el Comité acoge con agrado la información del Estado parte de que el Código de Procedimiento Penal es objeto de una revisión total e incluirá una disposición en virtud de la cual toda persona que sea entrevistada o interrogada por la policía tendrá derecho a que un abogado esté presente durante la investigación policial inicial. No obstante, preocupa al Comité que en la información que se entrega actualmente a los nacionales de otros países se establezca que la persona detenida tiene que elegir entre informar a un familiar o a un abogado (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería asegurar que en el Código de Procedimiento Penal revisado se incluyera el derecho de todas las personas privadas de libertad a tener acceso a un abogado desde el inicio de su detención, sin restricción alguna. Debería modificarse el texto de la información que se entrega a los nacionales extranjeros inmediatamente después de su arresto, de manera que en la práctica se garantice el derecho tanto a tener acceso a un abogado, como a informar a un familiar.

Separación de las responsabilidades entre las autoridades penitenciarias y los órganos de investigación

12)El Comité observa con preocupación que no están delimitadas las competencias del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior en el sistema penitenciario del Estado parte, y que, como señaló la Comisión Penitenciaria, las autoridades policiales siguen teniendo competencia e influencia organizativa en el ámbito penitenciario. No obstante, el Comité toma nota con reconocimiento del examen en curso, a la luz del asesoramiento de los expertos de Austria, de la recomendación formulada al respecto por la Comisión Penitenciaria (art. 2).

El Estado parte debería asegurar la competencia plena y exclusiva del Ministerio de Justicia en el sistema penitenciario del Estado parte, de conformidad con la recomendación formulada por la Comisión Penitenciaria en 2008 y 2009.

Estatuto jurídico, mandato y composición del mecanismo nacional de prevención

13)El Comité saluda el establecimiento de la Comisión Penitenciaria como mecanismo nacional de prevención del Estado parte, que comenzó a funcionar en 2008. El Comité toma nota con reconocimiento de la información relativa a la muy buena colaboración desarrollada entre las autoridades y la Comisión Penitenciaria durante las visitas que ésta realizó a la Prisión Nacional de Vaduz en 2009, y de los esfuerzos del Estado parte para dar seguimiento a sus recomendaciones y divulgarlas, en particular la traducción al inglés de su informe anual de 2009. Si bien el Comité toma nota de la aplicabilidad directa del Protocolo Facultativo en el Estado parte, expresa preocupación porque el mandato de la Comisión Penitenciaria como mecanismo nacional de prevención no se especifique en la Ley de ejecución de las penas, en la que aún se determina el número de visitas sin previo aviso que puede realizar anualmente la Comisión Penitenciaria. Además, preocupa al Comité que la independencia de la Comisión Penitenciaria pudiera verse comprometida por el artículo 17, párrafo 3, de la Ley de ejecución de las penas, relativo a la composición de la Comisión, en el que se establece que por lo menos dos de sus cinco miembros no deben ser funcionarios de la Administración Pública (art. 2).

El Estado parte debería enmendar la Ley de ejecución de las penas con vistas a asegurar que en ésta se especifiquen claramente el mandato y las facultades de la Comisión Penitenciaria como mecanismo nacional de prevención del Estado parte, de conformidad con los artículos 17 a 23 del Protocolo Facultativo de la Convención. En este sentido debería prestarse atención al artículo 18, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, en el que se pide a los Estados partes que tengan debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y la importancia de que el proceso de designación de sus miembros sea público, participativo y transparente.

Principio de no devolución y derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo

14)El Comité toma nota del considerable aumento del número de solicitudes de asilo en el Estado parte que ha tenido lugar en los últimos años, de una cifra media de 66 solicitudes entre 2004 y 2008 a 294 en 2009. Preocupa particularmente al Comité la información recibida de que al parecer los solicitantes de asilo no siempre tienen la oportunidad de que se examine el fondo de su solicitud. Al respecto el Comité señala con especial preocupación que la mayoría de las solicitudes de asilo que fueron rechazadas o desestimadas en 2009 se relacionan con dos Estados donde puede considerarse sustancial el riesgo de tortura y otras formas de malos tratos. Preocupan también al Comité las informaciones relativas a que funcionarios del Gobierno presionan a los solicitantes de asilo para que abandonen el Estado parte por decisión propia, incluso mediante el ofrecimiento de recompensas monetarias (art. 3).

15)Señalando que la "expulsión preventiva" a un "tercer país seguro" se supedita, entre otras cosas, a la obligación, contraída por el Estado en virtud de tratados, de examinar la solicitud de asilo y cumplir el principio de no devolución, el Comité expresa preocupación por las informaciones de que no todas las personas que han solicitado asilo en Liechtenstein han tenido la oportunidad de hacer lo mismo en el tercer Estado en cuestión (por lo general Suiza y Austria), por lo que se han quedado sin salvaguardias suficientes contra la devolución. En este sentido, el Comité toma nota con preocupación del plazo sumamente breve (24 horas) que se concede a los solicitantes de asilo "sujetos a expulsión preventiva" para presentar a las autoridades competentes una solicitud de restablecimiento del efecto suspensivo en relación con esa orden (art. 3).

El Comité recomienda al Estado parte que, a fin de cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 3 de la Convención:

a) Realice una evaluación sustantiva y un examen del fondo de todas las solicitudes de asilo, incluidas las presentadas en 2009;

b) Aumente el plazo concedido a los solicitantes de asilo sujetos a " expulsión preventiva " para solicitar el restablecimiento del efecto suspensivo en relación con esa orden, y garantice su derecho a ser debidamente oídos ante el Tribunal Administrativo en los casos de apelaciones contra la denegación de solicitudes de restablecimiento del efecto suspensivo, a fin de garantizar que las personas devueltas a " terceros países seguros " como resultado de una " expulsión preventiva " tengan acceso al procedimiento de asilo de esos Estados;

c) Investigue las informaciones sobre pagos realizados por funcionarios del Gobierno a solicitantes de asilo para persuadirlos de que abandonen el Estado parte, y para evadir la obligación de evaluar a fondo la solicitud de asilo correspondiente;

d) Establezca un sistema eficaz de recopilación de datos en que se indiquen: i) los motivos de las solicitudes de asilo, en particular de las basadas en el temor del solicitante a ser sometido a torturas u otras formas de malos tratos, y el número de solicitudes que se han aceptado en esos casos; ii) el número y los resultados de las apelaciones presentadas por denegación de solicitudes de asilo; y iii) el número de solicitudes de asilo aceptadas y de permisos de residencia de larga duración concedidos sobre la base de la Convención.

16)Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte de que sólo se detiene a los solicitantes de asilo sujetos a expulsión si se fugan a otro país durante este proceso y/o utilizan una identidad falsa, le preocupan las informaciones sobre detenciones de solicitantes de asilo por el único motivo de haber entrado ilegalmente en el Estado parte. Si bien el Comité aprecia la información de que el Estado parte ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los solicitantes de asilo que se encuentran bajo detención administrativa, expresa preocupación por las informaciones recibidas de que a estas personas les resulta difícil contactar con un abogado y recibir asistencia letrada (arts. 3, 11 y 16).

El Estado parte debería asegurar que la detención de los solicitantes de asilo se utilizara solamente como último recurso y durante el plazo más breve posible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y que todos los solicitantes de asilo que se encuentren bajo detención administrativa tengan acceso a un abogado y a asistencia jurídica gratuita.

17)El Comité toma nota con preocupación de que el período de detención administrativa para preparar o llevar a cabo la expulsión puede extenderse hasta nueve meses, y en el caso de los menores de 15 a 18 años de edad, hasta seis meses (arts. 3, 11 y 16).

El Estado parte debería considerar la posibilidad de reducir la duración permisible de la detención administrativa durante el proceso de expulsión, en particular en el caso de los menores de 18 años. Se recomienda encarecidamente al Estado parte que tenga en cuenta esta sugerencia en el marco de la revisión de la Ley de asilo y la Ley de extranjería.

Alojamiento de los solicitantes de asilo

18)El Comité expresa preocupación por la información de que, debido a la limitada capacidad de acogida del Centro de Refugiados de Liechtenstein (60 personas), sumada al aumento repentino del número de solicitantes de asilo en 2009, se los ha alojado en refugios subterráneos carentes de luz natural (arts. 3, 11 y 16).

El Estado parte debería ampliar la capacidad de acogida del Centro de Refugiados, donde se ofrece a los solicitantes de asilo asistencia médica, clases de idiomas, cupones para alimentos y dinero de bolsillo, y elaborar planes para imprevistos, a fin de asegurar la disponibilidad de alojamientos alternativos en que se respeten la dignidad y los derechos de todos los solicitantes de asilo.

Competencia sobre los actos de tortura

19)El Comité toma nota del tratado bilateral de 1982 entre Liechtenstein y Austria sobre el lugar en que han de cumplir su condena los reclusos, conforme al cual las penas de prisión superiores a dos años se cumplen en Austria. El Comité toma nota además de que el tratado se aplica también a las "personas que hayan cometido delitos penales bajo la influencia de un trastorno mental", contra las que se han dictado medidas preventivas, y en caso necesario, a las personas menores de 18 años. Si bien el Comité toma nota de que a esos detenidos se les aplica la legislación de Austria, manifiesta preocupación por el hecho de que el tratado bilateral de 1982 no contenga ninguna salvaguardia expresa relativa a la prevención de la tortura y otras formas de malos tratos. Además, el Comité expresa una grave preocupación por la información proporcionada por el Estado parte de que no existen procedimientos ni mecanismos que aseguren el respeto de las personas encarceladas en Austria, en virtud de este tratado. El Comité toma nota de la información de que, en principio, la Comisión Penitenciaria de Austria también tiene competencia en relación con los reclusos de Liechtenstein que cumplen sus condenas en Austria (arts. 2, 5, 12, 13 y 14).

El Comité recomienda al Estado parte que vuelva a negociar el Tratado sobre el lugar donde han de cumplir condena los reclusos, de 1982, a fin de garantizar la protección de los derechos consagrados en la Convención para las personas privadas de libertad, mediante la labor de vigilancia de la Comisión Penitenciaria u otro órgano de vigilancia independiente en relación con la aplicación de esos derechos. El Estado parte también debería asegurar el derecho de las personas detenidas en Austria a la presentación ante un órgano independiente de denuncias sobre actos de torturas y malos tratos cometidos por funcionarios penitenciarios, a la investigación y el procesamiento de sus denuncias con prontitud e imparcialidad, y a una reparación de conformidad con el artículo 14 de la Convención.

Formación y educación

20)Si bien el Comité toma nota con reconocimiento de la información proporcionada por el Estado parte sobre la formación inicial y continua del personal penitenciario, señala que, de conformidad con el informe de la Comisión Penitenciaria, en 2009 no se impartieron los cursos de formación y supervisión para los funcionarios de la Prisión Nacional de Vaduz. El Comité también toma nota con reconocimiento de que actualmente se están examinando los programas de supervisión recomendados por la Comisión Penitenciaria, y de la posibilidad de que pasen a ser obligatorios (art. 10).

El Estado parte debería asegurar que los programas obligatorios para la formación inicial y continua de los funcionarios penitenciarios, así como los programas de supervisión destinados a este personal, se aplicaran de manera efectiva y con la presencia real de dichos funcionarios, a fin de lograr que éstos conozcan plenamente los derechos de las personas privadas de libertad.

21)Preocupa al Comité que no exista ningún programa especial de formación sobre la prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos para el personal médico que se prepara fuera del país, por lo cual existe cierta dependencia de la manera en que se determina en el extranjero el contenido de la formación médica. Además, el Comité señala que no dispone de ninguna información respecto de la formación de los miembros de la judicatura y los fiscales del Estado parte sobre la Convención y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(Protocolo de Estambul) (art. 10).

El Estado parte debería adoptar medidas para asegurar que todo el personal médico que atiende a personas privadas de libertad reciba formación complementaria a la obtenida en el extranjero, sobre la prohibición y prevención de la tortura. El Comité recomienda que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) se incluya en esos programas de formación y en los destinados a las personas que participan en la investigación de la tortura, como los jueces y fiscales, además de su formación sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esos programas deberían ser objeto de evaluaciones sistemáticas.

Condiciones de privación de libertad

22)El Comité toma nota de la limitada capacidad de acogida y el déficit de espacio y recursos humanos de la Prisión Nacional de Vaduz. En particular, preocupa al Comité que debido a las limitaciones de espacio y de personal en ocasiones la policía saque a los reclusos de la prisión para interrogarlos sin que esté presente un funcionario penitenciario, lo que constituye una transgresión de las disposiciones legislativas aplicables (artículo 89 de la Ley de ejecución de las penas). Preocupa además al Comité que en la Prisión Nacional se recluya a diferentes categorías de presos, incluidos los que están cumpliendo condenas, presos preventivos, detenidos que están en espera de la expulsión y menores de edad. Si bien el Comité aprecia la información sobre las medidas adoptadas para separar a las mujeres de los hombres y a los menores de los adultos, expresa preocupación por el hecho de que no siempre sea posible mantener la separación entre los detenidos en prisión preventiva, los que están en espera de la expulsión y los presos que cumplen condenas. En este sentido, el Comité toma nota con pesar de la suspensión del proyecto iniciado en 2002 para mejorar la situación de la separación de los presos y la infraestructura de la Prisión Nacional de Vaduz como resultado de un referendo (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería realizar una evaluación de las instalaciones de detención de la Prisión Nacional de Vaduz, con vistas a disponer del personal y el espacio suficientes de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, deberían adoptarse medidas inmediatas para asegurar que los interrogatorios de la policía a los presos se efectúen siempre en presencia de un funcionario penitenciario. El Comité recomienda encarecidamente que se reanude y se lleve a cabo el proyecto iniciado en 2002 para mejorar la infraestructura y la situación relativa a la separación de los presos de la Prisión Nacional de Vaduz.

Tratamiento de las personas privadas de libertad

23)El Comité expresa preocupación por la práctica aplicada por la Policía Nacional de cubrir con gafas protectoras negras los ojos de los detenidos considerados extremadamente peligrosos y violentos, y, hasta 2007, cubrirles la cabeza con bolsas, y que esas prácticas se justifiquen con el argumento de que su objetivo es proteger la identidad del sospechoso y a los agentes de las fuerzas del orden. Si bien el Comité aprecia que los funcionarios del Estado parte hayan aplicado la práctica de las gafas negras sólo una vez en 2007 y una vez en 2008, observa que este método aún está permitido por la ley y puede utilizarse en ocasiones excepcionales. El Comité reitera su preocupación de que con frecuencia esa práctica virtualmente imposibilita el procesamiento de los delitos de tortura (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería asegurar que en la ley y la práctica se aboliera el método de la Policía Nacional de cubrir la cabeza o los ojos de los sospechosos. El Estado parte debería aplicar otras medidas que respeten la dignidad inherente de los sospechosos y a la vez garanticen la seguridad y protección de los agentes de la policía.

24)El Comité toma nota con reconocimiento de que en 2010 se retomó la práctica de asegurar la atención psicológica de los internos de la Prisión Nacional de Vaduz mediante visitas del personal de la División de Servicios Terapéuticos de la Oficina de Asuntos Sociales, en respuesta a una recomendación de la Comisión Penitenciaria. Como en la prisión no se dispone a tiempo completo de servicios de enfermería ni de otro personal médico, el Comité expresa además su reconocimiento al Estado parte por haber iniciado un proceso para evaluar la posibilidad de asegurar que los medicamentos sean administrados únicamente por el personal médico, y no por los funcionarios penitenciarios (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte considere la posibilidad de nombrar a un enfermero u otro miembro del personal médico a tiempo compartido para asegurar que los medicamentos sean administrados solamente por personal médico.

Interrogatorios

25)Si bien el Comité toma nota de que todos los interrogatorios policiales tienen que documentarse por escrito, le preocupa que en la actualidad no se realicen grabaciones de audio ni de vídeo de los interrogatorios, con la excepción de las entrevistas con víctimas de delitos sexuales (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Estado parte debería continuar mejorando las normas y los procedimientos de los interrogatorios de la Policía Nacional mediante la introducción de enmiendas en el Código de Procedimiento Penal, a fin de que todos los interrogatorios policiales queden registrados mediante grabaciones de audio, y preferentemente de vídeo, como parte de los esfuerzos del Estado parte para prevenir la tortura y los malos tratos.

Investigaciones de denuncias sobre malos tratos

26)El Comité observa con preocupación que en 2007 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes informó de que había recibido informaciones sobre uso excesivo de la fuerza, imposición de esposas muy apretadas e insultos por la policía en el momento de la detención de personas. En este sentido, a la vez que toma nota del establecimiento en ese mismo año de una unidad especial de la Policía Nacional encargada de investigar las denuncias contra agentes de la policía y funcionarios públicos sobre determinados delitos penales graves, el Comité hace hincapié en la importancia de que se encargue de esas investigaciones un órgano independiente (arts. 11, 12 y 16).

El Comité recomienda encarecidamente que todas las denuncias de malos tratos por la policía sean investigadas con rapidez e imparcialidad por órganos independientes, y no por otros miembros de la fuerza policial.

Justicia juvenil

27)Recordando la información proporcionada por el Estado parte de que la Prisión Nacional de Vaduz no está diseñada para la detención de menores, el Comité toma nota con preocupación de la afirmación contenida en el informe anual de 2009 de la Comisión Penitenciaria de que, en el último trimestre de 2009, en la Prisión Nacional de Vaduz estuvieron encarceladas personas menores de edad, incluida una muchacha, en contravención del principio de separación entre los adultos y los menores, establecido en las normas internacionales de derechos humanos. Por otra parte, aunque el Comité aprecia que se haya reducido la duración máxima de la detención preventiva en el caso de los menores de 18 años (artículo 19, párrafo 2, de la Ley del Tribunal de Menores), considera preocupante que este plazo siga siendo prolongado (de un año). Además, preocupa al Comité que algunos menores privados de libertad cumplan sus condenas en Austria, de conformidad con el tratado bilateral de 1982, que no contiene ninguna salvaguardia sobre la protección especial de las personas de menos de 18 años. El Comité recuerda al Estado parte que la privación de libertad, y en particular la detención preventiva de menores, se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte amplíe y refuerce las medidas alternativas a la privación de libertad para los menores de 18 años que se encuentren bajo detención preventiva y en prisión. En particular, para hacer valer el principio de la separación entre menores y adultos, el Estado parte debería procurar que se aplicaran otras medidas en relación con las personas menores de 18 años que están encarceladas actualmente en la Prisión Nacional de Vaduz o que cumplen condenas en Austria. Se recomienda que el Estado parte reduzca aún más la duración máxima de la detención preventiva de menores mediante la modificación de la Ley del Tribunal de Menores.

28)El Comité toma nota con preocupación de que el Estado parte no tiene intención de enmendar la Ley del Tribunal de Menores (sección 21a de la Ley del Tribunal de Menores), de conformidad con la cual durante el interrogatorio de un menor por la policía (o un juez) solamente estará presente una persona de confianza si el menor lo solicita. El Comité cree que la presencia de una persona que preste asistencia letrada u otro tipo de asistencia adecuada no debería limitarse a la celebración del juicio ante el tribunal u otro órgano judicial, sino que también debe aplicarse a todas las demás etapas del proceso, comenzando por la entrevista (el interrogatorio) del niño por la policía, como se establece en la Observación general Nº 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño en la justicia de menores (párr. 52) (arts. 11 y 16).

Se insta al Estado parte a que modifique su posición y enmiende el artículo 21 de la Ley del Tribunal de Menores con vistas a asegurar la presencia de una persona de confianza durante los interrogatorios policiales a menores de 18 años, sin que éstos tengan que solicitarla.

Internamiento civil involuntario

29)Preocupa al Comité que en la ley no se garanticen explícitamente los derechos de las personas privadas de libertad en régimen de internamiento involuntario en establecimientos psiquiátricos o de bienestar social, a dar su consentimiento para el tratamiento y a pedir en cualquier momento que se les dé de alta bajo su responsabilidad. En este sentido, el Comité toma nota con reconocimiento de que el Estado parte está examinando, como parte de una futura revisión de la Ley de bienestar social, una formulación relativa al derecho de esas personas a solicitar en cualquier momento el alta bajo su responsabilidad, y de que los tribunales interpretan las disposiciones del artículo 13, párrafo 2, de la Ley de bienestar social en el sentido de que esas personas tienen derecho a solicitar el alta bajo su responsabilidad (arts. 2 y 16).

Se recomienda encarecidamente al Estado parte que enmiende la Ley de bienestar social, a fin de que en ésta se establezca de manera expresa el derecho de las personas privadas de libertad en régimen de internamiento civil involuntario a solicitar en cualquier momento su alta bajo su responsabilidad.

Violencia doméstica

30)El Comité toma nota con reconocimiento de que el Estado parte ha aprobado la propuesta de revisar su legislación penal en materia sexual, en la que se dispondrá el enjuiciamiento de oficio de la violencia doméstica. No obstante, preocupa al Comité que los delitos de violencia doméstica no se recojan como tales en las estadísticas sobre delincuencia del Estado parte, pues el concepto de violencia doméstica abarca varios delitos que podrían cometerse también en otro entorno. Por consiguiente, el Estado parte no puede proporcionar información sobre el número de casos de violencia doméstica y el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas relacionadas con éstos, ni tampoco sobre el número de casos en que los tribunales otorgaron reparación. Preocupan también al Comité las denuncias de violencia contra la mujer, incluida la violencia conyugal. Según datos proporcionados por la policía, en 2009 se efectuaron 32 intervenciones policiales en casos de violencia doméstica. Lamentablemente no se ha recibido ninguna información sobre las investigaciones y los enjuiciamientos relacionados con estos delitos y las condenas impuestas a sus perpetradores por las autoridades competentes del Estado parte (arts. 1, 2, 12 y 16).

El Estado parte debería asegurar que en la revisión de su legislación penal en materia sexual se estableciera el enjuiciamiento de oficio de todas las formas de violencia doméstica. Asimismo, el Estado parte debería garantizar la investigación rápida e imparcial de todas las denuncias de violencia doméstica, y enjuiciar y castigar a los perpetradores. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la indemnización y rehabilitación efectivas de las víctimas, y destaca el importante papel de la Oficina de Asistencia a las Víctimas en este sentido. El Estado parte debería también intensificar sus esfuerzos en materia de investigación y recopilación de datos sobre el alcance de la violencia doméstica, y el Comité le pide que en su próximo informe periódico le proporcione datos estadísticos sobre las denuncias presentadas, los enjuiciamientos realizados y las condenas dictadas en relación con estos delitos, así como las indemnizaciones otorgadas a las víctimas, incluida la rehabilitación completa.

Trata de personas

31)El Comité toma nota del elevado número de mujeres extranjeras contratadas como bailarinas en los siete clubes nocturnos que funcionan en el país, muchas de las cuales proceden de los países que ocupan los primeros lugares en la lista de países de origen de la trata de personas. Si bien el Comité toma nota de que no se han registrado casos de trata de personas, expresa preocupación por informaciones según las cuales se han realizado operaciones de trata de mujeres, pero no se han denunciado. Aunque el Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir la trata de personas y la explotación sexual en los clubes nocturnos mencionados, en particular las sesiones de información obligatorias para las nuevas bailarinas sobre sus derechos y deberes y las inspecciones regulares de los clubes nocturnos por la Policía Nacional y la Oficina de Inmigración y Pasaportes, expresa preocupación porque el Estado parte no haya iniciado ninguna investigación de oficio de los casos sospechosos ni emprendido un análisis exhaustivo para realizar una evaluación completa de la situación de este grupo de mujeres que siguen siendo vulnerables a abusos y violaciones. Esta cuestión es particularmente importante, teniendo en cuenta las informaciones de que, aunque en el Estado parte la prostitución es ilegal, en los clubes nocturnos es "tolerada" por los órganos de las fuerzas del orden, ya que éstos no la consideran fuente de problemas para el orden público (arts. 2, 14 y 16).

El Estado parte debería iniciar un análisis del fenómeno de las mujeres extranjeras que trabajan como bailarinas en clubes nocturnos e intensificar sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, en particular mediante la investigación de todas las denuncias de casos sospechosos, y proporcionar a las víctimas recursos eficaces para obtener una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

32)El Comité recomienda al Estado parte que ratifique los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

33)El Comité invita al Estado parte a que presente un documento básico elaborado de conformidad con los requisitos para la preparación del documento básico común establecidos en las nuevas directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos de tratados de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6).

34)Se alienta al Estado parte a que a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

35)El Comité pide al Estado parte que en el plazo de un año (antes del 14 de mayo de 2011) le proporcione información en respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 14, 15 a), 30 y 31 del presente documento.

36)Se invita al Estado parte a que presente su cuarto informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

62. Suiza

1)El Comité contra la Tortura examinó el sexto informe periódico de Suiza (CAT/C/CHE/6) en sus sesiones 935ª y 936ª, celebradas los días 30 de abril y 3 de mayo de 2010 (CAT/C/SR.935 y 936), y aprobó en su 948ª sesión, celebrada el 11 de mayo de 2010 (CAT/C/SR.948), las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación del sexto informe periódico de Suiza, preparado de conformidad con las directrices del Comité, así como las respuestas a la lista de cuestiones (CAT/C/CHE/Q/6 y Add.1). El Comité aprecia el diálogo abierto y constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel e intersectorial del Estado parte, así como la información y las explicaciones adicionales que presentó ante el Comité.

B. Aspectos positivos

3)El Comité acoge con agrado la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

a)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (24 de septiembre de 2009);

b)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía (19 de septiembre de 2006);

c)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (26 de junio de 2002);

d)Los Protocolos Nos. 1 y 2 del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1º de marzo de 2002);

e)El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (27 de octubre de 2006);

f)El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (27 de octubre de 2006);

g)El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (12 de octubre de 2001);

h)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (27 de octubre de 2007).

4)El Comité observa con satisfacción los esfuerzos que sigue realizando el Estado parte para reformar la legislación, las políticas y los procedimientos a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a saber:

a)La aprobación del Código de Procedimiento Penal Federal de 5 de octubre de 2007 (que debe entrar en vigor el 1º de enero de 2011), en el que se refuerzan los derechos de la defensa, se otorgan derechos más amplios a las víctimas y se estipulan medidas de protección para los testigos;

b)La revisión íntegra de la Ley federal de ayuda a las víctimas de delitos, de 4 de octubre de 1991, que entró en vigor el 1º de enero de 2009;

c)La entrada en vigor, el 1º de enero de 2007, de la Ley federal penal de menores, de 20 de junio de 2003;

d)La extensión, en el nuevo Código Penal (art. 97), que entró en vigor el 1º de enero de 2007, del plazo de prescripción hasta los 25 años de la víctima en el caso de violaciones graves de la integridad sexual de los niños;

e)El procedimiento civil unificado (que debe entrar en vigor el 1º de enero de 2011);

f)La creación de una comisión nacional de prevención de la tortura, que entró en funciones el 1º de enero de 2010, tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

5)Si bien toma nota de que un gran número de actos que constituyen actos de tortura están tipificados como delitos en el derecho penal suizo (arts. 111 a 117, 122 a 128, 180 a 185 y 189 a 193), el Comité observa con preocupación que no existe en la legislación suiza una definición de tortura que abarque todos los elementos constitutivos que figuran en el artículo 1 de la Convención, a pesar de su recomendación anterior (CAT/C/CR/34/CHE, párrs. 4 b) y 5 a)) (art. 1).

El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que incluya en el Código Penal una definición explícita de la tortura que incorpore todos los elementos del artículo 1 de la Convención.

Salvaguardias fundamentales

6)Si bien toma nota de la estructura federal del Estado parte, el Comité observa con preocupación que el respeto por el Estado parte de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención puede traducirse en un trato distinto según la forma en que las cumplen los diversos cantones (art. 2).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades de todos los cantones sean conscientes de los derechos enunciados en la Convención y puedan garantizar su aplicación lo antes posible, sea cual fuere la estructura del Estado parte.

7)Al Comité le preocupa que el Estado parte no haya establecido todavía una institución nacional de derechos humanos con un amplio mandato de derechos humanos, acorde con los Principios de París. El Comité toma nota de la iniciativa del Estado parte de realizar un proyecto experimental de cinco años por el que se cree un "centro de competencias en la esfera de los derechos humanos" por medio de una solicitud de ofertas en las universidades; sin embargo, considera que este tipo de solución no puede reemplazar la creación de una institución nacional de derechos humanos (art. 2).

El Estado parte debería estudiar la creación de una institución nacional de derechos humanos con un amplio mandato de derechos humanos que pueda desempeñar una función en la coordinación y ejecución de políticas en materia de derechos humanos y la aplicación de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados, y proporcionarle suficientes recursos financieros y humanos para que pueda funcionar de conformidad con los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General).

Violencia policial

8)El Comité observa con preocupación las denuncias de presunta violencia o uso excesivo de la fuerza o de otro tipo de malos tratos por las fuerzas policiales en los interrogatorios de los sospechosos en su domicilio o en los puestos o comisarías de policía. El Comité observa con especial preocupación el hecho de que en algunas de esas denuncias se hace referencia a un uso excesivo de la fuerza contra extranjeros, en concreto contra emigrantes y solicitantes de asilo, sobre todo de origen africano, y, en especial, en los cantones de Ginebra y Vaud (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Estado parte debe garantizar que se lleve a cabo una investigación pronta, detallada e imparcial de todas las denuncias de violencia o de malos tratos infligidos por las fuerzas policiales, que se enjuicie a los responsables y, si se establece que son culpables, que se los sancione según la gravedad de sus actos; y debe velar por que las víctimas sean indemnizadas y proporcionarles, si corresponde, medios de rehabilitación y readaptación. El Estado parte debe, además, fomentar la formación y la sensibilización de los agentes de policía con respecto a los derechos humanos y, en particular, a las disposiciones de la Convención. Debe informar al Comité en su próximo informe acerca de los procesos en fase de instrucción y sus resultados.

Mecanismos independientes de investigación de la violencia policial

9)El Comité toma nota del hecho de que, en el Estado parte, las denuncias por violencia policial, tortura y malos tratos pueden presentarse ante los tribunales ordinarios. Sin embargo, observa con preocupación que el Estado parte no haya aplicado por completo su recomendación de establecer, en cada cantón, mecanismos independientes de investigación para recibir las denuncias contra miembros de la policía por violencia o malos tratos. Recuerda que la posibilidad de recurrir a los tribunales ordinarios no debe impedir la creación de dichos mecanismos (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debe garantizar que se establezca, en todos los cantones, un mecanismo independiente encargado de recibir todas las denuncias de violencia o malos tratos por parte de la policía y que todas ellas se investiguen de manera rápida, detallada e imparcial.

No devolución

10)El Comité toma nota de que, según el artículo 5, párrafo 2, de la Ley de asilo de 1999, no puede invocarse la prohibición de la devolución cuando hay razones serias para creer que la persona que la invoca compromete la seguridad de Suiza o que, tras haber sido condenada por un crimen o un delito especialmente grave, se considere que la persona en cuestión representa un peligro para la comunidad. El Comité toma nota también de que en el artículo 68, párrafo 4, de la Ley de extranjería de 2005 se prevé la expulsión inmediata de un extranjero del territorio del Estado parte cuando el extranjero en cuestión atente de manera grave o repetida contra la seguridad y el orden público, suponga un peligro para ellos o represente una amenaza para la seguridad interna o externa. El Comité observa con preocupación que la aplicación del artículo 68, párrafo 4, de la Ley de extranjería de 2005 puede suponer una violación del principio de no devolución y no permite recurrir la decisión. Observa también con preocupación que el artículo 5, párrafo 2, de la Ley de asilo de 1999 se opone a las obligaciones relativas a los principios de no devolución que incumben al Estado parte en virtud del artículo 3 de la Convención (art. 3).

El Estado parte debería estudiar la modificación de su legislación con el fin de evaluar los riesgos y adoptar medidas que garanticen a la persona expulsada en virtud del artículo 68, párrafo 4, de la Ley de extranjería de 2005 y del artículo 5, párrafo 2, de la Ley de asilo de 1999 que el proceso sea acorde con el artículo 3 de la Convención. Debería además ofrecer la posibilidad de interponer un recurso efectivo contra la decisión de expulsión, con efecto suspensivo.

11)El Comité toma nota de que la iniciativa popular a favor de la expulsión de los delincuentes extranjeros que está debatiéndose en el Parlamento prevé que se retire a los extranjeros el permiso de estancia y todos los derechos de permanecer en Suiza, sea cual sea su situación jurídica, si se les impone una sentencia definitiva por asesinato, violación u otro delito sexual grave, por acto de violencia de otro tipo como bandidaje, trata de personas, tráfico de drogas o allanamiento de morada, o si han recibido indebidamente prestaciones de seguridad social o de ayuda social. El Comité toma nota también de que esas personas serían objeto de expulsión y se les prohibiría la entrada en el territorio por un período de 5 a 15 años, y que el margen de maniobra de las autoridades desaparecería a este respecto. Por último, el Comité toma nota de que el Consejo Federal presentó un contraproyecto y recomendó que se rechazara la iniciativa, tras haber comprobado su falta de conformidad con el derecho internacional y la Constitución de Suiza. Sin embargo, sigue preocupando al Comité que la aplicación de esta iniciativa, que debería ser adoptada por referéndum, supondría un riesgo grave de violación del principio de no devolución (art. 3).

El Estado parte debe proseguir con sus esfuerzos encaminados a garantizar que la iniciativa a favor de la expulsión de los delincuentes extranjeros no infrinja las obligaciones internacionales suscritas por Suiza, en concreto la Convención contra la Tortura, así como el artículo 25 de la Constitución de Suiza relativo al principio de no devolución.

12)El Comité toma nota de que ciertas disposiciones de la Ley de extranjería relativas a denegar la entrada en el territorio por el aeropuerto (art. 65) prevén que se tome una decisión en 48 horas, decisión que puede ser objeto de recurso sin efecto suspensivo durante las 48 horas posteriores a la notificación, y que la decisión sobre el recurso se presente en un plazo de 72 horas. El Comité observa con preocupación que este proceso acelerado y sin efecto suspensivo impide el examen adecuado de los motivos del recurso y puede constituir una violación del principio de no devolución (art. 3).

El Estado parte debería considerar una modificación del procedimiento que figura en el artículo 65 de la Ley de extranjería para ampliar el plazo, a fin de que pueda realizarse un examen detallado de los recursos y la evaluación de los riesgos que conlleva contravenir el principio de no devolución, así como para prever un efecto suspensivo de los recursos.

13)El Comité observa con preocupación y considera excesiva la Ley de extranjería de 2005, que endurece las medidas coercitivas (arts. 73 a 78) que se aplican a la falta de permiso de residencia y amplía la duración máxima de las detenciones administrativas de 12 a 24 meses, incluso en el caso de los menores de 15 a 18 años, que pueden ser detenidos hasta 12 meses. El Comité toma nota de que, ahora que el Estado parte ha adoptado la directiva de retorno de la Unión Europea, la duración máxima de la detención administrativa será de 18 meses en el caso de los adultos y de 9 meses en el caso de los menores (art. 3).

El Estado parte debería volver a examinar la duración máxima de la detención administrativa, no recurrir a ella salvo en casos excepcionales y limitar su duración con arreglo al principio de proporcionalidad.

14)Si bien toma nota de que los solicitantes de asilo pueden recibir asistencia gratuita de un abogado dentro del procedimiento de asilo ordinario, al Comité le preocupa que la asistencia jurídica gratuita pueda estar sujeta a condiciones restrictivas cuando los solicitantes de asilo presentan una solicitud acogiéndose a un recurso extraordinario (art. 3).

El Estado parte debería revisar su legislación a fin de otorgar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de asilo durante todos los procedimientos de asilo, sean é stos ordinarios o extraordinarios.

Repatriación y malos tratos

15)Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar que las repatriaciones forzosas por avión se lleven a cabo sin contratiempos, en especial la capacitación de agentes especiales, el Comité observa con preocupación que persisten las denuncias de malos tratos y de violencia policial en los casos de devolución forzosa de personas por avión. El Comité observa con preocupación que en la Ley federal sobre el uso de medidas coercitivas y policiales en los ámbitos de competencia de la Confederación, que entró en vigor el 1º de enero de 2009, no se prevé la presencia de observadores de derechos humanos ni de médicos independientes en el caso de las repatriaciones forzosas por avión, a pesar de que así lo había recomendado el Comité (CAT/C/CR/34/CHE, párr. 5 b)) (arts. 2, 3 y 16).

El Estado parte debería:

a) Asegurar la presencia de observadores de derechos humanos y de médicos independientes en el caso de las repatriaciones forzosas por avión;

b) Prever esa presencia en la elaboración del proyecto de directivas que está realizando la Oficina Federal de Migraciones en lo que concierne al recurso a la coerción por parte de las escoltas policiales en el ámbito de las devoluciones;

c) Prevenir la violencia policial y los malos tratos de los que pueden ser víctimas las personas en proceso de repatriación forzosa, iniciar una investigación sobre las denuncias, enjuiciar y castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas;

d) Proseguir con la capacitación en materia de derechos humanos, y en particular de las salvaguardias de la Convención, de los agentes de policía y personas que participen en esas repatriaciones.

16)El Comité observa con gran preocupación que Joseph Ndukaku Chiakwa, ciudadano nigeriano, murió el 10 de marzo de 2010 en un procedimiento de repatriación forzosa por avión. Si bien toma nota de que las autoridades del Estado parte decidieron realizar una investigación, el Comité observa con preocupación la compatibilidad de las medidas coercitivas dictadas por el Estado parte con las disposiciones de la Convención. Preocupa asimismo al Comité que el Estado parte no haya dado respuesta a la demanda de indemnización interpuesta por los familiares de las dos últimas víctimas en los casos más recientes de repatriación forzosa (arts. 2, 3 y 14).

El Estado parte debería:

a) Realizar una investigación independiente e imparcial con el fin de establecer las circunstancias de la muerte de Joseph Ndukaku Chiakwa, determinar las responsabilidades eventuales por el uso de la fuerza que causó la muerte, enjuiciar y castigar a los responsables e indemnizar a su familia;

b) Informar al Comité sobre la indemnización de las familias de las dos últimas víctimas en los casos de repatriación forzosa por avión;

c) Informar al Comité sobre la conformidad con sus obligaciones internacionales y, en concreto, la Convención contra la Tortura, del proyecto de directivas que está elaborando la Oficina Federal de Migraciones en lo que concierne al recurso a la coerción por parte de las escoltas policiales en el ámbito de las devoluciones.

Condiciones de privación de libertad

17)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte acerca de las actividades realizadas y proyectadas para ofrecer condiciones más dignas y seguras a los detenidos, en concreto la construcción, en 2008, del centro de detención de la Brenaz y los proyectos de ampliación de Champ Dollon y de la Brenaz. No obstante, el Comité observa con preocupación el gran hacinamiento reinante en la prisión de Champ Dollon, así como el hecho de que las prisiones suizas, en particular en la Suiza francesa, no ofrecen condiciones de detención adecuadas y no siempre garantizan la separación entre menores y adultos. Por otro lado, el Comité observa con preocupación las condiciones de salud y el procedimiento de acceso a la atención médica de los detenidos, en especial aquellos que presentan patologías psiquiátricas y, en concreto, los que se encuentran en el centro de internamiento de Frambois (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para resolver el problema del hacinamiento reinante en la prisión de Champ Dollon y mejorar las condiciones de detención en todos los establecimientos de detención de Suiza. El Comité alienta al Estado parte a recurrir a penas sustitutivas y a penas no privativas de la libertad, así como a reducir la duración de la detención preventiva. El Estado parte debería también adoptar medidas dirigidas a garantizar la separación entre menores y adultos y según los regímenes de detención. Por último, debería adoptar medidas que garanticen la aplicación de la legislación y de los procedimientos relativos al acceso a la atención médica de todos los detenidos, en especial los que padecen problemas psiquiátricos.

18)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en cuanto a los procedimientos correspondientes a la reclusión a perpetuidad. Sin embargo, el Comité sigue observando con preocupación el hecho de que en el artículo 123a de la Constitución, mencionado en la Ley de 1º de agosto de 2008, se permita la reclusión a perpetuidad de un delincuente peligroso o sexual declarado irreformable. A este respecto, el Comité observa con preocupación las condiciones de detención de esos detenidos, en concreto el fallecimiento de Skander Vogt, recluido en la zona de seguridad reforzada de los establecimientos penitenciarios de Plaine de l'Orbe, después de haber prendido fuego a su celda (arts. 10, 12 y 13).

El Estado parte debería revisar las condiciones de la aplicación del artículo 123a de la Constitución, tal y como se menciona en la Ley de 1º de agosto de 2008, y examinar las condiciones de detención de esos detenidos. El Estado parte debería realizar una investigación inmediata e independiente en el caso del fallecimiento de Skander Vogt, e informar al Comité sobre los resultados de dicha investigación en su próximo informe periódico.

Denuncias y acciones judiciales

19)El Comité reitera su preocupación por el hecho de que sólo una minoría de las denuncias por violencia y malos tratos por parte de la policía dan origen a acciones judiciales o acusaciones, y un número aun menor de casos culmina con la indemnización de las víctimas o sus familiares (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería realizar sistemáticamente investigaciones imparciales, detalladas y eficaces de todas las denuncias de actos de violencia cometidos por la policía, así como enjuiciar y castigar a los culpables según la gravedad de sus actos. Debería además velar por que se proporcione una indemnización a las víctimas o a sus familiares. El Estado parte debería informar al Comité sobre el resultado de los procedimientos en curso.

Violencia contra la mujer

20)El Comité toma nota de que el Código Penal permite combatir la violencia contra la mujer penalizando los atentados contra la integridad física y la libertad (art. 122 y ss. y art. 180) y prevé, además, un procedimiento de oficio si el autor ataca a su cónyuge o pareja. Observa además que en el artículo 28b del Código Civil se prevén varias medidas de protección. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por los datos relativos al inaceptable número de actos de violencia contra la mujer, en especial en el ámbito doméstico. Al respecto, observa con preocupación la declaración de las autoridades en que se critican las intervenciones policiales en casos en que están implicadas personas que gozan de protección internacional, lo cual transmite un mensaje contrario a la lucha contra la impunidad. Preocupa también al Comité que el Código Penal siga careciendo de una disposición específica para combatir la violencia contra la mujer (arts. 2 y 16).

El Estado debería garantizar que haya una disposición específica en el Código Penal para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Asimismo, el Estado parte debería ampliar las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Debería garantizar que las víctimas de violencia puedan interponer denuncias sin temor a represalias, y debería formar y alentar a la policía para que proteja a las víctimas de la violencia doméstica, incluso en sus domicilios, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley federal de ayuda a las víctimas de delitos II. Además, el Estado debería luchar con decisión contra la impunidad en los casos de violencia doméstica, realizando investigaciones y enjuiciando y castigando a los responsables según la gravedad de sus actos.

21)El Comité observa con preocupación que los requisitos del artículo 50 de la Ley de extranjería de 2005, en particular la prueba que debe aportar el extranjero sobre la dificultad para reintegrarse en el país de origen, suponen un problema para las mujeres extranjeras que han estado casadas menos de tres años con un nacional suizo o con un extranjero con permiso de residencia y que son víctimas de violencia doméstica cuando intentan abandonar a su cónyuge y buscar protección, pues temen que no se les renueve el permiso de residencia (arts. 13, 14 y 16).

El Estado parte debería estudiar la modificación del artículo 50 de la Ley de extranjería con el fin de permitir que las mujeres migrantes víctimas de violencia soliciten protección sin por ello perder su permiso de residencia, basándose en la sentencia de 4 de noviembre de 2009 del Tribunal Federal (ATF 136 II 1), según la cual la violencia conyugal o las serias dificultades para reintegrarse en el país de origen pueden considerarse aisladamente motivos personales suficientemente importantes.

Trata de personas

22)Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la trata de personas, en particular mujeres y niñas, sobre todo con fines de explotación sexual, el Comité observa con preocupación que la trata de personas sigue siendo un fenómeno persistente en el Estado parte (arts. 12, 13 y 16).

El Estado parte debería seguir luchando contra la trata de personas, en particular mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, adoptando una estrategia global de lucha, reforzando las medidas de prevención y velando por la protección de las víctimas, incluso en los casos de colaboración con la justicia. El Estado parte debería también enjuiciar y castigar a los responsables, así como informar al Comité del resultado de los procesos en curso.

Castigos corporales

23)Si bien toma nota de la información proporcionada por el Estado parte según la cual la jurisprudencia del Tribunal Federal confirma la prohibición de los castigos corporales, incluso con fines educativos, y que el artículo 126, párrafo 2, del Código Penal se ocupa de los castigos corporales, el Comité observa con preocupación que los castigos corporales no están prohibidos de manera específica en la legislación del Estado parte (art. 16).

El Estado parte debería prohibir de manera específica los castigos corporales en su legislación. En ese sentido, el Comité alienta al Estado parte a retomar la iniciativa parlamentaria 06.419 Vermont-Mangold, cuyo objetivo es promulgar una ley que proteja a los niños de los castigos corporales y otros atentados contra su dignidad y que fue archivada por el Parlamento. El Comité invita además al Estado parte a realizar campañas de concienciación sobre los efectos negativos de la violencia contra los niños, en particular los castigos corporales.

Desaparición de menores no acompañados

24)Si bien toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el procedimiento de protección de los menores no acompañados, así como las estadísticas de menores presuntamente desaparecidos del territorio del Estado parte, preocupa al Comité el fenómeno de la desaparición de menores no acompañados, así como el riesgo de que puedan convertirse en víctimas de la trata de personas u otras formas de explotación (art. 16).

El Estado parte debe analizar a fondo la situación de los menores no acompañados y encontrar soluciones de prevención adecuadas para evitar su desaparición, mejorar su protección e informar al respecto al Comité lo antes posible.

25)El Comité alienta al Estado parte a ratificar los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos en los que todavía no es parte, a saber la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

26)El Comité señala a la atención del Estado parte que en 2009 se adoptaron nuevas directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6) y lo invita a presentar su documento básico siguiendo esas nuevas directrices.

27)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión, en particular en todos los idiomas oficiales y en todos los cantones del Estado parte, al informe presentado al Comité y a las presentes observaciones finales, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

28)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 11, 16 y 23 del presente documento.

29)El Comité invita al Estado parte a presentar su séptimo informe periódico a más tardar el 14 de mayo de 2014.

63. República Árabe Siria

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de la República Árabe Siria (CAT/C/SYR/1) en sus sesiones 937ª y 939ª (CAT/C/SR.937 y 939), celebradas los días 3 y 4 de mayo de 2010, y aprobó en su 951ª sesión (CAT/C/SR.951) las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2)El Comité celebra la presentación del informe inicial de la República Árabe Siria, el cual, aunque en términos generales se ajusta a las directrices del Comité relativas a la presentación de informes, carece de información estadística y práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y la legislación nacional pertinente. Sin embargo, el Comité lamenta que el informe se haya presentado con cinco años de retraso, lo que le ha impedido llevar a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte tras su ratificación en 2004.

3)El Comité observa con satisfacción que una delegación de alto nivel del Estado parte se reunió con el Comité en su 44º período de sesiones, y también señala complacido que se ha podido entablar un diálogo constructivo en relación con las esferas de interés mutuo abarcadas por la Convención.

B. Aspectos positivos

4)El Comité celebra la ratificación o adhesión del Estado parte a los siguientes instrumentos internacionales:

a)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 21 de abril de 1969;

b)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 21 de abril de 1969;

c)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el 21 de abril de 1969;

d)Convención sobre los Derechos del Niño, el 15 de julio de 1993, así como sus dos Protocolos facultativos, a saber, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 25 de mayo de 2000;

e)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el 28 de marzo de 2003;

f)Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el 2 de junio de 2005;

g)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 10 de julio de 2009.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

5)Aunque observa que el artículo 28 de la Constitución de la República Árabe Siria prohíbe la tortura, el Comité señala con preocupación la ausencia, en el ordenamiento jurídico interno del Estado parte, de una definición de tortura conforme con el artículo 1 de la Convención, lo que dificulta considerablemente la aplicación de la Convención en el Estado parte (art. 1).

El Estado parte debería modificar su legislación con el fin de adoptar una definición de la tortura que se ajuste plenamente al artículo 1 de la Convención y abarque todos los elementos que figuran en esa definición. El Comité considera que los Estados partes, al tipificar y definir el delito de tortura de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Convención y al distinguirlo de otros delitos, promueven directamente el objetivo general de la Convención de prevenir la tortura, entre otras cosas, alertando a todos, incluidos los autores de esos actos, las víctimas y el público, sobre la especial gravedad del delito de tortura y promoviendo el efecto disuasorio de la prohibición propiamente dicha.

Penalización de la tortura

6)Aun reconociendo que el artículo 391, párrafo 1, del Código Penal tipifica la tortura como delito punible, y que ningún delito o pena será reconocido sin la correspondiente disposición legal de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, el Comité observa con grave preocupación que esas disposiciones no garantizan la imposición de sanciones adecuadas por esos actos, ya que fijan la pena máxima en tres años de prisión (art. 4).

El Estado parte debería revisar su legislación nacional para garantizar que los actos de tortura constituyan delitos conforme al derecho penal y se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la gravedad de esos actos, como lo exige el artículo 4, párrafo 2, de la Convención.

Uso generalizado de la tortura

7)El Comité está profundamente preocupado por las numerosas, continuas y concordantes alegaciones de uso frecuente de la tortura por los agentes del orden o los funcionarios encargados de la investigación, o a instigación suya o con su consentimiento, en particular en los centros de detención. También está preocupado por las informaciones fidedignas según las cuales esos actos se cometen generalmente antes de la inculpación oficial, así como durante el período de prisión preventiva, cuando el detenido está privado de garantías procesales fundamentales, en particular el acceso a la asistencia letrada. Esta situación se ve agravada por el presunto uso de reglamentos internos que, en la práctica, permiten procedimientos contrarios a las leyes publicadas y contravienen la Convención. El Comité también está gravemente preocupado por el hecho de que no se lleve un registro sistemático de todos los detenidos en los lugares de detención que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado parte (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería:

a) Reafirmar inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura y condenar públicamente las prácticas de tortura, especialmente por parte de la policía y el personal penitenciario, advirtiendo claramente de que toda persona que cometa tales actos, sea cómplice o participe en ellos, será considerada personalmente responsable de éstos ante la ley, será enjuiciada y se le aplicarán sanciones adecuadas .

b) Con el fin de combatir la impunidad, adoptará inmediatamente todas las medidas necesarias para velar, en la práctica, por que se inicien investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de tortura y se enjuicie y castigue a los responsables, incluidos los agentes del orden y los funcionarios encargados de la investigación, y por que en las penas impuestas se tenga en cuenta la gravedad del delito de tortura. Las investigaciones deberían estar a cargo de un organismo totalmente independiente .

c) Garantizar que todas las personas detenidas sean inscritas debidamente y sin dilación en los registros de los lugares de detención, como medida para prevenir actos de tortura. En la ficha de registro deben constar la identidad del detenido, la fecha, hora y lugar de la detención, la identidad de la autoridad que procedió a la detención, los motivos de la detención, la fecha y hora de ingreso en el centro de detención y el estado de salud del detenido en el momento del ingreso y cualquier cambio al respecto, la hora y el lugar de los interrogatorios y los nombres de todas las personas que estuvieron presentes, y la fecha y hora de la puesta en libertad o traslado a otro centro de detención.

8)El Comité está profundamente preocupado por los numerosos informes de torturas, malos tratos, muerte durante la detención y reclusión en régimen de incomunicación, de personas pertenecientes a la minoría kurda, la mayoría apátridas, en particular activistas políticos de origen curdo. Al Comité le preocupa también que los tribunales militares hayan condenado a algunos detenidos curdos sobre la base de acusaciones vagas de que "debilitan el sentimiento nacional" o "difunden información falsa o exagerada". Por otra parte, el Comité observa con preocupación el aumento creciente del número de reclutas curdos que al parecer han muerto mientras cumplían el servicio militar obligatorio, cuyos cuerpos han sido entregados a las familias con lesiones graves evidentes (arts. 1, 2, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas urgentes para asegurar que se realicen investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de torturas, malos tratos, muerte en prisión, muerte durante el servicio militar y reclusión en régimen de incomunicación, en relación con personas pertenecientes a la minoría kurda, en particular activistas políticos de origen c urdo, y que se enjuicie y castigue a los agentes del orden y funcionarios de seguridad, inteligencia y de prisiones que llevaron a cabo, ordenaron o toleraron tales prácticas. Por otra parte, el Estado parte debería modificar o suprimir las disposiciones del Código Penal sirio en materia de seguridad, que están formuladas en términos vagos y restringen ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión.

Salvaguardias legales fundamentales desde el momento de la detención

9)Si bien observa que el Reglamento de Prisiones Nº 1222 garantiza el derecho de los reclusos a comunicarse con sus abogados y familiares, así como los derechos de visita, el Comité está seriamente preocupado porque en la práctica el citado Reglamento no proporciona a todos los detenidos todas las garantías procesales fundamentales y no empieza a aplicarse desde el primer momento de la detención. Esas garantías jurídicas confieren a los detenidos el derecho a tener pronto acceso a un abogado y a un examen médico independiente, notificar su detención a un familiar, ser informados de sus derechos en el momento de la detención, en particular sobre los cargos que se le imputan, y comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales (art. 2).

El Estado parte debería adoptar sin demora medidas efectivas para garantizar que todos los detenidos disfruten, en la práctica, de todas las garantías jurídicas fundamentales desde el primer momento de su detención, incluidos los derechos a tener pronto acceso a un abogado y un examen médico independiente, notificar su detención a un familiar, ser informado de sus derechos en el momento de la detención, en particular sobre los cargos que se le imputan, y comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales.

Estado de excepción

10)A pesar de la información proporcionada por la delegación del Estado parte durante el diálogo, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el estado de excepción declarado mediante el Decreto legislativo Nº 51, de 22 de diciembre de 1962, y modificado por el Decreto-ley Nº 1, de 9 de marzo de 1963, que debería aplicarse en circunstancias excepcionales en que exista una amenaza interna o externa para la supervivencia de la nación, se ha convertido en una situación cuasipermanente y permite la suspensión de derechos y libertades fundamentales. El Comité observa con preocupación que el estado de excepción otorga amplios poderes excepcionales a las distintas ramas de las fuerzas de seguridad fuera de todo control judicial, lo que se traduce en la práctica en graves violaciones de la Convención por parte de las autoridades del Estado. En particular, preocupa al Comité que el estado de excepción no es compatible con los compromisos asumidos por la República Árabe Siria en virtud del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en virtud del artículo 2 y otros artículos pertinentes de la Convención (arts. 2, 4, 11, 12, 13, 15 y 16).

El Estado parte debería velar por que se integre en su legislación el principio de prohibición absoluta de la tortura y por que dicha prohibición se aplique estrictamente, de conformidad con el artículo 2, párrafo 2, de la Convención, según el cual en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Además, el Estado parte debería tomar medidas inmediatas para poner su legislación en plena conformidad con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención.

Tribunal Supremo de Seguridad del Estado

11)Si bien el Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte sobre la composición, las funciones y las actuaciones del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, expresa su profunda preocupación por las numerosas, concordantes y graves alegaciones según las cuales ese Tribunal no funciona de conformidad con las normas judiciales internacionales. El Comité observa que el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado fue creado en virtud del Decreto Nº 47 de 1968 como un tribunal de excepción, que no pertenece al sistema ordinario de justicia penal y responde únicamente ante el Ministro del Interior. El Tribunal, compuesto de dos magistrados, uno civil y otro militar, tiene la facultad de establecer penas e imponer sanciones penales por delitos que están definidos en términos muy amplios, como "debilitar el sentimiento nacional" o "despertar tensiones raciales o sectarias mientras la República Árabe Siria está en guerra o esperando una guerra". Según la información de que dispone el Comité, el Tribunal queda exonerado del cumplimiento de las normas de procedimiento penal y permite la detención prolongada en régimen de incomunicación sin control judicial. Además, los abogados no pueden reunirse con sus clientes hasta que comienza el juicio y las decisiones del Tribunal no pueden ser objeto de recurso (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para garantizar que la composición y el funcionamiento del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado se pongan en plena conformidad con las disposiciones de la Convención y las normas judiciales internacionales, en particular, para que las personas sometidas a este Tribunal tengan acceso a todas las garantías jurídicas fundamentales, incluido el derecho de recurrir las decisiones del Tribunal; de lo contrario, debería prever la supresión de este Tribunal.

Independencia de los juzgados y tribunales

12)El Comité está preocupado por la información según la cual la falta de independencia judicial y los procedimientos arbitrarios han dado lugar a la violación sistemática del derecho a un juicio justo. Además los jueces no gozan de inmunidad conforme a las disposiciones del Decreto legislativo Nº 40, publicado el 21 de mayo de 1966, y pueden ser transferidos por una orden que no está sujeta a ningún tipo de revisión (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería, con carácter urgente, adoptar todas las medidas necesarias para proteger la independencia de sus juzgados y tribunales, así como la independencia e inmunidad de los jueces, de conformidad con las normas internacionales.

Inmunidad judicial

13)Según la información de que dispone el Comité, el Decreto legislativo Nº 61 de 1950 y el Decreto Nº 64 de 2008 otorgan inmunidad judicial de facto a los miembros de los servicios de inteligencia, así como a las fuerzas armadas, la fuerza aérea y las fuerzas de seguridad pública, por delitos cometidos durante el servicio. El Comité está profundamente preocupado por la impunidad generalizada que impide el enjuiciamiento por delitos cometidos en el ejercicio de funciones oficiales, incluidos los de tortura y malos tratos, lo que contraviene de manera flagrante las disposiciones de la Convención (arts. 2, 4, 12, 15 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas enérgicas, con carácter urgente, para derogar los decretos que legalizan la inmunidad por delitos cometidos en el ejercicio de funciones oficiales que dan lugar, en la práctica, a la impunidad por los actos de tortura cometidos por los miembros de los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia y la policía. Además, el Estado parte debería realizar investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas, llevar ante la justicia a los autores de esos actos y, cuando sean condenados, imponerles penas proporcionales a la gravedad de los actos cometidos.

Vigilancia e inspección de los lugares de privación de libertad

14)El Comité observa que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Fiscal General están facultados para inspeccionar las prisiones a fin de verificar que los presos reciben un trato humano. No obstante, el Comité está preocupado por la falta de supervisión e inspección sistemáticas, eficaces e independientes de todos los lugares de detención (arts. 11 y 12).

El Comité insta al Estado parte a establecer un sistema nacional para supervisar e inspeccionar efectivamente todos los lugares de detención y haga un seguimiento de los resultados de esa supervisión sistemática. El sistema debe incluir visitas periódicas y sin previo aviso de órganos de vigilancia nacionales e internacionales, a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Centros de detención secreta

15)El Comité también está preocupado por los informes según los cuales el Estado parte ha establecido centros de detención secreta bajo el mando de los servicios de inteligencia, como el Servicio de Inteligencia Militar, la Dirección de Seguridad Política, la Dirección General de Servicios de Inteligencia y la Dirección de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Los centros controlados por esos servicios no son acces